Resolución 00692-2005

Conoce este Tribunal del presente asunto, no en el ejercicio de una función jurisdiccional, sino como un órgano de instancia administrativa o jerarca impropio, en cumplimiento de una función administrativa tutelar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92, de la Ley 7531, de Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, del 13 de julio de 1995.-

El debate del presente asunto se concreta a determinar si los interesados cumplen o no con los requisitos exigidos para tener derecho a la pensión por sucesión que reclaman. Tanto la jurisprudencia ordinaria como la constitucional han señalado, que el derecho a la pensión nace en el momento de cumplirse los requisitos establecidos en la Ley. Así las cosas, debemos examinar en el caso de estudio, si los reclamantes reúnen los requisitos exigidos en la Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, para hacerse acreedores de una pensión por sucesión de ese régimen. Debemos agregar, que este asunto debe analizarse a la luz de la Ley 2248, toda vez, que esa normativa fue la que sirvió de fundamento para conceder la pensión originaria. De conformidad con lo dispuesto en el inciso d) del artículo 7 de la Ley 2248 citada, que sirve de fundamento a la Junta de Pensiones y a la Dirección Nacional, cuando falleciere un beneficiario jubilado, el derecho de sucesión podrá ser aprovechado, por los hijos menores de edad dependientes del causante. Hasta aquí, parece que el asunto es claro, se requiere ser menor de edad y dependiente del causante, a contrario sensu, la condición se pierde por la mayoría de edad y por no ser o dejar de ser dependiente económicamente del causante. Sin embargo, el inciso a) del artículo 11, de esa misma Ley, señala una circunstancia más, al disponer que los derechos concebidos en el artículo 7 se extinguirán, para los hijos, sea cual fuere su sexo, desde que llegaren a la mayoría de edad, salvo en los casos de invalidez, que deberán demostrarse mediante el procedimiento que indica el inciso a) del artículo 3 de esta ley. Deberá probarse el derecho de acuerdo con lo que establece el artículo

Lo anterior significa, que aunque sean mayores de edad, si estudian o son inválidos, conservan el derecho sucesorio a la pensión o en otras palabras, no lo pierden. Analizado el presente caso, se debe advertir que los apelantes son mayores de edad (ver folios 82 y 117) y de una primera interpretación de los artículos citados, pareciera deducirse que la inexistencia de este requisito basta para denegar las solicitudes de marras. Sin embargo, de una interpretación armónica de los dos artículos, se desprende que la intención del legislador al emitir el criterio externado en el artículo 11 de aquel cuerpo legal, era el de proteger a los hijos del jubilado fallecido y que se encuentran en una definitiva situación de dependencia generada por su estado de invalidez. En el presente asunto, tanto en el caso de [Nombre5] como en el de [Nombre6], ambos de apellidos [Nombre3] , existe prueba de su invalidez (ver folios 99 a 104 y 131 a 136), razón por la cual, la Junta de Pensiones acoge las solicitudes y concede a su favor la jubilación por sucesión de marras.-

En consecuencia, es criterio unánime de este Tribunal, que en este caso lo procedente es revocar la resolución de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social número DNP-MT-M-1679-2004 y en su lugar, confirmar lo dispuesto por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional en resoluciones números 319 y 320 dictadas en la sesión 007-2004 de las 10:00 horas del 28 de enero de 2004. Para evitar dilaciones, se aclara que los actos de ejecución de esta resolución no requieren de aprobación por parte de la Dirección Nacional de Pensiones.-