Resolución 00864-2018

Que mediante sentencia número 989- 2017, de las dieciséis horas del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, resolvió: "

RECURSO FORMULADO POR LA LICENCIADA AMALIA SÁNCHEZ DE LEÓN CASTELLANOS, DEFENSORA DE [Nombre13 072].I.- Primer motivo. Inobservancia de lo establecido en el artículo 172 del Código Penal. Ausencia de lesividad del bien jurídico. La licenciada Amalia Sánchez de León Castellanos, defensora de [Nombre13 072], acusa la nulidad de la sentencia tras considerar que el tribunal realiza una inadecuada calificación legal de los hechos, al estimar que configuran el delito de trata de personas. El bien jurídico protegido a través del numeral 172 del Código Penal (esto según la doctrina, la jurisprudencia, la normativa posterior y los tratados internacionales) es la libertad de la persona. El art. 3 del Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, indica: “Artículo 3 Definiciones. Para los fines del presente Protocolo: a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las practicas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerara´ "trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; d) Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años”. Como puede observarse, esta norma descarta, en su apartado tercero, que la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un adulto sin recurrir a una alteración de la voluntad, constituya una acción delictiva de trata de personas, por cuanto menciona que sólo los menores, incluso cuando no se recurra a acciones de sometimiento, serán víctimas de este delito. Por su parte, el Código Penal penaliza la trata como la promoción, favorecimiento o facilitación del desplazamiento de personas para someterlas a extracción ilícita de órganos, o sea, es un delito contra la libertad, aunque se encuentra indebidamente localizado entre los delitos sexuales. La diferencia de este tipo delictivo de la trata de personas con otros delitos contra la libertad (como el plagio, el secuestro, o la privación de libertad) es claro, por cuanto en la trata de personas el sujeto pasivo ingresa por su propia voluntad al desplazamiento y es en él cuando pierde su voluntad de autodeterminación para ser dirigida por la voluntad de otro hacia los fines de explotación descritos en la norma, que no es el caso que nos ocupa. La doctrina ha sido igualmente unánime en determinar que el Derecho internacional y comparado da validez al consentimiento de la persona que decide someterse libremente. En consecuencia, “cuando una persona decide libremente desplazarse a otro país para una determinada acción, no habrá el delito de trata de seres humanos” (así, Alberto Daunis Rodríguez, en su libro El delito de trata de seres humanos ). Daunis, por ello, clasifica como modalidades de trata de personas solo la trata forzada (que es aquella cometida mediante violencia o intimidación); la trata fraudulenta (cometida mediante engaño) y la trata abusiva (que debe ser realizada mediante abuso de autoridad o vulnerabilidad de la víctima), situaciones que no se dan en los hechos acreditados en el debate. Esta doctrina, que está en absoluta consonancia con la regulación internacional, excluye la existencia de la trata de personas cuando alguien acepta libremente su desplazamiento y su propia explotación. La interpretación del tribunal, en el sentido de que Nombre16 establece que el delito en examen es pluriofensivo, no menoscaba la anterior conclusión por cuanto (como lo expresa incluso la misma cita de folio 326 de la sentencia), toda lesión se refrenda a través de una afectación a la libertad, que en este caso no se dio. Nombre16 lo que prevé es que el desplazamiento se realice en formas tales que si bien puede haber una voluntad inicial de participar en él, la forma en que acontece abstrae ese consentimiento, implicando necesariamente que se realice en condiciones de afectación a la libertad. Se trata de un delito que la doctrina ha tildado como la esclavitud moderna, esto porque implica la sustracción de la condición del ser humano, de su dignidad y su libertad, imponiéndole a la víctima la voluntad del autor de dirigirlo hacia una forma de explotación, independientemente de si esta explotación llega o no a producirse. ¿Por qué? Porque la indignidad se produce en el desplazamiento y en la imposición de la voluntad de otro en ese desplazamiento. Y es importante recalcarlo (dice la apelante), por cuanto el tribunal afirma conocer esta circunstancia, pero deriva otra totalmente diferente. Así, en la sentencia evidencia que no tiene clara la naturaleza del ilícito de trata de personas y realiza un razonamiento contradictorio al señalar que este no requiere violentar la libertad de las personas; que la acción típica se refiere únicamente a facilitar, favorecer o promover un desplazamiento con finalidad de extracción de órganos; y que la acción de someter que incluye nuestro precepto legal se puede interpretar como mera aprobación o aceptación (así, sentencia, f. 320).  Desatiende la necesidad de una lesión al bien jurídico al sostener que algunos medios de comisión pueden suponer el sometimiento de la voluntad de la víctima, e incluso el alejamiento de sus núcleos familiares, pero que también se contemplan modalidades donde el sujeto pasivo interviene conscientemente, conclusión de la que se derivaría, por ejemplo, que el taxista que, conociendo que su cliente se dedica a la prostitución, por el mero hecho de trasladarlo a sus labores habituales, comete el delito de trata de personas; el amigo que lleva en bicicleta al mendigo a su casa también lo hace, o peor aún, que las esposas, esposos, amigos y conocidos que acompañaron a los ofendidos, facilitando el desplazamiento para que se realizaran pruebas y la misma nefrectomía, sabiendo y conociendo, por la confianza que les tenían, que éstos iban a percibir dinero por la extracción (así, por ejemplo, [Nombre13 034] con respecto a [Nombre13 028] y [Nombre13 053] con respecto a [Nombre13 047]) también serían autores del delito de trata de personas, ya que habrían colaborado en un desplazamiento con fines de extracción ilícita de un órgano. Para la recurrente, una interpretación teleológica nos lleva a concluir que se requiere algo más para que la acción del transportista se califique como un delito de trata de personas, a saber, una lesión en la esfera de la libertad del sujeto pasivo que se desplaza, un sometimiento de la voluntad que si bien no tiene por qué ser violento, sí debe ser lesivo de alguna manera a su libertad. En el caso particular, el mismo tribunal descarta la existencia de una trata abusiva cuando reconoce que no puede declararse en ningún caso la existencia de una situación de vulnerabilidad económica de las víctimas en los términos en los que la planteó la acusación (folios 275 y  276). No es tan claro sobre si considera que existió voluntad o no en los donantes, ya que a folios 321 y 322 indica que  los imputados [Nombre13 072] y Nombre17 lograron determinar la voluntad de los ofendidos para que aceptaran ser sometidos a extracción ilícita de órganos, mediante el ofrecimiento de sumas de dinero que en ese momento requerían , de manera que el sometimiento no fue por la fuerza sino mediante algo más sutil (acudir a gente pobre o con algún desequilibro entre ingresos y egresos para que, por su situación, se viese interesada en el tema), sin embargo, el rechazo de la acción civil que plantean los donantes, esto tras haber otorgado el a quo plena validez a su consentimiento sobre el objeto y precio para realizarse la nefrectomía (f. 349), permite descartar la posibilidad de que el acusado haya incurrido en alguna manipulación de entidad suficiente para considerar lesionados la libre determinación o libertad de aquellos. Según el tribunal, exceptuando dos casos, en los demás se pactó la entrega del riñón a cambio de un precio, dentro de un clásico contrato sinalagmático ejecutado por ambas partes. Dice el fallo que la correcta interpretación de los artículos 1045 y 704 del Código Civil obliga a concluir que otorgarle algún extremo económico a este grupo de ofendidos después de que ellos cobraron por el órgano, implicaría prohijar que estén sacando provecho de su propio dolo, o lo que es lo mismo, constituye un evidente abuso del Derecho. Esta valoración (señala la defensora) descarta aún más que se menoscabase la libertad de las víctimas, por cuanto lo actuado es resultado de un acuerdo entre partes que se cumplió a cabalidad (esto según lo apunta el tribunal), reconociéndosele a la voluntad de los ofendidos plena virtualidad. Así las cosas, no existió afectación al bien jurídico protegido con el delito de trata de personas, careciendo de lesividad la acción atribuida a [Nombre13 072]. Insiste la defensa en que no es correcta la tesis del tribunal, en el sentido de que la mera participación en el desplazamiento de la víctima para auto explotarse lesiona la dignidad de la persona y que el principio de lesividad penal es eje de la interpretación teleológica del delito. En este caso, ¿dónde se genera la lesión y a qué bien jurídico? En la tesis del a quo los ofendidos conservaron todas sus capacidades para la aceptación del ofrecimiento de dinero para la nefrectomía. El tribunal no reprocha acción alguna de [Nombre13 072] en cuanto a los desplazamientos (sobre los que él no tiene ninguna injerencia), sino que estos desplazamientos no generan, por la forma en que acontecen, ninguna afectación a la libertad de los ofendidos. Tampoco la explotación se genera por imposición de la voluntad de [Nombre13 072] sobre la de los ofendidos, sino que son estos los que entran en aquella de forma totalmente voluntaria. En suma, respecto a estos desplazamientos, [Nombre13 072] no lesiona bien jurídico alguno, ni siquiera a través del supuesto ofrecimiento de dinero por el riñón, como lo plantea el tribunal. Habiendo quedado incólume la voluntad de los ofendidos, quienes nunca fueron sometidos, sino que participaron voluntariamente en los hechos, la conclusión es que la conducta de [Nombre13 072] es atípica y debe ser absuelto, siendo que además nunca existió ningún tipo de indignidad en el desplazamiento a los diversos centros médicos y que en esto (insiste) [Nombre13 072] no intervino. Por otro lado, pretende el tribunal que existió una leve afectación de la voluntad en el ofrecimiento de dinero a cambio del riñón, entrando “en un juego de palabras” para aparentar que con ello se cumple la lesividad del tipo delictivo y que los agraviados se vieron obligados a aceptar en razón de las dificultades económicas que tenían. Esta situación, además de que no fue acusada, tampoco se fundamentó de forma individual para cada uno de los supuestos afectados. Igualmente, no se sustentó que esa dificultad económica tuviera la entidad suficiente para constituir una afectación de la voluntad. Y no la tiene, pues el tribunal reconoce que dichas dificultades económicas no se relacionan con necesidades básicas, lo que hubiera constituido una condición de vulnerabilidad que el mismo tribunal rechaza. Las aspiraciones y deseos que los ofendidos pretendían cubrir a través del dinero, son meros deseos, como la adquisición de casas o carros, deseos que todos los sujetos tenemos y que podemos o no lograr a lo largo de nuestra vida, pero nunca podría justificarse que llevemos a cabo acciones delictivas (como comerciar órganos) para satisfacerlos. En definitiva, el tribunal no fundamenta que el ofrecimiento (de dinero) se produzca en condiciones en las que no era posible rechazarlo, por lo que el ejercicio de la voluntad del sujeto quedó incólume, incluso en la propia tesis expuesta en la sentencia. Así dicho, la impugnante solicita se anule la sentencia y se dicte una absolutoria. Igualmente, añade que al no existir el delito de trata, menos puede considerarse configurado el de peculado. Audiencia oral celebrada ante esta cámara. A solicitud de la licenciada Sánchez de León Castellanos, se celebró una audiencia oral, donde esta profesional reiteró los argumentos que contiene el libelo impugnaticio que formuló y remitió a lo expuesto en él y en la contestación que presentó con respecto al recurso que formuló el Ministerio Público. Ahora, en la citada audiencia, la profesional subrayó en lo medular que el numeral 172 del Código Penal requiere, como un elemento del tipo penal de la trata, el sometimiento, y que en este caso nunca se doblegó la voluntad de las víctimas, conclusión que no cambia porque éstas hayan recibido un pago a cambio de uno de sus riñones. También indica que su patrocinado no intervino en el desplazamiento de los ofendidos; [Nombre13 072] actuó encontrándose en un estado de necesidad y esa causa de justificación, contrario a lo que señala el tribunal, le es aplicable al médico; existe una norma posterior más favorable y se dio un desequilibrio procesal, pues se impidió a la defensa interrogar a los donantes. Tras aportar copias de un proyecto de ley que está en la corriente legislativa en esta materia, reitera que el tipo penal aplicado demanda el sometimiento y no prevé como forma de comisión el ofrecimiento de un pago; la trata exige una manipulación de la voluntad; el tribunal descartó la vulnerabilidad y si bien en la sentencia se habla de las “dificultades económicas” de los agraviados, estas, que nunca llegan a concretarse, tampoco fueron acusadas, como tampoco se acusó que [Nombre13 072] se aprovechase de su condición de médico. Hubo, apunta, una falta de correlación entre acusación y sentencia. En cuanto al recurso del Ministerio Público, la defensora señala, en términos generales, que el numeral 172 contempla el plural tratándose del sujeto pasivo, con lo cual el delito cometido sería uno solo, esto al margen del número de personas que figuran como víctimas. Sobre el caso de [Nombre13 053], se está ante un delito imposible y, pese a esto, se sancionó a su patrocinado. El fiscal Miguel Ángel Abarca Rivas remite a lo dicho por escrito en cuanto a los recursos que planteó la defensa. Puntualiza, en términos generales, que el vocablo sometimiento tiene acepciones distintas al uso de violencia; el que [Nombre13 072] no fuese quien traslada físicamente a las personas, es irrelevante, pues aquí hubo una distribución de funciones; el tribunal cita el tema del estado de necesidad, pero no lo hace en un sentido técnico jurídico; si bien es cierto que en la ley N° 9095 se habla de la extracción de órganos como sustracción, este vocablo tiene otras acepciones (separar, extraer); en esta misma ley se indica que las personas sometidas a trata no son responsables de los delitos que cometan y el tribunal concluyó que quienes figuraban como donantes no eran acusados, no obstante, en el debate, a solicitud de la defensa se les nombró defensor, siendo que cuando esa misma defensa los interrogó, el profesional asignado les recomendó no responder. Es decir, todo es resultado de las mismas peticiones de la defensa. Sobre el proyecto de reforma legal que menciona la licenciada Sánchez de León Castellanos, el fiscal señala que no se trata de una ley y que la definición que da el protocolo es distinta a la contenida en el numeral 172, de ahí que no pueda el tribunal acudir a aquel instrumento. La vulnerabilidad, que el tribunal dijo que no se daba, no es un elemento del tipo penal costarricense. En cuanto al recurso que formula el licenciado Mojica, dice el fiscal que el imputado Nombre14, en los años que lleva este proceso, nunca ha dicho no entender el español. La actuación del defensor riñe con su deber de lealtad; en 2013 hubo contacto directo entre el justiciable y las autoridades, un juez le notificó la orden de allanamiento, se le indagó, habló con todos, se desarrolló la audiencia preliminar y el debate, y nunca manifestó no entender el español. Lo entiende todo, dice el fiscal. En cuanto al recurso planteado por el Ministerio Público, señala que existen tantos delitos como personas ofendidas, pues se trata de bienes jurídicos personalísimos y que solo en caso de que esta tesis no prospere, solicita se analice el segundo motivo de su recurso, según el cual la pena impuesta es insuficiente de cara a los propios argumentos dados por el a quo. El licenciado José Manuel Mojica Cerdas, por su parte, también remite al libelo de apelación, subrayando que sólo tres ofendidos vinculan a su patrocinado y que se requiere otra prueba que ratifique lo dicho por aquellos. Agrega que a su defendido se le debió nombrar traductor; que es comerciante y habla español, un español “llano”, no lenguaje técnico jurídico. Para él, que el primer defensor omitiera pedir traductor es un error que “no crea derecho”; se está ante un defecto absoluto; si el defensor no lo pidió, el fiscal debió preguntar al imputado; con esto se violentó su defensa material; cierto es que habla español, incluso lo hizo en las audiencias de medidas cautelares, pero es un español “para vender sándwiches”, no lenguaje técnico jurídico para entender un debate; el tribunal de apelación respeta los derechos fundamentales del acusado al nombrarle defensor. El licenciado Ronney Solano Díaz indica no tener interés en hacer manifestación alguna. La licenciada Ariana Arias Vargas remite a lo que respondió por escrito. El licenciado Rafael Gairaud Salazar señala que si bien sus defendidos fueron absueltos, decisión que no fue recurrida, desea hacer ver que el tema central aquí es que el bien jurídico tutelado por la norma es la libertad, con lo cual no es cualquier interpretación la que cabe del vocablo sometimiento, sino aquella según la cual se da una vulneración de la libertad de las personas. Aquí no hubo vulneración de la libertad de las víctimas; hubo un contrato y este sería nulo si no hubo voluntad, no obstante, el tribunal dice que ese contrato es válido. Por ello, la conducta es atípica. Si no hubo sometimiento no hubo delito, esto por más que haya existido vulnerabilidad (que es una agravante cuya aplicación requiere el tipo penal básico). Tan claro es esto que la propuesta de reforma del 172 que menciona la defensora va en ese sentido. El imputado Nombre01 guarda silencio y el imputado [Nombre13 072] se limita a plantear al tribunal su molestia por la forma en que se efectuó su traslado desde el centro penitenciario, dice él, en “cajón”, pese al problema de salud que sufre. Cabe citar en cuanto a esto último, que este tribunal se dio a la tarea de examinar la situación y coordinar lo necesario a efectos de que durante el viaje de regreso al centro de reclusión que debía efectuar [Nombre13 072] se le brindasen condiciones acordes a su edad y el padecimiento que señala tener, no obstante, según consta a folio 5310 frente, el acusado indicó a los funcionarios del O.I.J. encargados de realizar su traslado su deseo de viajar en “cajón”.II.- El primer reclamo se rechaza.  El delito de trata de personas está contemplado en el numeral 172 del Código Penal que, para la fecha en que ocurren los hechos, estaba planteado en los siguientes términos: “ Artículo 172.-    Delito de trata de personas. Será sancionado con pena de prisión de seis a diez años, quien promueva, facilite o favorezca la entrada o salida del país, o el desplazamiento dentro del territorio nacional, de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación, servidumbre sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción irregular. La pena de prisión será de ocho a dieciséis años, si media, además, alguna de las siguientes circunstancias: a) La víctima sea menor de dieciocho años de edad o se encuentre en una situación de vulnerabilidad o discapacidad. b) Engaño, violencia o cualquier medio de intimidación o coacción. c) El autor sea cónyuge, conviviente o pariente de la víctima hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad. d) El autor se prevalezca de su relación de autoridad o confianza con la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco. e) El autor se aproveche del ejercicio de su profesión o de la función que desempeña. f) La víctima sufra grave daño en su salud. g) El hecho punible fuere cometido por un grupo delictivo integrado por dos o más miembros.”. La simple lectura de la norma da cuenta de un tipo penal que además de su forma básica, contempla una serie de circunstancias [las identificadas con las letras que van de  la a) hasta la g)] que agravan el reproche (de ahí el incremento en la pena). En cuanto al tipo penal básico, señala la defensa de [Nombre13 072] que no se configura en este asunto, pues el desplazamiento de las víctimas no fue para someterlas (entiéndase, contra su voluntad, o bien sin un consentimiento válido) al tráfico ilícito de órganos. Antes de resolver este reclamo, conviene plantear algunas consideraciones sobre la normativa supranacional que cita la impugnante, así como en relación con el mismo 172 del Código Penal aplicable al caso. Sobre el tipo penal de la trata de personas en la normativa supranacional. A través de la ley N° 8315, la Asamblea Legislativa aprobó el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complemente la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Cierto es que en el artículo 3 inciso a) del citado protocolo, se define la trata de personas como “[…] la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. También es acertado sostener (como lo hace la licenciada Sánchez de León Castellanos) que en esa normativa supranacional se relaciona el fenómeno de la trata de personas mayores de edad con determinados modos de comisión donde se actúa contra el consentimiento de la víctima o donde éste se encuentra viciado. Así, los siguientes incisos del artículo 3 apuntan: “[…] b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; […]”. Ahora, no obstante lo anterior, no se puede desconocer que el artículo 5 del mismo protocolo subraya que será cada Estado el que adopte las medidas necesarias para tipificar en su Derecho interno las conductas enunciadas en el artículo 3 mencionado. Es decir, son los Estados los que construyen sus propios tipos penales, esto a partir de los mínimos que plantea el citado protocolo. Sobre el tipo penal de la trata de personas en la legislación costarricense . Basta leer la norma transcrita al iniciar este considerando (que era la vigente al momento en que se dan los hechos investigados), para apreciar cómo el legislador nacional creó un delito de trata de personas cuyo ámbito de aplicación es mayor al descrito en el protocolo. Además de no haber previsto medios comisivos típicos, incluyó también, como finalidades de la trata, fenómenos como el matrimonio servil y la adopción irregular. Se trata de una diferencia de importancia, que no podría desconocerse como lo hace la defensora de [Nombre13 072], pretendiendo que esta cámara distinga donde el legislador no lo hace, para entender como elementos del tipo penal básico aspectos que en nuestro país se han previsto como circunstancias agravantes. En tanto que en el protocolo y en la normativa de otros países (por ejemplo, el Código Penal español), el desplazamiento debe efectuarse mediante procedimientos engañosos, violentos o abusivos (al punto de poder sostener que en estos casos se actúa contra la voluntad de la víctima o con un consentimiento inválido de ésta), en Costa Rica la situación es otra. Se ha tipificado el simple desplazamiento de las personas efectuado con la finalidad de que sean explotadas en los términos que refiere la norma (por ejemplo, a través del tráfico ilícito de órganos), estimándose que en estos supuestos, antes de la explotación (que podría darse o no), igualmente se da una cosificación o instrumentalización de la víctima. En cuanto a la acción descrita en el tipo penal, se comprenden varios comportamientos de alcance considerable, en lo que aquí interesa, el promover, facilitar o favorecer el desplazamiento de las personas para someterlas a determinados fines, entre los cuales está la extracción ilícita de órganos. Así como ésta (la extracción) no forma parte de la conducta típica (con lo cual no es necesaria para la consumación del delito de trata), las acciones antes mencionadas sólo adquieren significado como modalidades de trata si van dirigidas a la consecución de ese propósito. En otras palabras, el promover, facilitar o favorecer el desplazamiento son acciones típicas de la trata en tanto están dirigidas a la consecución de la extracción ilícita de órganos, sin que pueda derivarse de lo anterior que aquellas acciones tienen en su base un elemento de sometimiento y control, pues el tipo penal no lo prevé de esa manera. Sobre la extracción ilícita de órganos como finalidad del tipo penal de la trata (elemento subjetivo del injusto), esta cámara es del criterio que el verbo someter que le precede no alude tampoco al uso de modos o procedimientos que impliquen (en caso de materializarse) el doblegar o anular la voluntad decisoria de la víctima, lo anterior en tanto que ese término, como bien se expone en la sentencia recurrida (f. 5009 frente, tomo XI), según el Diccionario de la Lengua Española no solo comprende el subordinar una decisión propia a la de otra persona; el sujetarla, humillarla, conquistarla o subyugarla, sino también el hacer que alguien reciba o soporte cierta acción, lo cual puede darse con la aquiescencia del sometido. Así las cosas, ningún error comete el tribunal de instancia al señalarlo de esa manera: “[…] y con relación al infinitivo verbal someter es que viene uno de los cuestionamientos de la defensa en cuanto a la tipicidad de la conducta, puesto que se dice que el desplazamiento debe ser sometido, ahora el punto es que se entiende por someter, porque a criterio de la defensa implica una sujeción, casi que tener a la persona privada de su libertad y dentro de esa privación conminarla a que acepte los actos, sin embargo el significado de someter en su 6ta acepción de la RAE indica: Hacer que alguien o algo reciba o soporte cierta acción, y para sustentar este punto otro de los abogados defensores indicó que soportar implicaba tolerar, pero no puede perderse de vista que también se dice recibir y recibir no implica sujeción, pues en su 7ma acepción de la RAE implica admitir, aceptar o aprobar algo, que para el caso que nos ocupa sería la extracción ilícita de órganos, de hecho y en el campo de las intervenciones quirúrgicas es sumamente común que se indique que determinada persona se sometió a una intervención quirúrgica o que fue sometida a una intervención quirúrgica y no por ello quiere decir que iba privada de su libertad a tal acto. Para sustentar esta posición que de someter significa sujeción, se hace alusión a que doctrinariamente se ha dicho sobre la trata de seres humanos que es la esclavitud moderna del siglo XXI, sin embargo tanto por sus diversos modos de comisión como por las finalidades perseguidas debe adaptarse al fin propuesto y por ello ese sometimiento no siempre va a implicar la interpretación sugerida por la defensa, siendo una pero no la única forma de someter a una persona. Una definición amplia pero completa de trata de personas indica que: “La trata de seres humanos supone la realización de prácticas crueles como el abuso y el engaño de personas vulnerables; el uso de la violencia, amenazas y coacciones; servidumbres por deudas, con el fin de la explotación laboral y sexual de las personas y la extracción de sus órganos corporales. Tanto por los medios comisivos como por las finalidades perseguidas, el delito de trata de seres humanos, es un “delito doloso de consumación anticipada”, ya que se consuma una vez realizada la acción típica, independientemente de que se haya producido o no la situación concreta y efectiva de explotación laboral, sexual o de extracción de órganos corporales” MARTOS NUÑEZ (Juan Antonio), “El Delito de Trata de Seres Humanos, Análisis del artículo 177 bis del Código Penal”, en Revista Estudios Penales y Criminológicos, vol XXXII, 2012, España. De hecho si se ve, la definición establece algunas formas de comisión pero deja abierta la posibilidad al decir cómo. También no debe perderse de vista que en otras legislaciones, el o los modos de llevar a cabo el delito de trata está descrito en el tipo penal, con lo cual la conducta del sujeto activo debe ajustarse a estos para alcanzar el fin propuesto, así lo que nuestro tipo penal contempla como agravantes, en otras legislaciones está contenido en el tipo básico, con lo cual en nuestro medio sólo es requerido que el sujeto activo promueva, facilite o favorezca el desplazamiento dentro del territorio nacional o la entrada o salida del país de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación, servidumbre sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos; vemos entonces que algunos medios de comisión pueden suponer el sometimiento de la voluntad de la víctima e incluso alejamiento de sus núcleos familiares pero también se contemplan modalidades donde el sujeto pasivo interviene conscientemente.” (f. 5009 frente y vuelto, el subrayado no es del original). A mayor abundamiento, nótese cómo, por expresa disposición del legislador costarricense, la extracción de un órgano, supeditada al pago de una retribución económica, es una conducta prohibida e ilícita. Como bien explica el tribunal de mérito a folio 5011 frente, los numerales 5 y 23 de la ley N° 7409 del 12 de mayo de 1994, vigente para la fecha en que ocurren los hechos, apuntan en ese sentido. Los citados artículos rezaban: “ ARTICULO

Prohíbese la comercialización de órganos y materiales anatómicos. Por tanto, no podrá producirse ni percibirse ninguna compensación económica por la donación ni por la recepción de ellos. ARTICULO

Se impondrá prisión de tres a diez años a quienes violen las disposiciones contenidas en el artículo 5 de esta Ley”. Si bien esta normativa fue derogada a través de la ley N° 9222, denominada Ley de donación y trasplante de órganos y tejidos humanos (vigente a partir del 22 de abril de 2014 y hasta la fecha), se tiene que ésta también contiene expresamente la citada prohibición, en el artículo 10: “Se prohíbe cualquier forma de gratificación, remuneración, dádiva en efectivo o en especie, condicionamiento social, sicológico o de cualquier otra naturaleza, por la donación de órganos y tejidos humanos por parte del donante, del receptor o de cualquier persona física o jurídica.” . De estas normas se pueden desprender algunas conclusiones de interés para el caso concreto: i) el contrato que puedan efectuar las partes en contra de las citadas disposiciones es nulo, como intrascendente (en términos jurídicos, es decir de cara a la tipicidad de l conducta) es la voluntad de quien pretenda vender sus órganos; y ii) la extracción ilícita de un órgano (en este caso, un riñón) es indiscutiblemente una forma explotación de un ser humano. Por lo dicho, sostener que solo son de interés los desplazamientos efectuados con fines de extracción ilícita de un órgano cuando esa extracción pueda estar asociada a actos que dobleguen la voluntad de la víctima (como parece entenderlo la impugnante al relacionar el vocablo someter con actos que lesionan la libertad del desplazado) es incorrecta. En resumen, contrario a lo que arguye la licenciada Sánchez de León Castellanos, el legislador costarricense no adoptó como elementos del tipo penal básico los medios que describe el protocolo. Según se extrae del numeral 172 citado, para que se configure la trata de personas en su forma básica no es indispensable, por ejemplo, que ese desplazamiento se efectúe mediando engaño, violencia, o cualquier otra forma de intimidación o coacción. Estas son circunstancias que, de presentarse, solamente incrementan el reproche que cabe hacer al agente. De igual forma, siendo que (como apunta el a quo) el vocablo someter no implica necesariamente que se pretenda actuar contra la voluntad de la víctima y que, en todo caso, dada la ilicitud de la extracción, tampoco podría sostenerse que existió un consentimiento de los agraviados al que el ordenamiento jurídico le reconozca algún valor, puede concluirse que la lectura que formula la recurrente del tipo penal, aunque conforme con la normativa supranacional, no es la que corresponde hacer de nuestra legislación interna. Siempre en este orden de ideas, dice la defensora que el tribunal, de forma contradictoria, al resolver la acción civil resarcitoria,, otorgó valor al consentimiento de los ofendidos. En esto, lleva razón. Si bien es cierto que el a quo , al declarar sin lugar la acción civilésta tratándose de la mayor parte de actores civiles, mencionó que hubo un contrato legítimo entre ellos y [Nombre13 072] donde éste cumplió con lo acordado [dejando de lado las normas que expresamente proscriben vincular la donación de órganos con retribuciones de carácter económico], este yerro no invalidaría lo decidido en cuanto a lo penal, pues en esta materiaen relación con la acción penal, donde se razonó de forma correcta que la finalidad pretendida con la trata de personas en este caso era la extracción de órganos; que dicha extracción era ilícita (como ya se explicó, lo que bastaría para entender por qué cualquier contratación al respecto sería nula de pleno derecho) y que el tipo penal de la trata no requiere que el agente o sujeto activo efectúe el desplazamiento contra la voluntad de la víctima o encontrándose aquellaésta viciada, como tampoco requiere que la finalidad perseguida sea la extracción forzosa (que no es lo mismo que ilícita) de los órganos. Sobre el tema de la acción civil resarcitoria, esta cámara volverá más adelante. Sobre la reforma hecha al numeral 172 del Código Penal. Mediante ley N° 9545, del 24 de abril de 2018, denominada Reforma Código Penal y Ley contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), y que está vigente desde el día 24 de mayo de 2018, se reformó el texto del artículo 172 tantas veces citado, en los siguientes términos: “Artículo 172- Trata de personas. Será sancionado con pena de prisión de seis a diez años, quien mediante el uso de las tecnologías o cualquier otro medio, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, a una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, promueva, facilite, favorezca o ejecute, la captación, el traslado, el transporte, el alojamiento, el ocultamiento, la retención, la entrega o la recepción de una o más personas dentro o fuera del país, para someterlas a trabajos o servicios forzados y otras formas de explotación laboral, la servidumbre, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, el matrimonio servil o forzado, la adopción irregular, la mendicidad forzada, el embarazo forzado y el aborto forzado y la ejecución de cualquier forma de explotación sexual.La pena de prisión será de ocho a dieciséis años, si media, además, alguna de las siguientes circunstancias: a) La víctima sea menor de dieciocho años de edad, persona adulta mayor o con discapacidad.b) El autor sea cónyuge, conviviente o pariente de la víctima hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.c) El autor se prevalezca de su relación de autoridad o confianza con la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco.d) El autor se aproveche del ejercicio de su profesión o de la función que desempeña.e) La víctima sufra grave daño en su salud, la muerte, o deceso por suicidio como consecuencia de la acción de trata de personas antes descrita.f) El hecho punible haya sido cometido por un grupo delictivo integrado por dos o más miembros.Será sancionado con la pena señalada en el primer párrafo de este numeral, quien promueva, facilite, favorezca o ejecute, la captación, el traslado, el transporte, el alojamiento, el ocultamiento, la retención, la entrega o la recepción de una o más personas dentro o fuera del país, para la extracción ilícita o el trasplante ilícito de órganos, tejidos, células o fluidos humanos.Tratándose de personas menores de edad, para la configuración del delito no será necesario que se recurra a los modos de ejecución descritos en el primer párrafo de este artículo.”Según señaló la defensora de [Nombre13 072] en la audiencia oral, este el texto textoanterior (que para entonces era un proyecto únicamente y hoy es una ley de la República) confirma que el tipo penal básico demanda el uso de mecanismos que dobleguen la voluntad de la víctima de la trata. En libelo que presentó a este despacho en fecha 28 de mayo de 2018, la citada profesional agrega que esta modificación evidencia la ausencia de tipicidad de los hechos que se atribuyen a su patrocinado (cfr. f. 5310 frente). Se trata de una interpretación que esta cámara no comparte. Nótese cómo, en el texto reformado, la trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos está contemplada en el penúltimo párrafo, mismo que remite al primer párrafo del tipo penal solo en cuanto a la pena allí prevista. Así, se indica: “[…] Será sancionado con la pena señalada en el primer párrafo de este numeral, quien promueva, facilite, favorezca o ejecute, la captación, el traslado, el transporte, el alojamiento, el ocultamiento, la retención, la entrega o la recepción de una o más personas dentro o fuera del país, para la extracción ilícita o el trasplante ilícito de órganos, tejidos, células o fluidos humanos.”. Contrario a lo que estima la licenciada Sánchez de León Castellanos, del nuevo texto legal se extrae que la trata de personas con fines de extracción ilícita o trasplante ilícitos de órganos es, por plantearlo de algún modo, un tipo penal independiente dentro del mismo art. 172 C.P., siendo claro que, a diferencia de la trata de personas efectuada con fines de explotación laboral, servicios forzados, servidumbre, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, matrimonio servil o forzado, adopción irregular, mendicidad forzada, embarazo forzado, aborto forzado, o la ejecución de cualquier forma de explotación sexual, no requiere que la conducta típica sea realizada “[…] mediante el uso de las tecnologías o cualquier otro medio, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, a una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra”, como sí lo requiere el legislador costarricense tratándose en los casos mencionados atrás. Así las cosas, es por completo erróneo sostener que la nueva legislación permita sustentar la tesis de la defensa, en el sentido de que las acciones de su patrocinado, al menos en lo que al tipo penal básico respecta, son atípicas. Tanto en el tipo penal vigente para la fecha de los hechos, como en el actual, tratándose de la trata de personas cuyo fin sea la extracción ilícita de órganos, no se requiere que ésta se efectúe a través de específicos medios comisivos. Así las cosas, menos puede asegurarse (como lo hace la impugnante) que antes, o en este momento, el legislador requiera el uso de medios que atenten contra la libertad de la víctima. Ahora, aclarado lo anterior en cuanto al tipo penal básico y lo expuesto por la defensora Sánchez de León Castellanos, conviene señalar que esta cámara ha efectuado de forma oficiosa un examen de las normas derogada y vigente actualmente en cuanto a las circunstancias agravantes en ambas contempladas, estimando que la segunda es más favorable a los endilgados, lo anterior en la medida en que tales circunstancias no se aplican tratándose de la trata de personas con fin de extracción ilícita o trasplante ilícitos de órganos. Si bien en ambos textos legales se prevé, como situaciones que incrementan el reproche, el aprovechamiento del ejercicio de la profesión o de la función que desempeña el autor, y la comisión del delito a través de un grupo criminal integrado por dos o más miembros, nótese que en el numeral 172 C.P. actual, eéstas circunstancias (que están previstas en el segundo párrafo) se aplican únicamente cuando se configura el tipo penal básico descrito en el primer párrafo. Así, señala la norma: “[…] La pena de prisión será de ocho a dieciséis años, si media, además, alguna de las siguientes circunstancias […]”. Es decir, el elenco de supuestos que agravan la pena, haciéndola pasar de 6 a 8 años en su extremo menor y de 10 a 16 años en su extremo mayor, se aplican sólo cuando la trata de efectúa a través de los medios comisivos descritos en el primer párrafo y cuando, simultáneamente, es efectuada con fines de: i) explotación laboral; ii) servicios forzados; iii) servidumbre; iv) esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud; v) matrimonio servil o forzado; vi) adopción irregular; vii) mendicidad forzada; viii) embarazo forzado, ix) aborto forzado y x) cualquier forma de explotación sexual. En un sentido distinto, basta leer el penúltimo párrafo del actual numeral 172 para concluir que éste sólo remite al primer párrafo, y que lo hace únicamente para efectos de establecer el mínimo y el máximo de la pena de prisión que corresponde imponer en caso de que la trata sea con fines de extracción ilícita o trasplante ilícito de órganos. Así dicho, la remisión no comprende -como ya se explicó supra- lo expuesto en el primer párrafo en cuanto a los medios comisivos, menos todavía elel segundo párrafo de la norma, que contempla las circunstancias agravantes y que también -según se indicó- solo se aplican cuando se da el tipo penal básico, lo que supone determinados medios de comisión de la trata y determinados fines perseguidos con esta. En resumen, esta cámara entiende que el tipo penal actual es más favorable a los encartados, pues, si bien en su forma básica es similar al anterior, no lo es en cuanto a las circunstancias agravantes, mismas que no son aplicables en relación con la trata que estéá destinada a la extracción ilícita o trasplante ilícitos de órganos. Así las cosas, es éste el que se debe aplicar en la especie, lo que supone descartar prima facie la aplicación de las agravantes ya mencionadas. Las consecuencias de lo aquí dicho se explicarán más adelante, al resolver el recurso formulado por el Ministerio Público. Así las cosas, se rechaza el motivo planteado por la impugnante. De oficio, se procede a aplicar el texto actual del numeral 172 del Código Penal, por ser norma más favorable a los endilgados, descartando la aplicación de las agravantes contenidas en éste y la pena que va a aparejada a ellas.

Segundo motivo. Inobservancia de lo establecido en el art. 27 del Código Penal.  El imputado concurre en la causa de justificación  de estado de necesidad por comunicabilidad de los receptores del riñón, siendo la actuación de aqueléste absolutamente necesaria. Según la defensora, el tribunal hace un análisis somero de la causa de justificación que invocó a favor de su defendido, ello a pesar de que la tuvo por cierta, pretendiendo que la misma no era comunicable a [Nombre13 072] y que únicamente los receptores del riñón podían beneficiarse de la misma.  Reconoce que el dinero para pagar el órgano procedía de los receptores; que estos salvarían su vida solo por medio del trasplante; que en dicho trasplante la acción de [Nombre13 072] era imprescindible, pues a pesar de que él no lo realizaba de forma directa, era el nefrólogo a cargo del equipo de trasplantes, y pese a todo esto estimó que no podía beneficiarse de la causa de justificación. Explica la recurrente que el propio art. 27 del Código Penal describe cómo el estado de necesidad surge tanto para salvaguardar un bien jurídico ajeno como uno propio, por lo que la tesis del tribunal, de que sólo el receptor puede aducir el estado de necesidad, es ilegal. Añade que: el doctor [Nombre13 072] ingresa al estado de necesidad a través de sus pacientes, enfermos renales crónicos que perderían la vida salvo que se diese el trasplante de riñón; él es un médico que se preocupa por la vida de los pacientes, en cumplimiento de su juramento hipocrático; los testigos señalaronban que se preocupaba por los pacientes; la colaboración de [Nombre13 072] era imprescindible, pues los receptores no podían llevar a cabo la cirugía por sus propios medios y requerían un nefrólogo, quien les prestó su ayuda para que pudieran salvar la vida. Por ello, no lleva razón el tribunal al considerar que solo los receptores, si hubiesen pagado el órgano, podían beneficiarse de dicho estado de necesidad. En cuanto a la ponderación de bienes jurídicos, tampoco el tribunal lleva razón a la hora de considerar que la afectación a la dignidad de los ofendidos constituía un límite en este caso. Nunca acreditó el tribunal cómo ocurre esta afectación, ni estaba acusada tal circunstancia. Más bien, al contrario, el tribunal determina que entre [Nombre13 072] y los ofendidos no se genera un sometimiento de voluntades, sino el cumplimiento de un contrato otorgado con plena capacidad de ambas partes, rechazando la existencia de condiciones de abuso por parte médico. El tribunal describe las motivaciones que llevan a actuar a los donantes y habla de una “evidente auto explotación”, donde buscaban para conseguir una casa, comprarse un carro, o pagar rápidamente las deudas que tenían. No eran necesidades básicas; ni se estaba ante casos de vulnerabilidad, por lo que no se afectó la dignidad humana. Tampoco se fundamentó la situación de afectación a la dignidad o a la libertad del donante, siendo que en este caso se patentiza el estado de necesidad en que se encuentra [Nombre13 072] quien, sin afectar la dignidad de otros, logra salvar la vida de los receptores a través del trasplante de órganos. Finaliza la defensora indicando que la “condición de estado de necesidad” subsume el delito de peculado. Por lo dicho, solicita se absuelva a su defendido y se ordene su excarcelación. Se rechaza el motivo. El a quo rechazó que en este caso el imputado [Nombre13 072] se encontrase en un estado de necesidad justificante, de la siguiente forma:“A criterio del Tribunal tal declaración no es creíble, primero que todo la declaración es un tanto ambigua ya que finca el hecho de no haber negociado en todo lo hizo para salvar una vida humana que estaba en peligro y por otro lado dejar ver que en realidad los donantes lo hicieron por altruismo y no por dinero, en ese sentido pareciera invocar un estado de necesidad al decir que todo lo hizo para salvar una vida humana, sin embargo amén de que tal estado por quién podría ser invocado es por los receptores en caso de que se demostrara que todos o algunos de ellos hubiesen hecho directamente el pago por el órgano que les fuera trasplantado, no es aplicable cuando haga nugatorio el valor del ser humano como persona y lo instrumentalice, como sería el caso si aceptásemos el argumento planteado por el imputado que de todo lo hizo para salvar una vida, en ese sentido el maestro Francisco Castillo refiere: “El valor y la dignidad de la persona humana es un límite negativo del estado de necesidad. El valor de la persona humana, sobre todo cuando se le sacrifica para salvar cien vidas de inocentes, impide que esta muerte pueda estar justificada por el estado de necesidad”, Castillo, “Derecho Penal, parte general”, tomo II, Editorial Jurídica Continental, 2010, p. 277. Por otro lado, tampoco es creíble que las nefrectomías que nos ocupan hayan sido por altruismo, el propio imputado se contradice al querer justificar su proceder, puesto que indica que para él las donaciones altruistas son muy comunes, pero acto seguido indica que esto lo ha visto en amigos y familiares, y sí, claro que en esos supuestos es muy común que alguien se someta a una intervención de este tipo para salvar la vida de su familiar o amigo, alguien con quién se tiene un vínculo de amor, amistad o cariño tan grande que no importa poner en riesgo vida, salud y saber que se seguirá en un control médico de por vida, pero en estos casos quedo acreditado que todos y cada uno era para personas extranjeras, donde receptor y donador no se conocían antes de someterse a la operación, o a lo sumo a escasos días de hacerla, ante lo cual jamás iba a existir un vínculo de amor o amistad como para que ellos se desprendieran de su riñón por puro altruismo, cosa que incluso dentro del propio gremio médico tampoco es tan común, como aquí lo refirieron los diferentes médicos que depusieron, al punto que Nombre18 explicó en relación con este tipo de donador: “Hay que diferenciar el concepto jurídico de altruismo del concepto normal, todo donante en sí mismo es altruista, pero en términos jurídicos es el que literalmente llega y dice yo creo que estoy sano y quiero donar un riñón a quién le sirva, y es el único caso al que antes con el anterior marco jurídico se mandaba a valorar por psicología o psiquiatría, llegaban como uno o dos por año”, si aplicamos la definición del doctor Rodríguez y creyéramos en lo dicho por [Nombre13 072], los donadores de los casos que nos ocupan serían altruistas, pero el propio médico refiere que eran tan poco comunes, sea no se ve como algo normal, que incluso antes de cambiar el marco jurídico que regulaba los trasplantes, era imperativo que previo al trasplante fuesen valorados mentalmente; sin embargo acorde a la valoración de la prueba ya se analizó porque se tienen por acreditados los pagos. Debe también indicarse que el discurso que el imputado [Nombre13 072] brindó al tribunal, si se analiza con detenimiento viene a ser un discurso similar al que varios de los ofendidos refieren, en el sentido de indicarles que la donación no era algo malo, que no se estaba quebrantando la ley porque se estaba salvando una vida, esto como una forma de manipular la voluntad de las víctimas para correlativamente al ofrecimiento que se les hacía, apelar también a sus sentimientos de altruismo, un discurso que a fuerza de repetirlo quizá el propio encartado se lo ha creído, sobre todo cuando indica que nunca dudó que lo que hacía era legal porque todo lo hizo apegado a la legalidad, pero acá si cobra vigencia una frase que se escuchó durante las intervenciones telefónicas en relación con dos de los co-imputados ahora absueltos y es que lo que hizo [Nombre13 072], al decir que cumplió con todos los requisitos fue tratar de legalizar un delito, pues a fuerzas de cumplir con las formas legales: internamientos en hospitales reconocidos, seguimiento post operatorio, pago de las cirugías mediante cheques al equipo médico que hacía los trasplantes, confección de declaraciones juradas, pretendió ocultar el trasfondo ilícito de los trasplantes, convirtiendo así un acto que debe ser de amor en una vil instrumentalización de seres humanos y por ello es que el tribunal llega a la conclusión de que es co-autor responsable del delito de Trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos, conducta que concurre idealmente con el delito de peculado de uso, como de seguido se explicará en el siguiente apartado del fallo” (f. 5007 vuelto a 5008 vuelto). Más adelante, agrega el tribunal de instancia: “No resulta de recibo admitir la existencia de una causa de justificación acorde al art. 27 del Código Penal, sea el estado de necesidad justificante, porque como ya se indicó supra amén de que tal estado por quién podría ser invocado es por los receptores en caso de que se demostrara que todos o algunos de ellos hubiesen hecho directamente el pago por el órgano que les fuera trasplantado, no es aplicable cuando haga nugatorio el valor del ser humano como persona y lo instrumentalice, como sería el caso si aceptásemos el argumento planteado por el imputado que de todo lo hizo para salvar una vida, en ese sentido el maestro Francisco Castillo refiere: “El valor y la dignidad de la persona humana es un límite negativo del estado de necesidad. El valor de la persona humana, sobre todo cuando se le sacrifica para salvar cien vidas de inocentes, impide que esta muerte pueda estar justificada por el estado de necesidad”, Castillo, “Derecho Penal, parte general”, tomo II, Editorial Jurídica Continental, 2010, p. 277” (f. 5012 frente). Como se aprecia, si bien no en condiciones absolutamente extensas, el tribunal de mérito explica por qué descarta que [Nombre13 072] hubiese actuado bajo el amparo de actuase amparado en una causa de justificación. Así, en lo medular, señala que este imputado no actuó movido por el peligro actual e inminente de que los receptores perdieran su vida, sino por avaricia [esto lo concluye tras considerar que los receptores eran personas extranjeras que tenían poder económico para pagar la operación y el órgano, y no pacientes del Hospital Calderón Guardia (en el cual él laboraba como jefe de nefrología) quienes estaban en lista de espera, f. 5215 vuelto]; que [Nombre13 072], al instrumentalizar a las víctimas, lesionó su valor como seres humanos y su dignidad, lo cual según la doctrina es un límite negativo al estado de necesidad invocado y que son los receptores y no el médico quien podría invocar esa causa de justificación. Ahora, examinados estos razonamientos, se concluye que si bien en ellos se aprecian algunos de los yerros acusados, estos no obligan a anular lo decidido. Es cierto, como apunta la recurrente, que un médico puede invocar un estado de necesidad cuando causa lesiones a un paciente para beneficiar la salud de otros (siendo este, precisamente, el caso de los trasplantes lícitos de órganos, donde se lesiona la integridad física del donante con la extracción). No obstante, de conformidad con el numeral 129 del Código Penal (que es la disposición legal que regula el tema, cfr. así Nombre19, Javier; Rivero Sánchez, Juan Marcos, Comentarios al Código Penal. San José, Editorial Juricentro, 1989, p. 98) esas lesiones (entiéndase, las consustanciales a la extracción del órgano) debieron causarse con el consentimiento de las víctimas y, según ya se explicó, el que ese consentimiento se hubiese obtenido mediante una remuneración económica (hecho que fue acusado y demostrado), permite descartar, prima facie, su valor. Dicho en otras palabras, la causa de justificación prevista en el numeral 129 (así, Castillo González, Francisco. Derecho Penal. Parte General. San José, Editorial Jurídica Continental, Tomo II, 2010, p. 55) no puede ser invocada por [Nombre13 072], ya que para la fecha de los hechos existía normativa que expresamente proscribía cualquier negociación económica en torno a la donación de órganos, con lo cual ninguna eficacia jurídica puede otorgarse al consentimiento dado por los donadores. Y tan claro es esto que en la resolución cuestionada se explica cómo, en atención a esa prohibición, [Nombre13 072] desplegó una serie de actuaciones con el propósito de dar apariencia de legalidad a las extracciones (así, buena parte de las víctimas firmaron declaraciones juradas donde aseguraban que no habían recibido compensación alguna por autorizar la extracción de sus riñones, cfr. hechos probados), revelándose su conocimiento (el de [Nombre13 072]) en cuanto a esa prohibición. Todo lo antes expuesto no cambia si la lectura se hace desde el mismo artículo 27 del Código Penal que menciona el tribunal, pues incluso asumiendo la tesis de la defensa (en el sentido de que [Nombre13 072] únicamente tenía el propósito de salvar a los receptores de órganos) se tiene que su conducta, al suponer una instrumentalización o cosificación de las personas a las cuales se les extrajo un riñón a cambio de una retribución económica, supone un grave atentado a la dignidad del ser humano, con lo cual no se puede concluir que el mal causado sea de menor entidad que aquel que se pretende evitar. Es claro que tratándose de un estado de necesidad justificante, se efectúa una ponderación de intereses o males, donde, al margen de su posición en la escala de valores, como afirma Castillo González, lo importante es que el bien jurídico en la situación concreta sea digno de protección: “Así, el delito de lesiones no es justificado por el simple hecho de que con él se salva una vida […] Es necesario una individualización y una concretización de los bienes jurídicos en conflicto. La concretización es necesaria para saber cuáles son los intereses en juego en la concreta situación. La individualización es necesaria porque debe saberse cuál es el interés que el autor tiene y jurídicamente puede tener” (Castillo González, ibíd.Francisco. Derecho Penal. Parte General. San José, Editorial Jurídica Continental, Tomo II, 2010, p. 2711 vuelto). Siempre en ese contexto, este autor también menciona que el valor y la dignidad del ser humano es un límite negativo al estado de necesidad; que como derivación del principio del respeto a la dignidad humana, se tiene también el principio de autonomía de la voluntad y que la lesión a ese principio también debe considerarse en la ponderación de intereses: “La finalidad de salvar una vida tampoco justifica causar lesiones a otro sin su consentimiento. No está justificado por el estado de necesidad el médico quien, para salvar la vida de su paciente que requiere un trasplante urgente de riñón, agarra a la secretaria y sin su consentimiento le extrae el riñón que necesita para su paciente. Es cierto que en este caso la pérdida de la vida pesa más que la extracción del riñón. Pero esa extracción en contra de la voluntad del ofendido es una injerencia tan grave en el derecho de la personalidad y en la integridad corporal del afectado que la conservación de la vida en tal caso no es preponderante respecto al daño causado” (ibídibíd. , p. 278). Así las cosas, tratándose de extracciones ilícitas de órganos [sea porque medió una compensación económica, como en este caso (de donde se extrae que cualquier aquiescencia de las víctimas no tiene efecto jurídico alguno), o porque se efectuó de manera forzada (p. ej., con violencia física, intimidación o engaño) ], no podría afirmarse que esa conducta (o ese mal, usando la misma terminología del art. 27 del Código Penal), sea de menor entidad que aquel que se pretende evitar (la muerte del receptor enfermo) Aquí, conviene reiterar que con el estado de necesidad lo que se comparan son males, de donde lo ético y lo social; las repercusiones de los actos en los individuos y en la sociedad;, así como los principios mismos del ordenamiento jurídico (de especial interés, el de dignidad humana) tienen cabida a efectos de establecer cuál de ellos es de mayor envergadura. Por lo expuesto, la argumentación del a quo en cuanto que el valor del ser humano y su dignidad son, como afirma Castillo González, límites negativos al estado de necesidad, es acertada. A mayor abundamiento, cabe citar un argumento más para descartar el estado de necesidad, a saber, , que solo especulando puede sostenerse que la afectación al bien jurídico vida de los receptores no podía ser evitado de otro modo menos lesivo (por ejemplo, sometiéndose a trasplantes lícitos de órganos en sus propios países de origen), de donde no cabe asegurar que el mal causado a las víctimas, al extraerles uno de sus riñones, era necesario. En un sentido similar, Castillo González apunta que incluso en casos donde se reconoce la existencia de un peligro continuo o prolongado y se admite la circunstancia de que el peligro no nazca en el momento del hecho, “lo cierto es que el estado de necesidad solamente es posible cuando el peligro no sea evitable de otra manera” ( íbid.d, p. 249) y está claro que, como se indicó, no se puede sostener (al menos no sin especular) que sólo a través de las extracciones ilícitas de un órganos efectuadas se podía evitar el peligro para la vida de los receptores. Todo lo anterior no cambia porque el dinero haya provenido de éstos; que un trasplante (y no necesariamente uno ilícito) fuese el único procedimiento por el que salvarían su vida, o que para la realización del trasplante el imputado, como nefrólogo, resultase imprescindible. Aceptando lo dicho, se tiene que igualmente no se habrían configurado los presupuestos de una causa de justificación en relación con la finalidad perseguida (y materializada en este caso) con la trata de personas, de ahí que la conclusión del a quo no sea errada. Finalmente, de la sentencia se extrae que los ofendidos fueron instrumentalizados al desplazarlos para extraerles sus riñones, con lo cual no acierta la impugnante al estimar que no se explicó de qué manera se había lesionado su dignidad e integridad (física y moral). Por lo dicho, se rechaza el motivo.IV.- Tercer motivo. Atipicidad de la conducta. Ausencia de atribución dolosa del delito de trata de personas. Dice la defensora que el análisis del elemento subjetivo por parte del tribunal evidencia claramente que el reproche penal no está dirigido al delito de trata de personas sino al de tráfico de órganos, el cual ni fue acusado ni podía serlo, por cuanto para la fecha de los hechos solo consideraba sujetos activos al comprador y al vendedor, dejando ajenos de responsabilidad a otros posibles partícipes del hecho. En la sentencia no se describe el elemento subjetivo relativo a la trata de personas; no es el eje el desplazamiento, la movilización de las personas, o su cosificación en dicho desplazamiento.  El reproche es por el tráfico de órganos, delito que no podía ser sancionado, ni siquiera fue siquiera acusado y no podía sustentar la condenatoria bajo el delito de trata de personas sin pervertir los principios de imputación penal. Esto, dice la defensa, se evidencia con el trato que se da al tema del dolo. En suma, con el único fin de sancionar una conducta que no es delito para [Nombre13 072], se forzó la figura de la trata de personas. El delito de tráfico de órganos no estaba acusado, no era perseguible. [Nombre13 072] no tiene relación directa ni indirecta con los desplazamientos de las víctimas y la forma en que éstos se realizan, prueba de ello es que no hay en toda la sentencia ni una sola mención al hecho de cómo se producen los desplazamientos de los ofendidos. Si, según la sentencia, el eje delictivo lo era el mero desplazamiento de la víctima con finalidad de extracción de órganos, hubiera sido de importancia determinar cómo acontecen éstos, de quién dependen, cuáantos desplazamientos se producen, de dónde y hasta dónde. El “dolo” tendría que haber estado dirigido a describir el conocimiento de [Nombre13 072] en cuanto a la forma en que se produce el desplazamiento; a la cosificación de las personas en ese desplazamiento y cómo este desplazamiento perturbó la dignidad de los ofendidos. Pero no es así. El tribunal no está reprochando a [Nombre13 072] el que afectara la dignidad de los agraviados en el desplazamiento (que es el objeto de reproche de la trata de personas) sino que lo que reprocha es el ofrecimiento de dinero por la venta del riñón. Se sanciona a [Nombre13 072] por un delito que no cometió, a fin de no dejar “impune” una conducta que no podían reprocharle, pero que injustamente había que sancionar para que la imagen del país no se afectara, como aqueja el mismo tribunal. Solicita la impugnante se acoja el reclamo, se anule la sentencia y por economía procesal, se absuelva a [Nombre13 072] de toda pena y responsabilidad. No lleva razón la defensora. Debe recordar la recurrente que la sentencia es una unidad lógico jurídica y que, como tal, debe ser comprendida integralmente. Si bien es cierto que a lo largo de la misma se explica por qué la extracción de órganos, como finalidad perseguida en la trata de personas investigada, era ilícita, subrayándose el conocimiento que tenía [Nombre13 072] de esa situación, también se explica con claridad cómo él, al igual que Nombre01, promovieron y facilitaron el traslado de personas desde sus domicilios hasta diferentes centros médicos y laboratorios clínicos, primero para realizar exámenes preoperatorios y luego para someterlas a la extracción ilícita de un riñón, y en un caso, atribuible únicamente a [Nombre13 072], la salida del país de [Nombre13 047] con iguales propósitos (cfr. folio 4980 vuelto y lo expuesto en la sentencia al examinar cada caso de forma particular). En cuanto a [Nombre13 014], el tribunal señala cómo tanto Nombre14 como [Nombre13 072] promueven y facilitan su traslado a distintos centros médicos y laboratorios para que se hiciera haga los exámenes ya referidos (se demostró incluso que [Nombre13 072] le extiende para ello una incapacidad por quince días), siendo que, luego, es el mismo médico quien dispone su internamiento en el Hospital La Católica para que se proceda (como en efecto se hace) a extraer su riñón (f. 4988 y 4989). Tratándose de [Nombre13 007] la situación es la misma, aclarándose que fue [Nombre 072] quien dispuso el internamiento en el Hospital La Católica para la extracción del riñón; que los exámenes preoperatorios también fueron referidos por este profesional y que, tratándose de los desplazamientos, si bien es cierto es [Nombre13 059] quien lo lleva en algunos casos, esto sucede por órdenes de Nombre20, situación que conoce [Nombre 072], al punto que cuando todos los exámenes están listos, es éste quien le dice que debe presentarse a la clínica para la operación  (f. 4991 frente y vuelto).  En el caso de [Nombre13 017] la situación es similar. Así, en la resolución se apunta que fue internado por [Nombre13 072], quien también le refirió los exámenes previos (f. 4991 vuelto). Con [Nombre 028], explica el a quo,  que fue [Nombre13 014] quien, de común acuerdo con [Nombre13 072], promueve y facilita el desplazamiento de éste desde su domicilio y hasta distintos centros médicos y laboratorios clínicos (incluido el consultorio de [Nombre13 072] en el mismo Hospital Calderón Guardia), para que se le realizaran exámenes de compatibilidad, siendo luego [Nombre13 072] quien coordina todo para la extracción del órgano. De hecho, es él quien dispone el internamiento del paciente (f.4993 y siguientes). Esta es la misma situación que se da en relación con las víctimas [Nombre13 067] (f. 4995 frente); [Nombre 033] (de quien también se indica que [Nombre13 072] le pidió presentarse al hHotel Holiday Inn para firmar una declaración jurada donde, a pesar de ser falso, indicaría que no estaba recibiendo dinero a cambio de la extracción de su riñón, f. 4996); [Nombre13 034] (quien también recibió instrucciones para presentarse al hotel referido a firmar la declaración jurada, f. 4997 frente); [Nombre13 038] (caso en el cual el tribunal reproduce parte de su testimonio, donde explica cómo [Nombre13 072] le mandaba a ciertas clínicas a hacerse los exámenes; cómo le daba una pequeña suma de dinero para pagar parqueo y gasolina, como ayuda para hacerse los exámenes -mismos que también pagaba el médico- y cómo [Nombre13 072] ordenó su internamiento y coordinó con él para que fuese a firmar la declaración jurada, f. 4997 vuelto y 4998 frente); [Nombre13 001] (quien explicó que fue [Nombre13 072] el que le indica dónde y en qué momento hacerse los exámenes preoperatorios; el que le dice que debe presentarse al hHotel Holiday Inn a firmar la declaración jurada donde decía que no estaba recibiendo dinero por la nefrectomía, y finalmente quien le indica que debe presentarse al Hospital Clínica Católica para ser sometido a esta, f. 4999) y [Nombre13 036] y [Nombre13 057] (siendo [Nombre 014] y [Nombre13 072], de común acuerdo, quienes promueven y facilitan su traslado desde sus domicilios a los distintos centros médicos y laboratorios con el fin de que se hicieran los exámenes preoperatorios; siendo luego [Nombre13 072] quien dispone su internamiento para efectuar la extracción del órgano, no sin antes indicarles que se presentaran al hotel tantas veces citado para firmar la declaración jurada, f. 5000). En el caso de [Nombre13 053], el tribunal explica cómo los riñones de éste no eran aptos para lo pretendido, razón por la cual se valoró la posibilidad de que su lugar fuese ocupado por su esposa, [Nombre13 047]; que tanto [Nombre13 014] como [Nombre13 072] promueven el traslado de ésta desde su domicilio en Turrialba a distintos centros médicos para hacerse exámenes preoperatorios; siendo que, como salta el escándalo en la prensa y la receptora estaba con mucho sobrepeso, la operación no se materializó. Apunta la sentencia que después de esto, [Nombre13 072] contacta a la pareja y les dice que hay “una gente de Israel” que estaba dispuesta a pagar el viaje para que fuesen a ese país porque en Costa Rica “no se iba a poder”, siendo el imputado quien se encargó de coordinar lo relacionado con la compra de los tiquetes aéreos, les suministra el itinerario y, siempre con miras a facilitar ese desplazamiento, le extiende a [Nombre13 043] una incapacidad  por un mes por presión arterial de 180/110, como mecanismo para que este pudiese salir del país acompañando a su esposa [Nombre 047] (f. 5001 y siguientes). Tratándose de [Nombre13 040], la situación es similar a los demás desplazamientos dados en territorio nacional, pues es [Nombre13 072] quien facilita y favorece su traslado desde su domicilio hasta los distintos centros médicos para que se realice los exámenes preoperatorios y luego someterlo a la nefrectomía en la Clínica Bíblica (f. 5004 frente). Como se observa, el a quo se refirió con amplitud a los desplazamientos. En lo que aquí interesa, subraya cómo [Nombre13 072] era quien emitía todas las referencias para que se practicaran las pruebas preoperatorias y las órdenes de internamiento (sea de forma directa o por medio del doctor Nombre21, pero con la indicación de avisarle a él) y quien tenía el manejo del dinero que entregaba a los ofendidos, al menos desde que dejó de actuar de común acuerdo con Nombre20 (f. 5005 vuelto y 5006 frente). Como si esto no bastase, en el acápite destinado a la fundamentación jurídica, el tribunal explica con claridad cómo en este caso los imputados promovieron, facilitaron o favorecieron el desplazamiento de personas con el fin de que se extrajesen sus órganos. Así se informa cómo, salvo en el caso de [Nombre13 047] (que también viajó fuera del país), con los demás se hizo fácil o posible el desplazamiento dentro del territorio nacional hacia distintos centros médicos y laboratorios clínicos, tanto para los exámenes preoperatorios como para someterlos a la nefrectomía; explicándose que para ello suministraron referencias y/o direcciones de dónde hacerse esos exámenes, pago de gastos de transporte o suministro del mismo, confección de incapacidades y, en el caso de [Nombre13 047], [Nombre13 072] también promovió y facilitó su salida del país dándole el dinero para obtener el pasaporte y luego entregándole el itinerario de vuelo, así como una incapacidad para su esposo, para que la acompañara (f. 5008 y 5009 frente). Como se aprecia, es impropio afirmar que el a quo no examinase la actuación de los imputados enmarcada en los verbos típicos de la trata de personas. Al contrario, lo hizo, lo que no le impidió examinar también el elemento subjetivo adicional que contempla el citado tipo penal (a saber, que la trata de personas se efectúe con alguno de los fines allí previstos, en lo que aquí interesa, el de extracción ilícita de órganos), aspecto este último en el cual se centra la defensora para formular su reclamo, obviando lo ya expuesto. Por lo dicho, se rechaza el alegato.V.- Cuarto motivo. Existencia de una norma penal posterior más favorable. Apunta la licenciada Amalia Sánchez de León Castellanos que la acusación ubica los hechos de finales de 2009 a mediados de 2013 y que se imputa la existencia de un delito de trata de personas con finalidad de extracción ilícita de órganos, previsto en el art. 172 del Código Penal. La ilicitud de la extracción debía comprenderse, para ese momento, a partir de la Ley N° 7409, denominada Ley sobre Autorización para Trasplantar Órganos y Materiales Anatómicos Humanos, que consideraba ilícita la extracción de un órgano si devenía ésta de una comercialización, según se establecía en el art. 5 en relación con el numeral

Con posterioridad a la acusación, en la audiencia preliminar, se pretendió por el Ministerio Público introducir que la ilicitud de la extracción devenía también de un inadecuado procedimiento médico en virtud de una supuesta falta de consentimiento informado. Sin embargo, el debate demostró que los ofendidos prestaron su consentimiento a la nefrectomía y que en ningún caso se había dado ninguna violación a la lex artis ni al procedimiento médico, menos aún por una ausencia de consentimiento informado y así lo determinó el tribunal de forma palmaria en la sentencia. Por lo que el tribunal, cuando condenó a [Nombre13 072], lo hizo considerando que la ilicitud de la extracción de órganos provenía única y exclusivamente de sula comercialización del órgano. Sin embargo, existe una ley posterior que destipifica la comercialización de órganos como contenido de la extracción ilícita en la trata de personas, a saber, la Ley contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), Ley N° 9095, publicada en el Alcance N° 27 a la Gaceta N° 28 del 08 de febrero del 2013 y que estaba vigente al momento en que se dicta la sentencia. Ésta establece en sus definiciones qué se debemos entender por extracción ilícita. En su artículo 7 señala: “Extracción ilícita de órganos: Sustracción de uno o más órganos humanos sin aplicar los procedimientos médicos y jurídicos legalmente establecidos.”. Ahora, en este caso, [Nombre13 072] no ha sustraído órgano alguno y tampoco violentó procedimientos médicos ni jurídicos, que para entonces no existían. Por ello, a la vista de la ley posterior, debe exonerarse a [Nombre13 072] por el delito de trata de personas, por cuanto existe una definición legal que enmarca la ilicitud de la extracción únicamente en la sustracción de órganos mediante la violación de procedimientos médicos y jurídicos, situación que no solo no se encuentra acusada, sino que como el mismo tribunal evidencia, no aconteció. Siendo que la aplicación de ley posterior más favorable es procedente; que se prohíbe la aplicación analógica de la ley penal en perjuicio del acusado (lo que veda la ampliación del contenido del vocablo ilicitud en la finalidad de la extracción de órganos prevista en el art. 172 del Código Penal), solicita se anule la sentencia y en su lugar se absuelva al imputado de toda pena y responsabilidad. El motivo no puede prosperar. Como acertadamente expone el tribunal de mérito, la ley N° 7409, vigente desde el 27 de mayo de 1994, expresamente señalaba en su artículo 5: “Prohíbese la comercialización de órganos y materiales anatómicos. Por tanto, no podrá producirse ni percibirse ninguna compensación económica por la donación ni por la recepción de ellos”. En el artículo 23, por su parte, se preveía prisión de 3 a 10 años a quienes violasen la anterior disposición. Dice la recurrente que en la ley N° 9095esta normativa fue reformada a través de la promulgación de la ley N° 9095, despenalizándose la conducta que se atribuyó a su patrocinado. Como fundamento de esta afirmación, señala que en  se da una definición  de extracción ilícita de órganos que lleva a concluir que la conducta de [Nombre13 072] es atípica. Así, sostiene que el numeral 7 inciso l) de la ley N° 9095la se define la extracción ilícita ley define esa extracción como “la sustracción de uno o más órganos humanos sin aplicar los procedimientos médicos y jurídicos legalmente establecidos”. Así las cosas (apunta la defensora) se excluyó el tema de la “comercialización” como causa de ilicitud. Se trata de una posición que esta cámara no comparte, por lo que de seguido se expondrá.

Basta leer la definición transcrita líneas atrás para concluir que, en ella, el legislador remite a otras disposiciones jurídicas, en lo que aquí interesa, a las que regulan la materia de trasplantes (su procedimiento) y que para la fecha de los hechos no eran sino las contenidas en la ley N° 7409, las cuales prohibían la comercialización de órganos y la entrega o recepción de remuneraciones de contenido económico en ese contexto. Dicho en otras palabras, las leyes N° 7409 y la N° 9095 se complementan, se interrelacionan, de donde habría que entender que los requerimientos legales que menciona el numeral 7 inciso l) de la ley N° 9095 son, en lo que aquí interesa, los planteados en la ley N° 7409.

Lpues la ley N° 9095 referida no derogóa la ley  en modo alguno la legislación que regula el tema del trasplante de órganosN° 7409. No lo hizo de forma expresa, tampoco de manera tácita. Al contrario, según se explicó, ambas se integran, de donde se entiende que con la entrada en vigencia de la ley N° 9095 sigue manteniéndose en pie la prohibición de que se articule un, y en especial la prohibición en ella contenida para que se dé un negocio alrededor en esa materia de los trasplantes de órganos, en el cual, por ejemplo, donde el consentimiento de quien entrega un riñón esté determinado por factores externos, como sería la promesa de una compensación económica.

El verbo sustraer [contenido en el numeral 7 inciso 1) de la ley N° 9095], según la Real Academia Española, significa apartar, separar o extraer , con lo cual tampoco a través de ese vocablo podría invocarse un cambio sustancial en la legislación.

A mayor abundamiento, cabe apuntar que la ley N° 7409 no fue derogada tácitamente a través de la ley N° 9095 (como lo arguye la defensa de forma impropia), sino que lo fue de forma expresa a través de Dicho en otras palabras, las leyes N° 9222 y la N° 9095 se complementan, donde habría que entender que los requerimientos legalmente establecidos que señala el numeral 7 inciso l) de la ley N° 9095 (y que es aquel en el cual la defensa apoya su reclamo) no son sino los expuestos en la ley N° 9222, requerimientos que en lo medular son los mismos previstos en la legislación vigente para la época en que ocurren los hechos investigados.Esta normativa fue expresamente derogada en el año 2014, a través de la ley N° 9222, denominada Ley de donación y trasplante de órganos y tejidos humanos. Ésta, que entró en vigencia el 22 de abril de 2014 y se mantiene vigente en la actualidad, indica en su artículo 56: “Se deroga la Ley Nº 7409, Autorización para Trasplantar Órganos y Materiales Anatómicos Humanos, de 12 de mayo de 1994, y sus reformas”. A mayor abundamiento también, se estima oportuno subrayar cómo enla ley N° 9222, de manera expresa, contundente y categórica, mantiene la prohibición para que se dé cualquier forma de remuneración económica por la donación de órganos humanos. Así, su artículo 10 reza expresamente señala: “Prohibición para recibir gratificación, remuneración, dádiva en efectivo o en especie, condicionamiento social,  sicológico o de cualquier otra naturaleza. ARTÍCULO

Se prohíbe cualquier forma de gratificación, remuneración, dádiva en efectivo o en especie, condicionamiento social, sicológico o de cualquier otra naturaleza, por la donación de órganos y tejidos humanos por parte del donante, del receptor o de cualquier persona física o jurídica”. Lo anterior permite concluir que, pese a las reformas legales, la prohibición contenida en la ley N° 7409 se ha mantenido incólume Como se aprecia y en lo que aquí interesa, tanto en la normativa anterior (que estaba vigente al momento de los hechos) como en la que le reformó (que no es sino la vigente en la actualidad) se proscribe de forma expresa, contundente y categórica, cualquier forma de remuneración económica por la donación de órganos humanos. Se trata de una prohibición clara, con lo cual no puede argumentarse (como lo afirma la recurrente) que existe una normativa más favorable .en esta materia que excluye esa circunstancia. Dice la recurrente que en la ley N° 9095 se da una definición  de extracción ilícita de órganos que lleva a concluir que la conducta de [Nombre13 072] es atípica. Así, sostiene que el numeral 7 inciso l) de la ley define esa extracción como “la sustracción de uno o más órganos humanos sin aplicar los procedimientos médicos y jurídicos legalmente establecidos”. Se trata de una posición que esta cámara no comparte, pues la ley N° 9095 referida no deroga en modo alguno la legislación que regula el tema del trasplante de órganos, y en especial la prohibición en ella contenida para que se dé un negocio en esa materia, donde el consentimiento esté determinado por factores externos, como sería la promesa de una compensación económica. Dicho en otras palabras, las leyes N° 9222 y la N° 9095 se complementan, donde habría que entender que los requerimientos legalmente establecidos que señala el numeral 7 inciso l) de la ley N° 9095 (y que es aquel en el cual la defensa apoya su reclamo) no son sino los expuestos en la ley N° 9222, requerimientos que en lo medular son los mismos previstos en la legislación vigente para la época en que ocurren los hechos investigados.  Además de Aunado a todo lo antes dicho (y que es suficiente a efectos de descartar que, tras los hechos, se ha promulgado alguna norma que sea más beneficiosa a los encausados)esto, puede añadirse que no acierta la licenciada Sánchez de León Castellanos al sosteneres falso que, en la sentencia, se haya concluyóido que su patrocinado actuó con apego a la normativa vigente en materia de trasplantes. Todo lo contrario, según se expuso en la resolución cuestionada, [Nombre13 072] lo que hizo fue tratar de dar apariencia de legalidad a lo que sustancialmente era ilícito (por haber mediado una compensación económica en la extracción de los órganos). Sabía que el consentimiento dado por las víctimas estaba determinado por esa retribución económica; sabía que esto era ilegal y fue ese conocimiento lo que le llevó a solicitar a buena parte de los ofendidos firmar una declaración jurada donde estos aseguraban (falsamente) que no habían recibido dinero. Finalmente, debe apuntarse también que Aquí, cabe añadir que el tipo penal aplicado en la especie es el de la trata de personas y no eell que contenía la ley N° 7409 en su artículo 23; , como tampoco los tipos penales introducidos a través de la reforma hecha mediante ley N° 9222, o incluso a través de la misma ley N° 9095, siendo que estos solo se consideraron a efectos de establecer la ilicitud de la extracción de órganos efectuada a las víctimas (y que en la trata se presenta solo como una finalidad de ésta). Por lo dicho, se rechaza el alegato.VI.- Quinto motivo. Violación al debido proceso. El tribunal atribuye hechos delictivos a una persona ajena al proceso; no resuelve su situación jurídica y condena a [Nombre13 072] por las acciones de aquella. La defensa denunció desde la audiencia preliminar que no se había resuelto la condición jurídica del señor [Nombre13 059], quien figuraba como denunciante a folio 730 del expediente. Esta persona no figuraba como ofendido en la acusación; no se había desestimado su denuncia, como tampoco se había sobreseído a [Nombre13 072] por los hechos por él denunciados. Al inicio del debate, la recurrente realizó la queja nuevamente, por cuanto la condición sin resolver de [Nombre13 059] iba a afectar al derecho de defensa, toda vez que la imputación de captación de personas de bajos recursos incluía (en la tesis de la acusación) los actos supuestamente realizados por esa persona ([Nombre13 059]), de forma que terminaban siendo atribuidos a [Nombre13 072] a pesar de que aquel no estaba siendo parte procesal; no había sido citado como denunciante y menos aún como imputado. [Nombre13 059], dice la apelante, había sido citado como testigo por parte de la defensa. Por su parte, el Ministerio Público indicó que la no inclusión del caso de [Nombre13 059] respondía a que en la fecha en que se produce la nefrectomía de este, la trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos no estaba tipificada. En el debate la situación jurídica de [Nombre13 059] se recrudeció aún más cuando el Ministerio Público solicitó que, para su declaración, se le designara abogado defensor, dado que varios ofendidos habían señalado su participación delictiva en los hechos, acordando el tribunal fijarle tal beneficio. El tribunal atribuye a [Nombre13 059] acciones que se equiparan a las de [Nombre13 014], la que contaba con un criterio de oportunidad, situación que no alcanzó a [Nombre13 059], sin que éste haya podido ejercer el derecho de defensa en cuanto a los hechos que le atribuye el tribunal, órgano que en el fallo de mérito afirma que [Nombre13 059] fue el primer reclutador de [Nombre13 072] y que luego lo fue [Nombre13 014], así como que también que él contacta a las personas con Nombre20 y este a su vez con [Nombre13 072]. A folio  277 se afirma: “[…] y además porque el propio [Nombre13 059], testigo de la defensa es claro en indicar cómo es que [Nombre13 014] conoce a [Nombre13 072] y a Nombre01, y acá no sólo para lo que toca a [Nombre13 014] sino a [Nombre13 007] y a [Nombre 017] es muy importante contrastar lo que dijo [Nombre13 059], de primera mano, en su denuncia con lo que vino a narrar en debate, esto porque a criterio del Tribunal la declaración de [Nombre13 059] fue sumamente complaciente por no decir mentirosa en aspectos medulares tales como si había mediado dinero tanto en la nefrectomía que a él se le había practicado como en la que se había practicado a sus conocidos, y esto tiene sus razones de ser, una, que si fue claro en indicar en ambos supuestos, que Nombre01 es su amigo, es más en su denuncia fue más explícito que en debate en narrar los beneficios de esa amistad cuando dijo: “Nombre14 siempre me ha ayudado en favores de dinero y si paso con mi familia pido lo que quiera”, y la otra el temor a involucrarse él mismo con los hechos, porque de acuerdo a lo narrado por [Nombre13 014], [Nombre13 007] y [Nombre13 017], el fungió como reclutador para llevar estas personas hasta Nombre01 y [Nombre13 072], con lo cual es entendible aunque no correcto que mintiese en debate, al ver que su amigo, el que siempre lo ayuda económicamente figuraba como acusado y que si el reconocía que en las nefrectomías había dinero de por medio lo podía perjudicar e incluso perjudicarse el mismo”. A folios 284 y 285 también señala el tribunal: “Por lo pronto seguiremos ahora analizando los casos de [Nombre13 007] y [Nombre13 017], en los cuales no tiene participación alguna [Nombre13 014], como reclutadora, sino [Nombre13 059], aunque evidentemente y por los motivos que ya fueron analizados a lo más que llega es a decir que supo que [Nombre13 007] se había operado y que antes por su hijo se había enterado que estaba en mala situación económica y que había ido a hablar con el doctor [Nombre13 072] …/…En ese sentido [Nombre13 007] en su denuncia refirió: “[Nombre13 059] había hecho una donación de un riñón y le habían dado una platita y él sabía las necesidades que yo estaba pasando, y me dijo que había una persona que buscaba gente para operarse, me dijo que fuera donde don Nombre14 y que me comunicaban con el doctor para poderme operar y fui donde don Nombre14 y luego con el doctor y me hicieron los exámenes y en diciembre me operaron, me dieron dinero pero yo no conozco quién me dio el dinero pero no fue ese señor de la pizzería sino otro muchacho que yo no conozco el Nombre13 y que tenía acento igual que él.”, por su parte en debate indicó: “[Nombre13 059] era padrastro de mi hijo mayor por eso lo conocí, (… ), no me recuerdo cuanto tiempo atrás él se había operado, ya estaba un poco recuperado, me dijo que habían unas personas que estaban dando un dinero a las personas que económicamente estaban mal para ayudarse…/… “A [Nombre13 059] lo conocí por mi hermano [Nombre13 007] (… ) [Nombre 059] me pidió el número de teléfono y nos vimos en el Calderón y comenzamos a hablar del asunto de la operación, [Nombre13 059] se había hecho una operación y me dijo que era un cirujano muy bueno y que no tuviera miedo de nada, él me enseñó la cirugía y como yo estaba mal de dinero me animé a preguntarle que se podía hacer para que yo me la pudiera hacer …/…”. Dice la defensora que, por ello, la sentencia vulnera lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política y el artículo 8 del  Pacto de San José, por cuanto atribuye hechos delictivos a [Nombre13 059] como reclutador en el delito de trata de personas, sin que fuera indagado ni se le haya otorgado las posibilidades para defenderse. Estima la impugnante que puede reclamar lo anterior pues, siguiendo la tesis del tribunal, tratándose de los reclutamientos de [Nombre13 014], [Nombre13 007] y [Nombre13 017], por la acción de [Nombre 059] cabe condenar a [Nombre13 072], lo que es evidentemente ilegal. La sentencia reprocha a [Nombre13 072] la captación de personas de bajos recursos para que se sometan a la extracción ilícita de su riñón, por lo que la acción de reclutamiento implicaría el conocimiento, como elemento típico, sobre las dificultades económicas del sujeto pasivo, conocimiento que si bien es de la esfera únicamente del reclutador, se tiene por trasmitido ilegítimamente (según considera la defensora) a [Nombre13 072]. Por ello, no es baladí la condición de [Nombre13 059] en la sentencia, toda vez que la atribución delictiva que se le realiza se trasmite a su representado, reprochándosela. Ello aunado a que [Nombre13 059] en el proceso nunca fue señalado como imputado, siendo que no es hasta el debate que se le tuvo como testigo sospechoso, pues en la acusación nunca se indicó quién reclutó a [Nombre13 014], [Nombre13 007] y [Nombre13 017], a pesar de que en sus denuncias estos sí habían indicado cual era la participación de [Nombre13 059]. Por lo dicho, solicita anular la sentencia, ya que “aunque si bien la participación como reclutador de [Nombre13 059] no se refiere a todos los hechos, su participación en el proceso es básica, debiéndose anular todos los estadios de éste que se conculcaron y reponerlos conforme a derecho, instituyendo un proceso en el que no se vulneren las garantías otorgadas en beneficio de mi representado”. No le asiste razón a la defensa . Aún admitiendo que [Nombre13 059] primero fue víctima de [Nombre13 072]; que luego fungió como reclutador y que el Ministerio Público no ha definido su situación en ninguno de esos roles (pues no lo incluye dentro de las víctimas cuya trata se acusa, no le imputa como intermediario, ni ha negociado con él un criterio de oportunidad -partiendo de ese escenario donde figura como reclutador-), se tiene que, con ello, no se ha lesionado su derecho de defensa en los términos que apunta la recurrente. Véase que, en primer lugar, el tribunal de mérito no trató a [Nombre13 059] como un simple testigo, sino que le asignó un defensor para que lo asesorase. Dicho en otras palabras, le garantizó todos los derechos que le corresponden a cualquier imputado, de ahí que sea impropio entender que se vulneró el derecho de defensa de éste cuando se le recibió declaración. Además, si [Nombre13 059] declaró en el juicio no fue porque tuviese un convenio con el órgano requirente que pretendiese cumplir para evitar una persecución penal en su contra, sino porque, a pesar de no tenerlo y de ser sospechoso en relación con algunos hechos investigados (lo que le expone a una eventual persecución penal), de forma libre e informada decidió narrar lo sucedido. Por lo anterior, esta cámara entiende que ninguna irregularidad ha cometido el a quo al evacuar y analizar la narración de [Nombre13 059]. En segundo lugar, véase que en la sentencia se analizó con detenimiento dicho relato, estableciéndose cómo [Nombre13 059] trató, sin éxito, de hacer creer que tanto él -hecho éste que no fue acusado-, como las víctimas con las que él contactó, entregaron su riñón por altruismo, lo cual fue fácilmente descartado a través de los testimonios de los mismos agraviados (f. 4987 y siguientes). Asimismo, es falso que el tribunal haya afincado la responsabilidad de [Nombre13 072] en hechos que (dice la recurrente) se han tenido por demostrados de forma irregular y que vinculan a [Nombre13 059]. Con claridad se acusó y demostró que el médico, de común acuerdo con Nombre14, facilitó y promovió el traslado de [Nombre13 014], [Nombre13 007] y [Nombre13 017] desde sus domicilios y hasta distintos centros médicos para que se hicieran procediesen a hacer exámenes preoperatorios y luego someterlos a una cirugía de extracción de riñón (al punto que es el mismo [Nombre13 072], según se explicó en anteriores considerandos, quien entre otras cuestiones, disponía el ingreso de estas personas a la clínica para que se diese la operación, f. 4989 frente y siguientes), siendo intrascendente (al menos para lo que a la responsabilidad de los justiciables [Nombre13 072] o Nombre01 respecta, que por ejemplo, en algunos desplazamientos, figurase [Nombre13 059] por orden de Nombre20 (f. 4991 vuelto), ya que es notorio que los traslados se enmarcan en el plan común que venían desarrollando los endilgados, sobre todo [Nombre13 072], quien en su condición de nefrólogo era el líder de la operación irregular y el único que podía coordinar la extracción del riñón (en la fecha y lugar que él indicase) como su trasplante al cuerpo del receptor. Siempre en este orden de ideas, obvia la recurrente (por no ser favorable a sus intereses) que todas las víctimas declararon en el debate. En lo que aquí interesa, [Nombre13 014], [Nombre13 007] y [Nombre 017] (cfr. folios [Valor 001]) rindieron testimonios que el tribunal de instancia, con acierto, estimó plenamente confiables y que dan cuenta del papel que desempeñaba [Nombre13 072] en estos hechos, de ahí que sea por completo carente de sentido sugerir (como lo hace la defensa ignorando esa prueba) que de haberse imputado a [Nombre13 059] (quien, se insiste, recibió en la etapa de debate el trato correspondiente a un imputado, con lo cual el argumento también es impropio) no se habría podido establecer la responsabilidad de su defendido. Finalmente, en cuanto al conocimiento que (dice la defensa) tenía [Nombre13 059] sobre las limitaciones económicas de las víctimas y su comunicabilidad al justiciable [Nombre13 072], es suficiente con indicar que en la sentencia se descarta de forma expresa que este endilgado o Nombre01 se hayan aprovechado del estado de vulnerabilidad (en este caso económica) en que se encontraban los donantes para obtener su aquiescencia, con lo cual lo reclamado en ese sentido, además de apoyarse en una premisa falsa, es inconducente a efectos de demostrar un vicio en la resolución que obligue a declarar su nulidad. Por lo dicho, se rechaza el alegato.VII.- Sexto motivo. Ilegalidad del criterio de oportunidad. Inobservancia del art. 22 del Código Procesal Penal, por cuanto la beneficiaria del criterio de oportunidad no tiene un menor reproche. También se incumplió el procedimiento para su otorgamiento. Para la recurrente el tribunal, en su pronunciamiento sobre la cuestionada legalidad del criterio de oportunidad otorgado a [Nombre13 014], ha incurrido en varios vicios. A) No hay un análisis de la prueba en cuanto a contra del mayor reproche de [Nombre13 014]. Dice la apelante que con la prueba evacuada en el juicio demostró cómo [Nombre13 014] tenía un mayor reproche en los hechos enjuiciados. Al rechazar este argumento por ella expuesto, el tribunal omite analizar esa prueba. Constaba en el expediente que [Nombre13 014] era amiga y/o pariente de todos de los afectados gestionados por ella, por lo que no es cierto que fuera una persona sustituible en la organización. [Nombre13 014] tenía la confianza de todos ellos; es la que los convence de realizarse la nefrectomía y de que esta operación no implicaba graves riesgos para la salud; la que realiza los ofrecimientos de dinero y conocía la condición social de los donantes; era la única persona que tenía control y comunicación con todos los que figuran como ofendidos. Ella “maneja a su antojo” a los supuestos ofendidos, hecho que se reproduce en los informes psicológicos y sociales de [Nombre13 034] y [Nombre13 038], en los que claramente se determina cómo [Nombre13 014], a fin de obtener su criterio de oportunidad, los llama y les pide que la ayuden, yendo a declarar en contra de [Nombre13 072]. Quedó acreditado que [Nombre13 014], aún estando en prisión, tenía la capacidad de manipular a los ofendidos, haciéndolos comparecer a un proceso en el que ellos se habían negado a participar hasta esa fecha. Con el fin de que [Nombre13 014] pudiera obtener su criterio de oportunidad, comparecen a denunciar, a pedido de ella, [Nombre13 034]; [Nombre 038]; [Nombre 028]; [Nombre 057]; [Nombre 001] (quien amplía su denuncia involucrando a [Nombre13 072] en el ofrecimiento de dinero, el mismo día que le otorgan a [Nombre13 014] el  criterio de oportunidad), y finalmente [Nombre13 036].  En total seis de los ofendidos presentan su denuncia en contra de [Nombre 072] en momentos previos a que sea otorgado el criterio de oportunidad de [Nombre13 014], demostrándose claramente la influencia que ella podía ejercer, aún estando en prisión. Esta influencia no la tenía [Nombre13 072], “al que presionaban para llevar a cabo el trasplante como dijo [Nombre13 014] respecto de [Nombre13 053] y hasta coaccionaban los donantes para exigir el pago del dinero como sucedió en el caso de [Nombre13 038], según su propio dicho y el dicho de [Nombre13 014]”. Para que no se pretenda victimizar a [Nombre13 014], véase que existe prueba contundente de que ésta nunca se encontró ni en condiciones de vulnerabilidad, ni en dificultades económicas, como lo pretende el tribunal, por cuanto como indicó el dictamen social forense N° 13-11-160-AE-TS realizado a dicha oficial de la policía, la misma tenía varias fuentes de ingreso, que no solo le servían para cubrir sus necesidades básicas sino que muchas de ellas estaban destinadas a cubrir “consumo suntuario o de estatus”. También [Nombre13 014], en su declaración, reconoció que cobraba como captadora la cantidad de 2.000 dólares (americanos) por donante. Sin embargo, el doctor [Nombre13 072], según el dicho de la propia [Nombre 014], cobraba por cada trasplante un millón y medio de colones, cantidad muy similar a la que dijo percibir [Nombre13 014], a pesar de que éste tiene un desempeño profesional, en el trasplante, mucho más complejo, por cuanto se encargaba de las pruebas médicas de idoneidad y de compatibilidad del donante y del receptor; se encargaba de gestionar la nefrectomía; coordinaba los equipos y se responsabilizaba en el centro médico de la condición pre y post operatoria de ambos pacientes.  Por su remuneración económica y por la propia tesis de [Nombre13 014], se puede concluir que no es cierto que ella tuviera una participación menor en los hechos. Además, ella contactó a la primera de las receptoras, cuyo donante también gestionó. Reconoció cómo contactó a la receptora de [Nombre 028], consiguiendo que Nombre22, amiga de la receptora de riñón de [Nombre 014], señora Nombre23, viniera a nuestro país. También [Nombre13 014] indicó en el debate que se había comunicado con médicos en Estados Unidos a los que les había pasado un presupuesto para servir de contacto entre receptores y donadores. Era [Nombre13 014] quien llamaba a [Nombre13 072] ofreciéndole donadores y cobraba una comisión por cada uno de ellos, lo que se desprende de la prueba pericial y de su propio dicho. Evidentemente no se puede decir que [Nombre13 072] fue el cabecilla y a la vez que permitiera que [Nombre13 014], que solo captaba, cobrara mucho más que él. Así, no existe por parte del a quo una debida valoración de la prueba “opuesta a la legalidad de este criterio de oportunidad” y no cabe pretender (como afirma el tribunal) que la jurisprudencia haya llegado a un consenso sobre que el único que no puede someterse a este criterio sea el “cabecilla”, por cuanto ese criterio sería contra legem. El art. 22 del Código Procesal Penal establece que el reproche debe ser menor, por lo que no puede ser beneficiario aquel que tiene un reproche igual o mayor, pero no basta identificar al cabecilla para pretender revalidar el criterio de oportunidad. Así lo expresa con claridad absoluta la resolución N° 579-2017, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José. B) No existe fundamento relativo “al exceso del criterio de oportunidad sobre la ampliación de la acusación y la responsabilidad civil de [Nombre13 014]”. La defensa reclamó que existía un vicio en el consentimiento de [Nombre13 014], pues debido a la ampliación de la acusación sobre el delito de lesiones, ésta no había sido advertida y sin embargo su declaración podría tener efectos graves sobre su responsabilidad. Tampoco había sido advertida de que su declaración en debate podía repararle responsabilidad civil sobre los hechos, por cuanto el criterio de oportunidad no resolvía ésta, situaciones que evidenciaban la nulidad del criterio de oportunidad y la imposibilidad de que [Nombre13 014] hubiese prestado declaración en el debate. A pesar de lo anterior, el tribunal de mérito omite mencionar el tema y no resuelve el alegato formulado, causándole un perjuicio a la parte. Esta situación se “recrudece” en la defensa de la acción civil, en la que considerando autora del delito a [Nombre13 014] respecto de los hechos relativos a [Nombre13 053] y [Nombre13 047], por los que [Nombre13 072] fue condenado civilmente, en atención a lo que establece el art. 135 de las “Normas Vigentes” (sic) y primando el principio de solidaridad y de distribución de la responsabilidad conforme a la participación, debió el tribunal determinar la cuota de participación que le correspondía a [Nombre13 014]. C) No existe una debida valoración sobre los defectos en el otorgamiento (del criterio). Para la defensa ha existido una inobservancia de ley en la aprobación del criterio de oportunidad, por varias razones. Primero, porque el juzgador al que se le sometió el criterio de oportunidad, no era el de la audiencia preliminar, situación que no es una mera cuestión de trámite, como pretende hacerlo ver el tribunal. El art. 22 del C.P.P. Penal nos indica cuál es el juez competente para el otorgamiento, y este es el juez de la etapa intermedia, en la audiencia preliminar, como puede verse de lo establecido también en los artículos 317 y 391 del mismo código. Lo cierto es que el juez penal al que se le puso en conocimiento el expediente, que no fue el de la audiencia preliminar, no tenía la información necesaria para verificar el cumplimiento de las condiciones de otorgamiento real del criterio de oportunidad, por lo que resuelve sin tener a la vista ni una sola de las pruebas, y dicta su resolución basado únicamente en las manifestaciones del Ministerio Público. Ello por cuanto, como se ve en el expediente, para el otorgamiento de este criterio de oportunidad se abrió un expediente con numeración diferente (el 13-363-1219-TP), sustrayendo no solo al resto de los imputados de la decisión del Ministerio Público, sino que además se sustrajo al juez que conoció esta solicitud del contenido probatorio necesario para poder evaluar si se cumplían los requisitos de legalidad, y específicamente la “condición de participación” de [Nombre13 014] respecto a los demás imputados. La nulidad del criterio de oportunidad tiene definitiva importancia para la defensa, pues sustraída la declaración de [Nombre13 014] queda vacío el reproche de responsabilidad penal que se realiza en la sentencia. Por lo dicho, solicita se anule el criterio de oportunidad así como la sentencia apelada que analizó esta prueba ilegal, y se ordene la realización de un nuevo juicio. Los reclamos se declaran sin lugar. Lo primero que hay que apuntar es que ni la recurrente demuestra, ni esta cámara aprecia, cuál es la esencialidad que tiene el testimonio de [Nombre13 014] en la sentencia, sobre todo considerando que todos y cada uno de los ofendidos rindieron declaración en el debate, estableciendo con claridad cuál fue el papel que desempeñó [Nombre13 072] en la trama criminal. Ahora, no obstante lo anterior, también es oportuno agregar que a la quejosa no le asiste razón en sus alegatos. En primer término, el tribunal de mérito examinó los reclamos formulados en relación con el criterio de oportunidad otorgado a [Nombre13 014], desechándolos, con una serie de argumentos que conviene transcribir: “Por otro lado, también se planteó actividad procesal defectuosa en relación con el criterio de oportunidad que le fue otorgado a [Nombre13 014], indicándose por parte de la Lic. Amalia Sánchez de León que el mismo es nulo por haberse inobservado los requisitos del artículo 22 del Código Procesal Penal, dado que [Nombre13 014] no está en una condición de menor reproche que la atribuida a su representado, que la reprochabilidad no es un tema de número sino de contenido, que el criterio de oportunidad no le alcanza respecto al delito de lesiones que luego fue acusado y finalmente que el juez que lo otorgó no era el competente para ello; actividad procesal que es acuerpada por el Lic. José Mojica Cerda indicando que el reproche de [Nombre13 014] es mayor que el de su representado porque a ella se le vincula con once ofendidos y a su representado con tres. Tal actividad procesal defectuosa como la denominó el Lic. Mojica, o nulidad como la denominó la Lic. Sánchez de León, fue planteada al inicio del debate y se reservó para ser resuelta en sentencia porque implicaba la valoración de la prueba, sobre todo en cuanto a determinar la reprochabilidad que como imputada colaboradora le cabe a [Nombre13 014] en relación con la reprochabilidad de [Nombre13 072] y Nombre01, por ser este uno de los requisitos de validez del mismo conforme lo dispone el art. 22 inc. b) del Código Procesal Penal. Ahora bien, como antes de analizar este punto también se ha cuestionado que el juez que aprobó dicho criterio era incompetente, debe decirse que no lleva razón la defensa en cuanto a que el juez competente para aprobar un criterio de oportunidad es exclusivamente el juez de la audiencia preliminar, efectivamente el art. 317 del Código Procesal Penal indica que tal solicitud podrá presentarse en dicha etapa, sin embargo lo dispone de manera facultativa y no ordenatoria, además la jurisprudencia ha sido pacífica en que ante quién debe presentarse la solicitud es ante el juez penal sin hacer distinción de etapas (preparatoria e intermedia), y que lo puede ser sujeto a posterior revisión sea por parte del tribunal de juicio, apelación de sentencia o casación es precisamente el nivel de reprochabilidad del imputado colaborador en relación con los demás miembros del grupo delictivo, siendo que mediante el voto Nº 1030 del 27 de junio del 2014 la Sala Tercera de la Corte unificó los precedentes jurisprudenciales en relación con la aplicación del testigo de la corona, para establecer que el único que no puede ser objeto de la aplicación de un criterio de oportunidad es la persona que figure como “cabecilla de la organización” o tenga el mayor reproche dentro de los hechos que se acusan, e incluso tal voto refiere la validez de considerar la declaración de dicho imputado respecto de otro que tenga una participación igual o inferior, específicamente el voto indica: “Esta –la acción penal-, se refiere a la potestad del Ministerio Público de perseguir la comisión del hecho delictivo en la persona del imputado, en tanto el grado de reproche es un tema propio de la culpabilidad, siendo que a cada autor o partícipe se le sancionará de acuerdo con los hechos que se tuvieron por probados en su contra, en forma proporcional. Aclarado lo anterior, procede entonces determinar si, en aquellos casos en que el testigo de la corona pudiera ser objeto, por su actuar delictivo, de un grado de reproche mayor a alguno o algunos de los autores o partícipes del hecho, su declaración puede ser valorada por el Tribunal en contra de estos autores o partícipes. A criterio de esta Sala, no existe en la legislación límite alguno que determine que la declaración del testigo de la corona pueda ser valorada con respecto a los coimputados cuyas acciones hayan sido de mayor o menor reproche. Véase que el inciso b.) del artículo 22 señala lo siguiente: “… b) Se trate de asuntos de delincuencia organizada, criminalidad violenta, delitos graves o de tramitación compleja y el imputado colabore eficazmente con la investigación, brinde información esencial para evitar que continúe el delito o que se perpetren otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, siempre que la conducta del colaborador sea menos reprochable que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita...”. La norma, lo que pretende, es que no se fomente la impunidad para aquellos acusados que, pese a la alta reprochabilidad de su actuar delictivo, pretendan evitar una sanción penal cooperando con el Ministerio Público, mas no implica ello que su declaración no pueda abarcar todos los aspectos y detalles de los hechos que se investigan, incluyendo las acciones de aquellos imputados cuyas acciones fueran menos reprochables que la propia. Así, puede ser testigo de la corona el coautor con un grado de reproche menor al de otros coautores (como lo es [Nombre13 017] en este caso, según los hechos probados citados), pero no puede serlo, por ejemplo, el cabecilla de la organización cuando su grado de reproche es el más alto en relación con los demás autores, dados los hechos que cometió, pues ello fomentaría la impunidad. Debe tenerse presente que, la voluntad del legislador, al momento de crear la norma del artículo 22, fue darle al Ministerio Público un medio probatorio que facilitara la investigación en casos de suma gravedad y complejidad, al tiempo que, a aquel acusado, que tras la comisión del hecho delictivo, decida cooperar con la Administración de Justicia, otorgarle un beneficio en su favor, sea la disminución de la pena o la ausencia de ella. Al interpretar la frase “…siempre que la conducta del colaborador sea menos reprochable que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita…”, carece de lógica suponer que el ente fiscal –dentro de los límites del inciso b.) ya señalados-, pueda solo negociar con el partícipe cuya reprochabilidad sea la más exigua dentro del grupo que actuó en la comisión del delito, pues probablemente esta persona tendrá muy poca o ninguna información sobre aspectos esenciales de la investigación (dominio del hecho, por ejemplo). Tendría el Ministerio Público que dejar de lado la voluntad de cooperar de algún otro imputado cuyo grado de reproche sea superior al de algunos de los actores, pero notoriamente menor al de otros, y que posea información valiosa para resolver el caso y sentar la responsabilidad penal. Además, el principio de libertad probatoria permite a la parte interesada, aportar la prueba prudente para sustentar su teoría del caso y, una vez aplicado el criterio de oportunidad, el dicho del testigo de la corona es prueba legítima. Aunado a ello, el Tribunal debe valorar esta declaración, como cualquier otra, con vista en el resto de las pruebas aportadas, tanto de cargo como de descargo, de lo que resultará un criterio judicial acorde a la situación de cada imputado. Así, no existe límite jurídico alguno que prevea que el testigo de la corona deba restringir su declaración a aquellos hechos cometidos sólo por los imputados que merecen mayor reproche, ni que el Tribunal, de primera mano y sin análisis previo, deba obviar para el dictado de la sentencia, lo pertinente a los acusados cuyo reproche pueda ser menor al del testigo de la corona.” (Lo subrayado y resaltado corresponde al original) Vemos entonces que acorde al criterio de la Sala Tercera quedarían zanjados los cuestionamientos hechos al criterio de oportunidad concedido a [Nombre13 014], no sólo respecto a la reprochabilidad que le atañe respecto a [Nombre13 072] –a quién el tribunal considera el líder del grupo delictivo- sino también respecto a la reprochabilidad que le atañe a Nombre01, pero debe hacer énfasis el Tribunal en que en ninguno de los casos, ni siquiera en éste último la reprochabilidad de [Nombre13 014] es superior, puesto que efectivamente no es un aspecto cuantitativo sino cualitativo. En el caso del encartado [Nombre13 072] es evidente que su grado de reproche es mucho mayor que el que le sería atribuible a [Nombre13 014], ya que él se prevaleció de su condición de médico nefrólogo para llevar a cabo un plan delincuencial que desarrolló a lo largo de varios años, donde por un lado y valiéndose de reclutadores como [Nombre13 059] primero y [Nombre13 014] luego, y de mediadores como Nombre01, conseguía personas con carencias económicas o dificultades económicas que estuvieran dispuestas a ceder uno de sus riñones a cambio de dinero, y por otro lado dada su condición profesional, era contactado o contactaba con personas extranjeras que requerían de un trasplante renal para poder seguir con vida y que por ello estaban dispuestas a pagar elevadas sumas de dinero a cambio de recibir tal órgano, así para llevar a cabo los trasplantes primero hacía que las personas que iban a ceder su riñón se desplazaran a diferentes centros médicos y laboratorios clínicos a hacerse pruebas de compatibilidad y funcionamiento de sus riñones, y una vez que se determinaba su aptitud para dar su riñón, coordinaba lo pertinente para que éstas personas por un lado y los receptores por otro fueran ingresados a un hospital privado donde se llevaba a cabo el trasplante del órgano, para lo cual también se encargaba de buscar el equipo médico y luego era él, quién daba el seguimiento médico tanto a los receptores como a quienes habían autorizado la nefrectomía a cambio de un monto de dinero, al punto que se ocupaba él personalmente incluso de retirar las grapas de la cirugía y de seguirles dando seguimiento, no como una manifestación de abnegación profesional sino como un astuto mecanismo para encriptar –como lo dijo una de las abogadas defensoras- todo lo que estaba pasando y así seguir teniendo el dominio completo del hecho delictivo; mientras que como ya se dijo [Nombre13 014], luego de haber sido sometida a una nefrectomía a cambio de dinero en el 2009, empezó a fungir como reclutadora a inicios del 2011, sea [Nombre 072] consigue que [Nombre13 014] pase de víctima a imputada a cambio de dinero, tan es sustituible su labor que primero la llevó a cabo [Nombre13 059] y luego la propia [Nombre13 014] reconoce que [Nombre 034] se encargó de contactar a [Nombre 057] y a [Nombre13 036] con [Nombre13 072]; se ha dicho por parte de la defensa que ella no es sustituible porque todas las víctimas son conocidos de ella, y sí, para conseguir a esas específicas personas que cedieron su riñón ella fue necesaria pero eso no implica que no se pudiera sustituir y que otra persona hiciera lo mismo que ella en su entorno, porque precisamente eso era lo que buscaban primero [Nombre13 072] y Nombre01, y luego solo [Nombre 072], personas que fungieran como reclutadores dentro de un círculo de amigos y/o familiares, y ese fue el papel de [Nombre13 014] con lo cual queda claro que el grado de reproche respecto de [Nombre13 072] es mucho menor; por otro lado respecto de Nombre01 no debe perderse de vista como ya se dijo, que [Nombre13 014] antes de ser imputada fue víctima, y que los casos donde se le atribuye co-dominio funcional del hecho a Nombre01 es donde figuran como ofendidos [Nombre13 014], [Nombre13 007] y [Nombre13 017], sea que lo que [Nombre13 014] refiere de Nombre01 lo sitúa espacio-temporalmente cuando ella fue víctima y no imputada, [Nombre13 014] no hace referencia alguna a los casos de los hermanos [Nombre 007] y [Nombre13 017] ya que a estos quién los lleva donde Nombre01 es [Nombre 059], y cuando [Nombre13 014] inicia su relato incriminatorio ya Nombre01 no participa más en el grupo delictivo, porque según el dicho de la propia [Nombre13 014], [Nombre13 072] no quiere trabajar más con Nombre14 como intermediario y por eso le ofrece dinero a ella para que busque potenciales donadores, así las cosas del análisis de lo declarado por [Nombre13 014] en cuanto a los hechos en su perjuicio, y de las declaraciones de [Nombre13 007], [Nombre13 017] y [Nombre13 059] se desprende que la reprochabilidad de Nombre01 no es inferior a la de [Nombre13 014] pues en esos casos fungía como intermediario de toda la negociación, al punto que era quién se encargaba del pago a los ofendidos, cosa que nunca llevo a cabo [Nombre13 014] sino que una vez que Nombre01 sale de escena por así decirlo, el pago a los ofendidos lo asume [Nombre13 072]; así con base en lo expuesto se determina que el criterio de oportunidad concedido a [Nombre13 014] es válido y que aun suprimiéndolo hipotéticamente la responsabilidad penal de Nombre01 se sustentaría con las declaraciones de [Nombre13 059], [Nombre13 007], [Nombre13 017], [Nombre13 023] y lo dicho por [Nombre13 014] en cuanto a los hechos en los que ella fue víctima.” (f. 4855 vuelto y siguientes, la transcripción es literal). En cuanto al juicio de reproche que cabe hacer a [Nombre13 014] como sustento del criterio de oportunidad que le fue otorgado, lleva razón el tribunal de mérito, pues es innegable que era [Nombre13 072] quien, en su condición de nefrólogo, controlaba la operación criminal. Era él quien, en tal carácter, trataba con las personas extranjeras que requerían trasplantes renales y estaban dispuestas a pagar elevadas sumas de dinero, y quien a través de otras personas que fungían como captadores, conseguía personas que estuviesen dispuestas a desprenderse de dicho órgano a cambio de una suma de dinero que (como reconoce la defensora de [Nombre13 072]) era suministrada por los receptores al galeno, para que llegase a manos de aquellaos. Para este tribunal de apelación de sentencia, es simplemente impropio sostener (como lo hace la defensa) que la conducta de [Nombre13 014] es tanto o más reprochable que la de [Nombre13 072], conclusión a la que llega dejando de lado que era éel, como galeno, quien coordinaba toda la operación. Él era el nefrólogo, el que establecía el cómo y el cuándo de las extracciones y los trasplantes; quien ordenaba los exámenes a las víctimas y hacía los estudios de compatibilidad entre estos y los receptores; quien coordinaba el ingreso de aquellos al hospital; buscaba el equipo médico que hacía las intervenciones; daba seguimiento a los agraviados tras la extracción de sus órganos y, claro está, controlaba el tema financiero (trasladando las sumas de dinero correspondientes a los profesionales que intervenían en las cirugías y a las víctimas mismas, sea de forma directa o por interpósitas personas), logrando de esta manera controlar todo cuanto estaba sucediendo. Igualmente (y contrario a lo que afirma la abogada defensora de forma subjetiva, sesgada y parcializada) es incuestionable que el papel de [Nombre13 014] en la organización era sustituible, lo que cuestión que se evidencia desde que en algunos casos (incluido el de la misma [Nombre13 014]) el captador era otra persona y desde que bastó que [Nombre13 072] lo decidiese así, para que Nombre20 fuese apartado de la operación y entrase [Nombre13 014]. Por otra parte, dice la defensora que el juez competente para resolver sobre el criterio de oportunidad era el de la etapa intermedia y no otro (sin que concrete cuál fue el que conoció el tema), y que éste no contó con toda la información para valorar el reproche que cabía hacer a [Nombre13 014]. En cuanto a esto, el numeral 22 del C.P.P. lo que refiere es únicamente que la solicitud debe formularse según el trámite establecido para la conclusión del procedimiento preparatorio, desconociéndose por qué la recurrente sostiene que el tribunal que conoció la gestión de la fiscalía (y que era un juez penal) carecía de competencia para resolver. Además, el numeral 24 del C.P.P. también es claro en cuanto que los criterios de oportunidad podrán solicitarse hasta antes de que se formule la acusación del Ministerio Público, con lo cual sería absurdo pretender que el órgano requirente, desconociendo ese texto legal, postergue su solicitud hasta la audiencia preliminar, como igualmente absurdo es exigir que el órgano jurisdiccional postergue su decisión hasta ese momento procesal, dejando de lado que la investigación misma y los resultados de esta (que suelen expresarse en los requerimientos conclusivos de la etapa preparatoria) puede llegar a depender de la información que pueda suministrar el colaborador. Como si todo lo anterior no bastase, nótese que incluso admitiendo hipotéticamente la tesis que plantea la defensa (y se subraya lo hipotético de la situación), en el sentido de que no fue un juez de la etapa intermedia quien decidió sobre el tema, se tiene que lo acordado ha sido revisado por el tribunal de juicio, quien concluyó (con acierto, según determina esta cámara de apelación) que el reproche que cabe hacer a la testigo que actúa como colaboradora es claramente menor que el que corresponde hacer a [Nombre13 072]. En este punto, conviene aludir a una resolución de este despacho, con distinta integración (Vargas González, Porras Villalta y, Salazar Murillo), donde extensamente se explica por qué el juez penal, el tribunal de instancia, el de apelación y la misma Sala Tercera, son competentes para verificar el cumplimiento de los requisitos legales contemplados para aplicar un criterio de oportunidad, con lo cual no podría invocarse una nulidad sólo porque se omitió efectuar ese trámite, o porque se realizó de forma incorrecta, esto en tanto ese vicio (de llegar a existir) puede enmendarse en otras etapas del proceso, sin retrotraer el mismo. Así, en la resolución N° 2015-1620 de las 16:10 horas del 2 de diciembre de 2015, se señaló lo siguiente: “

Competencia del tribunal de juicio para verificar el cumplimiento de los requisitos legales contemplados para aplicar un criterio de oportunidad. Por mayoría y mediante resolución de las 13:30 horas del 2 de septiembre de 2010 (cfr. folios 13.676 a 13.736 vuelto del tomo XXVIII), el tribunal de juicio se negó a conocer las protestas formuladas en contra del criterio de oportunidad aplicado, sobre su “procedencia o improcedencia” y los posibles “aciertos o desaciertos” de la resolución autorizante emitida por la jueza penal. […] Las juezas que suscriben el voto de mayoría hacen un esfuerzo por deslindar la declaración que rindió [Nombre13 064] en el debate, del trámite seguido para aplicar un criterio de oportunidad a favor del mismo, sin embargo, es notorio que si este imputado colaboró fue con el propósito de cumplir el pacto que había hecho con el Ministerio Público. La expectativa de obtener impunidad en relación con una serie de hechos delictivos que, al menos en principio, podían serle atribuidos, es lo que incentivó a [Nombre13 064] a colaborar, renunciando a su derecho de no declarar contra sí mismo (artículo 36 de la Constitución Política) y al mismo estado de inocencia que lo protege (art. 39 de la Constitución). Por tanto, hablamos de actos procesales asociados intrínsecamente, donde la realización y, claro está, la legitimidad de uno (el testimonio, término usado en sentido atécnico pues no se ofrece bajo juramento) está condicionada por la legalidad del otro (el convenio). No se desconoce que la declaración de [Nombre13 064], como prueba, se produjo en el debate, sin embargo, esto en modo alguno modifica la conclusión antes expuesta, ya que si aquella tuvo lugar fue precisamente porque así se contempló en la negociación, de la cual se origina y deriva. Aclarado lo anterior, corresponde hacer algunas reflexiones generales sobre los principios que sustentan nuestro proceso penal y que son indispensables para establecer los alcances del control jurisdiccional sobre la aplicación de los criterios de oportunidad por parte del órgano requirente. Iniciamos con una obviedad, a saber, que tanto el convenio efectuado por el Ministerio Público, como la resolución que lo autorizó, son actos que están sometidos al imperio de la ley. Según el artículo 11 de la Constitución Política, todo órgano público al ser un simple depositario de la autoridad, está obligado a cumplir los deberes que el ordenamiento jurídico le impone, siendo que además solo puede actuar en la medida en que este se lo permite. El artículo 39 de la misma Constitución, señala que a nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. De ambas normas se deduce no solo el principio de legalidad en materia de delitos y penas, sino también en cuanto al procedimiento, tal y como lo recoge el Código Procesal Penal (en adelante C.P.P.) en su artículo 1, al señalar: “Nadie podrá ser condenado a una pena ni sometido a una medida de seguridad, sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo a este Código…”. Como se aprecia, hablamos de una disposición que impone el deber de respetar las formas procesales, no porque estas sean valiosas en sí mismas, sino porque están destinadas a garantizar los derechos de las partes, en particular los del imputado contra el cual se ejerce la acción penal y más específicamente, contra el cual declara el llamado “testigo de la corona”. Dice el voto de mayoría que los requisitos contemplados en el artículo 22 inciso b) del C.P.P. son tanto sustanciales como formales y que el juez penal no puede controlar el cumplimiento de los primeros. Se trata de una posición que este tribunal de apelación no comparte, porque supone un quebranto indiscutible del principio de legalidad antes mencionado. En términos generales, se pueden identificar dos modelos generales para la aplicación de los criterios de oportunidad. En uno la oportunidad es la regla, un principio rector de la persecución penal. Como señala Maier, en este modelo que se aplica p. ej., en Estados Unidos de América, se desconoce el principio de legalidad a tal punto que las bases del sistema de administración de justicia penal se verían amenazadas si se adoptara este principio aunque fuese parcialmente: “…la fuerza de esa conclusión es tan vigorosa, que el poder de selección reside en el ministerio público (también en la policía que interactúa con él en la persecución penal) y es inherente a él, como son discrecionales los actos de gobierno del Poder Ejecutivo, con fundamento en el principio constitucional de separación de los poderes; la razón práctica también es incontestable: con esa arma el ministerio público gobierna el proceso penal y su forma concreta (a través de herramientas que, de conformidad con el perseguido, le permiten variar la naturaleza del procedimiento, para abreviarlo: plea bargaining, guilty plea), y armonizar sus posibilidades de perseguir penalmente con eficiencia (número de procesos y complejidad), con los recursos personales y materiales de la administración de justicia en general, en el marco de una estrategia concreta y directa para la mejor y más eficaz aplicación de la ley.” (MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, Editores del Puerto s.r.l., 3º reimpresión de la 2º edición, 2004, p. 836). En igual sentido, Nombre24 apunta que, en este esquema, las facultades discrecionales del órgano requirente son de tal envergadura que en la práctica “…es el fiscal quien domina por completo el procedimiento. Estas facultades no se limitan a la posibilidad de desistir libremente de la acusación (prosecution), sino que también cubren un amplio espectro de actos "intermedios", por así decirlo, como es la potestad del fiscal de plantear una reducción en los cargos sobre los cuales se ha basado la acusación o que constan en el sumario policial; inclusive, el ministerio público puede conferir inmunidad, en compensación por haber colaborado con el gobierno en la investigación…”. (Nombre24. “Facultades discrecionales del ministerio público e investigación preparatorias: el principio de oportunidad.” En: MAIER, Julio (Comp.). El Ministerio Público en el proceso penal. Buenos Aires, Ad Hoc S.R.L., 1993, pp. 89-90). En los ordenamientos jurídicos donde impera el principio de discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal y no el de su obligatoriedad, no hay problema alguno para aceptar que un imputado preste colaboración a cambio de obtener ciertos beneficios o premios, por ejemplo, el no ser investigado o perseguido por ciertos hechos. Frente a este modelo, donde la discrecionalidad del órgano requirente es absoluta, encontramos otro característico de Estados que han adoptado el sistema continental europeo y en el cual, en atención al principio de legalidad, el ejercicio de la acción penal es un deber. En este contexto, prescindir de la persecución de un hecho criminal cometido por un imputado que colabora con la investigación, o suspender el ejercicio de la acción ya iniciada, no es una decisión exenta de polémica. Tanto, que mientras algunos consideran que al colaborador se le debe perseguir penalmente y solo se le puede atenuar o eximirle de la pena, para otros (y en esta posición se insertó el Código Procesal Penal costarricense) es legítimo excluir el ejercicio de la acción penal. En cuanto a la primera posición, nos señala Nombre25: “El premio al “arrepentimiento procesal”, esto es la recompensa derivada de la contra-conducta colaboradora del culpable en la investigación del hecho criminal, en abstracto, puede tener una trascendencia meramente procesal, en aquellos ordenamientos jurídicos en los que, como ocurre en los Estados de la Common Law en los que rige el principio de oportunidad en la acción penal, traduciéndose en la posibilidad de no ejercer la acción penal o incluso, ya iniciada, suspenderla. No obstante, en los Estados donde rige el sistema continental de Derecho, en el que el ejercicio de la acción penal es obligatoria, el premio a la colaboración procesal del culpable ha de sustantivizarse en la Ley penal material, mediante atenuaciones específicas de pena o incluso en exenciones de la misma, si bien tras un proceso criminal en el que se determine la culpabilidad del arrepentido.” (Nombre25, Ignacio Francisco. El "colaborador con la justicia": aspectos sustantivos, procesales y penitenciarios derivados de la conducta del "arrepentido". España, Dykinson, 2004, p.

ProQuest ebrary. Web. 10 November 2015 , p. 43). Sobre la segunda postura y, específicamente, sobre el caso costarricense, nos indica Nombre26: “De acuerdo con lo que establece la ordenanza procesal alemana (arts. l53 y ss), el Código de Procesal Penal modelo para Iberoamérica (arts. 230 y ss), el proyecto de Código Procesal argentino de l987 (art. l5) y el proyecto de Código Procesal Penal guatemalteco (art. l0), se admite en ciertos casos, claramente predeterminados, que el ente acusador, con la autorización y supervisión del órgano jurisdiccional, pueda prescindir total o parcialmente de la persecución penal. Seguirá imperando el principio de legalidad en el ejercicio de la acción penal; sin embargo, la introducción del principio de oportunidad en algunos casos claramente definidos, bajo el control jurisdiccional, permite una significativa racionalización de la persecución penal, evitando la intervención de la represión estatal en casos en que no se justifica realmente. Al igual que en el Código anterior, en el actual, el principio rector del ejercicio de la acción penal pública es el de obligatoriedad. No obstante, como novedad, el citado Código instaura el principio de oportunidad, en virtud del cual le es posible al Fiscal solicitar ante el Tribunal respectivo la suspensión o el archivo de la sumaria, si en la especie concurre alguno de los criterios legales preestablecidos. Así, el artículo 22 dispone que el representante del Ministerio Público, previa autorización del superior jerárquico, podrá solicitar que se prescinda, total o parcialmente, de la persecución penal, que se limite a alguna o varias infracciones o a alguna de las personas que participaron en el hecho …”. (Nombre26. El proceso penal en Costa Rica . San José, Corte Suprema de Justicia, 2000, s.n.p., disponible en: http://biblioteca.icap.ac.cr). En definitiva, si bien el legislador costarricense contempló el principio de obligatoriedad de la acción penal (así, art. 289 C.P.P.), también dispuso un listado taxativo de supuestos en los cuales es plausible disponer algo distinto, de ahí que se trate de una oportunidad reglada. Tratándose del inciso b) del artículo 22 del C.P.P., que contempla el caso del denominado testigo de la corona o arrepentido, la aplicación del criterio de oportunidad queda condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos: i) que el fiscal que solicita prescindir total o parcialmente de la persecución penal actúe previa autorización del superior jerárquico; ii) que se trate de un asunto de delincuencia organizada, criminalidad violenta, delitos graves o de tramitación compleja; iii) que el imputado colabore eficazmente con la investigación, brindando información esencial para evitar que continúe el delito o que se perpetren otros, para ayudar a esclarecer el hecho investigado u otros conexos, o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados; iv) que la conducta del colaborador sea menos reprochable que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita. En este asunto, el tribunal de juicio, frente a una norma diáfana como el artículo 22 del C.P.P., hace un ejercicio de interpretación innecesario, para darle un contenido que no tiene. A pesar de que la disposición no distingue entre requisitos “formales” y “sustanciales”, el a quo concluye que el control jurisdiccional solo puede versar sobre el cumplimiento de los primeros y que por ende, no corresponde examinar si la conducta del colaborador es menos reprochable que el hecho punible cuya persecución facilita. Al sostener lo anterior, también reconoce, aunque sin decirlo expresamente, que el requisito no es tal, ya que el órgano requirente puede actuar con absoluta discrecionalidad, lo que es inaceptable en un proceso penal como el nuestro, regido por el principio de legalidad y en el cual se insiste, por expresa disposición del legislador, se supedita la aplicación de cualquier criterio de oportunidad a que el juez compruebe el cumplimiento de todas las formalidades contempladas en el numeral 22 C.Nombre27. En este punto de la exposición, es indispensable diferenciar entre el principio de oportunidad reflejado en el art. 22 citado supra y los requisitos legales para su aplicación, también descritos en esa norma. Una cosa es la concesión de un ámbito de libertad al órgano requirente para que en razón de su política persecutoria, elija los asuntos en relación con los cuales estima oportuno prescindir o limitar el ejercicio de la acción penal, y otra distinta son los requerimientos que exige el art. 22 para materializar esa pretensión y dentro de los cuales se contempla, en lo que aquí interesa, el menor reproche al imputado colaborador. Controlar el estricto cumplimiento de estos es resorte del juez, lo que en modo alguno supone una invasión de las funciones otorgadas al Ministerio Público, ya que la discrecionalidad otorgada a ese órgano público es en cuanto a la selección de los casos, los imputados y los delitos con respecto a los cuales solicita la aplicación del criterio de oportunidad, siendo que sobre esta petición, deberá ser el órgano jurisdiccional el que decida , previa comprobación como ya se dijo, de la observancia de los requisitos legales -de ahí que se hable de una oportunidad reglada-. En ese contexto, carece de todo fundamento la división que hace el tribunal de mérito de los requisitos contemplados en el artículo 22 inciso b) C.P.P., ya que tanto los que denomina sustanciales o valorativos (a saber, el menor reproche que debe corresponder a la conducta del colaborador) como los que llama formales (solicitud expresa de la fiscalía previa autorización del superior jerárquico y aprobación jurisdiccional), son requisitos legales y formales (esto en la medida en que se trata de formalidades descritas en la legislación), indispensables para que proceda la aplicación del instituto y cuya verificación ha sido confiada al juez. En síntesis, hablamos de dos cuestiones diversas. Por un lado, la oportunidad -ámbito de discrecionalidad del órgano requirente en la selección de los asuntos donde solicita la aplicación de los criterios- y por otro, los requisitos que prevé el ordenamiento jurídico para que esa aplicación tenga lugar. Así como el Ministerio Público es libre para determinar cuándo es oportuno prescindir o limitar la persecución penal a cambio de obtener la colaboración de un imputado, sin que nadie, órgano público o no, le puede obligar a pactar si no lo desea, es al juez a quien le compete corroborar que en los casos seleccionados por el órgano requirente, se hayan satisfecho todos y cada uno de los requerimientos contemplados por el legislador. Aclarado lo anterior, tenemos que en este asunto, los reclamos contra el criterio de oportunidad aplicado a [Nombre13 064] no se centran en el primer aspecto -de hecho, nadie discute que la fiscalía era libre para elegir a [Nombre13 064] en detrimento de otros imputados-, sino en el segundo, entiéndase, en el cumplimiento de los requisitos para materializar esa pretensión, extremo que está sujeto a control jurisdiccional. En cuanto al órgano que debe ejercer ese control, si bien en principio debe ser el juez penal, pues la solicitud debe seguir el trámite establecido para la conclusión del procedimiento preparatorio (art. 22, último párrafo C.P.P.), nada impide que el tribunal de juicio, u otros órganos que conocen del asunto a raíz de una impugnación, asuman esa tarea. Y es que, además del examen que debe efectuar el juez penal, destinado a determinar la procedencia y aplicación del criterio, también tenemos el control que a posteriori debe ejercer el tribunal de juicio, destinado a determinar si resulta procedente recibir la declaración del arrepentido, así como el que podrían llegar a ejercer el tribunal de apelación y la propia sala de casación, con el propósito de establecer si esa declaración puede desplegar efectos jurídicos y probatorios en relación con el sujeto contra el cual se declara. Por tanto, el control efectuado por el juez penal no es excluyente de aquel que puedan hacer otros órganos jurisdiccionales, sea de oficio o a solicitud de parte. En cuanto a esto último, nótese también que el Código Procesal Penal indica que los defectos absolutos, como los relativos que no han sido convalidados (art. 177 y 178 C.P.P) deben ser saneados, labor que debe efectuarse sin retrotraer el proceso a períodos ya precluidos (art. 179 del mismo cuerpo legal), lo anterior salvo los casos expresamente previstos, por ejemplo, un reenvío ordenado en casación. De esto se extrae como regla general, que tratándose de vicios absolutos o relativos no convalidados, el operador jurídico tiene un deber de enmendar los mismos -la norma tiene carácter preceptivo- y esto lo debe hacer, salvo las excepciones también contempladas por la legislación, sin retrotraer el proceso a etapas ya superadas, lo que necesariamente implica que el reclamo contra un acto defectuoso se puede replicar en múltiples fases procedimentales. En cuanto a este mecanismo, señala Nombre28: “En lo relativo al procedimiento en el NCPP podemos decir, grosso modo, que la actividad procesal defectuosa es susceptible de ser reclamada ante el Tribunal del Procedimiento Intermedio. Es en esta etapa, donde deben resolverse todos los aspectos relativos a los asuntos no saneados en la etapa preparatoria, siempre que no se hayan convalidado por la inercia de las partes (arts. 15 y 317 inciso a. NCPP), y en caso de no encontrar respuesta positiva puede reclamar en debate dichos defectos por la vía incidental (art. 342 NCPP), y como última alternativa pueden ser invocados en casación o revisión cuando se trate de aspectos que impliquen vulneración de garantías constitucionales… En los casos que se refieren a defectos del procedimiento, se requiere como requisito de admisibilidad que la parte haya hecho protesta oportuna o haya reclamado el saneamiento, a excepción de los defectos absolutos…” (Nombre28. “La actividad procesal defectuosa.” En: Derecho procesal penal costarricense . San José, Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, Tomo II, 2007, pp. 230 y 231). La Sala Constitucional también se ha pronunciado de forma reiterada sobre la forma de control horizontal aludida antes, frente al control vertical que corresponde a la de los recursos. Por ejemplo, en la resolución Nº 1999-01550, de las 15:15 horas del 3 de marzo de 1999, al resolver una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 437 y 315, en relación con el 311, todos del C.Nombre27., en la cual se reclamaba que tales normas omitían la posibilidad de recurrir un auto que deniegue el sobreseimiento, indicó: “Inexistencia de recurso sobre la resolución que desestima incidente de nulidad… No obstante, es posible afirmar que la inexistencia del recurso de apelación respecto de una resolución que deniega un incidente de nulidad no viola ningún elemento del debido proceso. No es obligación del legislador establecer la segunda instancia para todas las resoluciones y actuaciones del proceso. La sola existencia del recurso de apelación no garantiza de por sí el cumplimiento del debido proceso. De ahí que la obligación de posibilitar una segunda instancia al imputado, desde una óptica de protección de los derechos humanos, lo sea con relación a la sentencia condenatoria, según establece el artículo 8 párrafo segundo inciso h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su parte, el artículo 437 del Código Procesal Penal lo que hace es señalar cuáles son las resoluciones apelables. Si se produce algún gravamen irreparable dicha norma posibilita el recurso de apelación pese a que se trate de una resolución que no haya sido declarada apelable en forma expresa. Si la resolución no produce un gravamen irreparable se puede proceder conforme disponen los artículos 175 y siguientes del mismo Código, esto es, se puede convalidar el vicio o puede sanearse. Además como se indicó en el considerando anterior, la inexistencia de recurso en relación con una resolución que no pone término al asunto, no conlleva lesión alguna a las garantías fundamentales de las partes, pues el asunto podrá ser replanteado en etapas posteriores y aún en casación en el caso de un fallo condenatorio. De manera que la norma impugnada no ocasiona violación alguna al debido proceso y por esa razón la acción debe rechazarse por el fondo también en cuanto a ese particular.” En síntesis, el control horizontal se deriva de la misma estructura de nuestro proceso penal. Salvo las limitaciones propias que se extraen de lo expuesto en los artículos 175 y siguientes del Código Procesal Penal (p. ej., que se trate de un vicio que ya está convalidado por cualquiera de las razones señaladas en el art. 177 C.P.P.), las partes pueden replantear los cuestionamientos en etapas posteriores y el tribunal que corresponda, según la fase procesal, estará obligado a resolver. Aunado a lo ya expuesto, tenemos que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha asumido pacíficamente que los órganos jurisdiccionales -el juez penal, el tribunal de juicio, los tribunales de apelación de sentencia penal, o inclusive ella misma- son competentes para examinar si una conducta es o no menos reprochable que otras, a efectos de determinar si un criterio de oportunidad ha sido otorgado correctamente. Por ejemplo, en la resolución Nº 2001-00737, de las 9:10 horas del 27 de julio de 2001, se indicó: “El tema medular sobre el que habrá de hacerse un juicio con miras a determinar si puede recurrirse al criterio que se comenta, es la reprochabilidad de la conducta concreta del “colaborador” en el hecho que se investiga o en el relacionado con él y su menor entidad al compararla con la de las restantes personas en cuya persecución se coopera. Yerra la defensa, entonces, al afirmar de manera genérica que el criterio de oportunidad es inaplicable a los coautores o partícipes del mismo delito que se investiga, pues la ley es clara al disponer lo contrario. En el presente caso, el Ministerio Público sostuvo la tesis –admitida por el a quo en el fallo de mérito- de que el testigo Nombre29. intervino en el hecho golpeando a un tercero al que dejó inconsciente (Nombre30.), pero al que no dio muerte; mientras que las demás personas atacaron a otros dos ofendidos hasta provocar su deceso. En esta tesitura, aunque se admitiese la interpretación del defensor (en el sentido de que Nombre31. intervino de modo activo, con dominio del hecho en los dos homicidios que materialmente ejecutaron otros sujetos), lo cierto es que nada impedía aplicar el criterio de oportunidad a su favor, pues la reprochabilidad de su conducta (que, a fin de cuentas, solo produjo una leve incapacidad en Nombre32.Nombre31.) es mucho menor que la de las acciones que se atribuyen a los demás intervinientes en los eventos, quienes sí habrían procurado en forma directa la muerte de Nombre33. y Nombre34.” . Algo similar sucede en la sentencia Nº 00795-2009, de las 14:35 horas del 16 de junio de 2009. En esta, la Sala Tercera concluyó, tanto que los hechos cometidos por el colaborador pueden ser distintos al hecho cuya persecución facilita, como que la menor reprochabilidad que corresponda a aquel es uno de los presupuestos esenciales que debe verificar el juez al aprobar la solicitud de aplicación del criterio de oportunidad: “El criterio de oportunidad basado en la cooperación que uno de los partícipes del delito suministre para perseguir a los demás (o a los de otra ilicitud más grave), constituye una forma de extinguir la acción penal respecto del colaborador, procede en casos de delincuencia organizada, criminalidad violenta (como el homicidio aquí investigado), delitos graves o de tramitación compleja y demanda otras dos condiciones esenciales: que la conducta del colaborador sea menos reprochable que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita y que los informes que proporcione satisfagan las expectativas pretendidas. Desde luego, el cooperador puede ser un partícipe del mismo delito a perseguir (procesalmente: un coimputado) o autor de otro hecho punible menos grave. El procedimiento para aplicar el criterio de oportunidad en esta hipótesis comprende la autorización del superior jerárquico del fiscal (v. gr.: el fiscal adjunto, respecto del fiscal auxiliar), quien deberá solicitar al juez de la etapa intermedia la aprobación del criterio de oportunidad. Si el juez lo admite, tras constatar la concurrencia de los presupuestos esenciales (el tipo de criminalidad, la menor reprochabilidad de la conducta del colaborador y la autorización del fiscal competente del Ministerio Público), decretará la suspensión del ejercicio de la acción penal pública, la cual se mantendrá en ese estado hasta quince días después de la firmeza de la sentencia dictada contra los demás imputados (es decir: aquellos a los que se pretende sancionar con la ayuda del colaborador), momento en el cual deberá resolverse en definitiva si se extingue la acción penal… En este asunto, el defensor cuestiona el acuerdo del tribunal, que condenó a tres de los partícipes del homicidio, de negarse a evacuar el testimonio de la imputada “colaboradora” y, más bien, ordenar su detención y calificar de ilegal el convenio de cooperación suscrito. Acerca de este punto, debe recordarse que lo sucedido se debió a las actuaciones y omisiones del Ministerio Público, el cual se limitó a suscribir el convenio pero incumplió los demás trámites que procedían (gestionar la autorización del superior jerárquico y la aprobación del juez para que declarara suspendida la persecución penal). Desde esta perspectiva, no puede formularse reparo al acto del referido tribunal de juicio de rechazar el testimonio propuesto, pues lo cierto es que tal solicitud no pretendía otra cosa sino que se recibiera como testigo (aun fuese sin juramento) a una persona que, según constaba en el expediente, era más bien una imputada a quien se le practicó indagatoria, pero cuya situación jurídica no había sido definida a través de algún pronunciamiento jurisdiccional. Como se dijo, nunca llegó a decretarse la suspensión del ejercicio de la acción penal contra Nombre35. y, de hecho, el convenio no se había sometido al examen de un juez, de suerte que el tribunal de juicio era el primer órgano jurisdiccional que tenía contacto con el tema. A pesar de lo anterior, tampoco pueden avalarse todas las actuaciones del tribunal, en cuanto significaron declarar la ilegalidad del convenio, pues habría bastado con rechazar el testimonio señalando el incumplimiento del trámite legal previsto y, sobre todo, la inexistencia de aprobación jurisdiccional, de suerte que le competía al Ministerio Público corregir las falencias en que incurrió y procurar la suspensión del juicio oral mientras gestionaba la aprobación jerárquica y judicial del convenio, a fin de que el testimonio de la “colaboradora” fuese finalmente evacuado en el debate contra los demás partícipes del delito, o bien, en caso de que le fuesen negadas esas aprobaciones, proseguir con la persecución penal de la justiciable. No es tarea del tribunal de juicio declarar la ineficacia del convenio de colaboración suscrito por una persona que se le presenta como testigo sin juramento (o, para ser más precisos, un imputado o coimputado cuya persecución se encuentra suspendida) invocando con ese fin el contenido de las pruebas evacuadas antes de escuchar el relato que haría el deponente. Lo que sí puede hacer es negarse a evacuar el testimonio si, cual ocurrió aquí, no se cumplieron los trámites legales establecidos para aplicar el criterio de oportunidad. Por otra parte, es preciso destacar que todos los problemas suscitados en esta causa y en relación con la imputada, son de exclusiva responsabilidad del Ministerio Público…”. Finalmente, en la sentencia Nº 01712-2013, de las 14:21 horas del 22 de noviembre de 2013, el órgano de casación afirmó que dicho control también debía ser efectuado por el tribunal de apelación de sentencia penal […] En resumen, […] esta cámara concluye que el tribunal, al margen de la etapa en que el procedimiento se encuentre, está obligado a verificar que se cumplan todos los requisitos contemplados en el artículo 22 del Código Procesal Penal, incluyéndose por tanto, lo relacionado con el menor reproche que debe corresponder a la conducta del imputado colaborador cuya persecución penal se prescinde. Para que el juez logre apreciar este extremo, son intrascendentes las políticas de persecución penal diseñadas por el Ministerio Público, mismas que sí adquieren relevancia a efectos de establecer por ejemplo, los casos e imputados en relación con los cuales ese órgano solicita la aplicación de un determinado criterio, materia en la que ciertamente, tiene un margen considerable de libertad. […] El hecho de que el criterio de oportunidad haya sido acogido por un juez penal no es óbice para que el tema sea conocido por el tribunal de juicio, ya que en nuestro proceso penal las partes pueden protestar de forma reiterada los vicios que les causan un agravio, sean estos absolutos o relativos cuando no han sido convalidados” (el subrayado es del original). Ahora, como ya se explicó antes, en razón de la protesta formulada por la defensa, el tribunal de instancia valoró el tema, concluyendo que ningún error cometió el juez penal al avalar el criterio de oportunidad otorgado a [Nombre13 014]. Esta conclusión, además de correcta, no se ve modificada por los aspectos que cita la recurrente y que (según indica) no valoró el a quo. El hecho de que [Nombre13 014] fuese amiga o pariente de los afectados que ella captó, solo explica por qué pudo actuar como lo hizo, convenciéndolos de someterse a la extracción de uno de sus órganos a cambio de dinero, pero en modo alguno excluye el rol protagónico de [Nombre13 072], quien era el profesional que recibía a esos pacientes, ordenaba los estudios, determinaba la compatibilidad y disponía todo lo relacionado con el trasplante, lo anterior no sin antes coordinar con quienes estaban dispuestos a pagar por el riñón cantidades importantes de dinero que él y solo él ([Nombre13 072]) manejaba. En ese tanto, que [Nombre13 014] o cualquier otro intermediario ofreciese dinero (entiéndase, a aquellos a quienes captó) no tiene mayor trascendencia, pues es notorio que esto lo hacía como parte de la negociación con el médico, donde él era quien, en su condición de nefrólogo, manejaba toda la operación criminal, sirviendo de enlace con los esos receptores y recibiendo su dinero; entrevistándose (en el propio hospital) con los supuestos donadores; ordenando sus evaluaciones médicas y disponiendo su internamiento; requiriéndoles incluso la firma de declaraciones juradas y asistiéndolos con posterioridad a la cirugía, esto por no mencionar que él y solo él era quien buscaba al equipo médico que practicaba las nefrectomías y hacía los trasplantes. Añade la recurrente que [Nombre13 014] tenía “capacidad de manipular a los ofendidos”; que incluso por esto logró que en el marco del criterio de oportunidad, algunos de ellos declarasen contra [Nombre13 072] para favorecerla, y que esa influencia se evidencia desde que los donantes “hasta presionaban a [Nombre13 072] para llevar a cabo el trasplante y lo coaccionaban para pagar”. La tesis esbozada es, simple y llanamente, desatinada. Según sostiene la defensora, el médico efectuó la extracción de riñones porque los agraviados se lo exigieron así y les pagó porque fue “coaccionado”. Es evidente que no sucedió ni lo uno, ni lo otro. Las extracciones y los trasplantes ocurrieron cuando [Nombre13 072] lo dispuso. Y es que, según las más elementales reglas de la experiencia, carece de todo sentido pensar que en una materia tan delicada como el trasplante de órganos, una persona sin conocimientos en la materia (como lo son todos los ofendidos) pueda “exigir” a un nefrólogo tan experimentado como [Nombre13 072] la extracción de uno de sus riñones y este, como respuesta a esa “exigencia”, acceda, sin más. En cuanto a los cobros que hicieron las víctimas, más allá de la opinión de la recurrente, no hay ningún elemento para sostener que [Nombre13 072] se hubiese sentido coaccionado por las pretensiones económicas de las víctimas, quienes solo pretendían que éste les pagase lo que en su momento, sea directamente o por interpósita persona, les prometió, a cambio de uno de sus riñones. De hecho, ni siquiera el galeno lo manifestó en esos términos, con lo cual lo dicho por la quejosa no es sino una simple especulación de su parte. Volviendo al tema del criterio de oportunidad, nótese que (según la recurrente) si [Nombre13 014] pudo influir a buena parte de los ofendidos para que declarasen en contra de [Nombre13 072], hay que entender que ella tiene mayor influencia que él (valga la redundancia) y por eso, se debe concluir que [Nombre13 072] tiene menor responsabilidad que [Nombre13 014] en los hechos. De nuevo, hace la quejosa un análisis aislado, fragmentado y antojadizo de las pruebas. Ni los vínculos de [Nombre13 014] con las víctimas, ni el hecho de que estas no tuvieran reparos en declarar (lo que también puede explicarse por esa relación con [Nombre13 014]) no cambia el papel protagónico de [Nombre13 072] y, por supuesto, el mayor reproche que le cabe a él en comparación con aquel que toca formular a [Nombre13 014], pues era él, y no ella, quien controlaba el tema desde todos los frentes posibles (víctimas, receptores, equipo médico y dinero), papel que de ninguna manera podía adjudicarse a [Nombre13 014], persona que en primer término fue víctima del delito, como otros tantos más. En cuanto al tema económico, la recurrente afirma que [Nombre13 014] cobraba dos mil dólares por donante y que [Nombre13 072] (según [Nombre13 014]) cobraba una cantidad similar. Se trata de una afirmación con la cual, nuevamente, la apelante pretende hacer demostrar, sin éxito, que [Nombre13 072] tenía un papel mínimo en la comisión de los hechos, lo cual (se repite) es por completo ilógico, por lo dicho antes. Además de que, conforme a las más elementales reglas de la experiencia, es claro que él, por ser el nefrólogo a cargo, era quien más ganaba con la operación, se tiene también que era él quien controlaba el dinero; que lo dicho por [Nombre13 014] acerca de lo que ganaba el médico no fue sino lo que a ella le indicó el mismo [Nombre 072] (cfr. f. 4901 vuelto), y sobre todo, que era él quien desde distintos flancos controlaba todo lo que estaba sucediendo, de ahí que el reproche que cabe hacer a este imputado sigue siendo mayor, sobre todo si se considera que era un nefrólogo de un reputado hospital costarricense, que se valió de esa condición y de recursos públicos para cometer los hechos, esto frente a [Nombre13 014], quien primero fue víctima y luego una reclutadora de personas que, de común acuerdo con éste, siguió los dictados de [Nombre13 072]. Finalmente, en el caso de Nombre36, nótese cómo las cosas no son como las plantea la quejosa (todo a efectos de hacer creer que [Nombre13 014] tenía un papel protagónico en la organización, frente al papel secundario que se pretende asignar a [Nombre13 072]). Según explica [Nombre13 014], tras su nefrectomía (a cambio de dinero, claro está), ella siguió en contacto con la familia de la receptora, siendo un hermano de ésta que vive en Estados Unidos de América quien la contacta para contarle que había una señora que necesitaba un riñón. Igualmente, él le preguntó por los costos del trasplante y le pidió ponerlo en contacto con el doctor, cosa que [Nombre13 014] hizo, siendo [Nombre13 072] quien le facilita una proforma. Es así como ella apunta que: “[…] a mí me contactó una vez un doctor de Estados Unidos porque el hermano de la señora vive en USA y lo le dije al doctor, el medio una proforma en una llave, eran como $200.000,

[…] La familia a que le implantaron mi riñón, siempre ha estado pendiente de mí, ellos me habían invitado a Grecia antes que se diera este problema, esta persona sigue bien, incluso una vez el doctor [Nombre13 072] me dijo que nunca había hecho una operación tan exacta, este gente siempre siguió en contacto, al año me hacían depósitos de $400 o $500 para que me fuera a pasear, ellos me escribían a mi correo, la hija de la señora habla español, y si eran en inglés los ponía en el traductor. El hermano de la señora que yo le done él riñón vive en USA y él me dijo que hay una señora en USA que necesitaba un riñón, que si lo podía contactar con el doctor, me empezó a preguntar qué cuanto sale el trasplante y el doctor me da una proforma en una llave maya y le digo que el doctor le manda esa información y envío el correo, mis cuentas ...01 y gabygarcia1422@gmail, este correo fue para abrir una cuenta de Facebook a Nombre13 de otra persona, estos correos y claves los entregué a la fiscal Ana Janice […] Me comunique con la familia de la receptora con mauco99, y con el médico en USA con el que dice Nombre37, lo use porque no conocía a ese doctor y no lo iba a mandar de mi correo personal. A mí me contacta el doctor de USA porque el hermano de la señora vive en USA y él es quién me llama, él me dice que le diga al doctor [Nombre13 072] que si me puede atender, no recuerdo si le di el correo del doctor, no sé si esta persona llegó a operarse a Costa Rica, yo le pasé la información y a mi correo no recibí más. […]” ( sic, f. 4902 y siguientes). Como se aprecia, ni siquiera en ese contexto se puede sostener que la conducta de [Nombre13 014] es más reprochable que la de [Nombre13 072] (esto a efectos de invalidar el criterio de oportunidad otorgado), pues es evidente que [Nombre13 014] se limitó a trasladar la información al médico, quien (de nuevo, a riesgo de incurrir en reiteraciones) era quien dominaba el saber hacer de la empresa criminal, convirtiéndose así en el líder y la figura esencial de todo el negocio ilícito. En cuanto a que (dice la defensora) existe un vicio en el consentimiento de [Nombre13 014], debido a que se amplió la acusación sobre el delito de lesiones y ésta no fue advertida al respecto, deben citarse varios aspectos que la recurrente omite mencionar. El primero, es que [Nombre13 014] fue prevenida de su derecho de abstenerse de declarar en juicio y fue asistida por un abogado defensor (cfr. f. 4643 vuelto a 4644 frente).  El segundo es que la ampliación de la acusación que describe la impugnante era, simple y llanamente, para especificar la magnitud de las lesiones que sufrieron las víctimas tras la nefrectomía unilateral (incapacidad por un mes para el desarrollo de sus labores habituales y pérdida de la capacidad general orgánica de un 25%, así hecho 24, f. 2962 tomo VII; folios 3690 a 3695 del tomo VIII y f. 4855 tomo XI), entiéndase, para concretar cuál fue la consecuencia de la extracción ilícita del riñón de los agraviados que ya había sido acusada y en relación con la cual, se ha de entender, también se había articulado el criterio de oportunidad, de ahí que no sean sino una afirmaciónopinión de la impugnante, ayuna de todo fundamento, el sostener que [Nombre13 014] (beneficiada por ese criterio) tenía que ser “prevenida” de la citada ampliación, o que esa “falta de prevención” que alega le restaría validez a la voluntad que,  esa persona, de forma legítima, había expresado anteriormente, entiéndase, cuando pactó con el Ministerio Público. Finalmente, en cuanto a la responsabilidad civil, afirma la abogada defensora de [Nombre13 072] que [Nombre13 014] tampoco fue advertida acerca de la responsabilidad civil que podían depararle los hechos, ya que el criterio de oportunidad no resuelve sobre dicho tema; que el tribunal debió valorar esta situación al examinar la legalidad del criterio dicho y que esto era medular, pues su patrocinado fue condenado civilmente por hechos en los que tendría responsabilidad solidaria [Nombre13 014], con lo cual el a quo “debió determinar la cuota de participación que correspondía a [Nombre13 014]” (sic). En cuanto a esto, lo primero que hay que señalar es que el derecho de abstención solo se articula en materia penal (art. 36 de la Constitución Política), con lo cual no podría suponerse (como lo hace la licenciada Sánchez de León Castellanos) que [Nombre13 014], de haber guardado silencio en este proceso, podría eximirse de responsabilidad en lo civil, si es que llega a articularse alguna demanda en su contra en esa jurisdicción. En segundo lugar, corresponde adelantar desde ahora que la acción civil resarcitoria incoada por [Nombre 043], según estima esta cámara y fundamentará más adelante, debió ser declarada sin lugar, esto en tanto que, tratándose de los hechos en los que figura como víctima su esposa [Nombre13 047] y que se relacionan con el viaje a Israel (que son los únicos que motivan la condena civil, f. 5026 frente y vuelto), [Nombre13 043] no puede considerarse ofendido, de ahí que sea impropio admitir que él se vea beneficiado con una indemnización. Baste esto de momento para entender por qué, al resolver este alegato, corresponde centrarse únicamente en la acción civil resarcitoria formulada  por [Nombre13 047]. Ahora, ya en relación con ésta, lo reclamado por la impugnante no puede prosperar, pues  nótese que el tribunal solo declaró con lugar la acción civil resarcitoria que plantea la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima en representación de [Nombre13 043] y [Nombre 047] contra [Nombre13 072], acogiendo los siguientes montos: i) por daño moral, cinco millones de colones para cada uno, para un total de diez millones de colones y ii) por costas procesales, la suma de dos millones de colones (f. 5028 vuelto). Según se expone en la sentencia, pese a que en relación con [Nombre13 043] y [Nombre13 047] existió también un “contrato previo”, ellos sí fueron sometidos a riesgos inadecuados por parte de [Nombre13 072]: “La solución para los ofendidos [Nombre13 043] y [Nombre13 047], según se acreditó en su caso, ellos, con independencia del contrato previo, si fueron sometidos a riesgos inadecuados. Inicialmente, [Nombre13 072] y [Nombre13 014], contactaron a [Nombre13 043] en Turrialba e hizo todo el procedimiento preoperatorio para la extracción del riñón, pero [Nombre13 043] no podía ser sometido a una nefrectomía, por lo que se interrumpió el procedimiento usual para lograr la extracción del riñón. Entre los meses de marzo del 2012 y marzo del 2013, [Nombre13 072], hizo contacto con [Nombre13 047], esposa de [Nombre13 043] desde su domicilio en Turrialba, esta vez le ofreció a ella diez millones de colones por un riñón. Ellos planearon la salida del país de dicha ofendida, desde Costa Rica hacía Israel, con el fin de que le extrajeran uno de sus riñones, por aquella suma y además [Nombre13 072] les dio el dinero para pasaportes de la ofendida y actora civil [Nombre13 047] y de su esposo [Nombre13 053], le proporcionó los tiquetes aéreos con destino a Israel y los impuestos de salida del país, pero no les dio dinero para su bolsillo. Ellos, el 16 de marzo del 2013, siguiendo las instrucciones de [Nombre13 072], salieron de Costa Rica a España y luego a Israel, con el fin de que le fuera extraído uno de los riñones de ella, pero en su lugar, fueron detenidos en el aeropuerto por las autoridades migratorias. En dicho lugar fueron interrogados hasta que confesaron que iban a realizar la sustracción de los órganos. En vista de que no llevaban dinero, el cónsul de ese entonces, no solo los auxilió, sino que les facilitó el capital mínimo requerido para regresar al país. Como ha quedado demostrado y este tribunal lo ha dicho, en el caso de estos dos ofendidos si existe una producción de un daño más allá de la simple extracción, consistente en enviarlos a su suerte, hasta Israel no solo sin fondos para poder sobrevivir, sino sin los datos suficientes para hacerlo y con ello, [Nombre13 072] los puso en riesgo. Este sufrimiento es indemnizable a título de daño Moral, pero no en el monto sugerido por la parte gestionante. Para la fijación de este rubro, el tribunal no puede dejar de lado que todo esto surge a partir de un contrato que los ofendidos sabían, era ilícito. Que ellos al saberlo, promovieron de alguna manera su propio riesgo, pero no por ese motivo se excluye la responsabilidad civil de don [Nombre13 072], y que el sometimiento fue, sin duda alguna, altamente peligroso y abusivo. Por esos motivos y tomando en cuenta la abundante prueba sobre estos sufrimientos, con base en los ordinales 123 y siguientes del Código Penal de 1941 aun vigentes, en vista que esta cámara la puede puntualizar, se fija el daño moral para cada uno en el tanto de cinco millones de colones. Consecuentemente, se declara con lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por la Oficina de Defensa Civil de la Víctima en representación de [Nombre13 043] y [Nombre13 047] en contra del demandado civil [Nombre13 072], acogiéndose los siguientes montos: a.-Por daño moral: la suma de CINCO MILLONES DE COLONES PARA CADA UNO, para un total de DIEZ MILLONES DE COLONES. b..- Por costas procesales, tomando en cuenta el decreto vigente al momento del inicio de la causa, se fija la suma de DOS MILLONES DE COLONES a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima.” (f. 5026 frente y vuelto, el destacado no es del original). Como se aprecia, el fundamento de la condena civil contra [Nombre13 072] se relaciona con el sufrimiento al que éste sometió a los demandantes, esto al enviarlos a Israel sin dinero y sin información alguna, todo con el propósito de que allá le extrajeran a [Nombre13 047] uno de sus riñones, situación en la cual fue solamente el galeno quien participó. En todo caso, nótese que lo que eventualmente se pueda llegar a concluir establecer en el ámbito civil en relación con la responsabilidad civil de [Nombre13 014], en nada no cambia la en nada la responsabilidad civil de [Nombre13 072 072], lo anterior en tanto que, pues de ambos los dos, fue solamente en contra de éestle que [Nombre13 043] y [Nombre13 047] accionóaron (cfr. legajo de acción civil resarcitoria, f. 7 vuelto a 9 frente). Es por lo expuesto que carece de sentido lo que echa de menos la recurrente, esto es, que el tribunal hiciera un pronunciamiento acerca de la cuota que le correspondería indemnizar a una persona que ni siquiera fue demandada. . En síntesis, lAsí dicho, la condena civil procedería solamente con respecto a [Nombre13 072] al ser el único demandado por [Nombre13 047], , lo que no cierra la posibilidad de que, invocándose la solidaridad (misma que esta cámara estima no es tal, pues se reitera, los hechos que motivan la condena civil solo atañen al médico), se puedan formular reclamos en otra sede en contra de otras personas, [Nombre13 014] Quesada siendo ello resorte exclusivo del interesado.. Por lo dicho, se rechaza el alegato.VIII.- Séptimo motivo. Nulidad de las denuncias de los ofendidos. Aplicación de la teoría del fruto envenenado. La tesis del tribunal en el sentido de que el delito de trata puede llevarse a cabo sobre personas que no han sufrido ningún tipo de menoscabo en su capacidad de elección, decisión, voluntad o libertad, revela con mayor claridad aún la imposibilidad de que podamos aceptar que las denuncias formuladas por los ofendidos en este proceso puedan ser válidas, como utilizable la información que de ellas se deriva. Los ofendidos en sus denuncias se reconocían autores de varios delitos, entre ellos de falsedad, por cuanto “se juramentaban” sobre hechos que no eran ciertos, ante notario, lo anterior en el sentido de manifestar que no estaban recibiendo dinero alguno por la nefrectomía, cuando sí lo hacían; de tráfico de órganos, dado que el art. 5 de la Ley N° 7409, al momento en que prestaron su declaración, prohibía la comercialización de órganos por parte del vendedor y del comprador, y sin embargo, los ofendidos vendieron su riñón “bajo contrato sinalagmático”, según la misma tesis del tribunal. También por el delito de peculado, por comunicabilidad de las circunstancias con [Nombre13 072], también en la tesis del Ministerio Público. El que los ofendidos declaraban sobre hechos delictivos fue reconocido por la misma fiscalía en el debate y por el a quo cuando, al recibir sus declaraciones y ante las manifestaciones de la fiscalía, dice que resguardó sus derechos nombrándoles un defensor. Sin embargo, el tribunal pretende en la sentencia que, por la aplicación del art. 70 de la Ley N° 9095 contra la tTrata de pPersonas, no era necesario que en dichas denuncias existiera dicha asistencia legal para los ofendidos, a pesar de que se reconociera que estos estaban declarándose autores de varios delitos. Sin embargo, ello no es dable en nuestro ordenamiento jurídico y menos aún en los términos en que está redactado este art.

Literalmente el precepto indica: “Las vi´ctimas del delito de trata de personas no son punibles penal o administrativamente por la comisio´n de faltas o delitos, cuando estos se hayan cometido durante la ejecucio´n del delito de trata de personas y a consecuencia de esta, sin perjuicio de las acciones legales que el agraviado pueda ejercer contra el autor o los autores de los hechos”. A la vista del contenido de esta norma es evidente que regula una causa de no punibilidad, por cuanto califica los hechos como delictivos, es decir los hechos realizados por la presunta víctima son típicos, antijurídicos y culpables, pero no son punibles. Es más, por ello la misma norma considera a salvo el derecho de reclamo civil del agraviado. Al igual que en las causas de justificación y las de inimputabilidad, la responsabilidad civil queda vigente. Es por ello que esta norma no exime de la obligación de designar un defensor a quien deba reconocerse autor de un delito, aún cuando no vaya a ser penado por ello.  La violación al derecho de defensa se produce en el momento en que se le toma la declaración no solo sin asistencia legal, sino permitiendo que se auto incrimine sin conocer el resultado del proceso, en clara violación del art. 36 de la Constitución Política. Máxime por cuanto a ese momento, cuando se le toma la denuncia al supuesto ofendido, la autoridad competente para declarar la existencia del delito está muy lejos de llevarlo a cabo, situación que acontecerá en la sentencia. Apunta la defensora que el derecho a contar con asistencia legal es irrenunciable; que igual sucede con quien actúa bajo estado de necesidad, causa de justificación o inimputabilidad, siendo que el ordenamiento jurídico no distingue su condición hasta que sea reconocida en sentencia, de ahí que no se exima la obligación de garantizar el derecho de defensa a todos ellos. Lo mismo sucede con quien comete un delito bajo la circunstancia de ser víctima de trata de personas, siendo que su acción no se reconoce como no delictiva, sino como no punible, que es una circunstancia totalmente diferente a la planteada por el tribunal en un claro error de interpretación legal. Evidencia el a quo su error cuando menciona que “procuró en resguardo de los derechos de las mismas que todas contaran con patrocinio letrado y se recibieron como testigos sospechosos, puesto que entrar a valorar su condición en ese momento procesal podía implicar adelanto de criterio ”.  Agrega la defensa que en la misma condición se encontraban los oficiales del O.I.J. que abordaron inicialmente a los ofendidos, y el Ministerio Público cuando recabó las denuncias, pues hasta el dictado de la sentencia era imprescindible no permitir que éstos pudieran auto incriminarse sin tener asistencia legal. Éste es el vicio que se alega: las denuncias de los ofendidos y algunos actos practicados por ellos al inicio del proceso son nulos por haberse inobservado las garantías judiciales mínimas, y así debe declararse. No es de recibo pretender que no era necesario adoptar las garantías que la ley otorga, más bien se les dejó en absoluta indefensión, inclusive después de que, como reconoció alguno de ellos, los policías los amenazaran diciéndoles que si no denunciaban, serían tomados como imputados por el delito de tráfico de órganos. Es más, algunos de los testigos lograron expresarlo; manifestaron estar atemorizados por si en algún momento el proceso les acarreaba responsabilidad penal propia, y así consta en sus informes psicosociales y de trabajo social. [Nombre13 057], en el informe de trabajo social, reconoce que incumplió la ley; [Nombre13 007], en el informe psicológico forense 14-09-732-AE-PS, expresa “su temor a consecuencias en el nivel penal de privación de libertad”; [Nombre13 017] y [Nombre13 001] se negaron expresamente a participar de los informes, por temor a represalias legales en su contra, y [Nombre13 034] declara en el debate que fue amenazada por el policía Diego Castillo, y en su dictamen psicológico se concluye  “La evaluada demuestra participar de la investigación por obligación y temor a represalias legales, omite información y se contradice en algunos momentos durante su relato”. Al ser nulas las denuncias que formularon sin asistencia legal, también es nula toda la información que de ellas se deriva por dependencia de la fuente. Deben declararse así las siguientes pruebas: denuncias; informe policial 715-DCIFTT-CI-13 y la prueba que le acompaña; informe de legitimación de capitales que, en su ampliación, se fundamenta directamente “en ellas”; declaración jurada de [Nombre13 053] y [Nombre 047], realizada en Israel por el cónsul Esteban Penrod; prueba entregada por los donantes y declaraciones prestadas en debate, ya que su proposición como testigos deviene de las denuncias. La recurrente estima que las supuestas víctimas han sido inducidas a declarar sin asistencia de abogado, lo cual conlleva a una clara violación al debido proceso. Siendo que sin dicha prueba la sentencia queda “vacía de motivación”, solicita por economía procesal la absolutoria de [Nombre13 072], o el eventual juicio de reenvío. Se rechaza el alegato.  Aunque se admita hipotéticamente la tesis de la recurrente, en el sentido de que a los ofendidos debió nombrárseles un abogado defensor desde que formularon sus denuncias, el yerro no conduciría a declarar la nulidad de la sentencia impugnada, lo anterior en tanto que en la etapa de debate se nombró un profesional que los asesoró, con lo cual si optaron por narrar lo sucedido (subsanándose así cualquier irregularidad que existiese en la recepción de las denuncias, esto según lo estima la apelante) fue porque lo estimaron oportuno y no por carecer de una adecuada asesoría. Como si esto no bastase, como reconoce la misma apelante, el artículo 70 de la ley N° 9095 expresamente señala que las víctimas de la trata no tienen responsabilidad penal alguna por los delitos que hayan podido cometer durante la ejecución y a consecuencia de ésta: “ ARTÍCULO

No punibilidad. Las víctimas del delito de trata de personas no son punibles penal o administrativamente por la comisión de faltas o delitos, cuando estos se hayan cometido durante la ejecución del delito de trata de personas y a consecuencia de esta, sin perjuicio de las acciones legales que el agraviado pueda ejercer contra el autor o los autores de los hechos”. De esta norma se desprende que, aunque cabe admitir que los agraviados de la trata pueden cometer acciones que, además de estar prohibidas por el ordenamiento jurídico, pueden ser consideradas delitos, tal proscripción es solo simbólica , pues carece de consecuencias en el ámbito penal, razón por la cual designarles defensor no era indispensable. Esto no cambiaría (cabe añadir) porque pueda atribuírseles eventualmente alguna responsabilidad civil, ya que en cuanto a ésta no existe derecho de abstención y, en ese tanto, el numeral 36 de la Constitución Política no es aplicable en esa materia. Lo mismo se tiene al admitir hipotéticamente que los ofendidos fueron “conminados” a denunciar (como lo plantea la impugnante tratándose de [Nombre13 034]) pues esto en nada deslegitimaría la investigación que ya para entonces estaba en marcha. Por lo dicho, se rechaza el alegato.IX.- Octavo motivo. Violación al derecho de defensa en el debate. Se prohibió a la defensa técnica el ejercicio del derecho al contradictorio, impidiendo que los testigos respondieran las preguntas que se formulaban, así como el derecho a formular protesta por dicha actuación del tribunal. A raíz de la situación generada con la declaración de los ofendidos, a saber, que su declaración fue asistida por un abogado y fueron advertidos de su derecho a no declarar, durante la deposición de éstos se restringió a la defensa el derecho a cuestionarlos. Durante el interrogatorio de la defensa, el abogado de los ofendidos, que fue uno solo para todos, se oponía a las preguntas, oposición que el tribunal en vez de resolver adoptaba “como una manifestación de abstenerse de declarar”, permitiendo que el testigo no respondiera la pregunta, sin llegar a resolver la oposición planteada.  A raíz de que se le impedía a la impugnante preguntar a “la testigo sospechosa”, se formuló la protesta. Como esta situación se reprodujo en varias ocasiones, la presidente del tribunal le indicó que le prohibía continuar protestando en el debate; que éste estaba siendo grabado y que podía acudir a la grabación para, en apelación, realizar las quejas que tuviera a bien. La situación fue agravándose dado que el abogado defensor de los ofendidos respondía preguntas y cuando la defensa reclamaba la situación, el tribunal le indicaba que continuara con el interrogatorio, impidiendo la contradicción del mismo. El abogado defensor de los ofendidos, viéndose acuerpado por el tribunal, continuó oponiéndose a las preguntas de cualquier tipo, tuvieran relación directa o no con la actuación de los ofendidos, impidiendo la contradicción del testimonio de éstos en todos los casos. Esta situación se generalizó también con preguntas de otros defensores y nunca a preguntas del Ministerio Público, o la Oficina Civil de la Víctima. Lo que inició con [Nombre13 034], se reprodujo con todos los ofendidos que no contaban con criterio de oportunidad, es decir, [Nombre13 038], [Nombre 033], [Nombre 066], [Nombre 001], [Nombre 028],  [Nombre 025], [Nombre 036], [Nombre 017], [Nombre 007], [Nombre 053] y [Nombre13 047]. Al limitarse el interrogatorio de los testigos (dice la apelante), se conculcó lo establecido en el art. 352 del Código Procesal Penal, que establece el mecanismo para poder someter a contradicción lo depuesto por el testigo y se vulnera el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Explica la defensora que, de haberse permitido interrogar, habría podido evidenciar la incredibilidad de los testigos y revelar “la verdad de lo acontecido”. Por ser un vicio absoluto, solicita se anule la sentencia y se ordene el respectivo juicio de reenvío. El alegato se rechaza. Como acertadamente expuso el representante del Ministerio Público en la audiencia oral celebrada ante esta cámara, es una deslealtad procesal que la recurrente, luego de exigir asesoría legal para los ofendidos por entender que son, primero que todo, imputados de varios delitos (cfr. anterior motivo de este recurso), de seguido reclame porque ellos, asesorados por el abogado defensor que se les asignó, no respondiesen a algunas de las preguntas que ella formuló. Aunado a lo anterior, nótese cómo la apelante no demuestra, ni esta cámara aprecia, qué esencialidad tiene el vicio que denuncia, en el sentido de que el defensor asignado a las víctimas objetase algunas preguntas, o que el tribunal de mérito asumiese que los ofendidos había decidido no responderlas, máxime considerando que la licenciada Sánchez de León Castellanos no llega siquiera a mencionar cuáles eran esas interrogantes, o por qué podían estimarse medulares de cara a las resultas del proceso. Por lo dicho, se declara sin lugar el reproche.

Noveno motivo. Error de lógica del tribunal en la interpretación del término “someter”, para la interpretación del art. 172 del Código Penal. Desde el punto de vista lógico no es aceptable la tesis del tribunal, en el sentido de que el significado del término “someter” provenga de la acepción sexta que le otorga la R.A.E. a dicho vocablo, la que hace referencia al verbo recibir, y esta, a su vez, en su acepción séptima, que implica “admitir”.  El tribunal, para justificar su dicho, realiza una interpretación ilógica, circular y no jurídica del término someter.  El texto del precepto 172, establece: “ Será sancionado… quien promueva facilite o favorezca la entrada o salida del país o el desplazamiento dentro del territorio nacional de personas de cualquier sexo para realizar… o someterlas a explotación…extracción ilícita de órganos…”. El tribunal omite que someter es un verbo transitivo y en el texto normativo incluye como sufijo el complemento indirecto “las” refiriéndose a un

Es decir, el objeto de análisis no es solo el término someter, sino someter a algo, a alguien. La descripción típica se describe como “someterlas” de lo cual solo puede deducirse que es el sujeto activo del delito, o sea el autor, quien somete a otra persona a la explotación.  Por tanto, no es que se trate de un “someterse” (asimismo) como indica el tribunal en su error de lógica para poder aceptar la posibilidad de interpretación semántica que realiza en admitir o aceptar, sino que la forma típica implica que el autor “la somete”, es decir, obliga a la explotación, impone o condiciona a otra persona la explotación bajo la voluntad del sujeto activo del delito. Evidentemente, si existe un sometimiento al autor del delito de trata,  debe existir, como dice Nombre16, una afectación a la libertad, afectación a la voluntad de entidad suficiente para que el sujeto pasivo deba consentir o se someta a la voluntad de explotación del autor. Pero aún más allá, la ilogicidad del tribunal conduce a un razonamiento circular, al interpretar “someter”, en su sexto significado, con el verbo “recibir”, dándole a éste el sentido de su séptima acepción, como “admitir, aceptar o aprobar algo”. De forma que para el tribunal, los donantes, al aceptar la extracción de órganos, se “sometieron” a las intervenciones quirúrgicas porque lo aceptaron, con lo que realizaron el fin delictivo. Este razonamiento circular se realiza a través de un silogismo aristotélico inadecuado, para obtener el significado directo del verbo someter. En la fuente consultada por el mismo tribunal, sea el Diccionario de la Real Academia de España, el sentido directo del verbo someter es (Del lat. submittere.) 1. tr. Sujetar, humillar a una persona, una tropa o una facción. U. t. c. prnl. 2. tr. Conquistar, subyugar, pacificar un pueblo, provincia, etc. U. t. c. prnl. 3. tr. Subordinar el juicio, decisión o afecto propios a los de otra persona. 4. tr. Proponer a la consideración de alguien razones, reflexiones u otras ideas. 5. tr. Encomendar a alguien la resolución de un negocio o litigio. 6. tr. Hacer que alguien o algo reciba o soporte cierta acción. U. t. c. prnl. Véase incluso que el verbo recibir no es considerado como un sinónimo dentro de esta sexta acepción, sino que en este sentido también se evidencia una imposición del sujeto activo que hace que otra persona reciba o soporte una acción. Por lo que no es de recibo siquiera la interpretación semántica que pretende el tribunal. Aún más, este razonamiento no es tampoco de recibo por cuanto el tipo delictivo impone que sea el autor del delito el que someta a la víctima, excluyéndose por tanto de la posibilidad de que la víctima se someta a sí misma a explotación, y que la promoción de ese desplazamiento pueda ser considerada delictiva. Tan es así que según nos dicen reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia, el sometimiento de la víctima es previo a si la explotación acontece o no. En el delito de trata la acción objeto de reproche penal es la forma en que se produce el desplazamiento, por el sometimiento que impone y no tanto por la finalidad del mismo, que puede no llegar a producirse. Este error lógico es esencial para la defensa, por cuanto no es cierto que el tribunal pretenda que exista una trata de personas sin sometimiento de la voluntad, sino que solapadamente pretende convertir la vulnerabilidad económica, que no pudo acreditarse (por tener todos los ofendidos cubiertas sus necesidades básicas), aduciendo ahora que los ofendidos actuaron movidos por un ofrecimiento de dinero que supuestamente les realizaría [Nombre13 072], para poder acreditar la motivación por la cual los ofendidos se desplazaron, situación que nunca fue acusada. El error ya dicho quebranta las reglas de la sana crítica; de realizarse una interpretación semántica y teleológica correcta del término típico “someterlas”, el resultado de este proceso hubiera sido otro, por cuanto nunca existió ningún tipo de sometimiento de la voluntad de los ofendidos por parte de [Nombre13 072]. Por lo dicho, solicita se anule la sentencia y se ordene el juicio de reenvío. Se declara sin lugar el reclamo. Tal y como se indicó en los primeros considerandos de esta resolución, a los cuales ha de estarse la recurrente, el término someter que se contempla en el tipo penal de la trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos vigente al momento de los hechos, no así en el actual, no supone necesariamente una conducta donde el agente doblega la voluntad de otra, (como lo plantea la apelante, apoyándose en la normativa supranacional y doctrina referida a legislación de otros países). En Costa Rica el desplazamiento (acción típica) no demanda aquel componente (entiéndase, que se actúe en contra de la voluntad de la víctima, o encontrándose esa voluntad viciada), el cual de presentarse es, simple y llanamente, un agravante del tipo penal básico que fue aplicado al caso concreto. En cuanto al análisis que hace el a quo del verbo recibir, relacionándolo con el verbo someter, basta con reiterar que tratándose de este último término (someter), el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, contempla, como una de sus acepciones, el hacer que alguien reciba o soporte cierta acción, sin que se deba entender que necesariamente el agente deba doblegar la voluntad de quien recibe o soporta la acción. Esto tampoco se extrae de la partícula “las” que el tipo penal vincula con el verbo someter, pues de lo único que ésta da cuenta es del objeto sobre el que recaerá la acción y no de que ese sometimiento deba ser coactivo. Dicho en otras palabras, según el tipo penal vigente al momento de los hechos, la trata de personas se da, en lo que aquí interesa, con el propósito de que la persona desplazada (y no otra) sea sometida a la extracción ilícita de uno de sus órganos, sin ser indispensable que esa extracción, de llegar a materializarse, sea forzosa. En ese tanto, lo dicho por el tribunal de mérito en relación con el verbo recibir, además de innecesario, carece de toda esencialidad en lo decidido, contrario a lo que expone la defensa. Por otra parte, es falso que el tribunal, para explicar por qué los ofendidos se desplazaron, haya reemplazado la tesis de la vulnerabilidad económica (que no pudo acreditarse) por la de un ofrecimiento de dinero por parte de [Nombre13 072] que no fue acusada. Basta leer la sentencia para establecer cómo el a quo concluye categóricamente que en el delito de trata no se requiere que los agraviados fuesen desplazados contra su voluntad o encontrándose ésta viciada; descarta tener por demostrado que los ofendidos se encontrasen en condiciones de vulnerabilidad; reconoce pacíficamente que todos y cada uno de ellos estuvieron anuentes a que se les extrajera uno de sus riñones y, finalmente, establece que todos lo hicieron movidos por la remuneración económica que, a cambio, les fue prometida (situación esta que, contrario a lo que argumenta la apelante, se desprende con meridiana claridad de la acusación). Y es que el tribunal no tenía que acudir a argumentos extraordinarios para establecer la motivación por la cual los ofendidos realizaron los desplazamientos, no solo porque de la pieza requisitoria se desprende que lo hicieron por dinero (y esto quedó sobradamente probado); sino también porque: i) para efectos del tipo penal básico de la trata de personas vigente al momento de los hechos, no se requiere que el agente se aproveche de alguna situación de desventaja en que se encuentre la víctima, sea económica o de otra naturaleza; y ii) el fin ulterior del desplazamiento (entiéndase, la extracción ilícita de órganos), además de haber sido demostrado de manera contundente, fue contemplado por el Ministerio Público en la relación de hechos imputada. El error de la recurrente consiste (cabe indicar nuevamente) en entender que el tipo penal que invoca (el numeral 172 en su versión anterior) en su forma básica demanda que el desplazamiento se efectúe a través de medios que doblegan, anulan o vician la voluntad de la víctima, siendo que ello no es así. Por lo dicho, se rechaza el reclamo.XI.- Décimo motivo. Ausencia de correlación entre acusación y sentencia. El tribunal cambia el eje de la acusación y condena por hechos distintos a los acusados. La ausencia de correlación entre acusación y sentencia se presenta en dos situaciones diferentes:

El tribunal sustituye el concepto de aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima por el de aprovechamiento de las dificultades económicas, mismo que no venía acusado, ni tampoco se especifica en qué consiste, siendo un término genérico. A pesar de los intentos del tribunal por sostener que en el tipo básico no sería necesario que existan alteraciones a la voluntad de la víctimas, en toda la sentencia se evidencia una clara contradicción en este sentido, pues por un lado se tiene por cierto que no existieron causas de vulnerabilidad que determinaran la voluntad de los donantes, y por otro se sostiene y reprocha que existió un manejo de la voluntad de los ofendidos mediante un ofrecimiento de dinero, por su condición social y por las dificultades económicas en las que supuestamente se encontraban, situación que condicionó su actuar, en la novedosa tesis del tribunal. Tras mencionar varios extractos de la sentencia, la recurrente afirma que se modifica lo acusado en dos aspectos esenciales: primero, en que los ofendidos, que la acusación menciona actúan movidos por su vulnerabilidad (es decir, con una clara afectación de la voluntad), ahora, en la tesis del tribunal, actuaron sin una voluntad disminuida pero sí dirigida, lo que nunca fue acusado. Segundo, el tribunal varía “el eje del reproche” en detrimento de la defensa, al indicar que la motivación de los ofendidos no tenía como fin cubrir necesidades básicas (tesis de la acusación), sino para resolver “otras dificultades económicas”, que tampoco constan en la acusación y nunca pudieron ser objeto de contradicción. Sin embargo, esas dificultades económicas no pasaron de ser más que un mero comentario en las declaraciones de los ofendidos, sin que existiera otra prueba que refrendara esas circunstancias. La defensa realizó un esfuerzo probatorio para acreditar que, donde ellos afirmaban no tener bienes o necesidades cubiertas, había salarios, bienes inmuebles, vehículos y hasta empresas, esto porque la acusación lo que reprochaba a [Nombre13 072] era el haberse aprovechado de la condición de vulnerabilidad de estas personas para someterlas  a una nefrectomía. El tribunal, no obstante, dice que los ofendidos no eran vulnerables y que sí actuaron bajo su propio riesgo y voluntad, pero movidos por sus dificultades económicas y motivados por el ofrecimiento de dinero. De esta forma, cambia el eje del reproche, causando (según la recurrente) una absoluta indefensión. El tribunal reconoce a la defensa el haberse acreditado que los ofendidos actuaron sin vulnerabilidad,  pero dice que de nada le sirve, ignorando que no se acusó que ellos, en pleno uso de su capacidad de obrar y con su voluntad íntegra, actuaron movidos solo por el ofrecimiento de dinero. Si esa hubiera sido la tesis de la acusación, la defensa se habría dirigido en ese sentido. Más grave es el yerro del tribunal cuando incurre en los mismos defectos que reprocha de la descripción de la vulnerabilidad. Primero, rechaza la vulnerabilidad por cuanto el Ministerio Público no concretó el contenido de la misma. Luego, habla de dificultades económicas. Y es que, si era difícil de entender cuál era el contenido de la vulnerabilidad (que efectivamente la acusación no describía), aún peor es comprender el alcance de las dificultades económicas de los ofendidos que ahora, de forma novedosa, reprocha el tribunal a [Nombre13 072], así como su entidad para determinar la voluntad “consciente” de los ofendidos y los alcances de estas dificultades económicas que se describen genéricamente, señalando que los ofendidos querían adquirir casas, carros o pagar deudas, y que sus condiciones económicas no se los permitían. Lo dice el tribunal, pero no aporta el fundamento probatorio a ese dicho. Incluso se deja decir el tribunal que [Nombre13 072] se aprovechaba de que los ofendidos eran personas de baja escolaridad (situación que nunca fue acusada), o que algunos podrían estar en condición de pobreza, lo cual descartó cuando afirma que no se acreditó en ningún caso condiciones de vulnerabilidad económica. Dice la defensora que el tribunal alude a esta condición de dificultad económica para justificar la lesión al bien jurídico libertad. En el fondo, el tribunal requiere acreditar una lesión al bien jurídico libertad a través de estas supuestas dificultades económicas que condicionaron la voluntad de los ofendidos, a través del ofrecimiento de dinero, pues si los ofendidos tenían plena voluntad y no hubiesen estado en condición de dificultad económica, no habría vulneración alguna de la dignidad humana y, por ende, los hechos serían atípicos. Es precisamente en esta nueva condición donde, de forma soslayada, pretende el tribunal fundamentar la lesión al bien jurídico, variando la tesis fáctica de la acusación en detrimento de la defensa.

El tribunal estima la agravante de aprovechamiento del ejercicio de su profesión, que se regula en el acápite e) del art. 172 del Código Penal, misma que no fue acusada. La sentencia gira, en detrimento de la acusación, la agravante, desplazándola de la vulnerabilidad de los ofendidos hacia la condición de médico de [Nombre13 072], cuestión ésta que no está acusada. La pieza acusatoria señala que este imputado era médico, pero no menciona en ningún momento que se prevaliera de dicha circunstancia para cometer el hecho. El agravante del art. 172 en su acápite e) exige un aprovechamiento en el ejercicio de la profesión, el cual debería haberse descrito fácticamente, lo que no se hizo.

La sentencia excede la acusación en cuanto a los hechos por los que se considera el delito de trata de personas respecto de [Nombre13 053]. Se tienen por demostrados los hechos acusados respecto de [Nombre13 053] y se afirma que constituyen un delito imposible, sin embargo la sentencia condenatoria tiene a este ofendido como tal en función de hechos no acusados, como lo es su desplazamiento acompañando a su esposa [Nombre13 047] a Israel. La violación del principio de correlación entre acusación y sentencia es grosera en este punto y se evidencia con claridad de la lectura de los hechos de la acusación y de la sentencia, en los folios citados. Por lo dicho, solicita se anule la sentencia y se proceda a ordenar el reenvío correspondiente. El motivo no puede prosperar: El tribunal señala con claridad que la vulnerabilidad de las víctimas no fue debidamente acusada (conclusión que esta cámara comparte plenamente) y que, en todo caso, no se demostró con claridad. Esto, no obstante, no le impidió tener por demostrado que [Nombre13 072] coordinó, promovió y favoreció el traslado de los ofendidos dentro del territorio nacional (p. ej., de sus casas de habitación a los distintos centros médicos) con un propósito ulterior, a saber, que se efectuase la extracción ilícita de uno de órganos. Fue en relación con este último aspecto (el propósito que debe perseguir la trata de personas) que el tribunal profundizó, explicando por qué el hecho de que se hubiese pactado un precio a cambio del riñón convertía en ilícita la extracción. Son estos los hechos que, habiéndose acusado y tenido por demostrados, permiten al tribunal aplicar el tipo penal básico de la trata de personas vigente para el momento de su comisión y sostener que la extracción pretendida (y materializada) era ilícita. Dice la defensa que el a quo cambió el “eje de reproche” (entiéndase, los hechos) y que si ya era difícil dotar de contenido el concepto de vulnerabilidad, lo es más tratándose de la noción de “dificultades económicas” que se menciona en la sentencia. En cuanto a esto, nótese que ni lo uno ni lo otro se consideró a efectos de tener por configurado el tipo penal. Se reitera, se descartó que haya existido un aprovechamiento de la vulnerabilidad (sea económica o de cualquier otra clase) por parte de [Nombre13 072]. Lo que se indica es, simple y llanamente, que las víctimas accedieron a la nefrectomía porque se les ofreció una compensación económica. Esto es lo realmente importante (al menos para establecer el carácter ilícito de la extracción pretendida), siendo que la mención a los problemas económicos que algunos ofendidos pudiesen tener, carece de toda trascendencia, al punto que puede suprimirse hipotéticamente sin que varíe en un ápice lo resuelto. Dicho en otras palabras, siendo que se trata de un aspecto no fue determinante al calificar los hechos, ninguna importancia tiene que el órgano jurisdiccional haya afirmado en algunos acápites de la sentencia que los ofendidos tenían necesidades de orden económico, ya que no duda en señalar que, pese a esto, no tenían la condición de “vulnerables” y es sobre esta base fáctica que aplica la norma sustantiva. Siempre en este orden de ideas, basta leer el fallo de mérito para concluir que la referencia que hace el a quo al dinero como medio para “determinar” a las víctimas, no supone que estos no tuviesen margen alguno para decidir si se sometían a la extracción de uno de sus riñones, sino simplemente que fue ese el medio empleado para persuadirlos, cuestión que, igualmente, no tiene mayor importancia, no solo porque (se reitera) el tipo penal de la trata de personas no demanda un traslado forzado, sino también porque la ilicitud de la extracción (que en la trata es una finalidad que persigue el agente) se afinca en la prohibición legal que existe para relacionar la entrega de un órgano con una compensación económica. En cuanto al aprovechamiento del cargo, lo primero que hay que apuntar es que, tal y como se indicó en el segundo considerando de esta resolución, con la nueva redacción del tipo penal esa circunstancia agravante no es tal tratándose de la trata de personas con fin de extracción ilícita de órganos y, por ello, no se puede aplicar ni a [Nombre13 072] ni a Nombre01. Ahora, dicho esto, y entendiendo que esa situación no podría considerarse en perjuicio de los justiciables, cabe señalar que lo dicho por la defensa, al menos desde el plano de lo fáctico, es desacertado, ya que de la lectura integral de la acusación se desprende que [Nombre13 072] se aprovechó del cargo que desempeñaba en el Hospital Calderón Guardia para cometer los hechos. Así, en lo medular se refiere cómo él recibió a los ofendidos en dicho centro hospitalario; cómo, en su condición de jefe de nefrología, empleó los servicios del laboratorio clínico del hospital al remitir al ofendido [Nombre13 025] para que se le practicaran exámenes de laboratorio y cómo, en múltiples ocasiones, extendió incapacidades médicas para que las víctimas procediesen a realizarse las pruebas por él ordenadas. Esto es más que suficiente para comprender por qué el tribunal no se equivocó al tener por demostrado lo anterior. Finalmente, en el caso de [Nombre 043], basta con señalar que el tribunal indicó expresamente que el delito era imposible porque sus riñones eran de tres válvulas y no de dos (f. 5001 frente). Además (contrario a lo que afirma la defensora), de la relación de hechos probados se extrae que la persona desplazada a Israel para la extracción ilícita de su riñón fue [Nombre 047] (entiéndase, la ofendida directamente por el delito, f. 4875 vuelto, punto 20.c), siendo que [Nombre13 053], su esposo, la acompañó, valiéndose de las facilidades que les brindó [Nombre 072] (tiquetes aéreos, dinero para obtener los pasaportes y pagar los impuestos de salida e incapacidad médica para [Nombre 053]), todo lo cual también se expone en la pieza requisitoria (cfr. f. 4854 frente), de ahí que no exista la falta de correlación que se denuncia. Situación distinta es la valoración que, en términos civiles, se pueda hacer de la actuación de [Nombre13 043] (si cabe declarar con lugar la acción civil resarcitoria por él interpuesta), sin embargo, siendo que ese tema se plantea en próximos motivos, se volverá sobre él más adelante. Por lo dicho, sin lugar el alegato.XII.- Undécimo motivo. Errónea valoración de la prueba. Violación al artículo 361 del Código Procesal Penal en cuanto el tribunal quebrantó las reglas de la sana crítica racional. En este motivo, señala la recurrente varios apartados. A) El tribunal adopta como ciertas las declaraciones de los ofendidos sin realizar el mínimo ejercicio de someterlas a las reglas de la sana crítica, ello a pesar de que así se le somete a valoración por parte de la defensa en conclusiones. A.i) En primer lugar era necesario que el tribunal revisara si los ofendidos tenían algún motivo por el cual falsear la información que ofrecen en el debate, o sea si eran titulares de una causa de incredibilidad. Todos ellos actuaron en este proceso por temor a represalias de las propias autoridades, sabiendo y conociendo que habían cometido actos ilícitos y les podía ser exigida responsabilidad. Esta circunstancia fue acreditada, especialmente en los informes psicológicos, en los que se reconoce incluso cómo los testigos cambian su declaración o han mentido en el proceso, motivados por la amenaza que éste supone, o para ayudar a su amiga [Nombre13 014]. Así se extrae del informe psicológico de [Nombre13 034] mencionado antes, que indica: “Lo anterior también puede colaborar a explicar que la primera versión que la Sra. Nombre38 brinda al Organismo de Investigación Judicial fuese falsa e incompleta, de acuerdo a su narración. Fue a solicitud de la señora [Nombre 014] (quien se comunica con ella vía telefónica desde el centro penitenciario en el que se encontraba) que la motiva a buscar a la fiscal a cargo de la investigación y declarar. …./…

CONCLUSIONES La evaluada demuestra participar de la investigación por obligación y temor a represalias legales, omite información y se contradice en algunos momentos durante su relato…”. En el caso de [Nombre13 038], del dictamen social forense 13-013-160-PE-TS se desprende, como “causa de incredibilidad” el que se beneficie de las ayudas que la condición de víctima le depara: “Como indicadores que podrían propiciar la retractación o el abandono del presente proceso judicial por parte del evaluado se identificó el temor que su familia de origen conozca de la existencia de éste. Como factores protectores se identificaron la movilización de redes institucionales de apoyo tales como la Oficina Civil de la Víctima, el Instituto Mixto de Ayuda Social y la existencia de becas escolares para sus hijos, otorgadas por el Ministerio de Educación”. [Nombre13 057] fue consciente de que había incumplido la ley: “Por eso yo no lo comenté. Si yo lo comentaba lo primero que me echarían era a la ley”. [Nombre13 007] creyó que podían privarlo de su libertad. Así, en el dictamen psicológico forense N° 14-09-732-AE-TSPS, se indica: “En el plano emocional no se detecta niveles de desajuste Durante la época en que se citan los eventos denunciados. Al momento de la valoración se encuentran elevaciones clínicamente relevantes asociadas con la somatización del conflicto. Esta respuesta impresiona originada en la apertura del presente proceso judicial y la posibilidad de exposición a consecuencias en el nivel penal de privación de libertad.”. Para la recurrente, el tribunal no analiza el hecho de que las autoridades, tanto el O.I.J. como del Ministerio Público, les indicaron que ellos no eran imputados sino víctimas en tanto fueran vulnerables, imponiéndoles la obligación de justificar esta condición. Porque quien inserta en sus conciencias que las dificultades económicas son la llave para que no sean acusados y que sean víctimas, son los mismos investigadores del O.I.J. Así lo declaró Nombre39: “Al decir que les explicamos a las víctimas la situación de ellos en el proceso, les dijimos que eran víctimas y que se habían aprovechado de su condición de vulnerabilidad para donar un órgano vital a cambio de dinero”. También consta en la prueba documental, en concreto, todas las publicaciones de la prensa relativas al caso y cómo el mismo fiscal general, el día de la “detención” de [Nombre13 072], hizo un llamado a las personas que habían participado en el tráfico de órganos afirmando que no iban a ser imputados, que eran víctimas y que se acercaran a denunciar. De igual forma, [Nombre13 034], en el debate, reconoció cómo el oficial Diego Castillo la amenazó diciéndole que, o participaba como víctima, o “la detenía” como imputada. Para la apelante, ¿qué mayor causa de incredibilidad subjetiva que la de salvar su integridad procesal, para no ser acusados de un delito de tráfico de órganos, aquellos que con pleno conocimiento y voluntad aceptaron entregar su riñón a cambio de dinero, habiendo para ello falseado declaraciones juradas? Así es cómo, a pesar de que el tribunal afirma que todos los ofendidos son personas de baja escolaridad, en sus testimonios aparece llamativamente la palabra vulnerabilidad. [Nombre13 034]: “…la relación terminó, YO QUEDE VULNERABLE, quedé sola alquilaba una casita modesta, cuando mi ex se fue quede sin trabajo y nada,…”. Es claro entonces que el tribunal no valora adecuadamente que sí existía en los testigos un motivo para mentir, incumpliendo con ello las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Todos tenían una causa de incredibilidad subjetiva; sin embargo, el tribunal no solo no las analiza, sino que, a pesar de que se cuestionaron por la defensa, las obvia por completo, valorando aisladamente la declaración prestada en juicio, que en algunos casos es totalmente sorpresiva por cuanto no quisieron participar en los informes psicosociales. Tampoco considera por qué cambian completamente su declaración, “mintiendo descaradamente en el debate”. A.ii) En segundo lugar, era necesario que el tribunal no solo valorara las causas de incredibilidad subjetiva de los supuestos ofendidos, sino también otras pruebas documentales que se incorporaron al debate y que contrastaban la veracidad de las declaraciones prestadas por éstos. Así por ejemplo, respecto de [Nombre13 034], el informe psicosocial menciona: “Atendiendo a la pregunta judicial, para el año 2010 la investigación encuentra versiones distintas e irreconciliables entre las personas entrevistadas, no se logra corroborar que las necesidades básicas no pudieran ser satisfechas para la evaluada”. Ya hemos visto cómo [Nombre13 034] ofreció versiones falsas al Nombre40., pero su dicho sigue sin contrastarse con otras declaraciones de su entorno y que constan descritas en los informes psicosociales. Ella miente de forma sostenida en todo el proceso. Eso queda acreditado, pero no es de interés del tribunal valorarlo. Tampoco valora adecuadamente si estas condiciones de dificultad económica de los donantes fueron “una elección” de [Nombre13 072], para manipularlos (como hace creer la sentencia), pues ni siquiera [Nombre13 014] (beneficiada de un criterio de oportunidad) mencionó nunca, ni en el anticipo jurisdiccional, ni en el debate, que [Nombre13 072] le hubiese pedido que buscara a personas de bajos recursos o con dificultades económicas. Es llamativo (dice la defensa), no se lo dice a su reclutadora, pero la sentencia valora que se lo diga a uno de los reclutados. El tribunal ni siquiera pondera esta circunstancia, que fue planteada en conclusiones por el licenciado Gairaud Salazar. Tampoco el tribunal somete a valoración integral de la prueba la declaración de [Nombre13 017], quien miente descaradamente sobre el contenido de su patrimonio familiar, negando que su esposa trabajara, cuando este dato estaba acreditado en el expediente, o que ella tuviera una casa de habitación en una finca de más de trescientos metros cuadrados. ¿Cómo puede el tribunal afirmar que éste tiene dificultades económicas, y cuál es la entidad real de éstas, si no valora ni siquiera la condición económica familiar y patrimonial, ni de este ni de ningún ofendido? Tampoco valora el tribunal cómo [Nombre13 028] miente a la trabajadora social afirmando que para la fecha de los hechos no trabaja, cuando en su denuncia  y en las declaraciones del debate manifiesta que para ese momento era taxista informal, labor que desempeñaba con un vehículo de su propiedad.  No nos indica en qué prueba deposita la consideración de que este ofendido también se encontraba en dificultades económicas. En realidad se puede seguir así respecto de los once ofendidos restantes, por cuanto todos mintieron y se acreditó documentalmente que sí tenían bienes, que sí tenían ingresos, remitiéndose “por economía procesal” a la grabación del debate, en el cual la defensa, a través de 295 diapositivas, explicó por qué se podía afirmar que ninguno se encontraba en condiciones de pobreza y cómo reconoció el tribunal esto, cuando descartó la existencia de la vulnerabilidad en todos y cada uno de ellos. La ausencia de una valoración integral de la prueba lleva al tribunal a aceptar las declaraciones de los ofendidos en juicio, cuando existía prueba documental suficiente para descartarlas, siendo que el resto de la prueba obrante en el expediente no corroboraba el dicho de los ofendidos en cuanto a su condición económica, sino que demostraba lo contrario. Es decir, debió el a quo valorar integralmente la prueba al respecto, lo que no hizo. A.iii) En tercer lugar debió haber analizado, para determinar la credibilidad de los ofendidos, la persistencia en la incriminación, que debe ser entendida también en un análisis de la oportunidad con que estos comparecen en el proceso. En seis de los casos denunciados ([Nombre13 034], [Nombre 038], [Nombre 028], [Nombre 057], [Nombre 036] y [Nombre13 001]), el testimonio venía condicionado a lograr el criterio de oportunidad de [Nombre13 014] “y su excarcelación”, por lo que su finalidad está pervertida claramente en contra de [Nombre13 072]. En el caso de [Nombre13 001], eso se evidencia más, pues el día en que le es otorgado el criterio de oportunidad a [Nombre13 014] cambia su declaración a favor de ésta, implicando a [Nombre13 072] como no lo había hecho antes, situación que el tribunal, faltando a la sana crítica racional, tampoco somete a valoración. En definitiva, las declaraciones de los ofendidos carecen de los requisitos para ser creíbles, por cuanto todos ellos tenían una causa de incredibilidad subjetiva al  necesitar ser víctimas del delito de trata para no ser imputados del delito de tráfico de órganos. Sus declaraciones son contradictorias con la prueba objetiva llegada al proceso, lo que el tribunal omite valorar en cada caso al determinar la existencia de dificultades económicas. Se acreditó cómo las declaraciones de seis ofendidos se obtuvieron con una finalidad diferente a la de lograr la verdad procesal, a saber, para beneficiar a [Nombre13 014], quien manipuló a los testigos para obtener su impunidad. B) Motivo determinante: enriquecerse. No existe prueba alguna que refrende la afirmación del tribunal. Para la defensora, la afirmación de que [Nombre13 072] tenía como único propósito enriquecerse, carece de sustento fáctico alguno. Incluso, la única manifestación al respecto determina la situación contraria. Sobre los ingresos de [Nombre13 072] solo se pronuncia [Nombre13 014], quien indica que éste cobraba por cada trasplante la cantidad de un millón y medio de colones. Esos honorarios no llegaban a una séptima parte de los que un trasplante debía generar a un nefrólogo según la Asociación Costarricense de Nefrología, que tenía fijados unos honorarios mínimos para el nefrólogo en la cantidad  de ocho millones de colones, situación que quedó acreditada a través de la certificación del tarifario que se incorporó a la prueba documental. No indica la sentencia de dónde deduce dicha manifestación, tampoco existe prueba alguna que determine cuánto pagaron los receptores de los riñones objeto de este proceso. Aunque se presume que es una alta cantidad, no existe una prueba directa de esta situación.  Otros nefrólogos en el proceso reconocieron que el costo total de un trasplante privado tenía un margen de entre 60 a 130 mil dólares, entre hospitalización y pago de los equipos quirúrgicos, pero entre nefrólogos consultados por el Organismo de Investigación Judicial, existían grandes diferencias de precio, siendo la cotización más elevada la que ofreció el doctor Nombre41, quien fijó los costos de un trasplante en la cantidad de ciento treinta mil dólares (folio 988 vuelto), en contraposición con el presupuesto del doctor Nombre42, que lo fija en un total aproximado de cincuenta y ocho mil dólares. El tribunal no puede atribuir el ánimo de enriquecerse a mi representado y no probarlo, mismo que no es válido y menos para llevar a cabo un reproche penal.  C) Que [Nombre13 072] haya cobrado a los receptores grandes sumas de dinero. El tribunal afirma que [Nombre13 072] cobraba a los receptores grandes sumas de dinero, cuando al contrario, se demostró documentalmente que él no tuvo grandes ingresos en relación con el número de trasplantes que realizó, dado que los ingresos del extranjero que se evidenciaron en su cuenta corriente debían responder a muchas operaciones más realizadas en ese tiempo, en los que tanto los donadores como los receptores eran extranjeros, trasplantes que se encontraban acreditados a través de los expedientes médicos. Se acreditó que no era cierto que los receptores pagaran grandes sumas de dinero. Gran parte de estos trasplantes eran gestionados por aseguradoras, quienes pagaban los gastos habidos. [Nombre13 072] presentó sus declaraciones de la renta en las que se declararon todos y cada uno de los ingresos recibidos por estas cirugías, situación además que revisó “Tributación”, validando esas declaraciones y cuestionando únicamente un ingreso menor. No existe ni un solo dato de que [Nombre13 072] gestionara grandes sumas de dinero, o se enriqueciera ilícitamente con estos hechos. Los informes realizados por legitimación de capitales dieron resultados negativos, razón por la cual lo dicho por el a quo es infundado. D) No existe el negocio oculto de [Nombre13 072]. Dice la defensora que el tribunal quiebra la lógica al extraer el dolo del médico de una supuesta ocultación de los hechos por parte de éste. Si él hubiese tenido un negocio ilícito y su intención hubiese sido ocultarlo, no habría recibido a los ofendidos asegurados en su consultorio de la C.C.S.S., siendo además, como se acreditó, que él tenía muy cerca del Hospital Calderón Guardia su consultorio privado. Tampoco, desde la posición de poder que se le atribuye, hubiese “rubricado las pruebas médicas a laboratorios abiertos al público” a sabiendas de que estaba realizando actos ilícitos, o hubiese llevado a sus pacientes a hospitales privados con estándares de acreditación, control y revisión de aquellos, de los médicos y de los procedimientos. Tampoco habría contratado al mejor equipo médico-quirúrgico que tenía a su alcance para que llevaran a cabo la cirugía.  Si su negocio hubiera sido ilícito, no se habría dado el cuido y atención a los pacientes que se describió en el debate y constaba pormenorizado en los expedientes hospitalarios de los donantes, ni se hubieran puesto a su alcance los materiales más costosos, que ni siquiera la CCSS utilizaba con sus asegurados. Para la quejosa, esta apreciación es parcializada “y no analiza la verdadera forma” en que [Nombre13 072] participó en los hechos. Como agravio, estima que si se hubiese valorado la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, se hubiese absuelto a su defendido. Por ello, solicita se anule el fallo y se ordene el respectivo juicio de reenvío. Los reclamos se declaran sin lugar. En cuanto al punto del reclamo que se identificó con la letra A), la recurrente señala que los ofendidos se han mostrado reticentes a declarar y omite considerar que, pese a eso, han relatado los hechos al tribunal de mérito de forma coincidente entre sí, así como también que sus narraciones coinciden con la restante prueba (que, en cuanto a las actuaciones de [Nombre13 072] y a los procedimientos médicos que él coordinó, es abrumadora), de ahí que no haya razón alguna para estimar que faltaron a la verdad en lo que a la actuación del galeno respecta, como lo plantea la licenciada Sánchez de León Castellanos. En ese tanto, ningún error ha cometido el a quo al darles credibilidad, y tampoco podría considerarse de relevancia el vicio que la quejosa apunta, en el sentido de que en la sentencia no se consideró el citado extremo. En otro orden de ideas, que la apelante haya podido desvirtuar que algunos ofendidos necesitasen dinero para cubrir sus necesidades básicas, carece de toda importancia, no solo porque, ante los defectos de la acusación, el órgano jurisdiccional señaló de manera contundente que tal circunstancia no se podría considerar para asignar una calificación jurídica a los hechos, sino también -y sobre todo- porque, como reconoce la misma recurrente, el tribunal fue enfático al señalar que, con la prueba recibida en el contradictorio, no se podía tener por demostrado que las víctimas se encontrasen en una situación de vulnerabilidad. Por esto, igualmente, cabe concluir que lo reclamado no tiene ninguna esencialidad en la decisión. Es importante acotar que, en este alegato, la impugnante pretende cuestionar las declaraciones de las víctimas a partir de las inconsistencias que, en cuanto al tema de sus necesidades materiales, puedan presentar, obviando (se insiste) que de forma pacífica en la sentencia se descartó la situación de vulnerabilidad acusada y que, en cualquier caso, el que no se haya tenido por demostrado que los ofendidos estuviesen necesitando dinero para cubrir sus necesidades básicas, no es una circunstancia que lleve a concluir, como si de una regla invariable se tratase, que han mentido en el debate pues, como se ha venido señalando, existe abundante prueba que da cuenta de que lo narrado por ellos en cuanto a la retribución económica que se les prometió y entregó; los desplazamientos a distintos centros médicos; la extracción de uno de sus riñones y los trasplantes, es cierto. Por último, no es sino una especulación de la apelante el estimar que los agraviados llegaron a mentir con el ánimo de favorecer a [Nombre13 014]. Se reitera, pese a las reticencias y temores que pudieron mostrar a lo largo del proceso, existe abundante prueba que da cuenta del carácter verosímil de sus manifestaciones y, sobre todo, de lo narrado en relación con el papel que [Nombre13 072] desempeñó en toda esta trama delictiva que el mismo galeno, aunque con matices (por ejemplo, negando la compensación económica) acepta, confirmándose también por este medio que lo narrado por las víctimas se ajusta a la realidad de las cosas. En cuanto al reclamo identificado con la letra B), nótese que la recurrente no menciona siquiera, menos demuestra, qué esencialidad tiene lo que plantea. Olvida que al margen de si su patrocinado tenía el propósito de enriquecerse con la práctica de los trasplantes, la configuración del tipo penal de la trata de personas no depende de esa circunstancia. En todo caso, nótese que frente a lo dicho por [Nombre13 014] (que no es sino lo dicho a ella por el mismo [Nombre 072], f. 4901 vuelto), se tiene que de ese mismo testimonio y de otras probanzas se extrae con meridiana claridad que las personas receptoras pagaban importantes sumas de dinero (alegato identificado con la letra C), y que pagados los servicios de los médicos involucrados y entregada la compensación económica a quien se le extraía el riñón, sobraba una importante cantidad que, lógicamente, quedó en manos de [Nombre13 072]. Así, indica el a quo : “Indica la defensa que no era su representado quién pagaba las pruebas médicas sino una aseguradora, lo cual podía ser factible perfectamente y no por ello eliminarse la ilicitud de las acciones llevadas a cabo por [Nombre13 072] y tampoco era requerido como lo dice la defensa que su representado tuviese que haber manejado 120 millones para poder haber hecho todos los pagos a los ofendidos, y esto es así por varias razones, primero se parte de que a las doce víctimas que se les practicó la nefrectomía se les dieron 10 millones y ello no fue así, véase que por ejemplo en el caso de [Nombre13 014] fueron 6 millones y en el caso de los hermanos [Nombre13 007] y [Nombre13 017] una suma que osciló entre 3 o siete millones, así que solo con estos tres ya no tendría que ser matemáticamente 120 millones sino 110, pero además recuérdese que los casos en los cuales [Nombre13 072] llevó a cabo su plan delictivo con Nombre01 era el quién hacía el manejo del dinero, por lo que se seguiría restando la cantidad de dinero a manejar por [Nombre13 072]; pero lo más importante es lo que queda al descubierto con la amistad que luego del trasplante hace [Nombre13 014] con la familia de su receptora y es que a ellos se les cobraba una suma enorme de dinero que supuestamente era para la persona que donaba el órgano, pero en realidad a dicha persona se le entregaba bastante menos y ahí radica el aprovechamiento que se hacía de personas que al tener en riesgo su vida estaban dispuestos a pagar grandes sumas de dinero por obtener un órgano, específicamente [Nombre13 014] dijo al respecto: “los señores me preguntan cuánto recibí y yo dije, el señor se molestó mucho, porque se supone que les habían cobrado una cantidad muy grande para el donante, Nombre14 hasta se molestó conmigo, el doctor me dice que Nombre14 lo que tiene es un negocio. (…) A la familia de mi receptora les dijeron que me iban a dar $50.000,00, a los otros ofendidos el doctor les dijo que les iba a dar $20.000,00.” También [Nombre13 014] refiere que el doctor en otra ocasión le indica que él cobraba por todo el grupo médico $40.000,00 sin embargo en una ocasión en que unos familiares de su receptora le piden una cotización indica [Nombre13 014] que la misma ascendía a $200.000,00, de acuerdo a lo que ella observó de la cotización que el doctor le dio para que la enviara , y respecto a este dato se quiere dejar claro que el tribunal lo toma por lo manifestado por [Nombre13 014] y no por otro elemento probatorio. Sea no era necesario que los dineros que los receptores brindaban como pago a los “donantes” ingresaran a las cuentas de [Nombre13 072] como parece entenderlo la defensa que debía ser, más bien todo lo contrario, véase que en la gran mayoría de los casos el grueso del pago se daba en efectivo, en dólares, y eran solo cantidades menores en relación con el monto ofrecido las que eran pagadas como provenientes de la cuenta de [Nombre13 072], tales como pagos parciales a [Nombre13 034], [Nombre13 036] y [Nombre13 038], más bien el asunto es muy simple, por ejemplo si en el caso de [Nombre13 014] les dijeron a la familia de la receptora que al donador le darían $50.000 y solamente le dieron 6 millones de colones, es sumamente fácil determinar dónde quedó el resto del dinero que no le fue entregado a ella, en manos de quienes llevaban a cabo el proceso de captación de ofendidos y receptores, sea en manos de Nombre01, y [Nombre13 072]. Véase si la cantidad de dinero que se cobraba a los receptores era considerable, que cuando entra [Nombre13 014] dentro del plan delictivo se le pagaban $2000 por cada persona que llevara como “donadora”, y es que acá la defensa parece entender que todas las sumas, hasta las indebidas debían quedar registradas, cuando lo normal dentro del giro de una actividad delictiva que implica manejo de grandes sumas de dinero es que se maneje la mayoría del dinero que no puede ser acreditado de manera lícita, en efectivo, precisamente como una forma de no dejar rastros, y a partir del manejo en efectivo es sumamente fácil diluir su ilicitud, sobre todo en un caso como este en el que no fueron investigadas terceras personas cercanas a los encartados [Nombre13 072] y Nombre01. Además de todo ello, no puede tampoco dejar de considerarse que con base en el informe Nº 16-SLC-CPA-15, dentro del periodo comprendido entre el 01 de abril del 2009 al 01 de abril del 2013 en la cuenta de [Nombre13 072] en el Banco de Costa Rica, se identificaron transferencias provenientes de los Estados Unidos de América por ø76.323.606,13 y débitos justificados por un monto de ø65.244.000,00; con lo cual existe una diferencia de ø14.644,000.00 sin justificar pues se deriva de dos cheques que cambia el propio [Nombre13 072] en fecha 29 de febrero del 2012 y 25 de abril del 2012, fechas además cercanas a varios de los trasplantes que aquí se cuestionan.” (f. 5006 y 5007 frente). Como se aprecia, no solo es falso que el a quo no explicase de dónde extrae su conclusión de que [Nombre13 072] pretendió enriquecerse a partir de este negocio ilícito, sino también es evidente que, contrario a lo que se argumenta, la misma [Nombre13 014] aludió a sumas mayores a las que, en palabras de [Nombre13 072], él recibía. En concreto, esa deponente mencionó haber apreciado una “proforma” donde se hablaba de una suma de 200.000 dólares de los Estados Unidos de América (f. 4902 vuelto) y que la familia de su receptora también le había hablado de dicha suma (f. 4907 vuelto). Incluso, como reconoce la misma recurrente, los honorarios, tratándose de trasplantes, son elevados, y las cifras referidas por los especialistas, aunque distintas, también lo son, con lo cual la conclusión del a quo no es errónea. Ahora, el que las declaraciones de renta de [Nombre13 072] y sus propias cuentas bancarias no arrojen información para asegurar lo ya dicho, tampoco es óbice para establecerlo así, no solo porque existe prueba que permite concluir de forma razonable que el papel de [Nombre13 072] era bien remunerado, sino porque, como bien se expone en la sentencia recurrida, tratándose de fondos ilícitos tampoco es de extrañar que se manejen con total discreción, tratando de desvincularlos de la actividad criminal de donde se originan y de los autores del ilícito. Pero es que, a mayor abundamiento, incluso admitiendo hipotéticamente que no se pueda asegurar que [Nombre13 072] se enriqueció con esta actividad, o que cobró excesivas sumas de dinero a los receptores (situación que se descarta con lo que indicó a [Nombre13 014] la familia de su receptora y la proforma que ella observó), se tiene que ello no modifica la responsabilidad del galeno, según se expuso supra , pues la trata de personas no demanda, como elemento del tipo penal, la búsqueda de un fin de lucro. En cuanto al punto D), no es sino la sola opinión de la recurrente estimar que si el acusado hubiese actuado de forma ilícita no habría recibido a los pacientes en el hospital público; no los habría llevado a hospitales privados; no habría contratado al mejor equipo médico quirúrgico; no habría cuidado a los pacientes ni hubiese puesto a su alcance los materiales más costosos. Todo lo anterior ocurrió, ciertamente, y ello no excluye ni invalida la conclusión del a quo, en el sentido de que [Nombre13 072] trató de mantener en secreto lo que estaba ocurriendo, situación de la que da cuenta de forma contundente toda la prueba que permite al tribunal de instancia asegurar que él solicitó a algunos de ofendidos ir a firmar una declaración jurada donde negaban que hubiese mediado compensación económica alguna a cambio de sus órganos, revelándose así que él era conocedor del trasfondo ilícito de los trasplantes (f. 5008 frente). Sin lugar los alegatos.XIII.- Duodécimo motivo. Fundamentación contradictoria. Vulneración de los artículos 142 y 361 Código Procesal Penal. El tribunal incurre en dos contradicciones que deben examinarse por separado.

En cuanto, en los hechos probados de la sentencia, elimina el concepto de vulnerabilidad y lo sustituye por “personas en situaciones económicas difíciles”. Dice la defensa que “La queja se formula desde el prisma netamente procesal toda vez que el Tribunal, como hemos visto sobradamente, rechaza la descripción que la acusación realiza sobre las condiciones económicas de los ofendidos para enervar el principio de presunción de inocencia de mi representado sin una afectación del derecho de defensa. Entendiendo que no podría, sin violentar el principio de correlación entre acusación y sentencia, si tuviera que tenerlas por ciertas.  En lo que tiene totalmente la razón y fue, como reconoce, argumento de la defensa”. De forma contradictoria con esto, el tribunal sostiene que son esas dificultades económicas (no descritas en la acusación) las que llevan a considerar que existió un condicionamiento de la voluntad de los ofendidos y justificar así la lesión al bien jurídico dignidad de las personas. El tribunal no hace el ejercicio de individualizarlas tampoco, “como le exige a la condición de vulnerabilidad” (sic), pues hubiera evidenciado aún más su contradicción lógica.

También es contradictorio que el tribunal considere que se da un delito imposible en el caso de [Nombre13 053] al no poder ser donante del riñón y finalmente condene a [Nombre13 072] como autor de un delito de trata de personas en contra de este mismo ofendido, por otros hechos que no fueron acusados. El viaje que [Nombre13 053] realiza a Israel en ningún caso puede considerarse dentro del delito de trata de personas, pues no está condicionado a una finalidad delictiva propia, no siendo él víctima del delito de trata de personas.  Esta contradicción no es dable y se realiza la queja formalmente por la contradicción que implica. Solicita se anule la sentencia y se ordene el respectivo juicio de reenvío. Sin lugar los reproches. Como bien explica la defensora, estos temas ya fueron reclamados en motivos anteriores. A lo resuelto entonces debe estarse la recurrente. Sí conviene reiterar que el tribunal condenó a [Nombre13 072] por un único delito de trata de personas; que en relación con [Nombre13 053] estimó que el delito era imposible y añadió que, no obstante esto, se hacía alusión a él y su situación pues permitía entender por qué, de seguido, se captó a su esposa, [Nombre13 047] (f. 5001 frente), con lo cual no es sino una afirmación errónea de la impugnante el entender que se le condenó penalmente por un delito en perjuicio de aquel. Por lo dicho, se declaran sin lugar los alegatos.XIV.- Decimotercer motivo. Falta de fundamento por omisión a la responsabilidad de [Nombre13 014]. El criterio de oportunidad no excluye su responsabilidad “penal” (sic). El tribunal, en la determinación de la responsabilidad civil en contra de [Nombre13 072], vulnera lo establecido en el art. 135 de las Reglas Vigentes sobre la Responsabilidad Civil que, en su artículo 135, establece: “Es solidaria la obligación de los partícipes en un hecho punible en cuanto a la reparación civil; pero entre ellos cada uno responderá por la cuota que le señale el juez, según su participación”. Para la defensora, se omite determinar la participación de la coautora [Nombre13 014] respecto de los hechos que involucran a [Nombre13 053] y [Nombre13 047], en los que, en los términos de la propia acción civil, aquella figura como coautora. Para establecer la solidaridad, se debía determinar la cuota de participación de los intervinientes, sea de [Nombre13 072] y [Nombre13 014], quien fue señalada en los hechos de la acción civil como partícipe del delito. Si bien se acogió a un criterio de oportunidad, este no tiene ningún tipo de efecto sobre la acción civil, con lo cual no se elimina su responsabilidad en este sentido. Así las cosas, la participación en los hechos de [Nombre13 014] debía haber supuesto una determinación de las cuotas de participación, lo que no se hizo, en claro perjuicio de [Nombre13 072] al que se le condena civilmente sin que pueda conocer cuál es la cuota de participación que le corresponde, y entablar en su caso el reclamo del resto a quien participó también en la comisión delictiva. En este sentido el artículo 136 del mismo texto legal reafirma la obligación que tenía el tribunal a la hora de resolver la acción civil en tanto establece: “El que por título lucrativo participare de los efectos de un hecho punible, aunque éste no le sea imputable penalmente, estará obligado a reparar el daño hasta la cuantía en que hubiere participado”. Así lo solicitó la defensa en conclusiones, por lo que el tribunal incurre en una falta de fundamentación al omitir pronunciamiento, situación que en el fondo, también evidencia la existencia de un vicio en el consentimiento de [Nombre13 014], dado que en el debate manifestó que nunca nadie le advirtió que la responsabilidad civil por los hechos que estaba reconociendo le imponían la solidaridad. Como agravio, la recurrente alega que de haberse aplicado la ley, procedía el rechazo de la acción civil resarcitoria al existir un litisconsorcio pasivo, por cuanto en los hechos se relacionaba como partícipe a quien no se demandaba civilmente, provocando la imposibilidad de que el tribunal realizara un análisis de la participación delictiva de quien si bien no era responsable penal de los hechos, mantenía incólume su responsabilidad civil, conculcándose gravemente el debido proceso y la determinación de la participación civil de [Nombre13 072] frente a la de [Nombre13 014]. Por lo dicho, solicita se anule el fallo se ordene el reenvío correspondiente. Sin lugar el reparo. Tal y como se explicó supra , la demanda civil no fue incoada contra [Nombre13 014] (f. 7 y 8 del legajo de acción civil resarcitoria respectivo), de ahí que ningún error haya cometido el tribunal de mérito al no pronunciarse en cuanto a la situación (civil) de ésta. Aunado a lo anterior, no se está ante un caso de litisconsorcio pasivo necesario, con lo cual la afirmación que plantea la recurrente a partir de esa base, es errónea. En ese sentido, el mismo artículo 113 del Código Procesal Penal señala que “Si en el proceso existen varios imputados y civilmente responsables, la pretensión resarcitoria podrá dirigirse contra uno o varios de ellos. Cuando el actor no mencione a ningún imputado en particular, se entenderá que se dirige contra todos” (el destacado no es del original). Como se observa, contrario a lo que plantea la recurrente, no existía ningún impedimento para que el damnificado dirigiera su acción contra uno o varios de los posibles demandados civiles y no contra todos, tal y como sucedió aquí. Finalmente, se reitera que el derecho de abstención previsto en el numeral 36 de la Constitución Política (y las advertencias asociadas a él) son en cuanto a la responsabilidad penal y no a la civil, con lo cual el planteamiento que sobre esa base formula la licenciada Sánchez de León Castellanos, es claramente erróneo. Sin lugar la queja.XV.- Decimocuarto motivo. Falta de pronunciamiento sobre la extemporaneidad de la acción civil de la “Oficina Civil de la Víctima”. Existe una absoluta falta de fundamento en cuanto a la extemporaneidad de la acción civil, reclamada por la defensa en conclusiones. La demanda de acción civil ejercida por los ofendidos a través de la “Oficina Civil de la Víctima” (sic) se presentó con posterioridad a la acusación, en contravención de lo que establece el art. 114 del C.P.P. Siendo este un hecho incontrovertido, debía rechazarse la misma, por extemporánea. Al inicio del debate, también la demandada civil Caja Costarricense de Seguro Social había alegado este defecto como de carácter previo y si bien el tribunal se pronunció al respecto, esa resolución no podía entenderse como definitiva pues no se produce dentro de la sentencia, siendo esta última la única que, por su fundamento y vías recursivas, puede rechazar o aceptar las acciones civiles. Es por ello que el tribunal debió, ante la solicitud de la defensa, referirse al punto y resolver como se le pedía, declarando la extemporaneidad de la acción civil, esto con base en la resolución N° 2014-1951 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José. La ley es igual para todos y la “Oficina Civil de la Víctima” no puede prevalerse de una condición diferente, ni sus representados tampoco. De forma que debía ser de aplicación la interpretación habitual que se le otorga al art. 114, considerándose que si la acción civil no se presenta de previo a que el Ministerio Público emita su acusación (única forma de interpretar el precepto mencionado), es necesario considerarla extemporánea, lo que aconteció en el caso concreto. La Sala Tercera, por su parte, ha entendido que la presentación de la demanda fuera del plazo legal no tiene otra solución que su inadmisibilidad, no tratándose siquiera de un defecto o error subsanables, sino del vencimiento del plazo (voto Nº 427-2007 de las 14:05 del 4 de mayo de 2007). Por lo expuesto, la defensora solicita se declare extemporánea la acción civil de la “Oficina Civil de la Víctima” en el caso de [Nombre13 053] y [Nombre13 047], al haberse interpuesto fuera del plazo de ley, y se absuelva a [Nombre13 072] de dicha acción civil y de las costas procesales impuestas en sentencia. Sin lugar el alegato. Incluso admitiendo que en la sentencia el tribunal no abordó el tema de la extemporaneidad de la acción civil resarcitoria incoada por la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima, la apelante reconoce que  sí lo conoció y resolvió al iniciar el debate, no dándose entonces la falta de fundamentación que se reprocha. En todo caso, el simple examen de los autos da cuenta de que (contrario a lo que plantea la licenciada Sánchez de León Castellanos), la demanda fue presentada oportunamente, con lo cual ningún error se ha cometido al resolver sobre ella. El numeral 114 del Código Procesal Penal señala que la demanda “se debe plantear ante el Ministerio Público durante el procedimiento preparatorio, antes de que se formule el requerimiento fiscal o la querella, o conjuntamente con esta”. Como bien ha expuesto la doctrina más autorizada del país, el término “requerimiento” abarca la acusación y solicitud de apertura a juicio (art. 303 C.P.P.), entendiéndose que “[…] el límite a la formulación de la acción civil lo fija la presentación del requerimiento fiscal ante el juez penal y no la fecha en que el fiscal habría elaborado la acusación  (así: Sala Tercera, voto 1266-2006 del 15-12-2006; Tribunal de Casación Penal de Goicoechea, voto 119-2008 del 17-2-2008). Se ha señalado además que lo que cuenta es cuando el requerimiento fiscal es recibido por el juez penal y no el traslado a la víctima establecido en los artículos 300-301 del C.P.P. (Sala Tercera, voto 1507-2008 del 17-12-2008)” [Nombre19, Javier. Procesal Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado). San José: Editorial Jurídica Continental, 6° edición, 2017, pp. 263-264]. Se trata de un criterio que esta cámara comparte plenamente y que le lleva a estimar que la acción civil resarcitoria que formuló la citada Oficina de la Defensa Civil de la Víctima fue planteada en tiempo. La misma se presentó ante el Ministerio Público el día 19 de agosto de 2014 (cfr. razón de recibido, f. 6 del legajo de acción civil resarcitoria), lo mismo que el escrito donde se plantea el tema de las pretensiones (cfr. razón de recibido, f. 76 a 83 frente del legajo ya dicho), en tanto que el expediente, con la acusación y la solicitud de apertura a juicio, fue trasladado al juzgado penal el día 16 de septiembre de 2014 (f. 2244 del tomo VI). Esta cámara no desconoce que en la resolución N° 2104-1951 dictada a las 8:35 horas del 3 de octubre de 2014 este mismo tribunal, aunque con otra integración, esbozó un criterio distinto. En concreto, argumentó que: “ Como cuarta disconformidad se alude a la extemporaneidad de la acción civil porque, conforme a los numerales 114 y 308 del Código Procesal Penal, la demanda civil debe plantearse antes de que se formule la acusación o querella o conjuntamente con esta. Sin embargo, consideran que, por una interpretación contra legem que efectúa la doctrina y jurisprudencia nacionales, se ha entendido esa norma como el momento de trasladar la acusación al Juzgado Penal. Fue así cómo, en este asunto, se avaló la intervención de la parte actora civil, pese a que, originalmente el ofendido delegó la acción civil en el Ministerio Público (folio 10) pero, en folio 29, con su abogado, dijo que se constituiría en querellante y actor civil por medio de abogado particular. En folio 65 aparece la referencia que, el 21 de enero de 2011, se le informó que podía constituirse en querellante, pues se estaba formulando la acusación, ante lo que el ofendido contestó negativamente y que continuaba con la representación de la acción civil en la Fiscalía, por lo que la Oficina respectiva de esta instancia fue comunicada el 26 de enero (folio 3 del legajo de acción civil). Es decir, el ofendido primero autorizó a la Oficina de Defensa Civil de la Víctima a que actuara en su nombre, luego revocó esa decisión y, finalmente, revertió esa situación a la original, lo que generó que dicha entidad presentara fuera de tiempo su demanda. No hubo pronunciamiento de la contraparte. Lleva razón la parte recurrente. En este asunto, originalmente el ofendido delegó la acción civil en el Ministerio Público (folio 10) pero, en folio 29, el 21 de enero de 2010, con su abogado, dijo que se constituiría en querellante y actor civil por medio de abogado particular. Consta en folios 60 a 64 la acusación formulada, sin que se indique la fecha de ello y, el 21 de enero de 2011 (folio 65), de la Fiscalía, se comunicaron con el ofendido, indicándole esa situación y que podía constituirse en querellante, lo que no aceptó. La acción civil resarcitoria fue presentada, por la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, en fecha 08 de febrero de 2011 (ver legajo respectivo, folio 3). El artículo 114 del Código Procesal Penal señala que la solicitud de constituirse como actor civil, que se manifiesta en un escrito con las formalidades de ley, debe hacerse antes de presentarse la acusación (u otro requerimiento de cierre de la etapa preparatoria) fiscal o querella, o conjuntamente con ésta. Es cierto que la norma no puede interpretarse en forma aislada y que, de haberse externado la voluntad del ofendido de constituirse como querellante, o de haber presentado la querella en los trece días siguientes a la comunicación de que ya la acusación estaba efectuada, junto con tal acusación privada podía presentar, también, la demanda civil, pues eso deriva de una interpretación sistemática de ese numeral con los artículos 306 y 307 del Código Procesal Penal. No obstante, en este caso ni el escrito de constitución se presentó antes de la acusación ni fue voluntad del ofendido el constituirse como acusador particular, lo que expresamente dijo y, por ello, no aportó la querella, junto con la cual hubiera podido entregar, válidamente, la acción civil resarcitoria. Por ello, no es posible extender, vía interpretativa, el plazo para aportar un escrito de constitución, dado que la ley establece plazos perentorios para ello (antes de la acusación si no hay querella y, de haberla, junto con ésta) y eso sería violentar el principio de legalidad procesal (artículo 1 del Código Procesal Penal. Por ello, lleva razón la parte recurrente y, ante eso, debe revocarse la sentencia impugnada, en cuanto acogió la acción civil resarcitoria y condenó en costas por ella para, en su lugar, rechazarla por extemporánea, debiendo la parte interesada acudir, si a bien lo tiene, a la vía ordinaria civil, en defensa de sus derechos. De igual forma, se debe resolver sin especial condena en ambas costas, por haber existido razón plausible para litigar dado que el ofendido sufrió un daño y se dirigió contra quien creyó responsable civil para resarcirlo, aunque, por una actitud propia (de estar cambiando su representación legal) finalmente lo hizo en forma extemporánea”. Se trata de un criterio que esta integración respeta pero no comparte, no sólo porque supone interpretar de forma restrictivamente un precepto que limita el ejercicio de un derecho conferido a los sujetos del proceso (en este caso, a las víctimas que pretenden constituirse en actores civiles), lo cual está vedado por el numeral 2 del mismo Código Procesal Penal, sino también porque es de todos conocido que la fecha en que se confecciona la acusación resulta incierta para la víctima, con lo cual supeditar la admisibilidad de la acción civil resarcitoria a lo anterior atenta contra el principio de seguridad jurídica. Así las cosas y siendo que, según la interpretación efectuada por esta cámara (que no es sino la esbozada por la doctrina y la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia) la acción civil resarcitoria no se planteó de forma extemporánea, se declara sin lugar el alegato.

Decimoquinto motivo. “Extrapetitio respecto de la condenatoria de [Nombre 053]”. El fundamento del daño moral al que se ha condenado a [Nombre13 072] respecto de [Nombre13 053] constituye una clara extrapetitio del tribunal, por cuanto la acción civil resarcitoria, y específicamente el daño moral reclamado, lo era por desplazamientos propios y no por los que realizó como acompañante de [Nombre13 047], su esposa. El tribunal le otorga una indemnización a [Nombre13 053] por lo acontecido en el viaje a Israel, cuando en ese viaje él no era sujeto alguno de delito en tanto que su desplazamiento no tenía por finalidad la extracción ilícita de sus órganos. Nunca la tuvo, ni siquiera en los otros desplazamientos, pues como reconoció el propio tribunal, se trataba de un delito imposible. Es por ello que el tribunal incurre en una clara extrapetitio a favor de [Nombre13 053], beneficiándole en la satisfacción de un daño moral que nunca reclamó, y en una materia (la civil) que se rige por el principio de petición de parte como límite a la jurisdicción. Solicita se anule la sentencia y se declare sin lugar la acción civil interpuesta por [Nombre13 053] en contra de [Nombre13 072]. Aunque por razones distintas, la impugnante lleva razón. El tribunal de mérito declara con lugar la acción civil resarcitoria planteada por [Nombre 043] con base en los siguientes argumentos: “La solución para los ofendidos [Nombre13 043] y [Nombre13 047], según se acreditó en su caso, ellos, con independencia del contrato previo, si fueron sometidos a riesgos inadecuados. Inicialmente, [Nombre13 072] y [Nombre13 014], contactaron a [Nombre 043] en Turrialba e hizo todo el procedimiento preoperatorio para la extracción del riñón, pero [Nombre13 043] no podía ser sometido a una nefrectomía, por lo que se interrumpió el procedimiento usual para lograr la extracción del riñón. Entre los meses de marzo del 2012 y marzo del 2013, [Nombre13 072], hizo contacto con [Nombre13 047], esposa de [Nombre13 043] desde su domicilio en Turrialba, esta vez le ofreció a ella diez millones de colones por un riñón. Ellos planearon la salida del país de dicha ofendida, desde Costa Rica hacía Israel, con el fin de que le extrajeran uno de sus riñones, por aquella suma y además [Nombre13 072] les dio el dinero para pasaportes de la ofendida y actora civil [Nombre13 047] y de su esposo [Nombre13 053], le proporcionó los tiquetes aéreos con destino a Israel y los impuestos de salida del país, pero no les dio dinero para su bolsillo. Ellos, el 16 de marzo del 2013, siguiendo las instrucciones de [Nombre13 072], salieron de Costa Rica a España y luego a Israel, con el fin de que le fuera extraído uno de los riñones de ella, pero en su lugar, fueron detenidos en el aeropuerto por las autoridades migratorias. En dicho lugar fueron interrogados hasta que confesaron que iban a realizar la sustracción de los órganos. En vista de que no llevaban dinero, el cónsul de ese entonces, no solo los auxilió, sino que les facilitó el capital mínimo requerido para regresar al país. Como ha quedado demostrado y este tribunal lo ha dicho, en el caso de estos dos ofendidos si existe una producción de un daño más allá de la simple extracción, consistente en enviarlos a su suerte, hasta Israel no solo sin fondos para poder sobrevivir, sino sin los datos suficientes para hacerlo y con ello, [Nombre13 072] los puso en riesgo. Este sufrimiento es indemnizable a título de daño Moral, pero no en el monto sugerido por la parte gestionante. Para la fijación de este rubro, el tribunal no puede dejar de lado que todo esto surge a partir de un contrato que los ofendidos sabían, era ilícito. Que ellos al saberlo, promovieron de alguna manera su propio riesgo, pero no por ese motivo se excluye la responsabilidad civil de don [Nombre13 072], y que el sometimiento fue, sin duda alguna, altamente peligroso y abusivo. Por esos motivos y tomando en cuenta la abundante prueba sobre estos sufrimientos, con base en los ordinales 123 y siguientes del Código Penal de 1941 aun vigentes, en vista que esta cámara la puede puntualizar, se fija el daño moral para cada uno en el tanto de cinco millones de colones” (f. 5026 frente y vuelto). Basta leer lo anterior para apreciar cómo el a quo, a pesar de que lo tiene por demostrado (cfr. f. 4875 frente y vuelto y 5001 y siguientes), no repara en que es [Nombre13 053] quien, tras determinarse que no era candidato para la nefrectomía, traslada a [Nombre13 047] la idea de que tome su lugar y es él quien a sabiendas de sus actos, acepta una incapacidad que le extiende [Nombre13 072] por un mes para viajar a Israel con su esposa, todo con el propósito de que a ésta se le practicase allá la nefrectomía, asumiendo así un papel medular en el delito de trata de personas que ejecutaba [Nombre13 072]. En la resolución cuestionada se explica cómo el galeno coordina todo lo necesario para que [Nombre13 053] y [Nombre13 047] viajen a Israel (les da el dinero para tramitar los pasaportes y pagar impuestos de salida; les da los tiquetes aéreos y le extiende a [Nombre13 043] la incapacidad referida) y se subraya la importancia de que ese viaje lo hicieran juntos, al apuntar que “[…] Nombre43 es lo mismo que ella viajase sola que acompañada por su esposo, era un hecho que daba seguridad a ambos y facilitaba el plan delictivo” (f. 5003 frente). Así las cosas, no puede afirmarse que [Nombre13 053] sea ofendido en aquellos hechos que involucran a su esposa. Al contrario, es claro que él, en el curso mismo de los acontecimientos, asumió un papel medular, esto en tanto que, al prestarse a acompañarla, facilitó su desplazamiento a Israel, dándole un soporte y una seguridad que de otra manera no hubiese obtenido. Aunque la idea de enviar a ambos a ese país fue de [Nombre13 072], [Nombre13 053] coincide con esa resolución, esto desde que acepta la incapacidad médica que le extiende el galeno y viaja con [Nombre13 047] a sabiendas de que ese periplo tiene el propósito de que a ella se le extraiga un órgano. Esta cámara considera que lo expuesto es suficiente para sostener que el tribunal de mérito se equivocó al concluir que el sufrimiento que él experimentó al ser aprehendido y deportado por las autoridades israelíes debía ser indemnizado por [Nombre13 072]. En realidad, [Nombre13 043] carece de toda legitimación para pretender un resarcimiento y así debe declararse. Por lo dicho, se acoge el alegato. Se anula la sentencia únicamente en cuanto declaró con lugar la acción civil resarcitoria incoada por [Nombre13 043] en contra de [Nombre13 072]. En lugar de esto: i) se declara sin lugar esta acción civil resarcitoria; ii) siendo que (como se explicó supra) si bien [Nombre13 072] facilitó el traslado de [Nombre13 047] a Israel para que se le extrajera uno de sus riñones, es incuestionable que [Nombre13 043] contribuyó de forma importante a ese desplazamiento (al punto que no se le puede siquiera considerar ofendido por los hechos ocurridos en ese país), esta cámara estima que no le asistía razón plausible para litigar en contra del citado galeno. Así las cosas, con base en lo dispuesto en el artículo 267 del Código Procesal Penal, se le condena al pago de las costas personales de su acción, mismas que se fijan en la suma de tres millones setecientos cincuenta mil colones (¢3.750.000). En la determinación de este monto, se toman en cuenta los numerales 16 y 42 del Arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado N° 36562-JP, así como la liquidación de pretensiones hecha por la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima, representante de [Nombre13 043], en las conclusiones del debate (según la sentencia, se solicitó el pago de veinte millones de colones como indemnización por el daño moral que estima haber sufrido, f. 4855). iii) Consecuencia de lo anterior, se rectifica la sentencia y se rebaja la condena en costas personales (y que, por error, llama el tribunal de instancia como “procesales”, f. 5026 vuelto) dispuesta contra  [Nombre13 072] a la suma de un millón de colones (que corresponde a la acción civil resarcitoria de [Nombre13 047]). En la definición de este monto, también se atiende a las normas del arancel de honorarios recién citado. XVII.- “Se rechace la acción civil por la absolutoria de los delitos de trata de personas que viene anteriormente  fundamentado”. Falta de legitimación activa y falta de Derecho. Los argumentos aducidos en cuanto a la no existencia de una responsabilidad penal de [Nombre13 072] deben suponer el rechazo de la acción civil subsiguiente. La condenatoria civil en el caso de [Nombre13 053] y [Nombre13 047] dice devenir de la existencia del delito, por lo que considerando que [Nombre13 072] no fue autor de trata de personas, tampoco tiene que indemnizar a [Nombre13 053] Solano o a [Nombre13 047]. Estos dos ofendidos con absoluta independencia y voluntad y bajo su propio riesgo (como indica el tribunal) viajaron a Israel a fin de que [Nombre13 047] se realizase una nefrectomía, siendo que no consta que el contrato sinalagmático respecto de ésta (entiéndase, la nefrectomía), debiera cumplirlo [Nombre13 072].  Ni [Nombre 053], ni [Nombre13 047], aquejaron el incumplimiento del contrato por cuanto el mismo se resolvió por causa de fuerza mayor que impidió su cumplimiento. En concreto, los daños morales que cita el tribunal fueron generados por autoridades israelitas, lo cual está fuera de todo control de [Nombre13 072] y de la relación de causalidad que rige en materia civil en nuestro ordenamiento. Así dicho, tampoco es de recibo la atribución de este daño al demandado civil. Solicita se anule la sentencia en este punto, declarándose también la acción civil de [Nombre13 053] y [Nombre13 047] sin lugar. El alegato se declara sin lugar . En lo que a [Nombre 053] Solano respecta, la recurrente se debe estar a lo expuesto en el anterior considerando. Tratándose de [Nombre13 047], basta señalar que [Nombre13 072] sí cometió el delito de trata de personas e, indudablemente, una de las personas ofendidas con él fue [Nombre13 047]. En ese tanto, la primera premisa de la que parte la defensa (a saber, que como no hay responsabilidad penal tampoco habría civil) es errónea. Por otra parte, si bien esta cámara considera que el tribunal de instancia cometió un error al entender que el contrato donde las víctimas aceptaron someterse a la extracción de uno de sus riñones a cambio de dinero era válido [cuando lo cierto es que existía entonces (y ahora) una prohibición legal en ese sentido, de ahí que ninguna negociación que se dé en esos términos podría surtir efecto legal alguno], se tiene que ese error no tiene mayor trascendencia, pues además de que la mayoría de las acciones civiles resarcitorias fue declarada sin lugar, esta cámara hizo lo mismo tratándose de la planteada por [Nombre13 053] por los hechos suscitados en Israel y solo subsiste lo acordado en relación con [Nombre 047], esto por las vejaciones y angustias que debió experimentar al ser recibida por las autoridades migratorias de aquel país y al ser deportada, de las cuales no puede eximirse [Nombre13 072], pues la expuso a ese periplo, tal y como fue demandado. Se trata de una responsabilidad que, incluso, no se ve demeritada por la aquiescencia que mostró al desplazamiento y a la eventual extracción de uno de sus riñones, pues como se extrae del numeral 70 de la ley N° 9095, la víctima de la trata, además de no ser responsable por los delitos que pueda cometer durante la ejecución o derivados de ésta, conserva su derecho a tomar acciones legales contra el autor de la trata de personas. Conviene también acotar que si bien podría estimarse que [Nombre13 053] tiene alguna responsabilidad en el daño causado a [Nombre13 047], ninguna importancia tiene que el a quo no se plantease el tema, ya que la demanda civil se interpuso únicamente contra [Nombre 072], dándose la misma situación que (en anteriores considerandos) se expuso tratándose de [Nombre13 014]. Por lo dicho, se rechaza el alegato.            RECURSO DE APELACIÓN FORMULADO POR EL LICENCIADO JOSÉ MANUEL MOJICA CERDA, DEFENSOR PARTICULAR DE Nombre01.XVIII.- Primer motivo. Errónea apreciación de la prueba. El licenciado José Manuel Mojica Cerda, defensor del imputado Nombre01, acusa la nulidad de la sentencia al estimar que la prueba no fue valorada conforme a las reglas de la sana crítica racional. En ese sentido, plantea una serie de alegatos que se pueden enumerar de la siguiente manera: i) El oficial del O.I.J. Diego Castillo Gómez señaló: “Nombre44 trasladaba a las víctimas desde la pizzería hasta el consultorio de [Nombre13 072], aunque fuera a pie no sabían a donde era que tenían que ir y él los llevaba” (sic). Lo anterior es totalmente falso (dice el defensor) en vista de que los tres testigos de descargo e inclusive las tres víctimas que denuncian al endilgado ([Nombre13 014], [Nombre13 007] y [Nombre13 017]) son contestes en indicar que Nombre44 siempre se encontraba en su negocio comercial de pizzería, ya fuera atendiendo a los clientes, o bien horneando las pizzas, pero ninguno indica que cuando llegaron al sitio, Nombre44 no se encontrara en el negocio de pizzería. ii) El testigo de cargo Nombre45 indica: “Desde el 2011 se determina que la persona que comienza a reclutar víctimas era una persona de origen griego conocida como Nombre14 y que tenía una pizzería por el Calderón, empezamos a identificar al señor Nombre14 como un reclutador, los lleva a la oficina de [Nombre13 072] y coordina con algunos taxistas para que los lleve a determinados lugares a hacer los exámenes previos, luego solicitamos los rastreos de su teléfono previa prueba de tenencia. Con los rastreos, el analista nos hizo un flujograma donde se establecía la comunicación a nivel nacional e internacional, con Grecia e Israel de parte de [Nombre13 072], todas estas personas interactúan. Con esto para septiembre pedimos las detenciones de Nombre20, de Nombre10 y de los otros médicos” ( sic). Estas afirmaciones son completamente inverosímiles. ¿En qué se basa para decir que el encartado es un reclutador? Sólo por el hecho de tener un negocio comercial ubicado frente a una de las entradas del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, frente a una parada de taxis, “de tal manera que (dice el recurrente) no coordina con taxistas, no recluta personas, al negocio de mi representado concurren diariamente entre 150 y 200 personas en condición de consumidores y si hubiese querido reclutar personas tendía a 10 personas diariamente como mínimo, por ello la hipótesis del deponente se cae por si sola”. Aunado a esto, es falso que existan llamadas entre Nombre20 y los demás coimputados. El flujograma y las intervenciones telefónicas demuestran que no las hay. ¿Cómo se deja decir tales aseveraciones este testigo?, pregunta el defensor, si él mismo indica: “Recuerdo que fui un momento al allanamiento en el caso de Nombre44 al ser el jefe me interesa ver cómo va el operativo, no tuve acceso a la información secuestrada” (el subrayado es del recurso). Agrega el impugnante que este testigo no resulta creíble si se considera la evidencia que resulta del allanamiento.  En las actas de secuestro números 618792, 618795, 618796, 618797, 618799, 523395 y 523396  no hay absolutamente ninguna evidencia que incrimine al endilgado. En el acta de decomiso número 618800 lo único rescatable es una radiografía con la leyenda “Nombre46”, de fecha 3/8/13, pero, primero que todo las fechas no coinciden con los hechos acusados en contra de Nombre20 (años 2009 y 2010), y segundo, es totalmente comprensible que en un negocio comercial situado frente a una de las entradas principales del Hospital Calderón Guardia, que es visitado por más de 150 personas al día, alguna persona olvide documentos (exámenes, órdenes y sus resultados, radiografías, referencias médicas, etc., todos documentos ligados a pacientes), lo que no da pie para arribar a una conclusión de culpabilidad como lo hace en forma errónea el tribunal. El acta de decomiso número 618798, en lo que interesa, indica como objetos decomisados y de interés para la investigación: “Análisis del Servicio de Urología del paciente Nombre47, cédula CED05 de fecha 05/04/2013 (esta persona es el suegro de mi representado -dice el defensor-), solicitud de exámenes radiológicos al paciente Nombre48, cédula CED06, solicitado por el Doctor Mario González Salas, Urólogo, código CED07, (esta persona no aparece como ofendido por lo que no es de interés para el caso). Asimismo un resultado de análisis clínicos del Laboratorio Clínico y de Hormonas Castillo a la paciente [Nombre13 071] de pacientes para internamiento de la paciente Nombre49 y Nombre50 (ambas personas no son parte de las ofendidas de tal manera que no es posible que en la sentencia se indique la existencia de prueba documental que incrimina a mi representado, puesto que lo único real es que ninguna de las pruebas documentales de este expediente ligan a mi defendido con los hechos acusados)” (cfr. recurso, f. 5088 y 5089, la reproducción es literal). iii) El testigo Nombre39, investigador del O.I.J., indica, en lo que interesa, “[Nombre13 014] fue una de las que promocionó el asunto de los trasplantes, ella ya había sido víctima y ella fue buscando personas que tuvieran la condición de posibles donadores, entonces ellas les hacía ver que con la donación podían recibir una remuneración, en el caso de ella había sido reclutada por un compañero de trabajo…(no por mi representado Nombre44) y luego ella se dedica a buscar personas” Como puede observarse el mismo oficial de la policía judicial indica que es [Nombre13 014] la reclutadora, que es ella quien busca a las personas para ser donadores, es ella quien hace los ofrecimientos y tal y como se demuestra en el debate es ella quien hace la mayoría de los traslados, es decir [Nombre13 014] cumple a cabalidad lo preceptuado en el tipo penal del artículo 172 del Código Penal y más bien lejos de sancionarla, se le premia con un criterio de oportunidad” (la cita es literal, cfr. recurso f. 5089 frente). iv) El testigo Nombre39 relata cómo los ofendidos no eran obligados a nada (ellos mismos, en sus declaraciones, indicaron que en ningún momento se sintieron obligados o coaccionados, que actuaron “con conciencia de lo que hacían y porque lo querían hacer”, de ahí que sea impropio que el tribunal los catalogue como víctimas, “por ende no encuadran dentro del tipo penal del 172 del Código Penal como en una situación de vulnerabilidad”. v) La ofendida [Nombre13 014] “[…] Nombre51 su deposición en juicio indica “conozco a [Nombre13 059]…[Nombre13 059] le entrego el sobre al doctor, luego yo me fui con [Nombre13 059] a hacerme un examen de sangre y luego un examen por la Católica donde hacen como placas y un tercer examen me lo hicieron en los altos de la pizzería, también me llevaron por el San Juan de Dios donde me hacían un a prueba de compatibilidad, el doctor me dio una incapacidad de 15 días, en esos 15 días me hicieron los exámenes y tuvieron los exámenes, [Nombre13 059] los recogió, me llamaron me dijeron que era compatible…Fenia lo contacto directamente porque estaba en la lista de Nombre14”. (la presunta lista de Nombre14 donde está, no se encuentra en ninguno de los decomisos realizados en los allanamientos de su casa y el negocio comercial, por que esa supuesta lista no existe más que en la invención de [Nombre13 014]).” (la cita y el destacado es copia textual del original, cfr. recurso, f. 5090 frente). vi) [Nombre13 014] señala lo siguiente: “Cuando tengo contacto con [Nombre13 059] él llegaba a recogerme a mi casa, él tenía una microbús blanca y él me llevaba donde el doctor, donde Nombre14 y a los exámenes, de Curridabat…al Calderón, de ahí a la Clínica Católica y por el San Juan de Dios al consultorio Renauld, cuando esto inició no sabía dónde tenía que ir, yo me confiaba en [Nombre13 059] porque él me decía que todo iba a salir bien porque él se había operado y ahí estaba, no sé cómo se enteraba [Nombre13 059] de los lugares…en mi relación con Nombre14 no recuerdo si él pidió riñón para un familiar. Cuando salí de la operación [Nombre13 059] me recogió y me llevó a mi casa y ahí me recuperé, para mi operación firme para el internamiento todos los documentos y el documentos que firmé en el tercer piso fue la hoja que llevó el doctor que decía que no estábamos recibiendo dinero por la operación, esto fue antes de bajarme al quirófano, había que estar en la clínica a las 10 am y la operación era a las 3pm, luego de la documentación lo subían al cuarto, antes de bajarme llegó el doctor con el papel, para ese momento tenía celular no recuerdo el número era de kolbi, si hay teléfono en la casa”. Como queda de sobra demostrado la persona que recluta, que traslada a los laboratorios, que lleva a la clínica a operarse a [Nombre13 014] es [Nombre13 059] y no mi representado” (la transcripción es literal, f. 5091 frente). vii) [Nombre13 014] dijo que su hermana [Nombre13 023] fue a retirar el dinero donde “Nombre14”. Tal afirmación no fue corroborada por [Nombre13 023], quien en su declaración dijo no saber qué contenía el sobre; no saber si era dinero y no saber por qué se lo entregan a ella y por qué [Nombre13 014] el pide hacerle “ese favor”. Así las cosas, el dicho de [Nombre13 014] no tiene sustento probatorio. No se logra acreditar que exista un pago. viii) [Nombre13 023] indica que un señor, quien cree era [Nombre13 059], las llegó a recoger a su casa en Tirrases y las trasladó a la Clínica Católica. Así las cosas, es [Nombre13 059] quien se encarga de llevar a [Nombre13 014] a internarse a la clínica. ix) Con  una redacción confusa, el defensor señala: “[Nombre13 023] indica además: “ los cuartos estaban frente a frente, él salió con otro señor pequeñito, gruesito y bajito, abrazó a  mi hermana muy fuerte le empezó a besar las manos y la frente y le dijo que no tenía como pagarle lo que había hecho por la señora, yo me quedé extrañada y comencé a preguntarle a [Nombre13 014] cosas, ella me dijo que ella le había dado el riñón a esa persona”. Este gesto del señor (esposo de la receptora de [Nombre13 014]) es de agradecimiento del pueblo Griego por que con su gesto [Nombre13 014] la salva la vida a su esposa, y es precisamente este detalle que marca la actuación de mi defendido en este proceso y es que el actúa bajo una causa de justificación y es bajo el estado de necesidad justificante de parte del receptor, si ésta persona no recibe el riñón (vía Trasplante) se muere, y no es como dice el Tribunal de Juicio trayendo una cita del maestro Francisco Castillo la cual indica: “El valor y la dignidad de la persona humana es un límite negativo del estado de necesidad. El valor de la persona humana, sobre todo cuando se le sacrifica para salvar cien vidas de inocentes, impide que esta muerte pueda estar justificada por el estado de necesidad”, Castillo, “Derecho Penal, parte general”, tomo II, Editorial Jurídica Continental, 2010, p. 27”. La anterior cita no es de recibo por lo menos para este caso y es que el Tribunal de Apelación podrá ver como todos y cada uno de los peritos llegados al estrado indican que la sobrevida del donante es excelente, es incluso mejor que la de las otras personas que no han sufrido una nefrectomía. De tal manera que la cita del maestro Castillo no es de recibo en vista de que en el caso subexamine no se sacrifica una vida para salvar otra. La Vida de cada unos de los 3 donantes (por lo menos en el caso relacionado con  Nombre44 ha sido una vida normal, ninguno tiene padecimientos crónicos como hipertensión arterial, diabetes, por lo menos asociada a la nefrectomía)” (f. 5092 y 5093 frente, la cita es textual). x) Los relatos que brinda el ofendido [Nombre13 007] en la cámara de Nombre52 y luego en el debate son contradictorios. “Véase lo siguiente; “don Nombre14 me llevó a hacer los exámenes que él los pagaba…luego de hablar con Nombre14 me hago exámenes de sangre, orina, electro, ultrasonido y después los pasaban al doctor [Nombre13 072] para valorarnos…me trasladaba a hacerme los exámenes don [Nombre13 059] en una buseta que tenía…” Mi representado nunca traslada a esta persona a ningún lugar, de hecho a preguntas de los defensores el testigo indica expresamente que los días que iba a hacerse los exámenes, cuando llegaba a la pizzería ahí estaba Nombre44, “siempre el permanecía en el área de cajas…Nombre14 siempre estaba en la pizzería”, de donde resulta entonces que mi defendido pudo trasladar a los laboratorios a [Nombre13 007]?. Si siempre estaba en la pizzería tal y como lo dicen no solo éste testigo sino los 3 denunciantes que incriminan a mi patrocinado. Luego el mismo ofendido indica “El traslado en bus hacia la Católica lo hice sin que nadie me obligara”. Además de que reconoce haber firmado el consentimiento informado para la operación, todo lo cual nos permite concluir que fue un acto voluntario, no obligado.” (f. 5093 frente, la cita es textual). xi) [Nombre13 017] también da dos versiones distintas, una en la cámara de Nombre52 y otra en debate. Él indica que no fue obligado por nadie a realizarse la nefrectomía, que lo hizo voluntariamente. [Nombre13 017] miente cuando indica que al internarse en el Hospital La Católica nadie lo acompaña y nadie de su familia le visita. La testigo Nombre53 indica que ella acompaña a [Nombre13 017] cuando se interna, y que además va con Nombre29 (esposa de [Nombre13 017]), con lo cual quedan evidenciadas las contradicciones y las mentiras de este deponente. [Nombre13 017] miente cuando afirma que Nombre20 le entrega un sobre. En este sentido el testigo da 2 versiones diferentes: en Cámara de Nombre52 dice que 10 días después de la operación, le entregan el sobre con dinero en la pizzería del acusado. En la otra declaración señala que se lo entregan en la clínica. Es una más de sus mentiras (dice el defensor) pues la testigo de descargo Nombre53 indica que ella los acompañó a la clínica en todo momento; que firmó un documento que decía que él se iba a someter a una operación, “[…] no sé cuántos días estuvo internado, yo iba a visitarlo casi siempre, llegó la señora Nombre29 y le dijo que tenía que ir a recoger un sobre al parqueo de la Clínica Católica, bajé con ella y recogió el paquete, no sé quiénes eran, eran gente desconocida, no sé qué tenía el sobre, no recuerdo si entre esas personas iba el señor Nombre14” (cfr. recurso, f. 5094, el destacado es del original). Más claro no puede ser, señala el impugnante. [Nombre13 017] vuelve a mentir, ya que él mismo, según lo dice la testigo Nombre53, autoriza a la esposa para recoger el sobre, el cual por cierto no lo entrega Nombre20, como lo indica falsamente aquel. Si bien la testigo Nombre53 dice que no recuerda si “Nombre14” iba con esas personas que le entregan el paquete a Nombre29, el tribunal puede corroborar cómo, al inicio de su deposición, Nombre53 afirma conocer a Nombre44. Así, si luego dice que no recuerda si iba “Nombre14” con esas personas es porque no estaba presente, ya que es muy fácil para una persona recordar si su amigo, su conocido, estaba presente. Dicho en otras palabras, si no lo recuerda es porque no estaba presente en ese momento. Miente [Nombre13 017] cuando indica no haber firmado ningún documento al ingreso para la nefrectomía. La testigo Nombre53 lo desmiente, indicando que firmaron el documento de consentimiento [Nombre13 017], la esposa de este, Nombre29, y Nombre53. También consta la prueba documental del expediente clínico de [Nombre13 017], folios 3, 4, 5, y 6).  xi) Con respecto al análisis de tipicidad se tiene que, cuando los ofendidos aceptan recibir dinero por la donación del órgano, hay un consentimiento de su parte y tal autorización anula el dolo del autor del hecho, siendo así no se configura el delito. Los alegatos no son atendibles. Como bien se explicó supra , el hecho de que las víctimas hayan aceptado someterse a la nefrectomía a cambio de dinero no cambia la responsabilidad penal que cabe a los endilgados, toda vez que el ordenamiento jurídico costarricense, que proscribe expresamente una negociación como la ya mencionada, no otorga ningún valor a aquella expresión de voluntad. Así dicho, y al menos para lo que pretende la defensa de Nombre01, dicho extremo resulta intrascendente. En cuanto a los demás reclamos, basta señalar que el recurrente hace un análisis fragmentario, aislado y parcializado de los hechos y de las pruebas para llegar a concluir que no existe certeza acerca del papel que en la trama criminal desempeñaba su defendido. En cuanto a este, el tribunal valoró una serie de elementos de prueba, a saber:

Tratándose de los casos de [Nombre13 014], [Nombre13 007] y [Nombre13 017], se tiene que los tres son conocidos de [Nombre 059], quien es el que los contacta con Nombre20 y este, a su vez, con [Nombre13 072] (f. 4986 frente);

[Nombre13 014] relata cómo [Nombre13 059] la lleva primero donde Nombre20, siendo éste quien, en lo medular, le indica que le darán 5 o 6 millones de colones en dólares por su riñón; luego de esto Nombre20 le da a [Nombre13 059] un sobre y éste la lleva al consultorio de [Nombre13 072] y el médico le extiende a [Nombre13 014] una incapacidad para que se haga los exámenes preoperatorios. Tras practicárselos, ella va de nuevo a la pizzería de Nombre14 y éste le da una suma de dinero a [Nombre13 014] para que deje “todo pagado”, y se interne el día 3 de octubre. [Nombre13 014], estando internada, le manifiesta a [Nombre13 059] que si no tiene seguridad de que recibirá el dinero no se opera. Agrega que [Nombre13 059] habló con “Nombre14” y éste le da a su hermana, [Nombre13 023], un sobre con dinero, confirmándose así cómo Nombre01, de común acuerdo con [Nombre13 072], promueven ese traslado propio de la trata de personas, en este caso orientado a la extracción ilícita de uno de los riñones de la víctima. Señala el a quo:    “Retomando el caso de [Nombre13 014], vemos como efectivamente ella entra en contacto con [Nombre13 072] y con Nombre01 por medio de [Nombre13 059], indica que al ser compañeros de trabajo, un día vio la operación que [Nombre13 059] tenía en su abdomen, ella le pregunta y él le dice que había donado un riñón y que había recibido dinero por esa operación, además indica que él sabía que ella estaba pasando una situación económica difícil porque habían matado al compañero policía que vivía con ella y había quedado con muchas deudas, en ese contexto [Nombre13 014] refiere que “un día me preguntó que si yo podía donar un riñón si se presentaba la oportunidad y yo le dije que yo lo podía hacer, transcurrieron meses y él me llamo un día y me dijo que había una oportunidad y yo le dije que sí, el día que me llamo fue en la noche, al otro día entraba en la mañana y él me dijo que me fuera con él y que el doctor me iba a dar una incapacidad para conocerme y hacerme exámenes, él me recogió y me llevó a una Pizzería cerca del Calderón, un señor blanco, extranjero, el me recibió y me dijo que si estaba de acuerdo, que si todo salía bien me daban 5 o 6 millones en dólares, (…), ese día Nombre14 le dio un sobre a [Nombre13 059] con los exámenes y [Nombre13 059] me llevó al consultorio del Dr. [Nombre13 072], en la planta baja del Calderón, me preguntó mi peso, edad, que si tenía expediente en el Calderón y se era asegurada, que la operación se programaría para un sábado y que tenía que hacerme varios exámenes, [Nombre13 059] le entrego el sobre al doctor, luego yo me fui con [Nombre 059] a hacerme un examen de sangre y luego un examen por la Católica”, así lo narrado por [Nombre13 014] ratifica lo dicho por [Nombre13 059], en cuanto a cómo lleva a [Nombre13 014] con Nombre01 y luego con el doctor [Nombre13 072], [Nombre 014] refiere que [Nombre13 059] primero la lleva con Nombre01 para que éste verifique si [Nombre13 014] está de acuerdo en someterse a la cirugía y al decirle ésta que sí, le dice que le darán 5 o 6 millones de colones en dólares, luego de lo cual Nombre01 le da a [Nombre13 059] un sobre y éste seguidamente la lleva al consultorio de [Nombre13 072], -lo que omite [Nombre13 059] en su relato es lo que a él le pueda perjudicar-, vemos que en el caso de [Nombre13 014] existe premura por conseguir a alguien que esté dispuesto a ceder su riñón y la justificación la brinda la propia [Nombre13 014] cuando dice que [Nombre13 059] la busca porque Nombre54, la persona que inicialmente iba a ceder su riñón se arrepiente y para ese momento la persona que iba a recibir el riñón ya se encontraba en el país, por eso es que una vez que [Nombre13 014] conoce al doctor [Nombre13 072] en su consultorio del Hospital Calderón Guardia, éste para que se haga los exámenes de manera ágil le brinda una incapacidad de quince días, si se revisa el folio 1362 efectivamente consta que el doctor [Nombre13 072] le extendió a [Nombre13 014] la boleta de incapacidad Nº 0740782 que comprende del 21 de setiembre del 2009 al 03 de octubre del 2009, y en el expediente clínico de [Nombre13 014], a partir del folio 68, vemos que los exámenes previos a la cirugía se los empieza a hacer precisamente el día 22 de setiembre del 2009, además revisado el expediente clínico de Nombre55 –quién fue la persona que recibió el riñón de [Nombre13 014]-, a folios 121 a 127 consta que la misma se hizo exámenes clínicos el día 29 de setiembre del 2009, agrega [Nombre13 014] que una vez con los exámenes listos va nuevamente a la pizzería de Nombre01 y éste le da 100.000 colones para que deje todo pagado y se interne el día 03 de octubre del 2009, acto para el cual [Nombre13 059] va nuevamente con ella, sin embargo [Nombre13 014] estando internada le dice a [Nombre13 059] que si no tiene la seguridad del dinero no se opera y entonces “[Nombre13 059] hablo con Nombre14 y Nombre14 dijo que mandara a alguien, yo mande a mi hermana y Nombre14 le dio un sobre, cuando mi hermana llegó, yo accedí a que me bajaran al quirófano”, en apoyo de este punto que es de suma importancia tenemos el testimonio de [Nombre13 023], hermana de [Nombre13 014] que en lo que interesa indicó: “un día de repente nos dice que tiene que decirnos algo, dice que ella va a donar un riñón a una persona, que no nos pide permiso sino apoyo porque igual ella lo va a hacer, nadie estuvo de acuerdo porque uno sabe que una cosa de esas es delicada, lo hace por razones muy fuertes, yo le dije que no la apoyaba, (…) yo luego la llamé y le dije que yo la acompañaba, igual ella lo iba a hacer porque ya había tomado la decisión, iba un muchacha Nombre56, mi mamá y yo y un señor que nos llegó a recoger, creo que era un compañero de trabajo de ella, se llama [Nombre13 059], en una microbús blanca, Hyundai, nos recoge desde la casa en Tirrases hasta la Clínica Católica, (…) luego a mi hermana la llevaron a una habitación y ella me pide que yo le vaya a hacer el favor y le vaya a recoger un sobre a la pizzería y se lo lleve a la clínica, eso fue de lo que inicié hablando, me dice que es un sobre amarillo, yo me voy en un taxi no recuerdo si iba con alguien, en cuanto le dan la habitación me pide que le haga ese favor, me dijo que buscara al señor este y que dijera que yo era la hermana de [Nombre13 014], me dijo que lo buscara como Nombre14, él estaba dentro de la pizzería atendiendo, él me saluda, me dio pizza y un fresco y me da el sobre, me regreso en taxi y le doy el sobre a mi hermana, ella lo guardo en una caja fuerte que había en el cuarto, era un sobre cuadradito tamaño carta, se sentía que había algo pero no supe que era lo que había, ya era el momento de la cirugía, ese mismo día a ella se la hicieron”, una vez que efectivamente [Nombre13 023] llega con el sobre que le había dado Nombre01 y que contenía el pago por el riñón, [Nombre13 014] accede a que le realicen la nefrectomía, la cual se hace, y como consta en su expediente clínico, el médico que ordena su internamiento y prepararla para el trasplante renal, que le da el seguimiento post operatorio los días que permanece internada es el doctor [Nombre13 072], al punto que luego le extiende las boletas de incapacidad 0740791M, 0740791M, 0740766M y 0740738M, las cuales van del 04 de octubre de 2009 al 03 de noviembre del 2009, del 04 de noviembre del 2009 al 03 de diciembre del 2009 y del 04 de diciembre del 2009 al 10 de enero del 2010. Tenemos que el dicho de [Nombre13 014] queda corroborado por pruebas objetivas, queda acreditado que Nombre01 y [Nombre13 072], una vez que conocen a [Nombre13 014], promueven y facilitan su traslado desde su domicilio y hasta diferentes centros médicos o laboratorios con el fin de que se realice exámenes preoperatorios para luego someterla a una cirugía de extracción de su riñón para ser implantado en el cuerpo de Nombre55 a cambio del pago de dinero, una vez hechos estos exámenes y resultando favorables, el doctor [Nombre13 072] dispone su internamiento en el Hospital Hotel La Católica, y previo a ser operada [Nombre13 014] exige el pago del dinero, siendo esta una situación curiosa porque es la única víctima que lo hace de esa forma, quizá paradójicamente por su condición de oficial de la Fuerza Pública que la hace ser más desconfiada; y ante ese hecho es Nombre01 quien le da directamente el pago a la hermana de [Nombre13 014] y esta a su vez se lo da a ella, […]” (Nombre57. 4987 vuelto y siguientes, la transcripción es literal).

También se valora que, con ocasión de los cuidados post operatorios, [Nombre13 014] se acerca más a [Nombre13 072], quien le habla del comportamiento de Nombre20 en los siguientes términos: “[…] Nombre27 empieza a dar también una relación de mayor cercanía entre el doctor [Nombre13 072] y [Nombre13 014] y ella lo refiere de la siguiente forma: “voy a citas de control donde el Dr. [Nombre13 072] porque me tenía que quitar las grapas en la herida yo iba a citas de control con él, él empezó a contarme cosas que la familia que le había dado el riñón siempre estaban pendientes de mí, él mi dice que él no quiere seguir operando con Nombre14, los señores me preguntan cuánto recibí y yo dije, el señor se molestó mucho, porque se supone que les habían cobrado una cantidad muy grande para el donante, Nombre14 hasta se molestó conmigo, el doctor me dice que Nombre14 lo que tiene es un negocio, que él lo que recibía era millón y medio por una operación”, narración de la cual se concluye que con independencia de que en este y en los otros casos en los que interviene Nombre01 sea él quien hace el pago del dinero a las víctimas, lo cierto del caso es que el doctor [Nombre13 072] estaba plenamente enterado de que la voluntad de éstas para autorizar la nefrectomía se determinaba por el pago de dinero, al punto que le dice que no desea seguir operando con Nombre14, bueno así lo indica [Nombre13 014], aunque es sabido que Nombre01 lo que fungía era como intermediario entre los que daban su riñón a cambio de dinero, los receptores y por otro lado era el conecte con el doctor [Nombre13 072], el cual por su especialidad médica y por su cargo en el Hospital Calderón Guardia como Jefe del Servicio de Nefrología, era la persona que tenía todos los contactos médicos necesarios para realizar trasplantes en el ámbito privado de la misma forma que los realizaba en la seguridad social […]” (f. 4989 frente y vuelto).

En cuanto a los casos de [Nombre13 007] y [Nombre13 017], se considera cómo ambos son categóricos al indicar que fueron donde “Nombre14”, persona que les habla del dinero; los contacta con [Nombre13 072] y propicia también la realización de los exámenes y el internamiento mismo para la nefrectomía: “Por lo pronto seguiremos ahora analizando los casos de [Nombre13 007] y [Nombre13 017], en los cuales no tiene participación alguna [Nombre 014], como reclutadora, sino [Nombre 059], […] las declaraciones de estos hermanos son coincidentes en la forma en cómo llegan a contactar con Nombre01 y con el doctor [Nombre 072], declaraciones que para el tribunal son creíbles, no sólo porque encuentran sustento en datos objetivos como el expediente clínico de ambos en la Clínica Católica, sino porque finalmente los aspectos que cuestionó la defensa en relación con estas víctimas no fueron los eventos antes de las intervenciones quirúrgicas y ni siquiera que el dinero a cambio de que las personas se sometieran a las intervenciones se dio, sino que su tesis es que fue dinero entregado por los receptores directamente y/o que tenía como finalidad cubrir los gastos en que podía incurrir el donante como desplazamientos, días de incapacidad, obligaciones alimentarias y un seguro para atención médica post quirúrgica; sin embargo de lo dicho por los ofendidos ello no quedó acreditado y más bien se probó que el dinero les era ofrecido y entregado para que cubrieran no gastos estrictamente derivados de la intervención, sino gastos que ellos ya tenían previamente como deudas, o bienes que deseaban o requerían adquirir y sus posibilidades económicas no se lo permitían –vehículos, casa, terreno-, y si en algunos casos tuvieron que tomar poco o mucho de lo que se les había dado para suplir complicaciones derivadas de las intervenciones quirúrgicas, no era algo que tuviesen planeado, y lo tuvieron que hacer porque en determinado momento ni Nombre01 ni el doctor [Nombre13 072] quisieron seguir ayudándoles; […] [Nombre 007] en su denuncia refirió: “[Nombre13 059] había hecho una donación de un riñón y le habían dado una platita y él sabía las necesidades que yo estaba pasando, y me dijo que había una persona que buscaba gente para operarse, me dijo que fuera donde don Nombre14 y que me comunicaban con el doctor para poderme operar y fui donde don Nombre14 y luego con el doctor y me hicieron los exámenes y en diciembre me operaron, me dieron dinero pero yo no conozco quién me dio el dinero pero no fue ese señor de la pizzería sino otro muchacho que yo no conozco el Nombre13 y que tenía acento igual que él.”, por su parte en debate indicó: “[Nombre13 059] era padrastro de mi hijo mayor por eso lo conocí, (…), no me recuerdo cuanto tiempo atrás él se había operado, ya estaba un poco recuperado, me dijo que habían unas personas que estaban dando un dinero a las personas que económicamente estaban mal para ayudarse, me llevó donde don Nombre14 y donde el Doctor [Nombre13 072], yo me encontré con Nombre14 en la pizzería que está frente al Calderón, él me dijo que nos iban a dar un dinero para ayudarnos y que si estaba de acuerdo en donar el riñón, (…), yo trabajaba para una empresa de seguridad privada, yo estaba asegurado, el dinero que me ofrecieron fue 7 millones, luego de hablar con Nombre14 me hago exámenes de sangre, orina, electro, ultrasonido y después los pasaban al doctor [Nombre13 072] para valorarnos, me llevaron a varios lados por aparte privado a hacerlos, don Nombre14 manda a don [Nombre13 059] a llevarme, yo llegaba a la pizzería y de ahí me llevaban, yo conocí al doctor antes de los exámenes en el Hospital Calderón Guardia en el Departamento de Nefrología, me dijo que todos los exámenes estaban bien y que me presentara en la Clínica Católica para operarme, los exámenes los revisó el doctor [Nombre13 072] y don Nombre14 me dijo que me presentara a la clínica a internarme un día antes de la operación”; y [Nombre13 017] en debate manifestó: “A [Nombre13 059] lo conocí por mi hermano [Nombre13 007] (…) [Nombre 059] me pidió el número de teléfono y nos vimos en el Calderón y comenzamos a hablar del asunto de la operación, [Nombre13 059] se había hecho una operación y me dijo que era un cirujano muy bueno y que no tuviera miedo de nada, él me enseñó la cirugía y como yo estaba mal de dinero me animé a preguntarle que se podía hacer para que yo me la pudiera hacer, él me dio que tenía un conocido que se llamaba don Nombre14, nos fuimos caminando del Calderón a la pizzería, [Nombre13 059] me lo presentó, cuando terminamos de comer me dijo que conocía al doctor [Nombre13 072] y que a mí no me iba a pasar nada que todo iba a salir perfecto y yo acepté, me dijo que me iban a dar por la operación 7 millones, eso me lo dijo don Nombre14 pero tenía que hacerme primero la operación para que me entregaran los 7 millones de colones, luego de eso los requisitos era hacerme un ultrasonido para ver cómo estaba el riñón, un examen de sangre y un examen para ver cómo estaba el corazón, luego él me llamó y me dijo que todo estaba bien, (…) y como a los 2 meses me dijo que ya estaba todo listo para la operación en la Católica, me llama don Nombre14 que tengo que presentarme en la pizzería para que me presentara en la Católica”. Queda acreditado entonces que Nombre01 y [Nombre13 072], una vez que conocen a [Nombre13 007] y [Nombre13 017], promueven y facilitan su traslado desde su domicilio y hasta diferentes centros médicos o laboratorios, con el fin de que se realicen exámenes preoperatorios para luego someterlos a una cirugía de extracción de su riñón, para ser implantado en el cuerpo de Nombre58 el 05 de diciembre del 2009 en el caso de [Nombre13 007] y en el cuerpo de Nombre59 el 24 de abril del 2010 en el caso de [Nombre13 017], en ambos casos a cambio del pago de dinero; para ello, una vez hechos los exámenes preoperatorios y resultando favorables, el doctor [Nombre13 072] dispone su internamiento en el Hospital Hotel La Católica. En cuanto a [Nombre13 007] consta de la revisión del expediente clínico que la orden de internamiento fue emitida por el doctor [Nombre13 072], y que los exámenes médicos pre operatorios también fueron referidos por el citado profesional, esto en fecha 26 de noviembre del 2009 y conforme consta a los folios 57 a 75, así como también consta que el seguimiento post operatorio fue hecho por el referido médico, al punto que luego le extiende las boletas de incapacidad 0740745M y 0740717M, las cuales van del 22de diciembre de 2009 al 21 de febrero del 2010 y del 22 de febrero del 2010 al 21 de mayo del 2010. Finalmente con fecha 03 de mayo 2010 hay una autorización para que Nombre01 retire una copia completa del expediente médico. Cuestiona la defensa en este caso que el control del desplazamiento y el ofrecimiento del dinero no fue hecho por el doctor [Nombre13 072] sino por [Nombre13 059], sin embargo si bien este punto no lo mencionó expresamente [Nombre13 007] en su declaración, tampoco lo negó y en su declaración si fue sumamente claro en indicar que tanto Nombre01 como el doctor [Nombre13 072] le hablaron del ofrecimiento de dinero a cambio de someterse a la nefrectomía, y que incluso el doctor [Nombre13 072] utiliza el consultorio del Hospital Calderón Guardia que le había sido asignado para sus funciones dentro del citado nosocomio, para hacer dicho ofrecimiento, con lo cual además emplea en provecho propio los bienes públicos que le habían sido confiados en razón de su cargo: “Yo hablé con Nombre14, él me dijo que si yo quería donar un órgano y que me daban una bonificación, la bonificación la iba a dar la persona que iba a recibir el riñón, ellos pagaban por recibir el órgano, luego de hablar con Nombre14 me mandaron donde el doctor [Nombre 072], me dijeron que fuera al consultorio del Calderón Guardia, yo fui porque me dieron la dirección en el edificio viejo del Calderón, Nombre14 me dijo que preguntara por el doctor [Nombre13 072], el doctor [Nombre13 072] me estaba esperando, me dijo que había un señor que tenía un órgano malo y que daba una bonificación, yo le dije que yo estaba dispuesto a donar, no sabía el monto pero sabía que me iban a dar una bonificación”, en cuanto a los desplazamientos si bien es cierto lo lleva [Nombre13 059] en algunos casos, es por orden de Nombre01, situación que conoce perfectamente [Nombre 072], al punto que cuando todos los exámenes están listos es el doctor [Nombre13 072] quién le dice que debe presentarse a la clínica para la operación, por último se dijo además que quienes habían dado el dinero fueron los familiares del receptor, sin embargo tal situación en modo alguno fue acreditada y más bien quedó claro que el pago se verificó en la pizzería de Nombre01: “El dinero que me ofrecieron me lo dieron, como a los cinco días que salí de la Católica pasamos a la pizzería y ahí me dieron el dinero, venía en un sobre el dinero, lo abrí cuando llegué a mi casa, eran 7 millones, una parte en dólares y una parte en colones”. Por otro lado, en cuanto a [Nombre13 017] consta que el mismo fue internado por el doctor [Nombre 072], que los exámenes previos fueron referidos por el citado profesional en fecha 15 de marzo del 2010, siendo su nefrectomía el 24 de abril del 2010, ante lo cual se corrobora el dicho del mismo en el sentido de que pasaron como dos meses luego de los exámenes para que se le realizara la operación, y que el seguimiento post operatorio también le correspondió a [Nombre13 072], con lo cual no es creíble que el mismo no estuviese enterado de los ofrecimientos hechos por Nombre01 en el sentido de que recibiría dinero por aceptar someterse a la nefrectomía, además en ese sentido resulta de suma importancia que luego de la operación [Nombre13 072] le indica que tiene todo su apoyo y que si le pasaba algo ya sabía dónde ir a buscarlo, que no lo iba a abandonar, que no fuera a ningún otro hospital sino que lo fuera a buscar a él, lo cual constituye a criterio del Tribunal, no un acto de buena voluntad, sino como bien lo dijo la abogada defensora de uno de los imputados absueltos, un acto de encriptamiento, uno de los tantos actos de encriptamiento o aislamiento que hacía [Nombre13 072] sobre las personas que cedían su riñón a cambio de dinero, evidentemente para seguir con el plan delictivo que se había trazado, de tratar con personas para someterlas a extracción ilícita de órganos, puesto que entre menos personal de salud se enterara de lo que se estaba haciendo era mejor para él, pues su plan delictivo no se vería en peligro de ser descubierto, por eso es que citaba a las personas en su consultorio para quitarles él personalmente las grapas, cuando por regla de la experiencia esa es una actividad que realiza el personal de enfermería y no el médico, […] Finalmente, por parte de la defensa de Nombre01 se ha tratado de desacreditar a [Nombre13 017] porque este indicó que se había internado sólo y que nadie de su familia lo había acompañado, y sin embargo en el folio 6 del expediente clínico figuran como testigos Nombre29 y Nombre53, siendo que doña Nombre53 compareció a debate para indicar que uno de los días de internamiento de don [Nombre13 017] en la Clínica Católica, ella acompañó a la esposa de don [Nombre13 017] a recoger un sobre al parqueo de ese hospital pero no sabe que tenía el sobre, con esto la defensa pretende desacreditar la afirmación de don [Nombre13 017] cuando indicó: “Cuando salgo me llama don Nombre14 que está un taxi, don Nombre14 llega a la puerta un de un parqueo y me entrega una bolsita de papel y me dice que el muchacho me iba a llevar donde yo vivía en Cartago, la bolsita contenía la plata que me dieron, esa plata era costarricense y otra en dólares”, sin embargo el hecho de que en una ocasión durante el internamiento de [Nombre13 017], su esposa haya bajado a recoger un sobre no quiere decir que en el mismo iba el dinero que le había ofrecido al ofendido, sobre todo porque doña Nombre53 fue clara en decir que desconoce el contenido del sobre y su testimonio, sin ser falso no desvirtúa lo dicho por [Nombre13 017] por no ser excluyente una afirmación de la otra.” (sic, f. 4990 a 4992 vuelto). Como se observa, del examen integral, conjunto y armónico de las pruebas, donde tienen un papel medular el dicho de las tres víctimas referidas, se extrae que Nombre01 actuaba de común acuerdo con [Nombre13 072], y que en al menos estos tres casos sirvió de enlace entre las personas que estaban dispuestas a que se les extrajera uno de sus órganos y el médico ya dicho, sea poniéndolos en contacto al enviarlos a su consultorio; favoreciendo su traslado a los distintos centros médicos para las pruebas, o al hospital donde se procedería a hacer la nefrectomía. Dice el defensor que, en tanto el oficial del O.I.J., Diego Castillo Gómez, señaló que Nombre14 trasladaba las víctimas desde la pizzería al consultorio de [Nombre13 072], hay testigos que dan cuenta de que Nombre44 siempre se encontraba en su negocio comercial de pizzería, ya sea atendiendo a los clientes o bien horneando las pizzas, “pero ninguno indica que cuando llegaron al sitio, Nombre44 no se encontrara en el negocio de pizzería”, y que por ello, hay que concluir que lo dicho por el oficial es falso. El anterior razonamiento es, simplemente, ayuno de toda lógica. El hecho de que algunos testigos viesen al imputado en la pizzería no permite asegurar que éste permanecía siempre en ese lugar, menos aun que él, que tenía su negocio frente al hospital, no estaba en condiciones de hacer el contacto entre el eventual donador y el médico, dejando de lado que hacerlo en persona no le demandaría un lapso considerable y que muchos otros traslados (no necesariamente al consultorio de [Nombre13 072]), aunque no fueron hechos directamente por él, sí fueron promovidos y facilitados por su persona. Así, y sólo a manera de ejemplo, [Nombre13 007] explica que “Nombre14” le dijo que se presentara a la clínica, a internarse, un día antes de la operación (f. 4921 vuelto); que le reconocía los pasajes; que por orden suya, [Nombre13 059] lo llevaba a hacerse los exámenes, mismos que aquel pagaba (f. 4921 vuelto y 4922 frente). Algo similar expone [Nombre13 017], quien señala que “Dimos” fue quien le indicó dónde tenía que hacerse los exámenes y los pagaba; el que le anotaba las direcciones de los lugares donde debían practicárselos y quien le pagaba los pasajes; incluso, el que le pagó el taxi para que lo llevase a internar al Hospital La Católica (f. 4920 vuelto y 4921 frente). Afirma la defensa que al acusado se le considera “reclutador” solo por tener un negocio frente al hospital Calderón Guardia y frente a una parada de taxis, y que si hubiese querido reclutar personas, hubiese tenido al menos diez al día. Esto no es más que su propia apreciación, inconducente además para debilitar o poner en entredicho la conclusión a la que llega el tribunal en cuanto a la responsabilidad de su patrocinado. En cuanto a las llamadas telefónicas, se debe señalar que el a quo nunca afirmó algo en ese sentido, de donde se tiene que el tema deviene en intrascendente, como intrascendente es que, a partir de ese aspecto, el recurrente pretenda restar credibilidad al testimonio del oficial Nombre45. En cuanto a este último oficial, ni el apelante explica, ni esta cámara aprecia, qué relevancia tiene, a efectos de hacer dudar de su dicho, que aquel indique no “haber tenido acceso a la información secuestrada” en el caso de Nombre20 (f. 4891 vuelto), máxime considerando que el mismo Nombre45 explica que, para entonces, ocupaba un cargo de jefatura y que fue en tal carácter que se interesó por saber cómo iba el operativo (mismo folio). Incluso, más adelante, al referirse a la documentación incautada en el hospital, señala que los analistas están en la fiscalía y que él no decomisa, describe o cuenta folios (f. 4892 frente). En otro orden de ideas, el apelante considera que, como resultado del allanamiento y del secuestro efectuado, no se obtuvo evidencia que incrimine a Nombre01. Señala que en el acta de decomiso número 618800 lo único rescatable es una radiografía con la leyenda “Nombre46”, de fecha 3/8/13, que no coincide con la ubicación temporal de los hechos acusados en contra de Nombre20 (años 2009 y 2010). Además, estima que es totalmente comprensible que, en un negocio comercial situado frente a una de las entradas principales del Hospital Calderón Guardia y que es visitado por más de 150 personas al día, alguna persona olvide documentos médicos. En cuanto al acta de decomiso número 618798, dice el impugnante que, en ella, se describe documentación que pertenece al suegro de su patrocinado, así como otros exámenes a Nombre13 de personas que no figuran como ofendidos, con lo cual tampoco se puede argumentar que esa prueba lo compromete. En cuanto a esto, basta con apuntar que la simple lectura de lo resuelto permite asegurar que la prueba que menciona el recurrente no resultó esencial para arribar a un juicio de culpabilidad en contra de su defendido, con lo cual se puede asumir hipotéticamente su postura (en el sentido de que esa prueba no lo vincula con los hechos) y lo decidido se mantendría incólume. En cuanto a [Nombre13 014], nótese que a Nombre14 se le investiga por hechos ocurridos antes de que ella asumiese el papel de captadora de personas, de ahí que no se comprenda (ni el quejoso demuestre) de qué manera la consideración de lo hecho por ella podría modificar la responsabilidad penal que le cabe a él, más allá de la disconformidad que el apelante muestra con el criterio de oportunidad que le fue otorgado a [Nombre13 014] y que, como se explicó supra, pese a la molestia que le puede producir, es legítimo en términos jurídicos, pues a dicha endilgada le cabe un reproche menor que aquel que corresponde efectuar a [Nombre13 072]. Por otra parte, si bien [Nombre13 014] atribuye un papel a [Nombre13 059] en lo sucedido, también es clara al señalar que éste actúa bajo la guía de Nombre20, al punto que fue este último quien entregó a [Nombre13 023] el dinero que exigía [Nombre13 014] como requisito para someterse a la extracción de riñón. Así dicho, ese hecho (que sólo nos habla de la distribución de funciones en la organización criminal) no es útil a efectos de eximir de responsabilidad a Nombre01, como lo pretende la defensa. En cuanto al contenido del sobre que le entregó Nombre14 a [Nombre13 023], si bien es cierto ésta dijo desconocerlo (f. 4909 vuelto), del examen integral de su testimonio y el de [Nombre13 014] se extrae de forma razonable que se trataba de la remuneración económica acordada. [Nombre13 023] señaló que, ya encontrándose su hermana en el hospital, le pidió ir a recoger un sobre a una pizzería. Le pidió buscar a “Nombre14” e indicarle que era la hermana de [Nombre13 014]. Dice [Nombre13 023] que así lo hizo y que luego regresó al hospital con el sobre, mismo que [Nombre13 014] guardó en una caja fuerte del cuarto (f. 4909 vuelto). Esto es plenamente consistente con lo que relata [Nombre13 014], en el sentido de que ella le dijo a [Nombre13 059] que no se operaba si no tenía seguridad del dinero; que [Nombre13 059] habló con “Nombre14” y este dijo que mandara a alguien; que mandó a su hermana y “Nombre14” le dio un sobre, y no fue sino hasta que ella ([Nombre13 023]) llegó, que aceptó que la bajaran al quirófano (f. 4901 vuelto), de lo cual se desprende (como ya se indicó) que lo que había en ese sobre era el dinero pactado. Por si alguna duda existiese, [Nombre13 014] indicó claramente que su hermana, “que fue a retirar el dinero donde Nombre14”, fue [Nombre13 023] (f. 4905 vuelto). De tal suerte, no existe la duda que alega el defensor. Sobre la “lista de Nombre14” que cita [Nombre13 014] y que (señala la defensa) no se encontró en los allanamientos, ni el quejoso explica, ni este tribunal de alzada aprecia, qué importancia tiene la misma, lo anterior en tanto existe abundante prueba que da cuenta del papel que tenía Nombre20 en la trama criminal. Sobre la conducta de [Nombre13 059], no es sino la valoración parcializada y antojadiza del quejoso la que le permite asegurar que aquella podría eximir de responsabilidad a su patrocinado. Olvida que [Nombre 059], según se estableció, atendía directrices de otros (en lo que aquí interesa, del mismo Nombre14), cuestión que resulta totalmente clara desde que no es sino Nombre20 quien, ante el requerimiento de [Nombre13 014], dispone pagar -y le paga- antes de que se le extrajese su riñón. Además, de los testimonios de las tres víctimas ya mencionadas se extrae que Nombre01, en asocio con [Nombre13 072] (quien, entre otras cuestiones, ordenaba pruebas médicas pre operatorias, emitía incapacidades médicas y ordenaba internamientos) eran quien promovía y facilitaba los traslados a clínicas y hospitales, cuestión que no cambia porque, en este giro, [Nombre13 059] asumiese algún papel. Sobre el supuesto estado de necesidad justificante que invoca la defensa de Nombre01 en este motivo, debe estarse el recurrente a lo expuesto en considerandos anteriores sobre dicho tema. Resta agregar únicamente que es absurda su tesis, en el sentido de que las tres personas que figuran como víctimas en los casos que involucran a Nombre20, tienen una vida normal, cuando lo cierto es que la extracción de uno de sus riñones es, en sí misma, una lesión corporal, que redujo de forma permanente -y considerable- su capacidad general orgánica. Sobre las supuestas inconsistencias que encuentra el quejoso en los relatos de [Nombre13 007], señalar que el testimonio, en estricto sentido, es aquel que se rinde en el debate, de ahí que sea improcedente pretender restarle credibilidad por no ser consistente con lo indicado en prueba que no tiene el mismo carácter, por ejemplo, las denuncias [véase que son éstas las que se tomaron en la Cámara de Gesell, (cfr. denuncia de [Nombre13 007], f. 722 a 728, y de [Nombre13 017], f. 738 a 745, todos del tomo II), siendo esta situación la que cita el recurrente para individualizar la prueba cuya comparación con lo narrado en el debate pretende]. En todo caso, tampoco se aprecia qué relevancia tiene la supuesta inconsistencia que se reprocha a [Nombre13 007], ya que no demerita lo dicho por él en cuanto al papel que jugaba Nombre20 en la trama criminal, en concreto, promoviendo y facilitando el traslado de las personas a los distintos centros médicos para que se practicasen las pruebas (incluso, pagándolas), siendo irrelevante si era el mismo Nombre14 quien acompañaba a la víctima, o si le pedía a [Nombre13 059] hacerlo. En cuanto al dicho de [Nombre13 017] la situación es similar, pues habiéndose demostrado fuera de toda duda que él fue sometido a pruebas pre operatorias; que fue ingresado al hospital y se le practicó la nefrectomía; que su riñón le fue dado a un tercero y que se le pagó por someterse a esa extracción (compensación que estaba proscrita por el ordenamiento jurídico de forma expresa), es por completo irrelevante que incurra en imprecisiones acerca de quién le acompañaba al momento de ser ingresado al hospital, o si firmó un consentimiento para aquella cirugía (todo de lo cual, cabe apuntar, existe prueba documental). Finalmente, también en cuanto a este agraviado se debe señalar lo erróneo que resulta pretender restarle credibilidad a partir de la simple confrontación de su testimonio con pruebas documentales que, por su dinámica, no están sometidas en su producción a las reglas propias del contradictorio. En todo caso, nótese (como bien admite la recurrente) que el ofendido [Nombre13 017] fue claro al señalar que el pago se efectuó en el parqueo del Hospital La Católica (f. 4924 vuelto) y que, en esa misma línea, la testigo Nombre53 confirmó que Nombre29 bajó con ella al parqueo, a recoger un paquete cuyo contenido desconoce. Si bien añadió que no recordaba si entre esas personas iba “Nombre14” (f. 4959 vuelto), no es sino una especulación del defensor el estimar que si la testigo no lo recuerda es porque él no estaba presente, de ahí que tal argumento resulte por completo fútil a efectos de justificar la nulidad de la sentencia. Lo único que resta es agregar que la aquiescencia de las víctimas a la nefrectomía (como fin perseguido con la trata de personas) no tiene ningún efecto jurídico, pues, como se ha explicado antes, existe una disposición legal que prohíbe negociaciones como las aquí investigadas. Por lo dicho, se rechaza el reclamo.XIX.- Segundo motivo. Violación al derecho de defensa material. Dice el defensor que Nombre01 es de nacionalidad griega; que nació en Grecia y se nacionalizó costarricense; que ese trámite de nacionalización, según se extrae de la normativa que rige el tema, no exige de su parte conocimiento y dominio del idioma español. Agrega que su patrocinado no domina el citado idioma español “[…] y todo el proceso desde el primer momento en que es confrontado con la justicia, cuando llega detenido a la indagatoria (10 de octubre del 2013) la fiscal encargada de esta diligencia y que luego resulta la que lleva adelante todo el proceso, no le indicó que tenía derecho a un traductor en vista de que es extranjero y no domina por completo el idioma español, debió preguntarle dado su origen extranjero y que la lengua materna no era el español, la Fiscalía estaba obligada por Ley y en aras de proteger derechos fundamentales (que mi representado sepa de que se le acusa, cuales son las pruebas existentes en su contra). Lo anterior violenta el derecho de defensa en su modalidad de defensa material al que tiene derecho todo imputado puesto que mi defendido no tiene claro de que se le acusa, no puede preparar una defensa material por que no se le nombra un traductor en su idioma natal (Griego).” (f. 5096 a 5097 frente, la transcripción es literal). Tras citar varias resoluciones de la Sala Constitucional (las N° 04202-96 y 7062-95), agrega que al justiciable se le vulnera el derecho de defensa; que esta situación no puede ser subsanada y que lo procedente es declarar la nulidad del debate. Además de esto, el recurrente afirma que se le condenó a la pena de prisión sin analizar a fondo “la categoría de víctima” y si los ofendidos se encuentran en condición de vulnerabilidad, así como también que el fallo contiene una errónea valoración de la prueba testimonial pues “existen contradicciones” que el tribunal no considera para atenuar la pena. Reitera que la falta de un traductor para enfrentar el proceso desde el punto de vista de la defensa material, lesiona el debido proceso, y que la alta pena impuesta le causa un gravamen irreparable, pues le impide al encartado someterse a corto o mediano plazos a un posible “descuento penitenciario”. Finaliza apuntando que el endilgado, como consecuencia del proceso penal, pierde su negocio comercial (que le permitía vivir dignamente y mantener a su familia), su casa de habitación (pues no puede pagar la hipoteca) y su familia (pues se divorció), y que ahora pierde también su libertad de tránsito, con lo cual el agravio está más que probado. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el motivo y se anule el fallo impugnado. El reclamo se declara sin lugar. Tal y como reconoce el mismo defensor particular en la audiencia oral celebrada ante esta cámara, su patrocinado es un comerciante que tiene una pizzería cerca de un hospital; que recibe muchas personas al día; que habla el español y que, incluso, así lo hizo en las audiencias donde se conoció su medida cautelar. Dice el apelante que éste es un español “llano” y no el “lenguaje técnico jurídico”, “para entender un debate”, de ahí que fuese indispensable haber solicitado un traductor, sin embargo, ese error “no crea Derecho”, al ser absoluto. Agrega también que si el defensor que atendió inicialmente el proceso no lo pidió, el fiscal que indagó al imputado debió preguntarle, y al no procederse así, se violentó la defensa material. En cuanto a esto, el alegato es inatendible, ya que resulta evidente (porque incluso así lo admite la misma defensa) que el justiciable habla el español, lo que le resulta suficiente para ejercer su defensa material en las mismas condiciones que cualquier otro habitante de este país. El hecho de que no maneje “un lenguaje técnico jurídico” no cambia lo anterior, pues su situación es igual a la de cualquier otra persona que, hablando español, no tiene formación en el área del Derecho, siendo justamente por lo anterior que a cualquiera que se le atribuya la comisión de un delito, se le asigna un defensor (entiéndase, un abogado, alguien con conocimientos jurídicos, que es lo que echa de menos el recurrente en su patrocinado), cuyo costo puede ser asumido por el Estado (esto en el caso de los defensores públicos) o por el mismo justiciable (un defensor particular). La pretensión del impugnante, en el sentido de que como Nombre01 no conocía (ni conoce) el lenguaje técnico, era necesario asignarle un traductor desde el inicio del proceso, es por completo impropia, ya que en realidad, lo que cabe asignarle (como a cualquier otra persona que no conozca de Derecho, y en particular, de Derecho Penal) es un abogado y no un traductor, pues es el primero y no el segundo quien está en condiciones de explicar al endilgado las implicaciones legales de lo que vaya aconteciendo. Finalmente, cabe señalar que si bien esta cámara, para la audiencia oral que se realizó recientemente, nombró un traductor a Nombre01, expresamente se indicó que ello se hacía por expresa solicitud de la defensa de este y sin prejuzgar sobre su necesidad, misma que se resolvería al adoptar una decisión por el fondo, tal y como ahora se hace, determinando ahora (a partir del estudio completo de la causa) que ni en esta etapa, ni en las anteriores, dicho acusado requería un traductor. Tan claro es esto que no es sino a esta altura del proceso, entiéndase, luego de transcurridas las etapas preparatoria, intermedia y de juicio, que por primera vez la defensa invoca el citado argumento, no sin hacer algunos matices que confirman lo improcedente de su alegato (como lo es señalar que si bien Nombre20 habla español, es un español sencillo y no uno técnico-jurídico). Y es que, simple y llanamente, es notorio y evidente que si el imputado no demandó ese recurso con anterioridad fue porque Nombre01 no lo necesitaba. Por lo dicho, se rechaza el reclamo.            RECURSO FORMULADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO.

En su primer motivo, la fiscal Ileana Patricia Mora Muñoz reclama la errónea interpretación por parte del tribunal de juicio del artículo 172 del Código Penal y consecuente inobservancia de los artículos 22 y 76 del mismo cuerpo legal, al considerar la existencia de un único delito de trata de personas, a pesar de la existencia del daño a múltiples bienes jurídicos personalísimos. Según señala la recurrente, al final del apartado correspondiente al análisis jurídico y valoración de las pruebas existentes, el tribunal estableció de manera muy sucinta que: “…en lo que si lleva razón la defensa es que acá nos encontramos ante un único delito de Trata de Personas y no una multiplicidad como dijo el ente fiscal”. En apoyo de su tesis, el tribunal se refirió al tipo penal del artículo 172 del Código Penal, que describe el delito de trata como el promover, facilitar o favorecer “la entrada o salida del país, o el desplazamiento dentro del territorio nacional, de personas de cualquier sexo…para...” (la negrita no es del original), con lo cual concluyó que estamos ante un sujeto pasivo plural. De seguido señaló que al ser un delito de mera actividad: “la finalidad trazada se va desarrollando a lo largo del tiempo, siendo cada víctima captada parte de esa finalidad de trata de personas, en esta caso con fines de sometimiento a extracción de órganos” (la negrita no pertenece al original). La impugnante entiende que esta interpretación (gramatical) no es adecuada, pues deja de lado un aspecto fundamental que ha tenido en cuenta tanto la doctrina como la jurisprudencia, y es el análisis del bien jurídico protegido. En el caso concreto nos encontramos ante bienes jurídicos personalísimos; los derechos humanos, considerados de manera amplia o de manera específica, la libertad de autodeterminación, la libertad de tránsito y la salud, entre otros, ya que se trata de un delito pluriofensivo, que afecta -dependiendo de la finalidad con que se ejecute la trata- diferentes bienes jurídicos, todos relacionados con los derechos humanos. Tras citar la resolución de la Sala Tercera de la Corte N° 471-2014, la quejosa afirma que, si se acogiera la interpretación estrictamente gramatical, tendríamos que aceptar que si se favorece, promueve o facilita el ingreso o salida del país de una persona, o su traslado interno, para cualquiera de los fines establecidos en el artículo 172 del Código Penal, ese hecho quedaría impune, como de hecho lo afirma el tribunal en su resolución, no obstante la vulneración de un bienes jurídicos tan importantes.  Esta posición no ha sido mantenida por nuestros tribunales, ya que existen varias causas con sentencias condenatorias que han adquirido firmeza, en las que se ha determinado la existencia del delito de trata de personas a pesar de que existió una sola víctima. Adicionalmente, resulta interesante analizar que, cuando el legislador ha querido plasmar su voluntad de que se sancionen ciertas conductas como un solo delito, y la afectación a varias víctimas sea considerada únicamente al momento de imposición de la pena, lo ha plasmado de modo expreso en el tipo penal, ejemplo de ello son los delitos de lesiones u homicidio culposos, donde no se establece un sujeto pasivo singular, pues utiliza la palabra “otro” y no “otros”, siendo la cantidad de víctimas un aspecto que debe ser valorado al momento de la adecuación de la pena y así lo consignó de manera expresa. En estos casos, al igual que para el tipo penal de trata de personas, una interpretación gramatical resulta insuficiente y produce resultados contradictorios. Por el contrario, la interpretación teleológica es la única que resulta coherente. Es claro que el delito de trata de personas protege bienes jurídicos personalísimos y, desde esa perspectiva, existieron tantos delitos como víctimas de trata captadas con el fin de extraerles sus riñones, ello es así, precisamente, por la imposibilidad de separar el bien jurídico afectado de su titular. Adicionalmente, es necesario establecer si nos encontramos ante un concurso ideal o un concurso material. Este análisis  tiene que ver no sólo con la clasificación del delito (que el tribunal señaló como de mera actividad), sino con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron los hechos, pero sobre todo si el delito se cometió con una sola acción u omisión, pues es claro que en el caso en cuestión se diferencian diversos delitos de trata y diferentes modalidades. Esto se puede observar con claridad porque en la mayoría de los casos existió delito de trata con desplazamiento interno, también hubo delito de trata internacional o transfronteriza y, asimismo, hubo diferentes participantes en la captación de las víctimas: en un primer momento Nombre20 y [Nombre13 072], posteriormente [Nombre13 014] y [Nombre13 072]. También existió separación en el tiempo de cada uno de los delitos perpetrados, cumpliéndose el plan de autor en cada caso. Hubo tantas acciones como planes de autor para cada una de las víctimas. Sobre la clasificación que hace el tribunal del delito de trata de personas como delito de mera actividad, la doctrina lo ha definido como aquel en que “…el injusto típico, se agota en la acción (último acto de acción), sin que el tipo penal tenga un resultado, en el sentido de un efecto exterior separado espacial o temporalmente de la acción” (citando a varios autores, Castillo González, Francisco. Derecho Penal, Parte General, Tomo 1, 1ª. Edición. San José, Costa Rica. Editorial jurídica Continental, 2008, pp. 363). Esta clasificación refuerza la tesis de que cada delito se consumó cuando se logró favorecer, promover o facilitar el traslado de cada víctima desde sus lugares de residencia hasta los diferentes laboratorios y centros médicos, con la finalidad de extraerles sus riñones de manera ilícita, asimismo cada delito se consumó cuando se promovió, facilitó y favoreció el traslado de las víctimas fuera del país con la finalidad de realizar la extracción de su riñón en Israel. No obstante lo indicado, el criterio del tribunal es que el delito de trata de personas es de mera actividad y que “…la finalidad trazada se va desarrollando a lo largo del tiempo, siendo cada víctima captada parte de esa finalidad de trata de personas, en este caso con fines de sometimiento a la extracción ilícita de órganos”.  Esta afirmación, además de ser contradictoria, carece de fundamentación. En su análisis, el tribunal más bien parece aludir a otras clasificaciones diferentes a la que enuncia, una de ellas, el delito de efectos permanentes, el cual el Dr. Javier Nombre19 describe de la siguiente manera: “El delito de efectos permanentes es una clase de delito instantáneo, en el que si bien la ofensa al bien jurídico cesa inmediatamente después de producirse la acción, ésta produce como efectos una situación que se prolonga en el tiempo". Sin embargo, a la luz de esta definición del doctor Nombre19, no es posible determinar cuál fue la situación que se prolongó en el tiempo, pues el tribunal de lo que habla es de una misma finalidad. El delito de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos, efectivamente, es un delito de mera actividad, asimismo es un delito de peligro abstracto,  no obstante esa “finalidad  trazada por el autor que  se va desarrollando en el tiempo” y a la que alude el tribunal en su resolución, tiene más similitud con la descripción que hace el artículo 77 del Código Penal del delito continuado, el cual únicamente se aplica en aquellos casos en los que se da la afectación de bienes jurídicos patrimoniales. Para el Ministerio Público los imputados [Nombre 078] y Nombre60 cometieron, a veces conjuntamente y a veces de manera separada, varios delitos de trata de personas y afectaron tantos bienes jurídicos personalísimos como número de víctimas existieron, con cada uno de esos delitos separados en el tiempo y con acciones perfectamente individualizables se agotó el delito, incluso sin requerirse la producción del resultado (como en el caso de [Nombre13 047]), aunque en el resto de los casos sí se concretó la extracción ilícita, por lo que la pena debió haberse impuesto de conformidad con el artículo 76 del Código Penal, a saber sumando la de todos los delitos, sin que pudiera exceder el triple de la  mayor. Como agravio, señala la fiscal que el tribunal, al proceder a interpretar  de manera gramatical el tipo penal, dejó de lado un aspecto fundamental, cual es la consideración del bien jurídico protegido que fue vulnerado. De haber sido tomado en cuenta y siendo que es indudablemente personalísimo, la conclusión natural hubiese sido la  determinación de que existieron tantos delitos como bienes jurídicos personalísimos fueron afectados. Al realizar esa interpretación errónea, el tribunal desaplicó los artículos 22 y 76 del Código Penal, e impuso una pena que no resultó proporcional con los hechos por los que fueron condenados los imputados. Por lo expuesto y por considerar que se está ante múltiples de delitos de trata de personas, y que dichos delitos concurrieron materialmente, solicita se anule la pena establecida en la sentencia impugnada y se ordene el reenvío únicamente para una debida fundamentación e imposición de la pena que corresponda. Por las razones y de la forma que se dirán, se declara con lugar el reclamo . El tribunal de mérito entiende que en este caso se configuró un único delito de trata de personas pues “el tipo penal establece como sujeto pasivo personas de cual sexo, sea el sujeto pasivo es plural, además de ser un delito de mera actividad con lo cual la finalidad trazada se va desarrollando a lo largo del tiempo, siendo cada víctima captada parte de esa finalidad de trata de personas, en este caso con fines de sometimiento a la extracción ilícita de órganos” (f. 5012 vuelto, la transcripción es literal). Examinados estos razonamientos, estima esta cámara que, en efecto, el órgano de instancia aplicó erróneamente la norma sustantiva. En primer término, sostiene que el tipo penal establece como sujeto pasivo un plural (“personas”), cuando si bien (y aunque no con la mejor técnica legislativa) del numeral 172 del Código Penal vigente para la época de los hechos, específicamente, en las circunstancias agravantes, se desprende que la víctima de este delito también puede ser una sola. Esto, unido a que los bienes jurídicos tutelados con la trata son personalísimos (de especial interés, la dignidad de la víctima, de la cual se ve despojada al ser cosificada o instrumentalizada, convirtiéndola en un medio para otros fines o propósitos), permite concluir que habría tantos delitos como agraviados existan, pues no es posible separar aquellos bienes jurídicos de su titular. Dice el tribunal que se está ante un delito de actividad, en el cual la finalidad perseguida (en este caso, la extracción ilícita de órganos), se puede ir desarrollando a lo largo del tiempo. Lo primero que hay que apuntar es que, con esta mención, pareciera que el a quo no está refiriéndose al delito de actividad como categoría dogmática, sino simple y sencillamente a que la trata de personas es una actividad que se puede prolongar en el tiempo. En todo caso, si bien es también plausible que, en atención al vínculo fenómenico -espacial y temporal-, así como al plan criminal, varios desplazamientos hechos a distintos centros médicos configuren una única acción en sentido jurídico y, en consecuencia, un único delito de trata de personas, es incuestionable que tratándose de cada víctima se adoptó una resolución autónoma, independiente, que se puede separar espacial y temporalmente de la adoptada en torno a los demás agraviados, de ahí que pueda afirmarse no sólo que hay tantos delitos como personas ofendidas, sino que estos delitos concursan materialmente. En resumen, habiéndose constatado la errónea aplicación de la ley sustantiva a los hechos demostrados, por unanimidad se anula parcialmente la sentencia impugnada, sólo en cuanto se calificaron éstos como constitutivos de un delito de trata de personas agravado en concurso ideal con un delito de peculado y en cuanto le impuso al imputado [Nombre13 072] el tanto de doce años de prisión, y al imputado Nombre01 ocho años de prisión.XXI.- Acerca de las consecuencias de la declaratoria con lugar de un recurso de apelación por el fondo del Ministerio Público. Por voto de mayoría (Porras Villalta y Murillo Mora), siguiendo el criterio que mantiene la Sala Tercera en cuanto a que, para garantizar el derecho a recurrir de las partes, el tribunal de apelación de sentencia se debe abstener de imponer directamente la sanción (cfr. p. ej., sentencia N° 2015-01044 de las 9:15 horas del 7 de agosto de 2015), en esta misma sede se recalifican los hechos probados objeto de condena, a trece delitos de peculado y trata de personas en su modalidad simple, más un delito de peculado, donde en los primeros trece casos media un concurso ideal entre un peculado y una trata de personas simple (esto por lo indicado en el

de esta resolución, al cual deben remitirse los recurrentes) cometidos así: los de trata y peculado (en concurso ideal) en perjuicio de [Nombre13 014]; [Nombre 007]; [Nombre 017]; [Nombre 028]; [Nombre 040]; [Nombre 066]; [Nombre 033], [Nombre 034]; [Nombre 038]; [Nombre 001]; [Nombre 036]; [Nombre 057] y [Nombre13 047] y los deberes de la función pública. El peculado adicional, en perjuicio de los deberes de la función pública. En cuanto a los concursos, en los primeros trece casos cada delito de trata de personas simple concursa idealmente con un delito de peculado; y todos estos trece dúos, a su vez, concursan materialmente entre sí y con el catorceavo delito de peculado que se citó atrás (mismo que corresponde al hecho demostrado que se identificó con el número 19.b y que se relaciona con la atención que prestó [Nombre13 072] a [Nombre13 043] en el hospital Calderón Guardia). De estos delitos, los suscitados en relación con [Nombre13 014], [Nombre13 007] y [Nombre13 017], fueron cometidos, en carácter de coautores, por [Nombre13 072] y Nombre01; en tanto que los demás únicamente por el imputado [Nombre 072]. Se ordena el reenvío de la causa al tribunal de mérito para que, con una nueva integración, proceda a fijar la sanción que corresponda, considerando la recalificación antes efectuada. En cuanto a esta recalificación, la jueza Vargas González salva el voto y ordena el reenvío al tribunal sentenciador para que se pronuncie tanto sobre la calificación jurídica como sobre el quantum de la pena a imponer. El fundamento de esta decisión de mayoría es el siguiente: A) Sobre la existencia de múltiples delitos de peculado. Sobre el tema de la trata de personas, ya se efectuó una amplia exposición que permite comprender por qué existen tantos delitos como ofendidos (trece, según el a quo) y por qué en este caso se está ante delitos que concursan materialmente. Ahora, también se aprecia que el tribunal de mérito estimó que existía un único delito de peculado atribuido en exclusiva a [Nombre13 072], cuando lo cierto es que tuvo por demostrado que éste recibió a cada uno de los potenciales donadores (catorce) en su consultorio ubicado en el hospital Calderón Guardia para iniciar el procedimiento preoperatorio, e incluso, en el caso de uno de ellos ([Nombre13 028]), le ordenó exámenes clínicos en ese mismo establecimiento. Tras la exposición de los hechos probados, en el punto número 21) y, a modo de síntesis, en la sentencia se indica: “21.) En el periodo comprendido entre septiembre del año 2009 y el 18 de junio del 2013 aproximadamente, el imputado [Nombre 072], en su calidad de funcionario público de la Caja Costarricense del Seguro Social, propiamente como Jefe de Nefrología del Hospital Dr. Nombre61, empleó en provecho propio los recursos de dicha institución, al recibir en el consultorio médico del Hospital Calderón Guardia a los ofendidos [Nombre13 014], [Nombre 007], [Nombre 017], [Nombre 028], [Nombre 025], [Nombre 066], [Nombre 033], [Nombre 034], [Nombre 038], [Nombre 001], [Nombre 036], [Nombre 057], [Nombre 043] y [Nombre13 047], para ofrecerles dinero a cambio de uno de sus riñones y realizar trámites preoperatorios para trasplantes renales a personas extranjeras, los que se llevaron a cabo en los Hospitales privados Clínica Bíblica y Hospital y Hotel La Católica” (cfr. sentencia impugnada; la transcripción es literal). De esta manera, lo que según el tribunal de mérito es un único delito de peculado atribuido a [Nombre13 072], en realidad son 14, 13 de los cuales concursan idealmente con los 13 delitos de trata de personas en su modalidad simple, según se explicó. El catorceavo delito de peculado sería el cometido en relación con [Nombre 043], mismo que no concursa idealmente con la trata pues, según explicó el tribunal de juicio, tratándose de esta persona la extracción ilícita del órgano (como finalidad de la trata) era imposible. Finalmente, se tiene que el tribunal de instancia no condenó a Nombre01 por peculado pese a que se tuvo por demostrado que este imputado fue quien, en los tres casos que al él lo involucran ([Nombre13 014], [Nombre13 007] y [Nombre13 017]) remitió a las víctimas al consultorio de [Nombre 072] en el hospital Calderón Guardia para iniciar el procedimiento preoperatorio (hechos probados números 2; 4.a.b; 5.a.b. y 6.a.b. y c.) y que él no sólo conocía perfectamente la profesión y el puesto de [Nombre13 072] (jefe del servicio de nefrología del citado hospital), sino que también sabía de su utilidad a los fines criminales propuestos (f.  4865 vuelto y siguientes; f. 5010 vuelto). Así las cosas, debió tenérsele también como coautor de dicho delito, por comunicabilidad de las circunstancias (art. 49 Código Penal), en los casos que en que él se vio involucrado. B) Sobre la posibilidad de recalificar los hechos con ocasión de un recurso del Ministerio Público. La fiscalía cuestionó la calificación jurídica atribuida por el tribunal de mérito a los hechos que se tuvieron por demostrados. Según se expuso en el motivo, los imputados ([Nombre13 072] y Nombre14) no cometieron un delito de trata de personas sino varios, tantos como personas ofendidas hubiese. Si bien sus alegatos se relacionan únicamente con la aplicación del tipo penal de la trata de personas, esta cámara aprecia que el error cometido por el a quo al aplicar la ley sustantiva es más amplio. En razón de esto, y considerando que el examen integral de lo resuelto que contempla el numeral 459 del Código Procesal Penal no está previsto únicamente a favor del imputado, se dispuso rectificar el yerro en los términos antes dichos. No obstante, conviene analizar lo relativo a la dimensión y las consecuencias derivadas de la declaratoria con lugar de un recurso por el fondo del Ministerio Público planteado contra la sentencia dictada por el tribunal de juicio. Es evidente que este tema no ha sido pacífico en la jurisprudencia, siendo que a partir de varios pronunciamientos de la Sala Constitucional (sobre todo los votos Nº 1998-001208 de las 15:47 horas del 24/02/08; Nº 1998-007497 de las 15:39 horas del 21/10/98; y Nº 2002-002050 de las 14:49 horas del 27 de febrero de 2002) se le fijaron varias limitaciones a dicha impugnación a efectos de buscar alguna armonía o congruencia con la garantía prevista por el numeral 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, en términos claros se indicó que, al declararse con lugar el recurso de casación por el fondo del acusador penal, no podía condenarse directamente (en esa misma sede impugnaticia) a quien había sido absuelto en juicio, siendo que posteriormente, y como una declaración general de principio, se estableció que resultaba inconstitucional (y contrario a la citada garantía convencional) que en virtud de ese recurso fiscal se agravara la pena en sede de casación. Esto, entonces, llevó a criterios diversos en la jurisprudencia en cuanto a los dimensiones de la declaratoria con lugar de dicha impugnación sustantiva. Anterior a esos pronunciamientos constitucionales, simplemente se declaraba la existencia del error in iudicando y de una vez, en la misma sede impugnaticia, se enmendaba el vicio aplicando la norma penal correcta, lo que implicaba agravar la situación jurídica del encartado sin que al mismo se le reconociera la posibilidad de recurso en cuanto a esa nueva decisión. Ante esa disyuntiva, a partir de los pronunciamientos de la Sala Constitucional antes referidos, si al conocer del recurso por el fondo del ente acusador se llegaba a constatar una errónea aplicación de la ley de fondo, como una salida (primera solución) se optó por anular íntegramente el fallo de mérito como única forma de tutelar la citada garantía convencional, de modo que se disponía un juicio de reenvío donde, de manera originaria, se llevaba nuevamente al encartado a juicio. Tal solución tampoco estaba exenta de inconvenientes y disfuncionalidades, pues al final de cuentas terminaba afectando de manera notoria al ente acusador que recurrió, quien pese a que sólo estaba disconforme con la calificación jurídica, no así con la fijación del hecho probado, debía soportar la anulación de todo el fallo y la realización de un nuevo juicio (originario), lo cual generaba la incertidumbre en cuanto a su resultado, al poder verse afectada la prueba. No obstante, también se optó por una segunda solución, esto es, anular sólo lo relativo a la "calificación jurídica" y a la fijación del quantum de la pena, extremos en cuanto a los que se ordenaba el reenvío, manteniendo incólume el resto de la sentencia, esto es, la relación de hechos que se tuvo por demostrada. Es evidente que con esta segunda opción se vienen a irrespetar sutil, pero materialmente, los lineamientos trazados por la jurisprudencia de la Sala Constitucional (de acatamiento obligatorio) en cuanto a la garantía penal de la doble instancia, que en realidad consiste en el derecho a que el fallo condenatorio penal sea revisado por un superior, que consagra la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su numeral 8.2.h ya citado. Así  ocurrió, por ejemplo, en el voto de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia Nº 2005-396 de las 9:50 horas del 13 de mayo de 2005, mediante el cual se resolvió y declaró con lugar un recurso por el fondo del Ministerio Público, pues claramente se indicó que, al constatarse un yerro in iudicando y en acatamiento del voto de la Sala Constitucional Nº 2050-02, se anuló parcialmente la sentencia, únicamente en cuanto a la "condena" dictada en contra de un coimputado como cómplice del delito de tráfico internacional de drogas, siendo que en realidad (según se verá) lo que se anuló fue lo relativo a la calificación jurídica, manteniendo en firme la relación de hechos que se tuvo por demostrada (en torno a la cual se indicó que existía un error de fondo al haber sido erróneamente calificada como una "complicidad"). En dicho pronunciamiento la Sala de Casación ordenó, en cuanto a ese extremo, el reenvío: "[...] Así las cosas, con base en las directrices incluidas en el voto de la Sala Constitucional N° 2050-02, de las 14:49 horas del 27 de febrero de 2002, se acoge el presente alegato de fondo, en virtud de lo cual se anula parcialmente el fallo de mérito, únicamente en cuanto se condenó al coimputado Nombre62. como cómplice en el delito de tráfico internacional de droga, ordenándose el reenvío a la oficina de origen para una nueva sustanciación conforme a Derecho. En lo demás, el fallo de instancia permanece incólume. Se aclara asimismo, que esta Sala no está prejuzgando en caso que aquí se conoce, pues la presente decisión en torno al recurso por el fondo del Ministerio Público se basó en el cuadro fáctico que se tuvo por demostrado en la sentencia aquí anulada. Lo anterior implica, entonces, que la situación jurídica del coimputado Nombre63. deberá ser definida de modo originario en el nuevo debate que habrá de realizarse  [...]". Conforme a lo anterior, del contenido de este fallo parece que la anulación ordenada abarcó en su integridad  la condena que se dictó en contra de este coimputado como cómplice en el tráfico de drogas (única manera de darle efectivo cumplimiento a la garantía de la doble instancia aludida). No obstante lo anterior, al pronunciarse en cuanto a una gestión planteada por el tribunal de juicio, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia indicó que el reenvío que se ordenó se refería sólo a la fijación del monto de la pena "[…] conforme a las reglas de la autoría y la participación ": "[...] en el presente caso, una vez revisada la resolución 2005-396 de las 9:50 horas del 13 de mayo de 2005 dictada por esta Cámara, se entiende con plena claridad, que la razón del reenvío al Tribunal de origen, es únicamente para sustanciar el extremo referente a la penalidad conforme a las reglas de la autoría y participación. Con respeto al principio de doble instancia y del derecho de recurrir que tiene el imputado, por haberse acogido un motivo de fondo interpuesto por el Ministerio Público, es que esta Cámara se ve imposibilitada de modificar en forma definitiva la sentencia en sede de casación, requiriendo necesariamente, realizar el reenvío de la causa. No obstante, bajo ninguna interpretación, el fallo en cuestión permite la valoración probatoria de los hechos demostrados ni cualquier otro elemento distinto al punto por el cual se ordenó el reenvío del expediente [...]" (cfr. Sala Tercera, voto Nº 2007-906 de las 8:50 horas del 31 de agosto de 2007). Con este segundo pronunciamiento se llega a indicar y aclarar que el reenvío sólo abarcaba el monto de la pena, manteniéndose incólume el resto del fallo (incluso en cuanto a la calificación jurídica rectificada en sede de casación), esto es, en cuanto a los hechos que se tuvieron por probados. Esta segunda solución que se vino aplicando por parte de la jurisprudencia en casos como el presente, donde se declaraba con lugar un recurso por el fondo del Ministerio Público, implica una sutil afectación a los lineamientos trazados por la jurisprudencia de la Sala Constitucional (de acatamiento obligatorio) en cuanto a la garantía penal de la doble instancia o derecho a que el fallo condenatorio penal sea revisado por un superior, que consagra la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En efecto, en citados votos Nº 7497-98 de las 15:39 horas del 21 de octubre de 1998; Nº 1208-98 de las 15:47 horas del 24 de febrero de 1998; Nº 2050-02 de las 14:49 horas del 27 de febrero de 2002; Nº 14.175-04 de las 9:27 horas del 22 de diciembre de 2004; y 1532-05 de las 14:50 horas del 15 de febrero de 2005, entre otros, en estricta aplicación de la garantía de la " doble instancia" o revisión del fallo condenatorio por un superior, la Sala Constitucional vino entendiendo que resultaba violatorio del derecho al recurso que garantiza el Pacto de San José, el que, en sede casación y con motivo de un recurso por el fondo del Ministerio Público (o del acusador penal en general), directamente se agrave la pena o, en general, la situación jurídica del encartado. A partir de este criterio de la jurisprudencia constitucional, se eliminó la práctica común que hasta ese entonces imperaba (a saber, que al constatar y declarar la existencia de un defecto o error de fondo en razón de un recurso del acusador, se procedía a enmendarlo y se ordenaba, de una vez en sede impugnaticia, la recalificación de los hechos probados y se imponía  -a partir de ello- una sanción más gravosa). No obstante el fin que se buscaba con aquella prohibición impuesta por la Sala Constitucional, la segunda alternativa por la que optó la jurisprudencia de la Sala Penal (anular sólo lo relativo a la calificación jurídica y la pena, manteniendo firme la sentencia de juicio en cuanto a los hechos que se tuvieron por probados, en relación a los cuales, al acoger el recurso por el fondo del acusador penal, ya había emitido una valoración jurídica de naturaleza sustantiva), de hecho no hizo más que agravar implícitamente la situación del acusado, pues el juez de reenvío ya quedaba condicionado por el criterio que externaba su superior. Así, en estos casos el tribunal de reenvío se limitaba a declarar formal y directamente lo que de hecho ya había resuelto y decidido el órgano de casación, todo lo cual venía a afectar la garantía de la doble instancia (derecho a un recurso amplio y desformalizado) comentada. Es por ello que, se insiste, antes de la creación del recurso de apelación de sentencia penal, y el correlativo rediseño de la casación como recurso que permite revisar lo decidido por el órgano de segunda instancia, en casos como éste la única forma que existía, a fin de darle contenido a dicha garantía, era disponer la nulidad integral de la sentencia, aunque  -se insiste en ello-  tal solución no estaba exenta de problemas y disfuncionalidades. No obstante lo anterior, toda esta cuestión que se ha venido analizando ha sufrido una modificación sensible y esencial con la promulgación de la Ley Nº 8837 que crea el recurso de apelación de sentencia en materia penal, la cual entra en vigencia a partir del 09 de diciembre de 2011, pues a partir de entonces se contempla la posibilidad de que la resolución dictada por el Tribunal de Apelación (segunda instancia) pueda ser revisada a través del recurso de casación por la Sala Penal (cfr. artículo 467 del Código Procesal Penal), al cual  ?incluso?  se le atribuyó la finalidad de garantizar el examen integral del juicio y la sentencia dictada en dicha etapa procesal: "Artículo 473.- Resolución y efectos extensivos. Si la Sala de Casación estima procedente el recurso por violación de ley procesal, anulará, total o parcialmente, la resolución impugnada y ordenará la reposición del procedimiento y resolución del tribunal de apelación de la sentencia. Cuando la anulación sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo procedimiento o resolución. En los demás casos, la Sala, al acoger el recurso, enmendará el vicio y resolverá el asunto de acuerdo con la ley aplicable. Cuando lo estime pertinente, para tutelar el derecho del imputado a un recurso que implique el examen integral del juicio y la sentencia, la Sala podrá disponer la anulación del debate, las resoluciones que de él dependan y se ordenará su reposición mediante reenvío al tribunal de juicio [...]". A partir del segundo párrafo de esta disposición se comprende que "en los demás casos", esto es, en aquellos supuestos en los que se formule un recurso, no por violación a la ley procesal (hipótesis del primer párrafo) sino más bien sustancial, la Sala de Casación resolverá conforme a la ley aplicable. Asimismo, y conforme se establece en el párrafo tercero, el legislador le otorgó una gran amplitud a dicho recurso, a tal punto que le otorga competencia a la Sala Tercera para que, si ese fuera el caso, hasta pueda anular el debate y las resoluciones que de él dependan, todo con el objetivo de tutelar el derecho del imputado a un recurso que implique el examen integral del juicio y de la sentencia del tribunal de juicio. Este párrafo tercero ni siquiera aparece en el proyecto final que envió la Corte Suprema de Justicia al Congreso, siendo el propio legislador quien decidió incorporarlo a la nueva normativa. Lo anterior significa que contra la resolución que llegue a dictar el Tribunal de Apelación todavía existe la opción, sobre todo para el imputado, de una revisión amplia e integral del debate y de la sentencia de juicio, lo que implica, a fortiori , que con mucha más razón debe posibilitársele la revisión del pronunciamiento del Tribunal de Apelación. Dentro de ese orden de ideas, entonces, cambian por completo las condiciones y el contexto jurídico procesal dentro del cual surgieron los pronunciamientos de la Sala Constitucional antes citados y comentados, pues al contarse ahora con la casación, es decir, un recurso previsto contra la resolución de fondo del Tribunal de Apelación de Sentencia, ningún menoscabo se le generaría al imputado al acogerse un reclamo sustantivo del Ministerio Público (a partir de lo cual se agrave su situación jurídica), pues contra tal pronunciamiento puede formular un recurso de casación, permitiendo que la Sala Penal estudio y verifique si en dicha decisión medió o no algún error jurídico. Además, atendiendo a los principios de celeridad y de justicia pronta y cumplida, no se justificaría en este caso disponer la nulidad integral de la sentencia y del juicio, sobre todo cuando ninguna de las partes ha cuestionado la fijación del hecho probado, lo que asimismo implicaría una revictimización de la parte ofendida, a quien habría que someter nuevamente al juicio, y una afectación a los derechos del recurrente (acusador), pues le obligaría a ir nuevamente a un juicio originario. De igual modo, no tendría sentido que, al declarar con lugar el recurso por el fondo de la fiscalía, donde sólo se reclama que la relación de hechos probados ha sido erróneamente calificada por el tribunal de juicio, este órgano de apelación proceda a mantener ese cuadro fáctico y anule sólo lo relativo a la calificación jurídica, pues con ello ya se estaría agravando (de hecho) la situación jurídica del encartado, condicionando de esa manera el resultado del juicio de reenvío, donde obviamente al tribunal de juicio no quedaría más opción que enmendar dicho yerro en los términos que le indica su superior jerárquico. No obstante ello, este órgano de apelación (por voto de mayoría en cuanto a este aspecto) ha optado por esta solución (que supra se ha identificado como “segunda”) debido a que es la que ha venido aplicando la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto ha interpretado que quebranta el derecho de defensa, mas no el de doble instancia, que el Tribunal de Apelación de Sentencia, al acoger un recurso de apelación (por el fondo) del ente fiscal, aumente la pena inicialmente impuesta al encartado, debiendo entonces ordenar, en salvaguarda del derecho de defensa (posibilidad de discutir la pena) el juicio de reenvío para sustanciación de la pena. Así se pronunció en la siguiente resolución: “[…] Con vista en estas valoraciones, es que procede determinar si es admisible por la legislación procesal penal, que el Tribunal de Apelación de Sentencia, al resolver un recurso de apelación del Ministerio Público, aumente la pena impuesta por el Tribunal de Juicio, sin ordenar el reenvío. En primer término, debe señalarse que, a criterio de esta Cámara, ello no atenta contra el derecho a la segunda instancia del acusado. Ciertamente, el artículo 465 parece permitir a ese cuerpo colegiado que conozca lo peticionado en apelación y que, cuando legalmente proceda, resuelva en su sede algunas situaciones, sin la necesidad de ordenar el juicio de reenvío: “…Si el tribunal de apelación estima procedente el recurso, anulará total o parcialmente la resolución impugnada y ordenará la reposición del juicio o de la resolución. Cuando la anulación sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio o resolución. En los demás casos, enmendará el vicio y resolverá el asunto de acuerdo con la ley aplicable...”. ello no es una limitación al derecho a la doble instancia del artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos, que como es conocido indica “2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:… h.) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior…”, pues, el hecho de que las resoluciones que emite el Tribunal de Apelación, sean recurribles solo en sede de casación, no es, per se, una restricción, para quien las impugna, pues como se explicará, el recurso de casación es un recurso formal, extraordinario y, aunque no permite la posibilidad de una revisión ni valoración integral del fallo, ello no implica que la resolución de la sede de Apelación, no pueda ser cuestionada en casación, si se presentan los supuestos del artículo 468 citado. Sin embargo, a criterio de esta Cámara, el aumentar la pena por el Tribunal de Apelación, sí atenta contra el derecho del acusado a discutir en el debate la imposición de la sanción. Si bien, como se indicará, el artículo 465 permite la recalificación de los hechos, cuando el cuestionamiento es contra la norma de fondo aplicada, ejercer por dicho Tribunal esta facultad al tiempo que aumenta la sanción, tiene una limitante, sea, el derecho de defensa, pues el acusado no contaría con un contradictorio donde exponer sus argumentos al respecto de la posible pena a imponer. Así lo ha señalado esta Cámara, en la resolución N° 781-14, de las 11:34 horas, del 21 de mayo de 2014: “…Ahora bien, lo que no comparte la Sala es la decisión del Ad quem de fijar de una vez en esa sede la pena de un año de prisión para cada uno de los imputados y la concesión del beneficio de ejecución condicional de la sanción, con base en la nueva calificación jurídica de robo simple con violencia sobre las personas (artículo 212 inciso 3, del CPP). Sobre este extremo, el razonamiento de fondo de la sentencia de segunda instancia no brinda justificación alguna del por qué también se debe establecer la pena de prisión y negarle a las partes su derecho a discutir el punto ante el a quo mediante el reenvío de la causa. En el caso particular, el Tribunal de Apelación se decantó por imponerles la sanción punitiva a los imputados que fueron absueltos por el tribunal de juicio -quien calificó erróneamente los hechos tenidos por demostrados y los declaró prescritos-, sin que existiera de previo el reclamo de un defecto procesal relacionado con la fijación de la pena. Lo anterior implica que el Ad quem agravó la situación particular de ambos cojusticiables sin contar siquiera con elementos de discusión relacionados con la imposición de la sanción, precisamente porque no les fijaron pena alguna por la absolutoria dictada a favor de ambos acusados. Lo anterior significa que el Órgano de Alzada no se encontraba legitimado para fijar directamente la pena sino que lo procedente era ordenar el reenvío para que las partes discutieran de manera amplia e integral el quantum sancionatorio correspondiente a determinarse por el a quo, conforme a la nueva calificación jurídica acordada. De esta forma, las partes cuentan no solo con la posibilidad de referirse a la pena por imponer sino también, la de impugnar ante el Superior si la sanción impuesta se ajusta o no a los parámetros establecidos en el artículo 71 del Código Penal…”. Comprende esta Sala que el Tribunal de Apelación, en aras de procurar una justicia pronta y cumplida, no ordenó el reenvío en esta causa, más (sic) ese principio procesal no puede ser antepuesto ante el derecho del imputado a ejercer su defensa, con todas las garantías de ley, máxime que se enfrenta a un gravamen evidente, como lo es el aumento de la sanción. Por ello, se declara con lugar el recurso de casación. Se anula el fallo del Tribunal de Apelación de Sentencia únicamente en lo relativo a la sanción de cinco años impuesta, quedando incólume en lo demás. Se ordena el reenvío de la causa, únicamente para la sustanciación de la pena […]” (cfr. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto N° 2014-1528 de las 09:44 horas del 12 de setiembre de 2014; el subrayado y la negrita son suplidos, no aparecen en el original). En resumen, este tribunal de apelación emite la siguiente decisión: (A).- Se declara con lugar el primer motivo del recurso de apelación que formula la representante del Ministerio Público. (B).- Se anula parcialmente la sentencia impugnada, sólo en cuanto se calificaron los hechos demostrados como constitutivos de un delito de trata de personas agravado en concurso ideal con un delito de peculado, y se impuso a [Nombre13 072], por ambos delitos, el tanto de doce años de prisión, y al imputado Nombre01, por el primero de ellos, el tanto de ocho años de prisión. (C).- Por mayoría (jueces Porras Villalta y Murillo Mora), en esta misma sede se recalifican los hechos probados objeto de condena, a trece delitos de peculado y trata de personas en su modalidad simple, más un delito de peculado, donde en los primeros trece casos media un concurso ideal entre un peculado y una trata de personas simple (esto por lo indicado en el

de esta resolución, al cual deben remitirse los recurrentes) cometidos así: los de trata y peculado (en concurso ideal) en perjuicio de [Nombre13 014]; [Nombre 007]; [Nombre 017]; [Nombre 028]; [Nombre 040]; [Nombre 066]; [Nombre 033], [Nombre 034]; [Nombre 038]; [Nombre 001]; [Nombre 036]; [Nombre 057] y [Nombre13 047] y los deberes de la función pública. El peculado adicional, en perjuicio de los deberes de la función pública. En cuanto a los concursos, en los primeros trece casos cada delito de trata de personas simple concursa idealmente con un delito de peculado; y todos estos trece dúos, a su vez, concursan materialmente entre sí y con el catorceavo delito de peculado que se citó antes (mismo que corresponde al hecho demostrado que se identificó con el número 19.b y que se relaciona con la atención que prestó [Nombre13 072] a [Nombre13 043] en el hospital Calderón Guardia). De estos delitos, los suscitados en relación con [Nombre13 014], [Nombre13 007] y [Nombre13 017], fueron cometidos, en carácter de coautores, por [Nombre13 072] y Nombre01; en tanto que los demás únicamente por el imputado [Nombre 072]. Se ordena el reenvío de la causa al tribunal de mérito para que, con una nueva integración, proceda a fijar la sanción que corresponda, considerando la recalificación antes hecha. En cuanto a esta recalificación, la jueza Vargas González salva el voto y ordena el reenvío al tribunal sentenciador para que se pronuncie tanto sobre la calificación jurídica como sobre el quantum de la pena a imponer. (D).- Por innecesario, se omite pronunciamiento sobre el último motivo del recurso formulado por la representante del Ministerio Público.XXII.- Voto salvado de la jueza Vargas González. Con todo respeto, considero improcedente recalificar los hechos en esta fase procesal y ordenar el reenvío únicamente para la imposición de la pena. Si bien en buena técnica impugnaticia no existe ningún impedimento para que el tribunal revisor enmiende los yerros cometidos por el a quo en lo que a la aplicación de la ley sustantiva corresponde, en nuestro actual sistema de impugnaciones, que cuenta con un recurso de apelación de sentencia (amplio y ayuno de formalidades) y uno de casación (formal, según lo ha concebido la propia Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia), esto no es plausible. Nótese que esta cámara, al anular la sentencia de instancia y recalificar los hechos que se han tenido por demostrados [pasando de un único delito de trata de personas a trece de ellos y de un único delito de peculado (por el cual, cabe subrayar, sólo fue condenado [Nombre13 072]) a catorce, condenándose -también- en esta etapa procesal a Nombre64 como coautor de tres de esos delitos de peculado] además de agravar la situación jurídica de ambos imputados (lo que no sería de extrañar tratándose de un recurso por vicios in iudicando planteado por el Ministerio Público), estaría resolviendo mediante una sentencia contra la cual solo cabe recurso de casación (que, como se adelantó, la Sala Tercera califica como formal y de carácter extraordinario, cfr. p. ej., resolución N° 2014-0494 de las 14:00 horas del 25 de marzo de 2014). Como consecuencia de lo anterior, se está negando a los endilgados el derecho a recurrir la sentencia condenatoria (que en este asunto no es sino la que zanja el tema de la calificación jurídica, entiéndase, la emitida en apelación) a través de un recurso que no se aplique con rigor formalista y que garantice un examen amplio de lo decidido. Conviene destacar que la misma Sala Constitucional, en el pasado, señaló que por sentencia condenatoria no se debe entender solamente la que impone por primera vez una pena, sino también aquella que la agrava o la aumenta, o de cualquier forma hace más gravosa la situación para el imputado (resolución N° 2002-02050 de las 14:49 horas del 27 de febrero de 2002), lo que justamente sucede al recalificar los hechos. De todo lo anterior se deduce que la verdadera condena, entiéndase, la que toma el lugar de la resolución de primera instancia que ha sido declarada ineficaz, no puede ser emitida por este tribunal revisor, o no sin lesionar las normas convencionales y constitucionales que garantizan al acusado el derecho a que un tribunal superior examine ampliamente lo decidido. Se insiste, si bien conforme a las reglas generales de los recursos, nada impide que ante un vicio de carácter sustantivo el ad quem proceda a enmendar este, aplicando directamente la ley que corresponda (entiéndase, calificando los hechos e imponiendo la pena correspondiente), en razón de las particularidades antes anotadas (a saber, la necesidad de garantizar el examen integral del fallo a través de un recurso exento de rigores formales y el hecho de que en nuestro país todas las partes, incluido el acusador, pueden recurrir), se concluye que el tema se debe resolver de otra manera, concretamente, ordenando el reenvío para que el tribunal de mérito proceda tanto a calificar jurídicamente los hechos demostrados como a imponer la pena, en el entendido, claro está, de que el criterio de esta cámara no lo vincula, pues si así lo hiciera, el reenvío debería catalogarse de ficticio e inútil. Si bien esta solución implica desconocer la lógica de los recursos (al extremo de impedir al tribunal revisor enmendar un vicio in iudicando no obstante haber invocado su existencia para anular lo acordado), se tiene que éste es un mal menor frente al que se causa cuando, en alzada, se agrava la situación jurídica del acusado, sea que sólo se recalifiquen los hechos demostrados, o que, junto con esto, se imponga una pena más elevada que la fijada por el a quo, esto en tanto son decisiones que quedan exentas de control jurisdiccional, lesionando el numeral 8. 2. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para agravar la situación, basta leer el recurso que planteó el Ministerio Público para confirmar que esa parte procesal (que sí recurrió lo decidido en cuanto a la trata de personas, al entender que se configuraban varios delitos de trata y no uno solo de ellos) nunca recurrió la sentencia en cuanto se concluyó que se configuraba un único delito de peculado y que éste era atribuible en exclusiva a [Nombre13 072] y no a Nombre01 (a quien se condenó solo por la trata de personas), conformándose así con lo decidido. Por lo expuesto, concluyo que esta cámara no debe recalificar jurídicamente los hechos que se han tenido por demostrados, sino que debe ordenar el reenvío para que el tribunal de mérito resuelva tanto sobre ese extremo, como también sobre la pena a imponer.XXIII.- Sobre la prisión preventiva de los justiciables. Siendo que las circunstancias que han justificado la imposición de la prisión preventiva se mantienen incólumes; que es indispensable para garantizar el reenvío aquí ordenado y que las partes pueden recurrir esta sentencia en casación (con lo cual no está firme el juicio de culpabilidad), con base en lo dispuesto por el párrafo 4° del artículo 258 del Código Procesal Penal, se prorroga la prisión preventiva de los justiciables por seis meses más, contados a partir del 4 de agosto y hasta el 4 de diciembre, ambas fechas de 2018.