Resolución 00466-2011

INSUFICIENTE e INDEBIDA MOTIVACIÓN. El estudio integral del principal y del expediente administrativo llevan al Tribunal al convencimiento pleno de que la sentencia tiene insuficiente motivación y, por ciertos lapsos de la misma, la motivación se torna en indebida.  Un proceso especial de expropiación tiene por objeto la fijación de un precio justo y el procurar atinar con ese precio es, precisamente, la labor del juzgador.  En otras palabras, para fijar el monto indemnizatorio, el juez debe convencerse a sí mismo de que el precio que está otorgando es el adecuado, el correcto, el atinado, el justo.  Por supuesto que este ejercicio intelectivo tiene matices de carácter técnico y científico propios de otras ramas del saber, pero, son las pericias las que llevan al juzgador a llenar los halos grises que pueda tener, ya que el juez siempre será "el perito de los peritos" y son los elementos explicativos de las experticias las que pueden llenar cualquier "vacío" que el juzgador pueda tener.  Por ello no es dable afirmar en sentencia que los juzgadores no tienen "formación en valoración" de la tierra, ni que algunos elementos configurativos del inmueble se pueden apreciar "a simple vista", para luego afirmar que ninguno de los dos avalúos -administrativo y judicial- merece absoluta credibilidad por ser ayunos ambos de prueba en su respaldo, por un lado, y de falta de documentación, por el otro. (in totum vid. su Considerando VIII). Esto lleva a la pieza en revisión a una suerte de error en lo elemental de su silogismo jurídico: si tengo dos premisas (premisa mayor: no hay formación en valoración inmobiliaria; premisa menor: no me merecen credibilidad las pericias de autos), la conclusión válida de las dos premisas nunca podría ser la asignación de un precio justo, debido a que la conclusión queda formalmente invalidada por ambas premisas justificantes, toda vez que el silogismo judicial conlleva a una conclusión derivativa de las premisas de inferencia antes mencionadas. Esta falta de lógica jurídica "supuesto - consecuencia", no puede hacer concluir al juzgador en la conclusión propia del objeto de un proceso como el presente, sea, la indemnización justa por causa expropiatoria, ni siquiera por hecho general, toda vez que alguna de las dos premisas debe tener consideraciones de coherencia para el correcto ejercicio de la subsunción.  Igualmente, merecen especial apreciación de esta Cámara varias afirmaciones de la sentencia, contenidas en su Considerando IX, en el sentido de que el avalúo pericial ofreció un monto alto, pero que este "informe introduce valores que debieron excluirse de su pericia" y, más aún, porque tienen relación directa con las personas que en su oportunidad aceptaron el monto que les determinaron las valuaciones administrativas originarias, con lo que se da una insuficiente motivación para llegar a la definición de un precio correcto y, más aún, introduciéndose, desde ya, el tema del próximo Considerando en relación con la correcta matización del tratamiento procesal de los expropiados que estuvieron satisfechos con lo que definió la sede administrativa.  A más, no puede pasar desapercibida la afirmación del mismo Considerando IX, que hace el señor juez de primera instancia en punto a que "ni el avalúo administrativo ni el Judicial (sic), han acreditado con prueba contundente de donde (sic) salieron (sic) los resultados de (sic) valoración, los montos en el caso del administrativo, no cuentan con esa prueba técnica que los respalde".  A ello se abona la referenciación que se aprecia en sentencia, de que el peritaje judicial habilitado utiliza elementos contentivos del peritaje judicial que no tiene circulación procesal al haberse dejado sin efecto (del Ing. Castro Boshini), en la resolución de las siete horas cuarenta minutos del veinticinco de Enero de dos mil siete.  Todo esta relación incorrecta de elementos habidos en el expediente lleva a una evidente confusión en la línea fundamentativa diáfana que debe llevar la sentencia.  Debe decirse que no escapa el Tribunal a la normativa y la doctrina que predica al justiprecio como propio del juzgador y con límites legales en "piso" y "techo" con los avalúos, pero sí es absolutamente trascedente que en la sentencia el juzgador motive cuáles son las razones de índole técnico, científico, comparativo de valores, materialidad, ubicación física, plusvalía circundante o, bien, la metodología ingenieril que le llevó al convencimiento del precio que su sentencia designa como el atinado a la justicia.  De allí es que nota este Órgano Colegiado la ausencia de motivación jurídica -suficientemente técnica- de la sentencia en lo referente a atinarle al precio.  La doctrina refiere la motivación como un ejercicio técnico y no meramente convencional: "... la motivación no se cumple con cualquier fórmula convencional ; por el contrario, la motivación ha de ser suficiente, esto es, ha de dar razón plena del proceso lógico y jurídico que ha determinado la decisión.” (G ARCÍA DE ENTERRÍA y Nombre6292 , Curso de Derecho Administrativo I: 14ta. edición, Editorial Thompson- Civitas , Madrid, 2008, p. 573)

ASIGNACIÓN DE "JUSTIPRECIO" EN ACEPTACIÓN DE AVALÚO ADMINISTRATIVO. El Voto 388-2010-II de este Tribunal, dictado a las nueve horas diez minutos del veintinueve de septiembre del dos mil diez, había sido fue claro cuando en su Considerando II indicó, a la letra: "El párrafo cuarto del artículo 25 de la Ley de Expropiaciones establece que: "El expropiado no podrá oponerse en vía judicial, cuando haya aceptado expresamente el avalúo en vía administrativa". De lo anterior se desprende que si los señores Nombre7846, Nombre38560  y Nombre24225, todos Vargas Carballo y doña Nombre38562   estaban de acuerdo con el precio otorgado en sede administrativa, no podían venir a discutir su fijación en esta sede, dado que por ley expresa les ésta impedido. Las únicas personas que podían hacerlo eran las demandadas Nombre53858, Nombre6319 y Nombre53859, todas Vargas Carballo, las cuales se opusieron a los dos avalúos que se han realizado en vía administrativa. Es así como el juez de instancia incurre en un error que hace que la sentencia venida en grado deba ser anulada. Nótese que la fijación del justiprecio que se da en autos es global, para todos y cada uno de los expropiados, por lo que no se podría en este momento desmembrar dicho monto para sólo tres de las personas involucradas, pues ello es competencia del juzgado de instancia. Es dicha autoridad judicial la que debe determinar el monto que le corresponde a cada una de las personas que se opusieron al avalúo administrativo, pues lo contrario traería como consecuencia el estar resolviendo en única instancia lo discutido en el sub lite. Es así como debe anularse la resolución venida en alzada, a fin de que sea dictada nuevamente conforme a derecho corresponda." Ahora bien, las resultas de esta nueva sentencia incluyen el mismo yerro que había sido preclaro en la anteriormente anulada, a saber, participar de un "justiprecio" a quien no se le realizó correcto tratamiento y habilitación procesal, porque la ulterior oposición luego de haber aceptado el avalúo, debe analizarse casuísticamente, máxime cuando hay tantas partes involucradas y, precisamente, con un mismo bien, solo que dividido proporcionalmente entre ellos. Y es que el Voto de cita fue conteste, cuando afirmó que si varios de los participantes (Nombre7846, Nombre38560 , Nombre24225 y doña Nombre38562) habían aceptado el precio de sede administrativa para el objeto de expropiación en lo atinente a cada uno de ellos, no había título habilitante para venir a discutir en estrados judiciales una fijación a su favor, por el precepto normativo contenido en el artículo 25 de la Ley de Expropiaciones, siendo lo procedente que fuesen a la sede administrativa a la determinación de los derechos que el monto aceptado les confería. Incluso, no se puede pasar por alto que esta aceptación fue doble, tanto en lo que respecta al avalúo administrativo número 78-2002 (folios 80 a 83 del expediente administrativo) como su actualización correspondiente al avalúo administrativo número 69-2003 (folios 28 a 31 de expediente administrativo).  La situación procesal, con efectos materiales, que dispuso aquel voto de cita de este mismo Tribunal, obliga a una redefinición procesal en autos respecto de la posición de quienes aceptaron y quienes no aceptaron los avalúos administrativos mencionados, y más se confirma ello con la posición jurisprudencial siguiente: ", ... no es necesario el nombramiento de perito, habida cuenta de que las actuales propietarias del terreno habían manifestado a través de persona debidamente autorizada, su conformidad con el avalúo practicado en la vía administrativa (...), Por otra parte, de confromidad con el artículo 25 de la Ley de Expropiaciones una vez aceptado el avalúo administrativo o transcurrido el plazo para oponerse, queda firme y no cabe oposición posterior ni en aquella vía, ni en la judicial.  De conformidad con lo expuesto, ha de anularse la designación de perito realizada por el juzgador de instancia." (Voto 249-2001 de las diez horas veinte mintos del 22 de agosto de 2001, Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo).  Ello apareja, consecuentemente, la discusión jurídica no observada en el proceso ni en sentencia respecto del correcto tratamiento procesal pasivo de quienes aceptaron el avalúo administrativo y su correcta o incorrecta atención procesal no sólo primigenia, sino en esta altura procesal, sin dejar pasar que si bien es cierto, no se nota su aceptación materializada a la fecha con la transferencia de sus alícuotas a favor del Estado promovente, debiendo apreciarse correctamente la forma y medios de participación de quienes sí aceptaron la fijación administrativa en el iter de la litis y que como resulta de ello, en su sentencia final se manifestaren en desigualdad de montos, puesto que el voto previo, se insiste, fue muy claro en que la autoridad judicial debe determinar el justiprecio que le corresponde a cada una de las personas que se opusieron al avalúo; razones todas por las cuales el Tribunal llega a la conclusión de que estos elementos ausentes, desde sus propios precedentes, vician la validez y habilitación jurídica de la sentencia venida.

DESIGUALDAD PROCESAL y MATERIAL EN SU PARTE DISPOSITIVA. Finalmente, este tratamiento procesal de los expropiados que sí aceptaron el avalúo administrativo no sólo conlleva a la aludida discusión del Considerando anterior en punto a la falta de apreciación correcta de su status procesal idóneo (en genésis y ulterioridad), refiriéndose a Nombre7846, Nombre38560 , Nombre24225 y Nombre39451 .   Esta situación, por sí misma considerada, lleva a la inminente desigualdad procesal y material que el contenido dispositivo de la sentencia otorga: a unos más y a otros menos, con lo cual es fácil apreciar la desigualdad sustantiva que la asignación del justiprecio lleva por aquel indebido tratamiento, todo en virtud de que la sentencia supondría un trato igualitario, pero en realidad es distintivo, por la inobservancia del artículo 25, párrafo cuarto de la Ley 7495 y el voto de marras, desde el punto de vista de las consecuencias no sólo prácticas, sino y más aún, procesales que genera su originaria participación no diferenciada.  Esta distinción material en el precio, para cada litigante -viéndolo individualizado, claro está- no goza de mérito a la luz del principio de igualdad que preconiza la no distinción procesal ni mucho menos sustantiva y resultadista de las partes que, en el caso en cuestión, por haber llegado hasta sentencia todos, en teoría, deberían considerarse como iguales, se repite, procesalmente hablando.  Ello, como se nota, sin necesidad, habida cuenta de que sólo fueron Nombre53858, Nombre6319 y Nombre53859 quienes no estuvieron conformes con los avalúos administrativos previamente mencionados, tal y como lo hace desprender el expediente administrativo, en sus folios 77 a 79 (respecto del 78-2002) y 25 a 27 (respecto del 69-2003) y, ante ello, eran quienes, querían que aquí en sede judicial se les fijase un monto de justiprecio, se les nombrase perito y se diere corrido al proceso, para lo cual han esperado la sentencia correspondiente que les fije ese precio justo y vinieron a la jurisdicción en pro de ese objetivo.  El Tribunal ha concluido que no puede obviarse, en lo que ha sido de su apreciación, en el punto estudiado en este Considerando, punto concreto que trajo el tema adicional de la desigualdad procesal y material que la sentencia genera y que se refleja a simple vista, por inobservancia del canon 25 reiteradamente mencionado, por la divisibilidad del justiprecio que opera con el ejercicio que realiza la sentencia revisada, lo que conlleva al quebranto explicado y a la nulidad aquí fundamentada, que termina de confirmarse.”