Resolución 00193-2026

ANTECEDENTES. La parte actora presentó proceso ordinario en el cual reclamó entre otros aspectos, que se deje sin efecto el despido ordenado en su contra y que se le reinstale en su puesto de trabajo. Como parte de su demanda, solicita la parte actora la aplicación de la medida cautelar de reinstalación provisional, lo anterior con fundamento en la normativa nacional y el convenio 169 de la OIT, lo anterior por ser una persona indígena. El Juzgado A-quo mediante la resolución impugnada rechazó la medida cautelar solicitada, lo anterior bajo el argumento de que, "...no presenta ningún tipo de prueba en cuanto a ese daño eventual (41.1 del CPC) … Así las cosas, no se tiene por acreditado el segundo de los presupuestos para el otorgamiento de la tutela cautelar. Al no demostrarse peligro en la demora (urgencia e instrumentalidad), véase que en todo caso, el actor manifiesta que la empresa le comunicó el despido sin responsabilidad el día 18 de noviembre del 2025 y es hasta en fecha 08 de enero del 2026, que interpone la demanda; no resulta necesario entrar a conocer la ponderación de intereses, ya que son excluyentes entre sí...".

SE APELA LA MEDIDA CAUTELAR RECHAZADA. La parte actora presenta dentro del plazo legal, recurso de apelación alegando en lo medular que, para la resolución de la medida cautelar solicitada, no se analizó que él es una persona indígena, por lo que tiene una “vulnerabilidad reforzada”, y además, que por esa condición, existe normativa especial que le protege.

OBJETO DEL RECURSO. La persona juzgadora de instancia rechazó la medida cautelar solicitada, por cuanto consideró que, "...no se tiene por acreditado el segundo de los presupuestos para el otorgamiento de la tutela cautelar. Al no demostrarse peligro en la demora (urgencia e instrumentalidad), véase que en todo caso, el actor manifiesta que la empresa le comunicó el despido sin responsabilidad el día 18 de noviembre del 2025 y es hasta en fecha 08 de enero del 2026, que interpone la demanda; no resulta necesario entrar a conocer la ponderación de intereses, ya que son excluyentes entre sí...". Ahora bien, es claro que la naturaleza de las medidas cautelares es su temporalidad. Lo que se resuelva en cuanto a ellas estará condicionado a la decisión de fondo, su dictado obedece a un juicio de probabilidad, mientras que el pronunciamiento en sentencia se basa en un juicio de certeza. Asimismo a la hora de valorar o no la procedencia de una medida en materia laboral, además de los principios propios de la tutela cautelar, mismos que necesariamente deben ser analizados al momento de resolver la solicitud, se debe tener presente los principios que informan el derecho laboral, concretamente el principio protector, y en este caso en concreto, se debe analizar si existe normativa especial que regule el asunto, lo anterior, por tratarse de una persona indígena quien solicita la aplicación de la medida provisional. Aunado a lo anterior, resulta necesario señalar que, uno de los deberes fundamentales en un Estado de Derecho, radica en la obligación de los jueces de motivar debidamente sus resoluciones. Este mandato constitucional que tienen como funcionarios públicos, nos aleja del absolutismo propio de la época de la monarquías medievales o de las dictaduras modernas. El Juez debe consignar en las resoluciones, los razones de hecho y de derecho por las cuales ha fallado. En este caso en particular, la discusión en valorar si se encuentran presentes los presupuestos establecidos en la normativa para la concesión de la medida cautelar, partiendo de las argumentaciones de las partes y las pruebas que consten en el expediente. Este Cámara de Apelación no duda que el A-Quo realizara el análisis de los requisitos y presupuestos establecidos para la concesión de la medida cautelar, sin embargo, no consta en la resolución recurrida el hecho de que la persona trabajadora es un persona indígena, y si esta condición, provoca una mayor afectación ante el despido que se le realizó, pero tampoco se analizó, si existe normativa especial que sea de aplicación para el caso específico, Aspectos que fueron alegados en el escrito inicial, y que como ya se indicó, no se observa valoración alguna en cuanto a esos puntos, y si eso implica una mayor afectación para la parte accionante, pero adicionalmente, la resolución no se refiere al tercer presupuesto de la tutela cautelar. Esta falta de fundamentación no puede ser suplida en alzada, ya que vulneraría el principio de doble instancia, por lo que lo procedente es anular dicha resolución.

Lo indicado en el considerando anterior no significa bajo ningún supuesto, una imposición de criterio alguno por parte del Tribunal. El A-Quo deberá analizar los argumentos de las partes, incluido el hecho de que la parte accionante alega ser una persona indígena, los presupuestos legales, así como la prueba ofrecida, la normativa que resulte aplicable, y producto de eso, determinará la aceptación o rechazo de lo pretendido, siempre bajo el supuesto del cumplimiento del deber de la fundamentación de lo resuelto.POR TANTO Por las razones consignadas supra, se anula la resolución apelada. Tome nota el A-Quo de lo indicado en el último considerando. Notifíquese.- R5NKMNRSZPI61ERIC MANUEL CAMPOS CAMACHO - JUEZ/A DECISOR/A PL8DAU149F861LUIS ESTEBAN ARAYA UGALDE - JUEZ/A DECISOR/A OLRPSCJIVSE61BRENDA CELINA CALVO DE LA O - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 26-000010-0929-LAI Circuito Judicial de Limón, Limón centro, Edificio de los tribunales, Tercer piso Teléfonos: 2799-1389 ó 2799-1510. Fax: 2799-1329. Correo electrónico: limtribapel@poder-judicial.go.cr