Resolución 00016-2013

“VI.- Sobre la apelación del Banco Crédito Agrícola de Cartago.- Valorados los agravios planteados, se resuelve como sigue: En cuanto a la supuesta violación de la cosa juzgada, debe decirse, en primer lugar, que no es obligación del Juez entrar resolver sobre tal cuestión si no le fue oportunamente alegado; ahora bien, es claro que aún cuando no fuera invocada la cosa juzgada, el Juzgador sí puede entrar a revisar de oficio tal aspecto si observa que se configuran los supuestos que establecen los numerales 162, 163 y 165 del Código Procesal Civil, es decir, que entre ambos procesos haya una identidad de partes, objeto y causa, y siempre que estemos ante procesos ordinarios o abreviados, no así tratándose del resto de los procesos regulados en la legislación civil, porque en ese caso se estaría ante una cosa juzgada formal, que no tiene la fuerza de impedir que se revise nuevamente el asunto dentro de un proceso plenario. Esto último es lo que sucede en el caso que estamos conociendo, en virtud de que lo resuelto en el proceso de ejecución N° 05-001172-640-CI, tiene carácter de cosa juzgada formal, con lo cual, es perfectamente factible que los temas debatidos en dicho proceso ejecutivo se revisen y discutan nuevamente en un proceso ordinario, como el que aquí se discute. Dicho lo anterior, quedan descartados los agravios que sobre este particular vertió el recurrente.X.- […] Finalmente, en lo que respecta a la SUGEF, comparte este Tribunal la conclusión a la que llegó el órgano de instancia, en tanto de conformidad con el artículo 115 y siguientes de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, no es posible deducir que la SUGEF tenga el deber de fiscalizar el funcionamiento de aspectos puramente operativos de una entidad financiera, sino que su fiscalización está orientada en velar porque todo el sistema financiero nacional, en su conjunto, funcione de forma estable, sólida y eficiente, dada la importancia e impacto que tiene en la actividad económica nacional. Lo contrario llevaría al absurdo de entender que cualquier posible queja de un cliente sobre un determinado servicio bancario sea motivo de análisis por parte de la SUGEF, siendo que para ello existen otras vías, tales como el procedimiento administrativo ante el mismo ente bancario, la vía de la tutela de los derechos del consumidor conforme el artículo 31 y siguientes de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, o bien, la vía judicial para reclamar, como se hizo en este caso, directamente la responsabilidad contractual o extracontractual en la que haya incurrido la Administración con ocasión del servicio brindado. A pesar de lo dicho, esta Cámara no puede dejar de indicar que en su acción, la empresa demandante nunca demostró los elementos necesarios y básicos para atribuir responsabilidad a la SUGEF, puesto que la sociedad actora no prueba cuál es el supuesto daño que la referida entidad le ocasionó, ni tampoco el nexo causal entre ese daño hipotético y alguna conducta de la SUGEF. Aquí la causa efectiva del daño la produjo el Banco accionado, según se ha explicado antes, y no existe ninguna responsabilidad solidaria entre el ente financiero y la SUGEF por tales hechos. Queda así descartada la tesis que propone el representante de la actora, debiendo denegarse el agravio expresado sobre este particular.”