Resolución 00049-2025

J., vecino de Puntarenas, Ciudad Neilly; [Nombre 019], mayor, costarricense, cédula de identidad número [Valor 007], nació el 25 de noviembre de 1986, hijo de [Nombre 011] y [Nombre 012], soltero, de oficio comerciante agrícola, vecino de Puntarenas, Corredores; [Nombre 020], mayor, costarricense, cédula de identidad número [Valor 009], nació el 30 de junio de 1997, hijo de [Nombre 011] y [Nombre 012], soltero, de oficio comerciante agrícola, vecino de Puntarenas, Corredores; [Nombre 021], mayor, costarricense, cédula de identidad número [Valor 008], nació el 2 de setiembre de 1985, hijo de [Nombre 022] y [Nombre 023], soltero, de oficio comerciante, vecino de Alajuela, Grecia; [Nombre 024], mayor, costarricense, cédula de identidad número [Valor 010], nació el 24 de febrero de 1978, hijo de [Nombre 025] y [Nombre 026], soltero, de oficio transportista, vecino de Puntarenas, Corredores; [Nombre 027], mayor, costarricense, cédula de identidad número [Valor 011], nació el 14 de octubre de 1983, hijo de [Nombre 011] y [Nombre 012], soltero, de oficio vendedor de tornillos, vecino de Puntarenas, Corredores; [Nombre 028], mayor, costarricense, cédula de identidad número [Valor 012], nació el 21 de abril de 1956, hijo de [Nombre 029] y [Nombre 030], casado, de oficio agricultor y trabajador en una soda, vecino de Puntarenas, Quepos; [Nombre 031], mayor, costarricense, cédula de identidad número [Valor 013], nació el 12 de julio de 1970, hijo de [Nombre 032], soltero, de oficio peón agrícola, vecino de Puntarenas, Corredores; [Nombre 033], mayor, costarricense, cédula de identidad número [Valor 014], nació el 19 de mayo de 1958, hijo de [Nombre 034] y [Nombre 035], casado, pensionado, vecino de Puntarenas, Corredores; por el delito de TRANSPORTE DE DROGAS y OTROS, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA. Intervienen en la decisión del recurso, las juezas Andrea Renauld Castro, Mónica Hernández Leiva y María Milagro Granados García. Se apersonaron en esta sede, los justiciables [Nombre 007], [Nombre 001], [Nombre 024], en ejercicio de su derecho de defensa material; el licenciado Celso Gamboa Sánchez, defensor privado del sentenciado [Nombre 001]; el licenciado Edwin Duartes Delgado, defensor privado de los encartados [Nombre 013] y [Nombre 010]; la licenciada Yerilyn Dayana Alvarado Castellón, defensora privada del imputado [Nombre 019]; la licenciada Patricia María Núñez Alvarado, representante del Ministerio Público, Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada; el licenciado Juan Carlos Peralta Montoya, defensor privado de los justiciables [Nombre 004], [Nombre 027],  [Nombre 031], [Nombre 028], [Nombre 021], [Nombre 016], [Nombre 007], [Nombre 001], [Nombre 033], co-defensor de [Nombre 019] y [Nombre 020] y el licenciado Tomás Poblador Ramírez, defensor público del imputado [Nombre 024].

Mediante sentencia n.° 9-2024 de las 13:30 horas del 10 de diciembre del 2024, el Tribunal Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, resolvió: «

Mediante resolución n.°2025-010 de las 11:00 horas del 24 de junio de

2025 (fs. 10101-10105 del expediente principal), este Tribunal (integrado por M. Hernández, A. Araya y A. Renauld) admitió para su trámite los recursos de apelación de sentencia interpuestos por:

[Nombre 007], en forma personal (fs. 9177-9180 del expediente principal);

[Nombre 001], en ejercicio de su defensa personal (fs. 9189-9210 del expediente principal);

El licenciado Celso Gamboa Sánchez, en calidad de defensor particular de [Nombre 001] (fs. 9211-9288 del expediente principal);

El licenciado Edwin Duartes Delgado, en representación de [Nombre 013] (fs. 9289-9408 del expediente principal);

[Nombre 024], en ejercicio de su defensa material (fs. 9409-9486 del expediente principal);

La licenciada Yerilyn Alvarado Castellón, en su carácter de defensora de confianza de [Nombre 019] (f. 9487-9548 del expediente principal);

La representante de la Fiscalía, licenciada Patricia Núñez Alvarado (fs. 9549-9574 del expediente principal);

El licenciado Juan Carlos Peralta Montoya, en calidad de defensor de confianza de: [Nombre 004], [Nombre 027], [Nombre 031], [Nombre 028], [Nombre 021], [Nombre 016] y [Nombre 007]; asimismo, como co-defensor particular de [Nombre 001] y [Nombre 019]. Se declararon inadmisibles los recursos de apelación de sentencia formulados por el licenciado Michael Zúñiga Arias, representante legal de [Nombre 047] y el recurso de apelación por adhesión incoado por el licenciado Tomás Poblador Ramírez, en calidad de defensor público de [Nombre 024].

Integración del Tribunal de Apelación de Sentencia de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada para el conocimiento del presente asunto. El conocimiento de los recursos de apelación interpuestos por las partes en la presente causa correspondió a la Sección Primera del Tribunal de Apelación de Sentencia de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, integrada al momento de la emisión del presente pronunciamiento por las juezas Andrea Renauld Castro, Mónica Hernández Leiva y María Milagro Granados García. La última de las juzgadoras se integró para el conocimiento del asunto por estricto rol, según fue comunicado a las partes mediante auto de las 16:09 horas del 18 de noviembre de 2025. Lo anterior en virtud de la excusa interpuesta por el juez Luis Carlos Castro Araya. Es importante destacar que la jueza Granados García no estuvo presente en la audiencia oral celebrada el día 30 de julio de 2025, solicitada por las partes con ocasión de los recursos de apelación promovidos, pues en esa oportunidad la integración del tribunal la completó el juez Alfredo Araya Vega, quien ya no forma parte de este Despacho. Ante supuestos como el que nos ocupa, en que la integración del órgano colegiado que dicta la resolución definitiva difiere parcialmente de la que participó en la vista oral, esta Cámara sigue el criterio establecido por la Sala Constitucional en la resolución n.º 2007-17553, de las 12:23 horas del 30 de noviembre de 2007.

En ella se determinó que: «[…] resulta constitucionalmente válido que en aquellas vistas o audiencias orales de casación en las que no se reciban elementos de prueba en forma oral o, que las argumentaciones de las partes consten ya por escrito, sin que se aporte nada nuevo, puedan intervenir otros jueces, distintos a los que participaron en la vista, a la hora de tomar la decisión, si y sólo si, están en capacidad de hacerlo y existen razones justificadas (que deberán constar) que impidan que quienes estuvieron en la audiencia oral se reúnan en fecha próxima a estudiar y resolver el asunto». En el presente caso se ha verificado que, en la referida audiencia, las partes se limitaron a exponer los alegatos que ya constaban por escrito y no se evacuó prueba. Con base en las consideraciones expuestas, la variación en la integración del tribunal resulta no solo procedente, sino también necesaria, al constituir la única vía disponible para dar respuesta a las impugnaciones formuladas y vigencia al principio de justicia pronta y cumplida.

Competencia. En el presente asunto no se impugnó la absolutoria emitida a favor de [Nombre 004], [Nombre 013], [Nombre 021], [Nombre 027], [Nombre 019], por el delito de legitimación de capitales. Tampoco se recurrió la absolutoria dictada a favor de [Nombre 033] por la totalidad de delitos que le fueron imputados por el Ministerio Público. En relación con [Nombre 028] y [Nombre 031], la sentencia señala que no se imputó ningún cargo por legitimación de capitales y, en consecuencia, omitió pronunciamiento, lo que tampoco fue impugnado. En virtud de lo anterior, de conformidad con los artículos 446 y 447 del Código Procesal Penal, dichas decisiones no serán objeto de revisión por parte de este Tribunal de Apelación de Sentencia, límite fijado por el legislador para la asunción de la competencia respectiva, conforme al principio de firmeza de las sentencias y no reforma en perjuicio.

Audiencia oral. A solicitud de los recurrentes, se realizó audiencia oral el día 30 de julio de 2025. En dicha fecha, durante la primera audiencia, hicieron su exposición el licenciado Juan Carlos Peralta Montoya, en calidad de defensor particular de [Nombre 004], [Nombre 027], [Nombre 031], [Nombre 028], [Nombre 021], [Nombre 016], [Nombre 007] y [Nombre 001]; el licenciado Edwin Duartes Delgado, defensor privado de los justiciables [Nombre 013] y [Nombre 010]; la licenciada Yerilyn Dayana Alvarado Castellón, quien figura como defensora de confianza de los encartados [Nombre 019] y [Nombre 020]; el licenciadoTomás Poblador Ramírez, defensor público del imputado [Nombre 024]. Como representante del Ministerio Público, intervino la licenciada Patricia Núñez Alvarado, Los pormenores de lo ocurrido constan en el registro audiovisual 190000040622PE-30072025091237-2_Multi—0.

Se varía orden de resolución de los motivos. Para efectos de mayor orden y logicidad en la secuencia de resolución de las quejas, se varía el orden de exposición usual, que corresponde al momento de presentación de los recursos, y en su lugar, se conocen los reclamos de apelación de conformidad con las categorías temáticas a las que pertenecen. El orden seguido, es el siguiente: Considerando VI: Quejas por quebranto a la garantía de imparcialidad de la persona juzgadora, por intervención de la jueza [Nombre 043]. Falta de competencia y falencias en la fundamentación de las resoluciones mediante las cuales se autorizó la intervención de las comunicaciones telefónicas y entre presentes. Considerando VII: Violación a la garantía de imparcialidad de la persona juzgadora, en virtud de la intervención de la jueza Ana Yancie Umaña Moreira. Considerando VIII: Aplicación de normas derogadas, en particular: el artículo 2 de la Ley N° 8754 de 22 de julio de 2009 Considerando IX: Temas varios derivados del recurso de apelación incoado por [Nombre 001]: reclamos por violación al principio de soberanía; quebranto del principio de correlación entre acusación y sentencia; remoción de la jueza de garantías del conocimiento del asunto y lesión al derecho a la intimidad por incursión de la policía en reuniones privadas. Considerando X: Ausencia de incorporación del «crudo» de las radiobases. Considerando XI: Ilegalidad de intervención de las comunicaciones entre presentes, por instalación de aparato de grabación en vehículo y cadena de custodia de los datos obtenidos mediante dicho dispositivo. Considerando XII: Secuestro de videos obtenidos en sitios privados, sin contar con orden judicial habilitante. Considerando XIII: Indebido rechazo de la actividad procesal defectuosa planteada en torno a la detención de la vagoneta y su manipulación como evidencia. Considerando XIV: Secuestro de teléfonos celulares a los encartados y cadena de custodia de dicha evidencia. Considerando XV: Fundamentación probatoria intelectiva de las condenas emitidas por el delito de tráfico de drogas. Considerando XVI: Inconformidad con acreditación de hechos constitutivos de tráfico en relación con [Nombre 019]. Considerando XVII: Falta de fundamentación de la condena emitida contra [Nombre 001] por tráfico de drogas y en particular, respecto de la determinación de su rol como líder de la organización criminal. Considerando XVIII: Vicios relativos a la absolutoria de [Nombre 010] y [Nombre 020] por el delito de tráfico de drogas. Considerando XIX: Quebranto de las reglas de la sana crítica en el análisis de la prueba, en lo que toca a la absolutoria de [Nombre 001], [Nombre 010], [Nombre 007], [Nombre 020], [Nombre 024] y [Nombre 016] por el delito de legitimación de capitales. Considerando XX: Errores en la aplicación de la ley procesal y sustantiva que condujeron a una indebida absolutoria de [Nombre 013] y [Nombre 016] por los ilícitos de peculado de uso y procuración de impunidad. Considerando XXI: Falta de fundamentación de las penas impuestas. Considerando XXII: Errónea aplicación de la ley sustantiva en la decisión de no comisar bienes. En atención a lo expuesto, los recursos serán resueltos de la siguiente forma:    Recurso formulado por [Nombre 007]. Los reclamos primero y tercero del recurso de apelación de sentencia formulado por [Nombre 007], serán resueltos en el

En relación con el segundo reparo de dicho recurso se omite pronunciamiento, por ser innecesario. Motivo único del recurso interpuesto por [Nombre 001].

Para su resolución, este se dividió en 6 partes:

Imparcialidad de la jueza [Nombre 043]; 2) falta de fundamentación probatoria intelectiva de la condena por tráfico de drogas; 3) falta de competencia del Juzgado Penal de Grecia para asumir el asunto en la etapa preparatoria; 4) inobservancia del principio de correlación entre acusación y sentencia; 5) fundamentación de la pena, y; 6) otros temas. Los puntos 1) y 3) se atenderán en el

El punto 2), en el

Los puntos 4) y 6), en el

Y finalmente, el punto 5) del motivo único del recurso interpuesto por [Nombre 001], en el

Impugnación formulada por el licenciado Celso Gamboa Sánchez: el primer y segundo motivos de apelación, se resolverán en el

El tercer motivo, en el

El cuarto reproche, en el

La quinta queja de apelación, en el

El sexto reclamo, en el

El sétimo reparo del recurso del licenciado Gamboa Sánchez, en el

Y finalmente, el octavo motivo, en el

XXI.

Recurso de apelación de sentencia presentado por el licenciado Edwin Duartes Delgado. El primer motivo se resolverá en el

Los reclamos segundo y quinto, en el

El tercer motivo, en el

El cuarto motivo, en el

El sexto reproche de la impugnación, en el considerando XV La sétima queja del recurso del licenciado Duartes, será conocida en el

Recurso interpuesto por [Nombre 024]. El primer motivo de la impugnación será analizado en el

Los reclamos segundo y quinto, en el

El tercer motivo, en el

El cuarto motivo, en el

El sexto y sétimo motivos de la impugnación, en el motivo

La octava queja, en el

Impugnación formulada por la licenciada Yerilyn Alvarado Castellón: El primer motivo de este recurso será analizado en el

El segundo motivo, en el

Por último, el tercer motivo se atenderá en el

Recurso de apelación de sentencia presentado por la Fiscalía: El primer motivo se examinará en el

El segundo motivo, en el

El tercer reparo, en el

El cuarto reparo, en el

Finalmente, el motivo quinto, se analizará en el

Recurso incoado por el licenciado Juan Carlos Peralta Montoya: El primer motivo se conocerá en el

El segundo reclamo de apelación, por contener distintos temas, se divide en 4 partes:

Reclamos sobre el principio de imparcialidad, que se analizarán en el

VI.

Alegatos relacionados con el manejo de las tarjetas microSD instaladas en el vehículo institucional, se atenderán en el

XI.

Reparos atinentes al manejo de la vagoneta el día 28 de octubre de 2020, que se conocerán en el considerando XIII y

Quejas relacionadas con el secuestro de teléfonos celulares, serán examinados e el

El tercer motivo del recurso incoado por el licenciado Peralta, se resolverá en el

El cuarto motivo, en el

Y, por último, el quinto motivo de apelación será resuelto en el

VIII.

Punto 1) de los reclamos interpuestos en el motivo único del recurso incoado por [Nombre 001]. Pese a que la impugnación interpuesta en forma personal por el coendilgado [Nombre 001] no se divide en motivos o acápites, es posible distinguir el abordaje de distintos tópicos y por razones de orden en la exposición, los reparos se dividen en sus distintas categorías temáticas. El primero de dichos cuestionamientos (por su orden de exposición) concierne a la nulidad de la que, desde su óptica, adolece la intervención de la jueza [Nombre 043]. Señala el encartado, en ejercicio de su defensa material, que quedó demostrado que la jueza [Nombre 043] debió recusarse por conflicto de intereses al tener una relación con [Nombre 016], lo que comprometió su imparcialidad. Plantea que la omisión de hacerlo provocó la nulidad de la actividad probatoria en la que dicha juzgadora intervino. Además, sostiene que [Nombre 044] manipuló la información y tergiversó pruebas para perjudicarlo. Alega que dicha juzgadora debió inhibirse desde el inicio del caso y no lo hizo. Con las intervenciones telefónicas, refiere que se manipuló la recolección de la prueba e indicios, incluyendo la participación de [Nombre 016] conduciendo el vehículo Isuzu MU-X. Señala que el asunto debió tramitarse en Ciudad Neily, pero se hizo en Grecia, violentando los numerales 180 a 183 del Código Procesal Penal. Indica que entre la jueza y [Nombre 016] hubo una relación sentimental entre los años 2006 a 2008. Hace ver que la jueza se separó y divorció en el año 2004, pero de manera falsa dijo que en el 2009, para evadir el cuestionamiento de la relación con [Nombre 016] entre 2006 y 2008. Critica que la jueza se impusiera de las comunicaciones sin contar con analista, tomando la condición de parte y juez. Además, aduce que no se dejó el crudo de las llamadas, lo que compromete la cadena de custodia, embalaje y etiquetado. En su consideración, la prueba perdió pureza y naturalidad. Al respecto, el testigo [Nombre 049] afirmó conocer a [Nombre 016] y que le alquilaba un apartamento, en el cual era visitado de manera frecuente por la jueza [Nombre 043]. El testigo [Nombre 050], confirmó la relación entre [Nombre 043] y [Nombre 016], indicando que incluso fueron compañeros de trabajo. De igual forma, el oficial [Nombre 054], agente del Organismo de Investigación Judicial y el testigo [Nombre 055], confirmaron la relación entre ambos. Considera ilegítima la participación de la jueza [Nombre 043], quien mintió, e incurrió en los delitos de perjurio y desacato, al punto que se ordenó conducir una investigación en su contra (voto 143-R-2024). También señala que se ordenó investigar a [Nombre 044] por las actuaciones dudosas en sus funciones laborales. Punto 3) del recurso de apelación formulado en forma personal por [Nombre 001]:  De acuerdo con lo expuesto en el motivo único de la impugnación formulada por el coencartado, se cuestiona la competencia del Juzgado Penal de Grecia para asumir el conocimiento del asunto, indicando sobre este aspecto, que la competencia la tenía el Juzgado Penal de Ciudad Neily, pero de forma anómala, la causa fue asumida por la jurisdicción penal de Grecia, exponiéndose al efecto, que el investigador [Nombre 056] hizo referencia a una información confidencial sobre posible arraigo en Grecia, la cual no logró acreditarse. Aduce que la tramitación de la causa en una jurisdicción territorial que no correspondía, genera dudas sobre la legalidad de la prueba. Primer motivo del recurso de apelación de sentencia interpuesto por el licenciado Celso Gamboa Sánchez, en calidad de defensor técnico de [Nombre 001]. Como primer motivo de apelación reclama falta de pronunciamiento y fundamentación sobre actividad procesal defectuosa en contra de la orden y prórroga de intervenciones telefónicas que se realizó de manera infundada, atacando la forma y fondo de la resolución de las 15:25 horas del 28 de febrero de 2020 (Legajo de Intervenciones, f. 57). Critica que no se motivara de modo adecuado la restricción a las comunicaciones y sus respectivas prórrogas. Menciona que la jueza [Nombre 043] dispuso la intervención de las comunicaciones sin garantizar la imparcialidad. Así, la prórroga no debió concederse. Niega que existieran llamadas de interés que justificaran la prolongación de la medida, aspecto que la propia juzgadora reconoció en la resolución de las 15:35 horas del 28 de febrero de 2020 (f. 57). Esta deficiencia también fue señalada por el perito judicial Jairo Navarro, jefe de [Nombre 044] y el fiscal Rogelio en sus conclusiones. En cuanto a la resolución impugnada, señala que incumplió con el deber de motivación para restringir el derecho constitucional. Afirma que se dio un copy paste sin aportar ningún examen independiente de los elementos fácticos y jurídicos del caso. Argumenta que se incumplieron de manera grave las formas y condiciones previstas por la ley, la Constitución y Tratados Internacionales, lo que conlleva su inutilización. La falta de fundamentación afecta el debido proceso y el principio de proporcionalidad. El recurrente divide su alegato en diversos apartados que se pasan a señalar a continuación:

Adelanto de criterio y vulneración al principio de imparcialidad. Sostiene que se lesionó el principio de imparcialidad. Reclama que la primera intervención de comunicaciones se llevó a cabo el 04 de noviembre de 2019 y en ella la jueza adelantó criterio al señalar “Así, finalmente, llevar a los sospechosos a la justicia para que enfrenten el proceso judicial que les correspondan por las acciones ilícitas que han llevado a cabo». Argumenta que la jueza, afectando su imparcialidad sostuvo sin elementos de prueba que los encausados conformaban una organización criminal y las intervenciones confirmarían dicha hipótesis. Considera que ese adelanto de criterio es una presunción de culpabilidad. Señala que para ese momento procesal no había actividad probatoria mínima que avizorara un grupo criminal y la comisión de hechos delictivos. Adicionalmente, la jueza en su red social tiene una imagen de «Yo apoyo al OIJ», esto visible a folios 1176 y 1177 del Legajo de Medidas Cautelares, lo que evidencia su falta de imparcialidad. Señala que la intervención no arrojó ninguna comunicación de interés relacionada con tráfico de drogas, lo que la propia juez reconoció en la resolución, pero prorrogó la medida sin justificación alguna.

Prórrogas de la intervención de las comunicaciones a pesar de que no existían llamadas de interés que así lo justificaran. Menciona que el tribunal omitió pronunciarse sobre el cuestionamiento de la defensa, formulado en contra de la resolución de las 15:35 horas del 28 de febrero de 2020, que prorrogó la intervención de las comunicaciones. Indica que la solicitud sobre [Nombre 001] se justificó en 2 llamadas (fs. 43 tercer párrafo y 44), luego se hace alusión a 4 consecutivos sin brindar ninguna explicación. La jueza [Nombre 043] no analizó esas llamadas, sino que copió literalmente la solicitud fiscal sin cumplir algún análisis independiente. Transcribe parte del folio 57, primer párrafo, línea 8 de dicho requerimiento en cuanto establece que: «pese a que no existen comunicaciones directas de temas de coordinaciones de droga por el momento, lo cierto es que si se puede establecer que mantienen conexiones entre sí según radio bases». Considera que debió cesar la intervención telefónica. En cuanto al número [Valor 015] relacionado con [Nombre 001], hay varios consecutivos que evidencian la ausencia de elementos para ordenar la prórroga, a saber: Consecutivo 4401856 en que [Nombre 001] conversa con una mujer y menciona que le ayudará con los libros y le comprará un collar. Consecutivo 34255957 en que [Nombre 001] le dice a su esposa que va para la finca «para enseñarla al mae» y no volver a pintar el galerón (folio 40 vuelto, del que se carece de información de interés). Consecutivo 2303999: Se indica que [Nombre 001] le debe 300.000 colones a Coopealianza. Consecutivo 6070027, en que un sujeto le dice a [Nombre 001] que tiene un queso de 6 kilos y medio, [Nombre 001] le dice que vaya a la casa y se lo deje, que entre por detrás y que la doña le paga. «La defensa advierte que las sinopsis de las llamadas se toman del crudo de llamadas del Centro de Intervenciones, las cuales se encuentran en el disco máster y aportado como prueba material por parte de la fiscalía, así como los informes policiales» (f. 9219 del tomo principal). (Creo que no se hizo referencia a estas llamadas (sólo a la de los 6.5 kilos de queso en el considerando de [Nombre 001]). Se puede indicar que no desvirtúan el análisis del acervo probatorio realizado por la juzgadora.) Insiste que la jueza prorrogó la intervención de las comunicaciones sin existir interés investigativo, produciéndose el vicio absoluto. Argumenta que el perito judicial Jairo Navarro confirmó que desde la óptica policial no habían llamadas de interés o datos que incriminaran en una actividad ilícita al imputado. De igual modo, el oficial [Nombre 044] confirmó que las llamadas iniciales no arrojaron información de interés.

Manipulación y tergiversación del contenido de las llamadas. 3.1 Caso de [Nombre 007]. Expone que la intervención de las 15:35 horas del 28 de febrero de 2020, realizada a [Nombre 007] fue manipulada por la policía judicial ya que se tergiversó la comunicación (f. 39) para realizar la prórroga, lo cual fue avalado por la jueza penal al copiar y pegar. Indica que de la comunicación se extrajo parcialmente en el contenido de la llamada realizada del teléfono [Valor 021] perteneciente a [Nombre 007], que la fiscalía lo transcribe (f. 45) así: «Una llamada de interés donde se demuestra el modo de operar del grupo fue generado desde el número de [Nombre 007], de fecha 05/12/2019 a las 5:27 horas, donde en horas tempranas del día se comunica con una femenina a quien se le hace ver que se dirige a Laurel y la femenina le comenta que hay operativos por el Megasuper (sic), por lo que [Nombre 007] le hace ver que estuvo tratando de contactar al [Nombre 212], pero no le contesta, también le consulta a la femenina si los oficiales del operativo, son locales o de otro sector, luego le comunica al [Nombre 212]». Sostiene que la fiscalía interpretó esa comunicación como un manejo de poder del grupo, al que se le advertían operativos policiales a efecto de cambiar de ruta. Considera que la interpretación es sesgada. El informe 055-SECRO-2020 (f. 69 tomo 1) fue replicado por la jueza [Nombre 043] al autorizar la prórroga (f. 59). Sin embargo, en el consecutivo 24922983 del número [Valor 021] de [Nombre 007] dijo más bien que tomaría otra ruta debido a que no llevaba la silla de bebé, descartando así que se tratara de una actividad criminal. Esto quedó constando a folio 3264 del tomo principal. Refiere que ninguna llamada fue de interés para la investigación. La resolución incluye consecutivos que revelan falta de elementos relevantes para la investigación, en particular, las número 2492983, 4827412, 2584598, 4793719, 2297562, 3353568, 5774521, 3219822, 2304076, 364026. Pese a lo anterior, se ordenó la prórroga de la restricción al derecho fundamental a la intimidad. 3.2 Caso de [Nombre 086]. En el caso de este justiciable, estima la defensa que tampoco era justificada la decisión de prorrogar la intervención de sus comunicaciones. Se determinó que no tenía ninguna participación en los hechos, por lo que no fue a juicio. Ello demuestra que la decisión fue irreflexiva, carente de motivación y sin basarse en la legalidad. Plantea que si no realizó ninguna acción delictiva ¿con qué fundamento se lesionó su intimidad? Cita los consecutivos 221846, 232320, 222432 y 225474 que confirman la manipulación y tergiversación del contenido de las llamadas, ya que, sin ningún tipo de cuestionamiento y análisis independiente, la jueza prolongó la captación de comunicaciones.

Violación al debido proceso y falta de motivación en la resolución de prórroga. Señala que en la resolución de las 15:35 horas del 28 de febrero de 2020 no se justificó el interés de realizar la intervención a la luz del tipo de delito investigado. Cita el voto de la Sala n.° 897-2023, en el cual se establece el deber de justificar una prórroga del plazo fijado para interceptar. Reclama que la decisión de la jueza [Nombre 043] careció de control estricto y lesionó el derecho a la intimidad. Argumenta que la resolución de la jueza del 4 de noviembre de 2019 (f. 14) fue irreflexiva y se sustentó en un copy paste de la gestión fiscal. Indica que se transcribe literalmente la solicitud del Ministerio Público de folios 51 a 54 línea 21, en donde solo se varía la palabra fiscal por juzgadora. A folio 42 a 47 se transcribe y la jueza señala que «no existen comunicaciones directas de temas de coordinaciones de droga por el momento, lo cierto es que si se puede establecer que mantienen conexiones entre sí según radio bases y existe la posibilidad que se reunieron para coordinaciones». Indica que, si se coteja la gestión fiscal con la resolución, a lo sumo, se acomodan párrafos de forma distinta. Cuestiona al tribunal de instancia por no haber atendido los vicios de fondo invocados sobre la intervención de las comunicaciones.

Análisis jurisprudencial que sustenta el reclamo planteado. Cita el voto 1179-2023 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea en que se anuló la sentencia de juicio, al no abordar los reclamos formulados por la defensa técnica en juicio. Establece que en el caso de [Nombre 001] interpuso actividad procesal defectuosa contra la resolución de las 15:25 horas del 28 de febrero de 2020 y el tribunal omitió atender las quejas de fondo que se plantearon. El voto n.° 1281-2013 de la Sala Tercera, fija un criterio fundamental para que la prórroga de una intervención telefónica sea legítima y es que debe sustentarse en la existencia de llamadas previas que evidencien la necesidad de continuar con la medida. En el caso citado, una posible transacción de droga daba la legitimidad para continuar con la intervención, pero en el presente asunto, la jueza no determinó que se habían captado llamadas de interés, entonces no había legitimidad.

Normativa legal vulnerada que evidencia la ilegitimidad del fallo. 6.1 Artículo 10 de la Ley 7425 que exige una resolución fundada, en que se expresen los motivos y cometidos de la medida y señala la obligatoriedad de vínculo entre imputado y hechos delictivos. Reitera el licenciado Gamboa Sánchez, que la resolución de las 15:35 horas del 28 de febrero de 2020 carece de un análisis autónomo e independiente, ya que se copió y pegó la solicitud fiscal. El numeral 13 de la citada ley requiere la indicación expresa del hecho que se investiga, el nombre del usuario del medio de comunicación intervenido y su vínculo con los eventos, el período de vigencia de la medida y la identificación de los funcionarios autorizados para ejecutarla. En este caso, la falta de justificación de la medida y el vínculo del imputado con los hechos torna ineficaz la resolución. 6.2 Violación al deber de no inducir a error al juez. El numeral 22 de la Ley 7425 prohíbe a los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial y Fiscalía a inducir a error al juez, sea mediante simulación, alteración, ocultamiento o deformación de los hechos. Señala que se manipuló el contenido de las comunicaciones de [Nombre 007] respecto del cambio de ruta, haciendo creer que este cambiaba de ruta producto de un hecho ilícito, cuando en realidad era que no portaba la silla de bebé. El artículo 18 ordena que se finalice la intervención cuando hay ausencia de interés en las comunicaciones.

6.3 Uso lesivo e indebido de la potestad de intervenir comunicaciones. El artículo 12 de la Ley N.° 7425 señala que la prórroga solo puede realizarse mediante resolución fundada y en casos de extrema gravedad o difícil investigación. Por su parte, el numeral 16 hace referencia a la responsabilidad directa en la afectación al derecho constitucional. En el presente caso, la jueza [Nombre 043] prorrogó la intervención sin que existieran llamadas de interés, lo que afectó el principio de proporcionalidad y necesidad. El artículo 21 menciona que el juez es responsable, ya que la intervención solo cabe conforme a las formalidades previstas por la ley y su abuso conlleva la afectación al principio de legalidad. 6.4 Responsabilidad de los funcionarios por el uso indebido de la intervención. El capítulo III de la Ley N.°

7425 establece el régimen de responsabilidad de jueces, fiscales y agentes del Organismo de Investigación por obtener datos violentando la confidencialidad y la protección de datos personales.

Consecuencias sobre la validez de la sentencia condenatoria. Señala que los vicios citados afectan el derecho de defensa y comprometen la legalidad de la prueba obtenida mediante las intervenciones de las comunicaciones, lo que impacta en la validez de la sentencia condenatoria dictada. De esta forma, la decisión del tribunal sentenciador de mantener la validez de las intervenciones telefónicas es ilegítima. Equipara la situación de [Nombre 086] con la de [Nombre 001], ya que ambos fueron identificados por la DEA en sus notas y figuró en noticias criminales, pero no se debieron autorizar sus intervenciones sin cumplirse los requisitos exigidos por la ley de forma objetiva y responsable. Reitera que la jueza afectó su imparcialidad al realizar publicaciones de Facebook apoyando al Organismo de Investigación Judicial, mostrando sus inclinaciones personales y afectando su objetividad y credibilidad. Fustiga que la jueza propició la lesión a los derechos constitucionales de la parte afectada de manera irreflexiva ya que prorrogó medidas sin sustento legal y fáctico. Considera que debió reconocerse la actividad procesal defectuosa reclamada y excluir la prueba derivada de la intervención de las comunicaciones. Pide se anule la condena por falta de fundamentación de los reclamos de fondo presentados contra la resolución de las 15:35 horas del 28 de febrero de 2020. Por economía procesal solicita que se absuelva a [Nombre 001]. Subsidiariamente, requiere que ordene nuevo juicio. Segundo reclamo de la impugnación interpuesta por la defensa técnica de [Nombre 001]: Errónea valoración de actividad procesal defectuosa sobre relación sentimental de [Nombre 043] con el imputado [Nombre 016]. Señala que la jueza [Nombre 043] dispuso la intervención de las comunicaciones del imputado [Nombre 016], con quien mantuvo una relación sentimental que finalizó en malos términos. Cita el numeral 55 del Código Procesal Penal y señala que debió excusarse de conocer la causa por violación al principio de imparcialidad. Sobre la relación sentimental menciona diversos datos obtenidos de la declaración del imputado [Nombre 016], los testigos [Nombre 049], [Nombre 050], [Nombre 054] y [Nombre 055], así como de la jueza [Nombre 043]. En cuanto al conocimiento de [Nombre 043] sobre la vinculación de [Nombre 016] en los hechos bajo investigación, cita el folio 6 del legajo de intervención de las comunicaciones, en que se indica la participación del imputado dentro del grupo criminal, así como el folio 12 de dicho legajo, que es la primera resolución de [Nombre 043] en la cual ordena la intervención de [Nombre 016]. Asimismo, los folios 20 y 49 del mismo legajo, en los que se dispone la intervención directa de [Nombre 016]. Señala que la jueza incumplió su deber de inhibirse, afectando así su imparcialidad y el debido proceso. Señala que la jueza [Nombre 043] dispuso la intervención, prórrogas, declaratoria de delincuencia organizada y órdenes de allanamiento. Pide se anule la resolución de las 15:35 horas del 28 de febrero de 2020. Segundo motivo del recurso formulado por el licenciado Edwin Duartes Delgado, defensor particular de [Nombre 013]. En un segundo reclamo impugnaticio alega inobservancia de las reglas de imparcialidad del juzgador e inobservancia de las reglas de la sana crítica acerca de la apreciación de la existencia de la causal. Menciona que la jueza de etapa preparatoria que dispuso la intervención de las comunicaciones y declaró la causa de crimen organizado mantuvo una relación sentimental con el imputado [Nombre 016], por lo que debió abstenerse de participar al comprometer su apariencia de imparcialidad. Sostiene que el cuestionamiento no es solo por la enemistad manifiesta, sino por el sesgo de la relación previa entre imputado y juzgadora, lo que afecta la garantía de un juez imparcial. Sobre este particular, el tribunal de mérito descartó la apariencia de parcialidad, sin realizar un análisis objetivo. Acusa un actuar maledicente de la juzgadora y que su proceder evidenció un severo perjuicio hacia los enjuiciados. Considera que hay una duda más que razonable de la parcialidad de la jueza, al ser ex pareja sentimental del investigado. Estima lesionado el numeral 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Diferencia la objetividad de la imparcialidad y estima que no hay garantía para terceros de la confianza en la Administración de Justicia. Cita el numeral 6 del Código Procesal Penal y señala que la lista de causales no es taxativa. Transcribe el numeral 55 del Código de rito y establece que hay un vicio de carácter absoluto que afecta el debido proceso. Menciona, además, el voto 2024-413 de la Sala Primera sobre la imparcialidad y objetividad. Para el tribunal, la relación sentimental se disipó con el paso del tiempo, pero no hay prueba que determine cuándo dejó de existir. Considera paradójico que se conceda total credibilidad a los testigos respecto de la relación sentimental de la jueza y el imputado, pero el tribunal exige que la defensa demuestre que su finalización fue en malos términos, lo cual es ilegítimo, además de pasar por alto la exigencia de la apariencia de imparcialidad. Cita el artículo 178 del Código Procesal Penal y establece que se comprometió la legalidad en el nombramiento, capacidad funcional y constitución del tribunal encargado de impartir justicia. Hace mención a la regulación internacional de la imparcialidad en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y de los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura. Considera que hay un defecto de carácter absoluto. Cita el voto 2005-1034 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Menciona la diferencia entre la parcialidad objetiva y subjetiva e indica que la primera afecta el principio de justicia y confianza de las partes en la administración de justicia. Refiere que hay un vicio cuando se afecta la parcialidad o independencia en relación con las partes. Reflexiona sobre los votos n.° 52-96 y n.° 2838-98 de la Sala Constitucional sobre la imparcialidad.

Adicionalmente, cita el caso Herrera Ulloa vs Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Piersack del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en que se desarrolla el principio de imparcialidad. Agrega lo establecido en la circular 190-2017 de la Corte Plena en que señala que la infracción a la imparcialidad se concreta al existir algún acto o actuación de la persona servidora judicial que desvirtúe, o al menos genere dudas razonables de su objetividad para juzgar los hechos sometidos a su conocimiento. También menciona el numeral 26 del Estatuto de la Justicia y Derecho de las Personas Usuarias del Sistema Judicial. Añade los votos n.° 1997-7531 y n.° 2016-1211 de la Sala Constitucional en que analiza las razones de separación por sospecha de parcialidad y que se trata de causales abiertas, no taxativas. Sobre la imparcialidad como garantía del debido proceso cita el caso Palamara vs Chile.

Finalmente, cita el Reglamento para la Prevención, Identificación y Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial del 31 de mayo de 2019 en que hace mención a relaciones de pareja públicas o clandestinas de los funcionarios. Agrega el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública sobre el deber de probidad que dispone que las decisiones se adopten en cumplimiento de sus atribuciones conforme a la imparcialidad. En síntesis, argumenta que existen razones legítimas para dudar de la imparcialidad de la juzgadora quien debió abstenerse de conocer la causa en cuestión. Asevera que [Nombre 043] conoció de la solicitud de intervención entre presentes, donde su ex pareja fungió como sospechoso y, en vez de declinar de su conocimiento la autorizó, aumentando la sospecha de parcialidad. Argumenta que se ha afectado la imparcialidad en virtud de resentimientos pasados, además que producto de su relación íntima con [Nombre 016], habría conocido información personal que afecta su intervención en la causa. Añade que hay un claro conflicto de intereses y que se ha afectado la percepción de imparcialidad que debe regir el actuar judicial. Solicita se declaren ineficaces las actuaciones cumplidas por la jueza [Nombre 043]. Quinto motivo de la impugnación formulada por el licenciado Duartes, en calidad de defensor particular de [Nombre 013]: Falta de fundamentación de las resoluciones que ordenan la intervención de las comunicaciones y sus prórrogas, así como la intervención entre presentes: En su quinto motivo de apelación, el licenciado Duartes reclama la ausencia de motivación de las prórrogas de las órdenes de intervención de las comunicaciones y de la intervención entre presentes. Menciona que en conclusiones formuló una actividad procesal defectuosa y reclamó la invalidez de la intervención de las comunicaciones entre presentes por falta de fundamentación de las prórrogas. Considera que dichas resoluciones son carentes de motivación, ya que no se justifica con criterios objetivos la complejidad y gravedad de la investigación, requisitos indispensables por la normativa reformada constitucionalmente que regula esta materia. Reclama que el tribunal evadió el análisis riguroso de cada una de las decisiones judiciales cuestionadas. No se valoró la solicitud ni prueba ofrecida, sino que se copiaron las peticiones fiscales. Argumenta que la jueza [Nombre 043], mediante resolución de las 14:10 horas del 04 de noviembre de 2019, ordenó la intervención telefónica en contravención con las disposiciones legales, en particular el artículo 3 de la Ley de Registro, Secuestro y Exámenes de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones que exige la debida motivación so pena de nulidad. Cita el numeral 142 del Código de rito y advierte que la resolución de las 14:10 horas del 04 de noviembre de 2019 no se motivó de forma debida. Añade que si bien la resolución es extensa carece de análisis sustantivo y es una repetición de la petición del Ministerio Público. Advierte que la Fiscalía General peticionó la intervención de [Nombre 001] ([Valor 015]), [Nombre 007] ([Valor 018]), [Nombre 013] ([Valor 016]) e [Nombre 086] ([Valor 017]), sin establecer la pertinencia de la medida. Sostiene que la nulidad prevista en la Ley de Intervenciones es de carácter absoluto, conforme al numeral 178 del Código Procesal Penal, ya que hay especificidad, trascendencia e imposibilidad de saneamiento. Sobre el deber de motivación cita al Tribunal de Estrasburgo, caso García Ruiz vs España, en el que se exige un examen detallado de los elementos de prueba a efecto de determinar el estándar de indicio razonable, ya que la argumentación debe ser racional, coherente y en respeto de las máximas del pensamiento lógico y jurídico. Sobre la falta de fundamentación, cita el voto 2008-516 del otrora Tribunal de Casación Penal y el voto 2004-9421 de la Sala Constitucional. Así, la restricción a un derecho fundamental debe ser legítima, idónea, necesaria y proporcional.

Menciona que la Ley de Registro, Secuestro y Exámenes de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, establece en su artículo 4 el máximo período y fija excepciones. Advierte que, para su aplicación, debe existir una motivación reforzada que justifique la gravedad del asunto y la dificultad en la investigación. Sobre el deber de fundamentación, menciona que esa ley lo establece en los artículos 10 y

Indica que la intervención entre presentes tenía por finalidad captar las conversaciones entre [Nombre 016] y [Nombre 013]. El agente [Nombre 116] reconoció que el vehículo oficial era utilizado por más personas, lo que supuso una acción arbitraria de captar comunicaciones de terceras personas ajenas a la investigación. Considera ilegítimo el procedimiento llevado a cabo ya que no discriminó las conversaciones sin interés para la investigación. Estima que no se analizó el testimonio de [Nombre 079] y sus implicaciones en la ilicitud de captar comunicaciones de terceros. Argumenta que conforme a los numerales 24 Constitucional, 12 de la de Registro, Secuestro y Exámenes de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones y 142 del Código Procesal Penal, la motivación es reforzada, ya que debe justificarse de manera explícita lo procedente y necesario de la gestión. Sostiene que el no cumplimiento del deber de fundamentación impone la nulidad de lo resuelto.

Segundo reparo de la impugnación formulada por [Nombre 024], en ejercicio de su defensa material. El justiciable invoca la inobservancia de las reglas de imparcialidad del juzgador e inobservancia de las reglas de la sana crítica acerca de la apreciación de la existencia de la causal. Reitera el segundo motivo presentado por el licenciado Edwin Duartes. Acusa que la jueza penal que declaró la causa de crimen organizado e intervino las comunicaciones de los imputados, era pareja sentimental del imputado [Nombre 016], por lo que debió abstenerse de conocer el proceso. Señala que hubo un sesgo en el trámite de la causa por parte de la juzgadora, el cual afectó la apariencia de imparcialidad. Señala que el tribunal reconoció la relación sentimental, pero dispuso que no afectó el contenido de la resolución, evadiendo todo análisis sobre la maledicencia y el sesgo por parte de la jueza penal. Considera que la no separación de la juzgadora afectó la confianza en la administración de justicia y permanece la sospecha razonable de su parcialidad. Estima lesionados los numerales 6, 55, 175  y 178 del Código Procesal Penal, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 6 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y principios 1 y 2 de los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura. Cita en apoyo de su postura, el voto de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia n.° 413-2024. Argumenta que [Nombre 043] y [Nombre 016] vivían en la misma habitación, confirmándose su relación íntima. Señala que se desconoce la fecha en que finalizó su vínculo emocional, pero la esencia está en la sospecha razonable de parcialidad. Argumenta que la jueza [Nombre 043] incurrió en falsedades respecto a sus nombramientos en zona sur y relación con [Nombre 016] y [Nombre 013]. En su criterio, la lesión al principio de imparcialidad no requiere un resultado tangible, ya que lo relevante es que se afecta la confianza en la administración de justicia. Añade que se trata de un defecto absoluto. Menciona la diferencia entre la parcialidad objetiva y subjetiva e indica que la primera afecta el principio de justicia y confianza de las partes en la administración de justicia. Reflexiona sobre los votos n.° 52-96 y n.° 2838-98 de la Sala Constitucional sobre la imparcialidad. Adicionalmente, cita el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Herrera Ulloa vs Costa Rica y Piersack del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en que se desarrolla el principio de imparcialidad. Agrega lo establecido en la circular 190-2017 de la Corte Plena en que señala que la infracción a la imparcialidad se concreta al existir alguna actuación de la persona servidora judicial que desvirtúe, o al menos genere dudas razonables de su objetividad para juzgar los hechos sometidos a su conocimiento. También menciona el numeral 26 del Estatuto de la Justicia y Derecho de las Personas Usuarias del Sistema Judicial. Añade los votos n.° 19977531 y n.° 2016-1211 de la Sala Constitucional, en los que se analizan las razones de separación por sospecha de parcialidad y que se trata de causales de números abiertos, no cerrados. Sobre la imparcialidad como garantía del debido proceso señala el caso Palamara vs Chile. Finalmente, cita el Reglamento para la Prevención, Identificación y Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial del 31 de mayo de 2019, en que hacen mención a relaciones de pareja públicas o clandestinas de los funcionarios. Agrega el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública sobre el deber de probidad que dispone que las decisiones se adopten en cumplimiento de sus atribuciones conforme a la imparcialidad. En síntesis, argumenta que existen razones legítimas para dudar de la imparcialidad de la juzgadora, quien debió abstenerse de conocer la causa en cuestión. Asevera que [Nombre 043] conoció de la solicitud de intervención entre presentes, donde su ex pareja fungió como sospechoso y, en vez declinar de su conocimiento la autorizó, aumentando la sospecha de parcialidad. Argumenta que se ha afectado la imparcialidad en virtud de resentimientos pasados, además que en su relación íntima se compartió información personal que afecta el conocimiento de la causa. Añade que hay un claro conflicto de intereses y que se ha afectado la percepción de imparcialidad que debe regir el actuar judicial. Solicita se declaren ineficaces las actuaciones cumplidas por la jueza [Nombre 043]. Quinto motivo del recurso de apelación incoado en forma personal por [Nombre 024]: El reproche es una copia del recurso del licenciado Edwin Duartes. El impugnante reclama la ausencia de órdenes de intervención de las comunicaciones y ausencia de motivación de las prórrogas de las órdenes de intervención de las comunicaciones y de la intervención entre presentes. Menciona que en conclusiones formuló una actividad procesal defectuosa y reclamó la invalidez de la intervención de las comunicaciones entre presentes por falta de fundamentación de las prórrogas. Considera que dichas resoluciones son carentes de motivación, ya que no se justifica con criterios objetivos la complejidad y gravedad de la investigación, requisitos indispensables por la normativa reformada constitucionalmente que regula esta materia. Reclama que el tribunal evadió el análisis riguroso de cada una de las decisiones judiciales cuestionadas. No se valoró la solicitud ni prueba ofrecida, sino que repitió las peticiones fiscales. Argumenta que la jueza [Nombre 043], mediante resolución de las 14:10 horas del 04 de noviembre de 2019, ordenó la intervención telefónica en contravención con las disposiciones legales, en particular el artículo 3 de la Ley de Registro, Secuestro y Exámenes de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones que exige la debida motivación so pena de nulidad. Cita el numeral 142 del Código de rito y advierte que la resolución de las 14:10 horas del 04 de noviembre de 2019 no se motivó de forma debida. Añade que, si bien la resolución es extensa, carece de análisis sustantivo y es una repetición de la solicitud del Ministerio Público. Advierte que la Fiscalía General peticionó la intervención de [Nombre 001] ([Valor 015]), [Nombre 007] ([Valor 018]), [Nombre 013] ([Valor 016]) e [Nombre 086] ([Valor 017]). Critica que la resolución no determina la suficiencia, pertinencia y credibilidad. Sostiene que la nulidad prevista en la Ley de intervenciones es de carácter absoluto conforme al numeral 178 del Código Procesal Penal, ya que hay especificidad, trascendencia e imposibilidad de saneamiento. Sobre el deber de motivación cita al Tribunal de Estrasburgo, caso García Ruiz vs España, en que se exige un examen detallado de los elementos de prueba a efecto de determinar el estándar de indicio razonable, ya que la argumentación debe ser racional, coherente y en respeto de las máximas del pensamiento lógico y jurídico. Sobre la falta de fundamentación, cita el voto 2008516 del otrora Tribunal de Casación Penal y el voto 2004-9421 de la Sala Constitucional. Así, la restricción a un derecho fundamental debe ser legítima, idónea, necesaria y proporcional. Menciona que la Ley de Registro, Secuestro y Exámenes de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones establece en su artículo 4 el máximo período y fija excepciones. Advierte que para su aplicación debe existir una motivación reforzada, que justifique la gravedad del asunto y la dificultad en la investigación. Sobre el deber de fundamentación menciona que esa ley lo establece en los artículos 10 y

Indica que la intervención entre presentes tenía por finalidad captar las conversaciones entre [Nombre 016] y [Nombre 013]. El agente [Nombre 116] reconoció que el vehículo oficial era utilizado por más personas, lo que supuso una acción arbitraria de captar comunicaciones de terceras personas ajenas a la investigación. Considera ilegítimo el procedimiento llevado a cabo ya que no discriminó en grabaciones y captación de las conversaciones. Considera que no se analizó el testimonio de [Nombre 079] y sus implicaciones en la ilicitud de captar comunicaciones de terceros. Argumenta que, conforme a los numerales 24 Constitucional, 12 de la de Registro, Secuestro y Exámenes de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones y 142 del Código Procesal Penal, la motivación es reforzada, ya que debe justificarse de manera explícita lo procedente y necesario de la gestión. Sostiene que el no cumplimiento del deber de fundamentación impone la nulidad de lo resuelto. Primer tema cuestionado en el segundo motivo de apelación que formula el licenciado Juan Carlos Peralta Montoya: Inconformidad con la valoración de la prueba por falta de fundamentación intelectiva y fundamentación omisa, al no haberse resuelto las cuestiones planteadas por la defensa en el debate: En su segundo motivo de apelación, el licenciado Peralta Montoya reclama, como punto n.° 1, la falta de pronunciamiento en torno a la totalidad de las quejas planteadas ante el tribunal de juicio por la defensa, afectando así el deber de motivación de las sentencias, según lo disponen los numerales 142 y 363 del Código Procesal Penal. En particular, en lo que respecta a la participación de la jueza [Nombre 043] en el proceso, el recurrente afirma que dicha juzgadora ordenó la intervención de las comunicaciones de oficiales de investigación del Organismo de Investigación Judicial de Corredores, a quienes conocía producto de su pasantía en el lugar y por su relación cercana y especial con [Nombre 016]. Además, dicha juzgadora dispuso el allanamiento y medidas cautelares en contra de los encartados, afectando sus deberes de imparcialidad y objetividad. Indica que cuando la jueza en cuestión fue sometida al interrogatorio,  se comportó de forma hostil. Aduce que dicha operadora de justicia debió excusarse de conocer la causa. Pide se aplique la teoría de los frutos del árbol envenenado. Evidencia la relación de pareja que mantuvo [Nombre 043] con [Nombre 016], además que la testigo decidió mantener una «amnesia selectiva», negando haber laborado en la Zona Sur, con la hermana de [Nombre 013]. La juzgadora dijo no conocer a [Nombre 013] y [Nombre 016], pese a que se relacionó con ellos y mantuvo un nexo afectivo más estrecho con el

Así, ocultó la información verdadera y por ende mintió.

La defensa aportó prueba testimonial que desacredita en absoluto a la jueza [Nombre 043], como lo fueron [Nombre 049], [Nombre 050], [Nombre 054] y [Nombre 055]. Considera inaceptable que la ex pareja de un imputado figure como su juzgadora. Llama la atención que entre los diferentes puntos que pudo disponer en el allanamiento simultáneo, la jueza escogió la Delegación del Organismo de Investigación Judicial para observar a [Nombre 016] detenido lo que evidencia su falta de imparcialidad. El ocultamiento de su relación personal con el investigado, refleja la irregularidad de sus decisiones. Señala que la relación entre la jueza y el imputado permaneció por 12 años, del 2006 al 2018, lo que descarta que fuera ocasional. Según la jueza, ella no se vinculó con [Nombre 016] durante su período de estudio. Solicita se anulen todas las resoluciones en que participó la jueza [Nombre 043]. En su apoyo, cita los votos n.° 2021-2184 de la Sala Constitucional y n.° 2022-1134 de la Sala de Casación Penal en relación con el deber de imparcialidad. Considera que el tribunal de mérito evadió la discusión sobre dicha temática. Señala que se tergiversaron las circunstancias para que el asunto fuera tramitado en Grecia. Aduce que [Nombre 044] confirmó que la policía judicial hizo un estudio previo de los jueces para decidir dónde presentan las causas, esto en contubernio con el Ministerio Público. Menciona que la defensa no objetó si la resolución estaba o no fundamentada, sino la violación a la imparcialidad de la juzgadora. Sostiene que la intervención entre presentes entre [Nombre 013] y [Nombre 016] es relevante, ya que incluso se hablan por sus nombres, lo que descartaría algún error de la persona a intervenir. Critica que se estableciera que las comunicaciones no fueron alteradas, ya que no se contó con las grabaciones originales, las que además no contienen boletas de cadena de custodia. Aduce que la ley impone que las comunicaciones de la microSD originales debían conservarse y no se hizo. Señala que el vicio en la resolución impugnada es que el tribunal consideró que la acción de [Nombre 043] era legal, pero evadiendo la discusión sobre su imparcialidad, ya que lejos de ser una juez de garantías, actuó de forma ilegítima. Reitera que la jueza decidió venirse desde Grecia para allanar los escritorios de los oficiales, pese a que, conforme a la estructura indicada, el líder era [Nombre 001]. Esa diligencia fue debidamente programada, al punto que se estructuró de qué forma se propiciaría la presencia de los oficiales investigados, para su aprehensión. Solicita se aplique la teoría de los frutos del árbol envenenado y se anulen todas las diligencias ordenadas por [Nombre 043]. Ofrece como prueba para mejor resolver, la grabación del debate, donde pueden constatarse las protestas formuladas y la prueba que se aportó, así como la falta de resolución de estas por parte del Tribunal de Juicio (cfr. fs. 9646 y 9647 del tomo XX principal). Por las razones que se dirán, no lleva razón la defensa técnica y material en sus alegatos: Para efectos de mayor claridad en la exposición, se resolverán los reclamos en el siguiente orden: En primer lugar, se atenderán las quejas relativas al quebranto del principio de imparcialidad por parte de la jueza [Nombre 043] y su incidencia en la decisión. Como segundo aspecto (ver punto A.4 de esta resolución), se resolverá el planteamiento relativo a la falta de competencia de la jueza [Nombre 043] para resolver las solicitudes de intervención de las comunicaciones. En tercer lugar, se abordarán los reclamos atinentes a falta de fundamentación de las resoluciones que autorizaron la intervención de las comunicaciones, así como las que dispusieron su prórroga. Los reproches por quebranto de la cadena de custodia de las intervenciones telefónicas e interceptación de las comunicaciones entre presentes, que se hallan insertas en los reparos que aquí se conocen, incluyendo los alegatos de falta de «crudo» u originales de las captaciones, serán retomados más adelante, en otro considerando. Igual situación sucede en torno a la falta de sustento probatorio de la condena. A) En cuanto a los reparos por inobservancia del principio de imparcialidad de la juzgadora [Nombre 043], quien intervino como jueza de garantías en este asunto: La imparcialidad de los tribunales es una garantía básica del debido proceso y supone que las autoridades jurisdiccionales asuman una posición equidistante respecto de los hechos objeto de juicio, así como de las partes en relación con las cuales emitirán alguna decisión. En relación con esta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que: «146. La imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia. 147. El juez o tribunal debe separarse de una causa sometida a su conocimiento cuando exista algún motivo o duda que vaya en desmedro de la integridad del tribunal como un órgano imparcial. En aras de salvaguardar la administración de justicia se debe asegurar que el juez se encuentre libre de todo prejuicio y que no exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio de las funciones jurisdiccionales» (Sentencia del caso Palamara Iribarne Vs. Chile, de 22 de noviembre de 2005, parágrafos 146 y 147. El subrayado no corresponde al original). Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia nacional e internacional, se ha reconocido una arista objetiva y otra subjetiva de dicha garantía procesal. La primera, relacionada con la eventual existencia de aproximaciones previas, intereses o prejuicios del juez o jueza, en su fuero interno, en relación con los eventos de interés o las personas involucradas en estos; la objetiva, por otro lado, alude a la apariencia de imparcialidad y al establecimiento de procedimientos o salvaguardas en el ordenamiento jurídico — por ejemplo, el respeto al principio de división de poderes, aspectos relacionados con el nombramiento de los jueces y el instituto de la recusación— que permitan garantizar la imparcialidad y objetividad de los jueces. En cuanto a la dimensión objetiva de la imparcialidad, se ha indicado lo siguiente: «Por otra parte, la imparcialidad considerada objetivamente toma en consideración la relevancia de aquellas condiciones exteriores que pueden comprometer o perjudicar la administración imparcial de la justicia. En esta perspectiva importa mucho la apariencia de imparcialidad de los jueces. La imparcialidad objetiva apunta también a la necesaria confianza que los órganos judiciales deben dar a los ciudadanos y, sobre todo, a los acusados por delito. Sentencias relevantes en esta materia del TEDH son las de fecha 24 de mayo de 1989 ("Hauschildt con Dinamarca") y la de fecha 25 de junio de 1992 ("Thorgeir Thorgeirsen con Islandia"). Con la imparcialidad objetiva no se trata ya que el juez haya exteriorizado convicción personal alguna ni haya tomado partido previo, sino que estamos frente a un juez que no ofrece garantías suficientes para excluir toda duda legítima al respecto. Por eso, en esta perspectiva, importan sobremanera las consideraciones de carácter funcional y orgánico, pues determinan si, por las funciones que se le asignan al juez en el proceso, puede este ser visto como un tercero ajeno a los intereses que en él se ventilan. Cuando se separa a un juez de la causa porque se ha tomado en consideración la ausencia de imparcialidad objetiva, no debe entenderse como una constatación de su parcialidad, sino como una medida adoptada con un carácter de prevención, para así eliminar recelos y sospechas, evitando una eventual posterior acusación de parcialidad.» (Bordali Salamanca, Andrés. “El derecho fundamental a un tribunal independiente e imparcial en el ordenamiento jurídico chileno”, Revista de Derecho, Universidad Católica de Valparaíso, versión on line, n.° XXXIII, segundo semestre, 2009. El resaltado es suplido). Esta doble dimensión de la garantía procesal, acuñada inicialmente por la Corte Europea, fue asumida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: «170. La Corte Europea ha señalado que la imparcialidad tiene aspectos tanto subjetivos como objetivos, a saber: Primero, el tribunal debe carecer, de una manera subjetiva, de prejuicio personal. Segundo, también debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías suficientes para que no haya duda legítima al respecto. Bajo el análisis objetivo, se debe determinar si, aparte del comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que podrán suscitar dudas respecto de su imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias podrán tener cierta importancia. Lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática y, sobre todo, en las partes del caso. 171. La Corte considera que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Esto permite a su vez, que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática» (Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia Herrera Ulloa vs. Costa Rica, de 2 de julio de 2004, parágrafos 170 y 171. El resaltado es suplido). Sobre el mismo tema, puede mencionarse también el fallo emitido en el caso Scot Cochran Vs. Costa Rica, que señala entre sus razonamientos: «117. Esta Corte ha reiterado que para ser imparcial, la autoridad judicial encargada de resolver un caso debe acercarse a los hechos de dicho conflicto de manera objetiva y sin prejuicios, además que debe ofrecer garantías objetivas suficientes para eliminar cualquier duda en relación con ausencia de imparcialidad. Los jueces deben actuar únicamente en conformidad con el derecho y motivados por él, como parte de esta garantía de imparcialidad, los integrantes de un tribunal no deben tener un interés directo, posiciones preconcebidas, preferencia por alguna de las partes y ni estar involucrados en la controversia. 118. Esta Corte también ha determinado que la imparcialidad personal o subjetiva debe ser presumida a menos que exista prueba en contrario, dicha prueba podría ser, por ejemplo, alguna demostración de la parcialidad o los prejuicios que puedan tener los miembros del tribunal en contra de los litigantes. La prueba debe ser una prueba objetiva, pues es necesario que se determine si la autoridad cuestionada brindó elementos convincentes que permitieran eliminar temores legítimos o sospechas fundadas de parcialidad sobre su persona. Esta Corte también ha señalado que la recusación como instrumento procesal permite proteger el derecho a ser juzgado por un órgano imparcial, siendo el objetivo de esta garantizar credibilidad en el juzgador y la función que desarrolla la jurisdicción». (Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del caso Scot Cochran vs. Costa Rica, de 10 de marzo de 2023 de junio de 2024, parágrafos. 117 y 118). Profundizando sobre esta distinción, se dispuso lo siguiente: «la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. La Corte Europea de Derechos Humanos ha explicado que la imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba en contrario. Por su parte, la denominada prueba objetiva consiste en determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona. Ello puesto que el juez debe aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a -y movido por- el Derecho» (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela, de 5 de agosto de 2008. El subrayado no corresponde al original. En el mismo sentido: fallos emitidos por la misma Corte, en los casos Barreto Leiva Vs. Venezuela, de 17 de noviembre de 2009; Usón Ramírez Vs. Venezuela, de 20 de noviembre de 2009; Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia, de 1 de septiembre de 2010; Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, de 24 de febrero de 2012; Camba Campos y otros Vs. Ecuador, de 28 de agosto de 2013; J. Vs. Perú, de 27 de noviembre de 2013; López Lone y otros Vs. Honduras, de 5 de octubre de 2015). A nivel nacional, el doble dimensionamiento del principio de imparcialidad ha sido replicado en diversos fallos de alzada, entre ellos, en el pronunciamiento de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, n.° 20081038 de 16 de octubre del 2008, al indicarse: «Tales aspectos que han sido adoptados por la doctrina y recogida por diferentes Tribunales, tuvo su origen en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, específicamente en el caso “Piersack vs Bélgica”, en el año 1982, en el que se dictaron estas afirmaciones de carácter general: a) La imparcialidad se define por ausencia de prejuicios o parcialidades; b) Pueden distinguirse en ella dos supuestos:

Subjetivo, que trata de averiguar la convicción personal de un juez determinado en un caso concreto, y

Objetivo, que se refiere a si éste (el juez) ofrece las garantías suficientes para excluir cualquier duda razonable al respecto; c) Porque en esta materia incluso las apariencias pueden revestir una cierta importancia; todo juez en relación con el cual pueda haber razones legítimas para dudar de su imparcialidad debe abstenerse de conocer de esa causa. Lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática.» (El resaltado no corresponde al original). Por otro lado, resulta también importante reseñar el carácter numerus apertus y, por lo tanto, no taxativo que tienen las causales de excusa y recusación que prevé nuestro Código Procesal Penal, como herramientas para garantizar la observancia del resguardo de la objetividad de la persona juzgadora (sobre este aspecto particular pueden consultarse, entre otros, los fallos n.° 7531-97 de 12 de octubre de 1997, n.° 472798 de 3 de julio de 1998 n.° 2660-2010 de 9 de febrero de 2010, todos emitidos por la Sala Constitucional). En este sentido, la afectación al principio de imparcialidad y sus consecuencias, es un tema que requiere de análisis casuístico. El denso desarrollo jurisprudencial antes sintetizado es reflejo del marco normativo internacional en materia de derechos humanos. La piedra angular, a nivel normativo, es el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece: «Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter». A su vez, el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, dispone que: «Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal». Por otro lado, el artículo 11 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, prescribe que: «El juez está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así». En igual sentido, el ordinal 26 del Estatuto de la justicia y personas usuarias del sistema judicial señala que: «La imparcialidad del Juez ha de ser real, efectiva y evidente para la ciudadanía». En lo que respecta al orden normativo interno, además de lo establecido en los artículos 7 y 48 de la Constitución Política, en cuanto al valor superior a la ley que tienen los instrumentos internacionales de derechos humanos cuando otorguen mayores derechos a las personas, el ordinal 41 de la Constitución Política refiere: «Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes». Una de las consecuencias de la aplicación de las anteriores normas en el proceso penal, es el principio de objetividad, consagrado en el ordinal 6 del Código Procesal Penal: «Los jueces deberán resolver con objetividad los asuntos sometidos a su conocimiento. Desde el inicio del procedimiento y a lo largo de su desarrollo, las autoridades administrativas y judiciales deberán consignar en sus actuaciones y valorar en sus decisiones no solo las circunstancias perjudiciales para el imputado, sino también las favorables a él. Serán funciones de los jueces preservar el principio de igualdad procesal y allanar los obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten». Partiendo de dicho marco esencial a nivel normativo y jurisprudencial, corresponde avocarse al análisis de los reparos por quebranto al principio de imparcialidad de la juzgadora [Nombre 043]. Dicho cuestionamiento se realiza a partir de tres enfoques distintos: A.1) Por la relación sentimental que la jueza en cuestión habría mantenido en el pasado con el imputado [Nombre 016], circunstancia sobre la cual existen indicios de que habría mentido en juicio; lo que originó el testimonio de piezas ordenado por el a quo. A.2) Con motivo de la expresión de apoyo al Organismo de Investigación Judicial, emitida por [Nombre 043] en redes sociales. A.3) Al alegarse que la juzgadora incurrió en adelanto de criterio en el caso concreto, por lo expuesto en dos resoluciones en las que autorizó la realización de intervenciones telefónicas, lo que le impedía conocer de ulteriores solicitudes en la misma causa. A.

Por haber mostrado interés directo en el asunto al asumir la competencia como jueza de garantías, a pesar de que no le correspondía por territorio, amén de participar en el acto de detención de [Nombre 016], aún y cuando la diligencia se efectuó en un sitio muy lejano de su lugar de trabajo. Esta queja se relaciona, asimismo, con el señalamiento de la defensa, en cuanto a que existió contubernio entre el Ministerio Público y la jueza [Nombre 043], para que la autorización de intervenciones telefónicas fuera asumida por una jurisdicción distinta a la que en realidad correspondía. Además, se acusa que la juzgadora actuó sin analista. A.

En razón de que la jueza había conocido, durante una pasantía en Corredores, a los oficiales de la policía judicial que figura como encartados en este asunto. A.1 En cuanto al primero de los aspectos destacados, partiendo del carácter preventivo de la apariencia de imparcialidad, es innegable que, en este asunto, los elementos indiciarios aportados apuntan a que habría existido en el pasado una relación de pareja entre la jueza [Nombre 043] y el sindicado [Nombre 016]. En este sentido cabe indicar que, a pesar de no haberse acreditado en el fallo recurrido (por ser ajeno a su objeto de conocimiento), se evacuó en el contradictorio prueba que apunta (con un innegable grado de razonabilidad) a que la jueza [Nombre 043] mantuvo en el pasado una relación sentimental con [Nombre 016]. Estos datos, evidenciados durante el debate, motivaron al Tribunal de sentencia a ordenar un testimonio de piezas ante el Ministerio Público, precisamente para determinar si la jueza [Nombre 043], en su calidad de testigo, faltó a la verdad en juicio, al insistir en que no conocía al encartado [Nombre 016] (cfr. fs. 1668 – 1669 de la sentencia, según su propia foliatura). Lo anterior, no obstante que los testigos [Nombre 050], [Nombre 054] y [Nombre 055] señalaron lo contrario en juicio, al indicar que [Nombre 043] y [Nombre 016] se habían relacionado sentimentalmente años atrás. Es así que, aunque la existencia o inexistencia de dicha relación en el pasado, es un aspecto sobre el cual el fallo impugnado no emitió un juicio conclusivo (al no ser, se insiste, su objeto de pronunciamiento), no puede negarse que en este asunto se presentan datos verificables que permiten a un observador imparcial cuestionarse, de forma razonable, si la jueza de garantías era capaz de mantener una posición del todo aséptica con respecto a [Nombre 016], cuya incidencia en las decisiones que adoptó sólo podrá dimensionarse luego de un examen cuidadoso de las resoluciones que emitió en la fase preparatoria de esta sumaria, autorizando la realización de diversos actos de investigación, así como la calificación de este asunto como delincuencia organizada. Dicho examen se abordará en el punto B) de este considerando. Tal y como su misma denominación lo expresa, la apariencia de imparcialidad no significa que, en el caso particular, efectivamente, en sus decisiones, la persona juzgadora haya actuado de forma parcializada, con una intención alejada de la mera aplicación del Derecho. Pese a ello, la normativa nacional e internacional establece que, ante el surgimiento de circunstancias que permitan a un tercero ajeno a la causa dudar sobre la imparcialidad de la persona juzgadora, esta debe apartarse y no emitir pronunciamiento en el asunto, para evitar cuestionamientos futuros sobre su objetividad. No hacerlo, puede acarrearle al juez o jueza omiso, responsabilidades de distinta naturaleza que no compete que sean determinadas por esta Cámara como tampoco resultaba competencia del a quo, máxime que se constató que a la jueza ya se le había abierto un proceso a esos efectos. Lo anterior, como se tendrá ocasión de analizar, no implica, por sí mismo y de manera indefectible, la nulidad de lo actuado, sino que la incidencia de la falta de apariencia de objetividad debe examinarse caso por caso y entre los elementos de interés con miras a este análisis, se encuentran el tipo de decisiones en las que intervino (si son relativas a la producción de prueba, meramente incidentales o de fondo), la fase  procesal en que dichas decisiones fueron tomadas, lo que se relaciona también con el carácter conclusivo o no de las mismas respecto de la determinación de responsabilidad penal de los sindicados y la eventual sujeción de las decisiones, a valoración en alzada. En otras palabras, las consecuencias funcionales para la jueza no condicionan las consecuencias procesales, unas no conducen a otras, sino que se trata de un examen diferenciado, tal y como lo consideró el a quo al dedicarse a la valoración objetiva de las resoluciones que emitió la juzgadora en cuestión. De allí que el hecho de que la jueza haya sido separada del proceso e, incluso, se hayan abierto procesos penales y disciplinarios en su contra, no implican per se la nulidad de sus actuaciones. En el asunto de marras, la intervención que se cuestiona corresponde a la autorización de diversas actividades probatorias (interceptación de las comunicaciones, allanamientos) y la calificación de la sumaria como delincuencia organizada. Es decir, al considerar el tema de la apariencia de imparcialidad y su eventual trascendencia en la determinación de responsabilidad de los endilgados, no puede dejarse de lado que, si bien la garantía en cuestión debe observarse en todas las etapas del proceso, en el asunto bajo examen la juzgadora se limitó a autorizar la realización de diligencias cuyos resultados (así como su fundamento), serían objeto de examen, tanto por parte del tribunal de juicio, como de esta Cámara y eventualmente de la Sala Tercera. Además, no es la jueza cuestionada quien valora o asigna consecuencias probatorias a los elementos de convicción que surgieron a partir de las interceptaciones y allanamientos, sino que dicho acervo probatorio, producido a partir de las resoluciones dictada por [Nombre 043], fue analizado posteriormente por el tribunal de juicio (tanto en lo que toca a la forma de su obtención y resguardo, como desde el punto de vista de los elementos que es posible derivar de su contenido) y, a la luz de la revisión amplia que corresponde realizar en esta sede, también será sometida a examen por parte de esta Cámara, con motivo de los reclamos interpuestos a través de los distintos recursos de apelación de sentencia que se han presentado. Igual examen procede con respecto a la calificación de la sumaria como delincuencia organizada. Estas precisiones resultan relevantes, en lo que atañe a la determinación de las repercusiones que corresponde asignar a un vicio relacionado con la imparcialidad. Recuérdese al efecto que, aun cuando nos hallemos ante un defecto de carácter absoluto, concerniente al «nombramiento, capacidad y constitución de jueces o tribunales», en los términos señalados en el inciso b) del ordinal 178 del Código Procesal Penal, su concurrencia no supone, por sí misma, la nulidad de lo actuado, si aparejado al defecto, no se causó un gravamen. Este análisis, a partir del principio de trascendencia, será retomado posteriormente en este mismo considerando, por lo que únicamente se dejan sentadas sus líneas generales. A.2. La segunda luz a través de la cual los recurrentes apuntan a la existencia de un vicio de imparcialidad, en lo que respecta a la intervención de la jueza [Nombre 043], consiste en las manifestaciones de apoyo al Organismo de Investigación Judicial expresadas en forma genérica por la juzgadora en su cuenta de la red social “Facebook”. En lo que respecta a la libertad de expresión de las personas juzgadoras y su eventual incidencia en la garantía de imparcialidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expuesto lo siguiente: «82. La Convención Americana garantiza el derecho a la libertad de expresión a toda persona, independientemente de cualquier otra consideración. Respecto a personas que ejercen funciones jurisdiccionales, la Corte ha señalado que, debido a sus funciones en la administración de justicia, la libertad de expresión de los jueces y juezas pueden estar sujetos a restricciones distintas y en sentidos que no afectarían a otras personas, incluyendo a otros funcionarios públicos.

Los Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura (en adelante “Principios Básicos de las Naciones Unidas”) reconocen que “los miembros de la judicatura gozarán de las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, con la salvedad de que, en el ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura”. Asimismo, los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial establecen que “[u]n juez, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a la libertad de expresión y de creencias, derecho de asociación y de reunión pero, cuando ejerza los citados derechos y libertades, se comportará siempre de forma que preserve la dignidad de las funciones jurisdiccionales y la imparcialidad e independencia de la judicatura”. En el mismo sentido, el Tribunal Europeo ha señalado que ciertas restricciones a la libertad de expresión de los jueces son necesarias en todos los casos donde la autoridad e imparcialidad de la judicatura pudieran ser cuestionadas.

El objetivo general de garantizar la independencia e imparcialidad es, en principio, un fin legítimo para restringir ciertos derechos de los jueces […]» (Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del caso Urrutia Labreaux Vs. Chile, de 27 de agosto de 2020, párr. 82-84. En igual sentido: caso López Lone y otros Vs. Honduras, párr. 169). Ahora bien, habida cuenta que los jueces y juezas no tienen limitada su libertad de expresión más allá de lo que pueda resultar lesivo de su imparcialidad o apariencia de imparcialidad, según el uso de la prudencia y lógica, este tribunal estima que la expresión genérica de apoyo al trabajo del Organismo de Investigación Judicial no supone una afectación de dicha garantía en el caso particular, en el tanto se trata una manifestación de apoyo a la institución como un todo, pero no implica una adhesión a los actos de investigación realizados en concreto en este asunto. Ciertamente, un ejercicio de mayor reflexión hubiese llevado a la juzgadora a concluir que se trataba de una expresión poco feliz en el marco de las funciones que cumple, pero la manifestación indicada, es general y no supone adelanto de criterio o toma de partido de aquella, con respecto de los hechos bajo examen o las partes involucradas en este asunto. A.3. El tercer cuestionamiento a la imparcialidad de la jueza [Nombre 043] se realiza a partir de un aparente adelanto de criterio de su parte, sobre la responsabilidad de los investigados, en la resolución del Juzgado Penal de Grecia emitida por dicha juzgadora a las 14:10 horas del 4 de noviembre de 2019. Los recurrentes dimensionan en forma inadecuada el concepto de «adelanto de criterio», en el tanto suponen que todo ejercicio valorativo —en cualquier etapa del proceso que se encuentre— impediría a la persona juzgadora seguir interviniendo en la sumaria. De la lectura del pronunciamiento al que alude la defensa de fecha 4 de noviembre de 2019 (visible entre folios 12 y 31 del legajo de intervenciones), salta a la vista que, lejos de lo argumentado por la defensa técnica, la jueza de garantías analizó la necesidad, racionalidad y proporcionalidad de la intervención telefónica de los números asociados policialmente a [Nombre 001], [Nombre 007], [Nombre 013] e [Nombre 086], desde la probabilidad y no desde la certeza. Como muestra de ello, la resolución se afinca en la existencia de «circunstancias que nos llevan a concluir que podría existir un asocio delictivo, cuyo fin exclusivo es siempre lograr el máximo beneficio y eficiencia del trasiego de drogas» (cfr. legajo de intervenciones, fs. 15 vto. -. 16 fte.). Además, afirmó la juzgadora que la hipótesis de la Fiscalía General «deberá ser confirmada o descartada, en el sentido de que la Policía Judicial del Organismo de Investigación Judicial (en adelante PJ), lleva a cabo una investigación por el delito de infracción a la Ley sobre  Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas. Del examen de la solicitud e la señora Fiscal General Subrogante de la República y de los indicios de prueba que constan en los autos, producto de la investigación penal que se está llevando a cabo, considera este juzgador pertinente y necesario, ordenar la intervención telefónica […] Lo anterior, en razón de que tal como se desprende del cuadro fáctico investigado, existe probabilidad de que los sujetos investigados , sean parte de los principales engranajes de una organización delictiva dedicada al Tráfico (sic), distribución, transporte de Drogas (sic) aquí en nuestro país» (cfr. legajo de intervenciones, fs. 16 vto. - 17 fte. El subrayado es suplido). Si bien a lo largo de la resolución se incluyen distintas citas literales de informes policiales y de lo señalado en el requerimiento fiscal, la lectura atenta de la resolución de marras permite determinar que dichas alusiones se efectúan para ilustrar la existencia de indicios razonables de que los imputados formen parte activa del grupo criminal investigado en este asunto y no como aceptación de la veracidad de las afirmaciones que allí se incluyen, lo que, por demás, no era necesario ni procedente en la etapa inicial de la investigación en la que intervino la juzgadora [Nombre 043]. En todo caso, la jueza en cuestión participó como jueza de garantías en la etapa de investigación de esta sumaria y no intervino en forma alguna en la determinación de responsabilidad penal de los encausados por los hechos que les fueron atribuidos. Esta especificidad, sobre la cual se volverá más adelante, es de suma importancia porque le brinda un carácter distintivo a la discusión sobre el quebranto a la apariencia de imparcialidad y sus implicaciones para la validez del fallo que aquí se cuestiona. A.4. En lo que respecta al cuestionamiento sobre la competencia de la jueza penal de Grecia para resolver las solicitudes que le fueran formulada en su carácter de jueza de garantías y su actuación sin hacerse auxiliar por un analista: Se alega que la juzgadora se interesó indebidamente en el asunto, al punto de asumirlo en la etapa preparatoria, aun cuando no le correspondía por territorio. No obstante, al examinar la solicitud inicial de intervención telefónica de fecha 15 de octubre de 2019, planteada por la entonces Fiscala General de la República Emilia Navas Aparicio, la cual rola entre folios 1 y 11 del legajo de intervenciones, puede determinarse que en dicho momento, una de las personas que, según la hipótesis inicial de investigación de dicho órgano, integraba la organización criminal dedicada al tráfico nacional e internacional de drogas, era [Nombre 086], planteándose asimismo que el centro de operaciones de dicha agrupación, era la empresa ubicada en Grecia, en la cual aquel fungía como presidente. Al respecto, se indicó preliminarmente que: «[Nombre 086] era el «encargado de logística en traslado de los alijos de droga fuera de las fronteras nacionales, vía terrestre, utilizando para ello los camiones con código internacional de exportación, pertenecientes a [...] S.A., sociedad de la cual él es el presidente, localizada en Alajuela, Grecia, Rincón de Salas, 25 metros oeste de la FANAL» (cfr. f. 2 vto. del legajo de intervenciones). Este elemento fue ponderado por la jueza [Nombre 043] en el pronunciamiento de fecha 4 de noviembre de 2019, en el que se autoriza la intervención telefónica, tal y como puede comprobarse a partir de la lectura de los folios 12, 13 y 17 vuelto del legajo de intervenciones telefónicas. Por otro lado, entre los indicios que se tomaron en consideración, se encuentra la información confidencial recibida por el Organismo de Investigación Judicial, los datos aportados por la DEA sobre el modo de operar del grupo criminal investigado, análisis de bienes patrimoniales de los incriminados, así como el estudio de antecedentes policiales y penales de estos. Uno de dichos antecedentes corresponde a una investigación, cuyo presunto modo de operar del grupo criminal, consistía en utilizar camiones de transporte de la empresa del [Nombre 086], con compartimentos secretos para sacar droga fuera de nuestras fronteras (cfr. informe 516-SECCRO-2019, f. 33 fte. y vto. del tomo I principal). Los elementos indiciarios ponderados por la jueza de garantías en la resolución del Juzgado Penal de Grecia de fecha 4 de noviembre de 2019, serán discutidos con mayor detalle en el punto B) de este mismo considerando, al cual se remite. Es oportuno señalar, sin embargo, que la circunstancia de que [Nombre 086] fuese posteriormente excluido de la acusación no implica que, en la fase inicial del asunto en el que la juzgadora analizó la procedencia de la intervención, no existieran elementos indicativos de un grado de sospecha en su contra, situación muy distinta de la eliminación de toda duda razonable, que es necesaria para condenar. En torno al cuestionamiento por falta de competencia de la jueza de garantías de Grecia, es lo cierto que su participación se justificó en los indicios y datos aportados por el Ministerio Público en esa etapa procesal inicial, en la que las decisiones debían tomarse. En todo caso, en nuestro ordenamiento jurídico, cualquier cuestionamiento relacionado con la competencia no tiene el efecto de invalidar las decisiones tomadas con anterioridad a que se disponga la incompetencia de la autoridad actuante. Dispone, al efecto, el artículo 48 del Código Procesal Penal: «…La inobservancia de las reglas sobre competencia sólo producirá la ineficacia de los actos cumplidos después de que haya sido declarada la incompetencia…».  A mayor abundamiento, cabe recordar que, ante el conflicto de competencia planteado en este asunto (cfr. f. 1852 del tomo III principal), la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo n.° 2021-592 de las 11:44 horas del 28 de mayo de 2021, dispuso que era el Juzgado Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, con sede en Grecia, el despacho competente por territorio, para asumir el conocimiento de esta causa (cfr. fs. 1882 fte. – 1888 fte. del tomo IV principal). La constatación de indicios objetivos y documentados para determinar la competencia de la jurisdicción de Grecia, permite descartar también el alegato consistente en que existió contubernio entre el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía, para que el asunto se asignara al Juzgado Penal de Grecia y en específico a la jueza [Nombre 043]. Este argumento fue descartado en forma fundada por el tribunal de juicio, evidenciándose que esta tesis, sobre el contubernio para forzar la competencia territorial de Grecia, no es otra cosa que una tergiversación de lo que el testigo [Nombre 044] informó respecto a la realización de una investigación a la jueza [Nombre 043], con posterioridad a que esta fue designada como jueza de garantías en este asunto según el rol existente, y no antes de dicha designación como parecen entenderlo los recurrentes. El tema fue acertadamente abordado por el tribunal de instancia (fs.55 a 57 de la sentencia). Sobre este punto, se indicó: «Con respeto al principio de juez natural, debe indicarse que la Jueza [Nombre 043] no fue nombrada para el caso concreto, ya que el licenciado Jean Porras, cuestionó que la causa se tramitara en Grecia, supone el señor defensor que fue una situación coordinada entre los investigadores, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público y la Jueza [Nombre 043]. No obstante, a pesar de esa suposición también el defensor entra en contradicción cuando indica que desde un inicio se investigó a [Nombre 086], ubicado en la localidad de Grecia, quien, si bien se dejó de investigar, es el criterio que permitió que la investigación comenzara y se tramitara en esa localidad, no existe para este Tribunal un vicio, mucho menos se podría a través de las pruebas especular que el investigador, el Ministerio Público o los jueces de Grecia hicieran algún acto contra la probidad por alguna razón oculta o tergiversada. A lo anterior se suma que tampoco existe una violación al principio de juez natural, porque contrario a lo que especulan los defensores, la licenciada [Nombre 043] ya se encontraba designada por la Corte Suprema de Justicia para trabajar en esa localidad, según consta en la constancia de puestos desempeñados por la jueza, remitido por el Departamento de Personal, Gestión Humana, Administración de Personal que rola en el folio del 7711 al 7723 del tomo

Tampoco es cierto, como afirma la defensa y cuestiona de la investigación, que el investigador [Nombre 044] investigara a la jueza porque era la que mejor le favorecía a sus intereses. Lo anterior no es posible acreditarlo, de la declaración del testigo [Nombre 044] con relación a ese tema señaló lo siguiente: “Nosotros llegamos al lugar y con quien hablamos es con el coordinador de jueces hay dos jueces únicamente en ese despacho y el coordinador era don [Nombre 093], lo repito nuevamente, y él es el que nos indica de que él está en una intervención y de que a quien le tocaría la intervención esta que llevamos es a la señora [Nombre 043] ahí es donde se pregunta cuál es el nombre completo, a la hora que nos indica quien es ahí es donde se consulta y se hace la investigación por medio de fiscales y jueces amigos y es donde pasa el filtro de que no hay ninguna alerta de que ella haya cometido algún acto jurídicamente con respeto al puesto que tenía […] Como bien se determina de lo anterior, la designación de la señora jueza [Nombre 043] lo fue ateniendo a parámetros objetivos y de acuerdo con los roles de distribución de trabajo dentro del despacho, lo que lleva a concluir a este Tribunal que no existe una violación al principio de juez natural, Las razones del inicio de la causa en Grecia son acreditadas y confirmadas por la misma defensa, en el sentido de que el encartado [Nombre 086] estaba siendo investigado y los hechos se estaban desarrollando en parte en Grecia, sin que pueda derivarse de ello manipulaciones como lo deja entre ver el señor defensor Porras, amén de ello se desprende de la certificación de recursos humanos que la licenciada [Nombre 043], se encuentra nombrada en el Juzgado Penal de Grecia desde el dos de noviembre de dos mi dieciséis hasta la fecha, sin que en ello hubiese tenido injerencia en el Organismo de Investigación Judicial, por lo que, el argumento que aquí se indicó que “fue una jueza escogida a dedo” carece de fundamento, pues, [Nombre 043] fue designada con anterioridad en el Juzgado de Grecia y a la fecha permanece en dicho lugar, siendo que no fue nombrada únicamente para el caso que nos ocupa, por lo que no habría infracción al principio de juez natural» (f. 55-57 del fallo que se impugna). Este tribunal arriba a las mismas conclusiones, partiendo de un examen propio de los elementos de convicción incorporados a la sumaria. Por otro lado, la vinculación que realizan los recurrentes entre la intervención de la jueza de garantías [Nombre 043] en las diligencias que condujeron a la aprehensión del coencartado [Nombre 016] y un presunto interés personal en su privación de libertad, no tiene asidero objetivo y se basa en conjeturas. El tema también fue expresamente abordado por las juzgadoras a folio 66 del pronunciamiento de fondo. No existe una regla o directriz que establezca que el juez encargado del operativo deba acudir al punto de detención del presunto líder de la organización, y en la determinación de la logística a seguir en este tipo de operativos que requieren de coordinación simultánea, son muchos factores los que se pueden y deben tomar en consideración para la toma de decisiones operativas, las cuales recaen en la policía judicial. Al ser cuestionada directamente sobre este tema, la jueza [Nombre 043] explicó de forma satisfactoria por qué razón en este supuesto específico, no colaboró en los puntos de allanamiento que se ubicaban en Grecia, señalando al respecto que el otro juez de la localidad era el que se encontraba disponible en dicha zona, por lo que debía permanecer en el área cubriendo la disponibilidad (cfr. f. 1306 del fallo). Ninguna de esas razones fue refutada por los recurrentes durante el contradictorio, sino que se limitan a repetir en esta sede, la misma conjetura que plantearon en debate como actividad procesal defectuosa. En cuanto a la queja consistente en que la jueza se impuso de las comunicaciones sin contar con analista, es importante hacer notar que el juez o jueza de garantías puede hacerse auxiliar de un analista en su labor de escucha y selección de llamadas relevantes para la investigación, pero en realidad dicho auxilio no es una imposición de la ley. Tal y como lo ha sostenido la Sala Constitucional en diversas oportunidades, la verdadera garante de la actuación conforme a Derecho en un proceso de interceptación, es la persona juzgadora, no el personal que le pueda (eventual, pero no obligatoriamente) auxiliar en dicha tarea. Al respecto, desde vieja data, el máximo contralor de constitucionalidad se ha pronunciado sobre el rol insustituible del juez de garantías como fiscalizador de la legalidad de la conducción de las diligencias de intervención de las comunicaciones (al respecto, entre otros, el fallo de la Sala Constitucional n.° 4454-1995, de las 11:12 horas del 11 de agosto de 1995). Por otro lado, si la defensa tenía alguna duda sobre la fidelidad de las sinopsis de las llamadas de interés, o sobre la omisión de datos relevantes, siempre tuvo la posibilidad de solicitar y consultar el «crudo», a través de la escucha del disco máster, que tal y como lo advierte la propia defensa técnica (f. 9219 del tomo principal), fue aportado como prueba material por parte de la Fiscalía. A.5. Conocimiento previo de la juzgadora respecto de los oficiales investigados, con motivo de su paso por la jurisdicción penal en la que estos laboran:  Finalmente, es necesario referirse a un cuestionamiento atinente a la imparcialidad que, aunque tangencial, abarca también al coimputado [Nombre 013]. Respecto a este, aduce la defensa que la jueza [Nombre 043] no debió haber intervenido como jueza de garantías, porque lo conocía, al haber coincidido con él a nivel laboral, durante una pasantía realizada en el mismo circuito judicial en el cual se desempeñaba [Nombre 013]. Dicho alegato también se debe descartar. No toda interacción en ámbitos de trabajo o sociales, genera relaciones (sea de amistad o enemistad) que impliquen afectación al principio de imparcialidad. En lo que respecta a [Nombre 013], más allá de la coincidencia temporal en el mismo sitio de trabajo, el recurrente no precisa ni aporta elementos objetivos que permitan comprender si hubo una relación cercana de amistad, enemistad entre ambos, o bien, algún incidente concreto que permita poner en tela de duda la imparcialidad o apariencia de imparcialidad de la jueza [Nombre 043], en lo que concierne a dicho imputado. Por tal razón, este extremo de los alegatos carece de sustento alguno. La situación particular en torno a [Nombre 016], fue abordada ya en este mismo apartado. Cabe agregar que la eventual falta a la verdad de la juzgadora [Nombre 043] al rendir declaración en el juicio, será objeto de examen en la sumaria en que se ordenó testimonio de piezas (cfr. fs.1674-1675 de la sentencia). Sobre los alegatos por supuesta falta a la verdad y «manipulación» del oficial [Nombre 044] en su declaración en juicio y consecuente testimonio de piezas, valga señalar que se trata de una afirmación sin asidero alguno. Por el contrario, lo que se dispuso en sentencia, a raíz de su declaración, fue el testimonio de piezas para investigar «en cuanto a los funcionarios que laboraron en el presente caso el día 18 de agosto del 2020, en el Centro de Intervención de las Comunicaciones del Poder Judicial y tenían a cargo esta investigación» (f. 1675 de la sentencia). El recurrente no precisó qué manipuló o tergiversó el oficial [Nombre 044]. Ahora bien, si se interpreta que el alegato es el sentido que dicho investigador manipuló la información para que el asunto fuera asignado a la jueza [Nombre 043], eso fue descartado acertadamente por el a quo (f. 55 a 57 de la sentencia), lo que se retomó en el punto A.4 de este considerando. Además, en la sentencia —puntualmente a folio 1575— el tribunal de mérito se pronunció sobre el tema de credibilidad de los investigadores, la cual concedieron porque fueron contestes entre sí y porque su dicho se corroboró con la documentación agregada al expediente. Ese ejercicio de verificación se constata a través de toda la fundamentación intelectiva plasmada en el fallo, por lo que no se observa manipulación o tergiversación alguna y mucho menos intención de perjudicarlo, lo cual es una mera conjetura. B) Fundamentación de las órdenes de interceptación de las comunicaciones y sus prórrogas, orden de allanamiento y calificación de la causa como delincuencia organizada, dictadas por la jueza [Nombre 043]: Como punto de partida es importante tener claro que, tratándose de solicitudes planteadas a la autoridad jurisdiccional en la fase inicial del proceso con fines de investigación, el grado de vinculación entre los hechos y la prueba que resulta exigible con miras a la verificación de la proporcionalidad, razonabilidad y necesidad de la afectación de derechos fundamentales de los investigados, es cualitativamente distinta a la que se requiere para la condena. Al respecto, se ha diferenciado entre «probabilidad» y «sospecha», recalcándose que es esta última la que resulta necesaria para la autorización de una intervención telefónica: «tanto la Constitución Política como la Ley N° 7425 no hacen alusión alguna al concepto de probabilidad al que hace referencia la recurrente, sino que es la mencionada ley que hace referencia a la terminología de "indicios suficientes", que denota un estado de conocimiento distinto al de la probabilidad, pues se sitúa en el ámbito de la sospecha, que terminológicamente significa: "Considerar a alguien como posible autor de un delito o una falta" (Real Academia Española, 2017). Es importante mencionar que la legislación, señala que esa sospecha debe ser suficiente, por lo que no bastaría la simple imaginación de los cuerpos policiales, sino que deben existir indicios que razonablemente permitan inferir la posibilidad de la comisión de alguno de los delitos establecidos en la ley» (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, resolución n.º 2017-262, de las 13:52 horas del 26 de mayo del 2017. El subrayado no corresponde al original). Como se advirtió ya, el examen de las resoluciones dictadas por la jueza de garantías que limitan derechos fundamentales de los coendilgados con fines probatorios, se realiza no sólo porque fueron cuestionadas en forma directa por la defensa técnica y material, sino, además, por ser necesario en aras de la correcta resolución de las quejas por quebranto del principio de imparcialidad. Ahora bien, es importante resaltar que esta Cámara constata que el a quo hizo el ejercicio de revisión de los pronunciamientos dictados por la jueza de garantías, por lo que se descarta el vicio de ausencia de fundamentación en este punto.  En ese sentido, entre folios 58 y 66 de la sentencia impugnada, el tribunal examinó todas las resoluciones, en un ejercicio intelectivo que consistió en plasmar, en primer lugar, consideraciones generales y después descender a un análisis específico, resolución por resolución, el cual este Tribunal ha procedido a cotejar, verificando el sustento objetivo que tiene cada uno de los pronunciamientos emitidos por la juzgadora y, con ello, que la decisión del tribunal de instancia fue acertada. Es ilustrativo de este ejercicio de análisis objetivo, el siguiente razonamiento del a quo: «Las resoluciones analizadas si bien es cierto no las realizó la juzgadora con la mejor de las técnicas formales, así mismo, en las resoluciones se extrañan todo tipo de normas de caligrafía y ortografía, lo que fue ampliamente criticado por la defensa, aunado a que en todas las resoluciones reitera un patrón en los primeros párrafos, el contenido de la fundamentación es objetivo, se cuenta con un  fundamento legal, amparado a derecho, aunado a ello, en cada una de las resoluciones, se  encuentra una fundamentación propia de la juzgadora, realizando un análisis ciertamente  breve, laxo pero objetivo, de la procedencia de las solicitudes realizadas por el Ministerio Público, sin que de ninguna de las resoluciones que a continuación se describen, se pueda desprender que existe una violación al principio de objetividad. Por el contrario, se desprende del expediente, que la Licda [Nombre 043], en su condición de jueza de la etapa preparatoria, atiende a diversas solicitudes del Ministerio Público, sin ir más allá de lo peticionado, contempla los requisitos que exige la ley como Jueza de Garantías, siendo una resolución confiable, y no se desprende de ningún tipo de prejuicios con relación al objeto del proceso, ni con las partes que lo integran ello se puede afirmar a partir de un análisis detallado de las siguientes resoluciones» (fs. 58-59 de la sentencia). Más adelante, aunque el tribunal de juicio no calificó la relación existente entre la jueza y [Nombre 016], sí fue enfático en que esta no permeó las actuaciones jurisdiccionales bajo examen y, por ello, declaró sin lugar las protestas. Así consta en página 72 del pronunciamiento: «En definitiva, hemos podido constatar que no ocurrieron las irregularidades que en torno al tema de las intervenciones ni de las actuaciones de la juzgadora en cada uno de las actuaciones alegadas como defectuosas; antes bien, las intervenciones se manejaron con el debido respecto a las garantías fundamentales de las personas que estaban siendo investigadas, medió una solicitud fundamentada en correcta forma por parte de la Fiscalía General, quienes a su ve ejercieron la dirección funcional respectiva, misma que aportó la información que le resultó ser útil al Juez Penal de la Etapa Preparatoria para que, en el ejercicio de sus funciones, ordenarla de forma motivada; además, ésta fue debidamente ejecutada tanto por los oficiales de la Policía Judicial como por el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones donde respetaron en debida forma los procedimientos, protocolos y alcances para su realización, sin incurrir en acto procesal alguno que violentara el debido proceso y el derecho a la intimidad de las personas en investigación. De conformidad con las reglas de la lógica y la experiencia, se denota que entre el encartado [Nombre 016] y [Nombre 043], existió una relación que no afecto de ninguna manera los actos de este proceso. Concluye este Tribunal que no hay acto alguno del que se derive alguna ilicitud en su participación como Jueza Penal de Garantías por parte de la Jueza [Nombre 043], con respecto a las personas imputadas en este proceso». En igual sentido, el tribunal de juicio descartó que las decisiones tomadas en este asunto por la jueza [Nombre 043] se motivaran en resentimientos pasados, enemistad manifiesta, maledicencia o interés de perjudicar a [Nombre 016]. Dicha conclusión deriva del examen de todas las actuaciones y resoluciones emitidas por la juzgadora, en conjunto con la información que aportaron los testigos de descargo. Sobre este extremo, se razonó: «en aplicación de las reglas de la experiencia y la sana crítica, este Tribunal deriva dos situaciones relevantes a saber: primera que sí hubo una relación entre [Nombre 043] y [Nombre 016], relación que este tribunal no va a calificar, pero si le da total credibilidad a los testigos mencionados que vieron a ambas persona en bares, y en distintos lugares dentro y fuera de Tribunales de Corredores, la prueba documental dice que ella trabajó allá como la constancia del área de Gestión Humana del Poder Judicial y la ubican como funcionaria y los vieron compartir, hace muchos años atrás, relación que a criterio de esta cámara pese a las circunstancias en las que se terminara no afectó este proceso, pues como ya se indicó, las resoluciones se encuentran ajustadas a derecho […] No se evidencia que existiera alguna actuación que beneficie o perjudique a alguna de las partes, entre ellas al imputado [Nombre 016], ni se establece violación alguna a los principios del debido proceso principalmente el principio de imparcialidad y el de legalidad. Tampoco puede derivarse que la situación en la que se encuentra el encartado [Nombre 016] sea producto de alguna animadversión de la señora [Nombre 043] ya que la decisión del encartado [Nombre 016] de realizar actividades delictivas no tiene ninguna relación con ella. En conclusión, no se determinó acto alguno de corrupción como alegó la defensa» (f. 71 del fallo recurrido). Así las cosas, se descarta el vicio de ausencia de fundamentación reclamado por los impugnantes y se aprecia que el reparo de la defensa material y técnica, respecto a la falta de sustento de las resoluciones dictadas por la jueza [Nombre 043], no es otra cosa que la reiteración de la misma postura mantenida en juicio, la cual fue acertadamente descartada. B.1) Autorización inicial de intervenciones telefónicas de las 14:10 horas del 4 de noviembre de 2019 (fs. 12-31 del legajo de intervenciones): La primera resolución que autorizó la intervención de comunicaciones en este asunto, corresponde al pronunciamiento emitido por el Juzgado Penal de Grecia, a las 14:10 horas del 4 de noviembre de 2019 (fs. 12 a 31 del legajo de intervenciones). En dicho momento, se dispuso intervenir los números telefónicos vinculados a [Nombre 001], [Nombre 007], [Nombre 013] e [Nombre 086], por el plazo de 3 meses «a partir de la fecha de la presente resolución o bien en caso de que exista impedimento para su conexión por falta de espacio en el (CJIC) el plazo empezará a correr una vez efectuada materialmente la conexión de la misma» (fs. 29 vto. – 30 del legajo de intervenciones). En este asunto ocurrió lo segundo, ya que debido a falta de capacidad inmediata en el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (cfr. fs. 34 y 35 del legajo de intervenciones), la conexión efectiva y con ello, el inicio en el conteo del plazo de 3 meses de intervención, inició a partir del 29 de noviembre de 2019 y finalizó el 28 de febrero de 2020 (cfr. f. 38 del legajo de intervenciones telefónicas). En adición a los informes confidenciales y datos aportados por la DEA, la hipótesis fiscal en la que se funda la solicitud, se sustentó en el oficio 516-SECRRO-2019, en el cual se recopilaron datos confidenciales, vigilancias, seguimientos, análisis telefónicos (rastreos), estudios de bienes patrimoniales y antecedentes penales de los investigados. A partir de las pesquisas iniciales realizadas por la policía judicial, se tuvo conocimiento que la actividad de aparente tráfico de drogas en la modalidad conocida como «contaminación» de contenedores, que condujo a la apertura de causas penales y decomisos importantes de droga en el pasado, en contra de [Nombre 001], [Nombre 086] y [Nombre 007] (causas penales 08-00053-0622-PE, 09-0003430622-PE y 14-000047-1219-PE, entre otras) habría continuado. Se valoró, en este sentido, la interacción constante entre los sindicados, confirmada mediante vigilancias y seguimientos, así como rastreos telefónicos y el crecimiento patrimonial de estos, que no guarda concordancia con los salarios reportados en la Caja Costarricense del Seguro Social. Respecto de [Nombre 007], se determinó que se había adueñado de una vivienda que, hasta el momento de su detención por narcotráfico en el año 2012, había sido propiedad de [Nombre 072], a quien también se le asociaba con tráfico de sustancias ilícitas. Policialmente se concluyó que [Nombre 007] había adquirido la vivienda como pago por la deuda que había adquirido [Nombre 072], a causa del decomiso de 9 kilos de droga que, según la hipótesis de los investigadores, «era propiedad de la organización conformada por [Nombre 007] y [Nombre 001]» (f. 19 fte. del legajo de intervenciones). Además, se estableció que [Nombre 072] mantenía comunicación telefónica con los restantes investigados. En el caso de [Nombre 013], se ponderó el aumento patrimonial que no era proporcional a su puesto de investigador 1 en el Organismo de Investigación Judicial, ya que adquirió un vehículo Toyota Fortuner, año 2017,  en la feria de autos de Golfito, siendo que, según la tesis policial, dicho investigador «señaló al vendedor que él ([Nombre 013]) era familiar de [Nombre 001] a efectos de que le hiciera precio en la compra del automotor, siendo [Nombre 001] un reconocido narcotraficante de la zona» (f. 19 vto. del legajo de intervenciones). Además, se logró determinar que [Nombre 013] posee un terreno de más de 19 mil metros cuadrados en [...] en la que, aunque no está a su nombre, se le ha visto ingresar por sus propios medios e incluso denunció el robo del medidor de dicha propiedad, identificándose como el dueño de la misma (causa n.° 17-002123-0062-PE). Mediante seguimientos, se observó a [Nombre 013] reunirse con [Nombre 007], en horas laborales y no laborales, aspecto que en la etapa inicial en que se encontraba la causa llamaba sobremanera la atención, al tratarse de una persona de la que se decía que se encontraba vinculada al narcotráfico, lo que era de conocimiento de los habitantes de la Zona Sur y, con mucho más razón, de [Nombre 013], en virtud de sus labores como investigador de muchos años en el Organismo de Investigación Judicial de Ciudad Neily. Se tomó en cuenta que el 10 de febrero de 2019, cuando viajaba en su vehículo placa [Valor 019] junto con otras personas, [Nombre 013] fue abordado en un operativo rutinario de la Policía de Control de Drogas y Policía de Fronteras. Luego de entregar su licencia y carné del Poder Judicial para identificarse, cuando los oficiales actuantes se disponían a revisar el automotor, aceleró su vehículo y se dio a la fuga para evitar la revisión, dejando sus documentos de identificación en el sitio (ver fotografías de dichos documentos a f. 13 fte. del tomo I principal). Además, en fecha 6 de febrero de 2019, durante una vigilancia, se le vio visitar la vivienda de [Nombre 007], en Laurel de Corredores, en compañía del investigador [Nombre 016], a pesar de que se trataba de un sitio alejado de la oficina donde laboran (OIJ de Corredores) y sin que se reportara dicha visita como una diligencia en el libro de novedades de la policía judicial (cfr. fs. 20 vto. y 21 fte. del legajo de intervenciones telefónicas).

Un dato adicional, consiste en la interacción que se observó entre [Nombre 013] y [Nombre 007], mediante vigilancias y seguimientos realizados los días 6 y 26 de febrero de 2019 (cfr. fs. 20 vto. y 21 vto. del legajo de intervenciones telefónicas). Un elemento más, que fue valorado por la juzgadora y que permite sustentar objetivamente la hipótesis fiscal en cuanto a la existencia de actividades características del tráfico de droga, es el seguimiento realizado a [Nombre 007] por la policía, en abril de 2019: «en fecha 03 de abril del 2019, se logró apreciar a eso de las 08:45 horas aproximadamente, el momento en que [Nombre 007], salió de su casa de habitación en Laurel de Corredores, a bordo del vehículo marca Isuzu D-Max, color gris, placas [Valor 020] y se dirigió hasta La Cuesta, por las inmediaciones de la pulpería Chiripa, donde ingresó a la vivienda de [Nombre 001] (sic), para ese momento se realizó una llamada telefónica al número [Valor 021], corroborando que es el número utilizado por [Nombre 007], luego unos minutos, al ser las 17:10 horas salió el Isuzu de [Nombre 007] de la propiedad de [Nombre 001], se dirigió hasta la frontera con Panamá, sitio al cual se acercaron hasta el vehículo tres masculinos, sin identificar, siendo que dos de ellos, que ingresaron del sector panameño, abordaron el vehículo de [Nombre 007], cada uno portando un maletín en la mano, luego se desplazaron hasta la vivienda de [Nombre 001] nuevamente, sitio donde finalizó la vigilancia policial» (f. 22 fte. del legajo de intervenciones telefónicas). En fecha 25 de abril de 2019, en un retén policial realizado en el sitio identificado como «La Cuesta», en dirección hacia Pavones, se identificó a los ocupantes del vehículo [Valor 022], conducido por [Nombre 007]. Viajaban a bordo del mencionado vehículo en dicha oportunidad, al lado de [Nombre 007], [Nombre 076] y [Nombre 004], siendo este último «primo de [Nombre 077] (cuñado de [Nombre 013]-esposo de [Nombre 046]), quien construye lanchas para [Nombre 078], en cuanto a [Nombre 076], el día 20 de agosto del 2018, firmó el zarpe de la embarcación [Nombre 261], matricula [Valor 023], embarcación que en fecha 14 de octubre fue detenida por autoridades estadounidenses, con 444 kg de cocaína, en dicha ocasión detuvieron a [Nombre 079], [Nombre 080], [Nombre 081] y [Nombre 082], a quien se les siguió casusa (sic) bajo el número único 18000684-0455-PE. Lo importante a resaltar, es que dicha tripulación fue precisamente la misma que registró Laurencia (sic) el 20 de agosto del 2018» (f. 22 vto. del legajo de intervenciones telefónicas). Tanto [Nombre 001] como [Nombre 007] e [Nombre 086], reportan participación en sociedades o negocios relacionados con la comercialización de aceite de palma y otros productos agrícolas, los cuales, de conformidad con la hipótesis fiscal, eran utilizados como «mampara», para facilitar su estructura de tráfico de droga y ocultar el origen ilícito de sus ganancias (cfr. f. 22 vto.). En el caso de [Nombre 086], además del predio y negocio de transporte de materiales ubicado en Grecia, que se identificó preliminarmente como centro de operaciones de la organización, en fecha 25 de junio de 2019 se observó salir del predio de su propiedad, a las 4:46 horas, un vehículo tipo cabezal placa [Valor 024], con un cisterna de transporte de líquidos placa [Valor 025], el cual se estacionó en las bodegas «Multicomercial», situadas en Belén, sin que se notara alguna acción de abastecimiento de líquidos. Para la policía, el acontecimiento observado tiene relevancia porque se relaciona con la información confidencial (CICO consecutivo 6816-2018), que señaló a [Nombre 086] como el dueño de 200 kilos de cocaína decomisada en el sector de «La Cuesta» y con la información de la DEA que también lo ubica como parte del grupo criminal liderado por [Nombre 001] (fs. 19 vto. y 20 fte. del legajo de intervenciones telefónicas). Aunado a ello, se ponderó como un antecedente de importancia que,  «en el 2010, la Policía de Control de Drogas, habla detenido precisamente un cabezal y un contenedor propiedad de [Nombre 086] al momento de ir saliendo por la frontera de Peñas Blancas, mismo que transportaba aceite de Canola refinado, detectando que en el interior del cisterna se ubicaba, una estructura tipo “caleta” recubierta por plomo, estructura que comúnmente es utilizada para el transporte de psicotrópicos o dinero, a efectos de no ser detectado por escaners en las fronteras, a su vez, también es claro que las organizaciones criminales, arriendan bodegas para preparar los vehículos que suelen transportar los alijos de droga, coincidiendo con la acción llevada a cabo en la vigilancia del 25/06/2019» (f. 23 fte. del legajo de intervenciones telefónicas). Finalmente, en relación con quien desde ese momento se perfilaba como líder de la organización —[Nombre 001]— además de los informes confidenciales y datos aportados por la DEA, así como la interacción con [Nombre 007] que fue posible constatar en las vigilancias policiales, se consideró su posesión de viviendas de alto valor económico. En este sentido, se detectó que contaba con una finca de cultivo de palma, de 133 920 metros cuadrados, situada en Corredores, Puntarenas; una vivienda lujosa de gran extensión en Las Nubes de Coronado y otra en Corredores. Analizó la juzgadora que la vivienda ubicada en Corredores contaba con portones metálicos, casetilla de seguridad y guarda, mientas que la casa localizada en Las Nubes de Coronado es de alto valor económico, posee muro perimetral con circuito cerrado y se encuentra registralmente a su nombre. Dichos activos contrastan notablemente con el salario mensual de 600 000 colones, reportado por él ante la Caja Costarricense de Seguro Social. A partir de la plataforma indiciaria antes esbozada, se extrae un sustento adecuado para tener como sospechosos de la comisión del delito de tráfico ilegal de drogas investigado, a los coimputados [Nombre 001], [Nombre 007], [Nombre 013] y [Nombre 086]. Así, los elementos expuestos habrían conducido a cualquier persona juzgadora —y no solamente a [Nombre 043]— a acceder a la solicitud formulada por el Ministerio Público, ya que se justificó con suficiencia la necesidad de limitar el derecho a la intimidad de los investigados, a través de la intervención de los números telefónicos utilizados por los sospechosos, como único medio efectivo para posibilitar la investigación penal del aparente tráfico ilícito de drogas, dadas las precauciones tomadas por el grupo criminal, las cuales se ponen en evidencia en la interacción de dichos sujetos, principalmente mediante reuniones y encuentros en lugares de escaso o nulo acceso de la policía, según se evidenció a través de las vigilancias y seguimientos realizados. Ahora bien, con relación a la primera orden de intervención telefónica, los recurrentes reprochan la inexistencia de «llamadas de interés» que justificaran la autorización de las intervenciones, así como la ausencia de una labor valorativa propia de la jueza [Nombre 043] quien, según sostienen algunos de los recurrentes, se limitó a «copiar y pegar» la solicitud fiscal. En cuanto a lo primero, valga únicamente recordar que se trata de la primera resolución que autoriza la interceptación de las comunicaciones, por lo que no podrían existir —al menos en un Estado de Derecho como el nuestro— conversaciones telefónicas captadas judicialmente, que puedan mencionarse para justificar esta primera resolución, tal y como parece sugerirse en el recurso. Por otra parte, en causas como las que nos ocupa, la información que puede resultar de relevancia resulta ser de muy diversa índole. Por ejemplo, comunicaciones en las cuales las personas mencionadas en la noticia criminal interactúen posibilitan conocer la dinámica interna del grupo, sus rutinas y personas con las cuales mantienen contacto, entre otros. Véase que incluso, según el numeral 12 de la Ley N.° 7425, una de las ponderaciones que debe realizar el juez al momento de disponer la prórroga de una interceptación telefónica es que se trate de un asunto de «difícil investigación», que es justamente como se perfilaba este asunto desde sus albores. La pretensión de la defensa, de que se cuente con comunicaciones expresas sobre trasiego de drogas desde el momento en que se inicia la captación implica desconocer la forma en que comportan los diferentes fenómenos delincuenciales. Es necesario recordar que, si bien la interceptación de las comunicaciones implica la transgresión de derechos fundamentales de la persona investigada, siempre es necesario ubicarse en el contexto de cada sumaria en la que se aplica la medida y la dificultad que representa, como criterios a considerar para establecer cuando resulta posible y cuando no, extender la medida. En lo que respecta a la copia de varias secciones de la solicitud fiscal dentro del texto de la resolución analizada (cosa que se adelanta, ocurre con otras resoluciones de prórroga o autorización de nuevas intervenciones), esta Cámara estima que ni la absoluta originalidad en los conceptos y datos que se incluyen en una resolución es sinónimo de una correcta motivación del fallo, ni la inclusión de asertos de otros textos supone, por sí mismo, quebranto del deber de sustentar adecuadamente la decisión que se toma. Dado que es la solicitud de la Fiscalía y la prueba presentada por esta, la que sirve de insumo a la autoridad jurisdiccional para determinar la proporcionalidad y necesidad de la limitación de derechos fundamentales con fines probatorios, no es razonable ni posible, que el cumplimiento del deber de motivar la decisión se haga depender exclusivamente de la novedad de las ideas contenidas en el fallo. Aún y cuando en la especie se verifica la acción de copiar o transcribir una cantidad importante de textos de la solicitud fiscal, que contienen datos de la investigación de utilidad para la toma de la decisión, dicha acción no demerita el ejercicio de análisis propio de la juzgadora respecto de las razones por las que estima que esos datos aportados por el órgano fiscal, permiten colocar a los imputados como sospechosos de la comisión del delito de tráfico de drogas, a la vez que la herramienta de la interceptación de las comunicaciones se muestra como esencial para el avance de las pesquisas. Dicho análisis, se puede apreciar principalmente a partir del folio 23 vuelto (in fine) al folio 28 frente del legajo de intervenciones telefónicas. B.2) Resolución del Juzgado Penal de Grecia, de las 15:35 horas del 28 de febrero de 2020 (fs. 4967 del legajo de intervenciones): Mediante esta, la jueza [Nombre 043] prorrogó por tres meses más la interceptación de los derechos telefónicos utilizados por [Nombre 007], [Nombre 013] e [Nombre 086], pero en adición a estos, también ordenó por tres meses la intervención del IMEI 357306081663060, registrado a nombre de [Nombre 084], el cual se determinó que era en realidad utilizado por [Nombre 007]. Se dispuso intervenir, asimismo, el derecho telefónico [Valor 026], a nombre de [Nombre 085] y utilizado por [Nombre 016]. Finalmente, se continuó autorizando la intervención de las comunicaciones de [Nombre 001], pero en lugar del número [Valor 027], se dispuso que la intervención recayera, en adelante, sobre el número [Valor 028], al determinarse que había realizado un cambio de aparato telefónico y este último era el que utilizaba a partir de dicho momento (cfr. fs. 50 vto. y 51 fte. del legajo de intervenciones telefónicas). Ahora bien, no es cierto el alegato que realiza la defensa técnica, en el sentido que la jueza de garantías afirmara en este pronunciamiento, que no se obtuvo información de interés a través de las intervenciones efectuadas hasta ese momento. Por el contrario, la continuidad en cuanto a la intervención de las comunicaciones de [Nombre 001], [Nombre 007], [Nombre 013] e [Nombre 086], se justifica en la existencia de interacciones constantes entre ellos, que presentaban mayor actividad durante las noches y madrugadas, los desplazamientos atípicos en cuanto a la ruta seguida y duración de esta, con coincidencia de todos o varios de los implicados en cuanto a las movilizaciones y el contenido de diversas conversaciones telefónicas captadas entre los sindicados. En lo que toca a [Nombre 016], la continuidad de la intervención telefónica se sustenta, entre otros aspectos, en la comunicación captada entre este y [Nombre 013], el 30 de noviembre de 2019, en la que acuerdan encontrarse, previo a una movilización que realizaron ambos en la noche del mismo día, de Paso Canoas a Puerto Jiménez. En este sentido, se tomó en cuenta que el 20 de enero de 2020, a partir del análisis de rastreos telefónicos, se determinó que [Nombre 001] se desplazaba en el sector de Dominical, haciendo uso del teléfono [Valor 015] cuando, en un momento determinado, dicho aparato dejó de marcar radiobases. A partir de una llamada y una consulta realizada por la policía judicial al Instituto Costarricense de Electricidad, se logró determinar que el IMEI utilizado en el teléfono [Valor 015] (vinculado a [Nombre 001]), se ligó, en algún punto del trayecto, al número [Valor 029], lo que se confirmó con una prueba de tenencia (cfr. f. 59 fte. y vto. del legajo de intervenciones telefónicas). Entre los indicios que justificaron la prórroga de las intervenciones ordenadas inicialmente, así como la inclusión de los otros derechos telefónicos mencionados (entre ellos, el correspondiente a [Nombre 016]), se encuentra, además, el desplazamiento de Paso Canoas a Puerto Jiménez realizada por [Nombre 013] y [Nombre 016], en horas de la noche del 30 de noviembre de 2019 y el regreso de estos a Paso Canoas, muy temprano en la mañana del 1° de diciembre de 2019. Esta movilización coincide con el desplazamiento de [Nombre 001] y [Nombre 007] de Paso Canoas a Golfito, el 31 de noviembre de 2019 en la tarde, así como el regreso de estos a Paso Canoas, en horas de la tarde del 1° de diciembre de 2019. Llama la atención también una conversación sostenida entre [Nombre 013] y [Nombre 016], de 30 de noviembre de 2019, en la que el primero le indica a [Nombre 016] que se encuentren para hablar personalmente, gesto que resulta indicativo de la toma de precauciones para evitar conversaciones telefónicas que pudieran ser detectadas (cfr. f. 56 fte. del legajo de intervenciones telefónicas). Un movimiento similar de los cuatro imputados (de Paso Canoas a Puerto Jiménez, y de regreso a Paso Canoas), fue detectado el día 7 de diciembre de 2019 (cfr. f. 56 fte. del legajo de intervenciones telefónicas). Por otro lado, el día 13 de diciembre de 2019, se muestra un desplazamiento de [Nombre 013], desde Paso Canoas hasta Guanacaste y de forma coincidente, [Nombre 086] se había movilizado de San José hasta Guanacaste en fecha 11 de diciembre de 2019, retornando el primero a su lugar de residencia el 16 de diciembre, mientras que el segundo lo hizo el 17 de diciembre (cfr. f. 56 vto. del legajo de intervenciones telefónicas). En forma coincidente con dicho traslado, se logró determinar, mediante los consecutivos de llamadas 600371, 3178974 y 4995110, que el 12 de diciembre de 2019, en horas de la tarde, [Nombre 013] llamó reiteradamente a [Nombre 016], preguntándole finalmente si: «no ha visto el otro», entendiéndose policialmente como el «otro teléfono», lo que no sólo es un indicio de las precauciones que toman los implicados para comunicarse entre sí sin ser detectados, sino que también se asoció a la necesidad de [Nombre 013] de coordinar algún aspecto previo a su movilización a Guanacaste (cfr. f. 56 vto.). En igual sentido, es relevante la conversación mantenida entre [Nombre 086] y una mujer (consecutivo 232320), en fecha 10 de diciembre de 2019, en la que el primero le indicaba a la segunda, que al día siguiente debía ir a Guanacaste «a un compromiso […] porque a las cuatro de la madrugada tiene que recoger unas cosas» (f. 57 fte. del legajo de intervenciones telefónicas). En adición a lo expuesto, el día 5 de enero de 2020, se evidenciaron patrones de movilización semejantes de [Nombre 013], [Nombre 016], [Nombre 001] y [Nombre 007], hacia la zona de Ciudad Neily y Golfito.  De forma consistente con dicho desplazamiento, se captó la llamada  realizada el 5 enero de 2020, a las 5:27 horas, desde el número telefónico utilizado por [Nombre 007], en la que este último le indicó a una mujer no identificada «que se dirige a Laurel y la femenina le comenta que hay operativos por el Mega Súper, por Io que [Nombre 007] le hace ver que estuvo tratando de contactar al “[Nombre 212]”, pero no le contesta, también consulta la femenina, si los oficiales del operativo, son locales o de otro sector, luego la femenina le comunica con el “[Nombre 212]”, a quien [Nombre 007] le reclama por no contestarle» (f. 59 fte. del legajo de intervenciones telefónicas. Asimismo, cfr. con f. 69 del tomo I principal. El subrayado es suplido).  A partir de dicha comunicación es posible establecer —al menos a nivel indiciario, para efectos de la autorización de la restricción del derecho a la intimidad de los investigados— que los intervenidos cuentan con una red de apoyo que les brinda información sobre los controles policiales en la ruta, lo que permitía inferir a un observador medio (tal y como lo hizo la juzgadora), que era su interés evadir dichos controles o al menos conocer de antemano los sitios donde  las autoridades judiciales se ubicarían. En lo que toca a esta conversación, la defensa técnica sostiene que la jueza de garantías manipula el contenido de la llamada, pues de ella no deriva que el sindicado transportaba droga, sino que no llevaba una silla de bebé, lo cual le generaba preocupación ante la posibilidad ser sorprendido por la policía. La aseveración de la defensa, respecto a la correcta interpretación de lo manifestado por [Nombre 007], se realiza a partir de un análisis textual de la conversación, que deja de lado los restantes elementos que rodean la interacción de [Nombre 007] con los otros imputados, los patrones de movilización de estos y la evidente toma de precauciones en sus contactos telefónicos, a través del uso de lenguaje cifrado. En todo caso, el tribunal de juicio hizo ver expresamente que esta llamada había sido valorada únicamente para efectos de vincular al [Nombre 007] con el uso del teléfono [Valor 021]. Además, como ya se advirtió, la autorización de intervenciones telefónicas no requiere un juicio de certeza, sino la existencia de elementos indiciarios que coloquen, de forma razonable, a los encausados como sospechosos de participar en el delito en cuestión. En ese contexto, la interpretación avalada por la juzgadora en torno a la preocupación de [Nombre 007] por la presencia policial en carretera, se muestra como factible.  En ese sentido, reviste especial relevancia el interés de [Nombre 007] sobre la presencia de agentes policiales «locales» o «de otro sector», ya que dicho dato tiene una innegable vinculación con el hecho que, según las pesquisas, el grupo criminal había logrado reclutar entre sus filas a agentes de la policía judicial de Corredores, como lo son [Nombre 013] y [Nombre 016], también investigados en esta causa por colaborar en la empresa criminal.  El día 22 de enero de 2020, durante un viaje realizado por [Nombre 007] a San José junto con su familia, fue abordado en un retén realizado por la Policía Municipal de Escazú, lográndose ubicar en el automotor del sindicado «un bolso tipo canguro, color negro y dentro de este, portaba un arma de fuego tipo pistola con permisos al día, además, dos millones y medio en efectivo, en billetes de diferentes denominaciones, tanto en colones como dólares americanos, así mismo se logró realizar una prueba de tenencia al número [Valor 021], que portaba en ese momento, así mismo se corroboró que portaba un segundo teléfono celular, con el número de imei físico número (sic) 357306081663060, así como su número de SIM, el cual correspondía a una tarjeta Kolbi número 9506010519110049902, se solicitó ante el Instituto Costarricense de Electricidad (I.C.E), la información de la tarjeta SIM número 9506010519110049902, misma que correspondía al numeral telefónico [Valor 030]» (f. 59 vto. del legajo de intervenciones telefónicas). A muy tempranas horas del 6 de enero de 2020, tanto [Nombre 013], como [Nombre 016] y [Nombre 007], se desplazaron desde Ciudad Neily (los dos primeros) y Golfito (el último) hacia el Pacífico Central (cfr. f. 57 vto. del legajo de intervenciones telefónicas), patrón que se repitió el 13 enero del 2020, cuando [Nombre 013], [Nombre 016] y [Nombre 007] se movilizaron desde Puerto Jiménez hacia el Pacífico Central (cfr. f. 58 fte. del legajo de intervenciones telefónicas). De los anteriores desplazamientos, plantea la juzgadora como tesis de trabajo, que: «los aquí encartados, de manera constante, con mayor frecuencia fines de semana y en altas horas de la noche y madrugada, suelen desplazarse desde Ciudad Neilly, hasta puntos de interés para el narcotráfico como Golfito y Puerto Jiménez, desde donde coordinan los desembarques de alijos de droga, para luego mostrar desplazamientos hasta el sector del Pacífico Central, Quepos, Uvita, Tárcoles, donde mantienen contacto con terceras personas quienes por la experticia en investigaciones de esta índole, son los que reciben los alijos de droga desde el sur del país, para trasladarla al Valle Central, donde generalmente la almacenan y coordinan posteriormente su envío fuera de nuestras fronteras» (f. 58 vto. del legajo de intervenciones telefónicas). A partir de los indicios antes esbozados, es posible concluir la persistencia y más aún, el reforzamiento de las sospechas de la Fiscalía, en cuanto a la existencia o continuidad de un grupo delictivo dedicado al tráfico de estupefacientes, liderado por [Nombre 001] y del cual formarían parte [Nombre 086], [Nombre 007], [Nombre 013] y [Nombre 016]. En cuanto a la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la restricción de derechos fundamentales, se observa asimismo que la decisión es ajustada a Derecho, al ponderarse las diversas precauciones que se tomaron para evitar ser sorprendidos en sus acciones, el carácter sumamente cerrado del grupo y la imposibilidad de los agentes judiciales de acercarse a los encartados sin levantar sospechas o poner en riesgo la investigación en ciernes. Finalmente, a pesar de no ser copioso el número de llamadas de interés, ello resulta consecuente con las previsiones tomadas por el grupo criminal para evitar ser descubiertos, e incluso concuerda con el conocimiento sobre la forma de operar de la policía en investigaciones, que les habrían compartido los co-endilgados [Nombre 013] y [Nombre 016]. Aunado a esto, las conversaciones de interés que han sido detalladas, aunque pocas en cantidad, aportan datos de suma importancia a nivel cualitativo, ya que permiten complementar y confirmar los desplazamientos detallados en los informes, y en el caso de la conversación de [Nombre 007], reseñada el día 5 de enero de 2020, brinda un indicio importante sobre el interés que tenía dicho imputado, de evadir retenes policiales durante las movilizaciones que se repuntan como típicas de trasiego ilegal de droga. No es cierto, como lo afirman los recurrentes, que se autorice la prórroga de la limitación de derechos fundamentales de los investigados, a pesar de la ausencia de llamadas o conversaciones de interés. Todo lo contrario, en la anterior sinopsis se han incluido algunos de los datos analizados por la juzgadora, que derivan de las interceptaciones los cuales, unidos a las vigilancias, seguimientos, análisis de radiobases y estudios registrales, entre otros, permiten validar la posición de los implicados como sospechosos de integrar un grupo organizado para el tráfico de drogas. Nuevamente, en este punto debe reiterarse que la práctica de copiar distintas secciones de la solicitud de ampliación de las intervenciones en el texto de la resolución, sin entrecomillar, puede resultar una técnica de redacción un tanto burda, pero no por ello tiene como consecuencia la falta de sustento intelectivo de la resolución judicial, ya que dichas transcripciones no demeritan la concurrencia de un ejercicio de motivación propio de la jueza [Nombre 043], según puede apreciarse entre folio 59 vuelto y 64 vuelto del legajo de intervenciones, donde a partir de la valoración de los datos indiciarios señalados por la Fiscalía, se realiza el examen de ponderación que exige la ley, entre el derecho a la intimidad de los investigados y la afectación a la salud que supone la actividad de tráfico ilícito de drogas. En dicho orden de ideas, la juzgadora advirtió —entre otras razones— que por el carácter tan cerrado que tenía el grupo, no se vislumbraban otras herramientas de investigación que, de forma efectiva, permitiesen determinar los datos de investigación que era necesario recabar (cfr. f. 61 fte. del legajo de intervenciones). B.3) Resolución del Juzgado Penal de Grecia, de las 10:24 horas del 28 de mayo de 2020 (fs. 85-105 de legajo de intervenciones): Mediante esta, la juzgadora dispuso prorrogar por tres meses las intervenciones existentes sobre los derechos telefónicos [Valor 031], [Valor 032], [Valor 017] y [Valor 033]. Asimismo, se ordenó, por primera vez, la intervención de las siguientes líneas telefónicas: [Valor 034] (cuyo abonado es [Nombre 086]) y [Valor 035] (donde figura como abonado [Nombre 001]). Estas últimas líneas corresponden a los nuevos números de teléfono que se detectaron policialmente en uso de [Nombre 086] y [Nombre 001], a la vez que se dispuso el cese de la interceptación del número [Valor 029], el cual se reputaba hasta entonces, como utilizado por [Nombre 001]. Se dispuso, asimismo, el cese de la intervención de los derechos asociados al IMEI 357306081663060 y a los números [Valor 036] y [Valor 037], todos los cuales se vinculaban en su uso a [Nombre 007]. Entre los indicios valorados por la juzgadora para la prórroga de las intervenciones existentes y la adición de los dos nuevos canales de comunicación, se encuentra la evidencia de patrones de traslado de las personas portadoras de los derechos telefónicos en cuestión, que fueron asociados en cuanto a su uso (ya sea a través de pruebas de tenencia o por vinculación derivada de las intervenciones telefónicas en curso), a [Nombre 001], [Nombre 007], [Nombre 013], [Nombre 016] e [Nombre 086]. Para establecer la necesidad y proporcionalidad de la limitación del derecho a la intimidad solicitado, la juzgadora valoró la conducción de rastreos telefónicos (recogidos en el que se complementaron con vigilancias y seguimientos de la policía judicial (todos debidamente documentados en el informe), así como los datos de interés que, en relación con los primeros, se logró extraer hasta el momento de las intervenciones telefónicas autorizadas. Al respecto, se indica en la resolución de marras: «tal como se desprende de los informes policiales citados anteriormente y consta en el expediente de marras, luego de varias labores vigilancias y seguimientos, que han sido informadas a este despacho en solicitudes anteriores y constan en dichos informes, ha quedado claramente evidenciada la participación activa que mantienen los aquí encartados dentro de la organización, actividad que al día de hoy no ha mermado, sin embargo, debido al conocimiento que mantienen varios miembros del grupo, como [Nombre 013] y [Nombre 016], los cuales al ser funcionarios judiciales activos en la zona sur del país, establecen las estrategias de investigación necesarias para evitar que ellos así como los restantes integrantes de la organización hasta el momento identificados, se vean inmersos en investigaciones, es por ello que se ha hecho necesaria la implementación de estrategias no convencionales, para evitar que la presente investigación sea expuesta, entre ellas, la interceptación de las comunicaciones, la cual ha sido ordenada este despacho Juzgado Penal de Grecia, para algunos de los derecho telefónicos de varios de los imputados, entre ellos [Nombre 001]([Valor 015] / [Valor 029]), [Nombre 007] ([Valor 021] / [Valor 030] / 357306081663060 / [Valor 037]), [Nombre 086] ([Valor 017]), [Nombre 013] ([Valor 032]), [Nombre 016] ([Valor 033]), dicha intervención vence el próximo 28 de mayo del 2020, propiamente para los derechos telefónicos que se resaltan en negrita. Importante destacar como indicio de suma importancia, es que la interceptación telefónica mantenida hasta el momento, ha arrojado información de mucha relevancia para la presente investigación, pues por medio de ella, se ha determinado el poderío económico que poseen varios integrantes del grupo, principalmente los lideres, [Nombre 001] y [Nombre 007], así como las ganancias económicas que también obtienen otros integrantes como [Nombre 086], [Nombre 013], [Nombre 016] y [Nombre 046], los cuales adquieren propiedades y vehículos de alta plusvalía con el afán de legitimar el ingreso económico ilícito.

De las escuchas realizadas hasta este momento con motivo de la intervención telefónica ordenada por esta Autoridad así como de las actuaciones de investigación realizadas por la Policía Judicial, se ha logrado obtener sin lugar a dudas suficiente información de interés para la investigación, el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones, ha informado sobre una serie de comunicaciones que se han generado en cada uno de los derechos telefónicos intervenidos, que han servido precisamente para junto a las labores de campo, identificar sitios usados por la organización para el ingreso de estupefacientes, resguardo de vehículos, lanchas y demás bienes, que les facilitan el tráfico de estupefacientes, así mismo se han logrado identificar nuevos derechos telefónicos usados por algunos de los investigados, como el caso de [Nombre 001] e [Nombre 086] […]» (fs. 91 fte. a 92 fte. del legajo de intervenciones). La motivación de la prórroga que realiza la juzgadora, tiene relación directa con las conversaciones captadas en el número intervenido de [Nombre 013], las cuales se detallan entre folios 191 frente y 196 del tomo I principal (informe 147-SECCRO-2020). Esta Cámara ha logrado constatar que en esas capturas el sindicado hace referencia a diversas negociaciones para la compra de bienes de alto valor, entre ellos, de una placa de taxi, así como gastos de mantenimiento de una finca de su propiedad (cfr. resolución bajo examen, f. 92 del legajo de intervenciones). Asimismo, a partir de las escuchas de las conversaciones telefónicas captadas a [Nombre 007], la juzgadora resalta su alto poder adquisitivo, evidenciado en sus bienes, en negociaciones para adquirir otros activos de muy alto valor, en la posesión de cuatro placas de taxi, en las relaciones mantenidas con un sujeto al que se alude como [Nombre 089]», a quien, por su orden, le remiten litros de whisky como regalía, así como en la construcción de una pista en una propiedad que [Nombre 007] posee en la localidad de Puerto Jiménez. Toda esta información es de absoluto interés e importancia en vista de los delitos investigados, y el contenido de las llamadas concuerda con los datos resaltados por la juzgadora, según se pudo constatar con miras en el recuento del contenido de las llamadas, inserto en el informe 147-SECCRO-2020 (ver folios 207 y 216 del tomo I principal). Contrario a lo que sostiene la defensa técnica, no es cierto que la jueza de garantías haya autorizado la continuidad de la interceptación de las líneas telefónicas en las que no se captan comunicaciones de interés, sino que a folio 95 del legajo de intervenciones, claramente se indica que, ante la inactividad de las líneas [Valor 038] y [Valor 037] (ambas vinculadas policialmente como utilizadas por [Nombre 007]), se ordena el cese de su intervención. En lo que respecta a [Nombre 086], es digno de resaltarse el pago de sumas de dinero considerables a choferes, lo que coincide con el giro de su negocio de transporte que, según la tesis de la fiscalía, estaría siendo utilizado para el trasiego de droga (cfr. fs. 93 vto del legajo de intervenciones y 215-221 del tomo I principal). A través de las comunicaciones captadas a [Nombre 016], se confirmó su uso del teléfono [Valor 033] y se acredita la solicitud de una cita de revisión técnica de un vehículo que se presume habría adquirido del hermano de [Nombre 013] (cfr. f. 221 fte y vto. del legajo I de investigación, así como 93 vto. y 94 fte. del legajo de intervenciones). Finalmente, en lo que respecta a [Nombre 001], se resalta que, de las conversaciones captadas, se obtuvo información de mucho interés de cara a los ilícitos bajo investigación, como por ejemplo, que el sindicado posee una vivienda en Golfito que colinda con el mar y posee muelle propio, puntualmente en el sitio conocido como «Kilómetro 5», donde posee o resguarda embarcaciones, así como otra propiedad en el sector de «La Cuesta», entre otras muchos inmuebles, resaltando, además, que en uno de los mismos posee una pista de aterrizaje de 800 metros de largo. Por otro lado, el sindicado señaló que tenía una relación de amistad con «el alcalde», la cual le resultaba beneficiosa. Aunado a lo anterior, las escuchas permitieron determinar que, acorde con las tácticas utilizadas por personas involucradas en negocios ilícitos, [Nombre 001] cambió su línea telefónica, ya que dejó de usar el número [Valor 029] y empezó a utilizar, en cambio, la línea [Valor 035] (cfr. f. 94 fte. y vto. del legajo de intervenciones). La lectura de los contenidos de las llamadas que se recogen en el informe 147-SECCRO-2020, entre folios 201 vuelto y 207 frente del tomo I principal, permiten corroborar las afirmaciones de la juzgadora, debiéndose hacer especial énfasis en las llamadas n.° 03617383, n.° 04848430 y n.° 02204193 (cfr. fs. 205 fte., 206 vto. y 207 fte. del tomo I principal, respectivamente). B.4) Resolución del Juzgado Penal de Grecia, de las 8:45 horas del 8 de julio de 2020 (fs. 114 fte. – 121 vto. del legajo de intervenciones telefónicas): A través de esta resolución, la jueza penal autorizó la intervención de comunicaciones entre presentes, en específico, a través de la instalación de un equipo de grabación de voz y sistema de geolocalización dentro el vehículo de uso institucional marca Isuzu MU-X, placa [Valor 039], asignado en forma exclusiva a la pareja de investigadores conformada por los endilgados [Nombre 013] y [Nombre 016]. Ponderó la juzgadora que dicha actividad probatoria se encuentra autorizada en el artículo 9 de la Ley N.° 7425, resaltando en este punto que, al tratarse de un vehículo de uso institucional, para la realización de labores propias del cargo de ambos oficiales, dicho espacio no constituye una extensión del domicilio, por lo que no concurre la hipótesis de excepción para autorizar la interceptación que se encuentra prevista en el ordinal 26 del cuerpo normativo antes citado, a la luz de la tesis avalada por la Sala Constitucional, entre otros, en el fallo n.° 12992 de las 8:40 horas del 19 de noviembre de 2004. En adición a lo expuesto, se explica en la resolución que, a la luz de los elementos indiciarios ponderados hasta el momento, existe un alto grado de probabilidad de que los coendilgados formen parte de una estructura criminal dedicada al trasiego de droga mediante «contaminación» de contenedores y que, al ser asesorada por los oficiales [Nombre 013] y [Nombre 016], personas conocedoras de diversas técnicas de investigación, la agrupación hace uso de mensajería por medio de internet y plataforma WhatsApp, evitando, en la medida de lo posible, el uso de llamadas convencionales para evadir el control de la policía, por lo que se requiere diversificar los instrumentos de investigación con herramientas como la

peticionada (cfr. f. 116 fte. y vto. del legajo de intervenciones). Se aprecia que, en el pronunciamiento de marras, se efectúa una síntesis y valoración adecuadas de

Expediente N.° 19-000004-0622-PE - Voto N°2025-0049 - Pág.: 1

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los elementos indiciarios recopilados hasta el momento, que vinculan a los encausados, de forma razonable, como posibles integrantes de un grupo criminal dedicado al comercio de sustancias ilícitas. Asimismo, ante los intereses en juego, se explica que el método de interceptación requerido por el órgano fiscal se muestra como adecuado, a la luz de la opacidad en la que opera dicha agrupación y en vista de que los seguimientos y vigilancias, así como los rastreos y captación de llamadas convencionales, habían evidenciado que [Nombre 016] y [Nombre 013] colaboran con los restantes imputados en la empresa ilícita en horas laborales y no laborales, haciendo uso del automotor oficial, con lo que era esperable (y así sucedió) que se obtendría valiosa información a la cual no podía accederse por otro medio, a través de la escucha de las conversaciones que mantienen [Nombre 013] y [Nombre 016] al interior del vehículo. Ahora bien, por haberse cuestionado expresamente, corresponde analizar en este punto el reparo consistente en la ilegalidad de la autorización para interceptar conversaciones entre presentes en el vehículo oficial, porque su motivación debía ser «reforzada» en comparación con las intervenciones telefónicas, y porque el automotor institucional era utilizado por otras personas distintas a [Nombre 013] y [Nombre 016]. Al autorizarse la interceptación de comunicaciones telefónicas o entre presentes, al tenor de lo previsto en el artículo o de la Ley N.° 7425 de 9 de agosto de 1994, la restricción al derecho a la intimidad se dicta en relación de una o más personas en particular, quienes, de acuerdo con los indicios existentes, tienen el carácter de sospechosos de la comisión de un delito. Sin embargo, la utilización de esta herramienta de investigación nunca sería posible si, además, debe conocerse de antemano la identidad de todos los interlocutores de las conversaciones o intercambio de información que se interceptará. Esto es lo que parece exigir el recurrente, al señalar que la captación de otras voces en el automóvil imposibilitaba que se autorizara la interceptación de las comunicaciones entre presentes. En relación con la procedencia de la intervención telefónica e interceptación de las comunicaciones entre presentes, señala el numeral 9 de la Ley N.° 7425 (en su redacción vigente al momento en que se dictan las resoluciones de interés): «Dentro de los procedimientos de una investigación policial o jurisdiccional, los tribunales de justicia podrán autorizar la intervención de comunicaciones orales, escritas o de otro tipo, incluso las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas y digitales, cuando involucre el esclarecimiento de los siguientes delitos: secuestro extorsivo, corrupción agravada, proxenetismo agravado, fabricación o producción de pornografía, tráfico de personas y tráfico de personas para comercializar sus órganos; homicidio calificado; genocidio, terrorismo y los delitos previstos en la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas, Nº 8204, del 26 de diciembre del 2001. En los mismos casos, dichos tribunales podrán autorizar la intervención de las comunicaciones entre los presentes, excepto lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 26 de la presente Ley; cuando se produzcan dentro de domicilios y recintos privados, la intervención solo podrá autorizarse si existen indicios suficientes de que se lleva a cabo una actividad delictiva». Dicha norma es la que establece requerimientos sustantivos para la procedencia de la herramienta de investigación de interés, en los supuestos de las autorizaciones cursadas antes de calificarse el asunto como delincuencia organizada, lo que no ocurrió en la especie, sino hasta el 27 de agosto de 2020 (fs. 139- 157 del legajo de intervenciones telefónicas). Para las autorizaciones que se dictan con posterioridad a agosto de 2020, rige lo establecido en el ordinal 15 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, en concordancia con la Ley N.° 7425 (aspecto que se retomará más adelante al abordar los reparos relativos a la vigencia de la Ley N.° 8754). Debido a que la interceptación de comunicaciones entre presentes no se efectuó en un domicilio o en un recinto privado, sino en un vehículo de uso institucional, los requerimientos para su procedencia eran idénticos a los que se imponen para las intervenciones telefónicas (al respecto, entre otros, el fallo del antiguo Tribunal de Casación Penal de Cartago, n.° 2010-105 de las 14:17 horas del 23 de marzo de 2010). De manera que no es la posibilidad de que terceras personas sean captadas a través de la herramienta de investigación lo que determina la procedencia o improcedencia de la medida, sino la verificación de los requisitos enumerados en el ordinal 9 de la Ley n.° 7425, sumado al examen de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad que debe efectuar el juez o jueza penal, de cara a la restricción del derecho a la intimidad que supone su aplicación. Tal y como se expuso ampliamente ya, esta cámara ha verificado que, tanto para las intervenciones telefónicas, como para la autorización de interceptación de comunicaciones entre presentes en el vehículo institucional, la motivación ha sido suficiente y se encuentra ajustada a Derecho. Ahora bien, con el fin de resguardar que la escucha de las comunicaciones autorizada no afecte a terceros ajenos al proceso, o a los mismos investigados en una proporción que exceda lo estrictamente necesario, es que cobra importancia la labor de control y selección que ejerce la persona jueza de garantías sobre las comunicaciones, con el fin de que se introduzcan a la sumaria únicamente las que resulten pertinentes, excluyéndose aquellas que puedan afectar derechos de terceros ajenos a la investigación o bien, las que mantienen los investigados, sobre aspectos que no tienen trascendencia alguna para las pesquisas. Esta labor de selección es consecuente con lo establecido en el artículo 16 de la Ley N.° 7425, en lo que interesa: «[…] El Juez ordenará y velará porque la intervención se realice de la manera menos gravosa para terceras personas no investigadas». No identifica el recurrente, ni aprecia este tribunal de alzada, la inclusión —dentro de las comunicaciones seleccionadas y transcritas— de alguna conversación en la que no participen los investigados. Si bien es cierto, se mencionan algunas conversaciones que parecen tener tinte más personal, como las que aluden a gastos o discusiones familiares, estos se incluyen en el marco del interés de evidenciar la existencia de un incremento patrimonial de los investigados, que no guardaba correspondencia con sus ingresos reportados o lícitos, producto de las ganancias obtenidas del narcotráfico. En virtud de lo anterior, los reclamos por falta de fundamento de las interceptaciones autorizadas y afectación ilegítima de terceras personas que no se encuentran bajo investigación, no tienen asidero alguno y por ello se rechazan. B.5 Resolución del Juzgado Penal de Grecia, de las 19:50 horas del 27 de agosto de 2020 (fs. 139- 157 del legajo de intervenciones telefónicas): Mediante esta, se calificó el asunto como delincuencia organizada. Ponderó en dicho momento la juzgadora, a la luz de lo establecido en el numeral 1° de la Ley N° 8754 de 22 de julio de 2009 (reformado tácitamente, como se verá, por lo establecido en los ordinales 1, 8 y 9 de la Ley N.° 9481) y 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, que en esta sumaria se cumplen todos los requisitos para calificar la causa como delincuencia organizada. La jueza de garantías se refirió, uno por uno, a los requisitos fijados en la normativa antes señalada para la existencia de delincuencia organizada, a saber:

Un grupo estructurado de tres o más personas: La jueza constató, a la luz de la prueba recabada, que existía sustento suficiente para afirmar como probable, que se estaba en presencia de, al menos, cinco imputados que conformaban la agrupación criminal en investigación. Dicha organización, según se razona a partir de la concatenación de los indicios recopilados hasta ese momento, estaría conformada por [Nombre 001], [Nombre 007], [Nombre 013], [Nombre 016] e [Nombre 086].

El «mantenimiento de la estructura delictiva en el tiempo». Al respecto, razonó la jueza [Nombre 043]: «Se debe de tomar en cuenta que según se indica en la narración de hechos que dicha estructura criminal se ha mantenido en el tiempo desde antes que iniciara la investigación, ya estaba funcionando con varios de estos miembros ya individualizados, los cuales ya incluso habían sido objeto de investigaciones en otros procesos penales por este mismo tipo de delitos graves, como es menester hacer ver los hechos aquí investigados inician con el desarrollo de la investigación a inicios de noviembre del 2018 sustentada en una noticia criminis donde se informa sobre la existencia de una estructura organizada de varias personas que se venían dedicando al trasiego de drogas tanto nacional como internacional, como otros indicios de importancia que a esta agrupación o por Io menos a varios de sus miembros que anterior a la consolidación de la misma ya les habían hecho decomisos de alijos de droga Io que con alto grado de probabilidad los vincula con la ejecución de este tipo de actividad ilícita» (f. 155 vto. del legajo de intervenciones).

La actuación concertada de los miembros del grupo ilícito: En cuanto a este aspecto, expuso la autoridad jurisdiccional: «mediante la actuaciones policiales realizada hasta el momento y que se coligen de los informes del Organismo de Investigación Judicial, se ha logrado determinar la participación activa de todos los miembros de la organización, y los roles desempeñados por cada uno, esto aunado a las vigilancias realizadas, seguimientos, rastreos y análisis telefónicos, así como la intervención telefónica, que han permitido con grado de probabilidad acreditar no solo que los hechos investigados suponen planificación de las maniobras delictivas, aunado a ello que todos los integrantes de la organización criminal investigada, actúan concertadamente y con pleno conocimiento, todo Io cual, permite determinar que efectivamente nos encontramos ante un grupo criminal debidamente estructurado, con división de funciones Claras, precisas y necesarias para ejecutar los hechos delictivos investigados» (fs. 155 vto. – 156 fte del legajo de intervenciones).

Finalmente, en cuanto al requisito de comisión de delitos graves por los miembros de la agrupación criminal, la juzgadora hizo ver lo siguiente: «en la especie según la tesis fiscal efectivamente se está en presencia de delitos graves, como Io es el delito de Infracción a la Ley sobre Sustancias Estupefacientes, Psicotrópicos y Drogas de Uso no Autorizado en su modalidad agravada TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y VENTAS DE DROGAS, TANTO DE MANERA LOCAL COMO INTERNACIONAL, según Io establecen los numerales 58 y 77 incisos f y g) de la Ley 8204, así como LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, de conformidad a Io establecido en el artículo 69 de la citada Ley, que permiten establecer en primera instancia un grado de probabilidad necesario en relación con la vinculación de las personas que se señalan como autoras de los hechos graves que se investigan» (f. 154 vto. del legajo de intervenciones). Dicha aseveración se acompaña de un examen de probabilidad a partir del acervo probatorio existente (cfr. fs. 155 fte. – 156 vto. del legajo de intervenciones). La ilación de hechos bajo investigación que, con probabilidad deriva la juzgadora de la investigación existente, le permitió así establecer que los hechos concuerdan con la definición de delincuencia organizada que contiene tanto la Convención de Palermo, como el artículo 1° de la Ley de Delincuencia Organizada. Si bien es cierto se menciona también en el fallo bajo análisis, el numeral 2 de la Ley de Delincuencia Organizada, respecto del cual se alega que no se encontraba vigente al momento de su dictado, dicha norma tiene efectos declarativos y no constitutivos, pues a la luz de las normas que contienen los requisitos para determinar que un asunto constituye crimen organizado, antes referidas (cuya vigencia no se discute), el juzgador debe reconocer si, a la luz de la prueba y demás circunstancias de interés, un asunto reviste o no esta calificación. Esta última, deriva de los aspectos antes enumerados (cantidad de integrantes, grupo estructurado, permanencia, comisión de uno o más delitos graves) y no del procedimiento seguido para su calificación o declaratoria. En todo caso, el tema de la vigencia en el tiempo del numeral 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, es un aspecto que se reserva para ser discutido, por separado, más adelante. En este punto, basta con indicar que la juzgadora cotejó uno a uno los requisitos que debe cumplir una causa para ser considerada como delincuencia organizada, verificación que realizó de forma suficiente y adecuada. B.6 Resolución del Juzgado Penal de Grecia, de las 9:15 horas del 28 de agosto de 2020 (fs. 171- 192 del legajo de intervenciones telefónicas): A través de este pronunciamiento, la jueza de garantías dispuso extender por 3 meses (del 28 de agosto al 28 de noviembre de 2025), la intervención ya existente sobre las líneas telefónicas número [Valor 021] (utilizado por [Nombre 007]); [Valor 032] (en uso de [Nombre 013]); [Valor 033] (utilizado por [Nombre 016]) y [Valor 035] (en uso y a nombre de [Nombre 001]). El análisis de comunicaciones que justifica la continuidad de la técnica de investigación respecto de las anteriores líneas, se encuentra detallada entre folios 177 frente y 180 frente del legajo de intervenciones. El razonamiento expuesto se muestra suficiente, a la vez que concuerda con el contenido de la prueba sometida a su conocimiento. Cabe destacar, a modo de ejemplo, que entre las conversaciones aludidas como sustento para mantener la medida, se menciona la constante coordinación de [Nombre 007], para cambiar colones por dólares, como medio para introducir ganancias en el sistema financiero nacional, en particular, la negociación para el cambio del equivalente a 20 000 dólares con un panameño en fecha 28 de mayo de 2005 (llamadas n.° 03368303 y n.° 05188184, visibles a f. 332 vto. del tomo I principal), así como la conversación entre [Nombre 007] y [Nombre 001] (este último haciendo uso del número que utiliza habitualmente [Nombre 010]), en que ambos expresan interés por recuperar la computadora de [Nombre 077], fallecido, quien se ocupaba de las finanzas o contabilidad de un proyecto que estaban trabajando en conjunto (cfr. f. 178 fte. y vto. del legajo de intervenciones y llamadas n.° 02216820 y n.° 02599725, f. 334 fte. y vto. del tomo I principal). Desde el número [Valor 033], [Nombre 016] comenta con [Nombre 013], que una familiar le dijo haber observado un sujeto, el cual viajaba en un Toyota Hilux negro, meterse debajo del vehículo de [Nombre 013], por lo que ambos expresan preocupación de que estén siendo vigiados (cfr. f. 179 vto del legajo de intervenciones y llamada secuencia n.° 04549110, f. 336 fte. del tomo I principal).  A través de las intervenciones realizadas a [Nombre 013], se manejó a nivel policial, la hipótesis de la posesión de una caja fuerte con cantidades importantes de dólares por parte de este, lo que los investigadores interpretan a partir de la llamada con la secuencia n.° 02836086 (f. 327 vto. del tomo I principal), a la vez que se le escucha conversar sobre diversas adquisiciones que no se ajustan a su salario como investigador judicial. De las llamadas sostenidas por [Nombre 001] a través del número [Valor 035], se extrae de importancia, entre otras, una conversación en el que este se ubica relacionándose con varios sujetos de altos rangos vinculados al narcotráfico en el país (secuencia 06080795, f. 329 vto. del tomo I principal) y se le escucha manipulando un teléfono con línea panameña, al cual se indica que se le puede colocar chip en el país (secuencia 0519305, ibídem). Además, es de gran importancia la llamada con la secuencia n.° 04798904, de 8 de agosto de 2020, de la que deriva que el sujeto conocido como «[Nombre 033]» colabora para que no haya control policial que interfiera con la actividad que lleva a cabo [Nombre 001] en la zona (cfr. f. 331 fte. y vto del tomo I principal).  Asimismo, se autorizó la prórroga (por 3 meses) de la grabación de las comunicaciones que se desarrollen «dentro o en las cercanías del vehículo marca Isuzu […] placa [Valor 039]» (f. 186 vto. del legajo de intervenciones). El listado de datos de interés para las pesquisas, que se logra extraer de las escuchas entre presentes en dicho automotor, lo sintetiza la juzgadora entre folios 183 vuelto y 184 vuelto del legajo de intervenciones, resaltando entre los datos consignados, la afirmación de que los policías han participado en distintos traslados de droga, siempre los días lunes; que en uno de dichos traslados participaron en conjunto con una vagoneta y un vehículo Toxota Hilux, e incluso se conversó sobre un incidente en el que uno de los vehículos que iba en custodia de la vagoneta fue detenido, sin que la droga fuese incautada. Todos estos datos los corrobora esta Cámara, a partir del análisis de la síntesis de las transcripciones que se consignan en el legajo de escuchas del vehículo oficial en cuestión, particularmente entre folios 11 y 15 de dicho legajo. Por otro lado, se autorizó el inicio de intervenciones (por el plazo de 3 meses) de los números [Valor 040], al evidenciarse a través de las líneas telefónicas interceptadas hasta el momento, que a pesar de que en este figuraba como abonada [Nombre 012], en realidad es utilizado por su hija de nombre [Nombre 094], quien es la esposa de [Nombre 001] y le facilita a este dicha línea con el fin de que coordine asuntos de interés para la estructura criminal (cfr. f. 176 fte y vto. del legajo de intervenciones). También se dispuso el inicio de la intervención de la línea [Valor 042], registrado a nombre de la Municipalidad de Corredores, pero que a través de la investigación se tuvo conocimiento que era utilizado por un sujeto que se identifica como «[Nombre 033]», aparente funcionario de la Municipalidad, para comunicarse con [Nombre 013] y [Nombre 001]. Finalmente, se ordenó el cese de las medidas ordenadas sobre las líneas [Valor 017] y [Valor 034], ambas a nombre de [Nombre 086], al estimar que no habían generado comunicaciones de interés para la investigación (cfr. fs. 186 vto. y 179 fte. del legajo de intervenciones telefónicas). La información que deriva de las llamadas antes señaladas, captadas en las líneas que se vinculan con cada uno de los investigados, fue cotejada en cuanto a su contenido por esta Cámara, con vista en los informes policiales. El fundamento probatorio y análisis de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de las prórrogas de intervenciones y autorización de nuevas líneas, se encuentra debidamente justificada y procedía conforme al estadio de la investigación en que se dictó. B.7 Resolución del Juzgado Penal de Grecia, de las 15:55 horas del 28 de octubre de 2020 (fs. 202- 217 del legajo de intervenciones telefónicas): Mediante este pronunciamiento, se autorizó por el plazo de 4 meses, la intervención de la línea telefónica [Valor 041], así como el IMEI 353912107559800, registrado el primero a nombre de [Nombre 012] (madre de [Nombre 094]), pero —según las pesquisas— en uso del también investigado [Nombre 020], quien —valga destacar— era cuñado de [Nombre 001]. Cabe aclarar que, aunque la redacción vigente en ese momento, del numeral 12 de la Ley N.° 7425, fijaba la posibilidad de prórrogas en 3 y no 4 meses, el fundamento de la prórroga fijada en este caso (4 meses), lo brinda el numeral 15 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, plenamente aplicable en este asunto en razón de que la causa había sido calificada ya como delincuencia organizada (ver fs. 156 vto. – 157 fte. de legajo de intervenciones). Entre las conversaciones de interés que sustentan la procedencia de la intervención, se encuentran las llamadas n.° 05344634 de 10 de setiembre de 2020, n.° 03216938 de 14 de setiembre de 2020,  n.° 03363197 de 15 de setiembre de 2020 y n.° 02621495 de 16 de setiembre de 2020, de las cuales deriva que [Nombre 010], en conjunto con su hermano [Nombre 020], custodiaban y contabilizaban cuantiosas sumas de dinero que se agrupaban en rollos. El contenido de dichas comunicaciones se corroboró con vista en la II ampliación del informe 002SECCRO/IP-2020 (f. 431 fte.- 453 vto. del tomo I principal), específicamente a folios 436 frente y vuelto y 437 frente, del tomo I principal de la sumaria. A partir de los seguimientos y vigilancias que denotan la participación de [Nombre 020] en una de las «caravanas» de vehículos que se vinculan con traslados de droga — puntualmente, la realizada el 18 de agosto de 2020— se sostiene, de forma fundada y razonable, que [Nombre 020] conocía y participaba del negocio ilícito de trasiego de drogas y que participaba, junto con [Nombre 010], de la contabilidad y resguardo de las ganancias obtenidas de dicho negocio, previo a su inserción en el sistema bancario o economía formal (cfr. fs. 208 vto. a 209 vto. del legajo de intervenciones telefónicas). B.8 Resolución del Juzgado Penal de Grecia, de las 9:15 horas del 28 de noviembre de 2020 (fs. 230- 244 del legajo de intervenciones telefónicas): Por el plazo de 3 meses adicionales —del 28 de noviembre de 2020 al 28 de febrero de 2021— se dispuso la prórroga de los siguientes derechos telefónicos:

[Valor 032] (utilizado por [Nombre 013]);

[Valor 021] (usado por [Nombre 007]);

[Valor 033] (a nombre de [Nombre 085] y usado por [Nombre 016]);

[Valor 035] (en uso de [Nombre 001]);

[Valor 040] (a nombre de [Nombre 097], pero usado por [Nombre 010]) y

[Valor 042] (a nombre de la Municipalidad de Corredores, pero utilizado por [Nombre 033]). Adicionalmente, se prorrogó por 3 meses la intervención de comunicaciones entre presentes autorizada dentro y en las cercanías del vehículo de uso institucional, placa [Valor 039]. Al ponderar la procedencia de las prórrogas, la jueza [Nombre 043] resaltó que no debe perderse de vista que las anteriores intervenciones, en conjunto con los rastreos, vigilancias y otras técnicas de investigación, permitieron establecer el modo de operar de las personas que conformaban el grupo criminal, a la vez que se logró identificar nuevos posibles colaboradores, entre ellos: [Nombre 020], [Nombre 099], [Nombre 027], [Nombre 024], [Nombre 004], [Nombre 031] y [Nombre 042], amén de posibilitar su detención —el 28 de octubre de 2020— y el decomiso de una tonelada de droga, que se trasladó en una vagoneta, escoltada por diversos vehículos que se habían identificado como de interés durante la investigación (cfr. 235 vto. del legajo de intervenciones telefónicas). En el caso de [Nombre 013], la juzgadora razona que, si bien por su experiencia, estos imputados evitan la comunicación a través de llamadas telefónicas convencionales (cfr. f. 240 fte. del legajo de intervenciones), de manera que los insumos más importantes para la investigación provienen de la intervención entre presentes obtenida a través de las conversaciones que se suscitan en el vehículo oficial (f. 239 vto. del legajo de intervenciones), diversos consecutivos de llamadas —entre ellos, el n.° 03111749— permiten reafirmar el esquema de compra de bienes muebles e inmuebles utilizado como método para legalizar las ganancias obtenidas del comercio ilícito de droga (ver, al respecto, fs. 236 fte. del legajo de intervenciones y f. 494 vto. del tomo I principal, en el cual puede constatarse el contenido de la llamada antes referida).  En el caso de [Nombre 016], se pone en evidencia que vendió su vehículo Rav4 por debajo del precio de mercado, luego de utilizar dicho automotor para escoltar droga en el mes de agosto (consecutivos 05834925 y 05518708, ver f. 236 del legajo de intervenciones y f. 495 vto. del legajo de escuchas del vehículo placa [Valor 043]). En el caso de [Nombre 007], puede mencionarse entre las llamadas de interés a las que hace mención la juzgadora, la identificada con el número de consecutivo n.° 05101010, de 3 de octubre de 2020, en la que se autodenomina como integrante de los «narco chibolos» (cfr. f. 236 vto. del legajo de intervenciones y 493 vto. del legajo de escuchas del vehículo [Valor 043]). La jueza [Nombre 043] comenta, entre otras, la llamada telefónica entre [Nombre 001] y [Nombre 010], captada a las 10:25 horas del 28 de octubre de 2020, momentos en los que se acaba de realizar la detención de varios de los integrantes del grupo organizado que lidera el primero (consecutivos n.° 06025965 y n.° 05833856, según esta Cámara ha constatado a fs. 487 fte. y 491 vto. del tomo I principal), en la que [Nombre 010] le comenta a [Nombre 001] sobre el decomiso de droga en Jacó, que ocurrió precisamente el día de la comunicación (cfr. f. 237 fte. del legajo de intervención). Finalmente, en lo que toca a [Nombre 033], la continuidad de la intervención sobre el número telefónico [Valor 044], se sustenta en la información que permitió extraerse de varias llamadas interceptadas, entre ellas, el consecutivo n.° 0317582 (cfr. f. 496 fte. del tomo I principal y 237 vto.), en la que el primero conversa con [Nombre 001] sobre reuniones con banqueros y empresarios para conversar sobre temas de negocios, lo que, en el contexto de la investigación, concuerda con la colaboración al grupo criminal que se estima estaría prestando [Nombre 033], como contacto en la Municipalidad de Corredores, para colaborar en la legitimación de capitales (ibid). En cuanto a la intervención dentro del vehículo placa [Valor 043], resalta la jueza de garantías que la tarjeta removida a las 16:08 horas del 2 de noviembre de 2020, permite establecer el conocimiento y preocupación de ambos investigadores por el decomiso de droga ocurrido el 28 de octubre anterior, a la vez que expresaron su alivio por no haber participado en la escolta de la vagoneta en dicha ocasión (cfr. f. 238 fte. y vto. del legajo de intervenciones). Dicha inferencia, en efecto, se logra comprobar con vista en el acta de transcripción n.° 026-20 de las 8:15 horas del 5 de noviembre de 2020 (ver fs. 36-60 del legajo de escuchas del vehículo Isuzu [Valor 043]). Las constataciones a las que arribó la jueza de garantías encuentran asidero en la III ampliación del informe n.° 002-SECCRO/IP-2020 (fs. 469 fte. -  499 vto. del tomo I principal). De conformidad con lo expuesto, efectivamente se justificaba la continuidad de las intervenciones que se mostraban fructíferas, más aún porque, como lo medita la juzgadora, mantener interceptadas las líneas telefónicas que se han indicado, así como la intervención entre presentes en el vehículo oficial, con posterioridad al decomiso de droga y detenciones realizadas, se mostraba como una medida útil y necesaria para conocer los sitios donde se encontraban los alijos de droga, el dinero y otros activos de la organización, como armas (cfr. fs. 239 vto.

– 240 fte. del legajo de intervenciones). B.9 Resolución del Juzgado Penal de Grecia, de las 15:30 horas del 25 de diciembre de 2020 (fs. 254- 267 del legajo de intervenciones telefónicas): A través de este pronunciamiento, se dispuso la intervención —por el plazo de 3 meses— de los siguientes derechos telefónicos: [Valor 045] (en uso de [Nombre 042]); [Valor 046] (el cual sería utilizado por [Nombre 004]); [Valor 047] (cuyo uso se vincula a [Nombre 027]); [Valor 048] (que se relaciona con [Nombre 024]) y [Valor 049] (que se determinó en diversas llamadas que era la nueva línea en uso de [Nombre 010], en lugar del [Valor 040]). Explica la juzgadora, que, a través de la actividad probatoria previa (escuchas telefónicas, vigilancias, seguimientos, intervención entre presentes y otras técnicas de investigación), en fecha 28 de octubre de 2020, se logró dar seguimiento a un «convoy» o caravana que trasladaba droga en una vagoneta con compartimiento secreto, de Puerto Jiménez con dirección hacia el Pacífico central del país. Como producto de dicha diligencia, en la que se decomisó una tonelada de cocaína, se detuvo a los tripulantes del vehículo que servía de «punta», ejerciendo labor de inteligencia, así como el automotor que viajaba detrás de la vagoneta con alijos de droga que, según la tesis fiscal, ejercía la función de proteger dicho cargamento (f. 259 fte. del legajo de intervenciones). En el vehículo «punta» y en el que circulaba detrás de la vagoneta, viajaban [Nombre 042], [Nombre 004], [Nombre 027] y [Nombre 024], quienes fueron detenidos ese mismo día, decomisándose los teléfonos celulares que se hallaban en los vehículos donde viajaban. A pesar de dicho decomiso, sobre la relevancia de la técnica de investigación, señaló la juzgadora: «como otro de los indicios de interés y que se desprende de las diligencias de investigación plasmadas en los para el momento de la indagatoria, los encartados que quedaron en libertad con monitoreo, aportaron como medios para ser ubicados, números telefónicos que utilizaron durante el traslado de la droga y que a pesar de que fueron decomisados los celulares, posterior a la fecha de detención (28/10/2020) volvieron a activar las tarjetas SIM o chip celular, con la finalidad de evitar perder contacto con los demás miembros del grupo criminal, motivo por el cual se logró corroborar con las compañías telefónicas el uso actual que varios de los imputados están haciendo de los números telefónicos, entre ellos [Nombre 042] ([Valor 045]), [Nombre 004] ([Valor 046]), [Nombre 027] ([Valor 047]) y [Nombre 024] ([Valor 048]), no así en el caso de [Nombre 031], pues desde el 22/11/2020 el número que el mismo aportó en la indagatoria ([Valor 050]), no se encuentra activo» (f. 260 fte. del legajo de intervenciones). Observa este tribunal que la pertenencia a la organización de dichos endilgados, sustentada en su detención ejerciendo funciones de vigilancia y seguridad de la vagoneta que transportaba la droga, siguiendo el mismo patrón de ruta y modo de proceder evidenciado en seguimientos anteriores, permitía justificar en forma absolutamente adecuada la interceptación de las llamadas de los números de teléfono antes señalados. Razonó además  la juzgadora que, con posterioridad al decomiso de droga de fecha 28 de octubre de 2020, [Nombre 010] —quien utilizaba la línea  telefónica [Valor 040]—  se refirió con otras personas ([Nombre 020], [Nombre 001] y una mujer identificada como «[Nombre 101]»), sobre el cambio de número telefónico que estaba realizando, luego del operativo policial que culminó en las detenciones, indicando como razón para tomar dicha medida, que «no se sabe que (sic) esta (sic) hablando [Nombre 010]» (llamada con consecutivo n.° 2625210 de 3 de diciembre de 2020, ver. fs. 260 vto. del legajo de intervenciones y sinopsis de dicha llamada a f. 561 vto. del tomo III principal. Asimismo, consecutivos n.° 4034996 y n.° 5113337, visibles en los mismos folios). A partir de lo expuesto, puede afirmarse que cualquier persona juzgadora hubiese arribado a la misma conclusión que la jueza [Nombre 043], en lo que respecta a la procedencia de la intervención telefónica solicitada por el órgano fiscal, por lo que no se observa ningún exceso en las decisiones adoptadas por la juzgadora. B.10 Resolución del Juzgado Penal de Grecia, de las 10:10 horas del 28 de febrero de 2021 (fs. 289-301 del legajo de intervenciones telefónicas): Mediante este fallo, se dispuso autorizar por 2 meses (del 28 de febrero al 28 de abril de 2021), la continuidad de las intervenciones ordenadas sobre las siguientes líneas telefónicas:

[Valor 032] (utilizado por [Nombre 013]);

[Valor 021] (en uso de [Nombre 007]);

[Valor 033] (a nombre de [Nombre 085] y usado por [Nombre 016]);

[Valor 035] (utilizado por [Nombre 001]);

[Valor 042] (a nombre de la Municipalidad de Corredores, pero utilizado por [Nombre 033]) y

[Valor 041] / IMEI 353912107559800 usado por [Nombre 020]). En adición a lo anterior, se prorrogó por 2 meses la intervención de comunicaciones entre presentes autorizada dentro y en el área cercana al vehículo de uso institucional, placa [Valor 043]. Finalmente, se dispuso el cese de la interceptación del número [Valor 040] (a nombre de [Nombre 097], el cual fue utilizado en su momento por [Nombre 010]). Hace ver la juzgadora que, producto de la actividad probatoria recabada hasta el momento, de la cual formaban parte las intervenciones telefónicas e interceptación de comunicaciones entre presentes, se logró «el encautamiento (sic) de mil paquetes de un kilogramo cada uno aproximadamente, conteniendo clorhidrato de cocaína, decomiso realizado el pasado 28 de octubre del 2020, en la zona de Garabito y donde se pudo constatar la relación directa que mantenía el grupo criminal con dichos narcóticos, Io cual generó una serie de llamadas entre la imputada [Nombre 010], con su hermano [Nombre 020] ([Valor 041]), así como el líder de la organización [Nombre 001], logrando verificar el uso que cada uno de ellos hace de sus derechos telefónicos, así mismo, se logró acreditar que la droga pertenecía al grupo criminal, donde el líder es [Nombre 001], a quien precisamente [Nombre 010] llama para informarle del citado decomiso, y luego conversa con [Nombre 020] al número intervenido, para solicitarle que se presente a su vivienda a deshacerse de dinero, armas, agendas, celulares y otros bienes que la comprometían en caso de un eventual allanamiento» (f. 294 fte. y vto. del legajo de intervenciones), entre otros aspectos, extraer la existencia de un conflicto entre [Nombre 001], [Nombre 010] y los hermanos de esta con posterioridad al decomiso de droga, al punto que el primero teme que los hermanos de [Nombre 010] atenten contra él (cfr. f. 294 vto. del legajo de intervenciones telefónicas). El contenido de esta comunicación se verifica con vista en la sinopsis de la llamada con el consecutivo n.° 05343546 de fecha 28 de diciembre de 2020, correspondiente al número intervenido de [Nombre 001] (f. 798 fte. y vto. del tomo II principal).  Además, se expone que la continuidad en la intervención ordenada sobre las líneas telefónicas de [Nombre 001], [Nombre 007], [Nombre 013] y [Nombre 016], resultan de interés para la investigación en cuanto ha permitido establecer la compra de bienes muebles e inmuebles de alto valor que no concuerdan con sus ingresos obtenidos por medios lícitos (cfr. fs. 294 fte. – 296 fte. del legajo de intervenciones). La existencia y el contenido de dichas llamadas, a su vez, fueron verificadas por esta Cámara con vista en el informe n.° 0001-SECCRO7/CI-2021 (fs. 581-846 del tomo II principal) y su ampliación, de folios visible entre folios 982 y 999 del tomo II principal, que dan cuenta de conversaciones que atañen a compra de ganado, vehículos, viviendas y hasta bienes suntuosos como un pavo real (cfr. fs. 985-998 del tomo II principal). Además, la intervención sobre el número [Valor 041] utilizado por [Nombre 020], que se autorizó mediante resolución de las 15:55 hora del 28 de octubre de 2020, también dio resultado positivo, en el tanto la llamada que se identifica con el consecutivo n.° 04320605 de fecha 4 de diciembre de 2020, da cuenta de la búsqueda de [Nombre 020] para cambiar una cantidad importante de dólares a colones (cfr. f. 801 del tomo II principal), lo que guarda relación con la comunicación captada anteriormente (consecutivo n.° 02228027 de 28 de octubre de 2020, visible a f. 717 vto. del tomo II principal), en la que [Nombre 010] le solicita a su hermano que recoja dinero y otros activos que ella mantiene en su casa, apenas se entera del operativo policial que dio con la detención de varios miembros del grupo (cfr. con f. 294 fte. y vto. del legajo de intervenciones). Finalmente, en cuanto a [Nombre 033], la juzgadora explica que, desde su posición como presidente del concejo municipal de Corredores, ha facilitado reuniones con empresarios y en general ha colaborado desde su puesto para la marcha de los proyectos del grupo criminal en la zona (cfr. f. 296 fte. del legajo de intervenciones telefónicas). Esta inferencia encuentra asidero –—entre otras— en las llamadas con la secuencia n.° 02855375 de fecha 31 de octubre de 2020 (f. 722 vto. del tomo II principal). Además, resalta la jueza de garantías que, aun cuando por la experiencia policial de [Nombre 013] y [Nombre 016], era evidente a esas alturas de la investigación que estos evitaban conversaciones explicitas a través de llamadas convencionales, la intervención de las comunicaciones permitió que se alertara su ubicación en tiempo y espacio de forma más inmediata, en conjunto con la de los restantes sindicados (ya que efectivamente es un dato que tiene a su vista el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones cuando realiza las interceptaciones en tiempo real), aspecto que resulta de suma importancia en esta investigación (cfr. f. 295 vto. del legajo de intervenciones) y que también se liga con el riesgo de que los sindicados buscaran fugarse del país, en razón de la prueba existente en su contra y que les era conocida (ver f. 297 fte. del legajo de intervenciones). En cuanto al fundamento de la interceptación de comunicaciones entre presentes, en el vehículo institucional placa [Valor 043], razonó la jueza: «de la tarjeta denominada 26-Mux, removida al ser las 16 horas con 08 minutos del 02 de noviembre de 2020, se logró apreciar como [Nombre 013] y [Nombre 016], se trasladan hasta el sector de playa Zancudo, abordan a [Nombre 007] al vehículo oficial y se ponen de acuerdo con este para realizar acciones que les ayuden a evitar ser vinculados con los otros miembros del grupo criminal que fueron detenidos con el cargamento de droga, el 28 de octubre del 2020, así como otros aspectos logísticos que les permitan seguir operando y obteniendo beneficios con los restantes miembros de la organización» (f. 296 fte. y vto. del legajo de intervenciones. La negrita corresponde al original). Tanto dicha conversación como muchas otras de interés, pueden cotejarse a partir de la lectura del acta de transcripción confeccionada a las 8:15 horas del 5 de noviembre de 2020, la cual rola entre folios 36 y 60 del legajo de escuchas del vehículo Isuzu [Valor 043], específicamente entre folios 43 vuelto y 53 vuelto de dicho legajo. B.11 Resolución emitida por el Juzgado Penal de Grecia, a las 16:51 horas del 14 de abril de 2021. Pese a que la interceptación de comunicaciones entre presentes, en el vehículo placa [Valor 043], como la intervención de las siguientes líneas telefónicas:

[Valor 032] (utilizado por [Nombre 013]);

[Valor 021] (en uso de [Nombre 007]);

[Valor 033] (a nombre de [Nombre 085] y usado por [Nombre 016]);

[Valor 035] (utilizado por [Nombre 001]);

[Valor 042]  (a nombre de la Municipalidad de Corredores, pero utilizado por [Nombre 033]) y

[Valor 041] / IMEI 353912107559800 usado por [Nombre 020]); se encontraban autorizadas hasta el 28 de abril de 2021, la jueza de garantías dispuso cesar dichas capturas en su totalidad, al valorar que estos ya no eran útiles para la investigación. B.12 Resolución del Juzgado Penal de Grecia, de las 17:05 horas del 26 de marzo de 2021 (fs. 1106-1185 del tomo III principal): A través de esta decisión, se autorizó el allanamiento de 25 objetivos distintos (viviendas, lugares de trabajo y fincas), así como el secuestro de todo objeto de interés para las pesquisas que se encontrara en dichas estructuras, relacionadas con el tráfico de drogas, como  dinero y bienes muebles (incluyendo semovientes, automotores y vehículos de trabajo) que se presumieran adquiridos como producto de la actividad ilícita investigada. Aunado a ello, de forma expresa la juzgadora ordenó el «secuestro o decomiso de todos los dispositivos electrónicos de almacenamiento, como dispositivos USB, discos duros, computadoras, en las cuales se puedan almacenar fotografías o estados de cuenta relacionados con las ventas de estupefacientes y legitimación de capitales, así como los teléfonos con los números telefónicos (tarjetas SIM) y imeis que han sido vinculados con cada imputado, y aquellos que puedan mantener en su poder, dado que constantemente como Io demostró la investigación cambian de dispositivos electrónicos, incluso existe la posibilidad de que cualquiera de los miembros de la organización mantenga en su poder y se puedan ubicar teléfonos celulares satelitales, de ahí la necesidad de ubicar cualquier elemento de prueba» (f. 173 vto. del tomo III principal). La juzgadora sopesó los datos obtenidos de las intervenciones telefónicas e interceptación de comunicaciones entre presentes, en conjunto con la información obtenida a través de las vigilancias, seguimientos y otros datos relacionados con antecedentes penales, investigaciones previas, e ingresos reportados de los coimputados. La tesis policial, en cuanto al patrón de ruta entre la zona Sur y el Pacífico Central, así como el comportamiento de los implicados, que se observó durante los traslados en vehículo que fueron documentados, logró confirmarse el día 28 de octubre de 2020, con el decomiso de una tonelada de droga en una vagoneta, la cual era precedida por un vehículo «punta» y mantenía otro automotor custodiando su retaguardia. En cuanto a las vigilancias y los patrones de comportamiento evidenciados en estas, la jueza pondera las observaciones realizadas por la policía judicial, entre el 6 de febrero de 2019 y el  20 de enero de 2021, destacando la actividad observada los días 8 de junio y 18 de agosto de 2020, la cual concuerda en sus características, con las acciones observadas el día en que se efectuó el decomiso de la droga (patrón de la caravana o «convoy», vehículos y personas intervinientes, acciones de vigilancia y resguardo, ruta seguida, horario de madrugada elegido para el traslado). Las conversaciones explícitas de los coimputados [Nombre 013] y [Nombre 016], que pudieron ser interceptadas dentro del vehículo oficial placas [Valor 043], asignado a ellos para el ejercicio de sus funciones, permitieron confirmar que colaboran con el grupo criminal liderado por [Nombre 001], en el cual también [Nombre 007] ostentaba una figura central. El análisis de la prueba, en cuanto a la intervención y tareas cumplidas por el resto de los investigados en dicho grupo criminal, se muestra ajustada a Derecho. Resalta la juzgadora, sobre la necesidad de realizar el allanamiento de las viviendas y lugar de trabajo de los incriminados, que durante la interceptación de las comunicaciones del día 28 de octubre de 2020, evidenciaron que [Nombre 013] y [Nombre 016] alertaron a los líderes del grupo sobre los movimientos que observaron en la delegación del Organismo de Investigación Judicial donde laboraban, para realizar allanamientos. En cuanto al juicio de probabilidad de comisión de los ilícitos por parte de los coencartados, expuso la jueza de garantías que, de los indicios señalados por el órgano fiscal, era posible determinar que los investigados «son con probabilidad partícipes de los hechos investigados en la presente causa, siendo que como fundamento primordial se deriva de los documentos que constan en autos, así como las citadas conversaciones en los informes policiales las cuales fueron analizadas por los policías e interpretadas a la luz de otros datos de orden operativo policial para llegar a la conclusión que queda demostrada la participación de los aquí investigados en los hechos que nos ocupan, así como se ha logrado determinar que son una estructura criminal, dedicada a importar de países del sur del continente alijos de droga, propiamente en sectores como Golfito, Puerto Jiménez y Zancudo, donde la estructura criminal posee propiedades usadas almacenar, preparar, distribuir, transportar las drogas hacia el Pacífico Central del país, sitio donde en un lugar hasta el momento no identificada, los almacenan para posteriormente coordinar su venta. De manera que, el instrumento de la intervención de las comunicaciones sobresale como indicio medular en el presente caso. Y es que, en el presente caso, la probabilidad requerida para el dictado de la presente orden de allanamiento encuentra su sustento en aquellos acontecimientos. Cabe agregar que la suscrita juzgadora estima que la totalidad de eventos narrados por el Ministerio Publico tiene respaldo probatorio, que los diversos informes policiales a Io largo de toda la investigación son contundentes y claros en refrendar la tesis del fiscal a cargo del caso, que las comunicaciones captadas relacionan determinantemente a los imputados para con la comisión de acciones y que existen vínculos probables entra la ejecución de acciones y la posibilidad de que en los lugares cuyo allanamiento se gestiona existan evidencias relacionadas con el caso que se investiga» (f. 1168 fte. y vto. del tomo III principal).  En cuanto a la necesidad de la herramienta procesal indicada, explica la juzgadora que: «nos encontramos ante una estructura criminal bien organizada dedicada al tráfico nacional, con funciones específicas para cada miembro, tal y como se ha tenido establecido con las probanzas obtenidas de la investigación se ha podido acreditar la participación de cada uno de ellos, es por ello que solo mediante la diligencia solicitada viene hacer la única forma de agotar la posibilidad de recepción de más elementos probatorios importantes y por supuesto la detención de todos los investigados, en aras del descubrimiento real de los hechos que nos ocupa» (f. 1168 vto. del tomo III principal). De lo expuesto, se extrae también la proporcionalidad de la orden, en el tanto la afectación al derecho a la intimidad de los poseedores o propietarios de los inmuebles guardaba absoluta correspondencia con las actividades delictivas que se investigaban (tráfico de drogas y legitimación de capitales), a través de una estructura organizada que, según los indicios, incluía entre sus miembros a integrantes de las fuerzas policiales y un funcionario municipal. Cabe agregar que, precisamente por la eventual participación en el grupo de los oficiales de investigación [Nombre 013] y [Nombre 027], entre otros contactos con que cuentan en la zona, la juzgadora valoró que la realización de la diligencia a partir de las 6:00 horas podía comprometer la efectividad de esta, ya que el movimiento que acompañaría la preparación para los distintos puntos de allanamiento, pondría sobre aviso a la organización criminal y por tal razón (cfr. f. 1178 vto. y 1179 fte. del tomo III principal), se autorizó en forma fundada el inicio de las diligencias a las 4:00 horas. Bajo el panorama expuesto, concluye este tribunal que los allanamientos autorizados obedecieron a los parámetros de oportunidad y legalidad que corresponde analizar a toda persona juzgadora, de cara al acervo probatorio y razones que acompañaron la solicitud fiscal.  B.13 Resolución del Juzgado Penal de Grecia, de las 13:20 horas del 20 de abril de 2021 (fs. 1644 fte. – 1691 vto. del tomo III principal). Teniendo como norte lo establecido en los numerales 69 y 86 de la Ley N.° 8204, la jueza [Nombre 043] autorizó la inmovilización de los activos financieros (cuentas corrientes, de ahorro inversiones en valores o bursátiles, fideicomisos, certificados de depósito y todo tipo de inversión o depósito bancario), relacionadas con los imputados, a través de los estudios registrales preliminares que se detallan en forma pormenorizada en la solicitud fiscal. Además, se ordenó el secuestro y levantamiento del secreto de información privada, bancaria y tributaria de estas mismas personas físicas y jurídicas (cfr. fs. 1687 fte. a 1689 fte.). La justificación de las acciones autorizadas, se encuentra ajustada a Derecho, en el marco de la necesidad de que se lleve a cabo el estudio socioeconómico requerido por el Ministerio Público, con miras a dilucidar, mediante las pericias correspondientes, la naturaleza —lícita o no— de los activos con que cuentan los coimputados. En consecuencia de lo expuesto, se excluye también que el actuar de la jueza de garantías se explique en maledicencia o intención de perjudicar al imputado [Nombre 016], y por el contrario, se ha constatado que sus decisiones se sustentaron en razones objetivas y verificables derivadas de los autos, tal y como lo razonó el a quo.  C) Actividad procesal defectuosa y principio de trascendencia. A partir del análisis de las anteriores resoluciones, dictadas por [Nombre 043], en la etapa de investigación de esta sumaria, es posible determinar que su participación como jueza de garantías no tiene las consecuencias que le endilgan los impugnantes, pues a pesar de los cuestionamientos que se le realizaron, lo cierto es que —se reitera— su intervención en el proceso, en el dictado de distintas resoluciones que permitieron la producción de prueba, se apegaron a Derecho y se emitieron en circunstancias que, no sólo están sometidas a escrutinio en alzada, sino que además, válida y objetivamente, habrían dado lugar a que cualquier otro juez de garantías en su lugar, llegara a las mismas conclusiones sobre su procedencia.  Uno de los puntos de reclamo de la defensa técnica (reiterado durante la vista), ha sido la falta de resolución de los reparos planteados en juicio, por quebranto del principio de imparcialidad, a causa de la intervención de la jueza [Nombre 043], al haberse confundido dicho reparo, con el tema de la motivación de los distintos fallos emitidos por ella. No obstante, esta Cámara determina que existe una vinculación innegable entre ambos tópicos. El punto de encuentro consiste, precisamente, en el principio de trascendencia, según el cual, cualquier vicio (incluso si es de carácter absoluto), requiere la constatación de un agravio, para ocasionar la ineficacia de lo resuelto. A partir del 1° de enero de 1998, cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal que nos rige, ocurrió una modificación esencial en el sistema de nulidades hasta entonces imperante, en el cual el incumplimiento de una forma procesal suponía la ineficacia del acto. El actual código de rito instauró, como eje fundamental de todo análisis relativo a la actividad procesal defectuosa, el principio «pas de nulité sans grief», es decir, ningún incumplimiento formal, ni siquiera si se trata de un defecto de carácter absoluto, produce la ineficacia de lo actuado, si no se comprueba que, con el vicio en particular, se haya causado un gravamen o perjuicio. De manera que, al dejar atrás el Código de Procedimientos Penales de 1973, para dar paso a la actual regulación, se abandonó el paradigma normativista (el quebranto de una forma implicaba la nulidad de lo actuado) para adoptar una concepción funcional de las nulidades (no hay nulidad sin perjuicio). Consecuentemente con dicha transformación, nulidad y agravio, sin excepción, van de la mano. La postura antes esbozada, la asumió la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en un precedente que, pese a su extensión, vale la pena mencionar por el desarrollo que realiza sobre la correcta forma de abordar y comprender la regulación de la actividad procesal defectuosa que contiene nuestro Código Procesal Penal: «Nuestro sistema procesal, cuenta con un sistema de garantías penales – sustantivas y procesales- consagradas en la Constitución Política, que también se encuentra formulado como enunciados informadores en el Código Procesal Penal, y en el caso de la constitución de los tribunales, vinculados directamente con el derecho de defensa y debido proceso. Asimismo, las regulaciones contenidas en la ley procesal penal que están relacionadas con el cumplimiento, entre otros, del sistema de garantías, dispuestas en una serie de "formas procesales regladas para el desarrollo del proceso, en este caso, de la deliberación y decisión en sede de casación". Es decir, la Sala refiere a estos principios como garantía y como "reglas ya codificadas que regulan el cumplimiento de los enunciados del juez imparcial". A partir de ello, se identifica la existencia de una relación de medio a fin en el sistema jurídico, dentro del cual, el Derecho Procesal Penal cumple una doble función: material y formal. En la primera, se le atribuye al Derecho Procesal Penal una posición de auxiliar del Derecho Penal, es decir utilizada como única vía legítima para la realización penal y, en su función formal, como instrumentalización de los actos para la aplicación del derecho sustantivo.

En este orden de ideas, lograr diferenciar entre el sistema de garantías y derechos –penales y procesales- y las formas procesales resulta de vital importancia para considerar las consecuencias que una eventual infracción acarrearía de acuerdo al régimen procesal sancionatorio -vigente- del Código Procesal Penal. Con la entrada en vigencia de la actual ley adjetiva se abandonó, formalmente, el régimen de nulidad que estaba regulado desde una visión normativista que sancionaba el acto que incumplía con la formalidad establecida, dejando atrás también el principio de taxatividad, que consagraba que los actos procesales eran nulos cuando incurrían en irregularidades sancionadas de modo expreso con la nulidad. La dimensión que se plantea sobre la base sustancial del sistema de garantías a través de las formas, apartada de la dimensión externa basada en el puro formalismo -mera constatación de un quebrantamiento-, adquiere relevancia en razón del concepto funcional de la nulidad. Binder citando al jurista Fernando Cruz Castro, señaló: “Como sostiene Fernando Cruz Castro, la corriente ritualista frente al acto procesal defectuoso está diametralmente opuesta a la concepción funcional de la nulidad. Según esta última el objetivo del acto procesal y la función de la forma priman al momento de analizar el acto viciado por sobre la propia forma que esencialmente está subordina a la idea de garantía. Es necesario estudiar la entidad de la irregularidad antes de apelar automáticamente a la nulidad de un acto. La forma y aún el proceso en sí mismo no son más que instrumentos para la vigencia de derechos y principios de defensa del ser humano que están garantizados por las formas”. (Binder, Alberto. El Cumplimiento de las Formas Procesales. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, p.85). En este sentido, debe proscribirse el valor autónomo que se le asigna al cumplimiento de las formas, considerando que: “La celeridad en el proceso, como valor constitucional fundamental, adquiere preeminencia frente a la tutela de las formas, como valor autónomo, aun en los casos en que se trate de una nulidad absoluta”. (Cruz Castro, Fernando. La Nulidad por la Nulidad misma, Foro Judicial El Salvador, 1994, p.2. Citado en Binder, Alberto. El Cumplimiento de las Formas Procesales.

Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, p.84. Para el jurista Cruz Castro, al régimen de nulidades le subyace la ideología del ritualismo, en el que la forma cumple un papel de legitimador del proceso. Esta “función” es considerada: “ Nada más alejada de la idea de garantía que deben cumplir las formas procesales. Contrariamente, la declaración de nulidad debe ser la ratio final en la defensa del debido proceso. Mientras éste se cumpla, las formas permanecen subordinadas a los principios porque sólo son garantías del cumplimiento de esos principios.” (Binder, Alberto. Op.cit. pp. 92). Para Binder, la defensa ritual del proceso que encontraba su correlato en la nulidad por la nulidad misma, fue producto de la “cultura inquisitiva”, que en la práctica atentaba contra los principios de protección del imputado, pero también fomentaba una forma de ejercicio de la abogacía desviada del objeto de la actividad jurisdiccional hacia los incidentes, haciendo alusión al litigio sobre las formas y no sobre el conflicto. Desde esta perspectiva, debe considerarse que tanto una como otra práctica tendiente a la defensa ritualista, provoca una distorsión del sistema que no debe tolerarse, ni la utilización para burlar las garantías en defensa del imputado, como tampoco, el ejercicio irrestricto y abusivo del Derecho amparado a la forma para provocar la ineficacia de procesos cumplidos conforme a los derechos y principios normados. En cuanto a la declaratoria de la nulidad de un acto, Cruz Castro, propone la aplicación del principio de utilidad que consiste en eliminar hipotéticamente el acto “para evaluar el efecto real del acto o resolución que se pretende anular, analizando su tal exclusión hubiese provocado un efecto decisivo en el curso del proceso o si por el contrario, la existencia de otras evidencias o pruebas hubiese provocado el mismo resultado”. (Cruz Castro, Fernando, La Nulidad por la Nulidad, la Justicia Pronta y Cumplida, y la vigencia del Formalismo Procesal. San José, Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, 1994, p.25). Este principio, actualmente, puede ser identificado con la teoría del agravio, en donde se corre el riesgo que el operador que enfoque el perjuicio en el origen del acto y no en su efecto, asumiría una postura que privilegia la forma como un fin en sí mismo, escenario que lo coloca a las puertas de la nulidad por la nulidad misma, posición con la que no comulga esta Sala. Así las cosas, el criterio del antiformalismo y la disponibilidad de las formas procesales se llega a plasmar en el Código Procesal Penal, en el que se introduce el concepto de Actividad Procesal Defectuosa (sic), desde el cual se pretende que se analicen los vicios producidos en el proceso. Entre los principios que informan esta materia, se citan: 1.) Especificidad, que implica que no es procedente declarar la ineficacia de un acto sin que exista una norma que expresamente lo disponga. 2.) Trascendencia. De capital relevancia pues retoma el principio de que no hay nulidad sin perjuicio. “En la actualidad cuando se acoge esta opción no sólo se está desechando la degeneración que pueda haber sufrido el procedimiento para convertirse en un mero formalismo, sino que también se tiende a la posibilidad de atenuación del rigorismo, como una manera de hacer realidad el principio de justicia pronta y cumplida”. (Armijo Sancho. Gilbert. Actividad Procesal Defectuosa. En Reflexiones sobre el nuevo proceso penal. Fondo Editorial del Colegio de Abogados, 2da edición ampliada, San José, 1997, p. 529). 3.) Principio de instrumentalidad o finalista. Parte de la concepción de que las formas procesales no constituyen un fin en sí mismo, con la salvedad de que produzca una ventaja para alguna de las partes. 4.) Convalidación. Exige que la parte reclame oportunamente el supuesto vicio, solicite la subsanación señalando la forma en que se solucionaría, caso contrario el acto se convalida. No aplica para los supuestos de defectos absolutos. 5.) Saneamiento. Como medida preventiva, se procura que se proceda a corregir los actos que contengan un defecto, sin necesidad de invalidarlo. El Juez ordenará y velará porque la intervención se realice de la manera menos gravosa para terceras personas no investigadas. En conclusión. Con base en lo anterior, se logra identificar la existencia de una relación de medio a fin en el sistema jurídico, dentro del cual, el Derecho Procesal Penal cumple una doble función: materia y formal, en ambas asumiendo una labor auxiliar ya sea, como única vía legítima para la realización penal (función material) o, como instrumentalización de los actos para la aplicación del derecho sustantivo (función formal)» (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, fallo n.° 2020-1313 de las 12:23 horas del 16 de octubre de 2020. El subrayado es suplido. En igual sentido: fallos n.° 2016-1260 de 9:45 horas del 7 de diciembre de 2016 y n.° 2024-1317 de las 11:50 horas del 11 de diciembre de 2024, del mismo despacho). De manera que, en la especie, aun y cuando lo que se cuestiona es la imparcialidad de la juzgadora [Nombre 043], aspecto que atañe al «nombramiento, capacidad y constitución de jueces o tribunales» (inciso b) del numeral 178 del Código Procesal Penal), su participación como jueza de garantías no invalida el proceso, porque analizadas las circunstancias del caso concreto, la concurrencia del vicio por afectación a la apariencia de imparcialidad no tiene aparejada en la especie, la causación de un agravio. De acuerdo con el Diccionario Usual del Poder Judicial, este último se conceptualiza como «el perjuicio en los derechos o intereses» (cfr. Salazar Carvajal, Pablo. (2020). Diccionario Usual del Poder Judicial. Poder Judicial, Costa

Rica.  Recuperado  de:   https://diccionariousual.poder- judicial.go.cr/index.php/diccionario, el 15 de julio de 2025). Se ha señalado, además, que es necesario que el agravio sea directo, concreto y constatable.  En esta dirección, se ha razonado lo siguiente: «Conviene advertir en este punto que, contrario a lo que sostiene el defensor, aún y cuando en el presente motivo el impugnante intenta demostrar la existencia de un defecto absoluto en la resolución que se impugna, vicios que incluso podrían ser declarados de oficio en cualquier etapa del proceso, ello no obsta para que necesariamente el impugnante tenga la obligación de plasmar el agravio que es consustancial al presunto vicio y demostrar que el mismo sea esencial, es decir, que tenga una incidencia real sobre el resultado del proceso. Ello es así porque la simple inobservancia de una forma procesal no es suficiente para invalidar una resolución. En ese sentido, resulta conveniente recordar que la propia Sala Constitucional ha señalado que frente a un defecto absoluto se mantiene la misma exigencia de demostración del interés para declarar el vicio […] para cumplir ese requisito no basta con la enunciación de formulaciones generales, simples especulaciones o apreciaciones subjetivas acerca de lo que podría implicar el vicio, sino que es preciso que se identifique la situación concreta dentro del proceso que permite inferir que el vicio detectado ha representado en perjuicio de los intereses de la parte interesada y que en definitiva, puede dar un rumbo distinto a la causa penal» (Sala Tercera, fallo n.° 2020-1134 de las 10:58 horas del 11 de setiembre de 2020. En el mismo sentido, los fallos de ese despacho n.º 330-F de las 9:00 horas del 9 de noviembre de 1990 y n.º 83-F de 8:55 horas del 20 de marzo de 1992). Al respecto, la Sala Constitucional ha señalado lo siguiente: «En cuanto a este tema de las nulidades absolutas esta Sala en la sentencia 03169-93 indicó que en nuestro sistema de derecho procesal penal, ni siquiera las nulidades absolutas deben ser reconocidas si no presentan una ventaja para el reconocimiento de los derechos para las partes intervinientes, o sirven para salvar un error procesal que tiene repercusión directa en el proceso» (Sala Constitucional, voto n.°  6828-93, de las 8:30 del 24 de diciembre de 1993. Reiterado en los fallos de esa misma Sala, n.° 3020-1995 de las 11:48 horas del 9 de junio de 1995 y n.° 1101-2004 de las 9:53 horas del 6 de febrero de 2004. En el mismo sentido: Sala Tercera de la Corte, resolución n.º 2014-1750, de las 15:21 horas del 5 de noviembre del 2014. El subrayado es suplido). En la especie, de las situaciones alegadas por los recurrentes, según se explicó ya, debe hacerse énfasis que subsiste únicamente la apariencia de imparcialidad, en razón de la eventual existencia —en el pasado— de una relación sentimental de la jueza [Nombre 043] con uno de los justiciables. Con independencia de las obligaciones éticas y funcionales que la jueza tuviera en virtud de esa eventual relación del pasado, con miras a evitar cuestionamientos sobre su imparcialidad como los que se deben atender ahora, ello no tiene aparejado —en el caso bajo examen— un perjuicio concreto, objetivo y verificable, por las siguientes razones: 1) la intervención de la jueza [Nombre 043] tuvo lugar en la fase de investigación de la sumaria, únicamente para efectos de autorizar la producción de prueba y calificar los hechos como delincuencia organizada, pero no participó de forma alguna en la etapa de admisibilidad de la prueba, ni en el juzgamiento de los imputados para decidir, en definitiva, sobre su responsabilidad penal; 2) los resultados de la actividad probatoria que autorizó la juzgadora fueron objeto de examen y valoración en la etapa de juicio, por jueces distintos, tanto en lo que atañe a la forma de obtención de la prueba, como en lo que respecta al contenido mismo de la información recabada y su incidencia en la determinación de responsabilidad penal de los encausados; 3) lo resuelto por el tribunal de juicio, puede ser impugnado en forma amplia en alzada, en sede de apelación de sentencia (como en efecto ocurrió, según puede constatarse a partir del análisis desarrollado en el punto B de este considerando); 4) el examen exhaustivo de las resoluciones dictadas en este asunto por la jueza de garantías, permite concluir que las intervenciones telefónicas y allanamientos que autorizó, resultaban procedentes y se motivaron conforme a Derecho, tal y como lo razonó el a quo. Igual situación ocurre respecto de la calificación de la causa como delincuencia organizada; 5) a partir del análisis efectuado, esta cámara concluye que cualquier otra persona juzgadora habría autorizado la restricción de derechos fundamentales con fines probatorios que efectuó la jueza [Nombre 043] y, además, habría calificado la causa como delincuencia organizada, por lo que la intervención de la jueza cuestionada, no causó agravio. Se hace énfasis en que lo resuelto no prejuzga sobre la responsabilidad que podría caberle a la juzgadora, en caso de que se determine, previa instrucción de la causa correspondiente, que faltó a la verdad en juicio en cuanto a la existencia de una relación previa con uno de los imputados. Esa situación, sin embargo, no invalida las resoluciones dictadas en este proceso y para ello, resulta elemental —se reitera— la consideración de que la juzgadora intervino en este asunto en la fase preparatoria y que, en lo que atañe a la sentencia condenatoria, no determinó hechos, ni valoró prueba, sino que se limitó a autorizar la producción de prueba que, por su naturaleza, sólo procedía previa revisión de la proporcionalidad, necesidad y razonabilidad de lo solicitado. Estas condiciones particulares de la intervención de la juzgadora, posibilitaron que se revisaran integralmente todas sus actuaciones, lo que llevó a la conclusión de que, cualquier otra persona juzgadora habría arribado, objetivamente, a la autorización de las intervenciones telefónicas, calificación del asunto como delincuencia organizada y allanamiento. Consecuentemente, el vicio relacionado a la imparcialidad de la juzgadora no se concretó en un gravamen que deba declararse. Por las razones antes expuestas, corresponde declarar sin lugar: 1) los puntos 1 y 3, correspondientes al recurso único de apelación de sentencia, formulado en forma personal por [Nombre 001]; 2) las quejas primera y segunda correspondientes a la impugnación interpuesta por el licenciado Celso Gamboa Sánchez, en calidad de defensor particular de [Nombre 001]; 3) el segundo y quinto reparos del recurso presentado por el licenciado Edwin Duartes, defensor de confianza de [Nombre 013]; 4) los motivos segundo y quinto de la impugnación incoada por [Nombre 024]; 5) el primer tema argumentado en el segundo motivo de apelación formulado por Juan Carlos Peralta Montoya.

Sexta queja correspondiente al recurso de apelación de sentencia interpuesto por el licenciado Gamboa Sánchez. Como sexto reclamo, el defensor técnico invoca vulneración al principio de imparcialidad del tribunal. Argumenta que la jueza Ana Yancie Umaña Moreira debió inhibirse del conocimiento de la causa, ya que previamente se había pronunciado sobre el cambio de medida cautelar solicitado por [Nombre 001], al dictar el voto 059-R-2023 antes de integrar el tribunal de juicio. Refiere que, aunque se señala que en dicha resolución no hubo pronunciamiento sobre el fondo del asunto, se hizo referencia al voto dictado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Especializado en Delincuencia Organizada que mantuvo la prisión preventiva, el cual sí se pronunció sobre el fondo. Además, en su criterio, sí hubo emisión de criterio de fondo por parte del tribunal de juicio en el fallo indicado, al dictaminar que no había existido cambio de las circunstancias que justificaron el dictado de la prisión preventiva. Cita los votos de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, n.° 489-2004, 475-2005, 1146-2005 y 1453-2005. Considera que se afectó la imparcialidad en su vertientes objetiva y subjetiva, ya que la jueza ponderó la prueba ofrecida para el rechazo de la medida, con lo que se contaminó y comprometió su imparcialidad. Menciona los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, invoca el caso Uson Ramírez sobre el derecho a ser juzgado de manera imparcial. Pide se anule la sentencia y se ordene nuevo juicio.  No le asiste razón al impugnante: No toda intervención previa que haya realizado en el proceso alguno de los jueces o juezas de juicio, compromete su imparcialidad. Las circunstancias por las cuales puede estimarse que una persona juzgadora comprometió su objetividad, deben analizarse caso por caso. En este sentido, se ha expuesto que: «El hecho de que un juez participe en la resolución de una medida cautelar no lo descalifica por esa sola circunstancia para el conocimiento del caso en juicio. La mención de las pruebas que obran en la causa y de los hechos que se acusan debe hacerse, a tales fines, como una mera descripción y para sustentar la existencia del indicio comprobado de estar frente a la comisión de un delito, que se exige constitucionalmente para restringir la libertad –numeral 37-y que, al propio tiempo, detalla el inciso a) del artículo 239 del Código Procesal Penal. Debe hacerse énfasis en que la responsabilidad del juzgador al dictar o sostener una medida cautelar de prisión preventiva principalmente, es la de sustentar la existencia del peligro procesal concreto que existen en la causa y que motiva a restringir la libertad por esa razón. Más allá de los hechos y las pruebas, que deben analizarse para los efectos señalados, lo que interesa es documentar la existencia del peligro de fuga, de sustracción al proceso, de obstaculización, que son los presupuestos procesales que autorizan la medida y para cuyo análisis no se requiere que el juzgador emita criterio sobre el fondo de la causa o sobre el mérito probatorio. Por ello es que puede afirmarse que, en términos generales, no siempre que un juzgador conozca de tales aspectos, estaría imposibilitado de pronunciarse en juicio sobre el fondo del asunto» (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución 642-2012 de las 11:02 horas del 30 de marzo de 2012. En similar sentido, el fallo del mismo despecho,  n.° 1182-2006 de las 15:15 horas del 20 de noviembre de 2006). En la especie, el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, integrado por los jueces Ana Yancie Umaña Moreira, Mauricio Jiménez Vargas y Leonardo Brenes Gómez, dictó el fallo oral n.° 59_R2023 de las 15:34 horas del 21 de diciembre de 2023, mediante el cual se rechazó la solicitud de cambio de la medida cautelar de prisión preventiva dictada en contra de [Nombre 001]. En lo que interesa, señalaron las juzgadoras: «como considerando único, el Tribunal ha venido razonando la posibilidad que ha planteado su abogado, debo decir que este Tribunal debe rechazar la solicitud que ha realizado el señor abogado, don [Nombre 001], consideramos que no han variado, básicamente las condiciones por las cuales se impuso la medida de prisión preventiva, las que dieron pie a que usted estuviese sometido a la prisionalización. Hay algunas circunstancias que, por supuesto le quiero indicar y que es mi deber, como juez, en este caso, con mi compañera y compañero, debemos manifestarle a su persona y es que, si bien es cierto, hay ahorita una petición por parte de la defensa, también el Tribunal debe ser respetuoso de los procedimientos y sobre todo de las circunstancias que se dan dentro del proceso ¿A qué me refiero? Existe una resolución del día de hoy del Tribunal de Apelación de Sentencia de Delincuencia Organizada, el voto 20230013, de exactamente las 16:00 horas del 20 de diciembre del 2023, que fue el día de ayer perdón, dije el día de hoy, y que básicamente valoró la prórroga de la prisión preventiva. ¿A qué me refiero con eso don [Nombre 001]? Para que usted me entienda, ese es un Tribunal de alzada en jerarquía procesal, o sea, nosotros somos un tribunal inferior y sobre las circunstancias del proceso, un tribunal ha valorado la situación suya, incluso el Tribunal de Apelación viene manifestando que las circunstancias procesales por las cuales se le ordenó la prisión preventiva desde la sede del Juzgado Penal no han variado, y que las situaciones que se han venido dando constantemente, en casos de solicitudes de cambio, y además peligros procesales, tampoco han sufrido ninguna variación. ¿Qué nos dicen ellos? Que además el Tribunal de Apelación de Sentencia dictamina que debe prorrogarse esa prisión preventiva por el plazo de 6 meses, a vencer el 6 abril del año 2024, amén de que, aquí también nosotros, por supuesto, debemos explicarle que existe ya un señalamiento a debate ¿Qué significa esto? Que a pesar de que consideramos que el ofrecimiento de la defensa es serio, vamos a ver, es un ofrecimiento serio, como bien lo manifestó el abogado, y aunque también lo dispuso la fiscalía, debería estar sujeto a otro tipo de valoraciones, sea registrales o notariales para determinar esto, a posterioridad hacer otras diligencias, lo cierto es que estamos en una fase ya con un señalamiento a debate. El Tribunal es del criterio, que ya en el momento en que el Tribunal hace señalamiento para debate, que ya se encuentran las partes convocadas, además la situación que ha venido surgiendo en una medida cautelar, no ha variado, en igual sentido, como bien lo refiere el Tribunal de Apelación de Sentencia debe ser considerado el peligro de fuga, básicamente, y es el que se establece a partir del artículo 239 y 240 del Código Procesal Penal, que es lo que lo tiene sujeto a usted a este proceso, para que (no se entiende) su prisión, significa que usted no se vaya del proceso, o sea, que a futuro no lo tengamos en el debate, ha sido idónea, y es la medida cautelar de prisión preventiva, que ha resultado efectos (sic), a la postre para que no solamente hoy usted esté acá, sino que a un futuro muy cercano, aquí con el señor Gamboa, estaremos celebrando el debate oral y público. Estas condiciones personales suyas me parecen que son idóneas dentro de la situación que se da a partir del establecimiento de los delitos que se le han venido imputando a usted, nada más para que usted me entienda, no vamos a hablar del fondo de las circunstancias que se le vienen imputando a usted como endilgado, sino, más bien, desde la forma en que, desde un análisis de un auto de apertura a juicio del Juzgado Penal, y posteriormente ya, con elevación a debate, se han establecido constitutivas, en este caso de delitos de tráfico de estupefacientes, que se ha determinado en la Ley 8204, que es la Ley de Narcotráfico y Legitimación de Capitales, 58 y 77 inciso f), que es un agravante y además de ello, hay un delito que se le ha venido refiriendo, por lo menos en la carátula, que es la legitimación de capitales. Y ello amén, que haciendo una valoración don [Nombre 001], eso tiene penalidades altas, entre 10 a 20 años de prisión. A partir de ello, su peligro de fuga, cuando se haga un análisis por parte de un juez, debe valorar estas situaciones de cara entonces a la capacidad de cambio de una medida y la realidad procesal y nos parece en este caso, el peligro de fuga, pues no ha variado. El artículo 244 y 257, hacen eco de que el legislador en la normativa procesal, dispuso que si había una variación significativa o  sustantiva, respecto de la imposición de una medida cautelar que a la postre, entonces signifique que el juez debe abocarse a valorarlos, haga entonces ahora sí, una valoración diferenciada, pero para este Tribunal, consideramos que esa variación no se ha dado, del peligro procesal, sobre todo ese peligro procesal, don [Nombre 001], todavía se mantiene, que es el de fuga, consideramos que, aunque respetuoso y serio el ofrecimiento de sus abogados, porque también nos parece que don Juan Carlos Peralta Montoya nos indicó que hacía suyas las palabras de don Celso, pues, consideramos, que sí en este momento procesal, no es suficiente como para que nosotros variemos una medida cautelar y  que ese peligro procesal disminuya como ha sido efectiva, además, de lo que ya el Tribunal de Apelación de Sentencia ha venido indicando. De cara a ello don [Nombre 001] el Tribunal le explica que no se va a realizar ninguna variación de la medida cautelar de prisión preventiva de los plazos por los cuales el Tribunal de Apelación de Sentencia le viene a usted notificando el día de ayer, a través de su abogado, se mantienen son los mismos. Este Tribunal no tiene una injerencia sobre esos plazos, porque lo de hoy es una solicitud de cambio de medida cautelar que ha venido planteando su abogado, de acuerdo con lo que establece el artículo 244 y entonces, vamos a mantener la decisión que se ha venido sosteniendo, tanto por los Tribunales y otros Juzgados y el más reciente es el del día de ayer del Tribunal de Apelación de Sentencia» (documento audiovisual 190000040622PE-211220230334422_Multi—0, minuto 7:05 a13:42, según contador de la grabación. El énfasis es suplido). A partir de la escucha atenta de la resolución oral cuestionada, que ha sido transcrita para efectos expositivos, resulta claro que el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada tomó la decisión de rechazar la solicitud de cambio de la medida cautelar que pesaba en ese momento sobre el sindicado, aludiendo en forma exclusiva a la persistencia de los peligros procesales (particularmente el de fuga), en razón de la calificación jurídica otorgada en la pieza acusatoria a los hechos que se le atribuían a este, así como la proximidad del debate. Más aún, las juzgadoras hicieron ver, a lo largo de su exposición, que existía un pronunciamiento reciente del Tribunal de Apelación de Sentencia Especializado en Delincuencia Organizada que había determinado la razonabilidad de que [Nombre 001] continuara en prisión preventiva, y que el tribunal de juicio, además de ser inferior en grado, no observaba que existiesen variaciones importantes de las circunstancias en las cuales el ad quem basó dicha decisión. Así las cosas, contrario al criterio del defensor técnico, no se observa que el a quo —y en particular la jueza Umaña Moreira— haya emitido algún juicio de valor acerca del mérito de la prueba o la culpabilidad del endilgado, que pudiese interpretarse como valoración de fondo o adelanto de criterio de su parte. Contrario a dicha postura, el pronunciamiento que objeta el recurrente se mantuvo siempre en términos de la falta de modificación de las circunstancias procesales que justificaron el dictado de la prisión preventiva, a fin de asegurar la sujeción del justiciable al proceso. Es en ese sentido únicamente, que el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada hizo mención de lo resuelto por otra integración de este tribunal de alzada. No indica el impugnante, ni aprecia esta Cámara, que existan dentro de la resolución señalada aseveraciones que, directa o indirectamente, permitan inferir una toma de postura respecto de los hechos, la prueba de interés para la resolución de fondo del asunto, o la culpabilidad de [Nombre 001] (o de cualquier otro encausado) en el cuadro fáctico acusado. Al mencionarse las calificaciones jurídicas, dicha referencia se hace en términos de la acusación o «carátula» y únicamente para ilustrar la existencia de peligro de fuga, en virtud de las altas penalidades que a nivel abstracto estas contemplan.  Así las cosas, debe rechazarse el alegato interpuesto por quebranto al principio de imparcialidad de la jueza Umaña Moreira, en virtud de haber emitido el fallo del Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, n.° 59_R2023 de las 15:34 horas del 21 de diciembre de 2023. En consonancia con las razones antes expuestas, se declara sin lugar el sexto motivo del recurso de apelación de sentencia que presentó el licenciado Celso Gamboa Sánchez, en calidad de defensor particular de [Nombre 001].

Primer motivo del recurso de apelación de sentencia interpuesto por el licenciado Edwin Duartes Delgado, defensor particular de [Nombre 013]. Indebida aplicación de normas derogadas en la declaratoria de crimen organizado. Establece que el tribunal a-quo desconoció la derogatoria del numeral 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y pretendió justificarse a partir de la Convención de Palermo. Reclama que se aplicaran normas procesales de forma retroactiva, obviando que no existía disposición habilitante que permitiera tramitar el proceso conforme a las reglas del crimen organizado. Esta omisión tuvo consecuencias en la ampliación de los plazos de investigación y aplicación de normas investigativas invasivas que afectan gravemente las garantías procesales. Expone que, mediante resolución de las 19:50 horas del 28 de agosto de 2020, el Juzgado Penal de Grecia ordenó la tramitación del procedimiento conforme a las disposiciones establecidas en la Ley contra la Delincuencia Organizada (en adelante LDO); no obstante, el artículo 2 estaba derogado desde el 13 de octubre de 2019. El numeral 12 de la Ley N.°

7425 dispone el plazo máximo de 4 meses de intervención, pero conforme a la «Ley de Crimen» se duplican. Establece que el 4 de noviembre de 2019 se dispuso la intervención de las comunicaciones contra [Nombre 001], [Nombre 013][Nombre 013] y [Nombre 007]. Esa medida fue prorrogada el 28 de noviembre 2020 (f. 230), pero el artículo 2 de la LDO quedó derogado desde el 13 de octubre de 2019. Aduce que el tribunal de mérito determinó la vigencia de las normas y que la ampliación de los plazos procesales se dio a partir de la declaratoria dispuesta en agosto de 2020. Invoca la existencia de un vicio insalvable. Refiere que el artículo 19 de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada dispuso la derogatoria de varios artículos, en particular el 2 de la LDO. Por ello, ante la derogatoria, se dejaron sin efecto las disposiciones antes vigentes. Hace un recuento de las modificaciones llevadas a cabo a la Ley N.° 9481:

Ley N.° 9481 aprobada en 2017, con una vacatio legis de 12 meses después de su publicación (Gaceta 13 de octubre de 2017). luego, mediante Ley N.° 9581 se modificó la entrada en vigencia de la norma, Gaceta n.° 169 del 14 de setiembre de 2018. En consecuencia, la entrada en vigor de la reforma fue prorrogada por un total de 24 meses, entrando a regir la Ley N.° 9481 el 13 de octubre de 2019. A partir de esa fecha se derogó el artículo 2 de la LDO.

El 13 de octubre de 2019 entró en vigor la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, esto conforme al artículo 4 de la Ley N.° 9729, Gaceta 206, Alcance 239 del 30 de octubre de 2019. Ello implicó la derogatoria efectiva de los artículos 2, 3 y 6 –con excepción del inciso d–, así como los artículos 7 y 9 de la Ley N.° 8754, sin que ninguna norma posterior los restituyera. Posteriormente, el 30 de octubre de 2019, Ley N.° 9481 fue objeto de una nueva reforma, mediante publicación de Ley N.° 9769, con el propósito de postergar la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, en la que dispuso que la Jurisdicción entraría en vigencia 18 meses después de que la Asamblea Legislativa asignara el presupuesto necesario al Poder Judicial. Argumenta que esta prórroga no implicó la reinstauración de los artículos derogados, pues no emitió una nueva norma que los restituyera. En consecuencia, estas disposiciones permanecen derogadas y no pueden ser aplicadas en el ordenamiento jurídico. La Constitución Política en su artículo 124 hace alusión al proceso de formación de las leyes y establece el carácter inescindible. El numeral 129 de la Carta Magna expresa que las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen. Por ello, asegura que la norma entró en vigor 10 días después de la publicación y que esa norma solo puede ser derogada por otra de igual o superior jerarquía. Así, al entrar en vigencia la ley, los artículos que esta deroga, quedan definitivamente excluidos del ordenamiento jurídico. Menciona, además, los numerales 7 y 8 del Código Civil sobre la entrada en vigencia y eficacia jurídica de las normas. De esta forma, señala que la Ley N.° 9481 no tiene el efecto de revivir normas derogadas. Invoca un error en la argumentación jurídica. Alega que el tribunal de instancia señaló que «Lo anterior permite concluir que no existe derogatoria de dicha Ley número 8754 por entrar una nueva ley que regula la misma materia». Lo que estima falso. Ya que al momento de derogarse el artículo 2, no había entrado en vigencia la Ley N.° 8754. Continúa citando el voto de mérito en que sustentó la duplicación de los plazos procesales a partir de la vigencia en la Convención de Palermo, lo que es equivocado, ya que se requiere norma interna que habilite dicha extensión. Acusa la utilización de una falacia de falsa atribución o falsa referencia. Solicita se anule la resolución que dispuso la tramitación del procedimiento bajo las reglas de criminalidad organizada y se anulen las decisiones que dependan de ella. De igual forma se declare ilegal la prueba obtenida y se absuelva en virtud del principio in dubio pro reo. Primera queja del recurso de apelación de sentencia interpuesto por [Nombre 024]. Indebida aplicación de normas derogadas en la declaratoria de crimen organizado. El impugnante reitera los argumentos contenidos en el primer motivo de apelación presentado por el licenciado Duartes. Indica que el tribunal de instancia desconoció la derogatoria de la norma y aplicó la Convención de Palermo para suplir la ausencia. Además, sostuvo erróneamente que las normas procesales pueden aplicarse retroactivamente, pese a las consecuencias con respecto a la ampliación de los plazos de investigación y las técnicas invasivas a las garantías procesales. Menciona que la resolución de las 19:50 horas del 28 de agosto de 2020, emitida por el Juzgado Penal de Grecia, declaró el asunto de delincuencia organizada utilizando el numeral 2 de la ley, pero el mismo había sido derogado desde el 13 de octubre de 2019. Enuncia que, a partir de ello, de conformidad con el numeral 12 de la Ley N.° 7425, se amplió la intervención de las comunicaciones, la cual fue duplicada. En particular, reclama que la intervención de [Nombre 001], [Nombre 007] y [Nombre 013] se dio el 04 de noviembre de 2019. Un año después, el 28 de noviembre de 2020, se dispuso la prórroga de la intervención de las comunicaciones a los mismos imputados, cuando desde el 13 de octubre de 2019 se derogó el artículo 2 de la Ley de Delincuencia Organizada. Además, menciona que una vez declarado el procedimiento como especial, a las 19:50 horas del 27 de agosto de 2020 se ampliaron los plazos procesales con una norma derogada por el artículo 19 de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada de Costa Rica, Ley N.° 8754. Enuncia el devenir de las leyes N.° 9481 y Ley N.°

9729. Respecto a la derogatoria de las normas, cita los numerales 124, 129 de la Constitución Política, 7 y 8 del Código Civil. Considera que el tribunal de instancia se equivoca al señalar que no existió derogatoria de la Ley N.° 8754 y que se aplicaba la normativa internacional. Argumenta que se utilizó una falacia de falsa atribución y falsa referencia, al utilizar la Convención de Palermo en ausencia de normativa interna. Pide se anule la sentencia y se declare ilegal toda la prueba obtenida al amparo de ese procedimiento viciado. Quinto reparo de la impugnación formulada por el licenciado Juan Carlos Peralta Montoya: Indebida aplicación de la ley procesal. El defensor particular se queja de la aplicación realizada por el a quo, de lo establecido en el numeral 2 de la Ley N.° 8754. Señala que al derogarse dicho numeral, desaparece la declaratoria de delincuencia organizada y con ello la intervención es espuria. En su criterio, todas las diligencias cumplidas al amparo del numeral 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada —incluyendo las intervenciones telefónicas, que se autorizaron partiendo de la duplicación de los plazos ordinarios— son ineficaces, habida cuenta de la derogatoria de la norma en cuestión. Indica que la declaratoria de crimen organizado excluye la tramitación compleja. Luego del recuento de la vigencia de las leyes en el tiempo, hace ver que la Ley N.° 9769 entró en vigencia el 30 de octubre de 2019, por lo que no habría logrado suspender la entrada en vigencia de la Ley N.° 9481, lo que ocurrió a su juicio, el 14 de octubre de 2019 (cfr. f. 9718 fte. del tomo XX principal) y con ello, entró a regir la derogatoria al artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Considera que al derogarse el numeral 2, la declaratoria de crimen organizado carece de los efectos y los actos cumplidos, motivo por el cual las pruebas recibidas deben ser excluidas. Explica que el artículo 129 de la Constitución Política y el título preliminar del Código Civil son los que regulan el tema de la vigencia de la ley en el tiempo, así como los efectos de la derogatoria, tal y como fue reconocido en el fallo n.° 130-1992, de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Expone que, de acuerdo con el principio de paralelismo de las formas, sólo mediante la creación de una nueva ley con efectos «ex nunc», podría regularse de nuevo la materia derogada (cfr. f. 9719 fte. y vto. del tomo XX principal). Como agravio, sostiene que la aplicación del numeral 2 de la Ley N.° 8754, pese a encontrarse derogado, violentó lo previsto en los artículos 41 de la Constitución Política, 365 del Código Procesal Penal; 107 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al realizarse una serie de actos a su amparo.  Solicita se anule el fallo. Por las razones que se dirán, no llevan razón los recurrentes, en cuanto a las consecuencias que le abonan al período de vigencia del numeral 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada: La determinación del momento de entrada en vigencia de la Ley N° 9481 («Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica») y sus efectos derogatorios sobre algunos artículos de la Ley contra la Delincuencia Organizada N.° 8754 (entre ellos, el numeral 2 de dicho cuerpo normativo), no ha estado exento de controversia. Lo anterior, en virtud de las vicisitudes generadas en el marco del procedimiento legislativo que culminó con su aprobación y sus posteriores reformas. Sobre el particular, han existido diversas posiciones a nivel jurisprudencial, siendo las principales: a) que los numerales 2, 3, 6 (parcialmente), 7 y 9 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, no sufrieron derogatoria alguna el 13 de octubre de 2019; b) las que admiten que las normas antes señaladas quedaron sin efecto, pero únicamente en forma temporal, entre el 13 y el 30 de octubre de 2019, pues luego de esta última fecha recobraron su vigencia; c) las que admiten la derogatoria de los artículos señalados de la Ley contra la Delincuencia Organizada, a partir del 13 de octubre de 2019. Previo a señalar la posición de este tribunal en cuanto a la vigencia temporal del numeral 2 de la Ley N.° 8754 y su incidencia efectiva en el caso concreto, es necesario realizar un breve repaso sobre la regulación en la materia. Como punto de partida, tenemos que la Ley contra la Delincuencia Organizada N.° 8754, adquirió vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta N.° 143, del 24 de julio de 2009. Este cuerpo normativo, de carácter mayoritariamente procesal, contiene diversas herramientas que han venido siendo utilizadas por los órganos de investigación y autoridades jurisdiccionales, en las causas seguidas contra organizaciones criminales. Entre dichas normas, destacaba la regulación del procedimiento que debía seguirse para calificar un asunto como delincuencia organizada y regulaciones especiales sobre plazos de prisión preventiva, intervención de las comunicaciones (posibilidad de autorizarla para la investigación de cualquier delito grave, por un periodo superior al establecido en la Ley N° 7425), anticipo jurisdiccional de prueba, levantamiento de secreto bancario, así como regulaciones especiales sobre la acción penal, prescripción y secreto sumarial, entre otros. Como fácilmente se colige, la intención legislativa apuntó a dotar a las agencias del sistema de persecución y juzgamiento penal, de un conjunto de herramientas procesales diferenciadas y reforzadas para tramitar causas de crimen organizado, las cuales, por lo general, implican mayor complejidad en su trámite en contraste con la delincuencia común; ello en concordancia con las tendencias imperantes en el ámbito criminológico y convencional. Dicha regulación obedece a los compromisos adquiridos por el país a partir de la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (también denominada Convención de Palermo), la cual fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000 e incorporada al ordenamiento jurídico interno a través de la Ley N.° 8302 de 12 de setiembre de 2002. Ahora bien, a mediados del año 2015, ingresó a la corriente legislativa un proyecto de ley mediante el cual se pretendía la conformación de una jurisdicción especial que tenía como objetivo inicial, que se tramitaran en ella, todos los casos de delincuencia organizada. En dicha ocasión, la idea central no se asociaba con la dotación de instrumentos especializados para la lucha contra el crimen organizado —los cuales ya se encontraban establecidos en la Ley N.° 8754— sino más bien, con la edificación de una estructura orgánica e institucional especialmente avocada al conocimiento de causas judiciales en las cuales se investigase un asunto de delincuencia organizada. Finalmente, el proyecto en cuestión se convirtió en la ley N° 9481 «Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica». Este cuerpo legal, además de disponer una estructura jurisdiccional y auxiliar de justicia específica para la tramitación de los procesos contra organizaciones criminales, incluyó reformas, adiciones y derogatorias a la Ley contra la Delincuencia Organizada (artículos 19 y 20 de la Ley N.° 9481), así como adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo. 18). Además, dicho cuerpo legal fue afectado por leyes posteriores, dentro de las cuales destacan la N.° 9591 «Modificación de la entrada en vigencia de la ley de Creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica» y N.° 9769 «Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada». Ambas contienen variaciones en cuanto a la entrada en vigencia de las disposiciones contenidas en la Ley N.° 9481 y es precisamente dicha situación, la que ha generado diversas interpretaciones por parte de los operadores del Derecho, en relación con el momento de vigencia del mencionado cuerpo normativo y sus consecuencias para los asuntos que contienen una declaratoria o calificación de delincuencia organizada. La vigencia de la ley N.° 9481 (Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica) debe determinarse a partir de dos constataciones: en primer término, la propia ley —en su redacción original— consignó en su epílogo: «Rige doce meses después de su publicación». Dicha publicación aconteció el 13 de octubre de 2017, según se acredita en el alcance N° 246 del Diario Oficial La Gaceta. Así, como punto de partida, tenemos que el texto debía de entrar en vigencia el 13 de octubre de 2018. No obstante, antes de acaecer esa fecha, la disposición que regulaba el momento de la vigencia sufrió una variación, en virtud de aprobarse la Ley N° 9591 (Modificación de la entrada en vigencia de la ley de Creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica). Este segundo texto normativo enmendó el mandato preexistente al consignar, en su único artículo: «Se modifica la entrada en vigencia de la Ley N.º 9481, Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, de 13 de setiembre de 2017. El texto es el siguiente: Rige veinticuatro meses después de su publicación» (el destacado no corresponde al original). Se colige con claridad, que esta reforma legislativa, aprobada antes del 13 de octubre de 2018 —propiamente el 24 de julio de 2018 y vigente desde el 14 de setiembre de 2018— tuvo por objeto sustituir el designio original de vigencia, pasando de doce meses contados desde la publicación del texto N° 9481, a veinticuatro meses; hecho que sobrevino el 13 de octubre de 2019. Con base en lo anterior, se debe concluir, sin ambages, que el 13 de octubre de 2019 entró en vigor la Ley N° 9481 (Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica), en su redacción original, únicamente modificada por la Ley N.° 9591

(como ya se apuntó), en cuanto a la variación de su vigencia (del 13 de octubre de 2017, al 13 de octubre de 2019). Ahora bien, no puede omitirse que, con el trámite de la ley N° 9769 (Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada) nuevamente se aspiró, entre otras cosas, a modificar la fecha de entrada en vigor de la Ley N° 9481. En ese orden de ideas, la Ley N.° 9769 contenía un artículo cuarto que estipulaba: «Se reforma la entrada en vigencia de la Ley N.º 9481, Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, de 13 de setiembre de 2017. El texto es el siguiente: Entrará en vigencia dieciocho meses después de que se haya otorgado el presupuesto necesario para su implementación, conforme a los estudios técnicos del Poder Judicial». Nótese que el precepto bajo comentario supeditaba la entrada en vigencia de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada a una condición suspensiva: que se otorgara el presupuesto necesario para su implementación. Sin embargo, el tema álgido reside en que la

Ley N.° 9769 (con su vocación de retrasar la entrada en vigencia de la ley N° 9481) surgió a la vida jurídica con su publicación, el día 30 de octubre de 2019, fecha en la cual ya se encontraba vigente la Ley N° 9481. Corolario de lo anterior, no se le pueden asignar efectos jurídicos retroactivos a la Ley N.° 9769, como para estimar que pudiese detener la entrada en vigencia de la Ley N.° 9481, en lo que atañe a las derogatorias y modificaciones normativas (de ese mismo cuerpo legal y de otras leyes) que operaron de manera inmediata el 13 de octubre de 2019. Si bien se puede comprender que el legislador aspiraba a modificar la entrada en vigencia de la Ley N.° 9481, su aprobación tardía frustró tal pretensión, sin que sea admisible una interpretación en contrario, so pena de lesionar normativa de orden constitucional (numeral 34 de la Carta Magna ) y convencional (ordinal 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros) que consagra la garantía de la irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos subjetivos o situaciones jurídicas consolidadas. En este punto, es importante advertir que la teoría general del Derecho debate acerca de los conceptos de vigencia, existencia, validez (que algunos autores desdoblan en validez formal y material) y eficacia. Lumia refiere sobre el particular: «Una norma es válida si está en vigor de conformidad con las normas de producción propias del sistema normativo del que forma parte. En particular, la validez de una norma jurídica, como veremos mejor en seguida [...] depende de su conformidad con las normas de grado superior que disciplinan la producción de las normas jurídicas. La validez de una norma equivale a su existencia; es decir, una norma existe como tal sólo en la medida en que es válida; por tanto, no es válida una norma que haya sido derogada o una norma que no haya agotado su iter productivo» (Lumia, Giuseppe. Principios de teoría e ideología del Derecho. Debate, Madrid, p. 48). Acorde con lo anterior, la derogatoria de los artículos 2, 3, 6 (parcialmente), 7 y 9 de la Ley N.° 8754, ocurrió el 13 de octubre de 2019, sin que pueda otorgársele a la voluntad legislativa expresada en la Ley N° 9481, otra consecuencia que la que constitucionalmente cabe, es decir, la que expresó su texto a partir del momento de su entrada en vigencia, el 30 de octubre de 2019. Entre dichas normas no se encontraba la restitución —en lo que interesa— del numeral 2 de la Ley N.° 8754. Ahora bien, es importante destacar que la entrada en vigencia de la ley N° 9481 (Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica), no generó efectos jurídicos de forma homogénea o simultánea, toda vez que su cuerpo normativo se compone de normas de una naturaleza jurídica diversa. Así, tenemos que existen normas que, debido a su contenido, no requieren de ninguna materialidad subyacente para surtir efectos jurídicos; es decir, basta su mera existencia o vigencia. Por otro lado, se cuenta con disposiciones cuya existencia o vigencia formal no es suficiente para desplegar su potencial jurídico. Dentro del primer grupo de preceptos, precisamente, se hallan aquellos que ordenan la derogación de otras normas previas, fundamentalmente de algunas presentes en la Ley Contra la Delincuencia Organizada (Ley N° 8754 cuya entrada en vigor aconteció el 24 de julio de 2009); mientras que en el segundo caso, encontramos prescripciones que necesariamente requieren de la plena operatividad de una estructura orgánica judicial para aquel momento inexistente (nos referimos a aquellas que expresamente aluden a los órganos que componen la nueva jurisdicción especializada en delincuencia organizada). Es así que, partiendo de que la Ley N° 9481 posee normas de naturaleza distinta, a saber: creadoras (nuevas disposiciones legales), modificadoras (reforma de otros cuerpos normativos), y derogatorias, la definición de los alcances que sobre estas tuvo la Ley N° 9769, de 18 de octubre de 2019, es inescindible del tipo de norma al que se hace referencia. En relación con las normas derogatorias, que no son otra cosa que la expresión de voluntad del legislador de eliminar una disposición del ordenamiento jurídico, es necesario señalar que, de su redacción en el texto legislativo, se extrae con claridad que su eficacia no se encontraba condicionada a otra cosa más que el acaecimiento de la fecha establecida para la vigencia de la Ley N° 9481, lo que ocurrió el día 13 de octubre de 2019 (dado el aplazamiento efectuado mediante Ley N° 9591 de 24 de julio de 2018). Puesto en otros términos, en lo que a la norma derogatoria concierne, su existencia, vigencia y validez formal surtió efectos jurídicos de pleno Derecho (ipso iure). En este punto, es necesario aclarar que, por la naturaleza jurídica y efectos de la derogatoria, amén del principio de división de poderes, su reinstalación en el ordenamiento es posible únicamente mediante su inclusión expresa, por voluntad legislativa consignada en una nueva ley (válida y vigente), o bien, en los supuestos específicos que se recogen a nivel doctrinario bajo el instituto de la reviviscencia (al respecto: Diez Picaso, Luis María. La derogación de las leyes. Civitas, Madrid, 1990, p. 235). Esta puede configurarse cuando: (i) la norma derogatoria es a su vez derogada; o (ii) la norma derogatoria es declarada inconstitucional. Sobre el primero de los supuestos antes señalados, en nuestro ordenamiento jurídico existe prohibición expresa, según se consigna en el artículo 8 in fine del Código Civil, el cual estipula: «Por la simple derogatoria de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado». La segunda hipótesis es de resorte exclusivo del Tribunal Constitucional, de acuerdo con las facultades concedidas en el numeral 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en donde se indica: «La declaración de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia del acto o de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. La sentencia constitucional de anulación podrá graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia, su efecto retroactivo, y dictará las reglas necesarias para evitar que éste produzca graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales». Ahora bien, partiendo del anterior escenario en cuanto al momento a partir del cual resultaron derogadas las normas de interés, es necesario dejar claro que la determinación de los efectos que dicha situación produjo, requiere de un análisis caso por caso, pues depende de factores como el momento específico en que se realizó la calificación o declaratoria de delincuencia organizada en el caso particular, cuáles son los actos procesales concretos cuya validez se cuestiona a partir de las derogatorias y en qué momento se realizaron dichos actos procesales. En este asunto, las impugnaciones plantean la incorrecta aplicación normativa, en lo que respecta a: 1) la declaratoria de delincuencia organizada mediante resolución dictada por el Juzgado Penal de Grecia, a las 19:50 horas del 28 de agosto de 2020; 2) la duración de la investigación; y 3) el número de prórrogas de la intervención de las comunicaciones. El primero de los aspectos denotados por la defensa técnica, tiene que ver con la derogatoria del artículo 2 de la Ley N° 8754, que establecía el procedimiento a seguir para la calificación de un asunto como delincuencia organizada. Rezaba la norma en cuestión: «Declaratoria de procedimiento especial. Cuando, durante el curso del proceso penal, el Ministerio Público constate que de acuerdo con las normas internacionales vigentes y la presente Ley, los hechos investigados califican como delincuencia organizada, solicitará ante el tribunal que esté actuando una declaratoria de aplicación de procedimiento especial. El procedimiento autorizado en esta Ley excluye la aplicación del procedimiento de tramitación compleja. El tribunal resolverá motivadamente acogiendo o rechazando la petición del Ministerio Público. La resolución que favorezca la solicitud del Ministerio Público tendrá carácter declarativo. El tribunal adecuará los plazos; para ello, podrá modificar las resoluciones que estime necesario. Declarado que los hechos investigados califican como delincuencia organizada, todos los plazos ordinarios fijados en el Código Procesal Penal, Ley N.º 7594, para la duración de la investigación preparatoria, se duplicarán» (el subrayado es suplido). Lo primero que ha de evidenciarse es que, desde un inicio, el legislador le dio a la resolución que se dicte producto del trámite previsto en el numeral 2 de la Ley N.° 8754, carácter declarativo y no constitutivo. Es decir, el juez o jueza declara o reconoce una característica de la causa, cuyos requisitos materiales se encuentran previstos en el ordinal 1° de esa misma Ley (N° 8754). En otras palabras, no es la resolución judicial lo que convierte a la causa en un asunto de delincuencia organizada, sino sus características propias y su adecuación a la definición legislativa, que para el caso que nos ocupa consistía en que se tratara de: «un grupo estructurado de dos o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves». Además, es importante hacer notar, a propósito de una de las afirmaciones que realiza la defensa técnica, que junto con la derogatoria del numeral 2 de la Ley N.° 8754, acaecida el 13 de octubre de 2019, desapareció también la incompatibilidad entre la calificación de un asunto como delincuencia organizada y la aplicación de las reglas de tramitación compleja, la cual estaba regulada en la norma en cuestión.  Pero más allá de ello, es necesario aclarar que la Ley contra la Delincuencia Organizada reguló —en forma separada— los requerimientos sustantivos o materiales que permiten a la autoridad jurisdiccional determinar si un asunto es de crimen organizado, y, por otro lado, el procedimiento que debía seguir la persona juzgadora, para realizar dicha «declaratoria», es decir, la «forma». Los requisitos sustantivos que debía considerar la jueza de garantías, a fin de valorar si el asunto calificaba o no como delincuencia organizada, se encuentran descritos en el artículo 1° de la Ley contra la Delincuencia Organizada (el cual se ha mantenido invariable y cuya vigencia no se cuestiona) y en todo caso, son eco de lo establecido en el artículo 2 de la Convención de Palermo, el cual fue incorporado a nuestro bloque de legalidad desde el año 2003. La «forma» o procedimiento que regulaba cómo debía procederse para reconocer o constatar lo establecido en el ordinal 1° de la Ley N.° 8754, se encontraba previsto en el artículo 2 del cuerpo normativo de cita. Por lo que, la derogatoria del numeral 2 no incidió en lo previsto en el ordinal 1° de dicho cuerpo legal, ni modificó su eficacia o validez. Tampoco (como se verá), produjo la invalidez o ineficacia de las normas especiales contenidas en la Ley contra la Delincuencia Organizada, que supeditan su aplicación únicamente a que se trate de una investigación por delincuencia organizada. De manera que, en este asunto, sí era posible la aplicación de las reglas procesales que se mantuvieron vigentes en la Ley N.° 8754 —entre ellas lo relativo al plazo ampliado para la intervención de las comunicaciones— pese a que las prórrogas de dicha herramienta de investigación, se autorizaron luego del 13 de octubre de 2019 (cuando ocurrió la derogatoria de los numerales 2, 3, 6 (parcialmente), 7 y 9 de la Ley N° 8754). Así las cosas, no es cierto que con la derogatoria del numeral 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, suponga la imposibilidad de calificar un asunto como delincuencia organizada y aplicar las reglas especiales que sí estaban (y continúan) vigentes en la Ley N.° 8754. La aplicación de la ley vigente no sólo es posible, sino que, además, es una obligación de la persona juzgadora. Por ello, a falta de procedimiento expreso para la aplicación de lo previsto en el numeral 1° de la Ley contra la Delincuencia Organizada, la ponderación sobre la concurrencia o no de los requerimientos materiales establecidos en dicha norma (grupo estructurado de tres o más personas que existe durante determinado tiempo y actúa concertadamente con el propósito de cometer delitos graves), debía efectuarse en el marco de los principios básicos, comunes a todo el proceso penal, como lo son el deber de toda autoridad jurisdiccional de fundamentar adecuadamente su decisión a la luz de lo señalado en la ley y la posibilidad de la parte que se considere afectada, de recurrir aquello que pueda causarle gravamen irreparable. Ninguna de estas garantías básicas fue incumplida por la jueza [Nombre 043], al dictar la resolución del Juzgado Penal de Grecia de las 19:50 horas del 28 de agosto de 2020. Al analizar un cuestionamiento similar al que ahora nos ocupa, el Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José, razonó: «debe coincidirse en que para la fecha en que se acordó que este proceso debía tramitarse conforme las reglas especiales y aún en la actualidad, las normas aplicables lo son la Ley Contra la Delincuencia Organizada (8754) aunque sin incluir los derogados artículos 2, 3, 6 salvo el inciso d), 7 y 9; y evidentemente, en lo no regulado por esa normativa especial, las normas generales del ordenamiento jurídico (así lo dispone el vigente artículo 1 de la ley 8754). En este punto es importante hacer ver que los mencionados artículos derogados, regulaban la declaratoria de delincuencia organizada y la duplicación de plazos de la investigación preparatoria (artículo 2); el carácter público no convertible a privado de la acción penal (artículo 3); la suspensión del término de prescripción de la acción penal (artículos 6); la ampliación del plazo ordinario de prisión preventiva a 24 meses (artículo 7); la facultad del tribunal de apelación de sentencia de prorrogar la prisión preventiva hasta por 12 meses y la ampliación del plazo de prisión preventiva en caso de sentencia condenatoria por 12 meses (artículo 9). Entonces, al margen de que en el caso particular se hubiese efectuado una declaratoria de tramitación conforme el procedimiento de delincuencia organizada, siguiendo lineamientos de una norma derogada (artículo 2), ello no ha tenido ninguna repercusión desfavorable a los imputados en lo que se refiere al procedimiento seguido en la investigación particular y el juzgamiento de fondo, pues a este le son plenamente aplicables las normas aún vigentes de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (8754), que desde el 13 de octubre de 2019 ya no contempla el requerimiento de una declaratoria formal para la instrucción del procedimiento especial, ni contiene la creación de órganos jurisdiccionales con competencias especiales, pero sí establece en su artículo 1, una definición de delincuencia organizada como un “grupo estructurado de dos o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves” y la aplicación de esa normativa “ a las investigaciones y los procedimientos judiciales de los casos de delitos de delincuencia organizada nacional y transnacional”; así como la aplicación supletoria del Código Penal y Procesal Penal, en todo lo no regulado por esa ley especial» (Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José, fallo n.° 2022-1597 de las 15:45 horas del 4 de noviembre de 2022. El subrayado es suplido). Retornando al caso particular, en apego a las normas vigentes y aplicables para el momento en que la jueza de garantías dio respuesta a la solicitud de la Fiscalía, la decisión de calificar la causa como delincuencia organizada sí resulta apegada a los requerimientos materiales previstos en el ordinal 1° de la Ley N.° 8754, tema que fue analizado con detalle en el punto B) del considerando sexto, al cual se remite. De manera que, aún y cuando era improcedente la mención de lo establecido en el numeral 2 de la Ley N.° 8754, por encontrarse este derogado para el momento en que se dicta la resolución, dicha referencia puede excluirse en forma hipotética y, a pesar de ello, permanece el fundamento necesario para la verificación de los requisitos materiales previstos en el numeral 1° de la misma ley. Con sustento en lo anterior, se concluye que la calificación de este asunto como delincuencia organizada, era posible y se encontró ajustada a Derecho, porque se trata de una consecuencia directa de la aplicación del ordinal 1° de la Ley N.° 8754 (cuya vigencia no se cuestiona), en consonancia con lo previsto en el ordinal 2 de la Convención de Palermo, realizada a partir de una valoración motivada de los requerimientos materiales establecidos, a tal efecto, por la jueza de garantías que, como se analizó anteriormente, tenía competencia para dilucidar este aspecto. Sobre el tema de la competencia de los juzgados y tribunales ordinarios para conocer y tramitar asuntos de delincuencia organizada, cabe mencionar que dicha posibilidad ya se encontraba reconocida en la Ley N.° 9769 que, a la vez que produjo la derogatoria de los numerales 2, 3, 6 (en forma parcial), 7 y 9 de la Ley 8754, también modificó el numeral 2 de la Ley 9481, la cual en lo que interesa, señalaba en su párrafo tercero: «Los tribunales o juzgados ordinarios del país conocerán los procesos de delincuencia organizada, en aquellos casos donde el Ministerio Público no ha solicitado que sean tramitados en la jurisdicción especializada, de conformidad con los artículos 8 y 9 de esta ley». Asimismo, permanecía sin variación alguna — para el momento en que se calificó este asunto como delincuencia organizada— el transitorio I de la Ley N.° 9481, que disponía: «Las causas iniciadas en los tribunales penales con competencia común a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, que se encuentren en las etapas intermedia o de juicio, seguirán siendo conocidas en esos tribunales». Posteriormente (con la entrada en vigencia de la Ley N.° 10.369 de 30 de mayo de 2023), este transitorio fue modificado por otro que permitió a la jurisdicción especializada arrogarse el conocimiento de esta sumaria, situación que será abordada más adelante. En cuanto al segundo punto cuestionado: la duplicación de los plazos de investigación, cabe apuntar que, más allá del criterio del plazo «razonable», no existen un tiempo preestablecido normativamente para finalizar la etapa de investigación en el proceso penal. Al respecto, únicamente dispone el ordinal 171 del Código Procesal Penal: «Duración del procedimiento preparatorio El Ministerio Público deberá concluir la investigación preparatoria en un plazo razonable. Cuando el imputado estime que el plazo se ha prolongado indebidamente, le solicitará al tribunal del procedimiento preparatorio que le fije término para que finalice la investigación. El tribunal le solicitará un informe al fiscal y, si estima que ha habido una prolongación indebida según la complejidad y dificultad de la investigación, le fijará un plazo para que concluya, el cual no podrá exceder de seis meses». En la especie, no se verificó una fijación de plazo para finalizar la investigación, a la luz de la norma señalada, por lo que no viene al caso la discusión sobre dicho extremo. Como tercer aspecto, en lo que toca al plazo extendido de intervenciones telefónicas e interceptación de comunicaciones entre presentes (24 meses en total, en lugar de los 9 meses que resultaban aplicables para asuntos ordinarios según la redacción del numeral 12 de la Ley N.° 7425, vigente al momento de autorización de las prórrogas en esta sumaria), es imprescindible tener claro que el artículo 15 de la Ley contra la Delincuencia Organizada no sufrió derogatoria o modificación alguna. Desde la entrada en vigencia de dicha norma, el 22 de julio de 2009, su redacción ha sido la siguiente: «En todas las investigaciones emprendidas por el Ministerio Público por delincuencia organizada, el tribunal podrá ordenar, por resolución fundada, la intervención o la escucha de las comunicaciones entre presentes o por las vías epistolar, radial, telegráfica, telefónica, electrónica, satelital o por cualquier otro medio. El procedimiento para la intervención será el establecido por la Ley N.º 7425, Registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones. El tiempo de la intervención o de la escucha podrá ser hasta de doce meses, y podrá ser renovado por un período igual, previa autorización del juez» (el resaltado es suplido). Como puede apreciarse, la única condición que dispuso el legislador para que resulte aplicable el plazo ampliado (así como para la ampliación del catálogo de delitos por los cuales es posible ordenarla), es el cumplimiento material de los requisitos establecidos en la ley para que el asunto califique como delincuencia organizada (grupo estructurado de 2 o más personas, con permanencia en el tiempo, el cual tiene como razón de su existencia la comisión concertada de uno o más delitos graves, de conformidad con el artículo 1 de la Ley N.° 8754 aplicada en este caso). Por supuesto que el cumplimiento de dichos requisitos debe ser analizado por la autoridad jurisdiccional, ya que no podría dejarse al arbitrio de la parte solicitante, pero dicha acreditación sí ocurrió en la especie, a través del análisis fundado que contiene la resolución del Juzgado Penal de Grecia, de las 19:50 horas del 28 de agosto de 2020. Nótese incluso — en este sentido— que la nomenclatura utilizada por el legislador en el ordinal 15 de la Ley N.° 8754, es la de «investigaciones emprendidas por el Ministerio Público por delincuencia organizada», con lo que la aplicabilidad de la norma no se hizo depender de que se siguiera el procedimiento específico de «declaratoria» fijado en el ordinal 2 del mismo cuerpo normativo, sino de la verificación de los requisitos materiales previstos en el numeral 1° de la Ley contra la Delincuencia Organizada, el cual posteriormente se complementó con lo indicado en los ordinales 8 y 9 de la Ley N.° 9481. En otras palabras, la ampliación del plazo de intervención de las comunicaciones, regulada en los numerales 15 y 16 de la Ley N.° 8754, al igual que sucede con las regulaciones especiales relativas al levantamiento del secreto bancario y el anticipo jurisdiccional de prueba (artículos 18 y 19 de la Ley N.°  8754), entre otros, se hacen depender únicamente de que se trate de un asunto de delincuencia organizada y no de que, para la calificación como tal, se haya seguido el procedimiento que regulaba el artículo 2 de la ley en cuestión. Sostener lo contrario, a criterio de esta cámara, proviene de una visión que privilegia las formas a toda costa, aún y cuando el fin procesal y las garantías en juego, no hayan sufrido afectación alguna. Finalmente, aunque la competencia de esta jurisdicción especializada no se cuestiona en las impugnaciones formuladas, conviene aclarar que posteriormente, una vez que fueron plenamente aplicables la totalidad de las normas contenidas en la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, lo que ocurrió el 7 de junio de 2023 (18 meses después de que se proveyó al Poder Judicial el presupuesto que hizo posible su puesta en marcha, mediante Ley N.° 10.103 de 30 de noviembre de 2021, publicada el 7 de diciembre de ese mismo año), se introdujo a dicho cuerpo legal un transitorio que fue de aplicación en este asunto y permitió que la sumaria fuese asumida por la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada. Se trata del transitorio I de la Ley N.° 9481, introducido mediante Ley N.° 10.369 de 30 de mayo de 2023, que señala: «Independientemente de la etapa procesal en la cual se encuentren las causas de delincuencia organizada, al momento de inicio de funciones de la jurisdicción especializada, la persona que ocupe el cargo de fiscal general de la República o bien la persona que ocupe el cargo de fiscal subrogante, por imposibilidad del primero, podrá solicitar a la autoridad jurisdiccional competente de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, según la etapa procesal en que se encuentre el asunto, que se arrogue el conocimiento de estas, previa comprobación de los requisitos de ley». Acorde con dicha disposición, en esta causa el Tribunal Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, atendió la solicitud formulada por el Fiscal General de la República con base en el anterior transitorio y se arrogó la competencia, mediante fallo n.° 8-2023 de las 10:00 horas del 25 de octubre de 2023 (cfr. f. 4680, tomo X principal). En conclusión de lo expuesto, si bien las razones señaladas por el tribunal de juicio para rechazar la actividad procesal defectuosa planteada en torno a la derogatoria del numeral 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada no son —para esta Cámara— las correctas, por los argumentos que se han expuesto a lo largo de este considerando y que tienen que ver con la interpretación de la ley procesal aplicable en este asunto, se llega a la misma conclusión: la validez de la calificación de este asunto como delincuencia organizada y la procedencia de los plazos ampliados de intervenciones telefónicas e interceptación de las comunicaciones, que van aparejados a esta. En consecuencia de lo anterior, no le asiste razón a la defensa material y técnica, en cuanto a las pretensiones expuestas en el primer motivo de la impugnación formulada por el licenciado Edwin Duartes, el primer reparo del recurso de apelación formulado en forma personal, por [Nombre 024] y el quinto reparo del recurso interpuesto por el licenciado Juan Carlos Peralta Montoya.

Punto 4) del recurso de apelación de sentencia formulado por [Nombre 001]: Cambios en la acusación y quebranto del principio de correlación entre acusación y sentencia. Indica el impugnante, que se varió la acusación para forzar la condena. Además, refiere que algunas llamadas telefónicas utilizadas como prueba quedaron fuera del marco acusatorio, lo que vulnera lo establecido en el ordinal 365 del Código Procesal Penal. Agrega que, en un inicio, se le atribuyó la posesión y transporte de droga de conformidad con los artículos 58 y 77 inciso f) de la Ley N.° 8204. Sin embargo, posteriormente se le da calificativo de tráfico internacional de drogas, endilgándosele contactos internacionales y enlaces para traer droga del exterior al territorio nacional (cfr. f. 9194 de la sentencia). Sostiene que la acusación no atribuye ninguna conducta atinente al trasiego de drogas, por lo que carece de precisión y correlación entre acusación y sentencia (fs. 9202-9203).  Otros reparos que se extraen del recurso interpuesto por [Nombre 001] (punto 6) de su reclamo único de apelación): A juicio del justiciable, el uso de información aportada por la DEA (Drug Enforcement Administration, según sus siglas en inglés), por parte de agentes del Organismo de investigación Judicial, supuso quebranto del numeral 5 del Código Procesal Penal (f. 9190 del expediente principal) y del ordinal 11 de la Ley N.° 8204 (cfr. f. 9197 del expediente principal) y en general, al principio de soberanía. Añade que la Constitución Política es clara en cuanto a que la DEA carece de competencia para realizar investigaciones en territorio costarricense. Reitera que no es posible sustentar el fallo en informes de la DEA y que los oficios, así como las pruebas aportadas por esta, carecen de validez, porque requerían de previa autorización de un juez y de la Cancillería (ibid). Concluye que las pruebas se encuentran viciadas de acuerdo con la doctrina del «árbol envenenado». Por otro lado, el sindicado afirma que la jueza [Nombre 043] fue removida del caso por «manipulaciones indebidas», lo que generó la emisión del voto n.° 134-R-2024. Indica, en otro orden de ideas, que se lesionó el derecho a la intimidad, al investigarse las reuniones que mantuvo con su amigo [Nombre 007], ya que dichos encuentros se realizaron en lugares privados No le asiste razón al impugnante: La información confidencial aportada en este asunto por la DEA, tuvo como única finalidad servir como notitia criminis para darle impulso a la apertura de la investigación. En ese sentido, no constituye un elemento probatorio, sino que puede equipararse a cualquier otra denuncia y, en todo caso, no es la única alerta que reciben las autoridades sobre las actuaciones de un grupo criminal en la Zona Sur de país, sino que, en forma paralela a esta, se habrían documentado varios reportes de información confidencial —también denominados CICOS— que alertan a las autoridades sobre la posible comisión de un delito. No existe, por lo tanto, vulneración alguna al numeral 11 de la Ley N.° 8204, que regula la figura del informante, ni del principio de independencia judicial, previsto en el ordinal 5 del Código Procesal Penal. Como consta en el considerando sexto, la decisión condenatoria se sustentó en una investigación robusta por parte del Organismo de Investigación Judicial de nuestro país, la cual se desarrolló por aproximadamente dos años y contó con vigilancias, seguimientos, rastreos telefónicos, intervención de las comunicaciones y entre presentes, evacuación de prueba testimonial y documental, allanamientos, decomisos, dictámenes periciales, entre otros; todo lo cual  —analizado de manera integral y conforme a las reglas de la sana crítica— fue lo que permitió determinar con certeza la participación de [Nombre 001] y los demás imputados en el trasiego ilícito de drogas. De allí que, incluso, podría suprimirse hipotéticamente la información recabada por la DEA, sin que ello incidiera de manera alguna en los razonamientos esgrimidos por el a quo. En segundo lugar, de forma muy sintética —bajo el argumento de uso de llamadas telefónicas intervenidas que se encontraban fuera del rango temporal de los hechos— la defensa material alude a la existencia de quebranto del principio de correlación entre acusación y sentencia. La primera precisión que debe realizarse es que, con su planteamiento, el recurrente confunde dos categorías de análisis distintas: por un lado, la determinación del rango temporal en que se ubican los hechos delictivos, y por otro, la fecha de captación de las llamadas telefónicas que pudieran resultar de interés para la investigación. Lo que se recoge en el ordinal 365 del Código Procesal Penal, es el principio de correlación entre acusación y sentencia, entendido este como la identidad —en lo nuclear o esencial— que debe existir entre los eventos acusados y probados, a efecto de garantizar el conocimiento claro de la persona justiciable, respecto de las conductas que se le imputan y poder encaminar su estrategia de defensa de acuerdo con dicha comprensión. Así, el principio de correlación entre acusación y sentencia protege al imputado contra cambios arbitrarios o sorpresivos en la pieza acusatoria, que puedan implicar una variación en el núcleo de la imputación o bien, afectar el ejercicio efectivo de la defensa. En la situación bajo examen, el impugnante no concreta —ni esta Cámara observa— que exista un solo hecho delictivo que se encuentre fuera del rango temporal original delimitado en la acusación. Por ello, aunque en sentencia se efectuó una corrección de los hechos acusados n.° 1 y n.° 7 —los cuales corresponden con los hechos probados n.° 1 y n.° 4—, para que en lugar de la frase «entre el mes de noviembre de 2018 y el mes de febrero de 2021», se lea en adelante en ambos: «entre el mes de noviembre de 2018 y el mes de abril de 2021», desde la óptica de esta Cámara resultaba totalmente innecesaria, toda vez que dicha variación no produjo agravio alguno y en todo caso, se justificó en el interés de armonizar el rango temporal con el último acto de investigación. Sobre el particular, razonaron las juzgadoras: «se extrae de la misma acusación que el límite temporal de la investigación realizada lo fue hasta el 06 de abril del 2021, porque fue en esa fecha en que finalizó la misma, de acuerdo con el hecho noveno de dicha pieza acusatoria que indica que las diligencias de allanamiento se realizaron en fecha 06 de abril del 2021, hecho que se conoció por parte de la defensa técnica desde la puesta en conocimiento de la pieza acusatoria. A lo anterior debe agregarse que en esos términos no existe una lesión al derecho de defensa porque el plazo de la investigación siempre estuvo claro para las personas imputadas y sus defensas técnicas, no resulta ser un hecho novedoso o sorpresivo como lo alegaron las personas defensoras, no modifica esencialmente la acusación, la misma pieza acusatoria advierte que se hicieron diligencias que interesan al MP que datan de abril de dos mil veintiuno, unido a las diligencias que se encuentran en el expediente, como los rastreos, los informes periciales que la misma defensa utilizó a lo largo del proceso, por lo tanto no provoca indefensión, resulta evidente que es un error material dicha fecha estaba clara desde la audiencia preliminar y de conformidad con el numeral 317 del Código Procesal Penal, incluso la prueba testimonial y documental incorporada al debate permite confirmar que las diligencias de allanamiento se realizaron en fecha 06 de abril de 2021, lo que lleva a este Tribunal a concluir que no existe violación al principio de correlación entre acusación y sentencia» (fs. 34-35 del fallo recurrido). En realidad, la realización del allanamiento no es un hecho delictivo, sino una diligencia con fines probatorios, razón por la cual no era necesario incluirla en la relación fáctica acusada. Pero por la misma razón, la ampliación del rango temporal de los hechos probados 1 y 4, para incluir el momento de su realización, no lesionó la garantía de correlación entre acusación y sentencia, ya que por su medio se protege al imputado de la inclusión de eventos distintos a los acusados, pero no implica de ninguna forma, que todas las pruebas que se incorporen a la investigación correspondan puntualmente con la ubicación temporal del hecho. Más aún, es lo usual que el momento de producción de la prueba sea anterior o posterior al momento de comisión del ilícito, por mucho que se trate —como este— de un supuesto de delito permanente. Por las razones indicadas, esta Cámara concluye que no existió quebranto del principio de correlación entre acusación y sentencia; además, en todo caso, lo que el sindicado reclama es una pretendida correlación entre el rango temporal de la acusación y el momento de producción de la prueba, que no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Por otra parte, es cierto que en un inicio de la investigación se manejó la tesis de que [Nombre 001], junto con otro sujeto de [Nombre 105], podían estar exportando droga en contenedores, pero conforme avanzaron las pesquisas y pudo recabarse información, dicha tesis fue desechada y se logró establecer que el grupo criminal liderado por [Nombre 001], trasladaba alijos de droga desde la Zona Sur hasta el Pacífico central, haciendo uso, para ello, de una vagoneta con un compartimento oculto. La imputación sobre esta conducta sí es clara, contrario a lo que estima la defensa material, pues se acusó quiénes integraban el grupo criminal, su modus operandi,  el rango temporal de las actuaciones, y las funciones desempeñadas por cada uno de los integrantes, de conformidad con la división de las tareas que se enfocaban al éxito de la operación de tráfico de droga desde la Zona Sur al Pacífico central, haciendo uso de una vagoneta con compartimento oculto, la cual trasladaba droga con un operativo de seguridad en el que, según se estableció probatoriamente, varios de los integrantes se alternaban para brindar seguridad y alertar de cualquier riesgo. En el caso de los transportes de droga, se especificaron tres fechas puntuales de traslado de la sustancia ilícita, estableciéndose, asimismo, las personas que colaboraron en dichas movilizaciones como dispositivo de seguridad. En el caso de los transportes de droga de los días 8 de junio y 18 de agosto de 2020, se describió con claridad quiénes participaron y, en cuanto al transporte del día 28 de octubre de 2020, se indicó, además, quiénes dieron acompañamiento como «vehículo punta» y «vehículo escolta», así como la identidad del conductor de la vagoneta. No se observa en este asunto, que la intimidad de los investigados se haya limitado fuera de las condiciones y plazos previamente autorizados mediante resolución judicial. El impugnante afirma que existió intromisión indebida en reuniones, particularmente en el caso de [Nombre 007], sin especificar de qué forma o en qué momento. Sin embargo, el único acto de investigación que podría tener relación con este alegato consiste en una vigilancia y seguimiento de oficiales de la policía judicial, quienes captaron imágenes desde las afueras de la vivienda de [Nombre 007], pero que no ingresaron a sus aposentos privados ni se impusieron de las conversaciones mantenidas por las personas que observaron reunidas en el exterior de su vivienda. Finalmente, el impugnante señala, sin mayor sustento, que la jueza [Nombre 043] fue removida del asunto por «manipulaciones indebidas», y menciona al efecto, el «fallo 134-R-2024». Este último pronunciamiento, respecto del cual el recurrente no explica su contenido y eventual incidencia en el fallo que aquí se impugna, fue emitido en forma oral durante el debate, a las 13:42 horas del 13 de setiembre de 2024. Sin embargo, no tiene relación alguna con el alegato de «manipulaciones indebidas» al que lo asocia el recurrente, sino que tuvo como objeto denegar una solicitud del Ministerio Público para que se permitiera a la testigo [Nombre 043] acogerse al derecho de abstención y no presentarse a rendir declaración como testigo en esta causa, reafirmando así el derecho de defensa de los coencartados y en particular, su facultad de interrogar a la testigo sobre lo que resultara de su interés. En la declaración rendida por la jueza en el contradictorio, ella dijo que el asunto pasó a otro juez después de que anularon una resolución relacionada con medidas cautelares —f. 123 de la sentencia— y que se circunscribieron a la conducción de la juzgadora durante una de las audiencias orales convocadas para conocer una solicitud de prórroga de medidas cautelares, no en la manipulación de pruebas como parece sugerirlo el recurrente, aunque no de forma clara. Incluso, se incorporó como prueba en juicio una copia certificada del expediente 21-000587-331-PE que le abrieron esta juzgadora para investigar denuncias relacionadas con su proceder en la causa bajo examen (cfr. f. 1381 de la sentencia), sumaria en la cual resultó sobreseída. En adición a lo anterior, cabe señalar que la intervención de la juzgadora en la fase de investigación, no incidió en forma alguna en la validez de la prueba autorizada por ella, tal y como se expuso ampliamente en el considerando sexto de este fallo. Por tal motivo, la apertura de una causa disciplinaria en contra de la jueza [Nombre 043] y el testimonio de piezas ordenado por el tribunal de juicio para investigar las eventuales inconsistencias en que pudo haber incurrido al rendir declaración en debate, no tienen el efecto de invalidar la sentencia que es objeto de conocimiento en este recurso, a saber: el fallo n.° 9-2024, dictado por el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, a las 13:30 horas del 10 de diciembre de 2024. En consecuencia de lo expuesto, se declaran sin lugar los puntos 4) y 6) de la impugnación interpuesta personalmente por [Nombre 001].

Cuarto reparo de la impugnación formulada por la defensa particular de [Nombre 001]: Errónea fundamentación de la actividad procesal defectuosa planteada por falta del «crudo de radiobases». Sostiene el licenciado Gamboa Sánchez, que la sentencia incurrió en un defecto absoluto, al rechazar la actividad procesal defectuosa invocada por la defensa técnica de [Nombre 001], respecto de la falta del «crudo» de radiobases —con lo que alude a la información previo a su procesamiento— utilizado para los informes periciales de análisis telefónico. Fustiga que no se aportó al expediente la totalidad del «crudo» de información de radiobases, no se realizó estudio de habitualidad para determinar la frecuencia con la que [Nombre 001] se desplazaba a Golfito. Reclama que solo se analizaran fechas específicas que el investigador [Nombre 044] requirió, las cuales fueron seleccionadas de forma arbitraria, sin justificación objetiva, en lugar de examinar el estudio completo de los desplazamientos de [Nombre 001]. Esa información la cataloga de esencial y determinante para acreditar la tesis de la defensa técnica y material, a efecto de descartar las conjeturas policiales presentadas. Sobre el particular, cita el informe 006-DICR/SECRRP/ART2020, emitido por el perito Eliécer Valerio, agregado a folio 160, en el que se evidencia que no se valoró la totalidad de activaciones o habitualidad en el sector de Golfito. Menciona, además, el informe 025-DICR/SECCRO/ART-2020  (folio 257), en particular los datos que se consignan en el resumen del caso y en los objetivos (se resaltan los puntos 1, 2 y 3, así como los folios 109 vuelto, 121 vuelto, 151 vuelto y 246 vuelto). Asimismo, refiere que el perito Eliécer Valerio reconoció en juicio que: «para verificar la información que el plasma en el informe únicamente sería facilitando el estudio de los rastreos telefónicos para verificar». Observa que los informes periciales son sesgados, ya que se limitaron a analizar fechas específicas para sugerir reuniones de los imputados, sin realizar un estudio integral del «crudo» de radiobases, que permitiera determinar con precisión la frecuencia y habitualidad de los desplazamientos de [Nombre 001] en Golfito. Añade que el oficial [Nombre 044] reconoció que [Nombre 001] tenía una propiedad en Golfito en que realizaba reparaciones, dato relevante no considerado en los informes periciales que demuestran una interpretación subjetiva. Adicionalmente, trae a colación la llamada 345957, registrada en el número [Valor 027], en la que [Nombre 001] expresa que se trasladó a Golfito a realizar reparaciones y pintura en su propiedad, la cual es corroborativa de la tesis defensiva y no fue valorada por el tribunal, pese a que la defensa la reprodujo en juicio. Ante ello, reclama la falta de imparcialidad y objetividad, lo que afecta el derecho de defensa del encausado. Menciona los artículos 12, 13, 226, 283, 288 y 326 del Código Procesal Penal y 9 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, sobre los poderes investigativos del Ministerio Público y la Policía Judicial, pero reclama que la prueba no pueda ser verificada y refutada, ya que no se cuenta con órdenes de secuestro de los rastreos telefónicos de los números analizados, ni los archivos obtenidos de las empresas de telefonía. Sobre la carencia de respaldo, sea los «crudos» de la información telefónica, advierte que afecta la objetividad, transparencia e igualdad de armas de las partes. En apoyo a su postura, cita en extenso el voto n.° 360-2020 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Alajuela. Reclama la supresión de prueba esencial para la defensa y fustiga que se declarara sin lugar, de forma arbitraria, la actividad procesal defectuosa presentada. Pide se anule la sentencia y se ordene juicio de reenvío para la valoración correcta de la prueba indiciaria. El reclamo se declara sin lugar: El impugnante solicita el reenvío de la causa, al indicar que existe un vicio de carácter absoluto por el rechazo de la solicitud planteada por la defensa de [Nombre 001], para que se incorporara como prueba la totalidad de datos aportados por las empresas telefónicas sobre los rastreos de los números celulares con los que se le vincula, lo que hubiese permitido — según indica— demostrar que las activaciones de radiobases que se le endilgan en Golfito, se explican en visitas y reparaciones que efectuaba en la propiedad que tiene en dicho lugar. Cabe aclarar, como un primer aspecto, que el cuestionamiento relativo al «crudo» de la información con base en la cual se realizaron los estudios de itinerancia, la realizó durante el proceso y reiteró en debate, la defensa técnica de [Nombre 007]. Así, durante el plenario, el licenciado Jaens Porras, quien representó los intereses de [Nombre 007], fue quien formuló la actividad procesal defectuosa por rechazo arbitrario de la prueba consistente  en  el  «crudo»  o  información completa  de               itinerancia

telefónica. Aun pasando por alto dicho aspecto, a la luz del principio de comunidad de la prueba, debe aclararse que los datos de itinerancia o información en «crudo» que sirvió de «materia prima» para la confección de los informes de rastreos telefónicos incorporados como prueba en este asunto, sí fueron aportados desde un inicio como parte del material aportado por el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones. Con respecto a los datos de itinerancia o activaciones de radiobases de los números telefónicos vinculados a los coencartados durante toda la investigación —aún en los períodos que no resultaron de trascendencia para efectos de análisis—  sucede que el licenciado Porras, quien recurrió dicho extremo, no solicitó durante el juicio la prueba que ahora se plantea como preterida pese a que se abrió la oportunidad para efectuar este tipo de planteamientos, e incluso declinó los ofrecimientos de prueba que realizó inicialmente en el juicio. Ningún otro defensor o imputado, se opuso a la decisión del licenciado Porras de prescindir de la prueba y tampoco efectuó, por cuenta propia, algún ofrecimiento en el sentido que ahora se echa de menos. En esta dirección, acotaron las juzgadoras: «El numeral 355 del Código Procesal Penal, establece que “a petición de parte” el Tribunal podrá ordenar la recepción de cualquier prueba, si en el curso de la audiencia surgen hechos o circunstancias nuevas, que requieran esclarecimiento. Lo anterior, sin duda alguna tiene bases en el principio de amplitud probatoria, estrategia de la defensa conocida por todas las partes y el principio de imparcialidad de las personas Juzgadoras. El señor defensor conocía que cualquier gestión, incluso las que extrañara a lo largo del contradictorio debía realizarla en el juicio. Si el defensor lo consideraba vital tuvo la posibilidad de hacerlo de acuerdo con la estregia (sic) de defensa, una vez iniciado el debate o durante el mismo considerando lo que establece el numeral 355 del Código Procesal Pena, claro está. En las grabaciones y actas del debate consta que el tribunal fue sumamente amplio para admitir prueba para mejor resolver, se les indicó a todas las partes que se abría un espacio para el ofrecimiento de dicha prueba, obviamente ello no significaba que se iba a admitir todo lo que se ofreciera, lo importante es que esos espacios fueron utilizados tanto por la defensa técnica como la defensa material y por el Ministerio Público. El señor defensor no hizo ninguna solicitud en relación con lo que ahora reclama, es decir, sobre los máster de los rastreos y del GPS. Incluso el licenciado Jeans Porras ofreció varios documentos entre ellos informes para su admisión y valoración, lo que discutió con los demás defensores que se encontraban en el contradictorio, y luego retiró el ofrecimiento de prueba, a pesar del espacio y ofrecimiento de prueba realizado dejó de lado lo que ahora indica que extraña para analizar. Este Tribunal brindó audiencia al defensor sobre los informes ofrecidos, sin que existiera solicitud del licenciado Jeans sobre los máster de los rastreos y del GPS, por lo que, en respeto a la estrategia de defensa, principio de contradictorio, principio de imparcialidad de los Juzgadores, no se extrañó ninguna prueba» (fs. 74-75 de la sentencia). En adición a lo anterior, expuso el a quo: «En (sic) importante en cuanto a la fiabilidad de la información hay que indicar una premisa que es fundamental, nadie puede beneficiarse de su propio dolo. Empezando porque el señor defensor se ampara en que nunca se le dio la prueba que solicitó en los términos en que deseaba o que sus objetivos no se cumplieron, no es por sí mismo un vicio. Nótese que al señor defensor se le facilitaron máster de rastreos, tuvo la posibilidad de hacer llegar esa prueba en los términos en que la requería, pero ni siquiera la pidió al iniciar el juicio, ni cuando el testigo Jairo Navarro indicó que esa información estaba en el Centro de Intervenciones, no hizo solicitud alguna en el contradictorio. Por otra parte, no refiere el agravio ocasionado por cuanto tuvo para analizar y contrainterrogar a los peritos que realizaron las pericias respectiva sin que se extrañara u ofreciera prueba alguna, se tuvo a los peritos como testigos, en el mismo sentido la defensa contó con los peritajes respectivos. El interrogatorio del licenciado fue fluido, sin presentar dificultades en el cuestionamiento de las pericias, y mucho menos indicó que se extrañaba alguna información adicional. En el mismo sentido este Tribunal no considera que la prueba se extrañe por cuanto los rastreos telefónicos se obtuvieron de manera lícita, con el uso de una herramienta tecnológica que, como lo indicó el testigo Jairo Navarro Sánchez, a quien este tribunal le brinda total credibilidad y a su peritaje. Quien indico que en el peritaje que él realizó es la herramienta que arroja los resultados sin que existan elementos subjetivos que alteren el mismo declaración (sic) que se procederá a analizar posteriormente. El tema aquí es que la defensa tuvo todas las herramientas para impugnar los peritajes, para cotejar los mismo con los testigos Óscar Campos, Eliecer Valerio, Jairo Navarro, incluso la defensa no se opuso a prescindir de la declaración del perito Roger Hernández Vásquez, quien elaboró el informe 038DICR/SECCRO/ART-2020, 083-DICR-SECCRO-ART-2020, 332-A-CJIC-2020 debidamente incorporados y no cuestionados al contradictorio y pedir en debate lo que considerara oportuno a partir de la declaración que se estaba recibiendo de los peritos que comparecieron, nótese que ante el interrogatorio del licenciado

Jeans Porras sobre si los registros telefónicos de los rastreos existía, el testigo Jairo Navarro Sánchez respondió que sí, que está esa información está (sic) en el Centro de Intervención de la Comunicaciones y el defensor no realizó ninguna gestión sobre la información que daba el perito. Al respecto indicó el testigo Navarro: “Sí, es como lo indiqué todos los registros telefónicos están en el Centro de Intervenciones. Para la pericia no utilicé ningún disco compacto, toda la información se extrae del sistema y se tabula en el informe queda registro a nivel informático  dentro  de  la  misma  plataforma  que  el usuario,  por ejemplo, jnavarros extrajo tal información tal día.” En el mismo sentido se sometió al examen la declaración del perito Oscar Campos Navarro sobre el informe a 159, 151-A-CJIC-2020, Tomo I folio 246 a 256, 250-A-CJIC-2020 TOMO I folios 387 a

393, 055-SECCRO-2020, folios 60 al 107, 250-ACJIC-2020 TOMO I folios 387 a 393. 405-A-CJIC-2019, Tomo I folios 151. No cabe duda de que la defensa tuvo la oportunidad de interrogar y confrontar esa prueba documental con lo indicado por el testigo quien en su declaración refirió sobre las masas de agua concluyendo que no había ningún factor geográfico a considerar en los informes, tampoco la zona fronteriza. Dentro de lo que indicó el perito resalta que la objetividad de los informes al afirmar lo siguiente: “Los análisis no tienen parámetro o consideraciones subjetivas para llegar a las conclusiones, aquí no hay nada subjetivo la información se extrae, no sé si lo mencioné, sino lo voy a repetir, la información que se plasma en los informes es extraída del sistema de interceptación de las comunicaciones, el sistema capta las llamadas y almacena la información, sea información de las llamadas como tales, información general de cada una de las comunicaciones interceptadas y no hay forma de que humanamente yo haga otro procedimiento diferente al que está diseñado en el sistema que yo pueda extraer esa información en forma de reporte de análisis, y esa es la forma en que se extrae no hay forma subjetiva de plasmarlo posteriormente. En cada uno de los informes hay una observación que dice la forma en que se extrae la información, de manera que no es subjetiva la información que se plasma en ningún informe ni la información que se traslada a los investigadores”…» (fs. 77-79 de la sentencia). Es así que, con independencia de lo que se hubiere peticionado o resuelto en la etapa preparatoria o en la audiencia preliminar respecto de la prueba que se estima preterida, es lo cierto que la defensa técnica no tuvo interés en solicitar los datos en cuestión, como prueba para mejor resolver. Aunque el recurrente no lo señala ahora, este tribunal aprecia que al formular la actividad procesal defectuosa por falta de los «crudos» de radiobases, el licenciado Porras señaló que había desistido de solicitar dichos datos como prueba para mejor proveer en debate, porque de concedérsele en dicha fase, ya no habría tenido oportunidad de analizarlos, por su volumen. Ciertamente, el acceso a la prueba, junto con la concesión de tiempo suficiente para analizarla o procesarla, es un tema de importancia para garantizar un ejercicio efectivo de la defensa. Sin embargo, en este asunto el debate se prolongó por poco más de 8 meses. De manera que, contrario a lo que sucede en asuntos en los que el juicio se prolonga por algunos días o semanas, de resultar de interés la incorporación de algún elemento probatorio en particular, la defensa pudo haberlo solicitado como prueba para mejor proveer en juicio y — aun tomando en cuenta el volumen y carácter técnico de la información requerida— habría contado con un tiempo razonable para procesarla. Lleva razón, por lo tanto, el a quo, al señalar que la falta de gestión de la prueba es señal de la conformidad de las partes con su prescindencia, tanto por parte de quien prescindió, como respecto del resto de intervinientes en el proceso que no se opusieron a tal decisión, por lo que no viene al caso que ahora se presenten a afirmar que su omisión les causa un enorme perjuicio, ya que se trataba de un elemento esencial en su estrategia de defensa. Conforme se analizará con mayor detalle en el acápite dedicado al sustento probatorio intelectivo de las condenas dictadas en este asunto por el delito de tráfico de drogas, a la luz del examen integral de los indicios recabados, la circunstancia de que los informes n.° 006- DICR/SECRRP/ART-2020  y  n.°  025-25-DICR/SECCRO/ART-2020 especifiquen ciertos rangos               temporales               de               estudio,               no               obedece               a               un

direccionamiento amañado por parte de la policía, a fin de forzar la acreditación de responsabilidad penal de [Nombre 001] como líder del grupo criminal. Contrario a ello, tal y como explicaron los analistas criminales en juicio, se realizaron estudios, gráficos e interrelaciones de la activación de radiobases de los derechos telefónicos de interés, en los períodos en los cuales estos mostraron actividad inusual o que se salía del marco de la habitualidad, situación que pudieron distinguir los analistas, precisamente porque el período de las intervenciones fue prolongado, lo que les permitió conocer la cotidianeidad o «normalidad» de los investigados. Al respecto, expuso el oficial Jairo Navarro: «Recuerdo que el período de investigación inició a finales de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) eso lo sé porque yo inicié en diciembre de ese año, diciembre hasta febrero del dos mil veinte (2020), un nombramiento como analista en el centro de intervenciones y en el grupo en el que estaba mi persona, que era el grupo dos del centro pude tener acceso a este caso. No sé hasta cuándo se extendió yo si llegué hasta febrero del dos mil veinte (2020). Y el caso si continuó su marcha, recuerdo que se pidió una prórroga de la intervención telefónica como para esas fechas y justamente elaboré un informe de análisis, el cual fue solicitado por la Policía Judicial propiamente por la sección de crimen organizado que en ese entonces su acrónimo era SECCRO. El investigador asignado [Nombre 044] me solicitó hacer una revisión de las de las (sic) llamadas que, hasta ese entonces, es decir, hasta febrero aproximadamente constaban dentro del sistema PLX para establecer sí había alguna (sic) comportamiento interés (sic) en las comunicaciones, activaciones de radio bases que según mi experiencia, tuvieran alguna particularidad o que sirviera como insumo para la Policía Judicial en dirigir sus recursos a una nueva estrategia de investigación, en principio, o para abarcar una nueva sin necesidad de salirse del norte la investigación que ellos ya venían planteando anteriormente contra los imputados de esta causa y con base a la investigación que estaban llevando ya desde tiempo atrás. Sí, recuerdo que se elaboró un informe. Se pidió extraer inicialmente lo que son la frecuencia de comunicaciones entrantes y salientes de cada uno de los de los números analizados. Para ese informe específico se me solicitó analizar el número telefónico vinculado y asociado a al (sic) señor [Nombre 013], a don [Nombre 013] a don [Nombre 007], a don [Nombre 001] y también se hacía mención de otro de los investigadores, don [Nombre 086]. Sin embargo, recuerdo que en este informe no, no hubo elementos pues importantes o de interés para aportar al caso. Básicamente la frecuencia de comunicaciones. El software da la capacidad de poder extraer hacer (sic)  una consulta dentro del software y extraer esa información de forma de hojas de cálculo en formato Excel. Entonces el sistema permite exportar esa información y uno lo que hace ya después es darle forma, darle una apariencia estética a las tablas de información que genera el software […] los investigadores habían solicitado que se les dieran datos sobre la cantidad de llamadas globales que habían generado los números intervenidos durante el periodo de un estudio que han iniciado. Si mal no recuerdo, el veintinueve de noviembre del dos mil diecinueve (2019), cuando se inició una interpretación hasta la fecha en la que yo confeccione (sic) el informe, que fue febrero de dos mil veinte (2020) […] Se notó de que las llamadas convencionales, es decir, las llamadas de voz en plataformas convencionales eran bastante pocas en comparación a las llamadas a los registros de datos móviles por interacción a banda ancha de Internet, que esto básicamente es cuando los aparatos telefónicos se conectan a banda ancha de Internet pueden generar registros de activación con torres de comunicación, por radio bases cercanas a su punto de referencia. Entonces, los datos móviles para aquel entonces únicamente los generaba el Instituto Costarricense de Electricidad era la única compañía telefónica en el país, desconozco ahora quien da ese tipo de soporte y el sistema que se utilizaba en el Centro de Intervenciones tenía la capacidad también de captar esos esos registros de datos móviles, adicional a las llamadas convencionales. Cuando se hace este este (sic)  análisis cruzado veo que efectivamente, la interacción de datos móviles era bastante alta en comparación a la interacción de llamadas convencionales. Y fue pues para mí el punto de partida para poder analizar el comportamiento de la activación de esos de esos datos móviles. Hice un recuento de todas las comunicaciones que se han generado dentro del sistema desde que se inició la intervención. No recuerdo cuántos registros, pero si eran bastantes porque eran varios investigados y logré establecer de que había un comportamiento bastante atípico.  A mi parecer y experiencia que los investigados estaban realizando los fines de semana de sábado a domingo o de lunes a o (sic) de domingo a lunes en horas de la noche y terminaba el día siguiente en horas de la madrugada. Que básicamente era salir de sus sectores, donde estaban ubicadas sus residencias y hacían un desplazamiento desde, por ejemplo, La Cuesta o Laureles de la zona sur hasta el sector de Osa. No recuerdo si era puerto Osa (sic) o algo así por el estilo Puerto Escondido de Osa, donde se denotaba una ruta de activación lineal de radio bases por datos móviles, no habían llamadas, no había contenido de audio que se ejecutaba alrededor de las veinte horas de la noche empezaba el traslado que para mí era atípico o llamaba la atención, se mantenían en horas de la de la madrugada en Osa, en la Península de Osa y ya a partir de las tres cuatro de la mañana, en algunos eventos denoté que hacían traslado desde Osa hasta el sector de Tárcoles, ya cercano a al (sic) cantón de Orotina, y posterior a esto hacían su retorno nuevamente hasta la zona sur. Recuerdo que en la primera vez que encontré este evento fue casi que al inicio de la investigación fue el veintinueve de noviembre. No sé si es el mismo fin de semana o al día siguiente fin de semana, que recuerdo eso con precisión vi este comportamiento, hice una tabla de los números telefónicos que eran los que hacían este comportamiento. Recuerdo que era el número de Don [Nombre 013], el número de don [Nombre 007] hubo también unas interacciones que a mi parecen que eran interesantes de don [Nombre 007] del número telefónico que utilizaban esos tres caballeros y se hace un conteo de alrededor de siete eventos de finales de noviembre hasta el (sic) finales de enero del dos mil veinte (2020)»  (fs. 1191-1193 de la sentencia.

El subrayado es suplido). El anterior extracto sirve para ilustrar que los períodos de activación de radiobases de interés que se destacan en los informes incorporados como prueba, no se escogieron de forma arbitraria o sesgada, como lo afirma el recurrente, sino que, tal y como lo valoró el tribunal de juicio, a partir de observaciones realizadas por los técnicos a lo largo del período de escuchas, los rangos temporales de los informes reflejan el claro patrón de comportamiento delictivo detectado por los analistas y corroborado a través del resto del universo probatorio. La información con base en la cual los analistas realizaron sus informes, fue puesta a disposición de las partes y se encuentra resguardada en el Centro Judicial de Intervenciones telefónicas, cuyos procedimientos, tal y como lo explicó el testigo, permiten dar trazabilidad, incluso, a todas las personas que tuvieron acceso a la información. Por tal razón, no resulta asimilable la hipótesis bajo examen al supuesto examinado en la resolución n:° 360-2020 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, pues en este fallo se discute la realización de rastreos telefónicos sin respaldo objetivo y verificable. Por otro lado, las juzgadoras no tergiversaron u omitieron considerar la llamada con la secuencia 345957 o ninguna otra en las que [Nombre 001] conversa con su esposa y con terceras personas ajenas a la investigación, sobre reparaciones o ampliaciones que debía realizar en el inmueble de su propiedad localizado en Golfito. Lo que sucede es que la realización de dichas actividades, no contradicen ni resultan incompatibles con el rol que, en forma paralela a su actividad lícita, cumplía [Nombre 001] como líder de la organización criminal investigada. Justamente la información recabada mediante análisis de rastreos y escuchas telefónicas, trazaron las líneas básicas que permitieron detectar quiénes integraban el grupo delictivo, qué funciones cumplían, cuáles eran los horarios y rutas de traslados de droga, de manera que dicha información, junto con vigilancias y seguimientos, permitió finalmente verificar la tesis fiscal, en cuanto al modus operandi de la organización criminal liderada por [Nombre 001], facultándose así  el decomiso de una tonelada de droga a esta. Al no verificarse el vicio de preterición de prueba señalado por la defensa técnica, se declara sin lugar el cuarto motivo del recurso de apelación de sentencia formulado por el licenciado Celso Gamboa Sánchez, en calidad de defensor particular de [Nombre 001].

Punto 2) del segundo motivo del recurso de apelación formulado por el licenciado Juan Carlos Peralta Montoya: Inconformidad con la valoración de la prueba por falta de fundamentación intelectiva y falta de fundamentación de la sentencia por no haberse resuelto las cuestiones planteadas por la defensa en el debate. Como un segundo aspecto planteado dentro de su segundo reclamo de apelación de sentencia, el licenciado Peralta Montoya alega quebranto de la cadena de custodia con respecto a la interceptación entre presentes realizada en el interior del vehículo [Valor 039]. Critica, al efecto, que se estableciera que las comunicaciones no fueron alteradas, ya que no se contó con las grabaciones originales, las que además no contienen boletas de cadena de custodia. Aduce que la ley impone que las comunicaciones de la microSD originales debían conservarse y no se hizo. Refiere que a folio 80 de la sentencia, se resuelve la actividad procesal defectuosa planteada (1.4). Argumenta que la jueza dijo que ella seleccionaba qué era útil y qué no, lo que evidencia que se encargó de investigar, no de juzgar. Insiste que no hay garantía de autenticidad e inalterabilidad, lo que afecta su derecho de defensa al no preservarse correctamente y no contar con la transparencia en las cadenas de custodia. Conforme al artículo 9 de la Ley 7425, menciona que el deber de la persona juzgadora es de preservación, no de manipulación o escogencia. Sostiene que la jueza destruyó intencionadamente las grabaciones originales impidiendo su escucha. Fustiga que se comparara las actas con los CD, ya que la queja es por la falta de los contenidos originales de las tarjetas micro-SD. Señala como violentados los artículos 18 y 19 de la Ley N.° 7425. Acusa falta de fundamentación por no resolver las quejas de la defensa y evadir pronunciarse sobre las mismas. Reclama que el tribunal aseguró sin pruebas, que lo contenido en los CD es idéntico a lo que constaba en las tarjetas originales SD, conclusión que carece de asidero probatorio, ya que las segundas fueron borradas. Añade que consta en el expediente que las SD fueron formateadas y reutilizadas, así se borró la prueba obtenida y se pretende equipararlas a actas o copias en CD, las cuales se desconoce si son la totalidad como la ley lo exige. Rememora la época en que se utilizaban casetes y estos no se reutilizaban. Critica que en la instalación del equipo de grabación no estuvo presente la empresa autorizada y se hiciera por personas no autorizadas por resolución judicial. Tercer motivo del recurso de apelación planteado por el licenciado Gamboa Sánchez, en calidad de defensor particular de [Nombre 001]. En su tercer motivo de impugnación, el licenciado Gamboa Sánchez alega errónea valoración de la actividad procesal defectuosa presentada por la defensa en cuanto a la intervención entre presentes. Critica que se rechazara la protesta de utilización de prueba obtenida ilegalmente, específicamente la captación de conversaciones entre presentes sin observancia de una orden judicial válida y en contravención de la normativa vigente en la Ley sobre Intervención de Comunicaciones. Señala que se instaló de manera ilegal un dispositivo de grabación en el vehículo Mux [Valor 043], sin que la instalación ni extracción de las tarjetas de memoria fueran realizadas por las personas autorizadas en la resolución judicial que aprobó la intervención de las comunicaciones. Indica que a folio 107 del Legajo de Intervención de Comunicaciones, la Fiscalía General solicitó la autorización de intervención entre presentes dentro del vehículo. Transcribe el folio 113 en que se menciona las personas autorizadas y se indica que se contempla a los licenciados [Nombre 126] y [Nombre 116]. Sin embargo, en la resolución judicial no se autorizó a todos los funcionarios mencionados en la solicitud, sino que de manera expresa se dijo que la instalación del equipo de grabación en el vehículo oficial sería cumplida por la empresa Rastreadores Mundiales (f. 119). En la citada resolución se establece que la única autorizada para la instalación y remoción del equipo de grabación es la citada empresa. Resalta que ni [Nombre 126] ni [Nombre 116] estaban autorizados para instalar y remover las tarjetas de memoria, así como tampoco [Nombre 044] ni [Nombre 177]. 1). Instalación del equipo de grabación realizada por personas no autorizadas. Menciona que de forma ilegal los investigadores [Nombre 177] y [Nombre 044] instalaron el equipo de grabación (f. 122) sin la presencia de funcionarios de la empresa autorizada, conforme a la resolución de las 8:45 horas del 8 de julio de 2020. Menciona que el tribunal pretendió justificar esa irregularidad en que la presencia del juez y fiscal valida el acto, lo que contraría la normativa vigente. Establece que el acto procesal se cumplió por personas no autorizadas, lo que constituye una violación al debido proceso y el principio de legalidad. Considera que la presencia de la juez es insuficiente y debió emitirse una nueva resolución, con gestión de la Fiscalía General, lo que no ocurrió. La gravedad de la infracción radica en que no se acató la resolución judicial, lo que desvirtúa la validez del acto procesal. Considera que la incongruencia de lo resuelto por el Juzgado Penal y lo ejecutado afectó la legalidad del acto de instalación, el cual correspondía a la empresa Rastreadores Mundiales. Señala que los oficiales [Nombre 044] y [Nombre 177] aceptaron que ellos instalaron el equipo de grabación y que no estuvo presente ningún funcionario de la compañía Rastreadores Mundiales. 2). Remoción e instalación de tarjetas de memoria por personas no autorizadas. Sostiene que la remoción de la tarjeta de memoria SD del vehículo Isuzu Mx, placa [Valor 051] fue realizado por personas no autorizadas judicialmente, lo que afecta la legalidad de la prueba. [Nombre 116] confirmó ser el encargado de la remoción junto con [Nombre 126], personas que no estaban autorizadas en la resolución judicial de las 8:45 horas del 8 de julio de 2020. Advierte que, en las siguientes resoluciones judiciales, tampoco se autorizó a [Nombre 126] y [Nombre 079] (f. 190 a 191, 230 y 289). Por esto, la obtención de esa prueba es ilegítima. Menciona que el tribunal apoyó la legalidad del acto en el voto n.° 3195-1995 de la Sala Constitucional, respecto que cualquier investigador puede realizar actos materiales, pero es inaplicable conforme al numeral 13.2 de la Ley de Intervención de las Comunicaciones ya que impone pena de nulidad la participación sin autorización legal. Cita además los votos 12771-2016 de la Sala Constitucional sobre el secreto de las comunicaciones en que se establece el deber de delegación estricta en funcionarios debidamente identificados. Reclama que [Nombre 116] y [Nombre 126] no fueron identificados en la resolución judicial, por lo que no se autorizó su participación en la primera orden de intervención, ni en las prórrogas. Por ello, la remoción e instalación de tarjetas de memoria fue irregular y carente de respaldo legal. Fustiga que se haya estimado por el tribunal de instancia como un mero formalismo, cuando lo que está en juego son los derechos fundamentales de las personas y en que se impone la consecuencia de nulidad. Argumenta que con la intervención de los agentes [Nombre 079] y [Nombre 126] se ha violentado el derecho al secreto de las comunicaciones. 3). Análisis de llamadas realizado por un investigador sin autorización. Añade a los reclamos presentados que el investigador [Nombre 037] elaboró el informe 004-SECCREO/DM-2022 en que se analiza la intervención de las comunicaciones entre presentes, en el vehículo oficial placas [Valor 039]. Sin embargo, [Nombre 037] no estaba autorizado judicialmente para acceder al material de las intervenciones telefónicas ni realizar el informe en cuestión, lo que hace la actuación ilegal al afectar el debido proceso. Cita los folios 114, 119,120 y 121, en que consta la resolución de las 08:45 horas del 8 de julio de 2020, así como el folio 171 que contiene la prórroga de las 09:15 horas del 28 de agosto de 2020, folio 230 y 289 en que no se establece la participación de [Nombre 037]. Pide se anule el informe 004-SECCRO/DM-2022 por violentar el debido proceso, la privacidad y secreto de las comunicaciones y haberse obtenido de forma ilegal la prueba. Solicita se anule la sentencia y se analice el caso con la prueba legal. Se declaran sin lugar los motivos (informa la jueza Hernández Leiva). Los reparos que se interponen se relacionan con la intervención entre presentes dispuesta por resolución judicial emitida a las 08:45 horas del 8 de julio de 2020, por parte del Juzgado Penal de Grecia (cfr. fs. 114 a 121 del legajo de intervenciones). Básicamente se cuestiona el contenido de la orden, la forma en que se ejecutó y la cadena de custodia de la información obtenida como resultado. Sobre el primero de los aspectos aludidos, relacionado con el fundamento de la orden inicial y de sus posteriores prórrogas, se realizó el respectivo abordaje en los puntos B.4), B.8) y B.10) del considerando sexto de esta resolución, por lo que, para evitar reiteraciones innecesarias, se remite a la lectura de dicho apartado. En cuanto al segundo de los aspectos cuestionados, propiamente la forma en que se ejecutó la orden, se verifica que en el apartado segundo de la resolución aludida, denominado «SE RESUELVE» la jueza de garantías dispuso lo siguiente: «[…] La instalación del equipo tecnológico tanto de grabación de audio, como del sistema de rastreo o posicionamiento global, conocido como GPS, estará a cargo del personal técnico de la empresa Rastreadores Mundiales S.A, cédula jurídica [Valor 052], quienes procederán únicamente con la instalación de la grabadora y el GPS en el vehículo placas [Valor 039] y eventualmente con su remoción, sin embargo, una vez instalado, serán los oficiales del Organismo de Investigación Judicial, encargados de la investigación y a los que se solicitará la respectiva autorización, quienes de manera diaria, realizaran (sic) la remoción e instalación de las tarjetas de memoria, donde se almacenarán las conversaciones de los pasajeros del vehículo citado, para lo cual realizarán las respectivas actas de instalación y remoción de información, así como la debida cadena de custodia de los audios obtenidos, mismos que será remitidos a la autoridad jurisdiccional para la respectiva selección de comunicaciones de interés, y así ir generando un respaldo total de las comunicaciones, para eventualmente una vez seleccionados los audios relacionados con la presente investigación, se pueda crear el disco master correspondiente. Otra eventual manera de trabajo, que se deja a discreción de la autoridad jurisdiccional, es que la escucha, selección y transcripción de los audios, sea realizada por los investigadores a cargo del caso, previamente autorizados, y bajo supervisión del juez o jueza quien ordena la intervención […] de la misma forma indicada en el primer procedimiento, se realizarán por parte de la policía judicial, las actas correspondientes, estableciendo la identidad, integridad y trazabilidad de la evidencia recolectada, lo cual está debidamente autorizado» (cfr. fs. 119 a 120. Resaltado no corresponde al original). Más adelante, esa misma resolución, en el apartado VI denominado «Actos materiales» estableció: «Para la ejecución de los actos meramente materiales que se deriven de la presente intervención telefónica, como secuestrar y analizar la información relacionada a rastreos telefónicos, además de la suscrita juzgadora [Nombre 043], cualquier Juez o Jueza Penal de Grecia que corresponda según el rol, se dispone y autoriza para la ejecución de los actos materiales a los siguientes Fiscales en su condición de representes del Ministerio Publico: se dispone y autoriza para la ejecución de los actos materiales a los siguientes Fiscales en su condición de representes del Ministerio Publico: dirigida funcionalmente por el fiscal auxiliar Esteban Chavarría Araya, así mismo se solicita la autorización de los fiscales, lleana Mora Muñoz, Pablo Jiménez Trejos, Silvia Matamoros Jiménez y Geaninna Gutiérrez Herrera; a quienes igualmente quedan legitimados para que accedan a las comunicaciones de interés captadas y al material documental secuestrado. Para la realización de los actos materiales que el proceso de interceptación implique, para acceder a información procedente de las comunicaciones captadas y para imponerse de los documentos secuestrados durante el proceso de investigación, se autoriza a los siguientes funcionarios de la Policía Judicial (OIJ) a los investigadores de la Sección Especializada Contra el Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial de San José, el licenciado [Nombre 221], [Nombre 222], [Nombre 223], Eliecer Valerio Sandoval, [Nombre 224], [Nombre 225], [Nombre 226], [Nombre 124], [Nombre 177], [Nombre 229], [Nombre 230], [Nombre 130], [Nombre 231], [Nombre 044], [Nombre 227], [Nombre 233], [Nombre 234], [Nombre 235], [Nombre 236], [Nombre 237], [Nombre 220], [Nombre 232], Olman Vargas Hernández, [Nombre 238], [Nombre 239], [Nombre 240], [Nombre 184], [Nombre 241], [Nombre 242], [Nombre 243], así como cualquier otro investigador que se determine necesario, los cuales de igual manera quedan legitimados para que accedan a las comunicaciones captadas (decomiso de discos y/o rastreos telefónicos) y al material documental secuestrado, quienes colaboraran en el desarrollo de la presente investigación y actuaran en total apego a las disposiciones legales vigentes y directrices que estime presente su autoridad. Quienes intervengan en la diligencia deberán actuar de conformidad con Io que establecen los artículos 22, 23, 24 y 25, bajo los apercibimientos legales de faltar a Io ordenado. La suscrita jueza o bien conjuntamente con los investigadores a cargo procederán en forma personal a la escucha de las grabaciones, con la finalidad de discriminar las conversaciones pertinentes y útiles para la investigación, las que serán comunicadas oportunamente a los encargados de las pesquisas, así como llevar el control y realizar las transcripciones e interpretación de las mismas, conservando la custodia temporal de los cassettes y cd analizados. Si durante el periodo de la intervención no se arrojasen elementos importantes de prueba que verifiquen el motivo que origina esta resolución, se levantara la misma, o bien, de darse Io contrario, se prorrogara por un término igual o mayor, según se disponga.

Asimismo, se les advierte, que la difusión de esta información constituye delito, por Io que es necesario se instruya al técnico que se designe, acerca de las penalidades, ello de acuerdo a Io establecido en los artículos 22, 23, 24 y 25 de la Ley número 7425. Por Io expuesto se procede a decretar la presente medida conforme Io establecen los artículos 24 de la Constitución Política y la Ley Numero 7425 sobre Registro Secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones en sus artículos 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, artículos 62, 68, 274, 276, 277, 288, 289, 290, 291 y 293, siguientes y concordantes del Código Procesal Penal y artículos 58 y 77 inciso f) de la Ley N° 8204, según se ha indicado. El inicio de la presente intervención de las comunicaciones se hará una vez que se realice la instalación y colocación del equipo en Vehículo marca Isuzu, estilo MU-X, placa [Valor 039]» (cfr. fs. 120 vto a 121 vto. del legajo de intervenciones). De los pasajes transcritos destacan, como datos de relevancia, primero que la jueza de garantías dispuso la intervención de un tercero en la instalación del equipo de grabación en el vehículo, propiamente la empresa Rastreadores Mundiales S.A., los restantes actos materiales fueron delegados en el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial. El segundo aspecto que debe resaltarse consiste en que, aún y cuando se estableció un listado de funcionarios autorizados para realizar los actos materiales relacionados con la intervención entre presentes, como previsión adicional la jueza penal indicó que podrían participar en ellos «cualquier otro investigador judicial que se determine necesario» y previno sobre la obligación de actuar apegados a Derecho. Finalmente, se denota que la juzgadora instruyó que se debía llevar el correspondiente registro documental de las actuaciones, mediante la confección de actas de colocación y remoción de los dispositivos en que se almacenaría la información captada, lo que claramente tiene por finalidad la preservación de la cadena de custodia de la información que se pretendía recolectar por parte del Ministerio Público. Ahora bien, en lo que respecta a la instalación de la grabadora en el vehículo de interés, la prueba evacuada en el contradictorio evidencia que no fue realizada por la empresa Rastreadores Mundiales S.A, según se previó en la orden, sino por personal judicial; no obstante, no se observa ninguna irregularidad en dicho proceder, primero porque se trata de un acto material relacionado con la orden de intervención, el cual válidamente podía ser ejecutado por la policía judicial, por cuanto no requería de una expertise o conocimiento especializado para su ejecución y segundo, la instalación se realizó en presencia de la jueza penal, lo que implica una garantía aún mayor de que el acto se realizó de conformidad con lo ordenado. Sobre la instalación del equipo, el a quo retomó la declaración del investigador [Nombre 177], quien explicó lo siguiente:

«como un estudio previo a la puesta en práctica de esta herramienta judicial [Nombre 044] y este su servidor, buscamos el equipo tecnológico necesario para poder poner en práctica la interceptación entre presentes. Dentro de las diligencias que realizamos fue conseguir aquí en San José, un Isuzu MU-X, un carro gemelo al que ellos usaban para ver las condiciones de su cabina y verificar donde podíamos instalar este equipo de captación de las comunicaciones entre presentes y terceros accedimos a una grabadora de voz para explicarles, la conocemos como grabadora periodística que el OIJ tiene las usamos para entrevistas, son digitales guardar información en tarjetas de memoria micro SD, tienen la capacidad de grabar cuando hay ruido dentro del habitáculo o donde está instalada o puesta la grabadora digital y detener la grabación si no hay ruido. Adicionalmente tiene la capacidad de insertarle en uno de sus puertos un micrófono adicional. Voy a explicar acá, la grabadora por si sola graba, pero cuando nos encontramos con la MU-X vimos que por el motor diesel que tenía era muy ruidoso y vibraba mucho, dentro de las pruebas que realizamos en ese vehículo gemelo que tuvimos acá nos dimos cuenta de la necesidad de obtener un micrófono para acercar la captación de sonido lo más posible a sus ocupantes. Obtuvimos un micrófono sencillo es un aditamento adicional a la grabadora periodística, es como un micrófono tipo solapa, ¿cómo funciona?, se conecta a la grabadora en una de sus espigas tiene un calibre, no lo preciso, se conecta a las espigas es un cable largo y a nivel periodístico lo que se hace es mantener la grabadora en la bolsa del pantalón o en la camisa y se acerca el micrófono a la persona que está hablando, también como es un dispositivo omnidireccional capta sonido en todas direcciones, era el mejor insumo que íbamos a tener para poder grabar. El equipo como tal se alimenta por materias convencionales, pero tiene la opción de ser alimentado por corriente a través de cable USB, dentro de la estrategia sacamos de [Nombre 044], porque yo no tengo conocimiento en eso, sacamos una línea de alimentación de corriente de doce voltios de la toma de la cigarrera donde uno conecta los chupones para alimentar teléfonos. Esa línea que sacamos, la sacamos de la parte interna para que no sea visible y el cableado o el cable del micrófono lo instalamos al centro de la cabina en medio de los asientos, como el vehículo alimentaba a través de este USB la grabadora si el vehículo mantenía problema de carga de batería, las baterías evitaban que la grabación tuviera el riesgo de detenerse y la posición más oculta y cómoda que logramos poner para esta grabadora era en la parte central entre los dos asientos delanteros donde se ocultaba la grabadora debajo del protector del freno de mano, donde estaba, la perilla de selección de tracción del cuatro por cuatro, como eso esta adherido con prensa plásticas a la carrocería con solo halar con fuerza esa pieza cedía y se podía acceder a la grabadora» (fs. 105-106 de la sentencia recurrida). Del anterior relato se constata que, en efecto, la colocación del equipo de grabación en el vehículo no requería de un conocimiento técnico especializado del que adolecieran los investigadores judiciales, por lo que no se verifica ninguna irregularidad en que hayan procedido con su instalación. La defensa ha cuestionado que los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial no estaban autorizados para llevar a cabo dicha labor, empero, para determinar que su intervención vicia el acto habría que partir de la premisa de que se lesionó algún derecho de los encartados, pues de lo contrario lo que se estaría requiriendo es una nulidad por la nulidad misma. De la prueba evacuada en el contradictorio no se desprende que se haya realizado algún proceso técnico irregular o que se excediera el contenido de la orden judicial, en consecuencia, no se produjo ningún vicio procesal a partir de la intervención de agentes del Organismo de Investigación Judicial en la colocación del equipo. Sobre el particular la sentencia indicó: «También quedó establecido que el día de la instalación el licenciado [Nombre 126] trasladó el vehículo hasta el sótano de acá del OIJ donde en presencia de la jueza, [Nombre 043], el licenciado Esteban Chavarría, fiscal a cargo, el jefe [Nombre 126] de la Delegación de Corredores, [Nombre 044] encargado de la investigación y este [Nombre 177] realizaron la instalación del equipo, lo que quedó consignado en las actas analizadas realizadas por la Jueza [Nombre 043], y [Nombre 126] trasladó el vehículo a la zona de Corredores. Ya a partir de ese momento se inició con la interceptación de las comunicaciones entre presentes, como era una diligencia que tenía que hacer la jueza penal de escucha» (f. 107 de la sentencia). Por otra parte, del repaso del registro documental que consta en el «Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]» se constata que los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial que intervinieron en la colocación y remoción de las tarjetas Micro SD donde se respaldó la información, fueron [Nombre 116], [Nombre 117], [Nombre 037], [Nombre 044] y [Nombre 177]. De ellos únicamente los dos últimos se mencionaron expresamente dentro del listado de funcionarios autorizados para realizar los actos materiales que implicaba la ejecución de la orden, empero, como se indicó líneas atrás, la resolución previó que podía participar cualquier otro investigador que resultara necesario, por lo que los tres funcionarios restantes también se encontraban habilitados para participar, como en efecto lo hicieron. Nuevamente, se descarta un vicio de naturaleza procesal por la intervención de los funcionarios aludidos. Todos son miembros de la policía judicial, el registro documental con que se cuenta permite colegir que actuaron conforme a lo ordenado y que la información fue correctamente preservada. Una vez más, se reitera que para declarar un vicio procesal por la actuación de dichos funcionarios sería necesario constatar la afectación real a los derechos de alguna de las partes, empero este se descarta. No se ha detectado un uso irregular de la información, una intromisión al derecho a la intimidad de los afectados que exceda la orden u otra circunstancia que lesione la esfera de derechos de quienes fueron intervenidos, por lo que en realidad las defensas técnicas lo que denuncian es un formalismo procesal y no un vicio procesal que afecte la legalidad de la prueba derivada. Finalmente, en lo que atañe a la cadena de custodia de la información generada como resultado de la intervención entre presentes, observa esta Cámara que el a quo realizó un amplio abordaje en la sentencia, como consecuencia de las protestas por actividad procesal defectuosa promovidas por algunos de los defensores que participaron de la etapa plenaria. A partir del folio 85 el fallo de instancia explica, de manera amplia, adecuada y suficiente, las razones por las cuales se descartó la vulneración de la cadena de custodia de la prueba aludida: «Producto de la intervención entre presente se cuestionó el uso de las microSD, su instalación, remoción, manipulación del contenido. Al respeto la Sala de Casación, en resolución 2006-00412, de las quince horas diez minutos, del diez de mayo de dos mil seis, define cadena de custodia de la siguiente manera: “por “cadena de custodia” entendemos una serie de procedimientos, de índole técnico y científico, relacionados con la recolección, levantamiento, aseguramiento, de los indicios o la evidencia material de un  hecho delictivo para su introducción al proceso, bien como prueba material, bien como elemento para ser analizado científicamente y obtener de ellos datos científicos elementos de prueba- que permitan descubrir la forma en que el hecho se cometió o sus autores. Se entiende por cadena de custodia “el conjunto de una serie de etapas que deben garantizar, con plena certeza, que las muestras y objetos por analizar y que posteriormente serán expuestos como elementos de prueba en las diferentes etapas del proceso, son los mismos que se recolectaron en el lugar de los hechos” Departamento de Ciencias Forenses. Manual de recolección de indicios, San José, Poder Judicial, Departamento de Publicaciones e Impresos, 2004. 124 p. p.9. Desde el precedente #368-92, de las 8:55 horas, del 14 de agosto de 1992, esta Sala sentó las bases para el desarrollo jurisprudencial del tema y señaló: “[…] Debemos reconocer que en nuestro sistema nos hemos preocupado muy poco por garantizar lo que algunos denominan la "cadena de custodia", y tienen toda la razón los señores Jueces Superiores al afirmar en este caso concreto en la sentencia que "...el Tribunal no se puede basar únicamente en versiones ofrecidas por los miembros de la policía y tenerlas como verdaderas, si éstas no se apoyan en técnicas científicas, como sería haber realizado la cadena de custodia hasta hacer llegar los objetos del ilícito hasta el juez, como hubiera sido que cada sobre y envoltorios de cocaína decomisada se hubiera introducido en una bolsa plástica en el momento del decomiso, indicar con una marca o cualquier otro símbolo que correspondía al caso en estudio, llevarlo de esa forma hasta el Organismo de Investigación Judicial e indicarse cuál investigador lo pasaba a la sección correspondiente para su respectivo análisis, y así en una secuencia lógica y de custodia llegara hasta el Juez...". Pero debemos agregar que ese deber va dirigido a todos los funcionarios que intervienen en las diferentes fases y etapas del proceso, no sólo a los policías, pues los objetos y las muestras o elementos de prueba son manipulados también por conserjes, escribientes y Secretarios de los Despachos Judiciales; por los jueces, defensores y fiscales; por auxiliares administrativos de transportes; por funcionarios auxiliares del Departamento de Medicina Legal y Laboratorio Forense; por los técnicos, médicos, microbiólogos, químicos y demás peritos profesionales, entre muchos otros. Hay cuatro fases básicas en sede policial, en las que debe garantizarse la autenticidad del elemento o material a utilizar como prueba, a saber: el momento de la extracción o recolección de la prueba; el momento de la preservación y empaque; la fase del transporte o traslado; y, finalmente, la entrega apropiada de la misma. De seguido surge la necesidad de garantizar la autenticidad durante el momento del análisis de los elementos de prueba, y finalmente el problema de la custodia y preservación definitiva hasta la finalización del juicio, ya sea de la totalidad o de una muestra, según el caso y la naturaleza de la prueba. Es indispensable, para averiguar la verdad real como la finalidad esencial del proceso, que se garantice con absoluta certeza que los elementos utilizados como prueba durante el juicio, después de haber sido analizados, son los mismos que se recogieron en el lugar de los hechos (cadena de custodia), máxime si observamos la cantidad de personas que por diferentes razones deben manipular dichos elementos. Este aseguramiento constituye una de las recomendaciones básicas y elementales que se hacen en diferentes manuales de investigación policial (Véanse, por ejemplo, BRENES ACUÑA, Rafael Guido, CHAVARRIA GUZMAN, Jorge Alberto, y RESCIA CHINCHILLA, Juan Antonio. Una marca en el hombre. Sistema de clasificación dactilar Henry. Organismo de Investigación Judicial, Archivo Criminal, San José, 1978, en especial pp. 163 ss.y 216 s.; VANDERBOSCH, Charles G. Investigación de Delitos. Editorial Limusa, México, quinta reimpresión 1988, pp. 79 ss.; FOX, Richard y CUNNINGHAM, Carl. Manual para la investigación de la evidencia física y requisa en la escena del crimen, edit. Miranda Associates Inc., 1989, sobre todo pp.14 ss., 35 ss., y 64 ss.; ICITAP. Impresiones digitales. Descripción general de las técnicas de investigación. Edit. Miranda Associates Inc., 1988, pp. VIII -3 ss.; ICITAP. Estudios básicos de técnicas investigativas. Edit.Miranda Associates Inc., 1988; e ICITAP. Requisa en la escena del crimen. Curso General de Investigación Criminal. Edit. Miranda Associates Inc., 1988, pp. 5 ss.) […]”. En aquélla oportunidad se razonó además que ese deber de asegurar, custodiar y garantizar la pureza de la prueba, que le asiste a los operadores del proceso –y no terceros que entran en contacto con la evidencia de manera causal y fortuita- se respalda en normas procesales que así lo exigen y aún cuando se hacía referencia a normas del Código de Procedimientos Penales de 1973, esas exigencias se mantienen y acentúan en la actual regulación -numerales 67, 69, 180, 183, 186, 283, 285 que reza: “La policía judicial, por iniciativa propia, por denuncia o por orden de autoridad competente, procederá a investigar los delitos de acción pública, a impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores; identificar y aprehender preventivamente a los presuntos culpables y reunir, asegurar y ordenar científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios para basar la acusación o determinar el sobreseimiento”, 286 inciso c), 287, 289 párrafo tercero, todos del Código Procesal Penal-. Por su parte, también el Tribunal de Casación conceptualiza la cadena de custodia como la serie de procedimientos con los que se recopila e incorpora la evidencia del hecho al proceso, garantizando la identidad del objeto recopilado y aquél que ingresa al juicio. Así, en la resolución 161-01, del 16 de febrero de 2001, señaló: “[…] El error de la juzgadora recae en conceptualizar la cadena de custodia como una medida protectora de la cantidad y de la calidad de la evidencia, lo cual no es cierto. Cantidad y calidad de cosa genérica implica la posibilidad de modificar aumentando o disminuyendo la cuantía o las cualidades de la cosa, o sustituyendo la cosa misma. La cadena de custodia no protege, se subraya, la cantidad y la calidad de la evidencia sino la identidad de ella, pues la decomisada debe ser la misma que llega al perito y al debate. […].” Ahora bien, lo importante de la identidad es que lo recolectado sea lo analizado, lo que se ha comprobado por este Tribunal a partir del análisis de la cadena de custodia para cada microSD y por la escucha que se realizó de los cds máster en los cuales están las conversaciones completas llevadas a cabo en la MU-X. A partir de lo indicado este Tribunal se dio a la tarea de revisar el material cuestionado detalladamente, para lo cual se parte de que las microSD son un dispositivo de almacenamiento masivo que permite su uso en varias ocasiones, situación que fue indicada por el testigo [Nombre 119], quien de manera sencilla refirió en cuanto a ese dispositivo lo siguiente: “Una memoria SD es una tarjeta como tal pequeña que se introduce en un dispositivo para almacenar información, lenguaje coloquial como dice usted es un medio para almacenar información, que varía en marcas y capacidades, en tamaño que pueda guardar esa información.” Lo que es confirmado por el Convenio de Europa sobre Ciberdelincuencia (Budapest 2001), al cual Costa Rica se adhirió según Decreto Ejecutivo 40546, del 23 de julio de 2017, en el capítulo primero, artículo uno sobre las definiciones, en el inciso b se señala lo siguiente: “por «datos informáticos» se entenderá cualquier representación de hechos, información o conceptos de una forma que permita el tratamiento informático, incluido un programa destinado a hacer que un sistema informático ejecute una función;” (El resaltado es suplido) A lo anterior se suma que en el Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia – Sesión I: Obtención de pruebas en formato digital en cárteles, 2020, se discutieron puntos estratégicos que permiten servir de criterio orientador sobre las definiciones doctrinarias de prueba digital, al respecto se estableció en el punto 23 y 24 lo siguiente: “(…)

Existen varias definiciones al respecto de lo que es la prueba digital, una primera concepción fue en el año 2000 a través del “Standards and Principles - Scientific Working Group on Digital Evidence” el Federal Bureau of Investigation (FBI) lo definió como “aquella información de valor probatorio almacenada o transmitida en forma digital.” (…)

Asimismo, se ha conceptualizado como “la información obtenida a partir de un dispositivo electrónico o medio digital el cual sirve para adquirir convencimiento de la certeza de un hecho.” Para este Tribunal lo esencial de las grabaciones realizadas en el vehículo MU-X, del Poder Judicial asignado a los imputados [Nombre 016] y [Nombre 013] es la información electrónica que de ellas derivó. El uso de un dispositivo móvil como una microSD o una USB, no invalida la calidad de la información recolectada, porque lo que realmente es relevante es que la información digital recolectada guarde su identidad desde que es grabada, cuando es escuchada y posteriormente cuando es seleccionada, hasta llegar al debate. Por ello resulta importante, conceptualizar la información digital como se ha indicado y el soporte digital en el cual se transporta esa información. En resoluciones de la Sala de Casación Penal que hace uso de la normativa interna del Poder Judicial define soporte digital e información digital, de la siguiente manera: “II.- […] el tribunal cumple con la finalidad de la fundamentación descriptiva, la cual consiste en un resumen del contenido de la prueba recibida oralmente en el debate, misma que por el hecho de encontrarse en un documento digital no pierde su naturaleza, según lo que establece el numeral 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en lo conducente indica: “[…] Tendrán la validez y eficacia de un documento físico original, los archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o producidos por nuevas tecnologías, destinados a la tramitación judicial, ya sea que contengan actos o resoluciones judiciales. Lo anterior siempre que cumplan con los procedimientos establecidos para garantizar su autenticidad, integridad y seguridad […]”. En ese sentido la identidad de la prueba en un soporte electrónico no pierde su esencia como lo indica el señor defensor, todo lo contrario, se pueden realizar tantas copias originales que resulta intrascendente el soporte donde se almacene, llámese USB, CD, MicroSD que cumplen su función de dispositivo de almacenamiento». Como se desprende del anterior pasaje, a partir del antecedente de la Sala Tercera, el a quo estimó como dato de relevancia que la cadena de custodia procura, entre otras circunstancias, garantizar la identidad de la prueba. Con base en esa premisa procedió a analizar la naturaleza de la evidencia cuestionada, la cual es digital. Dicha precisión resultaba necesaria porque lo verdaderamente relevante en este caso son los datos derivados de la interceptación entre presentes, que como bien lo indicó el tribunal, pueden respaldarse de diversas formas. Las tarjetas microSD en que se llevó a cabo la grabación constituye su soporte, pero no el elemento probatorio en sí. A partir de esa distinción fundamental es que el tribunal de instancia concluyó que, con base en el registro documental que constaba en el expediente, no existían razones objetivas para dudar de la identidad de la prueba: «La información electrónica recolectada en el caso en particular no fue destruida o alterada lo cual comprobó este Tribunal. En el llamado “Legajo de Escuchas del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]” se encuentra a folio 83, el respaldo total de las grabaciones efectuadas en el vehículo, es decir, los discos máster o popularmente conocido como “crudo” que son veinticinco (25) DVDs, que se encuentran de folio 84 a 96 que consiste en el respaldo digital de las carpetas almacenadas en veinticinco CD, y un master en una llave maya marca Kingston, color blanco con morado, de 64 G, del vehículo oficial Isuzu, estilo MU-X, placa [Valor 043], unidad [Valor 096], con lo que se pretende acreditar las escuchas dentro del vehículo oficial [Valor 096] que es el que se remitió el Complejo de Ciencias Forenses a fin de realizar pericia de depuración de voces, a la sección de audiovisuales del Organismo de Investigación Judicial, es decir, para dar nitidez a la escucha». Coincide esta Cámara con el tribunal de instancia en que el registro documental con que se cuenta permite constatar el tratamiento de la evidencia, desde el momento de su obtención hasta su presentación a juicio, sin que se verifique una manipulación indebida. El denominado «Legajo de Escuchas del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]» da cuenta del proceso seguido con cada una de las grabaciones obtenidas del vehículo, el cual fue consignado en sentencia y verificado por esta Cámara. Pese a que se constataron algunos errores en la secuencia indicada por el a quo, así como algunas falencias —según se expondrá—, se tratan de detalles menores, que no alteran las conclusiones a las que llegó el tribunal de instancia. La sentencia indica: «Es así como se comprobó la cadena de custodia de las MicroSD, la MicroSD-01 la remueve [Nombre 116], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-02. Entrega MicroSD- 01 a [Nombre 044], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente a los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 1 y 2 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-02 la remueve [Nombre 116], en la misma diligencia se instaló la MicroSD03. Entrega MicroSD-02 a [Nombre 044], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 3 y 4 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-03 la remueve [Nombre 116], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-04. Entrega MicroSD-04 (se verifica un error material. Según la secuencia y el registro documental visible a folio 5, se entregó la MicroSD-03) a [Nombre 124], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente a los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 5 y 6 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-04 la remueve [Nombre 116], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-

Entrega MicroSD- 05, a Rodolfo Brenes éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 7 y 8, “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-05 la remueve [Nombre 117], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-06. Entrega MicroSD- 05 a [Nombre 037], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios.

Folios 9 y 10, “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-06 la remueve [Nombre 117], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-07. Entrega MicroSD-06 a [Nombre 177], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 11 y 12, “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”.» (Se omitió referencia a la Micro SD-07, la cual fue retirada por [Nombre 116]. Este mismo funcionario en el mismo acto instaló la MicroSD-08. La Micro SD-07 fue entregada a [Nombre 177], quien luego la trasladó a la jueza penal, la cual realizó el procedimiento de respaldo de la información y posterior formateo del dispositivo de almacenamiento. Lo anterior se verifica con la información visible a folios 13 y 14 del «Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”). La MicroSD-08, la remueve [Nombre 117], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-09. Entrega MicroSD-07 (se verifica otro error material, pues lo entregado fue la MicroSD-08) a [Nombre 177], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios.

Folios 13 y14 (se observa un error material, los folios correctos son 15 y

16)

“Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-09, la remueve [Nombre 116], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-10. Entrega MicroSD-09 [Nombre 124], (faltó un paso intermedio en la secuencia efectuada por el a quo, por cuanto Rodolfo Brenes entregó la evidencia a [Nombre 037] y este fue quien la hizo llegar a la jueza. Lo anterior consta en la boleta de cadena de custodia visible a folio 18) éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 17 y 18, “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-010 la remueve [Nombre 117], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-011. Entrega MicroSD- 010 a [Nombre 037], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 19 y 20 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-011 la remueve [Nombre 117], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-012. Entrega MicroSD-011 a [Nombre 037], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 21 y 22 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-012 la remueve [Nombre 116], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-013. Entrega MicroSD-012 a [Nombre 037], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 23 y 24 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-013 la remueve [Nombre 117], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-014. Entrega MicroSD-013 a [Nombre 037], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 25 y 26 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD- 014 la remueve [Nombre 117], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-015. Entrega MicroSD-014 a [Nombre 037], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 27 y 28 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-15 la remueve [Nombre 117] (se denota un error material, ya que quien retira el dispositivo es [Nombre 116]), en la misma diligencia se instaló la MicroSD-016.Entrega MicroSD-15 a [Nombre 044], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 29 y 30 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-016 la remueve [Nombre 116], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-017. Entrega MicroSD-016 a [Nombre 044], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 31 y 32 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-017 la remueve [Nombre 117], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-018. Entrega MicroSD-017 a [Nombre 037], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 35 y 36 (los folios correctos son 33 y

“Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. (Se omitió la información referente a la Micro SD-18, la cual fue retirada por [Nombre 117], acto en el cual instaló la Micro SD-19. El dispositivo retirado fue entregado a [Nombre 037], quien trasladó a la jueza penal, para que procediera con el respaldo de la información. Dicha secuencia se encuentra visible a folios 35 y 36 del Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”). La MicroSD-019 la remueve [Nombre 117], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-020. Entrega MicroSD-019 a [Nombre 037], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 37 y 38 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-020 la remueve [Nombre 116], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-021. Entrega MicroSD-020 a [Nombre 044], (se omitió referencia a un movimiento intermedio de la evidencia, en el tanto [Nombre 044] la entregó a [Nombre 124], quien la traspasó a [Nombre 037], este a su vez la entregó a [Nombre 044] y este es quien finalmente la hizo llegar a la jueza penal. El movimiento consta en la boleta de cadena de custodia visible a folio 40) éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 41 y 42 (los folios correctos son 39 y

“Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-021 la remueve [Nombre 117], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-022. Entrega MicroSD- 021 a [Nombre 124], éste último entrega [Nombre 044] y éste a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios.

Folios 41 y 42 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-022 la remueve [Nombre 117], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-023. Entrega MicroSD-022 a [Nombre 124], éste a [Nombre 044] y éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 43 y 44 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-23 la remueve [Nombre 117], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-

Entrega MicroSD-23 a [Nombre 044], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de  almacenamiento,  almacena,  formatea  y  entrega  nuevamente  los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios.

Folios 45 y 46 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-024 la remueve [Nombre 116], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-025. Entrega MicroSD-024 a [Nombre 044], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 47 y 48 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD- 025 la remueve [Nombre 117], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-026. Entrega MicroSD- 025 a [Nombre 044], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 49 y 50 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-026 la remueve [Nombre 117], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-027. Entrega MicroSD-026 a [Nombre 124], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 51 y 52 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-027 la remueve [Nombre 117], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-028. Entrega MicroSD-0287 a [Nombre 037] (al parecer la redacción quedó incompleta. Lo que se constata es que [Nombre 037] entregó el dispositivo a [Nombre 251]) a [Nombre 251] éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 53 y 54 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-028 la remueve [Nombre 126], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-029. Entrega MicroSD-028 a [Nombre 037], éste a [Nombre 251] último que entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 55 y 56 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-029 la remueve [Nombre 117], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-030. Entrega MicroSD-029 a [Nombre 177], éste a [Nombre 037] y éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios.

Folios 57 y 58 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-030 la remueve [Nombre 116], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-031. Entrega MicroSD-030 a [Nombre 037], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios.

Folios 59 y 60 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-0031 la remueve [Nombre 116], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-0032. Entrega MicroSD-0031 a [Nombre 177],  (se omitió un movimiento adicional, por cuanto [Nombre 177] entregó el dispositivo a [Nombre 237], este a [Nombre 037], quien finalmente la traslada a la jueza) éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 61 y 62 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-0032 la remueve [Nombre 117], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-0033. Entrega MicroSD-0032 a [Nombre 237], éste a [Nombre 037], este último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 63 y 64 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-0033 la remueve [Nombre 116], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-0034. Entrega MicroSD- 0033 a [Nombre 037], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 65 y 66 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-0034 la remueve [Nombre 116], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-0035. Entrega MicroSD- 0034 a [Nombre 037], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 67 y 68 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-0035 la remueve [Nombre 117], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-0036. Entrega MicroSD-0035 a [Nombre 130], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios.

Folios 69 y 70 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-0036 la remueve [Nombre 117], en la misma diligencia se instaló la MicroSD- 0037. Entrega MicroSD-0036 a [Nombre 037], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios.

Folios 71 y 72 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-0037 la remueve [Nombre 117], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-0038. Entrega MicroSD- 0037 a [Nombre 037], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios.

Folios 73 y 74 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-0038 la remueve [Nombre 117], en la misma diligencia se instaló la MicroSD- 0039. Entrega MicroSD-0038 a [Nombre 037], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios.

Folios 75 y 76 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-0039 la remueve [Nombre 117], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-0040. Entrega MicroSD-0039 a [Nombre 037], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios.

Folios 77 y 78 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-0040 la remueve [Nombre 116], en la misma diligencia se instaló la MicroSD- 0041. Entrega MicroSD-0040 a (se omitió la identificación del funcionario que recibió, que corresponde a [Nombre 037]), éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios.

Folios 79 y 80 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-0041 la remueve [Nombre 117], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-0042. Entrega MicroSD-0041 a [Nombre 037], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 81 y 82 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-0042 la remueve [Nombre 116], en la misma diligencia se instaló la MicroSD-0043. Entrega MicroSD-0042 a [Nombre 037], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios.

Folios 83 y 84 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”. La MicroSD-0043 la remueve [Nombre 117], y la entrega a [Nombre 037], éste último entrega a la Jueza [Nombre 043], esta última recibe el dispositivo de almacenamiento, almacena, formatea y entrega nuevamente los investigadores, se cuenta con boleta única de cadena de custodia de indicios. Folios 85 y 86 “Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]”».Con posterioridad, la jueza penal procedió al respaldo de la información en 25 discos compactos, distribuidos de la siguiente manera: Disco 1: contenido de las Micro SD 1 a 3; disco 2: contenido de las Micro SD 4 a 6; disco 3: contenido de las Micro SD 7 a 9; disco 4: contenido de las Micro SD 11 a 14; disco 5: contenido de las Micro SD 15 y 16; disco 6: contenido de la Micro SD 17; disco 7: contenido de las Micro SD 18 a 20; disco 8: contenido de la Micro SD 21; disco 9: contenido de las Micro SD 22 a 25; disco 10: contenido de la Micro SD 26; disco 11: contenido de la Micro SD 27; disco 12: contenido de las Micro SD 28 y 29; disco 13: contenido de la Micro SD 30; disco 14: contenido de la Micro SD 31; disco 15: contenido de la Micro SD 32; disco 16: contenido de la Micro SD 33; disco 17: contenido de la Micro SD 34; disco 18: contenido de la Micro SD 35; disco 19: contenido de la Micro SD 36; disco 20: contenido de la Micro SD 37; disco 21: contenido de la Micro SD 38; disco 22: contenido de las Micro SD 39; disco 23: contenido de las Micro SD 40 y 41; disco 24: contenido de la Micro SD 42; disco 25: contenido de la Micro SD

Del folio 84 al 96 del «Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096]», se encuentran agregados la totalidad de los discos, dos de ellos por página. Finalmente se observa que la jueza penal remitió los registros que consideró de interés para la investigación al Complejo de Ciencias Forenses, con la finalidad de que se aplicara el procedimiento técnico necesario para mejorar el sonido. La sentencia indica sobre este extremo lo siguiente: «En el folio 88 del Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096], la Jueza Penal de Grecia, [Nombre 043], dejó constando la extracción de las capetas digitales para ser trasladas a pericia para una depuración de las mismas a la sección de audiovisuales del Complejo de Ciencias Forense, carpetas que fueron las siguientes según consta en dicha acta: “T006 10-08-2020, T007 11-08-2020, T010 19-08-2020, TO11 20-08-2020, T016 28-08-2001 T018 08-09-2020, T019 09-092020, T021 25-09-2020, T022 29-09-2020, T023 26-10-20201 T024 27-10-2020,

T025 29-10-2040, T026 02-11-2020, T028 10-11-20201 T029 17-11-2020, T030 5- 11-2020, T031 03-12-2020, T032 10-12-2020.” Lo que se entrega es un dispositivo de almacenamiento masivo, Marca Kingston, DataTraveler 50 con capacidad de 64 GB de color plateada con celeste, con la numeración C7137-302.AOOLF la cual es totalmente nueva y se extrae de su empaque y se realiza una copia del respaldo, el cual fue embalado y sellado, con la respectiva cadena de custodia para enviar a la Sección de Audiovisuales, todo lo cual quedó debidamente registrado, sin que lleve razón la defensa en sus alegatos de falta de cadena de custodia, o indebido traslado de la información obtenida» (fs. 92-99 de la sentencia). Finalmente, en el legajo al que se ha venido haciendo referencia, se observa el dictamen DCF: 2021-000337-ISF de la Sección de Imagen y Sonido, del Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses (cfr. fs. 92 y 93 del legajo de escuchas), donde consta el resultado del procedimiento técnico solicitado por la jueza penal. Los registros procesados fueron decomisados por la policía judicial mediante acta 0120727, visible a folio

A partir de toda la secuencia anteriormente consignada, se verifica que existió un manejo adecuado, detallado y minucioso de la cadena de custodia de la información generada producto de la intervención entre presentes. Los registros documentales reflejan que el procedimiento seguido consistió básicamente en que, posterior a la instalación de la grabadora en el vehículo, se colocaba una tarjeta MicroSD para la captación de las conversaciones, la cual luego era retirada por los investigadores judiciales, quienes en el acto colocaban una nueva tarjeta. El dispositivo retirado era embalado, lacrado, etiquetado y, además, se confeccionaba la correspondiente boleta de cadena de custodia. De esa forma la evidencia se trasladaba a la jueza penal, quien procedía a su apertura y el respaldo de la información. Finalmente se formateaba la MicroSD para borrar la información y se devolvía a la policía judicial para un nuevo uso. La totalidad de las actas, boletas de cadena de custodia y discos en los que se grabó la información para incorporarla al proceso, se encuentran agregados en el Legajo de Actas de Remoción del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096], de manera que no es cierto lo reclamado, en el sentido de que no se contaba con las aludidas boletas o que los registros no fueran confiables. Aunado a lo anterior, no se han constatado vacíos en los registros o procedimientos irregulares, que arrojen dudas sobre la identidad de la prueba. Se reclama que no se preservaran las tarjetas Micro SD donde se llevó a cabo la grabación inicial y se ha calificado de irregular el protocolo seguido por la juzgadora, por proceder a su respaldo y borrado de la información de las tarjetas. Dicha actuación no resultó arbitraria ni antojadiza, sino que consistió en una medida necesaria ante la limitación de recursos con que contaba la policía judicial. El investigador [Nombre 177] relató en juicio que: «Como el Poder Judicial es escaso en recurso no hubo el contenido presupuestario para comprar muchísimas microSD, lo que se hizo fue comprar de diez a quince no preciso el número exacto microSD con las cuales se fueron rotulando en numeraciones del uno hasta no sé si fueron menos de cincuenta, no recuerdo tendría que leer las actas, fueron más de treinta y creo menos de cincuenta» (fs. 106-107 de la sentencia). En un sentido similar, el investigador [Nombre 044] refirió en debate: «En algunas ocasiones yo observé el procedimiento, sí claro en algunas ocasiones ella ahí mismo limpiaba la tarjeta SD, la grababa, la pasaba a una carpeta que ella tenía y en el mismo momento reseteaba la micro SD y nos la entregaba, porque nosotros necesitábamos tener esas SD porque eran muy pocas las que teníamos y teníamos que estar haciendo cambios constantes» (f. 108 de la sentencia). Las anteriores manifestaciones, que fueron consideras por el a quo al abordar las protestas de la defensa, reflejan una razón concreta y objetiva por la cual no fue posible preservar las tarjetas Micro SD hasta el contradictorio. La cantidad limitada de recursos obligó a la policía judicial y a la juzgadora a implementar un procedimiento de respaldo de la información que permitiera garantizar su trazabilidad desde su recolección hasta su presentación en juicio, que es justamente el descrito supra. Si bien es cierto lo usual es que se conserven los dispositivos originales, ello no implica que sea la única manera de resguardar la información generada de una intervención de comunicaciones dispuesta por resolución judicial. Como ya se indicó, lo que adquiere valor probatorio es la información capturada, no la tarjeta Micro SD en sí, de ahí que sea válido el traslado de la información a otro dispositivo, claro está, siempre y cuando se deje constancia del procedimiento seguido, para verificar que no se dio ninguna irregularidad en el manejo de los datos, que fue precisamente lo que ocurrió en este caso. La defensa ha alegado que no es posible saber si la información se encuentra completa, empero, no ha indicado de dónde deriva esa duda, por lo que constituye una simple conjetura. Como se ha venido indicando, para declarar un vicio de naturaleza procesal no basta con invocar alguna irregularidad o incorrección en un procedimiento, sino que necesariamente se debe constatar el perjuicio ocasionado a alguna de las partes, el cual debe ser real y constatable. Las grabaciones en su totalidad estuvieron a disposición de las partes, quienes tuvieron la posibilidad de verificar su contenido. Pese a lo anterior, no se ha indicado alguna razón derivada de los registros documentales o de las propias grabaciones, que arroje duda sobre la identidad e integridad de la prueba, sino que la defensa parte de una situación hipotética, de ahí que no sea de recibo su reclamo. También se ha cuestionado la intervención del investigador judicial James Emery en los actos materiales relacionados con la intervención entre presentes, por haberse impuesto del contenido de los registros y por la confección de un informe policial en el que se consignaron conversaciones captadas entre los investigados, pues se estima que no estaba legitimado para imponerse del contenido de esa información. Dicho extremo también fue objeto de pronunciamiento en la sentencia: «En este punto hay que indicar que la defensa técnica cuestionó la participación del testigo [Nombre 037], ya que consideraban que el mismo se había impuesto de manera ilegal de las conversaciones entre presentes. Este Tribunal rechaza las argumentaciones defensivas, todas vez que las mismas están plagadas de especulación y subjetivismo. Se tiene por establecido que dicho testigo únicamente en el procedimiento relacionado con el cada una de las MicroSD se encargó del traslado, en algunas ocasiones según se indicó, que se encontraba dentro de sus labores posterior a que la jueza escuchara y seleccionara las grabaciones de interés se encargó de hacer reescuchas. En ningún momento logra determinar este Tribunal que el testigo [Nombre 037] se impusiera de la información contenida en las MicroSD antes que la jueza. El testigo en relación con la remoción y traslados de las MicroSD indicó lo siguiente: “Sobre las diligencias propias de la investigación, a mí se me informa que un vehículo en la oficina de Corredores está intervenido con unas grabadoras, se me explica el proceso de programar la grabadora para hacer el respectivo cambio. En ese momento con quien se coordinaba era con el licenciado [Nombre 116] o con el licenciado [Nombre 126], se llamaba a ellos para hacer cambio en el parqueo del OIJ que estaba frente a la oficina de la Municipalidad de Corredores, [Nombre 116] es quien aborda el vehículo, mueve la parte de las marchas mueve una grabadora, nos entrega la grabadora, él extrae el SD. [Nombre 116] o [Nombre 126] quien estuviera en ese momento abordan el vehículo, en la guantera de este lado, en la parte de las marchas está incrustada la grabadora, él extrae la grabadora, extrae el SD y nos entrega la grabadora y el SD, inmediatamente nosotros metemos el nuevo SD en la grabadora, se configura, se le vuelve a dar y lo vuelve a introducir en el vehículo, en ese momento se hace la cadena de custodia, el embalaje del SD para su posterior entrega al Juzgado en Grecia. Le repito, el licenciado [Nombre 116] extrae la grabadora, él extrae el SD con la información con lo que se grabó, la tarjera SD, se entrega por aparte, se agarra el SD, se embalaba, se metía el SD nuevo al dispositivo, se configuraba y se revisaba que estuviera bien la batería, que estuviera generando bien, se le entregaba de vuelta al licenciado [Nombre 116] o a [Nombre 126] para que de vuelta lo conectara dentro de los cables que estaban dentro de la unidad y ya él cerraba la unidad y ya nos retirábamos con la información. El vehículo era la unidad la 619 era un vehículo Isuzu MU-X. El procedimiento de configuración es cuando uno ingresa el SD, uno tiene que meterse al menú para revisar que el SD nuevo que lo registra la grabadora, se le configuraba la fecha en el momento, se revisaba la carga de la batería, se le apretaba un botón de grabar se le indicaba a [Nombre 116], él lo revisaba que el botón de grabar estuviera trabajando él lo accedía y lo metía de vuelta a la unidad. La grabadora era marca Sony como una pulgada de ancho, por diez centímetros, tenía una pantalla cuadrada de dos centímetros por tres centímetros, más o menos. El botón estaba del lado abajo, ahorita no preciso los botones, pero uno lo agarra en esta posición (el testigo indica con sus manos la posición) para empezar a configurarla. En el momento en que se hacia el levantamiento por parte de [Nombre 116] o de [Nombre 126] de la grabadora se hacía un acta, poniendo la hora en que se hacia el levantamiento firmábamos los que estábamos ahí y nos retirábamos del lugar. Me compañaron [Nombre 124], [Nombre 177] y [Nombre 044], así lo que más recuerdo, ah y también la compañera [Nombre 184] en los últimos cambios. No había días determinados, era a veces a función exponer a los jefes, las unidades las ocupaban para otros trabajos operativos, cuando nosotros contactábamos era un lunes, era un martes, o cualquier día de la semana para que ellos pudieran hacer el cambio. Nosotros estábamos adaptándonos si era en la noche o era en la tarde, ellos mismos nos exponían los días que se podían hacer los cambios." Testigo que se fue claro y transparente con el trabajo que realizó en relación con los dispositivos de almacenamiento de la MU-X. De forma transparente sin dudar ante el interrogatorio y contrainterrogatorio el mismo mantuvo una actitud profesional abundando en detalles del trabajo que realizó. En ese sentido cuando se le preguntó sobre si él había escuchado las grabaciones que estaba autorizado según la resolución emitida por la juzgadora, el mismo indicó que sí, y que lo hacía una vez que la jueza determinara las conversaciones de interés, no antes, además explicó que a él se le signó la re-escucha por  medio de una DM ( diligencia menor) en relación con el tema aclaró lo siguiente: “Sobre la información que se recabó en las SD, a mí se me asigna un DM no sé si en el dos mil  veintidós, la licenciada [Nombre 043] manda a hacer una limpieza de los SD de los audios y la fiscalía asigna a la sección para que haga la re-escucha de esos SD, en ese caso lo que venía era un disco duro con la información. La información la remite la Fiscalía de Crimen Organizado, según el documento, no preciso, la licenciada [Nombre 043] manda los SD a San Joaquín a limpieza estática y después se llevan a la fiscalía, el licenciado Esteban Chavarría ya con el visto bueno de la licenciada se asigna la diligencia a la oficina y me la dan a mí. Se hizo un informe con respecto a los SD, no un informe basado en el primer texto que se me entregó lo pretendía la fiscalía en ese momento era verificar si con la limpieza de los audios había más información o solamente la que se aportaba en ese momento. La limpieza logro entender que presentaba como estática, que habían sonidos de fondo, que no permitían que se escuchara bien. En esa DM son como ochenta hojas, puedo resumir ideas de lo que logré entender, en este aspecto yo tuve que escuchar el primer audio con la lectura en reiteradas ocasiones para identificar las voces de las personas, lo escuché ene cantidad de veces para entender que uno era [Nombre 016][Nombre 016] y el otro era [Nombre 013]. Ese DM era T10 (cero te diez), y este es basado en el evento que se da el dieciocho de agosto, OT10 (cero te diez), es el número que se les dio a los SD. El evento del dieciocho de agosto, empieza la grabación [Nombre 016] pregunta qué le pasó a los maes. Entonces [Nombre 013] dice que los identificaron, sigue en la conversación, inmediatamente dice, nov yo me fue por Buenos Aires vi un Isuzu que es de la unidad de Buenos Aires y lo sé por la antena reduje la velocidad, a ver qué iba a hacer, prosiguió entonces yo seguí el camino. Llegando a Pérez Zeledón, observo un Isuzu color verde pero me pasa, continuo el camino, [Nombre 016] después dice que observa de camino una Fortuner pero como él va solo entonces no le llama la atención, dice que le puso cuidado a la Fortuner como que más se detiene. Posteriormente hace mención a que se estacionó por el Palí pero que no estaba a gusto entonces se trasladó a otra soda y observa pasar la “Chuncha” y atrás iba pegada la Hilux, después creo que ahí comentan que “la calentaron”, “la calentaron”, eso fue lo que pasó. Ahí se hace referencia que identificaron a dos personas, que identificaron a “[Nombre 136]” y que ellos dijeron que eran del Sur por eso fue que dijeron lo de la alerta, que venía del sur la “chuncha”, entonces vuelven a hacer referencia ellos, mae eso fue ellos venían tan pegados que la calentaron, porque si la alerta hubiera venido desde el sur la hubieran pegado ahí en Buenos Aires. Entonces [Nombre 016] hace el comentario de que él venía arisco porque [Nombre 013] lo mandó como información de lo que había sucedido, entonces él venía muy arisco en el recorrido de regreso y dice que él se va por el puente de Paso Real y ve un vehículo azul, con dos tipos dice que agarra el teléfono y lo formatea en modo fábrica, dice que pasa muy pellizcado, no pasa nada y se retira. Vuelven a hacer comentarios, pero qué fue lo que pasó dice, el Hi-Lux venía pegado con la vagoneta por eso fue que llamaron la atención. [Nombre 013] habla que a él lo contactó, lo llamó dice un nombre, ahorita no sé el nombre que lo llamó para reclamarle, le dice que se tienen que reunir. [Nombre 016] como más adelante dice, mae siempre la misma vara nos vamos lunes o nos vamos martes.” En cuento a la fluidez y coherencia en la declaración del testigo derivan dos aspectos importantes el primero que establece que él reescuchó las grabaciones no alteró en nada la cadena de custodia y segundo que él identificó plenamente las voces de [Nombre 013] y [Nombre 016]. Debido a lo anterior, carecen de fundamento los alegatos defensivos en relación con el cuestionamiento que se le hace a este testigo, sin que se logre establecer algunas de las suposiciones que hizo la defensa en torno a él» (fs. 99-103 del pronunciamiento impugnado). Según se desprende del anterior pasaje, que se transcribe in extenso, el tribunal se pronunció sobre la intervención del agente judicial y descartó cualquier irregularidad. Como bien refiere el a quo, el investigador judicial fue claro en indicar que se impuso del contenido de los registros luego de que la jueza penal realizara la escucha y constatara cuales de estos resultaban de interés para la investigación. Justamente el papel del juez de garantías consiste en velar por el derecho a la intimidad y secreto de las comunicaciones de las personas intervenidas, para que sólo la información de interés sea la que se incorpore al proceso. Realizado ese tamizaje es evidente que la información debe ser trasladada a quien la solicitó; en este caso, al Ministerio Público y la policía judicial como encargados de la investigación. El funcionario [Nombre 037] forma parte del Organismo de Investigación Judicial y esa fue la razón por la cual participó de algunas actuaciones relacionadas con la intervención entre presentes, en los términos dispuestos en la orden, la cual, como ya se señaló, previó que pudieran participar otros investigadores judiciales cuando fuera necesario. En conclusión, al analizar el abordaje que, sobre el manejo de la interceptación de comunicaciones entre presentes realizó el tribunal de mérito, es posible excluir la concurrencia del vicio de falta de motivación que se señalan los recurrentes. El a quo sí se refirió a la legalidad de la intervención de los oficiales [Nombre 126] y [Nombre 079] en la remoción de las tarjetas microSD. Además, se desprende del análisis de la resolución impugnada, particularmente entre folios 85 y 109, que sí analizó el respeto de la cadena de custodia en el manejo de la interceptación de comunicaciones entre presentes desde el momento de la instalación del dispositivo de grabación, constatando precisamente que pese a que no participó la empresa privada que había sido autorizada en un inicio, sino oficiales del Organismo de Investigación Judicial y la jueza penal, las razones para proceder de esa manera se encontraban justificadas, lo que pudo verificarse a partir del testimonio del oficial [Nombre 177]. Además, al examinar con detenimiento el acta de instalación, así como el registro de todas las distintas diligencias de remoción y grabación, se pudo concluir que no hubo vulneración de la cadena custodia, ni de la identidad e integridad de la prueba. Coincide esta Cámara con el a quo, en que no existe ningún elemento objetivo que permita dudar que las actuaciones de los funcionarios que intervinieron en la instalación, recolección, resguardo y preservación de las comunicaciones captadas a bordo del vehículo placa [Valor 043], no se encontraran apegadas a derecho. Los registros documentales y su declaración en juicio coinciden en que la información captada se preservó hasta su presentación ante la jueza penal y que la imposición de su contenido se realizó después de que se determinara su interés para la investigación, de ahí que no se denota alguna intromisión indebida en el derecho a la intimidad, secreto de las comunicaciones u otro de las personas investigadas. Finalmente, resta por indicar que no lleva razón la defensa al señalar que la jueza penal no podía escuchar las grabaciones, para proceder a determinar cuáles resultaban de interés. La intervención de comunicaciones es una diligencia de investigación, mediante la cual se procura la obtención de información que permita el esclarecimiento de un hecho ilícito. La razón por la cual requiere de autorización de un juez penal radica en que, al resultar lesiva del derecho a la intimidad y secreto de las comunicaciones de la persona imputada, se debe garantizar que la intromisión estatal se lleve a cabo en la medida estrictamente necesaria para alcanzar el fin procesal. Bajo esa premisa es que mientras se encuentra en curso la medida, se hace una selección preliminar de la información que puede resultar de interés por parte de la persona juzgadora a cargo, para hacer traslado de esta a los encargados de la investigación, con el fin de que puedan continuar con sus labores. Si bien es cierto la Ley N° 7425 en su artículo 18 dispone que la selección se debe realizar con la intervención de la defensa y el Ministerio Público, ello no implica que la imposición del contenido de la intervención se realice hasta ese momento, pues de entenderse de esa manera, la medida sería totalmente inútil como herramienta de investigación. En el momento en que la información recolectada se pone en conocimiento de las partes, como interesadas en el proceso, pueden imponerse de la totalidad de la información y determinar si existen registros de interés que no fueron contemplados en la revisión inicial realizada por la persona juzgadora. Recuérdese que, en este caso, la intervención no fue ordenada sobre una línea telefónica, que usualmente es de uso personal de la persona imputada, sino que se dispuso sobre un automotor de uso institucional, por lo que era completamente factible y previsible que terceras personas ajenas a la investigación utilizaran ese bien. Ese tipo de información de ninguna manera debía trascender más allá de la persona juzgadora y la única manera de evitarlo era justamente como en efecto se hizo, que fue mediante la clasificación preliminar de la información de interés, de ahí que no se verifique ninguna irregularidad en el procedimiento seguido en este caso. Con base en lo expuesto, al descartarse los vicios reclamados por la defensa, lo que corresponde es declarar sin lugar el punto 2) del segundo motivo del recurso de apelación formulado por el licenciado Juan Carlos Peralta Montoya, así como el tercer motivo del recurso de apelación planteado por el licenciado Gamboa Sánchez.

Tercer reclamo de la impugnación formulada por el licenciado Edwin Duartes Delgado. Tercera queja correspondiente al recurso incoado en forma personal por [Nombre 024]: Actividad procesal defectuosa en relación con el acto de secuestro de respaldos de videos obtenidos en sitios privados, sin contar con orden judicial habilitante. Ambos reparos se sintetizan de forma conjunta, en razón de que son idénticos en su contenido. Refieren los impugnantes, que no hay cadena de custodia en relación con el secuestro de videos en sitios privados (gasolineras) y que en las actas de decomiso no consta el cumplimiento de los protocolos legales que garanticen la integridad, autenticidad y trazabilidad de la evidencia recolectada. Plantean que ello supone una afectación a derechos fundamentales y una transgresión al debido proceso. Mencionan que hubo una indebida apreciación de las reglas de la sana crítica, respecto de la introducción de elementos probatorios cuestionables sin sustento legal, afectando la validez del proceso, el principio de legalidad probatoria y la cadena de suministros de la prueba. Estima lesionados los numerales 1, 181,

194 y 234 del Código Procesal Penal y los artículos 1, 2 y 3 de la Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones. Señalan que la policía judicial decomisó los respaldos de los videos obtenidos de cámaras de seguridad instaladas en propiedad privada, las cuales registraban imágenes de sitios públicos, pero en las actas no se menciona la ubicación exacta de los grabadores, aspecto trascendental para evaluar la legalidad de la prueba. Además, refieren no consta que los videos hayan sido entregados con el consentimiento del titular del derecho o que provengan de una orden judicial de incautación. A criterio de los impugnantes, ello genera dudas de la licitud de la obtención de los elementos de prueba, que afecta la cadena de custodia y compromete la validez dentro del proceso. Transcriben parte de la sentencia en las que se menciona que se obtuvieron los videos de las gasolineras de La Palma, Parrita y cámaras municipales de Jacó y Tárcoles, ello el 28 de octubre de 2020. Argumentan que no se analizó la legalidad de la obtención de la prueba, aspecto esencial para la demostración de culpabilidad. Transcriben parte del fallo en que el colegiado de jueces de instancia descartó la protesta de ingreso ilegal de prueba al proceso, al indicar que el oficial [Nombre 251] fue quien decomisó los videos de las gasolineras. Sobre el particular, fustigan que, al interrogar a los testigos sobre la ubicación del dispositivo de grabación ninguno supo precisarlo. Al consultarles sobre el modo de obtención, sostienen que sus respuestas no fueron claras. Arguyen que en el expediente no consta el acta de consentimiento para la entrega de las grabaciones. Argumentan que el decomiso es un acto coactivo regulado en el artículo 198 del Código Procesal Penal, lo que no puede equipararse a la entrega voluntaria. Aclaran que el reclamo no es sobre el contenido del video, sino sobre la forma en que este se recaba. Fundamentan que el Estado tiene la carga de probar la legalidad de sus actuaciones. Cita la circular 11-ADM-2019 de la Fiscalía General sobre el cumplimiento del bloque de legalidad en el proceder del Ministerio Público. En apoyo a su postura, citan el voto n.° 2008-1262 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sobre el consentimiento en las actuaciones procedimentales. Añaden que el consentimiento debe ser previo, expreso e inequívoco, no puede presumirse.

Transcriben una resolución judicial sobre el consentimiento, pero sin cita de la fuente. La falta de claridad de la ubicación de los grabadores y sitio en que se encontraban, hace cuestionar si el consentimiento para la entrega de los videos fue libre, expreso y previo, así como la legalidad de su obtención respecto a los horarios y sitios privados en que podían encontrarse. Piden se declare la invalidez de la prueba obtenida y se excluya el acervo probatorio referido a los videos aportados, dejando sin efecto cualquier consecuencia jurídica de dicha prueba ilícita. Las quejas se declaran sin lugar: El licenciado Duartes Delgado y  el encartado [Nombre 024] reclaman la ilegalidad de la prueba consistente en videos obtenidos de distintas cámaras de vigilancia, los cuales fueron valoradas en sentencia para complementar la prueba obtenida mediante vigilancias, interceptación de comunicaciones y análisis de radiobases, en relación con las movilizaciones llevadas a cabo por el grupo criminal los días 8 de junio, 18 de agosto y 28 de octubre, todos del 2020.  El reclamo se plantea desde dos perspectivas: la legalidad en la obtención de la prueba por estimarse que era necesario para ello contar con orden jurisdiccional, y el resguardo de la cadena de custodia de la evidencia material obtenida. En cuanto al primer aspecto, es necesario señalar que, partiendo de una confusión entre los requerimientos legales existentes para la producción e introducción al proceso de prueba que supone afectación del derecho a la intimidad y los que atañen a la introducción de prueba que no supone una limitación de dicha garantía individual, los impugnantes sostienen —erróneamente— que para proceder al secuestro de cámaras de seguridad de varias estaciones de servicio y de cámaras de monitoreo correspondientes a la Policía Municipal de Jacó, todas las cuales se encuentran colocadas para captar lo que sucede en la vía pública o bien áreas que son de libre acceso, era necesario contar con autorización jurisdiccional o de lo contrario, con un consentimiento de entrega voluntaria. Como ya se advirtió, es necesario tener claro que nos hallamos ante el supuesto de obtención de las grabaciones correspondientes a las cámaras de vigilancia colocadas para captar lo que sucede en la vía pública y no en el interior de una vivienda o en alguna zona de acceso restringido dentro de una oficina o local comercial. Por tal razón, el material incautado no suponía afectación alguna del derecho a la privacidad o intimidad, que justificase el diligenciamiento de una autorización jurisdiccional para obtenerlo o que hiciese necesario contar con el consentimiento del derechohabiente, en ausencia de la primera. Consecuentemente, no viene al caso analizar lo dispuesto en el fallo n.° 1262-2008 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a las condiciones en que se excepciona el requerimiento de orden judicial previa para el ingreso a un recinto privado (en este caso, una cabina o habitación de alquiler vacacional), y tampoco lo consignado en la circular de la Fiscalía General n.° 11-ADM-2019, en cuanto a la inconveniencia de los «allanamientos consentidos». No existía en este asunto, por las razones indicadas de la naturaleza del material incautado y las condiciones de su obtención, ningún obstáculo que impidiese a la policía judicial solicitar y obtener el material por cuenta propia, más aún, si se trataba de prueba útil y pertinente para la investigación que, por la posibilidad de pérdida o borrado, era necesario asegurar.

En razón de lo anterior, se avala lo resuelto en sentencia por el tribunal del juicio que, luego de mencionar diversos antecedentes de la Sala Constitucional sobre el tema —entre ellos el fallo n.° 16360-2016 de 4 de noviembre de 2016— hizo ver que: «las imágenes contenidas en los videos, cámaras o grabadores serán privados si se refieren a espacios privados donde se desarrolle actividad propia de cada uno, y otro es donde se ingresa para obtener la información o imágenes que, aunque sean públicas o dirigidas a la vía pública (por seguridad) se encuentran en un recinto privado. En el caso que nos ocupa se desprende que las cámaras ubicadas en las estaciones de servicio o gasolineras captaban imágenes de vía pública, en otras palabras, no grababan un espacio privado o espacio donde se desarrollan actividades que están sustraídos al conocimiento de extraños. La defensa en el argumento de su protesta alega que los investigadores no dijeron como (sic) obtuvieron esos videos y que las firmas en las actas de secuestro 52352, 765151, 765152, 765163, 765164 y 765165, (también las actas 52351, 765188, 765190, 765154 y 76155) por parte de los interesados de la diligencias no puede presumirse consentida y especula la defensa que pudo ser bajo amenaza, sin embargo, la ilegalidad en la obtención de prueba no se puede especular ni presumir, sino demostrar y con mayor razón si las actas de secuestro están firmadas por la persona a la que se le secuestra el video» (f. 116 de la sentencia impugnada). Este tribunal estima, en forma coincidente con el criterio del a quo, que resulta válida la valoración, como prueba, de las grabaciones obtenidas de cámaras de seguridad que realizan tomas hacia sitios de acceso público o libre tránsito, sin que sea necesaria para su obtención que se cuente con autorización jurisdiccional previa, tal y como lo suponen los impugnantes. De cara a un cuestionamiento de similar naturaleza al que ahora se propone, se ha indicado que:  «El proceso penal costarricense se rige por el principio de libertad probatoria, de acuerdo con el cual está permitido cualquier medio de prueba que no esté expresamente prohibido, así lo establece el artículo 182 del Código Procesal Penal. En este sentido, el numeral 181 de esta normativa establece que la prueba debe ser obtenida e incorporada legalmente -son estos los dos momentos fundamentales para su legalidad-, y agrega que “no podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni información obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas.”, mientras el 234 dice: “Además de los medios de prueba previstos en este Código, podrán utilizarse otros distintos, siempre que no supriman las garantías y facultades de las personas ni afecten el sistema institucional.” En términos generales las videograbaciones son prueba documental permitida, siempre que sea legal y respecto de su legalidad hay que analizar los dos momentos ya mencionados, su obtención y su incorporación.  En su obtención es esencial que no se hayan violado derechos fundamentales, es especial el derecho a la intimidad, la libertad y el secreto de las comunicaciones, tutelado en el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, No. 7425 de 1994 que en el ordinal primero reserva el secuestro de documentos privados al órgano jurisdiccional en la siguiente tesitura: “Los Tribunales de Justicia podrán autorizar el registro, el secuestro o el examen de cualquier documento privado, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos penales sometidos a su conocimiento. Para los efectos de esta Ley, se consideran documentos privados: la correspondencia epistolar, por fax, télex, telemática o cualquier otro medio; los videos, los casetes, las cintas magnetofónicas, los discos, los disquetes, los escritos, los libros, los memoriales, los registros, los planos, los dibujos, los cuadros, las radiografías, las fotografías y cualquier otra forma de registrar información de carácter privado, utilizados con carácter representativo o declarativo, para ilustrar o comprobar algo.” (La negrita es propia.) Dicho esto, en este caso no se observa ninguna ilegalidad en la obtención de la prueba, pues las imágenes captadas por las cámaras del sistema de Seguridad del Hotel Marriot estaban ubicadas en un espacio de acceso libre para todas las personas que se encontraban en el baile, no de un recinto de naturaleza privada y la grabación fue decomisada por el Organismo de Investigación Judicial, sobre el que, el Ministerio Público delegó la diligencia, según lo ordenado en las providencias que corren agregadas en folios 37 y 38 del expediente, acorde con la potestad que le confiere el artículo 198 del Código de Rito. Es criterio de esta Cámara que los videos capturados por las cámaras de seguridad, ya sea en lugares públicos, o en recintos privados pero abiertos al público, como en el caso que nos ocupa, son completamente válidos y legales y pueden servir de prueba en el proceso» (Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, resolución n.° 2022-930 de las 13:27 horas del 17 de octubre de 2022). Cabe indicar, en complemento a dichos razonamientos, que la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial regula en forma expresa las facultades de investigación y aseguramiento que se otorgan a la policía judicial. Al respecto, señala el artículo 3 de dicho cuerpo normativo: «El Organismo de Investigación Judicial, por iniciativa propia, por denuncia o por orden de autoridad competente, procederá a investigar los delitos de acción pública, a impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, a identificar y aprehender preventivamente a los presuntos culpables, y a reunir, asegurar y ordenar científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios para la investigación. Si el delito fuere de acción o instancia privada, solo actuará en acatamiento a orden de autoridad competente, que indique haber recibido la denuncia o acusación de persona legalmente facultada» (el subrayado es suplido). En consonancia con dicha facultad, dispone el numeral 4 del mismo cuerpo legal: «Artículo 4º.- El Organismo tendrá, entre otras que legalmente le sean señaladas, las siguientes atribuciones: […]

Recoger todas las pruebas y demás antecedentes, que tengan importancia en el caso» (el resaltado no corresponde al original). Para los recurrentes, un tema esencial que debió ser dilucidado a fin determinar la validez de las grabaciones en cuestión, es la ubicación específica que tenían las cámaras de vigilancia. Más allá de determinarse que las cámaras se ubicaron en los locales especificados —estaciones de servicio— y que otras correspondían a cámaras de vigilancia callejera instaladas por la Policía Municipal de Jacó, no se observa qué trascendencia tenga, para la validez de la prueba en cuestión, el detalle del punto exacto de la infraestructura o local, dónde se encontraba instalada físicamente cada una de las cámaras. Lo verdaderamente importante, como ya se advirtió, es que las cámaras de vigilancia captaban lo sucedido en la vía pública y no lo que ocurría en algún recinto privado o de acceso restringido, por lo que no nos hallamos ante un supuesto de posible lesión al derecho a la intimidad que tornase imperativa la autorización jurisdiccional, conforme a lo establecido en el artículo 24 constitucional y las reglas establecidas en La Ley N.° 7425 de 9 de agosto de 1994 . Ahondando sobre el punto de interés, las juezas de mérito plasmaron los detalles brindados por los oficiales de la policía judicial [Nombre 044] y [Nombre 251], sobre la forma de obtención de sus videos para el análisis técnico que se menciona en los informes y su posterior incorporación como prueba: «el testigo [Nombre 044] refirió lo siguiente: «(…) se solicitan también las cámaras de la bomba de Parrita. Se hace el contacto con una sola persona que es el encargado de esos son un consorcio, una sociedad de hermanos, esas bombas le pertenecen a un solo propietario, entonces se hace el contacto con una sola persona y esa persona es la que nos hace llegar los videos de esas bombas de esas tres bombas […] esta bomba de Parrita que es la que está a mano derecha en esa es en la que se solicitan los videos también […] se preguntaba a los encargados, prácticamente a los dueños de esas bombas y los dueños de las bombas ellos eran los encargados de pedir los videos y luego ellos entregárnoslos a nosotros, nosotros nunca hablamos con los encargados o los administradores de las bombas como tal (…) Sí claro si se decomisaron videos de las estaciones (…) Los videos fueron decomisados mediante acta y pasados a la fiscalía (…) la persona nos dio todos los videos y nos indicó que ese video ya no estaba (…) y esa persona es la que nos hace llegar los videos de esas bombas de esas tres bombas» (Lo subrayado es de suplido), el testigo [Nombre 251] oficial del Organismo de Investigación Judicial indicó: «(…) Yo decomisé videos porque nos enviaron, pero los análisis los hicieron otros compañeros, decomisé videos de las gasolineras en la zona sur, mucho antes de Jacó Parrita, entre Parrita y Quepos inclusive más allá, hacia la zona sur» (cfr. fs. 116-117 de la sentencia impugnada. El subrayado corresponde al original). Ahora bien, desde vieja data se ha insistido que la importancia de la demostración del cumplimiento de la cadena de custodia radica en garantizar la identidad de la prueba analizada en juicio, con respecto de la que fue recolectada o extraída inicialmente. Es importante tener claro que contrario a lo que sucede con evidencia material fungible (por ejemplo: droga, dinero, fluidos corporales. entre otros), en este asunto los reclamos giran en torno a grabaciones audiovisuales captadas en un momento y tiempo específicos que también fueron percibidos por otros testigos y, en este asunto, la defensa técnica no cuestionó en el contradictorio —ni lo hace ahora— que el contenido de las grabaciones pudiese haber sido manipulado. Las grabaciones de interés corresponden a las movilizaciones del grupo criminal correspondientes a los días 6 de junio, 18 de diciembre y 28 de octubre de 2020. En todos los eventos en cuestión se dieron vigilancias o seguimientos policiales — al menos de una porción de la ruta seguida por los sindicados— lo que permite complementar los datos que aportan los videos sobre vehículos observados y sus características, el lugar y hora aproximada de su paso por puntos geográficos específicos y su traslado en «bloque» o comportamiento coordinado. De manera que los reparos por incumplimiento de la cadena de custodia, además de infundados, giran únicamente en torno a la acreditación de las formalidades establecidas para documentar la trazabilidad de los videos desde su obtención hasta su análisis y posterior incorporación como prueba, pese a lo cual no se indica que existan indicios de alguna alteración en dichas grabaciones y en todo caso, la restante prueba documental y testimonial resulta consecuente con el contenido de las grabaciones. A mayor abundamiento, cabe señalar que el control documental de la cadena de custodia, sí se cumplió en la especie. Luego de un minucioso examen de los autos, este tribunal debe señalar, para efectos aclaratorios únicamente (ya que no varía en lo absoluto lo resuelto) que, al hacer referencia a los videos incorporados como prueba, el a quo incurrió en un error material, al incluir dentro de las actas de secuestro de las grabaciones relacionadas con el paso de los sindicados por las rutas de interés, dos números de acta que forman parte del acervo probatorio de interés. Obsérvese que el fallo impugnado, se detallan las siguientes actas de secuestro: «52352, 765151, 765152, 765163, 765164 y 765165, (también las actas 52351, 765188, 765190, 765154 y 76155)»  (f. 116 de la sentencia). En realidad, las actas de secuestro que resultan de interés por relacionarse con grabaciones analizadas por el tribunal de juicio son las siguientes: 52351 (f. 467), 52352 (f. 468), 765151 (f. 847), 765152 (f. 848), 765153 (f. 849), 765154 (f. 850), 765155 (f. 851), f. 765188 (f. 412) y 765190 (f. 466). La correspondencia entre las actas de secuestro y las grabaciones admitidas y analizadas como parte de los indicios de interés, puede comprobarse a partir del siguiente detalle de prueba admitida:  «3.- Tres discos compactos DVD rotulados Poder Judicial de Costa Rica, una Chacarita expediente 19-00004-0622-PE, 02 La Palma expediente 19-00004-0622-PE, 03 el Cruce expediente 19-00004-0622-PE. (765188)  […]

Dos discos formato DVD con el membrete Poder Judicial de Costa Rica color blanco rotulados como disco 01 y disco 02 respectivamente, conteniendo videos del 28/10/2020, de las cámaras de Playa Hermosa y otras, donde se observan pasar los vehículos que transportaban y custodiaban la droga de la organización criminal decomisada en Jacó, causa acumulada 20-000717-0077-PE. […]

Disco compacto, rotulado

– “18-8-20- Agujas - expediente 19-00004-0622-PE”, decomisado mediante acta 765190, con videos sobre los desplazamientos de los encartados en los transportes de alijos de droga.19.- Disco compacto, rotulado – “La Palma 19- 000004-0622-PE”, decomisado mediante el acta 765152, con videos donde se

observan los vehículos de la organización criminal custodiando y transportando los alijos de droga.

Disco compacto rotulado – “Bomba de Parrita 18- 08-202019-000004-0622-PE”, decomisado mediante acta 52351, con videos donde se observan los vehículos de la organización criminal custodiando y transportando los alijos de droga.

Disco compacto rotulado – “Bomba la Palma 18-08-2020-19- 000004-0622-PE”, decomisado mediante el acta 52352, con videos donde se observan los vehículos de la organización criminal custodiando y transportando los alijos de droga.

Disco compacto rotulado – “Chacarita - 19-000004-0622PE”, decomisado mediante el acta 765154, con videos donde se observan los vehículos de la organización criminal custodiando y transportando los alijos de droga.

Disco compacto rotulado- “La Costa expediente 19- 000004-0622- PE”, decomisado mediante el acta 765153, con videos donde se observan los vehículos de la organización criminal custodiando y transportando los alijos de droga.

Disco compacto rotulado – “Palmar Norte- expediente 19-000004- 0622-PE”, decomisado mediante el acta 765151, con videos donde se observan los vehículos de la organización criminal custodiando y transportando los alijos de droga.

Disco compacto rotulado – “Parrita expediente 19-000004-0622-PE”, decomisado mediante acta 765155, con videos donde se observan los vehículos de la organización criminal custodiando y transportando los alijos de droga» (cfr. fs. 1380 y 1382 de la sentencia. La negrita corresponde al original). A mayor abundamiento, esta Cámara pudo verificar el control riguroso en el traslado de las evidencias que se detallan en las actas antes indicadas, correspondientes a las cámaras de vigilancia obtenidas de las diversas estaciones de servicio y de la Policía Municipal de Jacó. La cadena de custodia que corresponde con el acta de secuestro 0052351 (video de vigilancia de la Bomba de Parrita que capta el paso de los sindicados en fecha 18 de agosto de 2020), se verificó y corresponde a la evidencia material n.°

Se cotejó también la boleta de cadena de custodia identificada como evidencia material n.° 21, que corresponde al acta de secuestro n.° 0052352 (disco rotulado Bomba La Palma, correspondiente al 18 de agosto de 2020).  El control de cadena de custodia que guarda relación con el acta de secuestro 765151, se constató que corresponde con la evidencia material n.°

Por su parte, la recolección y consiguiente resguardo de la grabación secuestrada mediante acta 765152, se controló mediante boleta de cadena de custodia que se identifica como evidencia material n.°

La misma correspondencia se constató en relación con el material consignado en el acta de secuestro 765153 y la boleta de custodia resguardada como evidencia material n.°  24;  los discos decomisados mediante acta 765154 y la «boleta única de cadena de custodia de indicios» que se conserva como evidencia material n.° 22; el control del secuestro y consiguiente resguardo del material detallado en el acta 765755, se puede observar en la boleta de cadena de custodia identificada como evidencia material n.°

Lo mismo ocurre con los discos recolectados mediante actas de secuestro 765188 y 765190, y sus respectivas boletas de cadena de custodia, las cuales se almacenaron como evidencia material n.° 3 y n.° 18, respectivamente. En todos los casos, se consigna el investigador o investigadores judiciales encargado de la recepción del disco o discos con las videograbaciones, la hora y fecha de entrega del mismo, lo que se ha verificado que concuerda con lo indicado en el acta de secuestro respectiva, constatándose, además, la continuidad en los traslados a los distintos funcionarios que tuvieron a su cargo el resguardo de la evidencia, lo que se documenta con la indicación de fecha y hora, así como la firma y nombre del funcionario que la recibe.  Por las razones expuestas, se concluye que no existió quebranto alguno al debido proceso en la obtención y resguardo de los videos secuestrados en diversas estaciones de servicio y en las oficinas de monitoreo de la Policía Municipal de Jacó, que fueron analizadas para sustentar el fallo recurrido. Como corolario de lo anterior, se declaran sin lugar el tercer motivo del recurso de apelación de sentencia presentado por el licenciado Duartes Delgado, así como el tercer reparo de la impugnación incoado en forma personal por [Nombre 024].

Tercer aspecto reclamado en el segundo motivo de apelación incoado por el licenciado Peralta Montoya: Dentro del segundo reparo de la impugnación formulada, el licenciado Juan Carlos Peralta arguye que el tribunal de juicio rechazó, de forma infundada, los alegatos planteados en el contradictorio, en relación con la falta de noticia criminal y ausencia de dirección funcional para la detención de la vagoneta. Invoca que se dio un retén ilegal y que no quedaron constando datos objetivos para validar la intervención policial. Critica que se introdujera una cuchilla en la góndola de la vagoneta, sin indicios de comisión de un ilícito que lo justificase y sin dirección funcional, aspecto que el tribunal no resolvió en forma motivada, pese a ser objetado. Ante la ausencia de noticia criminal y debido a que no se sustentó el rechazo a la queja planteada, solicita se anule lo resuelto. No se comprueba el vicio de falta de motivación interpuesto por la defensa técnica: Contrario al panorama de ausencia de motivación del rechazo de la actividad procesal defectuosa planteada durante el debate, en torno a: 1) la legalidad del retén policial que derivó en el decomiso de una tonelada de clorhidrato de cocaína el día 28 de octubre de 2020; y 2) la acción consistente en introducir una cuchilla en la góndola de la vagoneta, sin contar con dirección funcional para ello; al examinar la sentencia se concluye que ambos temas fueron debidamente abordados. En torno al primer cuestionamiento, expusieron las juezas de mérito: «Se argumenta por parte del licenciado Peralta que la detención de la vagoneta que llevaba la droga decomisada el 28 de octubre de 2020 es ilegal porque no había noticia criminis y no hubo dirección funcional, que el retén policial era ilegal y que se realizó una abertura en la góndola de la vagoneta de forma ilegal por parte de un funcionario de la unidad canina porque no contaba con dirección funcional. Este Tribunal rechaza esta actividad procesal defectuosa con base en lo siguiente: El artículo 22 de la Constitución Política recoge el derecho al libre tránsito y exige para la detención de una persona, que exista un indicio comprobado de haber cometido delito. Como se indicó en lo resuelto a la actividad procesal defectuosa número 1.5, existía una información sobre varios vehículos involucrados en el transporte de drogas, información que consta en el informe CI330-2020-SDRGJ y que fue ratificada por los testigos [Nombre 137], policía municipal que declaró: “(…) llegó un funcionario del OIJ que no preciso los datos de él, llegó con otro investigador, pero de ellos no sé mucho. Ahí se nos da la noticia de que en esa vagoneta viene droga (…) La información a lo que se nos indicó ahí se socializó en ese momento rápido es que un vehículo rojo o morado Hyundai que no era típico de Costa Rica, y una vagoneta como que los habían visto en un movimiento extraño kilómetros antes de donde nosotros estábamos a Jacó (…) Los oficiales del OIJ de Jacó que llegaron de primeros no trabajaban en la oficina de Jacó, ellos tengo entendido que pertenencia a otra unidad, después por las noticias nos enteramos que pertenecía a crimen organizado (…)”, también declaró el testigo oficial de Fuerza Pública (del grupo lince) [Nombre 138] en lo conducente: “(…) el día de octubre del dos mil veinte, por parte del director general en ese momento [Nombre 140], se me comunica que en enlace directo con parte de OIJ, [Nombre 177] para un trabajo en conjunto en ese momento ingresamos en horas tempranas madrugada no recuerdo hora exacta, nos trasladamos al sector de Jacó. Los enlaces nos indican que iniciemos control de carretera, en ese momento pasa un vehículo blanco me indican que al parecer observaron que una vagoneta blanca con amarilla, dos vehículos un Hyundai vino en conjunto con una L200 color claro no recuerdo si gris o blanca al parecer se encontraban reunidos y observaron algunos paquetes extraños, es lo único que se me indica (…)”, de lo manifestado por estos testigos y ratificado por los oficiales del Organismo de Investigación Judicial de Crimen Organizado, encargados del caso, los oficiales de Policía Municipal como de Fuerza Pública tenían una noticia de posible delito que involucraba los vehículos que finalmente fueron detenidos y donde viajaban los encartados [Nombre 004], [Nombre 042] (a quien se le sigue causa aparte), [Nombre 031], [Nombre 028], [Nombre 024] y [Nombre 027], esta noticia obliga a verificar o descartar la información como una obligación legal prevista en los artículos 1 y 2 de La Ley General de Policía así como los artículos 283 y 284 del Código Procesal Penal, independientemente de que la dirección funcional con fiscal a cargo de la investigación licenciado Esteban Chavarría lo haya sido con el oficial del OIJ encargado de la investigación [Nombre 044]. Por obligación legal la policía administrativa debía actuar para constatar o descartar la información lo que necesariamente implica una revisión de los vehículos entre ellos la vagoneta como se realizó por parte de la policía administrativa K9 o policía canina, de ahí que no existe intromisión ilegal al momento en que se revisó la parte inferior derecha de la góndola de la vagoneta placas [Valor 053] por parte del oficial de la canina [Nombre 141] quien refirió estaba corroída. Ahora bien, sobre la noticia criminis, la Sala Tercera en su voto 1504-2020, del veinte de noviembre de dos mil veinte, de las once horas con cincuenta y cinco minutos, aclaró: "IV. [...] En ese orden de ideas, la Fuerza Pública tiene como atribuciones, entre otras, mantener la tranquilidad y el orden público, velar por la seguridad e integridad de los ciudadanos, sus bienes, y prevenir hechos delictivos -artículo 22 de la Ley General de Policía-, que le permite actuar frente a la noticia de un posible hecho delictivo. Ahora bien, en el presente asunto la legitimidad de la actuación policial deriva de la notitia criminis recibida por los oficiales, sin que sea necesario, como parece entenderlo el Tribunal de Apelación, contar por escrito con la misma, aunque sería una circunstancia deseable, no siempre es posible, dado que incluso las investigaciones se pueden iniciar a partir de informaciones confidenciales o anónimas como ocurrió en el presente asunto, donde una tercera persona que no se identificó dio aviso a los oficiales de lo que estaba ocurriendo."; por otro lado se tiene que la noticia criminis es: “Categoría procesal penal también conocida como notitia criminis. Medio por el cual se tiene conocimiento de la comisión de un delito, falta o contravención. Es pertinente advertir, que la denuncia es prueba documental, que constituye la noticia del delito, a partir de la cual se pone en conocimiento de las autoridades la comisión de un hecho delictivo y permite orientar la investigación, y como tal debe ser valorada de manera conjunta con la

totalidad  de  los  elementos  probatorios"

https://diccionariousual.poderjudicial.go.cr/index.php/diccionario/noticia%20del%20 delito. En el mismo sentido el voto Sala Tercera de la Corte resolución 009812014, del veintisiete de junio de dos mil catorce, a las nueve horas con siete minutos (criterio unificador) refiere: “El derecho de circulación o tránsito ha sido reconocido a través de La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 22.1) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 12.1). En cuanto a nuestra legislación, este derecho se encuentra reconocido constitucionalmente al establecerse que todo ciudadano costarricense tiene derecho de trasladarse de un lugar a otro dentro o fuera del territorio nacional (artículo 22 de la Constitución Política). Sin embargo, este derecho puede restringirse en forma excepcional ante la existencia de un indico (sic) comprobado de delito (artículo 37 de la Constitución Política) o bien la pena impuesta por la comisión de un hecho delictivo (artículo 39 de la Constitución Política), de esta forma no podrá de modo alguno generarse una limitación al derecho de tránsito de manera general o sin respeto a las garantías establecidas por nuestro ordenamiento jurídico.” […] En este sentido la ejecución de estos actos que coartan una garantía fundamental en nuestra legislación se ha regulado de modo que le corresponde al gobierno conservar el orden y tranquilidad de la Nación para lo cual dispone de la fuerza pública como herramienta para garantizar el orden, defensa y seguridad del país (artículo 140 incisos 6 y 16 de la constitución Política). A partir de ello nace la competencia de la policía para el cumplimiento de dicha función que se encuentra establecida en la Ley General de Policía (artículos 1 y 2) y consecuentemente a las fuerzas de policía como depositarios de autoridad que deben vigilar, defender y conservar la seguridad les corresponden: “… e) Prevenir y reprimir la comisión de infracciones punibles dentro del territorio nacional…”(artículo 22 Ley General de Policía). De esta manera, es claro que a la policía como funcionarios encomendados de hacer cumplir con la ley se encuentran facultados para efectuar operativos en carretera en aquellos casos en que resulte ser una medida necesaria para la investigación de hechos ilícitos; los cuales deben de efectuarse de manera motivada y en proporción a las circunstancias que concurran en cada caso.” Sobre este tema la Sala Constitucional ha establecido lo siguiente: “…La libertad de tránsito y el derecho a la intimidad sólo pueden limitarse o restringirse, en aquellos casos permitidos por ley y únicamente cuando sea estrictamente necesario, idóneo y proporcional para alcanzar o tutelar bienes jurídicos de trascendencia para la convivencia socia…”

(ver resolución 2010-014821 de las 8:54 horas del 03 de setiembre de 2010).” Sobre el reclamo por detención ilegal sin dirección funcional: El artículo 67 del Código Procesal Penal describe la función de la policía judicial: “Función Como auxiliar del Ministerio Público y bajo su dirección y control, la policía judicial investigará los delitos de acción pública, impedirá que se consuman o agoten, individualizará a los autores y partícipes, reunirá los elementos de prueba útiles para fundamentar la acusación y ejercerá las demás funciones que le asignen su ley orgánica y este Código.”, si bien, este articulo describe la función de la policía judicial como un auxiliar y bajo su dirección y control investigará, también el Código Procesal Penal en su artículo 283 a 285 posibilita no solo a la policía judicial sino también a la policía administrativa en sus funciones al momento de intervenir preliminarmente a realizar acciones tendientes a resguardar la prueba entre otros actos; por lo que se concluye de una interpretación sistemática, que preliminarmente y ante noticia de la posible comisión de un delito la policía puede actuar, para primero verificar o descartar la comisión de un posible delito y de haber confirmado la posible comisión de delito, asegurar la prueba. En conclusión, este Tribunal tiene por acreditado que la actuación de la policía administrativa lo fue conforme a derecho y las formas establecidas sin vulneración de derecho fundamental alguno por lo que, al no existir agravio, se rechaza esta actividad procesal defectuosa» (fs. 120-124 de la sentencia). En el considerando dedicado a analizar el secuestro de los aparatos telefónicos por parte de la policía administrativa el día 28 de octubre de 2020, este tribunal señala las razones por la cuales valida la participación de dicho cuerpo policial en coadyuvancia de la policía judicial y la regularidad de su intervención en el aseguramiento de los indicios de posible utilidad para la investigación, por lo que se remite a dicho apartado.  Más adelante, en la sentencia recurrida, el tribunal de juicio realiza el ejercicio de valoración integral del dicho de los oficiales [Nombre 137] y [Nombre 138] mencionados en el extracto anterior, con lo declarado por el investigador judicial [Nombre 177], corroborando la veracidad de la reconstrucción fáctica que se realiza a partir de sus manifestaciones: «el testigo [Nombre 177] confirma que fue él, el que realizó las coordinaciones con las diferentes policías para el abordaje y detención de la vagoneta ese veintiocho de octubre de 2020, así las cosas este Tribunal no duda del seguimiento y las actuaciones realizadas por los testigos, ya que si bien la defensa cuestionó la presencia de [Nombre 142] en el sitio y del seguimiento cercano de los vehículos o la caravana ese veintiocho de octubre, no refiere las razones objetivas o probatorios de que ello es contrario a lo declarado por los testigos y que consta en el informe policial 002-SECCRO/IP2020 III Ampliación que inicia a folio 469, lográndose observar a folio 475 del Tomo I del expediente la foto donde se observa la vagoneta Mack y luego del vehículo Palisade. Sobre el abordaje de los vehículos y la vagoneta en el sector de Jacó el testigo y oficial de fuerza pública de unidades especiales [Nombre 138] detalló: “el día de octubre del dos mil veinte, por parte del director general en ese momento [Nombre 140], se me comunica que en enlace directo con parte de OIJ, [Nombre 177] para un trabajo en conjunto en ese momento ingresamos en horas tempranas madrugada no recuerdo hora exacta, nos trasladamos al sector de Jacó (…) el día de octubre del dos mil veinte, por parte del director general en ese momento [Nombre 140], se me comunica que en enlace directo con parte de OIJ, [Nombre 177] para un trabajo en conjunto en ese momento ingresamos en horas tempranas madrugada no recuerdo hora exacta, nos trasladamos al sector de Jacó… ”, refirió este testigo que dio indicación para que el grupo motorizado aborde el vehículo Palisade y descartar la información lo cual concuerda con lo declarado por el testigo [Nombre 145] quien fue el motorizado que refirió en debate que la persona que recibió la información sobre los vehículos fue [Nombre 138], refirió incluso [Nombre 138] que él solicitó la intervención de la unidad canina quienes llegaron al sitio y realizaron la revisión, que aprovecharon el recurso. Se cuestionó por parte de la defensa de los encartados el tiempo, en todo el proceso realizado ese veintiocho de octubre, el tiempo de traslado de las unidades desde barrio Socorro en Heredia y hasta Jaco, el traslado de la unidad canina al sitio, el momento en que en seguimiento [Nombre 044] adelantó la caravana para alertar a los oficiales del retén sobre ese movimiento extraño, sin embargo los testigos recibidos entorno a la actuación de ese día fueron contestes, demostrando sinceridad en el tanto declararon en algunas ocasiones que no precisaban hora por el transcurso del tiempo, pero que no son contradictorios entre sí y por el contrario se ven respaldado con la prueba documental aportada y relacionada con el evento del veintiocho de octubre de 2020. Así las cosas, no basta especular sobre una mala actuación en virtud de la falta de precisión exacta de la hora como parece reclamar la defensa, sino que debe existir elemento probatorio objetivo que lleve a este Tribunal afirmar y señalar puntualmente algún defecto de tal magnitud para excluir la prueba» (fs. 1579-1580 de la sentencia). Según se colige de lo anterior, así como de la información que se desprende de los diversos informes policiales, la detención de la vagoneta no se dio de forma casual o arbitraria, sino como resultado de una investigación desarrollada a lo largo de varios meses, la cual permitió determinar el uso de la vagoneta por el grupo criminal para realizar el transporte de drogas. La información que motivó la detención del aludido automotor el 28 de octubre de 2020 derivó no solo de la intervención telefónica que se encontraba en curso, sino de las múltiples vigilancias realizadas por la policía judicial que les permitió establecer un patrón de traslados en un horario y ruta específica, que justamente fue el detectado el día de los hechos —sobre este aspecto se realizará un amplio análisis al conocer el reclamo relacionado con la valoración probatoria intelectiva de la condena por tráfico de drogas al cual se remite—. De manera que existían razones válidas y suficientes para que se ejecutara el abordaje policial que culminó con la detención del automotor y el decomiso de la droga, en consecuencia, no lleva razón la defensa al afirmar que no existía una noticia criminal que lo justificara. Tampoco lleva razón la defensa técnica y material, respecto de la ausencia de dirección funcional en las actuaciones del 28 de octubre de 2020, aspecto sobre el cual se pronunció el a quo  en forma expresa (fs. 1557-1558 del fallo), indicando que con base en el dicho del oficial [Nombre 044], el cual resulta consecuente con el relato de [Nombre 137] (policía municipal) y de [Nombre 138] (oficial de Fuerza Pública), así como de lo consignado en el informe 516-SECCRO -2019, era claro que dicha dirección sí existió, pero además de ello, que la actuación policial era conforme a lo establecido en los numerales 283, 284 y 285 de Código Procesal Penal y artículo 4 de la Ley General de Policía, tal y como ha sido avalado en supuestos semejantes por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en los fallos n.° 1504-2020 y 981-2014, de manera que no es cierto (como pretende la defensa) que se requiriera necesariamente comunicación entre el Ministerio Público y los oficiales in situ para que estos últimos actúen en el ejercicio de sus competencias, pues lo cierto es que su facultad para actuar deviene de la voluntad legislativa plasmada en las normas antes referidas. En cuanto al reclamo del licenciado Peralta Montoya que se ha identificado aquí como punto 2), es necesario acotar que también se descarta el vicio de falta de motivación, en el tanto las juezas de mérito se ocuparon de dar una respuesta frontal al tema de la introducción de una pieza de metal o varilla en un sector de la góndola de la vagoneta Explicaron las juzgadoras que durante su revisión de rutina —en el exterior del vehículo—  previo a realizar la inspección con los canes de la Unidad K-9, el oficial [Nombre 141] notó una irregularidad en la pintura que le llamó la atención y por ello, raspó el sitio e introdujo parcialmente una cuchilla que portaba en el área del cajón del vehículo pesado, lo que produjo el desprendimiento de un polvo blanco que los canes identificaron de inmediato como droga. Sobre este tópico en particular, expusieron las juzgadoras: «El testigo [Nombre 148] policía Municipal confirmó que al tener código de tránsito únicamente se ubican en un lugar específico y empiezan a trabajar control vehicular en materia de tránsito y que no necesitan una noticia criminis, refiere que el veintiocho de octubre de 2020 a eso de las siete de la mañana estando en el lugar una vez con la información, abordó un vehículo marca Mitsubishi L200 gris, el cual viajaba a veinte metros de la vagoneta, refirió que llego un oficial del OIJ que informó que en una vagoneta venía droga, que cuando fue detenida llegó la unidad de K9 y al hacer la revisión que no recuerda si con palo, objeto de metal o cuchilla en  una esquina de la vagoneta punzo y salió un polvo blanco y ahí todo se cógelo hasta que llegaron los oficiales del OIJ de Garabito; esta actuación descrita por estos oficiales coincide con lo declarado por los encargados de la unidad de K9 [Nombre 150] y [Nombre 141]. Declaró el testigo [Nombre 141]: “cuando llegamos al lugar, no recuerdo quien, no indica que esta vagoneta aparentemente trae una carga de droga, ahí nosotros cambiamos el perfil de revisión, cuando no es algo de rutina sino ya más minucioso, cuando pasamos los canes a la revisión, los canes no muestran interés, posteriormente por el alto perfil que nos dijeron que aparentemente trae una carga, empezamos de una forma manual a revisar para ver si existe la posibilidad que algo que esté, tapando, obstruyendo que no haya salida de olor y entrada de aire, para posteriormente hacer la revisión nuevamente con los canes. En esa revisión manual y visual, mi persona revisa por debajo de la góndola, digámoslo así donde viene la carga. porque traía un poco de material, pero viene pintura no fresca, sino pintura que no coincide con la vejez del vehículo, sí, digamos está pintado, se ve pintura nueva y pintura vieja, esa parte del piso estaba con pintura nueve, igual que la parte de atrás de la cabina que era como un amarillo y el piso era como un negro. Entonces en esa parte, digamos como en la parte de la góndola por debajo del piso en la parte derecha delantera ahí hay como unos grumos de pintura, como burbujas, no sé si me explico, como que está porosa y con mi dedo con la uña arranco la porosidad y se ve que se arranca, entonces yo saco una cuchilla y quito, remuevo eso que está ahí como esos grumos y hay como una grietas, hay herrumbre, entonces quiere decir que había pintura encima de herrumbre, entonces yo por la misma rendijitas que está ahí ya yo metí la cuchilla ver si podía punzar algo, que me diera fuga de olor, para posteriormente pasar el can, cuando yo lo hice en la punta de la cuchilla observé como algo blanco aparente droga. En ese momento yo le dije a mi compañera [Nombre 150], que es la compañera mía que fuimos le dije tráigase la perrita para confirmar esto y ya la trajo y efectivamente también se sentó dio indicación positiva a los olores entrenados, ese fue el procedimiento.”, el testigo fue claro y conteste al referir el procedimiento llevado a cabo en el sitio, y aunque fue un testigo cuestionado por la defensa por dos aspectos: uno, porque no estaba autorizado para llevar a cabo esa intromisión introduciendo algún objeto en el vehículo sin orden legal y dos porque refirió que para la revisión externa no requiere autorización y que no recibió dirección funcional de algún fiscal, pese a lo anterior, para este Tribunal fue creíble la declaración de este testigo al igual que la funcionario [Nombre 150] quienes detallaron su actuación en el sitio, actuación facultada el artículo 1 y 2 de la Ley de policía que los obliga a realizar su labor de prevención y constatación ante la existencia de una noticia criminis como lo fue en este caso, la cual consistía en que la vagoneta traía droga. Menciona así el testigo [Nombre 141] que hace ante esta noticia sobre la posible presencia de droga, cambia el perfil indicando que hace una revisión manual como lo detalló, esto es que con los dedos pasa por una parte de la vagoneta corroída y por la hendija es que introduce la cuchilla para dejar fluir posibles olores detectables por el can e incluso detalló: “si yo ando un can de detección drogas yo no puedo andar contaminado, es más con decirle que yo no puedo manipular, ni tocar sustancia por ende es cuando yo la pierdo esa cuchilla porque ya yo no puedo portar encima de mí, sino mi perro me estaría marcando positivo a mí, entonces yo no puedo andar nada contaminado, sería evidente que mi perro estuviera dándome positivo a mí (…)”, además refiere que el conductor de la vagoneta que identifica como un señor mayor estuvo a tres metros aproximadamente observando y que confirmó la autorización que había dado el conductor para ingresar a la cabina de la vagoneta y hacer revisión con el can, lo anterior observa este Tribunal es conforme a derecho y no constituye vulneración alguna de derecho. La testigo [Nombre 150] refiere haber conversado con el conductor y haberle explicado de previo el procedimiento y que los canes en detección de drogas tienen dos tipos de alerta positivo, que es el sentado o una fijación agresiva que es ladrar, morder, rascar o etcétera, y que realizan una revisión profunda que refiere es una revisión manual coincidiendo con lo declarado por el testigo [Nombre 141] […] Refiere este testigo que para la revisión de vehículos se solicita se abran compuertas, tapa de motor, se abren ventanas ello para ventilar, que la revisión que hacen es solo para que no haya nada de valor para el can y que se revisaron las maletas con el can y al no dar indicación se devolvieron al vehículo, estos detalles son muy importantes de analizar por cuanto la defensa alegó un mal manejo de la escena y preguntó sobre donde estaban las maletas, si hubo revisión previa de los vehículos antes de llegar el fiscal, que si se manipularon los bolsos y ante ello esta testigo detalló no el procedimiento realizado, las razones del porqué de las puertas abiertas para la revisión, revisión únicamente superficial del can para detectar olores al igual que en las maletas o maletines, versión que fue coincidente con la del oficial [Nombre 141], sin que ello denote per se, un mal manejo, sino actuaciones dentro del procedimiento realizado. Pese a estos cuestionamientos de carga muy especulativa, no se señaló en que consistió el mal manejo que por lo menos hiciera dudar a este Tribunal de que lo que se recolectó en el sitio como prueba de cargo no fue lo que finalmente se conoció en el debate, o que derecho fundamental se vulneró y que está relacionado con la actuación policial analizada. Aparte de lo anterior, este Tribunal no solo se avocó a la revisión minuciosa del procedimiento, declaraciones e informes incorporados y relacionados al evento del veintiocho de octubre de dos mil veinte, sino también al decomiso de objetos, actas, cadenas de custodia, informes de decomiso y detalle de objetos, apertura e identificación del objeto respaldado informáticamente y su informe final, denotando que no hay vulneración alguna como se argumentó por parte de la defensa» (fs. 1580-1583 de la sentencia. El resaltado es suplido). Resulta oportuno señalar que, aparte de que se constata que los tópicos respecto de los cuales se alega motivación omisa fueron rechazados con un razonamiento amplio por parte del tribunal de juicio, el abordaje del a quo deriva del examen objetivo de la prueba y se muestra correcto. Resulta insostenible suponer la contaminación del material incautado por la introducción de una cuchilla en un sector mínimo de la carga, por el cual cayó al suelo una cantidad ínfima de material. No debe dejarse de lado que se determinó con una pericia científica, que la vagoneta transportaba mil kilogramos de cocaína en un compartimento oculto ubicado en el piso de la góndola de la vagoneta. Al respecto se indica en sentencia: «este Tribunal tuvo por acreditado que los oficiales actuantes mediante la inspección de la vagoneta placas [Valor 053] descrita en el oficio 403-IO-SDRGJ-2020 decomisaron mediante acta 58367 a folio 1452 mil paquetes que de acuerdo al dictamen criminalístico DCF: 2020-5353-QUI a folio 1467 y 1468 al menos 750 contienen una masa neta estimada de 752,030 gramos de bloque de sólido con cocaína (con una confianza de 95,85 %), lo que representa una proporción del 75,00 % del indicio recibido, a partir de una muestra de 11 unidades, droga que mediante cadena de custodia a folio 1456 a 1457 se logró custodiar para mantener íntegra la evidencia»  (f. 1593 de la sentencia. El subrayado no corresponde al original). De manera que, aun si se pensara que la introducción del filo de la navaja del oficial [Nombre 141] en uno de los paquetes individuales de droga que se transportaban en la vagoneta comprometió su integridad o de alguna forma (que no se razona ni es posible conjeturar), pudiera haber afectado su contenido, el cuestionamiento no tiene incidencia alguna sobre los 999 paquetes de droga restantes, que fueron decomisados en la misma góndola, el día 28 de octubre de 2020. Por las razones antes señaladas, se declara sin lugar el reclamo contenido en el punto tres del segundo motivo de apelación interpuesto por el licenciado Juan Carlos Peralta Montoya.

Cuarto motivo de impugnación presentada por el licenciado Edwin Duartes Delgado. Cuarto reparo del recurso incoado en forma personal por [Nombre 024]: Incorporación de prueba ilegal, derivada del secuestro de los teléfonos celulares a los acriminados sin mediar orden judicial. Ambas quejas se sintetizan en forma conjunta por la identidad en su contenido. Invocan los recurrentes la inobservancia de disposiciones normativas procesales, sancionadas con pena de invalidez e ineficacia, e inobservancia de las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba. Refieren que el 28 de octubre de 2020, oficiales de la policía, sin orden previa, secuestraron los teléfonos celulares de las personas encausadas. Atacan que esa actuación es ilegal, al realizarse a contrapelo de lo prescrito en los numerales 1, 2 y 3 de la Ley N.° 7425 y del numeral 24 constitucional. Mencionan que, si bien los celulares no le pertenecen a [Nombre 013], sí le causa perjuicio al resto de personas enjuiciadas. Añaden que, ante la situación jurídica, en que se vincula la pertenencia a una estructura organizada, la ponderación debe ser conglobada. Para el tribunal de mérito el secuestro de los teléfonos celulares no es un acto prohibido para la policía, pero obvia la protección reforzada establecida por la Constitución Política y la Ley de Secuestro que imponen que se realice con orden judicial. El no hacerlo, advierten, constituye una transgresión al principio de legalidad probatoria y debido proceso. Critican el secuestro, no la apertura ordenada por orden de juez. Sobre el particular, citan el consecutivo n.°

403-IO-SDRGJ-2020, cámara digital PJ586341, de la que se deriva el consecutivo 021-MP77-2020 y las tomas 100-0360 a 100-0535. Registro [Valor 054].

Consecutivos 021-Mo77-2020 y tomas 100-0536 a 100-0622. Actas de secuestro 00800361, 00800316 y 0080313, en la cuales consideran que la policía judicial tuvo acceso a datos de los teléfonos celulares, sin respetar la cadena de custodia. Sostienen que se trata de un defecto absoluto que es insubsanable, al no cumplir con el mandato de los artículos 1 a 3 de la Ley de Registro, Secuestro y Exámenes de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones. Consideran que la policía y el Ministerio Público no estaban habilitados para acceder a esa información sin orden judicial. Equiparan lo sucedido con el secuestro de computadores sin orden habilitante. Sobre la protección a la intimidad, citan los artículos 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 constitucional y los votos n.° 1261-90 y 129-94 de la Sala Constitucional en que se declaró la inconstitucionalidad del secuestro policial de correspondencia. Enuncian que el artículo 2 y 4 de la Ley de Registro, Secuestro y Exámenes de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones impone la nulidad de la prueba que afecte la intimidad de las personas. Argumentan que el contenido de los celulares, que son dispositivos de almacenamiento de datos, califica como documento privado. Así, explican que toda la información contenida en los celulares, al amparo del numeral 1 es privada y se requiere orden judicial. Añaden que la «Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos» impide el acceso a datos sensibles. Refieren que el teléfono celular contiene datos de carácter vital y privado, como fotografías, mensajes de texto, correos electrónicos y registros de comunicación personal, por lo que su apertura sin orden de juez es una violación grave a los derechos fundamentales. Señalan que los documentos privados son aquellos que, por su naturaleza, no están destinados al conocimiento público y que requieren de orden judicial motivada para accederlos. Hacen mención del artículo 45.2 del Código Procesal Civil y otras normas del Código Procesal Contencioso Administrativo, Código Procesal Agrario, Código Procesal de Familia, Ley de Sistema Nacional de Archivos, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, que limitan las atribuciones de los funcionarios frente a la información protegida, dando protección y regulación a su acceso, a la vez que se garantiza su autenticidad, integridad y condiciones de acceso. Añaden que el teléfono celular es un dispositivo de almacenamiento de datos equiparable a prueba documental privada y, por ende, protegida. Advierten que los ordenadores y los instrumentos de comunicación requieren de protección especial por la información en ellos contenida. Sobre el particular, citan el voto n.° 408-2013 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia sobre los dispositivos de almacenamiento masivo, entre los cuales, señalan que deben incluirse los teléfonos inteligentes. Aducen que en el voto n.° 311-2013 la Sala Tercera, consideró irregular el acceso a información privada y rechazó la apertura indebida de la evidencia e intervención de las comunicaciones. Solicitan se declare la nulidad de la prueba en resguardo del principio de legalidad, debido proceso y derecho a la intimidad. Enuncian que el secuestro de un documento privado no está cubierto por el numeral 277 del Código Procesal Penal. Piden se declaren inválidos e ineficaces los actos procesales que derivan de la apertura de los dispositivos celulares, a partir de la teoría de los frutos del árbol envenado. Punto 4) (y final) del segundo motivo del recurso de apelación incoado por el licenciado Juan Carlos Peralta Montoya: Señala el recurrente que se rechazó, de forma infundada, el reclamo por falta de orden habilitante para el secuestro de los teléfonos celulares del 28 de octubre de 2020. Asegura que a [Nombre 004] le atribuyeron un teléfono celular que no portaba. En las actas de inspección de los vehículos 403-IO-SDRGJ-2020 y 404-SDRG-2020, actas de decomiso y boletas de cadena de custodia (fs. 1401 a 1406, 1411 a 1417 a 1422), se ordenó la apertura de teléfonos celulares, los que generaron los informes 014-SECCRO/DM-2022 (tomo VII, f. 3415 en adelante) y 083-DICR/SECCRO/ART-2020 (prueba material 17). Dice desconocer a quién pertenecen dichos aparatos celulares. Unos se decomisaron en ropas de los imputados y otros en los vehículos al momento de ser inspeccionados en las instalaciones del Organismo de Investigación Judicial de Jacó. Señala que no se resolvieron las protestas que en conclusiones presentaron los abogados. Arguye que, al momento de la detención, a [Nombre 004], [Nombre 027], [Nombre 031] y [Nombre 028], se les desprendió de todo tipo de artículos, lo que evidencia el rompimiento de la cadena de custodia. Critica que no existe respaldo de dónde salieron los teléfonos celulares y que hay diferencias en las horas de los decomisos y lugares. En el caso de [Nombre 004] se le atribuye un teléfono Huawei y un IPhone blanco (acta 80360) que coincide con el informe policial de folio 1362. Tres horas después, y estando en celdas de Tribunales de Garabito, se le atribuye el decomiso de dos teléfonos celulares más, Nokia (acta 80281, folio 1413) y en otro lugar, Delegación de Garabito un teléfono Apple y Huawei (acta 80329, folio 1416). Insiste en el rompimiento de la cadena de custodia. Añade que en el paquete número 6, acta 80281 de folio 1413 se dice que se decomisaron dos teléfonos celulares más. En adición a lo anterior, esa acta de secuestro no estaba firmada. Señala que se le rechazó su gestión, basado en el principio de trascendencia, sin ningún sustento.

Adicionalmente, reclama que en el acta de folio 1413, se establece el decomiso a [Nombre 004] de un teléfono Nokia, lo que es contrario al acta de apertura de evidencia. En el documento se mencionan dos teléfonos marca Nokia y en la apertura se establece un teléfono Huawei. Así, en el acta 80281 ahora aparecen 4 teléfonos. Por las razones que se dirán, no asiste razón a los recurrentes: Para un mayor orden en el abordaje de los aspectos que plantean los impugnantes, su resolución se dividirá en 4 partes: A) intervención de la policía administrativa en el secuestro de los teléfonos celulares de los imputados el día 28 de octubre de 2020; B) apertura o acceso al contenido de dichos aparatos; C) reclamo en cuanto a las distintas horas y sitios de secuestro de los aparatos telefónicos a los coencartados; D) cuestionamientos específicos en cuanto a la determinación de los teléfonos secuestrados a [Nombre 004].  A) Como punto de partida para la correcta resolución de las quejas, es necesario diferenciar el acto de decomiso los aparatos telefónicos, del acceso a la información privada que estos contienen. Lo primero, se regula por las mismas disposiciones que el decomiso de cualquier otro objeto material que resulte de interés para la investigación de un delito, tal y como lo prevé el numeral 198 del Código Procesal Penal: «Orden de secuestro El juez, el Ministerio Público y la policía podrán disponer que sean recogidos y conservados los objetos relacionados con el delito, los sujetos a confiscación y aquellos que puedan servir como medios de prueba; para ello, cuando sea necesario, ordenarán su secuestro. En los casos urgentes, esta medida podrá delegarse en un funcionario de la policía judicial» (el subrayado es suplido). En la misma dirección, el ordinal 283 del Código de rito dispone: «Diligencias preliminares Los funcionarios y agentes de la policía judicial que tengan noticia de un delito de acción pública, dentro de las seis horas siguientes a su primera intervención, informarán al Ministerio Público. Bajo la dirección y control del fiscal encargado de la investigación, practicarán las diligencias preliminares para reunir o asegurar, con urgencia, los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos. La misma regla se aplicará cuando el Ministerio Público les encomiende una investigación preventiva» (el resaltado no corresponde al original). Es así que, al tenor de lo dispuesto por dicha norma y reiterado por el artículo 3 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, este —por iniciativa propia, por denuncia o por orden de autoridad competente— se encuentra facultado, entre otros aspectos, para recoger y conservar los objetos relacionados con el delito y aquellos que puedan servir como medio de prueba, sin que sea necesario para ello, como lo plantea la defensa técnica y material, que cuente con una autorización judicial previa a dicho secuestro. Así lo indica expresamente el ordinal 4 inciso 5 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, que reza: «El Organismo tendrá, entre otras que legalmente le sean señaladas, las siguientes atribuciones: […]

Recoger todas las pruebas y demás antecedentes, que tengan importancia en el caso». Aunado a lo anterior, es necesario considerar que la intervención de la policía administrativa se equipara a la policía judicial en casos como el que nos ocupa, cuando los oficiales de policía administrativa proceden en coordinación y por solicitud expresa de la policía judicial, la que se encontraba ubicada en otro punto dando seguimiento a los endilgados. Sobre el particular, dispone el ordinal 284 del Código Procesal Penal: «Los agentes de la policía administrativa serán considerados oficiales o agentes de la policía judicial, cuando cumplan las funciones que la ley y este Código les impone a estos y serán auxiliares los empleados de aquella. La policía administrativa, en cuanto cumpla actos de policía judicial, estará bajo la autoridad de los jueces y fiscales, sin perjuicio de la autoridad administrativa a que esté sometida. Actuará siempre que no pueda hacerlo inmediatamente la policía judicial, pero desde el momento en que esta intervenga, la administrativa será su auxiliar» (el subrayado es suplido).

Justamente ocurre en la especie el supuesto regulado en el Código Procesal Penal, pues como lo informó el oficial [Nombre 044], en virtud del conocimiento que se tenía a nivel policial sobre las rutas y horarios habituales, la periodicidad aproximada de las movilizaciones de droga  —cada dos meses—  y la utilización de la vagoneta con placa iniciada en 14 para hacer los traslados de droga, se había desarrollado todo un plan y reforzado las vigilancias para el mes de octubre de 2020, coordinándose vigilancias todos los días de lunes a jueves en la Bomba de Chacarita y además, se había coordinado con la policía administrativa de la zona. Con el mismo razonamiento que realiza esta Cámara, el tribunal de juicio resolvió por qué era innecesario contar con una orden jurisdiccional para llevar a cabo el acto de decomiso de los teléfonos. Al respecto, expuso en el pronunciamiento impugnado: «Ahora bien, revisado el procedimiento para el recaudo de los aparatos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares realizado el día 28 de octubre de 2020, observa este Tribunal que se llevó a cabo conforme a nuestra normativa. La policía administrativa y Municipal de Garabito recibe información básicamente sobre un posible trasiego de drogas que fue consignado en la prueba documental informe N°CI-0330-2020-SDRGJ a folio 521, Tomo II, en lo conducente señala: “(…) tres vehículos que fueron vistos realizando intercambios de bolsos y paquetes extraños y que venían con rumbo a Jaco y que entre los vehículos estaba un pick up y una vagoneta, que producto de la alerta se logró detener el pick up y la vagoneta en calle Madrigales, pero que un tercer vehículo paso muy rápido y lograron detenerlo por las cercanías de residencial Nativa en Tárcoles(…)”; noticia sobre la cual refirieron los testigos [Nombre 148] y [Nombre 138], ambos oficiales de Fuerza Pública en ejercicio de sus funciones para el veintiocho de octubre de 2020, indicando el primero que el día antes se había dado una situación con un vehículo que transportaba droga y que para hacer controles depende de la situación necesitan alguna noticia criminis y estando en el lugar se les da la noticia de que esa vagoneta viene con droga, que se trataba de un vehículo rojo o morado Hyundai que no era típico en Costa Rica y una vagoneta que los habían visto en un movimiento extraño kilómetros antes de donde se encontraban. Este Tribunal le otorga total credibilidad a lo declarado por los testigos [Nombre 137] y [Nombre 138], ya que no solo consta en la prueba documental, sino que fue ratificada en debate mediante la declaración de estos testigos recibidos el primero de abril de 2020 y de los oficiales del Organismo de Investigación Judicial encargados de la investigación [Nombre 044] y [Nombre 177]. Ahora bien, La Ley General de Policía No 7410 establece en su artículo 4, como función una de las funciones cooperar en reprimir las manifestaciones de delincuencia y en su artículo 8 inciso i) se refiere a colaborar en la prevención y represión del delito, e inciso h) se indica que una de las funciones es colaborar con los tribunales de justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República, en todas las actuaciones policiales requeridas y remitirles los elementos probatorios y los informes del caso, según corresponda. De lo anterior, se puede concluir que los funcionarios policiales administrativos actuaron en ejercicio de sus funciones bajo una información o “noticia criminis” de un hecho ocurrido el día anterior, y en el lugar por la información relacionada a movimientos extraños de los vehículos que finalmente fueron detenidos e involucrados en la investigación realizada, sin perjuicio de la noticia criminis original que generó la investigación bajo esta causa penal y que llevó a los oficiales del Organismo de Investigación Judicial, [Nombre 044] y [Nombre 177] a dar seguimiento a los vehículos detenidos desde el sector de Chacarita. Sobre la noticia criminis se amplía en la actividad procesal defectuosa número 1.9. Luego de la detención, se procedió al recaudo de los aparatos electrónicos, entre ellos, teléfonos celulares a los encartados [Nombre 004], [Nombre 042], [Nombre 031], [Nombre 028], [Nombre 019] y [Nombre 024], ello como parte de sus funciones de remitir los elementos probatorios a la autoridad judicial. Sobre el recaudo de elementos probatorios sobre la comisión o posible comisión del delito, el artículo 284 del Código Procesal Penal establece: “Actuación de la policía administrativa. Los agentes de la policía administrativa serán considerados oficiales o agentes de la policía judicial, cuando cumplan las funciones que la ley y este Código les impone a estos y serán auxiliares los empleados de aquella. La policía administrativa, en cuanto cumpla actos de policía judicial, estará bajo la autoridad de los jueces y fiscales, sin perjuicio de la autoridad general administrativa a que esté sometida. Actuará siempre que no pueda hacerlo inmediatamente la policía judicial, pero desde el momento en que esta intervenga, la administrativa será su auxiliar.” (Lo subrayado no pertenece al original). Del artículo anterior y en concordancia con el artículo 283 del Código Procesal Penal se tiene que en las diligencias preliminares, la policía judicial, que en este primer momento de abordaje es la policía administrativa actuando como agentes de policía, cuando tengan noticia de un delito de acción pública, dentro de las seis horas siguientes a su primera intervención, informarán al Ministerio Público, todo bajo la dirección y control del fiscal encargado de la investigación, practicarán las diligencias preliminares para reunir o asegurar, con urgencia, los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos. La misma regla se aplicará cuando el Ministerio Público les encomiende una investigación preventiva. Así las cosas, en el caso concreto se tiene que la actuación policial administrativa se originó por la noticia de la posible comisión de un delito como lo es el transporte de drogas, y en el proceso de verificar o descartar la información, la policía administrativa y policía Municipal proceden a detener y abordar los vehículos detenidos e identificar a sus ocupantes, siendo que hicieron llamar y apersonar al lugar a la policía canina o K9 compuesta por los canes Sonya y Kora en la guía de [Nombre 150] y [Nombre 141], coordinando con la policía judicial y luego con el fiscal de Turno Norma Aguirre Cayasso. De lo expuesto se desprende que la actuación policial administrativa fue conforme a derecho como se citó en los artículos transcritos. El recaudo de los teléfonos celulares de los detenidos es parte de la actuación preliminar realizada por la policía administrativa para reunir o asegurar, con urgencia, los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento por parte de los sospechosos lo que esos aparatos contengan, sin que fuera necesario una orden de juez como lo argumenta el protestante. Unido a lo anterior el artículo 198 del Código Procesal Penal permite que la policía pueda incautar, en el entendido que recoge y conservas los objetos relacionados con el delito, los sujetos a confiscación y aquellos que puedan servir como medios de prueba, sobre este tema también ratificó Sala Tercera en votos: 983-2001 y 1742013 la potestad de la policía para secuestrar objetos sin que sea necesaria la presencia u orden de juez, en otras palabras, la descripción del artículo 198 citado al separar por comas al juez, Ministerio Público y Policía, faculta a cualquier de ellos a recolectar o secuestrar los objetos relacionados con el delito. Si bien es cierto los teléfonos celulares y en especial los dispositivos inteligentes guardan información de carácter privado, es precisamente la información lo que se protege de conformidad con en el artículo 24 de la Constitución Política y por lo tanto, el acceso a esa información de carácter privado sí requiere orden de juez, pero no así el resguardo del soporte o hardware (aparato celular o dispositivo electrónico). Aunque no se alegó por parte de los reclamantes un acceso ilegal a la información contenida en estos celulares, es necesario por parte de este Tribunal indicar que del análisis de la prueba documental y testimonial recibida en debate y abordada por la defensa en juicio no se demostró vulneración al derecho a la privacidad de la información. El artículo 1 y 3 de la ley 7425 Registro y secuestro de documentos privados e intervención de las comunicaciones establece: “Artículo 1: Los Tribunales de Justicia podrán autorizar el registro, el secuestro o el examen de cualquier documento privado, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos penales sometidos a su conocimiento. Para los efectos de esta Ley, se consideran documentos privados: la correspondencia epistolar, por fax, télex, telemática o cualquier otro medio; los videos, los casetes, las cintas magnetofónicas, los discos, los disquetes, los escritos, los libros, los memoriales, los registros, los planos, los dibujos, los cuadros, las radiografías, las fotografías y cualquier otra forma de registrar información de carácter privado, utilizados con carácter representativo o declarativo, para ilustrar o comprobar algo.” (El subrayado no pertenece al original). “ (…) se consideran documentos privados: la correspondencia epistolar, por fax, télex, telemática o cualquier otro medio; los videos, los casetes, las cintas magnetofónicas, los discos, los disquetes, los escritos, los libros, los memoriales, los registros, los planos, los dibujos, los cuadros, las radiografías, las fotografías y cualquier otra forma de registrar información de carácter privado, utilizados con carácter representativo o declarativo, para ilustrar o comprobar algo ” (El resaltado no es de su original), dentro de los cuales, si bien se pueden incluir los mensajes de texto, los registros de llamadas, las imágenes, los archivos de audio, documentos, listas de contactos, etc., como documentos digitales que están contenidos en la memoria del soporte electrónico, no puede otorgársele al aparato físico la calidad de documento privado, sino sólo a la información digital que aquel contiene y que, por su contenido inmaterial, resulta imposible secuestrar u obtener sino se somete a su captura a través de métodos igualmente digitales. Por ende, si bien para el secuestro, registro y examen de la información digital se requiere de resolución jurisdiccional debidamente fundada, que autorice restringir en forma legítima el derecho a la intimidad de las personas involucradas (artículo 3 de la Ley No 7425), esto no resulta necesario a efectos del secuestro del aparato telefónico, ya que como simple objeto puede ser decomisado por disposición policial dentro de una investigación criminal, siempre y cuando se acredite que la información privada contenida en éste se encuentra custodiada y protegida de intromisiones ilegítimas, sea por ausencia de orden jurisdiccional o por no contarse con el consentimiento expreso del titular del derecho a la intimidad que se protege. Dentro del fundamento legal de esta protesta se citó el artículo 45. 4 y 46 del Código Procesal Civil con relación al concepto de documento, sin embargo, los artículos citados refieren a la prueba documental y su exhibición en el proceso civil, así como el reconocimiento judicial en el proceso civil. Se alegó como agravio la incorporación ilegal de prueba dentro del proceso, sin embargo, no hay ilegalidad en el procedimiento realizado y aquí detallado. En conclusión, se rechaza esta actividad procesal defectuosa por las razones indicadas» (fs.110 -114 de la sentencia recurrida). Es así que el secuestro de los aparatos telefónicos por parte de la policía administrativa —así como cualquier otro objeto material que resultaba relevante asegurar en el sitio como prueba— formaba parte de las potestades legalmente asignadas a dichos funcionarios, en razón de lo cual, ningún vicio existió en dicho proceder. B) Por otro lado, el acceso al contenido de los dispositivos móviles que se encuentra protegido al amparo del artículo 24 constitucional, sí requería de control jurisdiccional previo a la apertura o acceso. Sin embargo, este requisito sí fue cumplido a cabalidad en la especie, según puede constatarse con vista en la autorización de apertura, respaldo y análisis de evidencia que dictó el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón), mediante resolución de las 16:20 horas del 14 de diciembre de 2021 (fs. 2655-2664 del tomo VI principal). La audiencia de apertura que se realizó en cumplimiento de dicha autorización de la autoridad jurisdiccional competente consta entre folios 3051 y 3061, del tomo VII principal. C) La existencia de actas de secuestro que documentan decomisos de teléfonos a los imputados, en distintos lugares y horas, obedece a que existió un momento inicial de aseguramiento de las evidencias en el sitio del retén, en calle pública y posteriormente, debido a la necesidad de un mayor orden en el manejo de las evidencias, por la cantidad  de objetos por secuestrar y las circunstancias de alto tránsito de la zona, se tomó la decisión de trasladar las evidencias e imputados, a las instalaciones del Organismo de Investigación Judicial de Garabito: «Se desprende de este informe CI-330-2020-SDRGJ- 2020 como de las actas de inspección y las declaraciones de los oficiales actuantes ya analizados que después de un primer abordaje y revisión por parte de la unidad canina y por dirección funcional de la fiscal a cargo la licenciada Norma Aguirre en el sitio 1 y 2, se realizó un traslado a los patios del organismo de investigación judicial de Garabito a realizar la inspección de los vehículos, es decir, a continuar con la inspección en un segundo lugar como se consignó a folio 1368 vuelto (12:50 mediodía), de ahí que existan actas de decomisos de horas tempranas y actas con horas más tarde (tarde-noche) resultante del decomiso de los objetos recolectados y decomisados en los vehículos en las instalaciones del OIJ de Garabito. Siendo que de la misma declaración de Olston como de la prueba documental confeccionado a raíz de esa diligencia, los encartados no quisieron estar presentes, pero consta que sí estuvo presente defensores públicos que estuvieron sustituyendo como abogados defensores privados que luego se apersonaron al sitio a eso de las 19:20 como se consignó a folio 1369. Por lo que no se detecta ninguna situación irregular ni en las diligencias ni en la hora de las actas como lo argumenta la defensa» (fs. 1585-1586 de la sentencia). Entre folios 1586 y 1588 de la sentencia, las juezas de instancia sistematizan la información que se documenta en la sumaria respecto a la hora y lugar de secuestro de cada uno de los teléfonos que se encontraban en posesión de los tripulantes de los vehículos placas [Valor 053], [Valor 055] y [Valor 056], quienes fueron detenidos en la zona de Jacó el 28 de octubre de 2020. La información de interés que se recoge a continuación ha sido corroborada por este tribunal con vista en las actas de decomiso de folios 1401 a 1422 del tomo III principal, así como en la descripción del contenido de los paquetes con evidencia de los cuales se hizo apertura ante la autoridad jurisdiccional, según se consigna en el acta de folios 3051 a 3061 del tomo VII principal. Para efectos expositivos, se ha variado únicamente el orden de construcción de las tablas con la información plasmadas en la sentencia, de manera que, para mayor claridad, los datos se han unificado en una sola tabla, por nombre de cada imputado. Al cotejar los datos sistematizados por las juzgadoras, con las correspondientes actas de decomiso, este tribunal constata únicamente dos errores muy puntuales en la acción de copiado: se intercambió un 4 por un 9 en el número SIM correspondiente al teléfono marca Apple decomisado a [Nombre 027] mediante acta 80279 de folio 1422, y existe otro error en los números iniciales de la tarjeta SIM que corresponde al Huawei color negro decomisado a [Nombre 004], mediante acta de secuestro 80329 de folio 1416. En ambos casos, no obstante, se anotó correctamente el número de IMEI de los teléfonos, por lo que no hay duda que se hace referencia al mismo aparato telefónico.

Imputado

Acta

Identificación de indicios

Identificación en apertura

[Nombre 028]

80277

(f:1419)

23:35

1-Huawei negro: sin #, SIM

9506010418212465498

(SIM con # [Valor 069], folio 3054 vuelto)

2-Huawei azul: 861363043830561 y 861363044530566, SIM Kolbi:

9506010320111037172. (#[Valor 057])

1-paq.1=DM01

2-paq.2=DM02

Folio 3052

[Nombre 027]

80358

(f:1402)

16:20

1-Huawei negro 868544047545353 y 868544047575368.

2-Huawei 868544047542467 y

868544047572472

1-paq15=DM26

2-paq15=DM25

[Nombre 027]

80279

(f:1422)

23:35

1-Huawei negro IMEI 869024044123149,

SIM Kolbi: 4506010320111185112. (#8949-

2379)

2-Apple IMEI 353839109030415, SIM

Claro: 4506011017211003570. (#[Valor 058])

1-paq.5=DM06

Folio 3053

2-paq.5=DM07

[Nombre 024]

80357

(f:1401)

16:00

1-Nokia rosado IMEI 357306081658858

2-Nokia, color rosado IMEI

35730608161483

1-paq16=DM28

2-paq16=DM27

[Nombre 024]

80280

1-Samsung gris IMEI 359207090133321,

1-paq.4=DM05

[Nombre 024]

(f:1421)

23:35

359208090133329, SIM Movistar:

8950604201907867271F y SIM Kolbi:

9506011118211662405. (#[Valor 048])

Folio 3053

[Nombre 004]

80360

(f:1405)

16:50

1-Huawei verde

2-iphone blanco, IMEI 3591630 5021900 y

359163 7502190

1-paq11=DM018

2-paq11=DM019

[Nombre 004]

80281

(f:1413)

20:10

80329

(f:1416)

20:10

1-Nokia gris IMEI 357306081268765, con SIM Kolbi: 9506010519111715774.

2-Nokia gris IMEI 357306081265571, con SIM Kolbi: 9506010919112475099.

3-Apple IMEI 353896109458772, 353896109061337, con SIM Kolbi:

95060111017211006813.

4-Huawei negro IMEI 869221043943838,

1-paq12=DM20,

SIM01

2-paq12=DM21,

SIM02

paq13=DM22

SIM Kolbi: 506010919110946505 (#[Valor 059]

4-paq.6=DM08

Folio 3053

[Nombre 031]

80359

(f:1403)

16:30

1-Huawei azul IMEI 868544044607180 y 868544044642195.

Huawei negro, IMEI 861363040729816 y 861363041968892.

[Nombre 031]

80331

(f:1411)

20:10

1-Samsung azul IMEI 35545111040462701, 35545211040462501, SIM Kolbi:

9506010320111049334. (#[Valor 060])

2-Blue negro IMEI 351526110325346,

351526110325353, con SIM

9506010320111093902. (#[Valor 061])

1-paq.3=DM03

2-paq.3=DM04

[Nombre 042]

[Nombre 001]

80361

(f:1404)

17:10

1-Samsung IMEI 35268250066420401, 359646200669200501.

Huawei beige 868544046150122,

868544046170138. (#[Valor 062])

1-paq7=DM09

2-paq.7=DM010

80362

(f:1406)

17:40

Huawei azul 353416110139132 y

353417110139150. Es Samsung ver folio

3054. (#[Valor 063])

Huawei beige 868544046887442 y 86 544046917454, SIM Kolbi:

9506010919112476089

(#8918-55

Iphone tapa blanca

Iphone tapa gris65

3-paq.7=DM011

4-paq.7=DM012

[Nombre 042]

[Nombre 001]

80313

(f:1414)

20:10

Samsung tornasol IMEI

358780101880271/358781101880279, SIM Kolbi: 506106611757.

SIM: 9506010320110229663.

1-paq10=DM017

[Nombre 042]

80316

(f:1420)

20:10

Samsung gris IMEI 359771108617211, 359772108617219, SIM Claro:

895060301990166468F.

Huawei azul IMEI 868544046431886,

868544046451892.

paq.9=DM015

paq.9=DM016

Folio 3057

En cuanto a las actas de secuestro cuestionadas por los recurrentes, se mencionan las n.° 00800361, 00800316 y 0080313, visibles a folios 1404,1414 y

1420 (tomo III principal). En estas, se detallan los objetos secuestrados a [Nombre 042]. La primera de las actas reseña los objetos secuestrados a [Nombre 042] en las oficinas del OIJ de Jacó al ser las 17:10 horas del 28 de octubre de 2020. En particular, se describe la cantidad específica de dinero (en colones y dólares estadounidenses), así como las características individualizantes de los cuatro dispositivos celulares secuestrados a este, los cuales se identifican únicamente por color, marca y números de IMEI asociados. Las actas de secuestro 00800316 y 0080313, por su parte, se confeccionaron en el parqueo del OIJ, ubicado en el edificio de Tribunales de Justicia de Jacó, al ser las 20:10 del mismo día (28 de octubre de 2020). Entre los objetos decomisados en estas últimas se describen por su marca, color, serie, número de IMEI y tarjetas SIM. No indica el recurrente, ni observa esta Cámara que, en las tomas fotográficas señaladas, las actas de secuestro de los aparatos celulares, o en los informes policiales relacionados con dicho secuestro —oficios n.° 403-IO-SDRGJ-2020 (fs. 548-552) y n.° .° 404-IO-SDRGJ-2020 (fs. 543-546)—, se haya incluido información o documentos de carácter privado, que requiriesen de autorización judicial. La inclusión del número de IMEI de los dispositivos celulares (siglas correspondientes al «International Mobile Equipment Id» o identificación internacional de equipo móvil), es el único dato que, en adición a las características externas de cada aparato, se incluye en las actas de secuestro cuestionadas para identificar los aparatos telefónicos. Sin embargo, este dato no puede reputarse como documento privado en el tanto se trata de una numeración que, al igual que el número telefónico, tiene como único propósito la identificación del aparato celular. Sobre este extremo en particular, se ha indicado que: «el equipo de telefonía móvil, aunque permita establecer comunicaciones, no es, en sí, un documento privado (como tampoco lo es la cámara fotográfica, un

ordenador o un bolígrafo), ni lo es el “IMEI” que, por lo demás, lo asigna al teléfono la empresa fabricante y no el comprador o el usuario del aparato. El referido código ni siquiera es una forma de registro de información privada resguardada dentro del ámbito de intimidad, sino, se repite, el medio (inmodificable) de identificar mundialmente el equipo específico. Desde esta perspectiva, las autoridades policiales actuaron con estricto apego a derecho y el acto de abrir el teléfono e imponerse del código “IMEI” no requería orden judicial ni la intervención del Ministerio Público». (Tribunal de Apelación de Sentencia de Guanacaste, fallo n.° 172-2013 de 17 de julio de 2013). Finalmente, la defensa técnica cuestiona las fijaciones fotográficas que se identifican como «100-360», «100-535», «100-622» y «100-623» en el documento que identifica como el «consecutivo n.° 403-IOSDRGJ-2020». Efectivamente, entre folios 1368 frente y 1370 frente del tomo III principal, consta el «informe de inspección ocular y recolección de indicios consecutivo n.° 403-IO-SDRGJ-2020», en la que se documenta la entrega de la escena hasta entonces custodiada por oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía Municipal de Garabito, al personal del Organismo de Investigación Judicial, en presencia de la fiscal Norma Aguirre Cayasso y el defensor público Olston Livingston Ureña, quien, en el curso de la inspección, fue sustituido momentáneamente por el licenciado Rolando Miranda Moya y a los que posteriormente se sumaron otros representantes legales de los implicados. Las tomas fotográficas identificadas como «100-360» , «100-535», «100-622» y «100623» (no 100-536, como lo indica el recurrente), corresponden al complemento visual de la inspección ocular que se documenta en dicha acta. No aprecia esta Cámara, ni señala el impugnante, de qué forma se vulneraron las garantías fundamentales de los sindicados, a través de la documentación del proceso de inspección ocular por medio de la toma de fotografías. C) En relación con las divergencias en el registro de lo secuestrado al coimputado [Nombre 004], razonó el tribunal de instancia: «Ahora bien, se argumentó una violación a la cadena de custodia de los aparatos electrónicos entre ellos los teléfonos celulares decomisados el día 28 de octubre de 2020, refiriendo el licenciado Peralta, así como su representado [Nombre 004] que les pusieron unos celulares que él no llevaba. Este Tribunal se avocó a revisar minuciosamente no solo las diligencias en torno a la inspección de los vehículos números 403-IO-SDRGJ-2020 y 404-IOSDRG-2020, sino también las actas de decomiso contra las boletas de cadena de custodia de la evidencia material, constatando de que no hay elemento probatorio u objetivo que siquiera genere duda de que lo que se recolectó y decomisó en actas de folios 1401 a 1406, de 1411 a 1416, y de 1417 a 1422 el día 28 de octubre a los encartados [Nombre 004], [Nombre 042] (a quien se le sigue causa aparte), [Nombre 031], [Nombre 028], [Nombre 024] y [Nombre 027], sea lo que finalmente y por orden del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón), al ser las dieciséis horas diecisiete minutos del catorce de diciembre de dos mil veintiuno, ordenó: “APERTURA, RESPALDO Y ANÁLISIS DE ECIEDENCIA EN CASO DE NARCOTRÁFICO” según consta a folios 2655 y 3040, Tomo VI, que generó los informes 014SECCRO/DM-2022 que inicia a folio 3415, Tomo VII y el informe 083- DICR/SECCRO/ART-2020 (contenido digitalmente en la prueba material número 17 de la acusación). Argumenta el protestante que hay teléfonos cuya hora de decomiso, sea, tarde y noche del día 28 de octubre de 2020, corresponden a teléfonos celulares que desconocen los encartados de donde (sic)  salieron, sin embargo, se constató por parte de este Tribunal que existen dos momentos en que se ubican teléfonos, primero en las pertenecías o ropas de los encartados y otro momento que corresponde a los identificados al momento de la inspección de los vehículos en las instalaciones del Organismo de Investigación Judicial de Jacó; véase que los reclamantes no justifican cómo en los teléfonos decomisados contienen información de los encartados [Nombre 004], [Nombre 042] (a quien s ele sigue causa aparte), [Nombre 031], [Nombre 028], [Nombre 024] y [Nombre 027] y llamadas entre los diferentes aparatos telefónicos decomisados incluido los que son reconocido por los citados encausados. Cabe reiterar el rompimiento a la cadena de custodia no solo debe demostrarse, sino que debe conllevar la demostración de un perjuicio agravio (principio de trascendencia) que no se acreditó. Debido a lo anterior, se rechaza esta actividad procesal defectuosa» (fs. 119-120 de la sentencia). Con el anterior extracto, se descarta el reproche de supuesta ausencia de resolución por parte del tribunal de instancia, sobre las protestas planteadas en fase conclusiva. Si bien las juzgadoras, en diversos pasajes del fallo, sintetizaron o resolvieron en conjunto reclamos que correspondían a un mismo tema general, lo cierto es que de la valoración integral del considerando I de la sentencia impugnada (folios 35 a 124 de la sentencia) e incluso más adelante al plasmar la fundamentación intelectiva, se evidencia que fueron minuciosas en el examen de la prueba y cadenas de custodia, descartando irregularidades, por lo que no se observa un yerro por ausencia de pronunciamiento de las gestiones planteadas por la defensa. En cuanto al alegato de falta de identidad entre las actas de secuestro y los teléfonos efectivamente secuestrados a [Nombre 004], este Tribunal constata que el acta de secuestro n.° 80360, visible a folio 1405 del tomo I principal, describe el decomiso de un teléfono «Huawei verde» y un «Iphone blanco, IMEI 3591630 5021900 y 359163 7502190».  Cabe indicar que uno de los números de IMEI quedó parcialmente cortado en el acta 80360, cuando se perforó y cosió la hoja al expediente. Sin embargo, la numeración correcta, puede despejarse con vista en el detalle consignado en el informe de investigación CI-0330-2020-SDRGJ, puntualmente a folio 1362 frente. El acta de secuestro 80281, visible a folio 1413, confeccionada a las 20:10 horas del 28 de octubre de 2020, en el edificio de Tribunales de Justicia de Garabito, describe el decomiso de los siguientes teléfonos a [Nombre 004]:  un Nokia gris IMEI 357306081268765, con SIM Kolbi:

9506010519111715774; un Nokia gris IMEI 357306081265571, y una tarjeta SIM Kolbi: 9506010919112475099. Contiene firmas de los testigos de actuación, y se deja constancia que el imputado no quiso firmar. Igual situación ocurre con el acta de secuestro n.° 80329, confeccionada a las 20:10 horas del 28 de octubre de

2020 (folio 1416), en la que se documenta el secuestro realizado a [Nombre 004], de los siguientes objetos: un teléfono Apple estilo Iphone, con IMEI 353896109458772  y  353896109061337,  con  tarjeta  SIM  Kolbi  n.°

95060111017211006813. Además, un teléfono Huawei color negro IMEI 869221043943838, con tarjeta SIM Kolbi n.° 506010919110946505. No existe, en razón de lo expuesto, ninguna inconsistencia en el número e identificación de los aparatos telefónicos que se secuestraron a [Nombre 004].  Por último, el licenciado Peralta Montoya plantea que la descripción del acta de secuestro 80281, de folio 1413, no coincide con el material correspondiente a esta, según se describe en el acta de apertura. Esta afirmación también es incorrecta. Durante la apertura de evidencia realizada por el Juzgado Penal de San Ramón el 9 de marzo de 2022, con participación de la defensa técnica de los justiciables, se describe entre folios 3057 vuelto y 3058 frente, la apertura del «paquete 12» el cual se describe de la siguiente forma: «una bolsa de papel craf (sic), sellada y lacrada, con su respectiva cadena de custodia, se procede con la descripción de su contenido:

Un celular marca Nokia, modelo TA-1036, color negro, con numero de IMEI 357306081268765, posee cámara integrada y batería extraíble, no posee tarjeta de memoria adicional ni tarjeta SIM, el dispositivo posee la pantalla rayada y la tapa tarsera (sic) rayada y decolorada, se identifica como DM – 20.

Un teléfono celular, marca Nokia, modelo TA-1036, color negro, con número de IMEI 357306081265571, el mismo posee cámara integrada y batería extraíble, no posee tarjeta de memoria adicional, ni tarjeta SIM, el dispositivo posee la pantalla rayada y la tapa tarsera (sic) rayada y decolorada, se identifica como DM -

Del mismo paquete se extrae dos tarjetas SIM, de la empresa Kolbi, con la numeración 95060 10519111715774 para efectos de la diligencia se identifica como SIM 01 y la segunda tarjeta SIM de la empresa Kolbi, con la numeración 9506010919112475099. Se identifica como SIM 02». Como puede observarse, la descripción del contenido del acta de secuestro 80281 concuerda a cabalidad con los objetos extraídos en el acta de apertura en el «paquete 12», tal y como procedió a tabularlo el tribunal de juicio en las tablas visibles entre folios 1586 y 1588 de la sentencia, lo que evidencia la intrascendencia del reclamo por ausencia de firma, en el tanto el fin de todas las etapas de la cadena de custodia es el aseguramiento de la identidad e integridad del indicio. No existe así, como lo arguye la defensa, alguna arbitrariedad o discordancia en los aparatos celulares secuestrados, documentados y aperturados para posterior análisis. Finalmente, cabe señalar que el licenciado Peralta Montoya requirió la revisión de las grabaciones audiovisuales del debate y en particular, las que corresponden a la emisión de sus conclusiones. Lo anterior por cuanto, según afirma, el a quo omitió referirse a la totalidad de alegatos interpuestos por él para cuestionar la legalidad y respeto de la cadena de custodia en lo que toca al secuestro de aparatos telefónicos. Sin embargo, el recurrente no concreta —como es su obligación en aras del deber de dar contenido a sus alegatos— ni esta Cámara aprecia —en el examen integral del pronunciamiento que ahora se realiza— a partir de su exposición en juicio, que se haya omitido la consideración de algún extremo que resulte decisivo para la correcta resolución de los temas cuestionados por el licenciado Juan Carlos Peralta, en lo que toca a la validez del acto de secuestro de aparatos celulares y la determinación de los teléfonos que se vinculan a sus representados, para efectos de análisis. A la luz de lo expuesto anteriormente, se declaran sin lugar: 1) el cuarto motivo del recurso incoado por el licenciado Edwin Duartes Delgado; 2) el cuarto motivo de la impugnación formulada por [Nombre 024], y; 3) el punto 4) del segundo motivo del recurso de apelación de sentencia presentado por el licenciado Juan Carlos Peralta Montoya.

Primer motivo del recurso de apelación de sentencia incoado por el licenciado Juan Carlos Peralta Montoya: Inconformidad con la determinación de los hechos probados basada en un errático análisis de la prueba que implica una incorrecta aplicación de la ley:  En su primer motivo de apelación, el impugnante muestra su inconformidad con la determinación de los hechos probados basada en un errático análisis de la prueba, que implica una incorrecta o indebida aplicación de la ley. Transcribe el cuadro fáctico acreditado y establece:

Hechos probados 1 y

Señala que no hubo prueba que evidencie que los imputados se reunieron en algún lugar específico para cometer delitos o actuar de común acuerdo. A partir del decomiso de droga del 28 de octubre de 2020 el tribunal deriva circunstancias no acreditadas sobre otros trasiegos. Los oficiales del Organismo de Investigación Judicial cumplieron vigilancias y en ninguna se acreditó las supuestas reuniones. La imprecisión fue de tal magnitud que se desconoce los propietarios y conductores de los automotores. Incluso, asevera que las reuniones familiares no son delictivas y que las autoridades desconocen el contenido de las comunicaciones. Reclama que no hay prueba que acredite que [Nombre 001], [Nombre 007], [Nombre 028], [Nombre 027], [Nombre 031], [Nombre 021], [Nombre 016] y [Nombre 019] integraran una agrupación criminal entre noviembre de 2018 y abril 2021, para almacenar y transportar drogas de Puerto Jiménez al Pacífico central. De la declaración de [Nombre 044], se tiene que [Nombre 004], [Nombre 027], [Nombre 031] y [Nombre 028] no aparecieron durante la investigación, sino hasta el 28 de octubre de 2020, ello fue cuestionado por la defensa y no fue atendido. No se comprende de dónde se determina su pertenencia a la organización previo a este suceso, si producto de la investigación sus nombres no aparecían. Resalta que no hubo tenencia de teléfonos. Considera que la investigación se sustenta en suposiciones carentes de pruebas. Se acredita que los imputados almacenaron droga, pero no hay prueba de que así lo hicieran y en qué lugar. Se establece que hubo varios transportes de droga, pero no se documenta la cantidad, tipo y cadena de entrega. Evidencia que los oficiales de investigación fueron claros en indicar que [Nombre 004], [Nombre 027], [Nombre 031] y [Nombre 028], nunca fueron vistos en puntos de reunión. En cuanto a [Nombre 007], fue visto ingresando a la casa de [Nombre 001], pero ello no quiere decir que fuera para planear algún hecho ilícito, se trata de una mera presunción irrazonable. [Nombre 007] y [Nombre 001] se dedicaban al negocio de la palma africana, de ahí que las visitas pueden tener diversas explicaciones. Respecto de [Nombre 021], nunca fue visto por la policía en sus seguimientos, ni se ubicó en radiobases, no se le intervino ninguna llamada ni fue observado en alguna vigilancia. Más aún, la fiscalía solicitó absolutoria a su favor y levantar cualquier medida cautelar, pero el tribunal lo condenó. El hecho 2) acreditado, contiene los mismos yerros, no hay prueba que acredite ese acuerdo de voluntades y roles. [Nombre 001] es señalado como líder de la organización criminal, pero no hay prueba de ello. Solo se materializó un hecho (28 de octubre), por ello no era posible establecer que tomaba decisiones sobre diferentes actividades delictivas. No hay prueba que acredite varias acciones, cómo las hizo y quién las realizó. No hay indicios que determinen quién tomaba decisiones, quién las trasmitía y quién las realizaba. Ningún oficial dio cuenta que [Nombre 001] girara instrucciones sobre algún alijo de droga. Descarta que se hayan captado llamadas de [Nombre 001] en esa función de liderazgo o decomiso de droga, dinero u armas. Niega que exista prueba en contra de [Nombre 001] respecto del decomiso de droga del 28 de octubre. El día en cuestión los estupefacientes fueron incautados en carretera, desconociéndose si fue o no almacenada y dónde. En cuanto a [Nombre 007], se dice que era la persona de confianza de [Nombre 001] para las labores operativas de almacenaje, transporte y distribución de drogas. No hay prueba que determine cuáles labores operativas cumplió para la organización. Reconoce que fue la persona a la que más seguimientos e intervenciones se le realizaron, pero ninguna lo vincula con algún ilícito de transporte de drogas. Asevera que ninguna de las vigilancias verificó la existencia de droga. Incluso, los agentes no establecieron ni las placas de los vehículos ni sus conductores. Solo se materializó un hecho, de forma que en las demás, no hay indicio alguno de la actividad delictual. Niega que exista prueba que vincule a [Nombre 007] con el transporte de droga del 28 de octubre de 2020, ya que no estuvo en Garabito. Tampoco hubo llamadas que vinculen a [Nombre 007] con esos hechos. No es comprensible un rol como el indicado de líder de la organización sin injerencia alguna en los sucesos. Considera que la única actividad demostrable es que eran palmicultores y ganaderos. Tilda de mera conjetura la vinculación de [Nombre 007] con [Nombre 001] para el transporte de drogas. No hay forma de demostrar alguna distribución en días, cantidades, personas y lugares. En resumen, alega que ninguno de los verbos típicos de transporte, almacenaje y distribución fue demostrado. Reclama que no hay prueba que vincule a [Nombre 004] como persona de confianza de [Nombre 001] y encargado de transportar droga hacia el Pacífico central. Empero, asegura que en la investigación su nombre surgió hasta el 28 de octubre de 2020, no antes. A él no se le realizaron seguimientos o intervenciones, por ello no podría aducirse su pertenencia a la organización criminal. Se pregunta en cuáles transportes de droga participó, en qué fechas, desde dónde y hasta dónde, las cuáles no fueron resueltas. Niega que personas lo visualizaran en algún hecho diferente al 28 de octubre, ni se le analizaron sus radiobases como lo aseguró el oficial a cargo de la investigación, pero el tribunal extendió acciones sin prueba alguna. En cuanto a vigilancias, refiere que los agentes no observaron ni las placas de los automotores, ni las personas que viajaban en ellos. Entonces, se pregunta de dónde se deriva que participó en otros transportes de drogas, si además nunca se materializaron. Incluso, se desconoce si la mercancía del 28 de octubre estuvo o no almacenada y dónde. Sostiene que no hay certeza del hecho segundo, ya que se carece de prueba que lo acredite. Reitera que no se comprobaron otros traslados de droga por parte de [Nombre 004] y no hay prueba de que participara de ninguna coordinación. De los hechos mencionados como no materializados no hay prueba alguna que determine su intervención. Tampoco hay prueba que lo relacione con [Nombre 001] como persona de confianza. Aduce que comportamientos normales de personas pretenden ser relacionados con hechos delictivos sin pruebas. Resalta que, conforme a la declaración de [Nombre 044], [Nombre 004] surge en la investigación hasta el 28 de octubre de 2020, no antes. Afirma que las conductas no materializadas se fundan en meras suposiciones, ya que carecen de prueba idónea y certeza para vincular a los imputados con los hechos. Invoca que al imputado [Nombre 019] se le atribuyó formar parte de la organización para traslados de droga hacia el Pacífico central desde la Zona Sur. Realiza los mismos cuestionamientos que a los anteriores imputados respecto a que no hay prueba de otros traslados de drogas, los que se sustentan en meras suposiciones. En cuanto al hecho del 28 de octubre, afirma que [Nombre 001] no tuvo ninguna participación. [Nombre 044] hizo referencia a un convoy de tres vehículos (Mitsubishi L200, Palisade y vagoneta), pero en ninguno de ellos viajaba [Nombre 019]. A dicho imputado no se le realizaron vigilancias, seguimientos ni decomisos. Se cuestiona de dónde surge su participación dentro de una estructura criminal. Descarta alguna acción previa al 28 de octubre o en ese momento. No hubo radiobases, fotografías o interceptación de comunicaciones que lo vinculen con un grupo. Se cuestiona las acciones que realizó [Nombre 019] para la demostración de los ilícitos, qué días se realizaron los supuestos transportes de drogas, en qué cantidades, mediante qué vehículos y en qué ubicaciones, ya que no hay prueba alguna de los mismos. Considera que hay un vacío probatorio y una fundamentación ilegítima de la participación de [Nombre 019] en los ilícitos. Aduce que el tribunal de instancia estableció una única materialización y en ella no participaron sus representados. En lo que corresponde al imputado [Nombre 031], al igual que al resto de imputados, se les vincula con traslados de drogas de Puerto Jiménez al Pacífico central, pero aduce que no se establece en los hechos su grado de participación y en cuáles transportes participó. Indica que estamos ante el mismo yerro invocado respecto a otros imputados, sea que no hay prueba de su participación, ya que solo hubo una materialización. Su nombre no aparece antes del 28 de octubre de 2020, por lo que no hay prueba que acredite su agrupación. Cuestiona que si una persona sólo aparece en una única acción pueda ser considerado parte de una organización criminal. Niega toda participación de Santos en los hechos y establece que es una mera especulación que intervino en otras acciones no materializadas, ya que no hay prueba que lo acredite. Reclama que no hubo decomisos, vigilancias, fotografías o intervenciones que lo liguen con la actividad ilícita endilgada. Se pregunta qué días, qué cantidades de droga, qué vehículos y en qué ubicaciones se dieron esos otros transportes no materializados y señala que se carece de respuesta. El imputado declaró que realizaba trabajos para [Nombre 004] y el 28 de octubre lo acompañaba a traer repuestos, venía dormido y no sabía qué pasaba. Resalta que [Nombre 044] ubica al imputado en la investigación hasta el 28 de octubre, no antes, descartando que formara parte de la organización. Con respecto a [Nombre 028], aduce los mismos defectos señalados por la ausencia de materialización de las conductas y que el oficial [Nombre 044] reconoció que no formaban parte de la investigación antes del 28 de octubre. Se formula las mismas interrogantes sobre otros transportes, sea la determinación de días, cantidades, lugares y medios, porque, desde su óptica, no existe prueba objetiva que los acredite. Insiste que otras acciones atribuidas son meras especulaciones ante la ausencia de fotografías, videos, incautaciones, ubicaciones o intervenciones. En lo atinente a [Nombre 016], se le vincula con diferentes transportes de droga, pero al igual que a otros imputados, solo se determinó una única materialización, sin especificación del resto. El oficial [Nombre 044] aseguró que antes del 28 de octubre no existía una investigación en su contra. Señala que su cliente es oficial del Organismo de Investigación Judicial destacado en Corredores y nunca fue visto en Garabito, sea a más de 300 kilómetros desde donde fue detenida la vagoneta con estupefacientes. [Nombre 044] confirmó que hubo un convoy, sin involucrar a [Nombre 016] en esa acción de custodia. Niega que haya videos que involucren a su representado en esa acción. Se pregunta que si el imputado [Nombre 016] no participó de las acciones del 28 de octubre y las demás no se materializaron ni existe prueba objetiva que las acredite, ¿en qué se sustenta su culpabilidad? No hay determinación exacta de horas, fechas, lugares, cantidades y medios de otros transportes de droga; mucho menos de garantizar la participación de [Nombre 016] en los mismos. En las vigilancias no se observan placas ni personas, de forma que no se individualizaron dichos transportes, además, no hubo decomisos. Se cuestiona qué prueba en radiobases y ubicaciones vinculan a [Nombre 016]. Menciona que sólo hubo una materialización y que en ella no tuvo ninguna participación su representado, ya que estaba laborando como oficial del Organismo de Investigación Judicial en Zona Sur. Niega que el 28 de octubre exista alguna llamada de [Nombre 016] al grupo criminal en que se vincule con la actividad ilícita. Se le atribuyen asesoramientos en transportes de drogas, pero son meras suposiciones sin pruebas que lo acrediten. Refiere que el objeto del delito es la droga, por lo que la ausencia de materializaciones torna atípicas las conductas. En relación con los hechos primero y segundo, considera que el marco fáctico probado para todos los imputados es impreciso e indeterminado, ya que no se concretan datos esenciales de modo, tiempo y lugar. En el caso particular del 28 de octubre, [Nombre 001], [Nombre 007], [Nombre 016], [Nombre 019] y [Nombre 021] no tienen ninguna participación, no estuvieron en el lugar, por lo que atribuirles participación se basa en meras conjeturas. Se hace alusión a prueba indiciaria, pero no hay acreditación de indicios. Además, no se puede demostrar la conformación de una organización criminal, si previo a la única materialización no hay prueba que los involucre, ya que no formaban parte de la investigación. Sobre el hecho tercero, insiste en la indeterminación, ya que se hace alusión a diversos transportes de droga, pero no hay prueba que los acrediten, ya que no hay materialización ni vinculación de los imputados con los mismos. No hay prueba que determine el uso del teléfono de [Nombre 001], [Nombre 007], [Nombre 016], [Nombre 027], [Nombre 004], [Nombre 031] y [Nombre 028] en el decomiso de droga del 28 de octubre, entonces no hay prueba de su participación. Dice que ninguna de las vigilancias y seguimientos condujo al decomiso de droga, lo que lejos de confirmar, descarta la comisión de los hechos. Del punto cuatro de la relación fáctica acusada, señala que se incurre en los mismos vicios de imprecisión. Se pregunta a qué transportes de droga se refiere, en qué fechas, horas, cantidades, lugares, medios y roles. Argumenta que cualquier mención antes del 28 de octubre es mera especulación, por carecer de materializaciones y decomisos. Aduce que ninguno de los vehículos mencionados en los puntos 4.1 a 4.9 y 4.11, aparecen el 28 de octubre de 2020. Incluso, en esa fecha no se detuvo la vagoneta, la que además no fue conducida por [Nombre 028]. Considera que el fallo parte de una especulación y generalización, sin precisión de eventos y participantes. En ninguno de los carros a los que se les dio seguimiento se comprobó algún transporte de droga. Respecto al hecho

Reitera sus alegatos respecto a los hechos anteriores en cuanto a que no hubo decomisos de droga previos, por lo que no hay organización. En el evento 5.1 se hace mención que [Nombre 016] se hizo presente en la casa de [Nombre 007] y se reunieron, ello no es delito. No se conoce el contenido de la conversación y si hubo o no vinculación con el ilícito, así lo reiteró el investigador en juicio. En el 5.2 se menciona que el 02 de mayo, [Nombre 016] y su compañero de trabajo se trasladaron a Puerto Jiménez, pero se desconoce a qué fueron, ya que no hubo decomiso de droga. Rechaza que existan seguimientos e incautaciones que permitan asegurar la actividad ilícita. En los puntos 5.3 y 5.4 se acreditó que el 07 de junio y 18 de agosto de 2020, [Nombre 021] ejecutó acciones para almacenamiento, transporte y distribución drogas, pero no se supo dónde se acopiaba, ya que ni [Nombre 021] ni [Nombre 007] tienen vinculación con la droga del 28 de octubre. Se menciona que [Nombre 021] estuvo a bordo de un vehículo Santa Fe, pero no hay prueba que así lo acredite. Además, ese 07 de junio no hubo decomiso de droga. A las preguntas de la defensa los investigadores confesaron que no observaron a los imputados, no saben quiénes viajaban en el automotor, si portaban o no droga y en qué cantidades. El 18 de agosto se hace mención que brindaban custodia a la vagoneta, pero ni siquiera establecieron la placa de los carros involucrados. Además, no se sabe si la vagoneta transportaba o no droga. En el hecho 5.4 quedó demostrado que los imputados prestaron custodia, pero no se sabe a qué.

Señala que no se pudo demostrar acciones de [Nombre 016], [Nombre 021] y [Nombre 007]. No hubo decomisos ni hay certeza de su presencia en los automotores. Del hecho

Establece una imprecisión imputativa. Insiste que solo es acreditable lo acontecido el 28 de octubre de 2020, donde sí hubo decomiso. El tribunal señala que [Nombre 021] y [Nombre 019] ocultaron droga en un compartimento oculto en la vagoneta Mack placas [Valor 064] y que le brindaron custodia. Señala que no se puede demostrar el almacenamiento, ya que no hubo prueba sobre el particular. Niega que exista prueba que vincule a [Nombre 021] y [Nombre 019] custodiando la droga. Enfatiza que ese 28 de octubre los imputados no fueron ubicados en los automotores y no hay información de radiobases que los comprometa. Considera que la sentencia parte de una analogía respecto al supuesto del 18 de agosto en Orotina, lo que es prohibido. Indica que no hay demostración de la custodia. Respecto de [Nombre 001], [Nombre 007] y [Nombre 016], se demostró que adquirieron, poseyeron y ocultaron la droga en una vagoneta, pero no hay prueba que lo demuestre. La investigación no alcanzó a determinar de dónde salió la droga, dónde estuvo almacenada y dónde fue cargada. En el caso de [Nombre 016], ese día estuvo laborando en la Subdelegación del OIJ de Corredores. [Nombre 001] y [Nombre 007] tampoco fueron observados ni detenidos en la zona de Puerto Jiménez, Chacarita, Quepos, o Jacó. Hay imprecisión en las acciones demostradas. No hay ninguna prueba que acredite el conocimiento de los encausados de dicho transporte de droga. En el caso de [Nombre 004], [Nombre 027], [Nombre 031] y [Nombre 028], sí fueron detenidos el 28 de octubre de 2020 y ello no es controvertido por la defensa. Acepta el transporte, pero no la adquisición, ocultamiento, almacenamiento o venta de droga, ya que se desconoce policialmente dónde se encontraba previo al decomiso. Del evento 6.4 aduce que es impreciso y contradictorio. Se mencionan dos transportes de droga (18 de agosto y 28 de octubre, ambos 2020), pero el 18 de agosto no hubo decomiso de alguna sustancia ilícita, pese a que fue revisada. Finalmente, se menciona que [Nombre 016] y [Nombre 013] informaron sobre allanamientos, pero no hubo prueba de ello. Pide se dicte absolutoria sobre los imputados y subsidiariamente se ordene juicio de reenvío. Tercer motivo del recurso incoado por el licenciado Peralta Montoya: Inconformidad con la valoración de la prueba por falta de fundamentación intelectiva. En su tercer motivo de apelación, el defensor técnico muestra su inconformidad con la valoración de la prueba por falta de fundamentación intelectiva. Señala los siguientes vicios en la motivación del fallo: a) Se atribuye la existencia de un grupo criminal por una única materialización, en la cual varios de los imputados ni siquiera estuvieron presentes. b) Se critica que los oficiales del Organismo de Investigación Judicial acusados fueron al sector de Puerto Jiménez, pero se desconocen sus funciones y si estaban en alguna diligencia propia de sus cargos. c) El 28 de octubre los oficiales investigados se encontraban en labores en Corredores a cientos de kilómetros de la incautación de la droga. d) No hay videos, seguimientos, radiobases o prueba objetiva que acredite la participación de los imputados en traslados de droga no materializados. e) Varios de los sindicados no fueron objeto de investigación previo al 28 de octubre de 2020. f) Niega que a Estribí se le observara en las vigilancias o en la Zona Sur. Señala que no hay videos, fotografías o datos que permitan sostener que estuvo presente en traslados, ni materializaciones de droga. Incluso, el 28 de octubre no estuvo presente ni cerca del convoy o de la droga incautada. De la actividad del 18 de agosto no se tiene certeza de las placas del vehículo que protegía la vagoneta, de ahí que no puede concluirse que fuera el mismo que se decomisó a [Nombre 021] en su casa de habitación. f) Critica que se acreditaran acciones de traslado de drogas de Puerto Jiménez al Pacífico central por parte de [Nombre 019], ya que no hay prueba que demuestre su participación. Descarta la existencia de prueba directa e indiciaria, ya que no se documentó su presencia en ninguna de esas oportunidades. Sostiene que los hechos fueron desacreditados. Niega que exista prueba que demuestre alguna acción delictiva por parte de [Nombre 019]. Desconoce el número de transportes, personas participantes, medios utilizados, horas, sitios de almacenamiento y entrega. Reclama una fundamentación insuficiente y contradictoria de la sentencia sustentada en una analogía, lo que está prohibido.

g) Fustiga que no se acreditó el concepto de organización o agrupación criminal, ya que no se probó la multiplicidad de actos, solo se presumen. Señala que no hay prueba directa o indirecta sobre traslados de droga distintos al 28 de octubre de 2020. A [Nombre 016] no se le ubicó droga, ni participación directa en el ilícito. El día de la única incautación estaba a cientos de kilómetros del sitio laborando en el Organismo de Investigación Judicial de Corredores. h) En relación con el hecho 7, luego de una amplísima transcripción de partes del fallo, reclama errónea valoración de la prueba. Se cuestiona cómo acreditar una participación criminal de varios meses si sólo se dio una única incautación de droga, en la que no participaron muchos de los imputados. Asevera que no hay prueba del almacenamiento de droga, no se ubicó un lugar. Respecto del transporte de drogas, se cuestiona a cuáles se refiere fuera del 28 de octubre de 2020, ya que ninguno de ellos se demostró, al no «materializarse». Niega que [Nombre 004], [Nombre 027], [Nombre 031] y [Nombre 028] fueran vistos antes del 28 de octubre, por lo que no puede asegurarse su participación en eventos anteriores. De la visita de [Nombre 007] a la casa de [Nombre 001] se desconoce el contenido de la presunta reunión. Se enuncia que [Nombre 001] toma decisiones, pero no hay prueba que lo acredite. Niega que a [Nombre 001] se le decomisara droga, armas o que en comunicaciones coordinara actividades ilícitas. A [Nombre 007] se le atribuyen labores operativas, pero no hay prueba de qué actividades realizó. Nunca se le ubicó en alguna acción determinada. Se cuestiona cómo un encargado operativo de almacenamiento, transporte y distribución de drogas no tiene comunicaciones o acciones materiales y de qué forma se acreditan cada uno de esos verbos y atribuciones. En cuanto a [Nombre 004], [Nombre 027], [Nombre 031] y [Nombre 028], aparecen hasta el 28 de octubre, de forma que no hay prueba que los vincule con otros traslados de drogas, ya que no hubo decomisos, seguimientos, radiobases, intervenciones, videos o fotografías. En el caso de [Nombre 019], además de no haber materializaciones de transportes de droga, no tuvo participación el 28 de octubre, por lo que estima que la condena es indebida. Reitera los alegatos anteriores sobre cómo, cuándo, dónde, cuántos y cuáles coordinaciones y transportes de droga se pueden acreditar. Respecto de [Nombre 031], se le atribuye escoltar el convoy, pero en la investigación surge hasta el 28 de octubre y no hay prueba que lo vincule con acciones previas.

Respecto de [Nombre 016], era funcionario del Organismo de Investigación Judicial y no tuvo participación alguna en el único decomiso de droga que hubo. Se encontraba a más de 300 kilómetros de distancia. El resto de los comportamientos no tuvieron ninguna materialización delictiva. En las vigilancias previas no se observaron placas o personas, por lo que son meras suposiciones. Se hace referencia a asesorías, pero en ninguna de ellas se incautó droga, no hubo «materializaciones» que permitan asegurar su existencia. Niega que puedan existir coordinaciones sin actividad ilícita. Considera que la prueba es insuficiente. En lo que respecta a [Nombre 021] y [Nombre 019], no hay prueba alguna que acredite que ellos almacenaron droga, ya que se desconoce si existió algún lugar donde se realizara la actividad. Nunca fueron observados en seguimientos previos al 28 de octubre, no se les identificó ni individualizó. Se hace mención a custodias de droga, pero nunca se determinó la existencia de dicha sustancia, ya que no hubo materializaciones. De la actividad del 28 de octubre, reitera que [Nombre 001] y [Nombre 007] no estuvieron en la zona de Puerto Jiménez, Chacarita, Quepos, Parrita o Jacó. Insiste que, en el caso de [Nombre 004], [Nombre 027], [Nombre 031] y [Nombre 028], no tuvieron actividades previas al 28 de octubre. Del acontecimiento de ese día, no hay prueba que ellos almacenaran, adquirieran la droga o que la ocultaran en la vagoneta. Considera que, por los vicios de falta de fundamentación, errónea valoración de la prueba, fundamentación contradictoria y falta de objetividad, debe anularse la sentencia. Del hecho octavo, mediante la misma dinámica de transcribir partes de la sentencia, sostiene que a [Nombre 019] y [Nombre 021] se les atribuyen generalidades sin sustento y que la sentencia no abordó los temas propuestos por la defensa que determinan una insuficiencia probatoria. Resalta que el 28 de octubre [Nombre 124] y [Nombre 044] no observaron otro vehículo diferente al Palisade, el L200 y la vagoneta. En ninguno de estos viajaban [Nombre 019] y [Nombre 021], con lo que se confirma la falta de pruebas en su contra. Solicita se anule la sentencia y se ordene nuevo juicio. Quinta queja correspondiente al recurso de apelación incoado por la defensa técnica de [Nombre 001]: Inconformidad con la fundamentación probatoria intelectiva relativa a los indicios de radiobases. El licenciado Gamboa Sánchez alega una serie de vulneraciones a la normativa procesal y la interpretación sesgada de indicios. Luego de citar in extenso la motivación judicial sobre los rastreos de llamadas e intervenciones telefónicas, menciona que se identificaron 6 eventos en los que hubo coincidencia de activación entre [Nombre 007] y [Nombre 013] con [Nombre 001], concluyéndose que demostraban un patrón de desplazamiento, razonamiento que adversa. Asegura que se utilizaron datos parciales y que no reflejan de manera completa los desplazamientos de los imputados.

Diferencias horarias entre los eventos. Se establece que se analizaron 6 eventos con una diferencia horaria significativa entre los imputados, lo que impide concluir que se desplazaban juntos o coordinaban reuniones.

Omisiones de información relevante sobre la habitualidad de los desplazamientos. Sostiene que se soslayó considerar que [Nombre 001] tenía una propiedad en Golfito, la cual está plenamente identificada y que se encontraba en reparación.

Además, [Nombre 007] poseía una casa en la playa, de ahí que los desplazamientos fueran usuales.

Falta de trabajo de campo y colaboración policial. Reclama que en el expediente no conste ningún trabajo de vigilancia o seguimiento que confirme la hipótesis, acción que debió cumplir la policía para confirmar las reuniones o coordinaciones entre implicados.

Análisis sesgado y falta de estudio de habitualidad. Critica que los informes periciales de radiobases no incluyan el estudio de la frecuencia con que [Nombre 001] se trasladaba a Golfito, sino que se ponderó las fechas que a [Nombre 044] le interesó como oficial, las cuales están sesgadas y parcializadas. Si bien [Nombre 044] dijo que los peritos analizaron la habitualidad, ello no se llevó a cabo porque [Nombre 044] limitó el alcance. Fustiga que no se cuente con el «crudo» de información para determinar la frecuencia de las activaciones.

Declaraciones que confirman la deficiencia del análisis. Los peritos Jairo Navarro y [Nombre 177] reconocieron al tribunal que nunca requirieron información de habitualidad en que los imputados activaron en Golfito o Puerto Jiménez. Eso quedó constando en los informes 006-DICR/SECCRO/ART-2020, 025-25DICR/SECCRO/ART-2020, 72-A-AJIC-2020, 405-A-CJIC-2020, 151-ACJIC-2020 y 042-A-CJIC-2020.

Evidencias que refutan la interpretación del tribunal. Critica que la sentencia motivara el indicio de reuniones sin la determinación de habitualidad y basado en la limitación de fechas dada por la policía. El consecutivo 345957 del 05 de enero de 2020, correspondiente al número intervenido [Valor 015], atribuido a [Nombre 001], coincide con el quinto evento. Según el tribunal, el desplazamiento fue para coordinar actividades ilícitas, pero esa inferencia es errónea y es contradicha con la evidencia directa de la llamada intervenida, ya que [Nombre 001] mencionó a su esposa que venía de Golfito de realizar reparaciones y pintura en su propiedad. Advierte que la llamada es de las 15:52 lo que demuestra que el desplazamiento no era para los fines señalados por la policía. Sobre este particular, el tribunal omitió pronunciamiento. En el evento 6, argumenta que se descarta la participación de [Nombre 001] por las actividades que realizaba en su inmueble. Considera que el fallo ignora evidencia clave sobre lo acaecido el 05 de enero de 2020. Tampoco ponderó la habitualidad de los viajes y no se realizó un análisis conjunto de la prueba respecto a la diferencia horaria y la ausencia de corroboración policial. Además, no se valoró de forma integral la prueba disponible. Ante la carencia de solidez y objetividad, pide se anule la sentencia y se ordene juicio de reenvío. Sétimo reparo del recurso de apelación de sentencia interpuesto en forma personal por [Nombre 024]: Valoración errónea e insuficiente de la prueba. Infracción a las leyes de la sana crítica. Señala que se le imputa haber viajado en el vehículo Mitsubishi L200 placas [Valor 065], el 28 de octubre de 2020, desempeñando el rol de escolta de la vagoneta placas [Valor 053] que transportaba cocaína. En particular, se le endilga que viajaba en el asiento del acompañante del conductor y que en el teléfono celular decomisado se ubicaron llamadas con [Nombre 028]. Considera que se trata de una imputación basada en conjeturas, carentes de certeza y que comprometen la objetividad del fallo y los principios esenciales del debido proceso. En el informe 083-DICR se menciona que la línea asociada a [Nombre 004] [Valor 066] mantuvo comunicaciones con [Nombre 028] y [Nombre 024] [Valor 067]. También entre [Nombre 028] y [Nombre 024]. Además, que en el celular de [Nombre 024] identificado como evidencia DM05, se encontraron fotografías relacionadas con él, lo que confirma su pertenencia. Por otra parte, del celular de [Nombre 004] (DM20), se ubicaron llamadas al contacto denominado [Nombre 214], vinculado a [Nombre 024]. La carpeta DM25 decomisada a [Nombre 027] contiene selfies con fotos de aparente droga de cocaína. Además, el grupo [Nombre 136] en que está vinculado [Nombre 214]. Indica que las radiobases del teléfono decomisado a [Nombre 024], número [Valor 067], presenta activaciones en el sector de Guayabal, sitio muy distante de «La Cuesta o Control», donde tiene su domicilio. Critica que no se hizo prueba de pertenencia. Reitera que dicho dispositivo móvil no le pertenece. Agrega que desde el inicio del proceso la defensa reclamó la falta de análisis pericial sobre la propiedad del dispositivo y la ubicación del sitio donde el aparato decomisado activaba radiobases. Cuestiona el manejo adecuado de las reglas de la cadena de custodia y la integridad probatoria. Señala que ese es el único indicio que lo vincula con la actividad delictiva, pero el mismo es insuficiente para acreditar el dolo en la conducta de transporte de droga y función de escolta. Añade que no hay prueba de la posesión de ese teléfono celular y que perteneciera al grupo de WhatsApp. Argumenta que los indicios son insuficientes y carecen de la solidez necesaria para la culpabilidad del encausado. Menciona que las inferencias sobre registros telefónicos, análisis de radiobases y existencia del grupo de WhatsApp, no son prueba fehaciente de su participación porque:

No hay vinculación directa del imputado con el teléfono atribuido.

La sentencia parte que el [Valor 067] le pertenecía al imputado, pero nunca se practicó una pericia técnica para confirmar la titularidad. Los estudios de radiobases evidencian que el teléfono activaba en una dirección distinta a la residencia del encausado.

3)

No hay prueba de un actuar doloso.

El celular a él decomisado no le pertenece.

No hay prueba que determine el conocimiento efectivo de la actividad ilícita.

Hay una deficiente motivación sobre el dolo.

El tribunal no determinó por qué el imputado conocía que la vagoneta transportaba droga y que ello obedeciera a una coordinación dentro de la estructura criminal. En resumen, arguye que las conclusiones judiciales son meras especulaciones y suposiciones. Sexta queja correspondiente a las impugnaciones interpuestas, respectivamente, por el licenciado Edwin Duartes Delgado, defensor particular de [Nombre 013], y por [Nombre 024], en forma personal: Violación a las reglas de la sana crítica y la incorporación de prueba ilegal en el proceso penal. Se sintetizan ambos alegatos en forma conjunta, ya que el sexto motivo de apelación interpuesto por el coimputado [Nombre 024] es copia literal del sexto reproche del recurso incoado por el defensor particular de [Nombre 013]. Como antecedente, el recurrente transcribe el primer hecho probado y menciona que el tribunal de mérito estableció que acudió a su demostración, al someter los indicios al tamiz de las reglas de la sana crítica. Sostiene que la mera concatenación de indicios y la existencia de un contacto frecuente entre imputados no permite, por sí sola, inferir la existencia de una estructura delictiva, ni de una forma de operar con fines ilícitos. Añade que la convivencia en un mismo entorno social, laboral o comunitario no es equiparable a conspiración criminal, ya que requiere de elementos objetivos y directos que acrediten un acuerdo previo o una acción coordinada con fines ilícitos. Cita los eventos identificados en sentencia como 1, 2, 5 y 6, en que se vincula a [Nombre 013] en desplazamientos con otros involucrados. Transcribe diversos acápites de la sentencia en que se fundamenta, a partir de radiobases, la coparticipación criminal de [Nombre 013] con el resto de los miembros, atribuyéndole una articulación en el transporte de droga. Del primer evento de fecha 6 de febrero de 2019, sostiene que no existe evidencia que sustente su participación criminal. Señala que no hay pruebas del contenido de una supuesta reunión, ni de un plan para el transporte de psicotrópicos. Resalta que el tribunal de instancia estableció que se utilizó el vehículo oficial del Poder Judicial para coordinar esas reuniones tendientes al trasiego de drogas y colaborar con la empresa criminal, pero, respecto de estos hechos, se dictó una sentencia absolutoria, lo que descartaría el razonamiento como indicio. En otro acápite de la sentencia se menciona que a los imputados no les correspondía tramitar expedientes en la zona, por lo que no había razón para estar en la casa de [Nombre 007]. Considera que esa inferencia es especulativa, ya que no hay pruebas objetivas y verificables que lo acrediten. Se indica que el 6 de febrero de 2020, [Nombre 016] y [Nombre 013] planearon el trasiego de drogas con

[Nombre 007] para los meses de junio y siguientes. Sin embargo, no hay prueba que permita concluir con la certeza necesaria dicha circunstancia. Del hecho ocurrido el 18 de agosto de 2020, argumenta que no describe ninguna conducta delictiva.

El investigador [Nombre 044] no determinó el destino final de [Nombre 013] y [Nombre 016] en Puerto Jiménez, pero lo justifica en problemas de señal y seguimientos. Así, no se acreditó que ese día los imputados realizaran actividades de acopio, almacenamiento o transporte de drogas. Establece que, si bien se incautó una sustancia ilícita, no se demostró la participación de [Nombre 013] y [Nombre 016] en esa actividad. En las vigilancias, no se decomisaron cargamentos de droga, ni una entrega vigilada. La ausencia de materialización es prueba de la fragilidad probatoria en que se motiva la sentencia. Según el tribunal de sentencia, la falta de incautación en fechas específicas no invalida la existencia de la actividad delictiva, pero lo cierto es que esta premisa carece de respaldo probatorio sólido y se contradice los principios de certeza y materialidad de la prueba. Insiste en que no hay acreditación objetiva y verificable de la participación de [Nombre 016] y [Nombre 013] en las acciones relacionadas con tráfico de estupefacientes y que la sentencia, la cual se basa en conjeturas, violenta el principio de legalidad, debido proceso y sana crítica. Añade que el tribunal tuvo por cierto que el 18 de agosto y 28 de octubre de 2020, se dieron traslados de droga, pero no hay indicios unívocos que permitan sustentar la participación de [Nombre 016] y [Nombre 013] en los hechos. Se cuestiona ¿de dónde salían realmente los investigados en Puerto Jiménez? ¿Cuál fue el origen de la salida de la vagoneta cuya detención dio lugar al único decomiso de droga en este caso?¿Por qué no fue incautada la camioneta que había sido seguida en fecha anterior, a partir de la cual se pretende vincular a ambos imputados con los hechos investigados?¿Transportaba esa vagoneta no decomisada sustancias ilícitas, o se trató de un falso positivo, un señuelo?¿Cómo es posible que, en una ruta directa, un grupo de investigadores y oficiales de Fuerza Pública perdiera su rastro? ¿Por qué no se verificó el destino final? Aduce que, durante los interrogatorios, los agentes descartaron la existencia de una entrega vigilada, por lo que la hipótesis incriminatoria no se comprueba. Añade que la fragilidad probatoria y la falta de certezas evidencian que la acusación se constituye sobre conjeturas y no sobre elementos objetivos y verificables que permitan sostener, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad de los acusados. En cuanto al evento ocurrido los días 7 y 8 de junio de 2020, considera que se parte de una premisa errónea sobre el comportamiento de las rutas o desplazamientos, ya que en el evento del 28 de octubre de 2020 se produjo un decomiso y, en cambio, en junio de 2020, [Nombre 013] presuntamente escoltó el cargamento de drogas para evitar su robo, pero no hay prueba sobre el particular. Agrega que no hay justificación de por qué el 8 de junio de 2020 la vagoneta se perdió de vista, particularmente por el tamaño y velocidad, además que contaba con apoyo de Fuerza Pública. Argumenta que un indicio solo tiene validez probatoria si es unívoco, no anfibológico. La falta de certeza genera ambigüedades. Se cuestiona a qué distancia de la vagoneta viajaba realmente [Nombre 013], para poder concluir de manera fundada que la custodiaba. Arguye que la simple proximidad geográfica no constituye un indicio unívoco, ni suficiente para sostener una relación de vigilancia o resguardo. Reafirma que no puede derivarse de la prueba la responsabilidad de [Nombre 013] en el trasiego de drogas. Señala que el tribunal se basa en meras inferencias, sin que exista un hilo probatorio sólido que lo vincule con una actividad ilícita. Advierte que las inconsistencias mencionadas generan fisuras en el razonamiento del a-quo. Sobre la prueba indiciaria, cita el voto de la Sala Tercera, n.° 2003-1050 de las 10:10 horas del 21 de noviembre de 2003. Critica que el fallo parte de una falacia de generalización, al pretender establecer una conexión automática entre eventos distintos, sin pruebas directas que acrediten dicha relación. Explica que sin la demostración de la proximidad entre [Nombre 013] y la vagoneta el 08 de junio de 2020 o el propósito real del desplazamiento, las inferencias son puramente especulativas y carentes de rigor probatorio, lo que vulnera el estado de inocencia. En otro orden de ideas, advierte que el tribunal de instancia estableció que [Nombre 016] y [Nombre 013] brindaban servicios de asesoría a la organización y que, tras la materialización del decomiso, se reunieron con [Nombre 007], lo que, según [Nombre 044], demostraría su pertenencia a la organización. Sin embargo, estima falaz ese argumento, ya que ninguno de los imputados fue vinculado con el decomiso del 28 de octubre de 2020. Argumenta que, de tener vinculación, se les habría apartado de sus funciones de manera discreta. Añade que los jueces sustentaron su fallo en la apreciación subjetiva del agente [Nombre 044], sin evidencia objetiva en respaldo de su dicho. Para el tribunal, al 28 de octubre de 2020 [Nombre 016] y [Nombre 013] formaban parte del grupo criminal, pero en realidad estaban «ciegos» al carecer del conocimiento y voluntad de realización del hecho típico. Considera que no hay dolo en la conducta. Argumenta que la fundamentación es ilícita, debido a que la labor de los peritos Eliécer Valerio, Róger Hernández y Jairo Navarro, no cumplía con las características exigidas por ley. Invoca fundamentación ilícita por introducción de prueba ilegal. Sostiene que la sentencia está viciada en su motivación, por cuanto el perito no reunía las características exigidas legalmente, a la luz de lo previsto en el ordinal 215 del Código Procesal Penal. Sobre las características del peritaje, cita diversas citas doctrinales, así como el voto de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, n.° 733-2000. Invoca el artículo

44.3 del Código Procesal Civil, sobre las condiciones del dictamen pericial. Reclama que los peritos no cumplieron con los requisitos de idoneidad, imparcialidad y objetividad, ya que tuvieron participación directa en la investigación y vínculo directo con los agentes encargados, lo que afecta la confiabilidad de sus conclusiones. Señala que la prueba es inválida, por afectar las normas procesales y derechos fundamentales. Considera que, aun aportando información técnica, esta tuvo un sesgo de doble participación, lo que afecta su parcialidad y objetividad. En apoyo a su postura, cita el caso Digna Ochoa vs. México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Afirma que los informes deben ser excluidos del proceso, al haberse comprometido su legalidad y legitimidad. Segundo motivo del recurso de apelación de sentencia interpuesto por la licenciada Yerilyn Alvarado Castellón, en calidad de defensora particular de

[Nombre 019]: La recurrente muestra su inconformidad con la valoración de la prueba por falta de fundamentación intelectiva. Invoca lesionado el numeral 184 del Código Procesal Penal, respecto al deber de fundamentación del fallo, al no apreciar de forma conjunta y armónica la prueba. En su criterio, se produjo un error de hecho por falso juicio de existencia, ya que el tribunal omitió considerar todas las pruebas. Agrega que el juez supuso la existencia de prueba que no había y tampoco valoró la agregada al expediente. Sostiene que el tribunal incurrió en los siguientes defectos motivacionales respecto de la declaración del imputado:

Acreditó que el imputado Jiménez Araya materializó participaciones en el transporte de droga. Menciona que no hay prueba que demuestre el traslado de drogas de Puerto Jiménez al Pacífico Central por parte del encausado, pues el 28 de octubre no fue detenido, observado ni vigilado. Considera que los indicios son anfibológicos, ya que el presunto vehículo utilizado fue desconocido para la policía y no se determinaron sus ocupantes. Insiste que su cliente no estuvo en Garabito, sino en Corredores. Arguye que de los 59 hechos solo se demostraron 7, lo que evidencia la escasa e insuficiente prueba. Establece que la sentencia presenta serias falencias motivacionales, porque se concluyó que hubo diversos transportes de drogas, pero se documentó solo una materialización, quedando en meras especulaciones el resto. Argumenta que, sin el objeto material del delito (droga), no es posible acreditar la existencia del ilícito, ya que se desconoce la cantidad y clase. No hay claridad de las fechas de los transportes de droga, ni la prueba de su existencia. Considera que se aplica analógicamente la presencia del 18 de agosto, con las del 8 y 28 de octubre, de las cuales no existe prueba. 2.-Luego de citar de manera extensa el razonamiento judicial sobre los eventos de los días 08 junio,18 de agosto y 28 de octubre, luego señala que hay una falta de fundamentación, en virtud de que no hay prueba de su participación en esos sucesos, ni en la conformación de la organización criminal para el almacenaje y transporte de droga en la zona sur del país. Reconoce que [Nombre 019] conversó con [Nombre 027] y [Nombre 010], e incluso estuvo en la casa de sus hermanos, pero ello no quiere decir que estuviera asociado para delinquir, ya que sus conversaciones versaron sobre temas familiares y no comisión de hechos ilícitos relacionados con drogas. Cuestiona la ligereza con que se estableció que [Nombre 027] participó de varias acciones propias del transporte de drogas, sin mencionar día, hora, lugar, cantidad, clase de droga. Enfatiza que el 18 de agosto no hubo decomiso de droga ni se vinculó a [Nombre 019] con los hechos, por lo que hay una falta de motivación de las quejas planteadas por la defensa.

Nuevamente hace una transcripción extensa de la sentencia sobre el evento del 28 de octubre de 2020 (fs. 9519 a 9535), considera que hay una errónea valoración de la prueba, ya que no se determinó qué mercancías llevaba la vagoneta el 18 de agosto y cuál fue la labor de [Nombre 019], toda vez que nunca fue detenido. Incluso, la oficial [Nombre 194], en los seguimientos del 18 de agosto, solo ubicó una vagoneta y un Hi Lux, nunca otro carro. En cuanto a [Nombre 124], persona que vio los videos, señaló que no pudo observar las placas de los automotores y tampoco supo dar una característica individualizante del vehículo en que presuntamente viajaba [Nombre 019].

Reitera que no hay prueba que vincule a [Nombre 019] con el transporte de droga el día 28 de octubre de 2020.

Bajo la misma dinámica anterior, luego de citar de manera extensa la resolución judicial sobre los hechos del 28 de octubre de 2020, del que consta una conversación entre presentes de [Nombre 013] y [Nombre 016], se menciona el nombre de [Nombre 019], invoca falta de fundamentación y errónea valoración de la prueba, ya que no se hace mención de esas conversaciones y que estuvieran estrictamente relacionadas con [Nombre 019]. Estima lesionado el numeral 142 del Código Procesal Penal. Critica que no hay prueba que su representado formara parte del convoy que presuntamente custodiaba la vagoneta. Reclama que se dejó de lado la declaración del imputado. Resalta que [Nombre 124] y [Nombre 044] nunca vieron al justiciable en la comisión del hecho. Pide se anule la sentencia y se ordene juicio de reenvío. Por las razones que se dirán, las quejas no se acogen: Luego de analizar con detenimiento el gran cúmulo de prueba recabada en este asunto a lo largo de la investigación que se extendió desde finales del año 2018 hasta abril de 2021, es posible concluir —con la salvedad que se dirá—  que el cuadro fáctico demostrado en juicio contra de [Nombre 001], [Nombre 007], [Nombre 013], [Nombre 016], [Nombre 021], [Nombre 019], [Nombre 027], [Nombre 004], [Nombre 024], [Nombre 031] y  [Nombre 028],  el cual resulta típico del delito de tráfico de drogas, se encuentra adecuadamente sustentado. Si bien es cierto, los elementos probatorios recabados en este asunto son, en su mayoría, de naturaleza indiciaria, la variedad, gravedad y univocidad de estos, permitió al tribunal de mérito realizar un sólido ejercicio intelectivo que soporta las críticas expuestas por la defensa técnica y material. En este sentido, debe resaltarse que los registros existentes reflejan que la policía judicial realizó una investigación muy esmerada durante más de dos años, a lo largo de los cuales se documentaron — entre otros— análisis de radiobases, intervenciones telefónicas, escuchas de conversaciones entre presentes, decomisos de cámaras de seguridad, vigilancias y seguimientos. A partir de todos estos elementos indiciarios, se notaron interacciones y patrones de movilización de los implicados entre las zonas de Puerto Jiménez y el Pacífico central (Quepos y Jacó). Dichas movilizaciones se realizaban en dispositivos de seguridad denominados comúnmente como «convoys» o «caravanas», privilegiándose para ello, la salida en horas de la noche y madrugada, de los días domingo, lunes o martes. Como se verá, en este caso no se trata únicamente de las repetidas interacciones entre los coimputados previo al decomiso de droga del 28 de octubre, pero que cuya significación delictiva no se puede acreditar, como lo plantea la defensa técnica y material en sus recursos. Se tuvo por cierto que, vinculados con dichos encuentros o contactos, ocurren movilizaciones de seguridad tipo «caravana» (uso de un vehículo «punta» y otro u otros de seguridad en la parte de atrás de la vagoneta que se usa como medio de transporte de la droga), las cuales acontecen en condiciones de modo y tiempo que para nada son compatibles con la actividad agrícola y ganadera que algunos de los justiciables plantean (en particular, [Nombre 001] y [Nombre 007]), como fuente única de su incremento patrimonial y sus constantes interacciones. A lo anterior, se suma la interceptación de las comunicaciones, cuyo resultado despeja cualquier duda acerca de que el tráfico de drogas era el factor común que unía a todos los incriminados. Además, los videos obtenidos en gasolineras, los cuales fueron oportunamente decomisados, junto a la información observada por los investigadores durante las vigilancias, permiten confirmar los vehículos participantes en las caravanas de movilización de la droga, de lo cual se deja constancia también por escrito en los informes policiales incorporados como prueba. En adición a ello, a través del operativo final, se pudo constatar que, efectivamente, las movilizaciones en las condiciones de «caravana», horario y ruta antes señaladas, en las que una vagoneta era resguardada por parte de dos o más vehículos livianos, tenían como objetivo el transporte de droga de la Zona del sur del país (Puerto Jiménez), al Pacífico central. A partir de la estructura probatoria antes reseñada, el tribunal de juicio tuvo por acreditado el siguiente marco fáctico: «II.-

Para la resolución del presente asunto el Tribunal tiene por acreditados los siguientes hechos:

Durante el espacio temporal comprendido entre el mes de noviembre del 2018 y el mes de abril de 2021, los acusados [Nombre 001], [Nombre 007], [Nombre 013], [Nombre 016], [Nombre 027], [Nombre 019], [Nombre 021], [Nombre 004], [Nombre 024], [Nombre 031], [Nombre 028], integraron una agrupación delictiva que se encargó de almacenar y transportar alijos de droga, propiamente clorhidrato de cocaína, desde Puerto Jiménez, zona sur del país hasta el Pacífico Central utilizando vehículos con compartimentos ocultos “caletas”.

A lo interno de la organización, en el espacio temporal indicado, los acusados actuaron siempre bajo un acuerdo de voluntades y los roles desempeñados fueron los siguientes: 2.1 -[Nombre 001], alias “[Nombre 163]”, líder de la organización criminal, quien tomaba las decisiones con relación al transporte de los alijos de droga. 2.2- [Nombre 007], alias “[Nombre 171]”, persona de confianza de [Nombre 001], encargado de labores operativas con respecto al almacenaje, transporte y distribución de los alijos de droga al país. 2.3- [Nombre 004], alias “[Nombre 165]”, persona de confianza de [Nombre 001], encargado del transporte de los alijos de droga desde la zona sur del país (Puerto Jiménez), hasta el Pacífico Central, utilizando vehículos “punta”, a efectos de escoltar y constatar la presencia de retenes u operativos policiales, y evitar el decomiso de la droga por parte de las autoridades. 2.4- [Nombre 027], hermano de [Nombre 010], participa activamente en los traslados de la droga en la zona sur del país (Puerto Jiménez) hasta el Pacífico Central, con la finalidad de escoltar y asegurar que la carga de droga llegue a su destino de manera íntegra.

2.5- [Nombre 019], alias “[Nombre 136]”, hermano de [Nombre 010], participa activamente en los traslados de los alijos de droga desde la zona sur del país (Puerto Jiménez), hasta el Pacífico Central, con la finalidad de escoltar y asegurar que la carga de droga llegue a su destino de manera íntegra. 2.6- [Nombre 024], participa activamente en el traslado de la droga desde la zona sur del país (Puerto Jiménez), hasta el Pacífico Central, con la finalidad de escoltar y asegurar que la carga de droga llegue a su destino de manera íntegra. 2.7- [Nombre 031], participa activamente en el traslado de la droga desde la zona sur del país (Puerto Jiménez), hasta el Pacífico Central, con la finalidad de escoltar y asegurar que la carga de droga llegue a su destino de manera íntegra. 2.8- [Nombre 028], participa activamente en el traslado de los alijos de droga desde la zona sur del país (Puerto Jiménez), hasta el Pacífico Central, para lo cual se encarga de conducir vehículos de carga pesada que poseen compartimentos ocultos “caletas”, donde introducen la droga para que no sea fácilmente detectada. 2.9- [Nombre 013], aprovecha su labor como investigador del Organismo de Investigación Judicial, a fin de asesorar a los líderes del grupo criminal, con respecto a estrategias para transporte de los alijos de droga y evitar su aprensión (sic), además participa activamente en el transporte de la droga de la zona sur (Puerto Jiménez), hasta el Pacífico Central, con el uso de vehículos “punta” a fin de alertar la presencia de autoridades policiales que pudiesen detener el vehículo que transporta los alijos de droga. 2.10.- [Nombre 016], aprovecha su labor como investigador del Organismo de Investigación Judicial, a fin de asesorar a los líderes del grupo criminal, con respecto a estrategias para transporte de los alijos de droga y evitar su aprensión, además participa activamente en el transporte de la droga de la zona sur (Puerto Jiménez), hasta el Pacífico Central, con el uso de vehículos “punta” a fin de alertar la presencia de autoridades policiales que pudiesen detener el vehículo que transporta los alijos de droga.

Con la finalidad de coordinar y desarrollar las acciones referentes al trasiego de estupefacientes los acusados [Nombre 001], [Nombre 007], [Nombre 013], [Nombre 016], [Nombre 027], [Nombre 019], [Nombre 004], [Nombre 024], [Nombre 031], [Nombre 028], [Nombre 042] (a quien se le sigue causa aparte 23-000113-0622-TP) de la organización criminal utilizaron distintas líneas y aparatos telefónicos, los cuales cambiaban constantemente, a fin de evitar ser evidenciados por las autoridades, entre los cuales se encuentran: 3.1.- Líneas telefónicas [Valor 015], [Valor 029], [Valor 035] utilizadas por [Nombre 001]. 3.2.- Líneas telefónicas [Valor 021],[Valor 038], [Valor 037] y aparato celular identificado con el IMEI 357306081663060; utilizadas por [Nombre 007]. 3.3.- Línea telefónica [Valor 032]; utilizada por [Nombre 013]. 3.4.- Línea telefónica [Valor 033]; utilizada por [Nombre 016]. 3.5.- Línea telefónica [Valor 041] y aparato telefónico identificado con el IMEI 353912107559800; utilizado por [Nombre 020]. 3.6.-Aparatos telefónicos identificados con los IMEI 353839109030410, 868544047542460, líneas telefónica (sic), [Valor 109], utilizados por [Nombre 027]. 3.7.-Aparatos telefónicos identificados con  los  IMEI  353896109458770,  357306081265570  357306081268570 359163075021900, 869221043943830 líneas telefónicas [Valor 068], [Valor 069], [Valor 070], [Valor 071], [Valor 072]; utilizados por [Nombre 004]. 3.8.Aparatos telefónicos identificados con los IMEI 357306081631480, 357306081658850, 359207090133320, líneas telefónicas [Valor 073], [Valor 048], [Valor 074], utilizados por [Nombre 024]; 3.9.-Aparatos telefónicos identificados con los IMEI 351526110325340, 861363040729810, 868544044607180, líneas telefónicas [Valor 061], [Valor 060], [Valor 075]; utilizadas por [Nombre 031]. 3.10.-Línea telefónica [Valor 057], y aparato telefónico con el número de IMEI 861363043830560, utilizado por [Nombre 028]; 3.11.- Aparatos telefónicos identificados con los IMEI 358780107880270, 868544046431880, 868544046451890, así como las líneas telefónicas [Valor 076],

[Valor 077], [Valor 045], [Valor 078], [Valor 079], [Valor 080], utilizadas por [Nombre 042] (a quien se le sigue causa aparte 23-000113-0622-TP).

Durante el espacio temporal comprendido entre el mes de noviembre del 2018 y el mes de abril de 2021, la organización criminal utilizó los siguientes vehículos para realizar las labores operativas correspondientes a las coordinaciones previas, así como las acciones tendientes a transportar drogas de uso no autorizado con la finalidad de traficarlas desde la zona sur (sic) Puerto Jiménez hasta el pacífico central (sic): 4.1- Toyota, Fourtuner, color blanco, placas [Valor 019], Chevrolet Spark, color blanco, placas [Valor 081], utilizados por [Nombre 013]. 4.2- Isuzu, MU-X, color negro, placas [Valor 039], utilizado por [Nombre 013] y [Nombre 016]. (Propiedad de la Corte Suprema de Justicia).

4.3- Isuzu, D-Max, color gris, placas [Valor 020], utilizados por [Nombre 007]. 4.4- Mitsubishi, Montero, color blanco, placas [Valor 082], utilizada por [Nombre 001]. 4.5- Toyota, Rav-4, color plateado, placas [Valor 083], utilizado por [Nombre 016]. 4.6- Hyundai, estilo Santa Fe, año 2013, color blanco, placas [Valor 084], utilizado por la organización criminal 4.7- Toyota, Hi-Lux, color blanco, placas [Valor 085], utilizado por la organización criminal utilizado el 18 de junio 2020. 4.8- Isuzu, estilo D-MAX LS, año 2016, color gris, placas [Valor 086], utilizado por [Nombre 021] y [Nombre 019].

4.9- Mitsubishi, estilo L200, color blanco, placas [Valor 087], utilizada por [Nombre 020]. 4.10- Mitsubishi, estilo L200, color blanco, placas [Valor 088], utilizado por [Nombre 027] y [Nombre 024]. 4.11- Vagoneta color negro con rojo / amarillo con blanco, marca Mack, placas metálicas [Valor 089], utilizada por [Nombre 028]. 4.12- Hyundai, color vino oscuro, estilo Palisade, con placas [Valor 056], utilizado por [Nombre 004], conocido como “[Nombre 165]”, [Nombre 042] y [Nombre 031].

Como parte de las actuaciones necesarias realizadas por los miembros de la organización criminal, a fin ejecutar de manera adecuada acciones logísticas para ingresar, almacenar, transportar y distribuir alijos de droga en el territorio nacional, se establecieron las siguientes: 5.1.- El 06 de febrero del 2019, al ser las 10:05 horas aproximadamente, los encartados [Nombre 013] y [Nombre 016], manteniendo bajo su custodia el vehículo marca Isuzu, estilo MU-X, placas [Valor 039], propiedad del Poder Judicial, encontrándose en horario laboral, hicieron uso del mismo para lo cual se trasladaron desde el edificio del Organismo de Investigación Judicial en [...], propiamente a la vivienda del encartado[Nombre 007],  donde  permanecieron   hasta  las  11:15  horas aproximadamente, reunidos con integrantes de la estructura criminal. 5.2- Entre las 19:00 horas aproximadamente del domingo 03 de mayo de 2020 y las 04:00 horas aproximadamente del lunes 04 de mayo de 2020, los imputados [Nombre 013], [Nombre 016], se trasladaron al sector de Puerto Jiménez, haciendo uso del vehículo marca Toyota, estilo Rav-4, placas [Valor 090]. 5.3- Desde horas de la noche del domingo 07 de junio del 2020 y hasta la mañana del lunes 08 de junio del 2020, [Nombre 013], a bordo del vehículo Suzuki, Spark, color blanco, placas [Valor 081], [Nombre 021], a bordo del vehículo Hyundai, estilo Santa Fe, color blanco, placas [Valor 084], y un sujeto de identidad desconocida que viajaba en una vagoneta marca Mack, color negro con rojo, placas metálica [Valor 053], todos miembros de la organización criminal, se trasladaron, desde el sector de Puerto Jiménez, hasta el Pacífico Central del país, para lo cual según el rol y distribución de funciones, el conductor de la vagoneta, transportaba en un compartimento secreto “caleta” en el piso de la góndola de la vagoneta, una cantidad indeterminada de alijos de droga, mientras que [Nombre 013], [Nombre 021] y los otros sujetos de identidad desconocida, en los respectivos vehículos en los que viajaban, le brindaron custodia a dicha vagoneta, asegurando que la misma llegara a su destino, alertando de la presencia de retenes policiales o de posibles “tumbadores”. 5.4.- Desde horas de

la madrugada y mañana del martes 18 de agosto del 2020, [Nombre 016], a bordo del vehículo marca Toyota, Rav-4, color gris, placas [Valor 090], [Nombre 021] y [Nombre 019], a bordo del vehículo Isuzu, estilo DMAX LS, color gris, placas [Valor 086], y un sujeto de identidad desconocida, condujo la vagoneta, marca Mack, color negro con rojo, placas metálica [Valor 114], con consiguiente numeración en ese momento desconocida, se trasladaron desde la zona sur, Puerto Jiménez, hasta el Pacifico Central brindando custodia.

El 28 de octubre del 2020, los acusados [Nombre 001], [Nombre 007], [Nombre 013], [Nombre 016], [Nombre 042] (a quien se le sigue causa aparte 23000113-0622-TP), [Nombre 027], [Nombre 019], [Nombre 021], [Nombre 004], [Nombre 024], [Nombre 031], [Nombre 028], de común acuerdo y con una clara distribución de funciones, adquirieron, poseyeron y transportaron mil kilogramos de clorhidrato de cocaína desde el sector de la zona sur del país Puerto Jiménez, hacia el Pacífico Central, acciones que desarrollaron de la siguiente manera: 6.1.- Desde horas de la madrugada y mañana del martes 28 de octubre del 2020 los acusados [Nombre 028], [Nombre 027], [Nombre 024], [Nombre 031], [Nombre 042] (a quien se le sigue causa aparte 23-000113-0622-TP), [Nombre 004], alias “[Nombre 165]”, [Nombre 021] y [Nombre 019], alias “[Nombre 136]”, adquirieron, poseyeron y ocultaron en un compartimento oculto ubicado en el piso de góndola de la vagoneta, marca Mack, color blanco con amarillo, placas metálica [Valor 053] la cantidad de mil kilogramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en mil paquetes con un peso aproximado de un kilogramo cada uno, de los cuales al menos setecientos cincuenta (750) contenían una masa neta de setecientos cincuenta y dos cero treinta gramos (752,030 g) de bloque sólido con cocaína. 6.2.- Según la distribución de funciones necesaria para el transporte de los alijos de droga referidos, el encartado [Nombre 028] al ser las 5:10 horas aproximadamente transportó de los referidos mil kilos de clorhidrato de cocaína, en la vagoneta placas [Valor 053], al tiempo que [Nombre 027] y [Nombre 024], a bordo del vehículo marca Mitsubishi, estilo L200, color blanco, placas [Valor 088], [Nombre 031], [Nombre 042] (a quien se le sigue causa aparte 23-000113-0622- TP), [Nombre 004], alias “[Nombre 165]”, a bordo del vehículo Hyundai, color vino oscuro, estilo Palisade, con placas [Valor 056] y [Nombre 021] y [Nombre 019], alias “[Nombre 136]”, en un vehículo hasta el momento no identificado, le brindaron custodia a los alijos de droga que transportaban ocultos en dicha vagoneta, asegurando que la misma llegara a su destino, alertando de la presencia de retenes policiales o de posibles “tumbadores”. 6.3.- El mismo 28 de octubre del 2020, a eso de las 08:10 horas aproximadamente, en el sector de Garabito, luego de coordinaciones entre la policía judicial y la policía administrativa, se logró la detención de los imputados [Nombre 028], [Nombre 027], [Nombre 024], [Nombre 031], [Nombre 042] (a quien se le sigue causa aparte 23-000113-0622TP), [Nombre 004], alias “[Nombre 165]”, a su vez se procedió con el decomiso de los mil paquetes con clorhidrato de cocaína, los vehículos marca Mitsubishi, estilo L200, color blanco, placas [Valor 088] y Hyundai, color vino oscuro, estilo Palisade, con placas [Valor 056], armas de fuego, teléfonos celulares, así como la suma de cinco millones quinientos veintiocho mil colones en efectivo (¢ 5.528.000°°) y diecinueve mil cuarenta y cinco dólares norteamericanos en efectivo ($19.045°°), dinero que se encontró distribuido entre los detenidos, mismos producto del giro comercial de las drogas. 6.4.- Posterior a los traslados de droga que realizaron los miembros del grupo criminal citados, en fechas 18 de agosto y 28 de octubre del 2020, los acusados [Nombre 013], [Nombre 016], funcionarios públicos destacados para ese momento en el Organismo de Investigación de Corredores, como parte de sus funciones dentro de la organización criminal, asesoraron a los líderes del grupo, [Nombre 001] y [Nombre 007], a efectos de que cambiaran las estrategias de traslados de droga, a fin de no ser detectados por las autoridades, para lo cual recomendaron no realizar los traslados de droga los días lunes, destruir la vagoneta, puesto que fue detectada por la policía el 18/08/2020, así mismo, sugirieron desaparecer evidencia importante, para evitar ser vinculados en la presente investigación como los videos de las gasolineras desde Puerto Jiménez hasta el sector de Garabito donde fue detenida la vagoneta con la tonelada de cocaína el 28/10/2020, aunado a lo anterior, el mismo 28/10/2020, luego del decomiso de la droga, [Nombre 016] y [Nombre 013] informaron a los miembros de la estructura criminal, sobre posibles allanamientos en las viviendas de los detenidos.

El día 06 de abril del año 2021, al ser las 04:00 horas, bajo la orden jurisdiccional del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de Alajuela, mediante resolución de las 17:05 horas del 26 de marzo del 2021, se realizaron las diligencias de allanamiento, registro y secuestro en las propiedades relacionadas a los imputados que conformaron la organización criminal decomisándose diferentes evidencias» (fs. 124-130 de la sentencia). Ahora bien, dada la importancia que revisten en esta causa los rastreos telefónicos o análisis de itinerancia de los teléfonos intervenidos, un primer aspecto a analizar, con miras a establecer la validez de la actividad probatoria en la cual se funda la condena de los sindicados, es la vinculación de estos con cada uno de los derechos o aparatos telefónicos que han sido intervenidos y cuyo uso se les atribuye. El recuento de la forma cómo se fue dilucidando cuáles eran los números telefónicos o IMEI que utilizaban los justiciables (así como el consiguiente reemplazo o cambio de estos a lo largo de la investigación), fue examinada con detalle en el punto B) del considerando en el que se resolvió la queja por falta de imparcialidad de la jueza [Nombre 043] Beita y falta de fundamentación de las órdenes de intervención telefónica dictadas por esta. Se remite a dicho apartado, con el fin de no reiterar in extenso el análisis expuesto, que es el mismo que, en sus líneas fundamentales, se recoge en el fallo impugnado (cfr. fs. 1473 a 1485 de la sentencia). Valga indicar, únicamente, para aclarar algunas de las aseveraciones que realizan los impugnantes, que no es cierto que no se hubiesen efectuado comprobaciones o actas de tenencia a fin de confirmar el uso de los derechos telefónicos por parte de las personas imputadas a las que estos se asocian. Dichas comprobaciones se dieron, al menos, en relación con los siguientes encartados: [Nombre 007] (fs. 1479 de la sentencia, 22 fte. y 59 vto. del legajo de intervenciones telefónicas, así como 68 fte. del tomo I principal); [Nombre 013] (fs. 1479 de la sentencia; fs. 16 fte. y 38 fte. y vto. del tomo I principal); [Nombre 016] (cfr. f. 1467 de la sentencia y 149 del tomo I principal), [Nombre 001] (cfr. fs. 59 fte. y vto. del legajo de intervenciones telefónicas; fs. 101 vto. y 150 fte. y 280 fte.  del tomo I principal), y [Nombre 020] (f. 449 vto-450 y 465 del tomo I principal). Ahondando en algunas de dichas comprobaciones, cabe indicar, en lo que toca a [Nombre 001] que, en el curso de la investigación se determinó que utilizó los siguientes números telefónicos: [Valor 015], [Valor 029] y [Valor 035]. Durante una llamada que realizó [Nombre 007] a [Nombre 001], desde el número telefónico [Valor 021] (secuencia 03220414, número de llamada así rectificado por el Tribunal de Juicio a partir de la escucha íntegra de los autos, ya que a folio 3409 se identifica como secuencia n.°  304648), se puso en evidencia que el primero conocía a [Nombre 001] con el sobrenombre de «[Nombre 163]», que  [Nombre 007] y [Nombre 001] tenían una relación de confianza mutua entre ellos y a su vez, con [Nombre 004], alias «[Nombre 165]» (cfr. fs. 1460-1461 de la sentencia impugnada y f. 3409 del tomo VII). Este mismo sobrenombre de «[Nombre 163]», es el utilizado por un sujeto en la llamada con la secuencia 06083064, realizada desde el número [Valor 035] (f. 1461 de la sentencia impugnada y 3409 fte. del tomo VII principal). El análisis que consta en la sentencia sobre el uso de dicho mote, al menos por parte de las personas más allegadas o con una relación de mayor confianza con [Nombre 001], lo desarrolla en forma amplia el tribunal, entre folios 1461 y 1462 de la sentencia, según su propia numeración. A mayor abundamiento, el oficial [Nombre 044] expuso, durante su declaración en debate: «[Nombre 001] también tenía un sobre apodo que era [Nombre 163], tenía dos [Nombre 163] el sobrenombre principal y otro sobre nombre alias [Nombre 167] de hecho tenía un buque que tenía el nombre de [Nombre 167], el nombre de él» (f. 602 de la sentencia). Entre otras llamadas de interés que vinculan a [Nombre 001] con el uso del teléfono [Valor 015], se encuentra la identificada con la secuencia 02303999, de 14 de diciembre de 2019, que corresponde a un cobro de Coopealianza, en la que se le identifica por su nombre (cfr. f. 1474 de la sentencia, dato que corrobora esta Cámara a partir de lo consignado a f. 136 vto. del tomo I principal). Finalmente, en la llamada secuencia 0348158 de fecha 2 de diciembre de 2019, un sujeto a quien se llama desde el número interceptado —[Valor 015]— identifica a su interlocutor como «[Nombre 001]» (cfr. f. 66 vto. de tomo I principal).  Cabe indicar que, tal y como se documenta a folio 59 del legajo de intervenciones telefónicas, a través de una consulta realizada por la policía judicial al Instituto Costarricense de Electricidad, se logró determinar el momento en el que el IMEI asociado al teléfono [Valor 015] (vinculado a [Nombre 001]), fue cambiado al número [Valor 029], lo que se reafirmó con una prueba de tenencia (ver f. 95 del tomo I principal). En lo que toca a [Nombre 007], es abundante la información analizada por el a quo que lo vincula con el uso del número [Valor 021]. Al respecto, se expuso, entre otros aspectos: «Para la identificación de [Nombre 007] del número telefónico intervenido [Valor 021] asociado se encuentra la comunicación 04827412 directamente con su esposa, mientras que en la secuencia 03349578 un sujeto de nombre [Nombre 168] lo identifica como [Nombre 007] y en la comunicación 06067663 en la cual su esposa lo llama por el nombre, conversaciones todas del 30 de noviembre de 2019. En el mismo sentido al igual que las secuencias 02584598 se identifica con su hijo, en la 04783719, el mismo conversó con una femenina a quien identificó como mamá, ambas secuencias del primero de diciembre de 2019 […] en la llamada 05014662 en la que el Banco Nacional mediante mensaje de texto le informa de un crédito a la cuenta por cuatro millones trescientos cuarenta y seis mil cuarenta y un colones con treinta céntimos (¢4,346,941.30) […] En la conversación 06072121, el interlocutor identificó a [Nombre 007], al mismo tiempo resulta interesante que el mismo imputado [Nombre 007] indicó que él para los días de diciembre se la pasó en Zancudo y Puerto Jiménez, además le aclaró al interlocutor que vive de una finca para pasto, cuatro taxis y “lo de la palma”» (cfr. fs. 1474-1475 de la sentencia y f. 68 fte. del tomo I principal).  Aún más importante, pondera el a quo que a folio 25 vuelto (tomo I principal), consta la realización de una prueba de tenencia de dicho número por parte de [Nombre 007]. Esta cámara advierte que, en efecto, en el informe inicial de investigación (516-SECCRO-2019 de 23 de setiembre de 2019), se consignó: «Al ser aproximadamente las 14:10 horas, el investigador [Nombre 243] investigador de la Sección de Crimen Organizado realizó una llamada telefónica al número [Valor 021] propiedad de [Nombre 007] del número telefónico 2295-4227 propiedad del Poder Judicial y que aparece en el identificador como privado, contestando un sujeto que se identificó como “[Nombre 007]” al contestar, motivo por Io que el investigador [Nombre 243] por medio de un ardid policial logró corroborar aún mas la identidad del interlocutor, confirmando que se trataba de [Nombre 007]. Es importante indicar que en el momento que se realizó la llamada, [Nombre 007] se encontraba dentro de la propiedad de [Nombre 001]» (f. 25 vto. del tomo I principal). La vinculación de [Nombre 007] con el sobrenombre de «[Nombre 171]», la expuso el tribunal también, a partir del dicho del investigador [Nombre 044]: «En el esquema de la estructura criminal este Tribunal se tiene por acreditado que [Nombre 007], alias “[Nombre 171]”, era la persona de confianza de [Nombre 001], encargado de labores operativas con respecto al almacenaje, transporte y distribución de los alijos de droga al país. Que como se verá mantiene conversaciones con los demás encartados, se interesa por la parte logística de los traslados y es quien con posterioridad al veintiocho de octubre de dos mil veinte (materialización) procede a buscar información del por qué fueron detenidos con la tonelada de droga, cuyo valor es aproximadamente de siete millones de dólares. “[Nombre 171]” es un sobrenombre con el que se identificó plenamente a [Nombre 007] y su relación con el nombre y la persona, quedó clara para este Tribunal. A pesar de que se indicó que varios miembros de esa familia de este imputado le decían así, que es la familia de los “[Nombre 171]” existió una identificación plena por medio de la conversación entre presentes, por medio de llamadas y por parte de la Policía Judicial cuando el investigador a cargo [Nombre 044] quien indicó al respecto: “Se le preguntó al señor [Nombre 116] si tenían alguna causa alguno de los investigadores, en el sector de Laurel se le dio la dirección y nos indicó que no, que ellos no tenían ninguna causa, que la salida que ellos habían realizado era al sector de Golfito al hospital y que no tenían que estar haciendo nada en ese sector de Laurel, con eso se empezó ya a hacer diligencias policiales con respecto a esa vivienda, quien vivía en esa vivienda, a nombre de quien estaba y demás diligencias policiales nos damos cuenta que esa vivienda estaba a nombre de un señor de nombre no recuerdo pero era de apellido [Nombre 007], el papá de [Nombre 007], estaba a nombre del papá de él la vivienda se le hace un estudio de las personas que viven, quienes son los hijos y nos damos cuenta que uno de los hijos, bueno que eran conocidos [Nombre 007] ya nos cuenta que nos relacionaba con informaciones confidenciales que habíamos sacado de causas anteriores, don [Nombre 007] nos damos cuenta que un hermano de [Nombre 007] estaba preso o estuvo preso o lo habían matado no recuerdo muy bien que estaba por tráfico de drogas, también, que a esa familia le decían “[Nombre 171]”, que al hermano mayor, que a cualquiera le decían [Nombre 171]”, “[Nombre 171]” que ese era el apodo o el alias de esa familia. Se continuó ya le dimos ya más importancia a esta vivienda ya vimos que esta persona donde ellos llegaron era un objetivo para nosotros era una persona que estaba ligada con el narcotráfico, o por lo menos estuvo ligada en su momento con el narcotráfico, entonces se empezó a investigar […] No recuerdo si en esas transcripciones vi la palabra [Nombre 007], “[Nombre 171]”, “[Nombre 171]”, me parece que sí, me parece que sí estaba la palabra [Nombre 007]. No recuerdo cuantas veces se dijo el alias de “[Nombre 171]”, “[Nombre 171]” en las transcripciones. En el sector de la zona sur Laurel y La Cuesta, “[Nombre 171]” solo él que hablaran la familia de él los llamaban los “[Nombre 171]”, el hermano era “[Nombre 171]” y a él era “[Nombre 171]”. En las transcripciones el mismo [Nombre 001] le decía “[Nombre 171]” a él» (fs. 1462-1463 de la sentencia). Otros de los integrantes del grupo criminal que fueron detectados por los investigadores desde la fase inicial de las pesquisas y que ocupan un lugar de suma importancia por ser policías judiciales que ponen sus conocimientos y acceso a información sensible al servicio de la organización criminal, son [Nombre 013] y [Nombre 016]. Como se verá, dichos sujetos cumplieron una función estratégica para el éxito de las operaciones de movilización de droga que realiza el grupo, ya que no sólo participan activamente en los traslados de sustancias ilícitas como parte del dispositivo de seguridad, sino que, además, realizan inteligencia y asesoran a [Nombre 001] sobre estrategias para evitar ser detectados. Luego del decomiso ocurrido el 28 de octubre de 2020, también advierten a los otros partícipes en el delito, sobre los allanamientos por realizarse.  A [Nombre 013] se le realizó prueba de tenencia del derecho telefónico con el que se le vinculaba, en fecha 11 de marzo de 2019, tal y como se apunta a folio 1479 de la sentencia y se documenta a folio 16 vuelto del tomo I principal. En dicho informe, se detalla que en fecha 10 de febrero de 2019, mientras conducía en carretera se le hizo señal de alto a [Nombre 013] en un retén policial y, a pesar de detenerse inicialmente, emprendió la huida para evitar la revisión de su vehículo, dejando incluso sus documentos personales en el sitio. A partir de dicho evento, procedió a cambiar su línea telefónica inicial, que era la [Valor 091], por el número [Valor 032] (cfr. f. 14 del tomo I principal). Además, se toma en cuenta que él mismo se identificó como «[Nombre 013] del OIJ», en la llamada consecutivo 02690445, de 12 de diciembre de 2019. (cfr. f. 1473 de la sentencia). En lo que atañe a [Nombre 016], se le realizó prueba de tenencia del número [Valor 033], por parte de los oficiales del Organismo de Investigación Judicial [Nombre 174] y [Nombre 037], lo que quedó consignado en la respectiva acta de las 07:55 horas del 29 de enero de 2020, visible a folio 149 del tomo I principal, según pudo corroborar esta Cámara. Al respecto, constató en debate el investigador [Nombre 044]: «[Nombre 016], igual que [Nombre 013] me parece que el número de teléfono de él estaba a nombre de la esposa o ex esposa de [Nombre 016], sin embargo, de igual forma él tiene que suministrar ese teléfono a la delegación policial y era de conocimiento de la jefatura, la jefatura nos da ese número de teléfono como de él, igual se le hace una llamada telefónica y se corrobora que es él contesta y es el que porta ese número de teléfono» (f. 1480 de la sentencia). En cuanto a [Nombre 020], en el informe 002-SECCRO/IP-2020, puntualmente a folio 438 frente del tomo I principal, se consulta por el propietario del número telefónico [Valor 041], que es utilizado por un sujeto a quien en las llamadas se le identifica como «[Nombre 020]» o «[Nombre 020]», obteniéndose del ICE que dicho número pertenece a [Nombre 012], cédula [Valor 092], quien es la progenitora de [Nombre 020], hermano de [Nombre 010], esposa de [Nombre 001] (respecto a la tenencia de este número telefónico, ver f. 1485 de la sentencia). Cabe indicar que varias de las llamadas en las que se detecta el número telefónico [Valor 041], son comunicaciones con [Nombre 010], en las que esta le solicita a su interlocutor que realice pagos o bien rectifique la contabilidad de altas sumas de dinero que ella tiene ocultas en su casa (cfr. al respecto, las llamadas consecutivo 03363197 de fecha 15 de setiembre de 2020 y consecutivo 02621495 de fecha 16 de setiembre de 2020, a folios 436 vuelto y 437 frente, respectivamente). Ahora bien, debe tenerse claro que, en nuestro ordenamiento jurídico, no rige la prueba tasada, por lo que la demostración del uso de derechos telefónicos, en muchos casos, se obtiene — válidamente— a partir del contenido mismo de las escuchas telefónicas y de los rastreos y estudios de radiobases, asociados a seguimientos policiales. El primer supuesto ocurre en este asunto en relación con [Nombre 176], que es identificada por primera vez como posible esposa de [Nombre 001], en la llamada secuencia 03425957 de fecha 5 de enero de 2020, cuando el primero la llamó al [Valor 093], desde el [Valor 015], para conversar con esta sobre un viaje que hizo a la finca y los posibles arreglos que debe realizar a las edificaciones que allí se encuentran (ver análisis a f. 143 vto. del tomo I principal). Dicha relación se corrobora el 17 de julio de 2020 de forma indubitable, cuando [Nombre 001], desde el número [Valor 035], señala que [Nombre 010] es la esposa de él (cfr. llamada n.° 04835486, visible a f. 330 fte. del tomo I principal). El tribunal determinó que, a lo largo de la investigación, [Nombre 010] hizo uso del teléfono [Valor 040] y posteriormente, del [Valor 049] (cfr. f. 1484 de la sentencia). En relación con dicho cambio, tenemos que a [Nombre 010] se le vinculó, en algún momento inicial, con el uso del teléfono número [Valor 040] a nombre de su madre, el cual posteriormente deja de usar, y lo cambia por el [Valor 049], lo anterior se concluye a través de diversas conversaciones captadas con [Nombre 001], entre ellas, la llamada secuencia n.° 04835486 del 17 de julio de 2020. La forma cómo se vinculó a la encartada con dichos números telefónicos, la analiza el a quo a folios 1484 y 1485 del fallo. No debe olvidarse, en igual sentido, que en muchos casos quien inicia una llamada telefónica se identifica a sí mismo por su nombre o sobrenombre, o bien, es reconocido por el interlocutor en el curso de la conversación. Asimismo, la hipótesis sobre quién hace uso de determinado derecho telefónico es constatada a través de las vigilancias, por ejemplo, al acordarse un encuentro o anunciarse un viaje al que se observa acudir al sujeto vinculado policialmente con el número utilizado para ponerse de acuerdo. También ocurre en este asunto, en algunas ocasiones, que —debido a la dinámica de cambio constante del número telefónico o la utilización de diversos aparatos, que caracteriza a los sindicados en su búsqueda por evadir el control policial— son los mismos implicados los que mencionan en las conversaciones captadas, cuál es el derecho telefónico que usarán en adelante. En el caso de [Nombre 004], [Nombre 024], [Nombre 027], [Nombre 031] y [Nombre 028], su vinculación con los números de teléfono o bien con los IMEI, se realiza a partir del decomiso de los aparatos celulares que portaban al momento de su detención provisional, en fecha 28 de octubre de 2020. Tal y como se expondrá más adelante, la posterior apertura de los dispositivos móviles permitió conocer distintos elementos que vinculaban en forma fehaciente el aparato o línea telefónica con su usuario, como por ejemplo fotografías, conversaciones por mensajería y contactos, los cuales se interrelacionaron a su vez, con las vigilancias y análisis de intervenciones. Otro punto de partida importante en la investigación consiste en la documentación y análisis de diversas movilizaciones típicas de transporte de droga y otras actividades de interés, realizadas por los incriminados. A lo largo de la investigación conducida entre noviembre de 2018 y abril de 2021, mediante vigilancias, rastreos e intervenciones telefónicas, la policía judicial documentó 6 eventos similares, que consistían en traslados entre el sector de Osa y el Pacífico central, en horas de la noche o madrugada. Dichos traslados se realizaban típicamente durante el fin de semana o entre lunes y martes. Algo que llamó mucho la atención de los investigadores, fue el hecho de que quienes participaban en dichas movilizaciones evitaban hacer uso del teléfono mediante llamadas tradicionales y, por el contrario, privilegiaban el uso de aplicaciones o mensajería. Al respecto, relató en juicio el analista Jairo Navarro Sánchez:  «Cuando se hace este análisis cruzado veo que efectivamente, la interacción de datos móviles era bastante alta en comparación a la interacción de llamadas convencionales. Y fue pues para mí el punto de partida para poder analizar el comportamiento de la activación de esos de esos datos móviles. Hice un recuento de todas las comunicaciones que se han generado dentro del sistema desde que se inició la intervención. No recuerdo cuántos registros, pero sí eran bastantes porque eran varios investigados y logré establecer de que había un

comportamiento bastante atípico. A mi parecer y experiencia que los investigados estaban realizando los fines de semana de sábado a domingo o de lunes a o de domingo a lunes en horas de la noche y terminaba el día siguiente en horas de la madrugada. Que básicamente era salir de sus sectores, donde estaban ubicadas sus residencias y hacían un desplazamiento desde, por ejemplo, La Cuesta o Laureles de la zona sur hasta el sector de Osa. No recuerdo si era puerto Osa o algo así por el estilo Puerto Escondido de Osa, donde se denotaba una ruta de activación lineal de radiobases por datos móviles, no habían llamadas, no había contenido de audio que se ejecutaba alrededor de las veinte horas de la noche empezaba el traslado que para mí era atípico o llamaba la atención, se mantenían en horas de la de la madrugada en Osa, en la Península de Osa y ya a partir de las tres cuatro de la mañana, en algunos eventos denoté que hacían traslado desde Osa hasta el sector de Tárcoles, ya cercano a al cantón de Orotina, y posterior a esto hacían su retorno nuevamente hasta la zona sur» (f. 1488 de la sentencia). El estudio de itinerancia de los teléfonos, producto de las intervenciones telefónicas, permitió documentar 6 eventos de movilización de los incriminados, los cuales al ser examinados con detenimiento, revelaron la existencia de un patrón de ruta y horario, que tenía la particularidad de que los participantes de dichos traslados, evitaban realizar llamadas en forma convencional. Esta precaución es un indicio más de la actuación ilícita de los incriminados y explica por qué no se detectaron llamadas explícitas entre los participantes de los traslados de droga para coordinar sus movimientos durante los tres trasportes de sustancias ilícitas que pudo detectar la policía. Al respecto señalaron las juezas de mérito: «Precisamente otro de los aspectos que debe considerarse, es la práctica de varios de los encartados, de cambiar el número telefónico, así como el uso de varios aparatos telefónicos o tarjetas SIM, como estrategia para evitar ser detectados. Además de documentarse el momento específico en que [Nombre 001] cambió de aparato telefónico, se documentó también, a través de un retén policial realizado a [Nombre 007] por la policía municipal de Escazú» (ver f. 1502 de la sentencia). Este aspecto debe asociarse también con las manifestaciones recogidas en las actas de escucha del vehículo oficial placa [Valor 043], en el sentido de que tanto [Nombre 016] como [Nombre 013], por sus conocimientos como oficiales de la policía judicial, tomaban la precaución de apagar datos de los teléfonos cuando realizaban ese tipo de movilizaciones. Un ejemplo de ello es el siguiente diálogo, en el marco de una conversación entre ambos oficiales sobre el riesgo de ser detectados y seguidos por la policía en carretera, cuando realizaban traslados de droga: «[Nombre 013] [:] la ves (sic) pasada pegaron a [Nombre 165] y a este mae, los maes se me perdieron cuando yo apague (sic) los datos del celular» (cfr. f. 11 vto. del legajo de escuchas). Ahora bien, entre los traslados o movilizaciones que resultan de interés para sustentar la tesis acusatoria, se documentaron los eventos que se detallan a continuación. Para su examen, esta Cámara advierte que se ha variado la numeración de los eventos seguida por el tribunal de juicio, privilegiándose en su lugar, el orden estrictamente cronológico de los sucesos: Evento de interés n.° 1:

El día 6 de febrero de 2019, poco después de las 10 de la mañana, [Nombre 013] y [Nombre 016] se trasladaron al vehículo de uso oficial que se encontraba asignado a ellos —el Isuzu, estilo MU-X, placas [Valor 039]— hasta la vivienda del encartado [Nombre 007], donde permanecieron hasta las 11:15 horas aproximadamente (fs. 1505-1509 de la sentencia y fs. 17 fte.- 19 vto. del tomo I principal). Las juzgadoras tienen por acreditado que en esta ocasión [Nombre 016] y [Nombre 013] se reunieron con miembros de la organización criminal, en la casa de [Nombre 007], lo cual se comprobó con el dicho del investigador [Nombre 044] y el informe policial que da cuenta del seguimiento y vigilancia efectuados. Sobre el particular, resaltó el a quo: «La vigilancia de ese día 6 de febrero del 2019, se acreditó por los oficiales del Organismo de Investigación Judicial [Nombre 177], [Nombre 044], y [Nombre 251], quienes anotaron en el respectivo informe que realizaron en relación con ésta que al ser las seis (06:00) horas iniciaron vigilancia en la vivienda de [Nombre 013] (lo que consta de folio 16 del expediente principal y en el informe 516-SECCRO2019), siendo que a eso de las seis y cincuenta y cuatro (6:54) horas, el oficial

[Nombre 044] procedió a marcar el número 6321-4993 el cual contestó [Nombre 013] (fotografía a folio 16 vuelto donde se observa al encartado [Nombre 013] (sic) contestando el teléfono). A las 7:40 se observó a [Nombre 013] salir del edificio del Organismo de Investigación Judicial, de Ciudad Neilly en compañía de [Nombre 016], así reconocido por el oficial [Nombre 044], abordando el vehículo placas [Valor 039] marca Isuzu MU-X en dirección a Golfito y a las 11:00 horas (fotografía a folio 17 vuelto en la cual se observa la vivienda a la cual ingresó el vehículo [Valor 039]), el oficial [Nombre 044] logró observar en una propiedad donde había ingresado el vehículo [Valor 051], otros tres vehículos, uno marca Land Rover placa [Valor 094], corresponde a un Land Rover, estilo Evoque D, color negro, año 2014, otro automotor estilo pick up marca Isuzu D-MAX sin placas polarizado incluso el parabrisas frontal y en el corredor se observó varias personas entre ellas a [Nombre 013] y [Nombre 016] quienes habían indicado en la delegación que estaban en Golfito tramitando, en la consulta en libros de la delegación se consignó lo siguiente:

“06/02/ 07:39. SALEN LOS COMPALEROS [Nombre 013] , [Nombre 016] HACIA GOLFITO A TRAMITA (sic) (Disco compacto formato PDF, ACTA DE VIGILANCIA 06 FEBRERO 2019)»  (fs. 1506-1507 de la sentencia). En efecto, esta Cámara comprueba, a partir del examen del informe inicial de investigación, que [Nombre 044], quien participó en el seguimiento, reportó que dieron seguimiento a los oficiales desde que salieron de las oficinas del OIJ en Corredores, e ingresaron en el vehículo institucional a la propiedad de [Nombre 007], logrando observar «la permanencia de varias personas en el corredor de la vivienda, entre ellas los dos investigadores [Nombre 016] y [Nombre 013]» (cfr. f. 17 vto. del tomo I principal). En el informe correspondiente consta, incluso, una fotografía del vehículo propiedad del Poder Judicial utilizado por los investigadores placas [Valor 039], parqueado dentro de la propiedad de [Nombre 007] (cfr. f. 1507 y f. 17 vto. del tomo I principal). Además, ambos encartados omitieron informar a la oficialía de guardia que realizarían dicha diligencia y el jefe de la delegación del OIJ de Corredores, en la que ambos laboran, señaló que, en adición a no haber reportado la visita, la zona de Laurel se encuentra fuera del área de investigación asignada a [Nombre 013] y [Nombre 016] (cfr. fs 1508 y 18 vto. – 19 fte. del tomo I principal). En ese sentido, acotó el tribunal de mérito: «el licenciado [Nombre 116], declaró en el contradictorio y de manera categórica, detalló y explicó que a los encartados no les correspondía esa zona (Laurel de Corredores) para tramitar expedientes es decir, no existió ninguna otra razón que ubicara a los encartados [Nombre 013] y [Nombre 016] en la casa del coimputado [Nombre 007], más que hacer las coordinaciones con el grupo criminal para días futuros» (f. 1509 de la sentencia. El subrayado es suplido). Hacen ver las juzgadoras, además, que la interceptación de comunicaciones entre presentes despeja cualquier duda que pudiese existir en cuanto a la conexión que mantenían los oficiales [Nombre 013] y [Nombre 016] con los restantes miembros del grupo criminal, de manera que dicho ligamen se explica únicamente en la asesoría que brindaban a este para el tráfico de drogas y las coordinaciones necesarias para asumir el rol en la organización, que luego se demostró en forma fehaciente a lo largo de la investigación. Al efecto, transcriben parcialmente las juezas de mérito la conversación entre ambos oficiales, captada dentro del vehículo institucional en el que intercambian su parecer sobre una actuación de la policía que puso en peligro uno de los traslados de droga, achacando dicha situación a algún comportamiento indebido o falto de cautela de quienes brindaban el dispositivo de seguridad a la vagoneta el día 18 de agosto de 2020, lo que puso en alerta a la policía. Además, en el mismo diálogo, [Nombre 013] y [Nombre 016] especulan sobre la razón por la cual el grupo fue detectado por los agentes policiales (cfr. fs. 1503 y 1504 de la sentencia).  Sobre este punto, se indica en el fallo: «Lo anterior permite a este Tribunal constatar que esa reunión en la casa de [Nombre 007], no fue casualidad, ni porque tuvieran temas comerciales lícitos, porque no se ha logrado establecer relación alguna de los ex investigadores e imputados con [Nombre 007] ni con [Nombre 001], no hay vinculación alguna que de manera independiente demuestre alguna relación entre los encartados más que la actividad delictiva, tal como [Nombre 013] y [Nombre 016] lo confirmaron en la conversación entre presentes en la cual evidenciaron que ellos asesoraban al líder [Nombre 001] y a la mano derecha del mismo [Nombre 007], al respecto indicaron lo siguiente: “[Nombre 013] los maes que los pararon se identificaron como OIJ, no les tocaron los teléfonos y si hubiera sido un seguimiento los vieran quitado todo, no los hubieran dejado ir tan fácil, ni a la chuncha, ellos no sabían de la chuncha. Eso fue porque dijeron que eran del Sur.

Insiste que no le va hablar por teléfono que mejor se sientan hablar, para no calentarle la cabeza. Ya [Nombre 165] se los había dicho, [Nombre 171] fue conmigo y se los dijo, tocan el tema de los teléfonos chuseados, pero hacen mención que son nuevos (…) [Nombre 013] dice que hay que hablar y recordar que el dio opinión, pero que no les parece y apoyar a [Nombre 171]. Cambia de tema hace mención que tranquilo a [Nombre 001], porque no pegaron.” En el mismo sentido, conversaron lo siguiente: “[Nombre 013]: le indica que ya fue a hablar con aquel mae. [Nombre 016]: le dice con [Nombre 171] y que dice [Nombre 171], [Nombre 013]: le dice que [Nombre 171] lo tiene claro y es testigo que se le han dicho a Él, le dijó (sic) a [Nombre 165] que no están poniendo interés a las cosas que él ([Nombre 013]) está diciendo, allá después cuando pase la torta. Pero ellos dijeron tranquilo, nada va a pasar. [Nombre 016]: pregunta si le dijeron algo de la cagada esa, [Nombre 013]: que [Nombre 171] le dijo que algo le dijeron y no le han querido decir nada, porque saben que yo se los había dicho.” A partir de las múltiples conversaciones donde claramente se involucran en la organización criminal, logra concatenar y derivar esta Cámara de manera indudable que esa reunión usando el vehículo institucional era para concretar la actividad delictiva a desarrollar, lo que hicieron usando el vehículo asignado en su puesto de trabajo en el Poder Judicial, en horas laborales según lo pudieron constatar los investigadores judiciales» (fs. 1515-1506 del fallo). Efectivamente, en el acta de transcripción «Micro-SD N° 010-20», que consta entre folios 11 y 13 del legajo de escuchas, se logra apreciar un diálogo entre [Nombre 016] y [Nombre 013], en el que estos hacen clara referencia a su participación en el negocio ilícito de transporte de droga. Lo anterior, al comentar lo ocurrido durante el traslado de droga que la policía documentó en fecha 18 de agosto de 2020, en la que el propio [Nombre 016] se coloca como parte activa del dispositivo de seguridad de la vagoneta: «[Nombre 016] [:] le dice a los maes de nosotros, seguidamente como un mae del OU le dice que la alerta viene de tal lado, seguidamente le dice donde la vieron ellos? A Io cual le responden entrando a la autopista. Por Io que [Nombre 016] hace mención de la caravana que llevaba la vagoneta, primero menciona los carros iban, primero paso uno y la Hilux color champagne iba pegada a la vagoneta y el carro de [Nombre 165] fueron los únicos que pude identificar. Le menciona que de aquí para allá nada, como yo le dije a usted solo el Isuzu que era igual al de la oficina que yo le dije a usted que volara ojo a [Nombre 165], en Buenos Aires ven un Isuzu color verde, pero ese era del OU de Buenos Aires Io sé por la antena, entonces yo Io sondeo como ando solo en mi carro, bajo la velocidad y nunca me alcanzó y llegue a Pérez, pero a los 5 minutos de haber llegado a Dominical me pasó el Isuzu Dimas, un verde tierno. [Nombre 013] le indica que a los maes los pegan por la autopista un Hilux negro, por Io cual le indican a la vagoneta que regrese, se mete a una entrada, pero los maes que los siguen ven y siguen ceñidos con los carros y los maes se regresaban para traer la bicha, pero seguían atrás de los carros y no de la vagoneta, pero los maes calentaron la bicha. [Nombre 016] [:] para que se le arriman tanto esos maes. [Nombre 013] [:] como los maes se ciñeron tanto, Io unieron con la vagoneta. [Nombre 016] [:] si ellos vieran sabido (sic) los pegan en Buenos Aires, como (sic) se les va a perder un carro como esos, eso fue que la calentaron.

[Nombre 013] [:] eso dijo el mae por teléfono yo no quise decide mucho, mejor nos reunimos y hablamos» (cfr. f. 11 fte. y vto. del legajo de escuchas). La lectura completa de dicha conversación no deja lugar a dudas a este Tribunal, sobre la participación activa de los oficiales [Nombre 013] y [Nombre 016] en el grupo criminal brindado asesoría, pero también tomando parte de los dispositivos de seguridad para los traslados de droga (cfr. fs. 11 fte. – 12 vto. del legajo de escuchas). Si bien este diálogo no ocurrió en una fecha cercana al evento de interés que resultaba más próximo a esa reunión de planeación, captada por la policía (la cual data de noviembre de 2019), su valoración, en conjunto con las movilizaciones que a continuación se detallarán, permite acreditar de manera fehaciente que los contactos de [Nombre 013] y [Nombre 016] con [Nombre 007] y otros miembros del grupo criminal, no tenían otra razón de ser que la de coordinar aspectos propios de la empresa ilícita que ejercían en común, según quedó evidenciado en las movilizaciones captadas mediante estudios de radiobases, vigilancias y videos. Pese a que la defensa técnica trata de justificar los contactos y traslados de [Nombre 001] y [Nombre 007] en la actividad de cultivo de palma a la que ambos también se dedicaban, el único factor común que justifica las interacciones existentes entre [Nombre 001], [Nombre 007], [Nombre 013], [Nombre 016] y los otros miembros del grupo delictivo, es su común acuerdo para la movilización de droga. El carácter delictivo de dicha relación se afianza con la consideración de los eventos subsiguientes, y explicaría, además, por qué el 6 de febrero de 2019, cuando [Nombre 013] y [Nombre 016] visitan a [Nombre 007] en su vivienda, los oficiales no reportaron ante su jefatura que realizarían dicha diligencia. De esta forma, a partir de la valoración integral de la prueba —no sesgada, como lo pretenden los recurrentes— se concluye que el hecho probado 5.1 cuenta con una motivación probatoria intelectiva suficiente. En cuanto a dicha acreditación, razonaron las juezas de mérito: «esta Cámara tiene por establecido, que el objetivo y fin del contacto de todos los encartados lo es para el trasiego de droga, no otra cosa, como que sean familiares, o que cultivan lo mismo a saber palma, o se dedican al ganado. La relación de todos los encartados va más allá de meras coincidencias. En la agrupación criminal que nos ocupa existe un patrón de ruta de desplazamiento, que se comprueba a partir de un análisis integral y concatenado del acervo probatorio. Se contó con informes policiales que permite establecer las diligencias policiales que se realizaron para establecer la dinámica de la estructura criminal y el rol de cada uno de los imputados. Se contó con un legajo de intervenciones telefónicas un legajo de escuchas en vehículo Isuzu [Valor 095], Unidad [Valor 096], que contiene tanto el máster (audio) de las conversaciones como la transcripción, que se acompaña de un legajo de actas de remoción de dichas remociones debidamente aprobadas por Juez Competente con los fundamentos adecuados. El grupo criminal se consolidó a través de las funciones que realizó cada uno de los miembros quienes actuaron siempre bajo un acuerdo de voluntades y bajo un esquema de roles que, si bien es cierto es una “empresa criminal”, sí se conocen desde años atrás, viven en la misma zona y hay relaciones de familia, amistad y sobre todo actividades ilícitas entre ellos» (fs. 1458-1459 de la sentencia).  Se valida, así, con un sustento probatorio adecuado y una motivación intelectiva suficiente, el hecho probado contenido en el punto 5.1, a la vez que resulta clara la naturaleza delictiva de la relación de [Nombre 013] y [Nombre 016] con los restantes miembros del grupo criminal. Es importante acotar que uno de los reparos formulados por la defensa técnica en torno a la acreditación del hecho 5.1, consistió en que la acción de «reunirse» con otras personas, no constituye un delito. Esta afirmación, que en condiciones generales es correcta, no implica que no pueda demostrarse como antesala y marco circunstancial que permite entender la existencia de un acuerdo previo y división de roles para la realización del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos en este asunto. Evento de interés n.° 2: Exponen las juzgadoras que, a partir de la activación de radiobases de los investigados, logró determinarse que el sábado 30 de noviembre y el domingo 1° de diciembre de 2019, se reportó una movilización de los coimputados [Nombre 001], [Nombre 013], [Nombre 007] y [Nombre 016]. El 30 de noviembre de 2019, [Nombre 013] se trasladó a las 17:08 horas desde la zona de La Cuesta en Corredores, hasta el sector de La Palma y Puerto Escondido de Osa, donde permaneció hasta la madrugada (4:39 horas) del 1° de diciembre de 2019, regresando a Paso Canoas a las 5:20 horas.

Por su parte, el mismo 30 de noviembre de 2019 a las 16:04 horas, [Nombre 001][Nombre 001] registró un movimiento por ruta interna de Laurel de Corredores hasta Golfito, donde permaneció hasta las 12:06 de la madrugada del 1° de diciembre de 2019. En el caso de [Nombre 007], se reflejó su traslado de la zona de La Cuesta y Laurel de Corredores a las 11:46 horas del 30 de noviembre de 2019, con dirección a Golfito, activando las mismas radiobases que [Nombre 001]. El 30 de noviembre de 2019, [Nombre 016] inició el trasladó de Ciudad Neily con dirección a Piedras Blancas de Osa y finalmente al sector de Puerto Jiménez, a eso de las 21:55 horas, donde permaneció hasta las 4:22 horas de la madrugada del 1° de diciembre de 2019 (cfr. fs. 1490-1491 de la sentencia y 163 vto. y 177 vto del tomo I principal). A partir de las 4:36 horas, [Nombre 016] registra un traslado entre Piedras Blancas de Osa y Paso Canoas, el cual coincide en hora y ruta, con el registrado por [Nombre 013], para retronar a Ciudad Neily entre las 5 y las 6 de la mañana del 1° de diciembre de 2019, tal y como lo hace este último (cfr. fs. 163 vto. – 165 vto. del tomo I principal). Las rutas de traslado y su concordancia con los números telefónicos que se encontraban en uso de los incriminados se constatan a partir del examen del informe denominado «Avance No. 042-A-CJIC-2020» (fs. 121-148 del tomo I principal) y del informe de análisis de rastreo telefónico 006-DICR/SECCRO/ART-2020 (fs. 160-178 del tomo I principal). La coincidencia en las movilizaciones es notoria y llama la atención, no sólo por lo atípico de las horas elegidas, sino también porque no existen razones de amistad o trabajo que liguen a la totalidad de partícipes en dicho traslado:  «Tal y como se puede concluir la cercanía de los imputados a través de movimientos atípicos en horas de la madrugada, mismos que no demostraron tener relación alguna de amistad, laboral, entre otros, a excepción de [Nombre 016] y [Nombre 013] (al respeto se tienen los roles de disponibilidad del Organismo de Investigación Judicial de Corredores, de los meses de noviembre y diciembre, así como enero y febrero de 2020, que dan cuenta la disponibilidad laboral de los encartados y cómo en ocasiones cambiaban sus turnos para servir a la organización criminal)» (f. 1491 de la sentencia). Hacen notar las juezas, con vista en el rol de disponibilidad de los oficiales [Nombre 013] y [Nombre 016], que dicho viaje no coincide con el cumplimiento de sus labores (cfr. fs. 1490-1491 de la sentencia y 129 a 132 vto. del tomo I principal).  Evento de interés n.° 3: En fecha 7 de diciembre de 2019, el análisis de radiobases evidenció el traslado de [Nombre 016] desde Ciudad Neilly (donde reside) hasta el sector de Piedras Blancas de Osa, aproximadamente a las 22 horas, así como su permanencia en Puerto Jiménez de Osa entre las 22:59 horas del 7 de diciembre y las 5:36 horas del 8 de diciembre de 2019. Los datos técnicos que apoyan esta constatación pueden verificarse en el informe 006-DICR/SECCRO/ART-2020, en conjunto con el informe «Avance No. 042-A-CJIC-2020». El estudio de radiobases apuntó que el sindicado habría retomado el regreso a Ciudad Neilly, a eso de las 5:49 horas del 8 de diciembre (cfr. fs. 1492 y 177 vto. del tomo I principal). Por su parte, [Nombre 013] registró un traslado desde Ciudad Neilly hacia La Palma de Osa y Puerto Jiménez, a eso de las 21:17 horas del 7 de diciembre, donde continuó manteniendo actividad hasta las 5:46 horas del 8 de diciembre de 2019, momento en el que emprendió el regreso a Ciudad Neilly. En el caso de [Nombre 001], se movilizó del sector de La Cuesta y Laurel hacia Golfito a eso de las 20:35 horas del 7 de diciembre, permaneciendo en dicha localidad durante toda la noche y la madrugada del día siguiente. De igual forma, [Nombre 007] reporta una movilización desde el sector de Paso Canoas y Laurel hacia Golfito, a eso de las 13:37 horas del 7 de diciembre de 2019 y marcándose su continuidad en este último sitio hasta la madrugada y mañana del 8 de diciembre, retornando a eso de las 10 de la mañana al sector de Laurel  (fs. 1491 a 1494 de la sentencia y f. 132 vto. a 136 fte. del tomo I principal). Si bien es cierto, en el cuadro que documenta la activación de radiobases de [Nombre 007] —visible a folio 135 del tomo I principal— se reportó que este activó la radiobase de Cerro Osa a la 17:24 horas a las 17:24 horas del 7 de diciembre, y pocos minutos después (a las 17:41) la radiobase de Cerro Partido de Golfito, es esta última la que resulta congruente con la ruta de desplazamiento que venía reportando. En este sentido, el analista criminal Jairo Navarro aclaró en debate que la lectura correcta de la secuencia era que [Nombre 007] se trasladó de Paso Canoas hasta Golfito. Así, expuso que la activación en Cerro Osa responde al denominado «efecto espejo», un fenómeno en el que las ondas del teléfono activan una radiobase que se encuentra fuera del trayecto, por el efecto «espejo» que produce una masa de agua cercana. Sobre este punto, el perito Jairo Navarro Señaló: «De los datos que se aportaron en la tabla anterior, en el orden 4 se muestra un activación de la torre "22795 CERRO OSA" generada a las 17:24:09 horas del sábado 07-DIC-2019, por lo que, tomando como base que la línea [Valor 021] de [Nombre 007] se encontraba interactuando con distintas radiobases habidas en Golfito, existe la posibilidad que la torre señalada hubiese aportado cobertura óptima a pesar de ubicarse aproximadamente a 25 kilómetros de distancia de Golfito, toda vez que el espectro telefónico puede navegar sobre el agua, emitiendo un efecto de "espejo". Por tal razón, amén de la lejanía, dicho fenómeno es posible según las condiciones climatológicas imperantes en la fecha y hora del registro telefónico, entre estas cantidades de lluvia, nubosidad, cantidad de neblina, altitud de la ubicación de la torre respecto del sitio donde se encuentra el usuario telefónico, ambiente despejado o soleado, entre otros (esta información puede ser confirmada con los técnicos del Instituto Costarricense de Electricidad)» (fs. 1493-1494 de la sentencia. El subrayado corresponde al original). De esta manera, la activación de una radiobase que no encuentra lógica en la secuencia de activaciones bajo análisis, tiene una explicación técnica y, además, no puede ser examinada de forma aislada, sino como parte del patrón o ruta de la que forma parte. Evento de interés n.° 4: Entre el sábado 14 y domingo 15 de diciembre de 2019,  los coencartados [Nombre 001] y [Nombre 007] se movilizaron del sector de La Cuesta y Laurel (donde residen) hasta Golfito. El segundo lo hizo poco después de las 16 horas, mientras que el primero alrededor de las 18 horas. Ambos se habrían mantenido en Golfito durante la noche del día 14 y la mañana del 15 de diciembre. [Nombre 001] reportó activación de radiobases en Golfito hasta las 9:16 horas del 15 de diciembre, mientras que [Nombre 007] permaneció en la zona durante horas tempranas del día 15 de diciembre, e inició el regreso hacia el sector de Laurel de Corredores poco después de las 5 de la mañana de ese mismo día, según puede comprobarse con vista en la tabla n.° 13 y mapa de desplazamiento (imagen n.° 9) que se incluyen a folio 137 vuelto del tomo I principal. Aunque en el fallo se indica que [Nombre 007] regresó al sector de Laurel de Corredores a las 6:02 horas del 17 de diciembre de 2019 (cfr. f. 1494 del fallo), esa fecha corresponde a un error material, siendo lo correcto el regreso a las 6:02 horas del 15 de diciembre de 2019. Lo anterior, es fácilmente verificable de la revisión de la tabla e imagen antes señaladas, que son las mismas a las que hace referencia el tribunal de juicio. Sin embargo, la constatación, que realiza esta Cámara en el marco del análisis probatorio consustancial a la queja sometida a su conocimiento, no afecta de forma alguna el análisis probatorio y las conclusiones expuestas en la sentencia. Evento de interés n.° 5:  El día 16 de diciembre de 2019, mediante análisis de radiobases se detectó la permanencia de [Nombre 007] en Golfito y Playa Zancudo, así como su movilización y traslado hacia el sector de Quepos, Herradura y Jacó, al ser las 2:14 horas. En este último lugar, el sindicado «se mantuvo activando radiobases hasta las 13:50:26 donde se registra movilización hasta la zona sur pasando por Palmar Norte, Río Claro hasta el sector de Laurel (Tabla N°14, imagen N°10 a folio 139 frente y vuelto)» (f. 1495 de la sentencia). En efecto, al analizar el informe «Avance No. 042-A-CJIC-2020» elaborado por el analista criminal Jairo Navarro Sánchez (cfr. fs. 138 vto. – 139 vto. del tomo I principal), se observa el movimiento reportado por el tribunal del juicio, en particular, el traslado de la zona de Laurel de Corredores hacia Golfito, iniciado a eso de las 3:57 horas del 16 de diciembre de 2019; la llegada a Golfito poco antes de las 5 de la mañana de ese día, y el posterior movimiento hacia Quepos, Herradura y Jacó, reportándose que en ese trayecto el sindicado hizo alguna pausa entre las 7:21 y 7:48 horas en la zona de Quepos centro, se detuvo alrededor de media hora en la zona de Tárcoles (minutos antes de las 10 de la mañana) y realizó otra parada de 2 horas aproximadamente en Herradura (entre las 10 y 12 horas, aproximadamente), para dirigirse luego a Jacó. Después de la 1 de la tarde, se enrumbó hacia Laurel, donde llegó luego de las 21 horas, pasando nuevamente en su camino de regreso por Quepos, Palmar Norte y Golfito (cfr. fs. 138 vto. – 139 fte. del tomo I principal). Este movimiento, como se verá, tiene importancia porque se determinó probatoriamente, que la droga era trasladada por el grupo criminal desde la Zona Sur hasta el Pacífico Central (Quepos, Parrita y Jacó), con lo que la ruta seguida por [Nombre 007] el día 16 de diciembre de 2019, es la que en forma habitual usaba la organización en el trasiego. Evento de interés n.° 6:  Se trata de la movilización detectada entre el domingo 5 y el lunes 6 de enero de 2020, hacia la zona de Quepos y Golfito, por parte de los co-encartados [Nombre 001], [Nombre 007], [Nombre 016] y [Nombre 013]. En el caso de este último, mediante análisis de radiobases, se detectó su movimiento desde la zona de Paso Canoas con dirección a Quepos, entre las 3:38 y 4:38 de la madrugada del lunes 6 de enero de 2020, siendo que a las 4:38 de la mañana de ese día activó la radiobase de Palma de Osa, para luego seguir la ruta de la Costanera Sur hasta llegar al sector de Dominical y Quepos, reportándose que activó las torres de «Inmaculada Quepos» y  «Cerro Alacranes» entre 7:46 y las 8:52 horas, retornando al sector de La Cuesta de Corredores a las 11:32 horas (f. 1495 de la sentencia). Esta información pudo corroborarse con vista en el informe de análisis «Avance No. 042-A-CJIC-2020», puntualmente entre folios 140 y 141 del tomo I principal. Mediante la llamada secuencia 04547743, de 6 de enero de 2020 a las 11:16:48, [Nombre 013] se comunicó con su compañera sentimental Yannory desde el mismo número utilizado para realizar el análisis de radiobases, para indicarle que «va llegando» (cfr. fs. 1495 y 141 fte. del tomo I principal), lo que permite corroborar que fue él y no otra persona quien realizó el traslado en las condiciones de tiempo dichas. Por otro lado, [Nombre 007] mostró un desplazamiento desde el día 5 de enero de 2020, de la zona de La Cuesta y Laurel de Corredores hacia Golfito, a eso de las 13:00 horas de ese día. En la tarde y noche del domingo 5 de enero y hasta la madrugada del lunes 6 de enero, se mantuvo en las zonas de Osa y Puerto Jiménez. Sin embargo, a partir de las 3:36 horas, se marca claramente un traslado coincidente con el seguido por [Nombre 013], por la Costanera Sur, activando las radiobases de Palma de Osa a las 4:54 horas, es decir, 16 minutos después que [Nombre 013], quien había activado esa misma torre 16 minutos antes, es decir, a las 4:38 horas. Dichas coincidencias en cuanto a la ruta seguida por [Nombre 007] y [Nombre 013] se mantienen —con diferencias de sólo minutos— en las radiobases de «Olla Centro», «Palmar Norte» y «Dominical», según puede comprobarse a partir de la comparación de las líneas 7, 8 y 9 de la tabla n.° 16, con las líneas 10, 12 y 12 de la tabla n.° 17, ambas visibles en el informe de folios 140 vuelto y 142 frente del tomo I principal. [Nombre 007] emprendió el retorno a Ciudad Neilly alrededor de las 10 horas, reportando una conexión con la torre de «Laurel», a las 15:13 horas del 6 de enero de 2019. Ahora bien, [Nombre 001] se mantuvo activando radiobases en La Cuesta, Laurel y Paso Canoas el día 5 de enero de 2020 hasta que a las 13:13 horas se conectó a la torre de «Mona de Golfito», manteniéndose en dicho sitio hasta pasadas las 15 horas y finalmente volvió a activar la radiobase de La Cuesta a las 15:52 horas (cfr. f. 1496 t fs. 143 fte. – 143 vto.). Resaltó el tribunal de juicio que, según las conclusiones del peritaje, [Nombre 001] y [Nombre 007] activaron «las mismas radio bases en el rango de las 13:53:43 horas y las 14:06:39 horas» (f. 1496 de la sentencia). Al igual que [Nombre 013] y [Nombre 007], [Nombre 016] registró  «un traslado coincidente y coordinado con [Nombre 013] por la Carretera Interamericana Sur, hasta llegar al radio de activación de la radio bases de Piedras Blancas de Osa al ser las 04:25 horas. En ese punto se desplazó del sector de Puerto Jiménez, activando las radio bases de Villa Sur, Puerto Escondido de Osa y Cerro Helado-Magos. A las 05:41 retomó traslado sobre Carretera Interamericana Sur, inició en Piedras Blancas de Osa hasta llegar a Parrita, donde llegó al ser las 08:29 horas, lo que coincidió con las activaciones de radio bases de [Nombre 013]» (fs. 1495-1496 de la sentencia y f. 178 fte. del tomo I principal). Se determina así la coincidencia en los traslados de [Nombre 007], [Nombre 013] y [Nombre 016], que encuentran sustento en la prueba técnica y demuestran una actuación concertada de su parte, con un propósito común que, aunque no queda evidenciado en los datos de itinerancia telefónica, sí logró clarificarse a partir del análisis integral de la prueba, en particular, las conversaciones entre presentes y las comunicaciones telefónicas intervenidas. Evento de interés n.° 7 (análisis de radiobases e intervenciones telefónicas): Durante el domingo 12 de enero y lunes 13 de enero de 2020, los coencartados [Nombre 013], [Nombre 016] y [Nombre 007], repitieron la ya tradicional ruta entre el sector de La Cuesta (Corredores) con rumbo a Osa y Puerto Jiménez, para pasar desde allí hasta la zona de Dominical y Quepos. En el caso de [Nombre 013], se marca mediante análisis de las radiobases activadas por el número de teléfono [Valor 032] (a su nombre y el cual además se acreditó que utilizaba), una ruta de traslado que inició a eso de las 2:36 horas del lunes 13 de enero de 2020, en Ciudad Neilly, dirigiéndose hasta Palma de Osa, para luego llegar hasta Quepos (poco después de las 6 de la mañana), por la ruta Interamericana Sur, pasando por Palmar Norte y Dominical. El investigado regresó de nuevo a la Zona Sur, luego de las 9 de la mañana (cfr. f. 1497, así como tabla n.° 19 e imagen n.° 13 visibles a f. 144 fte. y vto. del tomo I principal). En el caso de [Nombre 007], en la tarde del domingo 12 de enero de 2020, este se movilizó hasta Golfito, donde marcó torres pasadas las 3 de la tarde. De allí se trasladó a Puerto Jiménez, donde activó radiobase a las 17:31 horas. El día lunes 13 de enero, antes de la 1 de la mañana, se reporta el regreso de [Nombre 007] hacia la Zona Sur (torre de Río Claro). Ahora bien, a las 4:33 de la madrugada del 13 de enero, activó las torres de «Piedras Blancas, Osa», misma situación que ocurre con [Nombre 013], quien activó la misma radiobase a las 4:47 horas ese día, es decir, apenas 14 minutos después que [Nombre 007]. La coincidencia de activación de torres con [Nombre 013] —separada únicamente por minutos— se evidencia también en el paso de ambos por las torres de «Palmar Norte» y «Ojochal».  A partir de allí, [Nombre 007] llegó hasta las cercanías del puente de Tárcoles a las 7:35 del 13 de enero de 2020 y luego de esa hora, se enrumbó hacia Golfito, donde llegó a mediodía aproximadamente, permaneciendo en la zona algunas horas antes de su regreso a Laurel, a eso de las 5 de la tarde (ver f. 1497 de la sentencia y tabla n. ° 21 del informe de análisis de intervenciones telefónicas, visible a folio 146 frente del tomo I principal). Una de las conversaciones de importancia captadas en el número intervenido a [Nombre 007] (el [Valor 021]), confirma el uso efectivo de este por parte de [Nombre 007].  Así,  en la llamada de las 12:07 horas del 13 de enero de 2020,  realizada por su esposa de nombre [Nombre 295], (secuencia 03353568), esta última y [Nombre 007] conversan sobre «pagos de impuestos sobre bienes inmuebles de la Municipalidad de Golfito a nombre de [Nombre 007] para Io cual [Nombre 295] lee a [Nombre 007] el contenido de recibos que ella tiene en la mano y [Nombre 007] le pide que busque otros» (cfr. sinopsis de llamada a f. 146 vto. de tomo I principal). Entre folios 1497 (in fine) y 1498 de la sentencia, se incluye un resumen de los movimientos realizados por [Nombre 016] el 12 de enero de 2020. La prueba técnica demuestra el traslado de [Nombre 016] desde la zona de su residencia hacia el sector de Osa y posteriormente hasta Parrita. Así, se documenta que: «a partir de las 02:33 horas hizo el recorrido con ruta oeste de la interamericana Ruta dos, arribando hasta la zona de Piedras Blancas de Osa, al ser las 02:57 horas aproximadamente, seguidamente a partir de las 03:24 horas, las activaciones de radio bases del teléfono utilizado por [Nombre 016] coinciden con el traslado y permanencia en el sector de Puerto Jiménez de [Nombre 013], por cuanto activó las radio bases de Puerto Escondido de Osa, La Palma de Osa y Cerro Helado-Mogos, lo anterior hasta las 04:44 horas inició un traslado desde Piedras Bancas de Osa hacia el Oeste, hasta arribar nuevamente al sector de Parrita, donde permaneció entre las 06:32 horas y las 07:04 horas» (fs. 1497-1498 de la sentencia y 178 fte. del tomo I principal). A la luz de lo anterior, se tiene por bien sustentada la actuación concertada de los sindicados, a quienes no los une alguna actividad económica en común, más allá de la participación conjunta en la empresa ilícita del trasiego de droga. Añade el tribunal de juicio que: «tanto [Nombre 016], como [Nombre 013] habían solicitado variación de jornada para el día lunes 13 de enero, lo que consta en el registro de asistencia del día 13 de enero de 2020, de la Delegación Regional de Organismo de Investigación Judicial de Corredores, mismo que se decomisó mediante acta de secuestro número 0009819, con su respectiva acta de apertura de folio 180 Tomo I, y boleta y etiqueta de cadena de custodia de folio 181 Tomo

Certificación del licenciado [Nombre 126], sobre registro de asistencia de los días 06 y 13 enero de 2020, que rola a folios 182 y 183 Tomo

Lo que sin duda alguna, a través de datos objetivos que son indicios que se unen a la materialización del día 28 de octubre de 2020, permite de manera objetiva, concatenada y clara conocer los patrones atípicos de los miembros de la organización criminal, así como asociarlos al mismo tiempo, con la dinámica ilícita del narcotráfico como se constató con el evento del 28 de octubre de 2020. Son rutas que se hacen en horas de la noche y madrugada que coinciden entre ellos en el desplazamiento y que marcan la ruta seguida por la organización en eventos del 8 de junio, del 18 de agosto y finalmente del 28 de octubre de 2020» (cfr. f. 1498 de la sentencia). Evento de interés n.° 8: Entre la noche del domingo 3 de mayo de 2020 y la madrugada del lunes 4 de mayo de 2020, ocurrió una movilización de [Nombre 016] y [Nombre 013] a bordo del vehículo personal del primero (el Toyota Rav4 placa [Valor 090]), desde Ciudad Neily hacia el sector de Puerto Jiménez. Así, se tiene que, a partir de una alerta generada por el Centro de Intervenciones, se logró determinar que los sindicados marcaron radiobases de Playa Blanca y Playa Escondida de Puerto Jiménez, Osa, desde las 19:00 horas del 3 de mayo y hasta las 4:00 horas del 4 de mayo de 2020. A diferencia de lo ocurrido con otras movilizaciones de los coencartados, que se acreditan con sustento en radiobases y datos que derivan de las conversaciones telefónicas únicamente, en esta ocasión se suma a lo anterior la vigilancia y seguimiento realizados por distintos agentes policiales (entre ellos [Nombre 044], [Nombre 177] y [Nombre 124]). En torno al suceso bajo examen, el investigador [Nombre 044] relató en juicio que luego de recibir la alerta del Centro Judicial de Intervenciones, de que tanto [Nombre 016] como [Nombre 013] estaban marcando ubicación en la zona de Puerto Jiménez, procedieron a coordinar una vigilancia en puntos clave: «se hace entonces una vigilancia, llegamos a la zona, llegamos a Puerto Jiménez, hacemos unos recorridos no observamos los carros conocidos, por lo que salimos y nos mantenemos en las afueras de la bomba en puntos estratégicos para observar y tratar de ubicar algún carro que teníamos ubicados a [Nombre 016] y [Nombre 013]. A [Nombre 016] se le tenía identificado un RAV4, color gris, me parece que la placa terminaba en siete veinticuatro (724) […] se tenía identificado ese carro y se tenía identificado el carro de la mujer de [Nombre 013] también que era un Spark y se tenía identificada la Fourtuner blanca, que era con la [Nombre 013] viajaba. Se tenían esos tres vehículos, esos tres vehículos se pusieron en alerta, nos mantuvimos en las afueras de Chacarita de la bomba a espera de observar, este, alguno de estos vehículos. No ingresamos más a esta zona, ya que la zona era muy conflictiva, era una zona de narcotráfico prácticamente, es la zona donde todas las lanchas, la mayoría de las lanchas llegan a hacer desembarques, esta zona y la zona de Sierpe son las dos zonas favoritas por las lanchas rápidas, y lanchas pesqueras que llegan a dejar y es un centro de almacenaje de droga. Tienen campanas o tienen personas conocidas en todo lado, si llega un vehículo diferente a la zona ya es alertado y no queríamos que pasara esto, estábamos iniciando la investigación, estábamos a pocos meses de la intervención queríamos establecer y averiguar bien cómo era el movimiento que hacían, ya sabíamos que estaban sacando la droga de Puerto Jiménez, pero no sabíamos cómo era ese movimiento. Estando ahí toda la madrugada a partir de las cinco de la mañana nos indica el Centro de Intervenciones que están activando nuevamente, activaban por lapsos de tiempo radio bases, a veces duraban horas sin activar y activaban una radio base, y posteriormente volvía nuevamente sin activar, y nos indican que ya se están moviendo y que están saliendo de la zona de Puerto Jiménez, estamos todos alerta en la salida del vehículo y efectivamente logramos observar el RAV4 color gris, que se le tenía identificado a don [Nombre 016] que era el vehículo que usaba a diario, observamos a [Nombre 016] conduciendo y a [Nombre 013] de acompañante, en ese momento hacen el alto frente a la bomba y toman a mano derecha o sea hacia Canoas. Se hace el seguimiento, ya vimos de que no hicieron el movimiento que hicieron los dos días de enero, y lo seguimos hasta que llegan a Canoas, en Canoas ingresan a la vivienda de [Nombre 013] y posteriormente sale el vehículo únicamente con [Nombre 016] y [Nombre 016] se devuelve y llega a la vivienda donde él habitaba […] teníamos a estas personas monitoreadas, sin embargo no era la cantidad que deseáramos nosotros de llamadas que tenían, se le solicitó al Centro un estudio y información sobre activaciones prácticamente nos indicaban que un noventa por ciento de activaciones (90%) eran por datos móviles, activaciones, es decir, que eran por aplicaciones de internet y que un diez por ciento (10%) eran llamadas […] analizando los movimientos que se observaron, se observó y se vieron durante los rastreos lo que se establece policialmente es que cuando ellos ingresaban a Puerto Jiménez y se devolvía a sus casas, era porque llegaba una lancha hacían la descarga de la lancha y almacenaban esa droga en alguna finca o algún lugar que tenían en el sitio. Mantenían almacenando la droga, y posteriormente, cuando ya era solicitada o ya tenían el visto bueno para sacarla ya llegaban al lugar y sacaban la droga, y la trasladaban hasta el Pacífico Central”. Siguen concatenándose indicios objetivos y que no encuentran otra explicación posible que se une a las relaciones entre desconocidos unidos en un fin el traslado de la droga, traslados a la zona de Puerto Jiménez de donde se tiene la certeza que salía la droga de esta organización, la coordinación y desplazamientos en horas de la noche y madrugada que al mismo tiempo los obligaba a fraccionar sus horarios laborales en el Poder Judicial y también la contrainteligenica que hacían ambos ex funcionarios en pro de que la organización criminal alcanzara sus objetivos. No encontrando ninguna explicación lógica a dicha concatenación de indicios, más que cumplir los objetivos de la narco organización» (fs. 1511-1513 de la sentencia. El subrayado no corresponde al original). Como puede observarse, tanto en esta ocasión como en el seguimiento ocurrido el 6 de febrero de 2019, los oficiales actuantes señalan haber observado e identificado a [Nombre 013] y [Nombre 016]. La información relatada por el testigo de cargo, concuerda con lo consignado en el informe n.° 147-SECCRO-2020 de 13 de mayo de 2020 (cfr. f. 239 fte. y vto. del tomo I principal). Además, resulta consecuente con lo anterior que: «el dos de mayo el investigador [Nombre 044] recibió información del subjefe de la Delegación del Organismo de Investigación Judicial en Ciudad Neilly licenciado [Nombre 117] sobre solicitud de [Nombre 180] para el cambio de horario para lunes 4 y martes 5 de mayo, solicitando el ingreso esos días a las 13:00 horas para trabajar casos en Puerto Jiménez con su compañero [Nombre 016]» (f. 1510 de la sentencia. El subrayado es suplido). Este dato debe analizarse integralmente con la conversación captada entre [Nombre 016] y [Nombre 013] en el interior del vehículo institucional: «[Nombre 016] [:] si la alerta es de aquí porque no pegaron la vagoneta […] hablan de los días que están saliendo solo los lunes, si es feriado lunes vamos el martes. [Nombre 013] [:] todas las salidas son los hijueputas lunes, que también [Nombre 165] le dijo que desde que tiene memoria siempre salimos los lunes. [Nombre 016] [:] vieran soltado la chuncha para que siga fría […] [Nombre 016] [:] la vez pasada fue martes, porque el lunes fue feriado, nunca cambian, habla de salir cualquier día, hasta nosotros nos coloreamos con las salid ahí. [Nombre 013] [:] siempre pedimos los lunes» (cfr. f. 12 del legajo de escuchas. El resaltado es suplido). En la anterior conversación entre [Nombre 013] y [Nombre 016], que tiene como contexto el abordaje de la policía que puso en riesgo uno de los traslados el 18 de agosto de 2020 (evento que se analizará a profundidad más adelante en este considerando), ambos incriminados comentan sobre el inconveniente de realizar los traslados de droga siempre los lunes, o bien martes cuando el lunes era feriado. Con lo anterior, no sólo se colocan a sí mismos como parte de la maquinaria de seguridad de la organización, tomando parte activa en esta, sino que además se reafirma que el movimiento observado por la policía judicial la noche del domingo 3 de mayo y madrugada del lunes 4 de mayo de 2020, era una más de las acciones típicas de trasiego de droga que el grupo criminal desarrollaba en forma reiterada los primeros días de la semana y particularmente, los lunes. De esta forma, pese a que la policía no ingresó, por razones tácticas, a la zona en la que se ubicaban los investigados, es claro que su traslado a Puerto Jiménez obedeció a las tareas asignadas a estos como parte de la organización criminal, ya que la zona a la que se dirigieron se ubica como un punto conocido de ingreso de estupefacientes por vía marítima.  Evento de interés n.° 9: Durante la tarde del domingo 7 de junio y la mañana del lunes 8 de junio de 2020, se detectó una nueva movilización, que tiene como particularidad, que el grupo criminal hizo uso de una vagoneta para el traslado. La tarde del 7 de junio de 2020, [Nombre 013] se movilizó —a bordo del vehículo Suzuki Spark placa [Valor 097] propiedad de su compañera sentimental [Nombre 181]— desde el sector de La Cuesta en Corredores hasta la zona de Puerto Jiménez, sitio donde permaneció durante toda la noche de ese día, y la mañana del lunes 8 de junio de 2020. A tempranas horas del martes 8 de junio de 2020, un dispositivo de seguridad, conformado por [Nombre 013], a bordo del Suzuki placa [Valor 097];  [Nombre 021], a bordo del vehículo Hyundai Santa Fe placas [Valor 084] (de su propiedad); y finalmente, un sujeto desconocido a bordo de la vagoneta Mack [Valor 098], se trasladaron desde el sector de Puerto Jiménez hacia el Pacífico central, bajo un patrón de comportamiento, horario y ruta que es semejante al que se repetirá el 18 de agosto  y  finalmente, el día 28 de octubre de 2020, cuando se realiza el decomiso de droga. Esta constatación del tribunal encuentra asidero en el análisis de rastreo telefónico que se incluye en el informe 038DICR/SECCRO/ART-2020 (fs. 394-405 del expediente principal), valorado en conjunto con el visionado de cámaras de seguridad de varias estaciones de servicio que se ubican en el trayecto seguido por el grupo criminal, que se incluye en el informe 002-SECCRO- /IP-2020 de fecha 21 de agosto de 2020 (fs. 350 vto. - 358 vto. del tomo I principal). En dichos informes, se documenta e ilustra con fotografías, la ruta seguida por [Nombre 013], junto con la vagoneta placa [Valor 098] y los otros dos vehículos livianos. El análisis de las cámaras de vigilancia, complementado con los seguimientos de los agentes de la policía judicial y los datos de itinerancia del teléfono de [Nombre 013], permitieron establecer que este último no realizó el desplazamiento de Puerto Jiménez hacia el Pacífico central solo, sino de forma absolutamente coordinada con [Nombre 021] como conductor del Hyundai Santa Fe placas [Valor 084] y con otro automotor: un Toyota Yaris color gris, cuya placa y conductor no lograron determinarse. Al respecto, acotaron las juezas de juicio: «en el acta de vigilancia y seguimiento que se realizó al encartado [Nombre 013] del 08 de junio que rola a folio 410, Tomo I, consta la individualización del vehículo utilizado por [Nombre 013] ese día, automotor que era el de su pareja sentimental, marca Chevrolet, estilo Sparks, blanco, lo que permitió una vez más ir concatenando indicios a través del cual se puede arribar a la conclusión que el patrón de desplazamiento, y la utilización de otros vehículos a fin de no ser ubicado lo cual es parte de las organizaciones criminales para no ser detectadas, desplazamiento que reviste las mismas características que la materialización del 28 de octubre 2020, lo que permitió una vez más mantener la certeza de la participación de los encartados en los acontecimientos del 07 y 08 de junio 2020 […] Ello claramente quedó plasmado en el informe 002-SECCRO- /IP2020 de fecha 21 de agosto de 2020, el cual muestra del folio 350 vuelto al folio 358 vuelto, la secuencia fotográfica del desplazamiento que realizaron tanto de [Nombre 013] en el automotor marca Chevrolet, estilo Sparks, blanco y [Nombre 021] a bordo de su vehículo Hyundai Santa Fe, color blanco, quien como miembro de la organización criminal acompañó en ese recorrido con su vehículo mismo que se identificó en la vigilancia en su casa de habitación» (Fs. 1515-1516 del tomo I principal). Profundizando sobre la forma cómo se determinó la ruta seguida por los implicados, razonaron las juzgadoras: «la sinergia de la actividad criminal de la organización se empezó a visualizar la participación de otros miembros, como [Nombre 021], quien el 07 de junio del 2020 desde horas de la noche y hasta la mañana del lunes 08 de junio del 2020 junto a [Nombre 013], siguieron el patrón de ruta de la organización con movimientos y posiciones típicas del traslado de sustancias psicotrópicas. El en (sic) esa ocasión el encartado [Nombre 013], realizando labores de contra inteligencia, cambió el vehículo y utilizó el de su compañera sentimental, así a bordo del vehículo Suzuki, Spark, color blanco (propiedad de [Nombre 181] pareja sentimental del encartado), el otro vehículo que actuó en este desplazamiento fue el placas [Valor 081], de [Nombre 021], a bordo del vehículo Hyundai, estilo Santa Fe (de su propiedad), color blanco, placas [Valor 084], y un sujeto de identidad desconocida que viajaba en una vagoneta marca Mack, color negro con rojo, placas metálica [Valor 053], todos miembros de la organización criminal, se trasladaron, desde el sector de Puerto Jiménez, hasta el Pacífico Central del país, para lo cual según el rol y distribución de funciones, el conductor de la vagoneta, transportaba en un compartimento secreto “caleta” en el piso de la góndola de la vagoneta, una cantidad indeterminada de alijos de droga, mientras que [Nombre 013], [Nombre 021] y los otros sujetos de identidad desconocida, en los respectivos vehículos en los que viajaban, le brindaron custodia a dicha vagoneta, asegurando que la misma llegara a su destino, la presencia de los encartados se justifica tal y como sucedió en la materialización del 28 de octubre de 2020, porque su labor era dar seguridad a la vagoneta, alertando de la presencia de retenes policiales o de posibles “tumbadores”. Dicha ruta quedó establecida mediante en el peritaje número 038-DICR/SECCRO/ART2020 de folio 394 a 405, del Tomo I, elaborado por el perito Roger Hernández Vásquez, analista criminal de la Sección de Crimen Organizado, en el cual realizó el estudio de las llamadas telefónicas, a través de las cuales estableció el desplazamiento realizado por [Nombre 013] en fechas 07 y 08 de junio de dos mil veinte, llamadas 05906707, 6:57:30 pm, del 07 de junio 2020 y llamada 02836086, del 8 de junio de 2020, identificándose por radio bases que se encontraba en Puerto Jiménez. Se documentó que [Nombre 013] marcó radio bases en la zona de Playa Blanca de Puerto Jiménez, se puede observar en dicho informe de folio 394 a 405, que del número [Valor 032] asociado a [Nombre 013], para los días 07 y 08 de junio del 2020, movimiento por radio base reflejado en mapa #1, #2, #3 para el 07 de junio de 2020, a partir de las 12:29:48 desde Paso Canoas hacia Puerto Jiménez, hasta las 20:59:40 horas en el sector de Cañaza de

Jiménez y en una segunda tabla el movimiento mediante radio bases reflejado para el día 08 de junio de 2020 partir de las 07:52:49 horas en el sector de Parrita hasta las 17:02:46 horas en el sector de Ciudad Neilly según se puede cotejar en el folio 403, Tomo I, mapas #4, #5, #6. En ese sentido concluyó el perito Hernández Vásquez en su informe lo siguiente: “Podemos determinar que para el día 07 de junio del 2020, la línea telefónica [Valor 016] relacionada a [Nombre 013], según la activación de radiobases realizó un desplazamiento, desde el sector de Paso Canoas, hacía Puerto Jiménez (mapas 4,5 y

De la misma forma para el día 08 de junio del 2020, la activación de radiobases, nos permite determinar que existió, un desplazamiento desde Parrita hacia Ciudad Neilly (ver mapas 4,5 y 6).”

(Informe 0038- DICR/SECCRO/ART-2020, Folios 403-404, Tomo I)» (Sic. Fs.

1514-1515 de la sentencia). En concordancia con lo anterior, el informe 002SECCRO- /IP-2020, visible entre folios 350 vuelto y 358 vuelto, muestra claramente la secuencia fotográfica del desplazamiento que realizaron tanto [Nombre 013], como [Nombre 021] y los conductores del Toyota Yaris, quienes se observan en una actitud de claro acompañamiento a la vagoneta, la cual se acreditó de forma indubitable a lo largo de la investigación, que era utilizada por el grupo delictivo para el traslado de droga desde el punto de acopio y almacenaje inicial (Puerto Jiménez) hasta el Pacífico central del país. Al respecto, razonaron las juezas de mérito: «También se logró individualizar la vagoneta color vino, a la cual brindaron custodia los encartados y se observa a la altura de Tarcolitos, entrada a Villalapas, tal y como se apreció en el video y en la fotografía de folio 358 vuelto, tomo

Este Tribunal tiene la certeza el grupo criminal tenía una ruta de desplazamiento al mismo tiempo que una dinámica para asegurar los traslados de drogas, lo que se comprueba con la secuencia fotográfica la cual establece la ruta de desplazamiento que mantenían la vagoneta, los vehículos Chevrolet Spark conducido por [Nombre 013], vagoneta Mack, Hyundai Santa Fe conducido por [Nombre 021] y Toyota Yaris cuyo conductor a la fecha es desconocido, se logra comprobar del actuar de los encartados que de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la derivación y como un indicio objetivo más, guardan absoluta congruencia con la materialización del veintiocho de octubre de dos mil veinte, sin que exista ninguna explicación posible de la participación de los encartados en dichos movimientos. Ese patrón de ruta de la organización es lo que permite concluir que el desplazamiento realizado por [Nombre 013], [Nombre 021] y de aproximadamente cinco personas más en los distintos vehículos destacados, en donde [Nombre 013] salió de la zona de Puerto Jiménez para llegar al cruce de Chacarita y estacionó su vehículo a la orilla de la carretera a la espera de observar por su retrovisor la vagoneta marca Mack que custodiaba, que a su vez venía escoltada por los vehículos Hyundai Santa Fe que conducía el encartado [Nombre 021] y el Toyota Yaris pocos metros detrás, realizando recorrido lineal y sin sobrepasar su rol en la custodia que llevaban por ruta dos, en donde al llegar al cruce de Palmar Norte y tomar ruta a Costanera Sur, [Nombre 013] estacionó su vehículo a un costado de la Estación de Servicio Palmar Norte y esperó de nuevo observar a la vagoneta por su retrovisor para continuar el recorrido de brindar seguridad a la vagoneta, situación destacada y observada en múltiples movimientos similares a los que realizó la organización el 28 de octubre de 2020. Los movimientos de los vehículo utilizados por la organización criminal, en relación con los seis eventos iniciales y posteriormente más concreto en los movimientos del 06 de febrero, del 08 de junio y del 28 de agosto, permiten reconstruir a través de la secuencia fotográfica, que [Nombre 013] al observar la vagoneta nuevamente dentro del desplazamiento que traían, reanudó su labor de custodia, ya que por tratarse de un cruce debía cuidar la ruta y asegurarse que la “caravana” continuara detrás de él porque era el vehículo “punta”, observándose que detrás de la vagoneta se mantenía el coimputado [Nombre 021] en el Hyundai Santa Fe, que ya para ese momento podía rebasar la vagoneta por lo velocidad mínima a la que se desplazaba este tipo de transporte de carga, sin embargo [Nombre 021], continuó detrás de ésta muy cerca en una clara actitud de custodia» (fs. 1516-1517 de la sentencia. El subrayado es suplido). La clara actitud de espera que realizan los vehículos livianos que acompañan la vagoneta, hace innecesario que se indique la cantidad de metros que separó un vehículo de otro en la ruta seguida por estos, lo que además no viene al caso, porque el dispositivo de seguridad en el que participan [Nombre 013] y [Nombre 021], es complementada con conversaciones en las que se evidencia la participación de estos en la organización delictiva liderada por [Nombre 001]. Además, del análisis de radiobases y cámaras de seguridad, la trayectoria y comportamiento de los vehículos fue constatada —al menos parcialmente—  por los oficiales [Nombre 037] y [Nombre 234], quienes el 8 de junio de 2020, a la altura de la salida de Playa Dominical, en la intersección o cruce denominado como «Barú», lograron observar a [Nombre 013] a bordo del vehículo Chevrolet Spark, cuando se devolvía a la Zona Sur, y le dieron seguimiento hasta la vivienda de su compañera sentimental en el sector de La

Cuesta.  Al respecto, refirió en juicio la oficial [Nombre 234]: «para esa vigilancia fuimos alertados a [Nombre 044] lo llamaron del Centro de Intervenciones, y le indicó de activaciones de radio bases de [Nombre 013], siempre manteníamos equipo de investigación en la zona, entonces ese día en horas de la noche nos trasladamos a la salida de Río Jiménez, perdón, en la salida de la bomba de Chacarita, habíamos como tres vehículos y esperamos la salida de los vehículos que manteníamos identificados que ellos utilizaban, creo que la radio base daba como en esa zona en Osa, entonces estratégicamente esperamos, ver que los vehículos saliera, vigilamos toda la noche y no se dio la salida hasta las siete de la mañana más o menos, nuevamente el Centro alertó a [Nombre 044], de que [Nombre 013] estaba activando en la zona de Parrita o cerca, el asunto es que se había movido y no había activado radio bases, hasta que ya nos alertó el centro en Parrita, debido a eso el dispositivo de seguimiento que teníamos instalado en ese lugar lo trasladamos hacia esa zona para identificar el vehículo que él andaba, porque evidentemente andaba otro vehículo porque no lo habíamos visto salir. Cuando [Nombre 044] nos avisa que él se estaba devolviendo hacia la zona sur, por la activación de radio bases y había un dispositivo de Fuerza Pública instalado en

Barú que es la salida de Playa Dominical y en ese lugar logramos identificar o lo vimos que [Nombre 013] el vehículo que andaba era el Spark blanco de la pareja sentimental, esperamos a que pasara y le dimos seguimiento y nos llevó hasta la vivienda de la pareja sentimental que sabemos que vive en La Cuesta y ahí finalizamos el seguimiento. [Nombre 013] conducía ese vehículo, él iba solo, no recuerdo los vidrios del vehículo, pero cuando lo vimos llevaba el vidrio abajo» (f. 1520 de la sentencia).  El informe de seguimiento y vigilancia visible a folio 410 del tomo I principal, también dan cuenta de lo anterior. En lo que toca a [Nombre 021], el oficial [Nombre 044] expuso: «se revisan las cámaras de Jacó, se observa que en Jacó va primero el Hyundai Santa Fe, ya en ese momento iba primero la Santa Fe, posteriormente se ve pasar la vagoneta y detrás de la vagoneta iba un Yaris, el mismo Yaris, las mismas características del Yaris que se vio salir del sector de Chacarita, dentro de las cámaras que se revisan, re revisó la última cámara que se revisa es la cámara que está en la entrada del hotel Villa Lapas por Playa Agujas, esa cámara es un poco mejor y tiene una visión de los vehículo que vienen de Jacó a San José de frente, pasando por un puente. Tiene un poco mejor de nitidez y ahí en esa cámara se logra observar el Santa Fe y se logra establecer era una placa alfanumérica y se logra sacar las tres letras y dos números, si no me equivoco, o las tres letras y un número, los otros números estaban borrosos. (…) se me quedó la investigación de don Bryan Estribí se investiga a don [Nombre 019] y a don [Nombre 021] se investiga aparte de sus vínculos familiares en el registro de la propiedad tenía registrado ese D-MAX color gris a nombre de él y también tenía registrado una Santa Fe color blanca, al observar esta Santa Fe color blanca, y ver la placa vemos que la placa coincide con las letras y algunos números que se habían plasmado en informes anteriores y se habían entregado a la Fiscalía, en informes anteriores con la placa de la Santa Fe que se había observado el ocho de junio» (Sic. F. 1521 de la sentencia. El subrayado es suplido). Con respecto a la titularidad del automóvil Hyundai Santa Fe placa [Valor 084] por parte de [Nombre 021],  el a quo señaló lo siguiente: «en relación con [Nombre 021] se realizó una vigilancia y seguimiento, la cual consta a folio 883 de fecha 15 de enero del 2021, que inicia a las 06:00 horas y finaliza a las 13:10 en [Nombre 190], vivienda donde residía el encartado Estribí, donde se localizaron los vehículos Hyundai, estilo Santa Fe, color blanco, placas [Valor 084] y el Isuzu, estilo pick up, placas [Valor 086] (identificado en Orotina el 18/6/24), y se identifica a [Nombre 021] en el lugar. Acta firmada digitalmente por [Nombre 037] y [Nombre 184]. El testigo [Nombre 037] confirmó esa diligencia en el contradictorio, en lo conducente indicó: “Después de ahí tuve otra diligencia el quince de enero de dos mil veintiuno, en esa fecha estábamos por confirmar la casa de [Nombre 021] en el sector de Grecia. Tenía una pareja eso se consultó y reportaba un terreno en Grecia, entonces confirmamos esa casa de habitación en ese momento estaba con la compañera [Nombre 184], nosotros la entrada donde vivía [Nombre 021] es complicada porque uno llega ingresa, hay una vueltecita a un domo hay una venta de plantas y después la casa de él queda a mano derecha con una fachaletea. En ese momento estábamos en seguimiento y andaba en un Isuzu KB, tipo Pick Up, él se baja del vehículo y saluda a un vecino, yo le confirmo que es Estribí y dónde estaba aparcado el vehículo […] Al confirmar eso salimos de la zona y ya nos retiramos» (Sic. F. 1533 de la sentencia. El subrayado es suplido). Es así que lejos de lo que afirma la defensa técnica, la derivación lógica del número de placa completo de [Nombre 021], a partir de la visualización de 4 o 5 de los 6 números y letras que la conforman, amén de su color y marca, no constituye una invención o salto lógico del tribunal de juicio, sino que procede de un proceso de investigación bien documentado. Este hallazgo, por demás, se complementa y confirma con la observación del otro vehículo de [Nombre 021], en la siguiente movilización de droga ocurrida el 18 de agosto de 2020. En el mismo orden de ideas, abonando a la titularidad del automóvil de interés por parte de [Nombre 021], expuso en juicio el mismo investigador [Nombre 044]: «uno de esos vehículos él lo vendió a un primo el Santa Fe se lo vendió al primo posteriormente a que se empezaron a dar las situaciones de que ya se estaba estableciendo de que ya la policía, nosotros andábamos detrás de ellos, entonces lo que fue el Santa Fe se lo vendió a un primo o un familiar que trabajaba en Intel» (f. 1521 de la sentencia). Ahora bien, para esta Cámara es claro que el hecho de figurar como propietario del Hyundai Santa Fe placa [Valor 084], singularmente considerado, no sería suficiente para tener por cierto que era él y no otra persona quien conducía dicho automotor en fecha 8 de junio de 2020. Sin embargo, a este elemento indiciario se suma la identificación que hace la policía de [Nombre 021] al volante del otro vehículo de su propiedad (el Isuzu estilo D-MAX LS placa [Valor 086]), brindando nuevamente seguridad a la vagoneta utilizada por la agrupación criminal, entre el 17 y el 18 de agosto de 2020.  Esta identificación certera de [Nombre 021] en el otro vehículo que posee, en el siguiente traslado del grupo que se detecta en la investigación, pone en evidencia que Estribí participa en forma directa en la conducción de sus vehículos, para cumplir el rol de dar seguridad a la vagoneta. Además de dicho indicio, el a quo ponderó el mensaje de audio obtenido de la apertura del teléfono celular decomisado al coimputado [Nombre 031] en el momento de su aprehensión, el 28 de octubre de 2020 (ver f. 3503, tomo VIII principal). En el mismo, que se encuentra plasmado en el informe 014-SECCRO-DM-2022 (ver f. 3503, Tomo VIII principal), cuyo contenido ha podido corroborar este tribunal de alzada, Santos le comunica a una mujer que iba a ser sustituido por un sujeto de nombre «[Nombre 021]» quien es de Grecia, para poder salir «el domingo». Aunque no se puede establecer que el diálogo en cuestión corresponda al rango temporal de interés (8 de junio de 2020 o días antes de dicha fecha), el elemento indiciario en cuestión, sumado a la titularidad del vehículo y su identificación en el traslado de droga siguiente, que ocurre el 18 de agosto de 2020, permite tener por cierto que «[Nombre 021]» de Grecia, no es otra persona que [Nombre 021], una de las personas a la que se asignaba tareas dentro del grupo criminal, llamándosele incluso para sustituir a uno de los integrantes ([Nombre 031]) en el rol que debía cumplir, cuando este solicitó un descanso. El contenido de los audios referidos es el siguiente: «Nombre del archivo: PTT-20201015-WA0005.0PUS. Descripción: [Nombre 031] envía mensaje de audio a femenina, en la que le dice que él habló con el “gordo” para que lo deje salir el domingo del lugar donde esta y que le indicaron que estaban buscando a [Nombre 021] para hacer el cambio y lo dejen salir. Nombre del archivo: PTT20201015-WA0006.0PUS. Descripción: [Nombre 031] envía mensaje de audio a femenina, en la que indicó que la persona que van a llevar esta en Grecia» (cfr. f.

1518 de la sentencia y 3503 del informe 014-SECCRO-DM-2022, visible entre fs. 3416 y 3509, tomo principal VII y VIII). En esta sumaria, el análisis conjunto de la prueba indiciaria permitió determinar que, en los casos en que los imputados utilizaban los vehículos de su propiedad para cumplir alguna labor relacionada con el almacenamiento y transporte de droga, procedían a conducir su vehículo ellos mismos. Tal situación se observa durante la vigilancia policial realizada en el evento de interés de 3 y 4 de mayo de 2020, en la que se documentó que [Nombre 016] fue visto conduciendo su vehículo personal, un Toyota RAV4 placa [Valor 083]. De igual forma ocurre con el Hyundai Palisade placa provisional [Valor 100], que era conducido por [Nombre 004] y con el Mitsubishi L200 placa [Valor 088], en el que viajaba como conductor [Nombre 027] al momento en que fueron detenidos por la policía en el operativo de 28 de octubre de 2020. De esta forma, aunque la táctica de alternar vehículos en los operativos de traslado de droga era una práctica común utilizada por el grupo delictivo, para ello los sindicados procuraban no usar el mismo vehículo de su propiedad en dos traslados consecutivos, tal y como ocurre con [Nombre 021] en las movilizaciones del 8 de junio y 18 de agosto de 2020; o bien, hacían uso de un vehículo propiedad de una persona cercana, como ocurre  en el caso de [Nombre 013], a quien se le observa utilizando el automóvil de su novia, el día 8 de junio de 2020. Dicha táctica de alternancia en los vehículos utilizados fue expresada por [Nombre 013] y [Nombre 016] en las conversaciones captadas en el legajo de escuchas, como parte de su rol de asesorar a los restantes miembros de la organización sobre la forma de disminuir el riesgo de ser detectados por la policía. Tal proceder explicaría por qué [Nombre 021] habría utilizado uno de los vehículos de su propiedad para participar en el traslado del día 8 de junio de 2020, y el otro automotor que tenía en fecha 18 de agosto de 2020 (como se verá a continuación). Tal y como lo razona el a quo, la actividad coordinada del 7 y 8 de junio de 2020, en la que habrían participado [Nombre 013] y [Nombre 021]  — entre otros miembros de la agrupación cuya identidad no pudo establecerse— permite determinar que existió toda una estrategia de seguridad alrededor del transporte de droga en vagoneta el día 8 de junio de 2020, la cual se repite -con otros vehículos livianos, como era práctica del grupo criminal- , el 18 de agosto y el 28 de octubre de 2020, y que, a la luz de un análisis integral de la prueba, no puede explicarse en otra cosa que el traslado de droga. Evento de interés n.° 10: Durante la noche del lunes 17 de agosto y la madrugada del martes 18 de agosto de 2020, se llevó a cabo un nuevo traslado de droga desde Puerto Jiménez hacia el Pacífico central, en el que participaron [Nombre 016], a bordo del vehículo marca Toyota, Rav4, color gris, placa [Valor 090] de su propiedad; [Nombre 021] y [Nombre 019], a bordo del vehículo Isuzu, estilo D-MAX LS, color gris, placa [Valor 099], propiedad del primero; uno o varios sujetos a bordo del vehículo Hilux color gris placa [Valor 085], propiedad de [Nombre 004] (alias «[Nombre 165]»); así como un sujeto de identidad desconocida, quien condujo la vagoneta marca Mack, color negro con rojo, placa metálica  iniciada en [Valor 114]. La movilización tipo «caravana», con un vehículo «punta», la vagoneta y otros vehículos en la retaguardia asegurando la carga, fue observado y documentado por los oficiales [Nombre 185], [Nombre 194] y [Nombre 044] y es la misma disposición (aunque con otros vehículos y más participantes) que se puso en escena el 28 de octubre de 2020, cuando se logró decomisar una tonelada de droga a la organización de la que forman parte los mismos integrantes del traslado que aquí se examina. Retornando al evento bajo examen, sobre los hechos ocurridos el 18 de agosto de 2020, expuso en debate el oficial [Nombre 044]: «A las seis y media creo que fue la llamada, seis y media de la mañana del dieciocho de agosto me llaman del Centro de Intervenciones, indicándome que [Nombre 016] está pegando radio bases en el sector de Pérez Zeledón y que desde las tres de la mañana había tenido activación de radio bases. Eso era muy común con el Centro de que, a esas horas de la madrugada, tal vez o estaban muy atentos, entonces, no, nos indicaron a la hora que debían de hacerlo, sin embargo, del analista criminal que llega después de las seis y hace una revisión observa eso. De mi parte llamo al licenciado Valerio, que era el jefe de unidad y se empieza a llamar a ver quién está a esa hora en la oficina […] quien estaba más cerca era la investigadora [Nombre 194] y el investigador [Nombre 021], no [Nombre 185] eran los que estaban más cerca, nos indican que ellos van a llegar próximos y que para qué los ocupamos y entonces se les indica que necesitamos que se vayan con urgencia para Jacó y se hace el protocolo para que conforme vamos llegando todos nos traslademos al sector de Jacó o vayamos en recorrido hasta que punto logramos ver ya teníamos establecido la vagoneta, entonces lo que necesitábamos ver es si podíamos ver la vagoneta, si continuaban utilizando la vagoneta. Los compañero [Nombre 194] y [Nombre 185] son los primeros que llegan al sector, cuando van de camino no sé por qué ruta es, en informes policiales está plasmado, creo que es llegando a Tárcoles, por el sector de Tárcoles observan la vagoneta, ellos observan la vagoneta, y las mismas características y observan la placa, igual la placa lo observan es el número que ya se les había dado que era que comenzaba en catorce (14), y el distintivo que era esa calcomanía que tenía en la puerta pegada y el color también se les da, entonces ellos la ven pasar e inmediatamente ellos dan vuelta en U y se le pegan detrás, ellos ven detrás que va un Hilux color champagne, si no me equivoco, ellos ven que va pegado a la vagoneta en la parte trasera, van los dos vehículos muy cerca y en caravana, igual a como se había observado el ocho de junio ellos dan aviso cierta cantidad de compañeros ya habíamos llegado, y nos trasladamos a la zona ya ellos no llegan directo a la veintisiete (27), sino que antes de la veintisiete hay una entrada a mano derecha que se brinca el primer peaje, los compañeros nos indican que ellos ingresan por esa entrada llevan pegado, van en seguimiento de la vagoneta y la Hilux llegan a un punto hasta el sector de Pozón de Orotina, ahí ya ellos ya ven que fueron detectados obviamente por el seguimiento que llevaban la vagoneta estaciona a la orilla de la calle, el Hilux también estaciona, los compañeros se meten, me cuenta, en una calle para poder dar vuelta porque ya por donde ellos andaban era una zona muy sola, se meten a una calle para dar vuelta y ya cuando salen ya la vagoneta no estaba, ni tampoco estaba el Hilux. El compañero [Nombre 177], [Nombre 177] era el encargado de las coordinaciones con Fuerza Pública, lo que era la policía administrativa, él coordina helicóptero y policía de la zona, se empiezan a hacer rastreos por todo el lugar no se logra ubicar la vagoneta ese dieciocho, pero Fuerza Pública, ve un vehículo por donde se vio por última vez la vagoneta, observa un vehículo, un D-MAX, si no me equivoco, color gris con dos sujetos dentro y los identifican se bajan los compañeros de Fuerza Pública y los identifican, y logran identificar en ese momento a [Nombre 021] que era el conductor de esa D-MAX y don [Nombre 019] que era el acompañante. Ahí los logran identificar, les empiezan a preguntar y ellos indican que son de la zona sur y una serie de situaciones, les empiezan a indicar, pero sí ellos dicen que son de la zona sur. Ese día no obviamente, como está en informes policiales, no se logra la detención de la vagoneta y se empieza a hacer una retroalimentación de lo que se detuvo y lo que se hizo. Los compañeros de Fuerza Pública al ellos tener la información de lo que estábamos buscando y que era una vagoneta que venía del sector de Jacó, ellos muy diligentemente nos indicaron que ellos habían hecho la detención de un vehículo y que en este vehículo iban dos personas y que las dos personas dijeron que eran del sur, y que ellos relacionaron a estas personas con los hechos y con la diligencia que estábamos haciendo ese día y por eso es que nos informan, se va y se dialoga con ellos se entrevistan y nos indican lo que pasó, por qué ellos los identifican se saca copia certificada del libro de novedades, donde ellos muy diligentemente comunican al oficial de guardia de la policía de la delegación y es anotado en ese momento. Investigando a estas personas nos damos cuenta que don [Nombre 019] es hermano de [Nombre 010] por ende es cuñado de don [Nombre 001], ahí ya vemos la relación, investigamos a don [Nombre 021]» (Sic. Fs. 1523-1525 de la sentencia). En el mismo sentido, la investigadora [Nombre 194] confirmó que, encontrándose con su compañero de labores [Nombre 185], fueron alertados para dar seguimiento al paso de la vagoneta color vino con negro, con placa iniciada en 14, que había sido observada en la diligencia del día 8 de junio anterior:  «Yo participé en una vigilancia y seguimiento del dieciocho de agosto del dos mil veinte, ese día el investigador del caso [Nombre 044] recibió una llamada del centro de intervenciones aproximadamente a las siete de la mañana donde decía que uno de los investigados de nombre [Nombre 016], tuvo un desplazamiento, verdad, a partir de las dos de la mañana y que para ese momento ya estaba por el sector de Barú de Osa. Entonces como yo estaba en la oficina ya para ese momento entre las siete, siete y media de la mañana, entonces a un compañero y a mí nos indican que nos desplacemos hacia el sector de Jacó y nos indicaron que tratáramos de buscar una vagoneta color vino y que góndola era negra y que la placa empezaba con el número catorce (14). Esto porque en un evento que se dio como en junio el investigador y el grupo de investigación de ese caso habían determinado un movimiento que se dio de una vagoneta con esas mismas características y que la placa empezaba en catorce, que había hecho un desplazamiento de la zona sur al Pacifico Central por eso nos dieron esas características ese día (…) Entonces nosotros nos desplazamos hacia a Jacó y en determinado momento antes de llegar a Tárcoles, observamos una vagoneta con esas características que nos indicaron. Nos aorillamos y dimos el seguimiento a esa vagoneta, en el momento en que empezamos a seguirla observamos que iba un vehículo Hilux color gris placa [Valor 101], iba detrás de la vagoneta, bastante cerca de la vagoneta, nosotros continuamos el seguimiento y a pesar de que era un trayecto bastante largo ese vehículo nunca rebasó a la vagoneta y continuamos el seguimiento. Esa vagoneta en determinado momento, cuatro kilómetros aproximadamente, antes de la salida a la ruta veintisiete, tomó un desvío a la derecha, que la hacía salir mucho más adelante del peaje cuando se sale a ruta veintisiete cuando se viene del sector de Jacó esa es una calle bastante angosta, nosotros la vagoneta iba más rápido y nosotros no íbamos tan cerca de ella, cuando ya la vagoneta tomó la ruta veintisiete, ya el Hilux iba delante de ella, ya no iba atrás, nosotros continuamos el seguimiento, y al llegar a Orotina la vagoneta se desvío a la derecha por los bomberos a la derecha, llegó a la intersección e hizo otro giro a la derecha, y otra vez a la derecha como hacia el Tigre de Orotina, pero muy cerca de ahí volvió a tomar un desvío a la izquierda ese desvío va a dar a un túnel que va a dar a la ruta veintisiete, igualmente va a dar al centro de Orotina casi. Nosotros ahí como que no tuvimos tanto a la vista la vagoneta porque iba más rápido no se si fue que detectó el seguimiento, o no sé lo que pasó. Cuando salimos de una vueltita vimos que la vagoneta venía en reversa, entonces nosotros nos metimos en una entrada […] entonces nos metimos en esa entrada y cuando salimos la vagoneta ya no estaba, observamos el Hilux que andaba, nos lo topamos de frente, el acompañante iba como pegado al parabrisas como buscado algo, como viendo. Nosotros nos indicaron que saliéramos de la zona porque estábamos solos ahí. Y entonces hicimos un giro a la izquierda y salimos de la zona y posteriormente nos enteramos por medio de la frecuencia y demás, que la Fuerza Pública hizo un retén e interceptó un vehículo que andaba dando muchas vueltas ahí en esa zona, donde vimos por última vez a la vagoneta, por ese túnel que pasa por debajo de la ruta veintisiete, y era un vehículo donde identificaron a dos personas que eran de la zona de Corredores, que me acuerdo que uno se llama [Nombre 021] y otro [Nombre 019] hasta ahí llegó ese trabajo de ese día por parte de nosotros […] cuando la vagoneta venía, venía en reversa hacia atrás y el otro vehículo el Hilux andaba como dando vueltas viendo a ver qué estaba pasando, o algo así, como estábamos solos nos indicaron que saliéramos de la zona […] De ese seguimiento sí se tomaron fotografías» (Sic. Fs. 1528-1529 de la sentencia). De los vehículos participantes en la caravana observada en esta oportunidad y su patrón de movilización, da cuenta también el informe 002SECCRO/IP-2020 (fs. 431-453), puntualmente, entre folios 439 vuelto y 449 vuelto. Los datos brindados por los testigos se interrelacionan con el video obtenido en una de las gasolineras de la ruta seguida por los implicados, en la que, en efecto, pudo observarse el Hilux siguiendo muy de cerca la vagoneta en cuestión. En este sentido, los videos de las cámaras de seguridad de dos gasolineras y de la Policía Municipal de Jacó, los cuales fueron debidamente decomisados, permiten confirmar plenamente el relato de los oficiales de la policía judicial en cuanto a la disposición de los vehículos, el momento y sitios por los cuales estos circularon y el comportamiento de resguardo o espera en relación con la vagoneta. En el informe 002-SECCRO/IP-2020, con base en los videos decomisados, se documenta en forma muy detallada, el paso de: la vagoneta, el Mitsubishi L200 placa [Valor 087] propiedad de [Nombre 020], el Toyota Hilux color gris placa [Valor 102] y el Isuzu D-MAX placa [Valor 086], por los mismos puntos geográficos, en la misma dirección, y de forma sucesiva, lo que permite identificar que estos mantuvieron una marcha coordinada entre sí y con la vagoneta Mack placa [Valor 098], tal y como lo relataron los testigos de cargo. Por tal razón tienen total validez las siguientes constataciones de las juezas de juicio, quienes observaron las grabaciones secuestradas en las estaciones de servicio y en la Policía Municipal de Jacó y procedieron a detallar en el fallo la forma cómo quedó en evidencia la actuación concertada de los conductores de la vagoneta, del Toyota Hilux color gris placa [Valor 085], propiedad de [Nombre 004], alias «[Nombre 165]» y de [Nombre 021] junto con [Nombre 019], a bordo del Isuzu DMax placa [Valor 099]: «Se observa la vagoneta Mack y la Toyota Hilux. Se detalla la vagoneta saliendo al sector de El Tigre y montándose en la ruta 27, siguiendo el recorrido se ve la vagoneta y el Hilux, camino a Orotina. No cabe duda para este Tribunal que la vagoneta marca Mack observada por la investigadora [Nombre 194] era la misma vagoneta observada en fecha 08 de junio de 2020, al analizar los videos de seguridad de la Estación de Servicio La Palma y Policía Municipal, a la vez que el desplazamiento efectuado por [Nombre 016] desde el sector de Ciudad Neilly hasta llegar a Parrita y devolverse nuevamente, fueron coincidentes a los ya conocidos que realiza esta organización criminal, según se determina de la fotografía de la Bomba La Palma, cámara número 14 se vio un vehículo placa [Valor 103] y que se encuentra a nombre de [Nombre 020] (ver apartado de la absolutoria de este encartado). Al ser las 05:14:04 horas, del día 18 de agosto de 2020, se observa el Isuzu D-Max, ingresar a la Bomba La Palma, vehículo placa [Valor 099], en el cual se identificaron a [Nombre 021] y [Nombre 019] en el sector de Orotina. Se analiza y observa la fotografía que muestra que a las 05:17:46 horas del día 18 de agosto de 2020, la vagoneta marca Mack color vino con góndola negra, pasó frente a la Bomba La Palma con dirección hacia Palmar Norte, placa que a la fecha no se identificó. Al ser las 05:18:00 horas del día18 de agosto de 2020, se observa el Toyota Hilux, color gris pasar frente a la Bomba La Palma con dirección hacia Palmar Norte, vehículo placa [Valor 101] que lograron observar los investigadores [Nombre 192] y [Nombre 194] en el sector de Tárcoles, custodiando de cerca a la vagoneta todo el camino hasta llegar al sector de Orotina en donde se perdió de vista, del cual no ha sido posible identificar a su propietario. En la Bomba La Palma, cámara número 09, al ser las 05:12:03 horas del día 18 de agosto de 2020, se observa Mitsubishi L200 color blanca, con dirección hacia Palmar Norte, vehículo placa [Valor 087], propiedad de [Nombre 020]. Se logra observar también para ese día indicado, al ser las 05:14:28 horas del día 18 de agosto de 2020, se observa el Toyota Rav4 color gris, de [Nombre 016] con dirección hacia Palmar Norte. Al ser las 05:16.27 horas del día 18 de agosto de 2020, se observa el Isuzu D-MAX color azul placa [Valor 099], saliendo de la Bomba La Palma con dirección hacia Palmar Norte. Al ser las 05:17:49 horas del día 18 de agosto de 2020, se observa la vagoneta Marca Mack color vino con negro, pasar frente a la Bomba La Palma con dirección hacia Palmar Norte detrás pasó con una distancia de un minuto aproximadamente al 05:18:03 horas del día 18 de agosto de 2020, el Toyota Hilux color gris, pasar frente a la Bomba La Palma con dirección hacia Palmar Norte. Siguiendo con el recorrido que resulta muy lineal, desde la Bomba de Parrita Cámara número 01, aproximadamente a las 08:42.79 horas del día 18 de agosto de 2020, se pasó la Mitsubishi, L200 color blanco, placa [Valor 103], mismo lugar que instantes después pasa con un minuto de diferencia al ser las 08:43:33 horas del día 18 de agosto de 2020, el Isuzu D-Max color oscuro placa [Valor 086]. Como puede verse en la secuencia del video, al ser las 08:46:58 horas del 18 de agosto del 2020 se logra ver cuando pasa el Toyota Rav4 color gris, propiedad de [Nombre 016]. Lo que también declaró con detalle [Nombre 124], quien realizó el visionado de los videos, si bien es cierto no identificó al conductor, lo cierto es que de las conversaciones entre presentes el mismo encartado [Nombre 016] se colocó al volante conduciendo el vehículo el día que estamos analizando, además el mismo indicó que ellos [Nombre 013] y [Nombre 016] utilizan los vehículos personales. Lo que no deja dudas sobre la participación de [Nombre 016] en ese traslado. En la secuencia del recorrido del día 18 de agosto, al ser las 08:52:34 horas, es decir, minutos después se observa en el video cuando pasa el Toyota Hilux, gris, placa [Valor 101]. De acuerdo con la contra inteligencia que realizaban los ex agentes del Organismo de Investigación Judicial, [Nombre 016] procedió al ser las 08:53:52 horas de ese día 18 de agosto de 2020, a devolverse en el Toyota Rav4 color gris, tal y como era su objetivo de acuerdo con lo indicado en las intervenciones entre presentes MicroSD10, a las 03:22:30 a 03:38:50, 03:39:40 a 03:59:16, 04:02:30 a 04:09:16, 04:14:00 a 04:23:09, 04:41:26 a 04:43:43, por cuanto el recorrido de custodia y transporte continuó con los demás miembros de la organización y por ello de acuerdo con las cámaras de videos de la Policía Municipal de Jacó, la entrada a Playa Agujas al ser las 09:22:12 horas del día 18 de agosto de 2020, se observa el vehículo marca Mitsubishi, estilo L200, de color blanco, placa [Valor 103], continuar con el acompañamiento, al igual que el vehículo marca Isuzu, estilo D-MAX, placa [Valor 099], seguir con el mismo trayecto de acompañamiento de la vagoneta a las 09:29:47 horas, del día 18 de agosto de 2020. Al ser las 09:36:00 horas de ese día se observa el vehículo marca Toyota, estilo Hilux, de color gris, placa 252023 en el mismo posicionamiento que venía realizando. En igual sentido al ser las 09:14:27 horas ese día se observa el vehículo marca Mitsubishi, estilo L200 de color blanco, minutos después al ser las 09:23:01 horas, se observa el vehículo marca Isuzu estilo D-MAX, en la localidad de Herradura, mismo sitio en el que al ser las 09:2 7:49 horas se observa el vehículo marca Mack estilo vagoneta, de color vino con góndola color negro y con un diseño color blanco en la puerta del conductor minutos después propiamente a las 09:28:04 horas, pasa el vehículo, estilo Hilux, de color gris, placa [Valor 101]» (Sic. Fs. 1529-1532 de la sentencia). Para ilustrar la macha en calculado acompañamiento de los tres vehículos antes señalados, el tribunal construye la tabla que puede apreciarse entre folios 570 y 571 de la sentencia, en la que se ilustra de forma sintética la información antes referida, al sistematizarse con horas y segundos, el paso de cada uno de los vehículos involucrados en el traslado de droga por los puntos de interés.   Finalmente, esta Cámara ha podido analizar las conversaciones mantenidas por [Nombre 013] y [Nombre 016], a bordo del vehículo placa [Valor 039], según constan en el acta de transcripción del archivo Micro-SD-010-20 (fs. 11-13 del legajo de escuchas), y concuerda con el tribunal de juicio, en cuanto a que es posible afirmar que el diálogo recogido en dicha acta hace referencia directa a la acción policial del día 18 de agosto, en la cual se identifica el Hilux placa [Valor 085] que era propiedad de [Nombre 004] (alias [Nombre 165]), como uno de los vehículos de seguridad de la vagoneta que realizó maniobras evasivas ante la presencia policial y más importante aún, la identificación de [Nombre 019] y [Nombre 021] a bordo del Isuzu D-MAX  placa [Valor 099] (el cual era propiedad de este último), por parte de la Fuerza Pública de Orotina en el mismo sector en el que fue vista por última vez la vagoneta (lo cual fue comprobado por este tribunal con vista en las copias que se adjuntan a folios 880 y 881 del tomo II principal). Efectivamente, la conversación entre presentes trascrita en el acta de 20 agosto de 2020, contiene los datos expuestos por el tribual de juicio, mencionándose el incidente de la persecución ocurrida el 18 de agosto, al indicarse incluso que la policía, a quienes llamaron «los perros», pidió la ayuda de un helicóptero (cfr. f. 11 fte. del acta de escuchas) y que «pegaron a [Nombre 196] a otro maecillo» (f. 12 fte. del legajo de escuchas), respecto a lo cual [Nombre 013] agregó: «al ver que los maes no tenían nada, fue cuando se percataron que era la vagoneta pero ya se habían ido» (ibidem). De manera que se confirma que [Nombre 019] y [Nombre 021], son las dos personas que identificó la Fuerza Pública durante la persecución del día 18 de agosto de 2020, cuando brindaban custodia a la vagoneta, pues son ellos a quienes se les detuvo ese día. Sobre dicho extremo razonaron las juezas de mérito:  «La actividad del 18 de agosto de 2020, se confirma porque aproximadamente a las 07:00 horas, el Centro de Intervenciones informó sobre activación de datos móviles y desplazamiento del número asociado a [Nombre 016] desde Ciudad Neilly, hacia Pérez Zeledón razón por la que los investigadores [Nombre 185] y [Nombre 194] quienes confirmaron lo anterior en juicio, se desplazan por el sector de Tárcoles Puntarenas y logran observar la vagoneta color vino con góndola color negra con desplazamiento a la ruta 27, dándole seguimiento hasta el sector de Orotina donde realizó maniobras evasivas, momento en que lograron identificar un vehículo Hilux placa [Valor 085] (foto a folio 440 frente y vuelto), y coordinando con Fuerza Pública se detuvo el vehículo Isuzu D-MAX placas [Valor 099] en el sector del Túnel donde fue observada por última vez la vagoneta, identificando a [Nombre 021] y [Nombre 019], este último hermano de [Nombre 010] y cuñado de [Nombre 001] […] Lo anterior quedó plasmado con el visionado de los videos que realizó [Nombre 124], tal y como lo manifestó en juicio y también este Tribunal observó los videos los cuales encuentran de folios 440 a 449 del tomo I » (Sic. Fs. 1527 y 1529 de la sentencia). En la conversación entre [Nombre 013] y [Nombre 016] que consta entre folios 11 y 13 del legajo de escuchas que se ha venido analizando, estos especulan sobre el motivo del seguimiento policial, dando énfasis a la cercanía del Hilux con la vagoneta que habría alertado a la policía, como efectivamente lo confirma la oficial [Nombre 194]. El tribunal de juicio transcribe parcialmente el contenido de dicho diálogo: «[Nombre 016] hace mención de la caravana que llevaba la vagoneta, primero menciona los carros iban, primero paso uno y la Hilux color champagne iba pegada a la vagoneta y el carro de [Nombre 165] fueron los únicos que pude identificar. Le menciona que de aquí para allá nada, como yo le dije a usted solo el Isuzu que era igual al de la oficina que yo le dije a usted que volara ojo a [Nombre 165], en Buenos Aires ven un Isuzu color verde, pero ese era del OIJ de Buenos Aires lo sé por la antena, entonces yo lo sondeo como ando solo en mi carro, bajo la velocidad y nunca me alcanzó y llegue a Pérez, pero a los 5 minutos de haber llegado a Dominical me paso el Isuzu Dimas (sic), un verde tierno. [Nombre 013] le indica que a los maes los pegan por la autopista un Hilux negro, por lo cual le indican a la vagoneta que regrese, se mete a una entrada, pero los maes que los siguen ven y siguen ceñidos con los carros y los maes se regresaban para traer la bicha, pero seguían atrás de los carros y no de la vagoneta, pero los maes calentaron la bicha» (Sic. F. 1523 de la sentencia. El subrayado es suplido). En la conversación entre presentes antes transcrita, ubicable entre folios 11 y 13 del legajo de escuchas, [Nombre 016] y [Nombre 013] hablaron expresamente sobre «[Nombre 001]» (f. 12 vto. del legajo de escuchas) y, además, manifestaron su temor por lo que hubiera sucedido si las autoridades logran detener la vagoneta, lo que reafirma la conclusión del a quo, en el sentido de que el objeto tan celosamente escoltado el día 18 de agosto de 2020, era droga: «[Nombre 016] hace mención de varios carros, pero la vagoneta la detectan allá, porque si hubiera habido un seguimiento a mí me pegan también, cuando usted me dice pegaron a unos maes allí, yo vengo mas arrisco antes de llegar a Buenos Aires, pero que raro que no me reventaron en Parrita si yo deje el carro a boca de jaro en aquella sodilla que esta por el Pali, me iba a meter en esta, pero después se me pasa la bicha, pero ese hijueputa Hilux iba pegada al carro, ellos me vieron ahí donde estaba. Si esa bicha viera llevado color la pegan antes de llegar a la autopista semejante bulto y eso es una cagada porque se cagaron en eso. [Nombre 013] [:] se cagaron y van ver si la desarman (No se entiende muy bien). [Nombre 016] [:] claro nos vieran pegado a nosotros eso dijo [Nombre 001] […] [Nombre 016] [:] la llevaba muy pegada ni a 15 metros, claro que la calentaron ven el movimiento de la chuncha claro que mas va ir. El problema es que ya nos identificaron  y a quienes pegaron. [Nombre 013] [:] pegaron a [Nombre 196] a otro maecillo, los del Hilux, Io que pasa es que esos maes comenzaron para arriba y para abajo. [Nombre 016] [:] vieran soltado la chuncha para que siga fría, vuelven hablar del helicóptero y le calentaron la chuncha.  [Nombre 013] [:] al ver que los maes no tenían nada, fue cuando se percataron que era la vagoneta pero ya se habia ido» (Sic. Fs. 11-12 del legajo de escuchas). La detención de [Nombre 019] y [Nombre 021] a la que se refieren los intervenidos como «[Nombre 196]» y «el otro maecillo», se documentó en el informe policial 001-AECCRO-/CI- 2021 y fue mencionada en debate por los oficiales [Nombre 044] y [Nombre 194]. Dicha acción policial se registró en el libro de novedades de la Delegación de Fuerza Pública de Orotina, tal y como lo resalta el tribunal de juicio: «el informe 001-AECCRO-/CI- 2021, a folio 880-881 tomo II, donde se encuentra la copia de dos folios correspondientes a la bitácora de novedades de la Delegación de Fuerza Pública, de Orotina, en la cual se constó la identificación de los encartados [Nombre 021] y a [Nombre 019] en la custodia a una vagoneta en fecha 18 de agosto de 2020. En dicho documento se señala lo siguiente: “Cabina de radio solicita colaboración para ubicar una vagoneta color rojo vino con batea negra marca Mack escoltada por un pick up blanco, a solicitud de DGRA [Nombre 198], la cual en apariencia transporta droga ubicada en el sector de la coyotera en uno de los tajos y en ruta principal (…) El agente [Nombre 199] consulta un vehículo pick up placa [Valor 086] color gris cerca del puente de la marginal el cual es conducido por [Nombre 021], ced [Valor 105] acompañado por [Nombre 019] ced [Valor 104], los cuales son del sector de Grecia y se consultaron por archivo.” (El subrayado es suplido), documento que fue decomisado y agregado al informe policial de acuerdo con lo que narró el oficial a cargo [Nombre 044]» (Sic. F. 1532 de la sentencia). En adición a lo anterior, el análisis de los videos de vigilancia permite comprobar que la labor de acompañamiento de [Nombre 016], quien se ubica a sí mismo como parte de dispositivo de seguridad de la vagoneta, llegó hasta cierto punto, ya que poco antes de las 9 de la mañana se devolvió hacia la Zona sur, de lo cual da cuenta la grabación de seguridad secuestrada en la Policía Municipal de Jacó (cfr. f. 1531 de la sentencia). Sobre este aspecto, indicó el tribunal sentenciador: «De acuerdo con la contra inteligencia que realizaban los ex agentes del Organismo de Investigación Judicial, [Nombre 016] procedió al ser las 08:53:52 horas de ese día 18 de agosto de 2020, a devolverse en el Toyota Rav4 color gris, tal y como era su objetivo de acuerdo con lo indicado en las intervenciones entre presentes MicroSD10, a las 03:22:30 a 03:38:50, 03:39:40 a 03:59:16, 04:02:30 a 04:09:16, 04:14:00 a 04:23:09, 04:41:26 a 04:43:43, por cuanto el recorrido de custodia y transporte continuó con los demás miembros de la organización y por ello de acuerdo con las cámaras de videos de la Policía Municipal de Jacó, la entrada a Playa Agujas al ser las 09:22:12 horas del día 18 de agosto de 2020, se observa el vehículo marca Mitsubishi, estilo L200, de color blanco, placa [Valor 103], continuar con el acompañamiento, al igual que el vehículo marca Isuzu, estilo D-MAX, placa [Valor 099], seguir con el mismo trayecto de acompañamiento  de la vagoneta a las 09:29:47 horas, del día 18 de agosto de 2020» (Sic. F. 1531 del fallo). Es importante resaltar que, en la misma conversación entre presentes de folios 11 a 13 del legajo de escuchas, la cual fue analizada por el tribunal de juicio, existe una clara vinculación entre [Nombre 001] (a quienes aluden sólo por su nombre de pila), [Nombre 007] (alias «[Nombre 171]»), [Nombre 004] (conocido como «[Nombre 165]»), [Nombre 021] (a quienes se refieren como «el otro maecillo» que fue detenido por la policía el 18 de agosto de 2020 junto con «[Nombre 019]»), además de «[Nombre 019]» (alias «[Nombre 136]», quien efectivamente fue detenido a bordo del vehículo placa [Valor 086] el día del evento bajo examen); y es precisamente la actividad de tráfico ilegal de clorhidrato de cocaína, el único factor común que une a todos los sindicados, que además explica la preocupación mostrada por ser detectados, así como las maniobras y tácticas empleadas para evitar una detención. Sobre la participación de los investigados en el delito de tráfico de droga y su actuación como grupo delictivo liderado por [Nombre 001], razona el a quo: «este Tribunal observó los videos los cuales encuentran de folios 440 a 449 del tomo I, de las cuales puede indicarse que mantienen un patrón en la dinámica de seis eventos (Evento No1, Evento No2, Evento No3, Evento No4, Evento No5, Evento No6 analizado anteriormente) y con las actuaciones logísticas que se tienen por probadas a), b), c) los cuales son un indicio que concatenado al traslado de droga que se realizó en fecha 28 de octubre de dos mil veinte resulta un patrón propio de la organización criminal. Los videos y la secuencia fotográfica, en aplicación de las reglas de la sana crítica y la experiencia confirman el patrón de ruta de la organización, así como sus participantes y funciones dentro de la misma» (fs. 1529-1530 de la sentencia). Se rechaza así, de forma fundada y en total armonía con el mérito de la prueba, el alegato consistente en que [Nombre 021] y [Nombre 019] no fueron vistos en acciones de las que pudiese derivar el cumplimiento de algún rol de su parte, con miras a la actividad de tráfico de drogas. La ausencia de intervención telefónica o rastreos en el caso de [Nombre 027] y [Nombre 021], decae en importancia al considerar que, tanto las conversaciones entre presentes mantenidas entre [Nombre 016] y [Nombre 013], como el seguimiento policial que los ubicó en plena acción de acompañamiento a la vagoneta el 18 de agosto de 2020, confirman de forma fehaciente su participación activa en el grupo organizado. Cabe advertir, finalmente, en virtud del reclamo efectuado por la licenciada Yerilyn Alvarado Castellón, que el análisis integral de la prueba no da lugar a duda de que el objeto transportado en la vagoneta a la cual brindaban custodia [Nombre 019],  [Nombre 021] y otras personas a bordo del Mitsubishi, estilo L200, de color blanco, placa [Valor 103], era droga. Ello no obedece únicamente a que la carga de la misma vagoneta, en idénticas condiciones de dispositivo de seguridad (un vehículo liviano «punta» y otro como escolta) fue detenida el 28 de octubre de 2020, con una tonelada de clorhidrato de cocaína. Las conversaciones captadas entre [Nombre 016] y [Nombre 013] antes transcritas, son lapidarias en cuanto al riesgo que corrían en caso de que la policía hubiese logrado detener la vagoneta, a lo que se suma el fuerte dispositivo de seguridad y las maniobras evasivas que realizan los partícipes en la caravana para evitar la acción policial. La valoración integral de indicios permite derivar, en forma indubitable, que tanto el transporte del día 28 de octubre, como el ocurrido el 18 de agosto de 2020, correspondía a droga de la organización criminal liderada por [Nombre 001]. También apunta en tal sentido, como se analizará más adelante, el hecho que, cuando ocurren las aprehensiones de varios de los integrantes del grupo criminal el 28 de octubre de 2020, [Nombre 019] es el que se entera y comunica de forma casi inmediata a [Nombre 020] que necesitaban que enviaran abogados para asesorar a los detenidos. Además, la participación activa de [Nombre 019] en la organización dedicada al trasiego de droga era plenamente conocida por sus hermanos, al punto que, al enterarse de las detenciones, [Nombre 010] preguntó a [Nombre 020] si «[Nombre 136]» (sobrenombre de [Nombre 019]) figuraba entre los detenidos. La defensora particular de [Nombre 019] señala que existe falta de fundamentación de la condena de su representado, porque el tribunal de juicio omitió valorar la declaración que rindió en juicio. Esta Cámara ha procedido a verificar que en el debate el sindicado rindió una pequeña declaración (cfr. fs. 172-173 del fallo). No obstante, esta se limita a rechazar los cargos, en lo que respecta a los eventos que se le atribuyen el día 28 de octubre de 2020. Como se analizará más adelante, este Tribunal no tiene por cierta la participación del endilgado entre los vehículos que brindaron seguridad a la vagoneta con droga el día 28 de octubre de 2020, por lo que no existe agravio en la falta de consideración de su dicho, que se redujo a indicar que, en la fecha señalada, se encontraba trabajando la tierra en su finca (cfr. f. 173 de la sentencia). Ahora bien, de oficio, se observa que en la redacción del hecho probado 5.4, el cual hace referencia a la acción perpetrada por el grupo criminal el 18 de agosto de 2020, no se indica que el objeto trasladado y custodiado en la vagoneta sea droga. Dicha aparente falencia, sin embargo, no produce consecuencia alguna, porque el hecho probado 5.4, se complementa con lo indicado en el punto 6.4 del marco fáctico acreditado: «6.4.- Posterior a los traslados de droga que realizaron los miembros del grupo criminal citados, en fechas 18 de agosto y 28 de octubre del 2020, los acusados [Nombre 013], [Nombre 016], funcionarios públicos destacados para ese momento en el Organismo de Investigación de Corredores, como parte de sus funciones dentro de la organización criminal, asesoraron a los líderes del grupo, [Nombre 001] y [Nombre 007], a efectos de que cambiaran las estrategias de traslados de droga, a fin de no ser detectados por las autoridades […]» (cfr. f. 130 del fallo recurrido. El subrayado es suplido). Adicionalmente, se comprueba que el señalamiento sobre el traslado de droga en esa fecha, también la contienen los hechos acusados (cfr. hechos 8.10 a 8.12, visibles entre fs. 22 y 23 del pronunciamiento), y se tiene por acreditada, además, con toda claridad, en el apartado de valoración probatoria intelectiva del fallo, que integra el hecho acusado a la luz del principio de unidad de la sentencia. En este sentido, se indica a folio 1522 de la resolución recurrida: «En la MicroSD 010-20, se menciona más información del evento del 18 de agosto de 2020, indicándose a folios 11, 12 y 13, sobre el movimiento de la vagoneta, seguida de una Hilux, donde la policía abordó a [Nombre 019] cc “[Nombre 136]” y a [Nombre 021] en fecha 18 de agosto de 2020, en esta misma conversación se indicó que [Nombre 016] participó en el traslado de droga haciendo el traslado por Pérez Zeledón (en esa ocasión se determinó por medio de los investigadores que para ese momento estaban arreglando un puente por eso tomó esa ruta), hablaron de “[Nombre 165]” identificado como [Nombre 004] y otro con alias “[Nombre 171]” o “[Nombre 171]” individualizado como [Nombre 007], además que se tienen que reunir con el dueño de la droga» (fs. 1522-1523 de la sentencia. El subrayado no corresponde al original).

Evento de interés n.° 11: La última acción de interés llevada a cabo por el grupo criminal, consiste en la movilización tipo «convoy» o caravana, que se llevó a cabo el día 28 de octubre de 2020. En dicha fecha, se hizo traslado de una tonelada de droga entre el sector de Puerto Jiménez y el Pacífico central del país. Así, la agrupación conformada por [Nombre 001], [Nombre 007], [Nombre 013], [Nombre 016], [Nombre 021], [Nombre 019], [Nombre 027], [Nombre 004], [Nombre 024], [Nombre 031], [Nombre 028] y [Nombre 042] (a quien se le sigue causa por separado), con un claro plan común y división de funciones, puso en marcha una nueva movilización coordinada, cuya valoración conjunta con las movilizaciones antes detalladas permite demostrar, sin lugar a dudas, cuál era el objetivo perseguido por el grupo delictivo con las acciones documentadas por la policía. En esta ocasión, dado el seguimiento de la vagoneta ocurrida dos meses atrás, el grupo tomó la decisión de alterar la apariencia de dicho vehículo de carga, cambiando el color de la pintura. Como parte del dispositivo de seguridad participaron en esta ocasión: [Nombre 027] y [Nombre 024], a bordo del Mitsubishi L200 placa [Valor 088]; [Nombre 004] (alias «[Nombre 165]»), [Nombre 031] y [Nombre 042] (a quien se sigue causa por aparte), todos a bordo del Hyundai Palisade placa [Valor 106] y [Nombre 028] a bordo de la vagoneta Mack placa [Valor 098], para ese momento pintada color blanco con amarillo. En relación con la forma cómo la policía pudo detectar el traslado, la ruta seguida y condiciones en que circulaba el grupo criminal, se contó con el dicho del investigador [Nombre 044], así como la declaración de los oficiales [Nombre 177], [Nombre 137], [Nombre 145], [Nombre 150] y [Nombre 141]. Contrario a lo que ocurrió en otros eventos, no existió en esta oportunidad una alerta del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones sobre la ruta seguida por alguno o varios de los sindicados. En lugar de ello, el oficial [Nombre 044] explicó en juicio que, al haber detectado un patrón de periodicidad de alrededor de dos meses entre una movilización de droga y otra (7-8 de junio y 18 de agosto de 2020), se estaba a la espera de un nuevo transporte en algún momento del mes de octubre y por ello: «se hicieron prácticamente vigilancias de lunes a jueves en horas de la madrugada, todos los días, todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles y todos los jueves  igual con el Centro de Intervenciones se tenía ya establecido que nos llamara y de igual forma a los jefes de la delegación que nos indicaran si los oficiales pedían libre el lunes, algún lunes (…) El veintiocho de octubre como a las cinco de la mañana, cinco y diez de la mañana no tuvimos radio bases, no tuvimos ninguna comunicación de [Nombre 016], ni de [Nombre 013], ni pidieron permiso para esa fecha y estando yo en la bomba de Chacarita, propiamente al puro frente de la salida hay una parada de buses, ahí estuve, ahí me mantuve toda la noche toda la madruga, observo una L200, que viene del sector de Palmar Norte, pasa frente a la bomba de Chacarita, llega hasta el puente de Piedras Blancas, se devuelve muy despacio y se estaciona de frente de la bomba Chacarita, se estaciona al lado derecho de este lado de Chacarita, se mantiene ahí. Le doy un poco de importancia por la velocidad en que viene, pero no estoy observándola mucho y en ese momento, este tal vez unos cinco minutos de que estuviera ahí estacionado esa L200, se observa salir una vagoneta color blanco con góndola amarillo, ehh, esa vagoneta mismas característica de la vagoneta color vino que se había observado la placa comenzaba con catorce (14) también esa placa, tenía una antena Pioneer en el lado izquierdo de la venilla del acompañante que era una de las cosas que me llamó la atención, porque esa antena Pioneer era de las que se usaban antes, yo compré varias de esas, entonces sí tenía muy presente esa antena Pioneer porque antes se usaba mucho, la observo y veo que es similar al chilillo que se había visto en los videos, y lo que llamó también mucho más la atención es que era de tres ejes y el eje superior estaba igualmente sucio de barro, este barro amarillo que la que se observó en los videos. En ese momento inmediatamente doy aviso por celular, tomo fotografías que están plasmadas en el informe policial, que va saliendo la vagoneta inmediatamente no tuve, pensé que no fuera por el color, inmediatamente por las características individualizantes, lo que pensé fue que por el día en que casi se detiene la vagoneta cambiaron de color y la mandaron. Ahí va la vagoneta la misma solamente que con cambio de color, pasa la vagoneta, obviamente no me muevo esperando que salieran otros vehículos, como era costumbre, tenía que salir el tercer vehículo o cuarto vehículo, o dos vehículos más que eran la custodia trasera y lo que se observa es un Hyundai Paladise, no sé cómo se pronuncia nuevo sin placa era del año y se observan tres sujetos, un sujeto manejando, un sujeto de acompañante y otro sujeto en la parte trasera, que inmediatamente sale y se ponen detrás de la vagoneta, cuando van en recorrido yo salgo un poco a la calle principal para observar el recorrido que llevan. Observo donde la Paladise adelanta la vagoneta, la vagoneta adelanta la L200 y el L200 se queda detrás de la vagoneta me mantengo unos minutos viendo la calle, es una calle muy larga donde voy caminando hacia la bomba yo andaba con el compañero [Nombre 251] observo la calle a ver si venía algún vehículo más no observo ningún vehículo, nos montamos en el carro que andábamos y le comenzamos a dar seguimiento. Se le informa al grupo de compañeros que están ahí y ya se empieza a establecer todo el mecanismo para hacer la detención de la vagoneta junto con estos tres vehículos, esos dos vehículos que andaban la L200 y el Paladise el Hyundai. Nosotros, don [Nombre 251] y mi persona nos mantenemos siempre detrás, nunca rebasamos la custodia de la vagoneta, nos mantenemos siempre atrás dándole seguimiento pasan por Palmar Norte toman la costanera, y continúan hacia Parrita, pasan Parrita, siempre seguimos ahí nosotros en seguimiento, en Parrita la vagoneta se estaciona e ingresa a la bomba Paquita, ingresa y se estaciona al lado izquierdo en los estacionamiento, en ese momento la L200 para y hace recorridos de adelante hacia atrás en esa calle, se ve donde el conductor, posteriormente y se ve que es don [Nombre 028] el que se baja de la vagoneta, abre la tapa de la vagoneta y empieza a revisarla, nosotros estamos al frente estamos dando custodia estamos observando lo que está pasando, vemos que en un momento determinado la L200 ingresa a la par de la vagoneta, hablan algo, sale la L200, se mantiene siempre ahí cerca, don [Nombre 028] vuelve a cerrar la tapa y continua el recorrido adelanta a la L200, y continúan siempre la vagoneta y la L200 detrás, todo esto se estaba informando vía radio el compañero [Nombre 177] estaba coordinando las diligencias con la policía municipal y Fuerza Pública que teníamos ahí destinados para realizar esa detención. Al llegar a la zona del mirador de Jacó la estrategia policial y como ya se sabe en estos casos, el primer carro es el carro vigía, el carro punta, el carro campana como dice [Nombre 016], el carro que tiene que avisar si hay algún retén, para decirle a los demás que paren, que se devuelvan, que se escondan, y que no pasen por el retén. Al nosotros saber esa situación lo que se hizo fue que no se puso el dispositivo, se escondió el dispositivo, se dejó que el primer vehículo que era el único que teníamos en ese momento, el que habíamos observado salir que era la Paladise que pasara y cuando pasó este vehículo, se instaló el retén, se instaló el dispositivo, para ese momento se pone el dispositivo se dejó pasar el Paladise pasa la vagoneta y se hace la detención en, me parece no sé si fue en el mirador o un poquito más atrás donde la L200 rebasa la vagoneta y va delante de la vagoneta y va la vagoneta atrás en ese momento pasan por un sector donde ya se tenía establecido que no hay señal, no hay funcionamiento de internet y se hace la detección de estos vehículos por parte de Fuerza Pública. Yo voy detrás de estos carros y le indico a una de las personas que está ahí de Fuerza Pública, Fuerza Pública solo tenía comunicación con [Nombre 177], Fuerza Pública por obvias razones no tenía que saber todas las diligencias ni lo que estábamos trabajando […] se le indica a uno de los oficiales de Fuerza pública ahí, que vaya y detenga el Paladise sin placa, se le indica a él que hubo un movimiento extraño y que la Paladise también está involucrada dentro de un trasiego de droga, que están pasando aparente droga. Entonces ellos van y hacen la detención más adelante. Ya en esas coordinaciones que se hace ya es [Nombre 177] el que está en coordinaciones, yo me bajo del vehículo  […] doy vueltas por ahí observando y nos mantenemos en vigía de que todo esté bien» (Sic. Fs. 1576-1578 de la sentencia). En el mismo sentido, pero con un recuento menos detallado, dieron su relato los oficiales [Nombre 177] y [Nombre 251] (cfr. fs. 1578-1579 de la sentencia). Por su parte, el oficial [Nombre 138], quien fue parte del grupo de Unidades Especiales de la Fuerza Pública que colaboró en la detención de los implicados en el área de Garabito, explicó: «el día de octubre del dos mil veinte, por parte del director general en ese momento [Nombre 140], se me comunica que en enlace directo con parte de OIJ, [Nombre 177] para un trabajo en conjunto en ese momento ingresamos en horas tempranas madrugada no recuerdo hora exacta, nos trasladamos al sector de Jacó» (f. 1579 de la sentencia). El tribunal de juicio valoró también lo indicado por el testigo [Nombre 137], quien fue parte de los oficiales de la Policía Municipal de Garabito que se encontraban efectuando el retén de tránsito encargado de detener para revisión, al vehículo Mitsubishi L 200 placa [Valor 088] en el cual viajaban [Nombre 024] y [Nombre 027]; así como la vagoneta placa [Valor 098] en la que viajaba [Nombre 028]. A folio 1580 de fallo recurrido, se incluye una síntesis de su declaración, en cuanto a las circunstancias en las que se realiza dicho retén y la detención de los vehículos de interés, la cual esta Cámara verifica a partir del contenido íntegro de su relato (visible entre folios 212 y 216). En lo que interesa, el oficial [Nombre 137] refirió lo siguiente:  «sí sé a qué vengo a declarar de un trabajo que hice en la Fuerza Pública, de un caso de una vagoneta que en un control vehicular habíamos abordado. Eso fue en el dos mil veinte, un veintiocho de octubre a eso de las siete de la mañana, fue de rutina […]  Ya nosotros estábamos en el lugar cuando llegó Fuerza Pública. El apoyo entre ambas policías es muy frecuente. Ya una vez que teníamos una información yo abordé un vehículo marca Mitsubishi, estilo L200, color gris, estando ahí otro vehículo no recuerdo las características da información a Fuerza Pública donde indicaban de marca Hyundai vehículo como de color morado, no recuerdo matrícula […] una Mitsubishi L200, color gris y una vagoneta, de cabina color blanca y la góndola el cajón de color amarillo. El vehículo color gris L200, lo abordo venía veinte metros delante de una vagoneta con las características antes mencionadas, yo lo aorillo venía un conductor y un acompañante, los invitamos a bajarse, el vehículo se cierra y se los colocamos a un costado de la carretera, esperamos para ver qué era la situación en específico y ver quien era el encargado de la investigación. Ya una vez que se determina que la vagoneta también estaba ahí también aorillada se inician las coordinaciones con fiscales y OIJ de Garabito. La detención del vehículo L200 se hace en Garabito, Jacó, ruta treinta y cuatro en la esquina de ruta treinta y cuatro con calle Madrigales […] Las coordinaciones llegó un funcionario del OIJ que no preciso los datos de él, llegó con otro investigador, pero de ellos no sé mucho. Ahí se nos da la noticia de que en esa vagoneta viene droga, entonces el grupo de Fuerza Pública que son un grupo que les denominan “Linces” coordinan para que al sitio llegue una unidad canina, con perros adiestrados. Ahí es donde los perros detectan que dentro de la vagoneta puede venir droga, ellos hacen ciertas diligencias ahí donde indican que sí efectivamente trae droga. Yo estuve presente cuando se hicieron las diligencias en la vagoneta. Yo observo que llegó la unidad canina con oficiales y perros adiestrados para detectar droga, ellos alumbraron por debajo de la vagoneta, porque es bastante alta y ponían los perros alrededor de la vagoneta, en determinado momento uno de ellos, no recuerdo si con un palo, con objeto de metal o una cuchilla no sé exactamente en una esquina de la vagoneta de la góndola propiamente derecha adelante punza y ahí se ve donde cae algo blanco el perro inmediatamente se echa, ahí se alumbró para arriba y se observó que había como corrosión se rompió el piso de la góndola y se observaba que había un polvo blanco, todo ahí todo se congeló y llegaron los oficiales del OIJ de Garabito. Yo observé una pintura como herrumbre se hacen escamas ahí fue donde los oficiales rasparon y se hace un hueco y se observa algo blanco que fue lo que al punzarlo es lo que cae a la carretera. Los señores permanecieron ahí sentados a un costado de la L200, llegaron funcionarios, los identificaron plenamente en el sitio, realizaron revisiones del vehículo parcialmente lo cerraron y quedó solo la puerta del lado de la chofer abierta y luego se llevaron a los tribunales del OIJ en Jacó. La L200 se trasladó conduciendo un investigador y al lado el conductor del vehículo. La unidad canina pasó por la L200 resultado negativo. Al principio llegó una pareja de investigadores no transcurrió mucho tiempo, posteriormente, una hora después llegaron investigadores del OIJ de Jacó. Vi investigadores un par los primeros que llegaron no preciso de qué oficina.

El vehículo de color morado los oficiales “Linces” y motorizados lo abordan más adelante, lo veo horas después cuando llega ahí a los tribunales donde nosotros estábamos. La vagoneta se trasladó con la coordinación de un operario de la municipalidad de Garabito que está capacitado para trasladar ese tipo de equipo y él lo traslada del punto de abordaje a los tribunales» (Sic. Fs. 212-213 de la sentencia). Lo referido por los testigos guarda correspondencia con el informe de seguimiento e imágenes del paso de los vehículos por puntos de interés, que se documenta en la tercera ampliación al informe 002-SECCRO/IP-2020, de folios 469 a 520 (tomos I y II del expediente principal). Los testigos [Nombre 044], [Nombre 177], [Nombre 137], [Nombre 145], [Nombre 150], [Nombre 141] y [Nombre 138], fueron contestes en cuanto a la detección de la vagoneta y tres vehículos que la acompañan, en la misma conformación observada en los eventos del 7-8 de junio y 18 de agosto de 2020. El tribunal de juicio razona, con acierto, que no existe motivo alguno para dudar que la vagoneta en la que se efectuó el decomiso de una tonelada de clorhidrato de cocaína el día 28 de octubre de 2020, es la misma que se observó trasladándose, en idéntico patrón de ruta (Zona Sur- Pacífico central) en ocasiones anteriores, siendo igualmente custodiada por vehículos livianos. El testigo [Nombre 044] relató cómo, encontrándose frente a la Bomba de Chacarita en una vigilancia desde la noche del 27 de octubre y madrugada del día siguiente, a eso de las 5 de la mañana, observó pasar un vehículo L200, el cual avanza, luego se devuelve y estaciona frente a la gasolinera. Indicó el mismo testigo que, unos cinco minutos después, vio pasar una vagoneta y que a su paso el conductor del vehículo L200 este retoma la marcha. Un detalle importante relatado por el investigador es que en un inicio dudó si la vagoneta era la misma que había visto en caravana en los eventos anteriores, pero detalló que la única diferencia entre ambas era el color de la pintura, pues la placa del vehículo pesado también iniciaba en 14, y tenía señas distintivas, como el tipo de antena que tenía instalada al lado izquierdo y que tenía impregnado barro amarillo, igual que lo había observado en otra ocasión. Ante tal situación, se dispuso a esperar la salida de otro vehículo de seguridad y, en efecto, vio salir de la misma dirección que los anteriores un Hyundai Palisade, el cual dejó pasar antes de dar seguimiento a los tres vehículos y coordinar el retén de los automotores para su revisión en la zona de Jacó. A folio 486 vuelto del tomo I principal, puede observarse una fotografía con el detalle del raspado en la carrocería a la que hace referencia el testigo, en la cual se aprecia, con toda claridad, el color de pintura —rojo oscuro o vino— que tenía el vehículo pesado antes de ser pintado de blanco. Al respecto, la oficial [Nombre 150] relató en juicio: «revisando la parte baja de la vagoneta puedo decirte el suelo, el que colinda con la calle, procedemos a revisar nuevamente bien el piso, vemos que se encuentra pintura pero pintura sobre corrosivo, lo cual es algo inusual ya que está muy reciente la pintura y no se le hizo el adecuado procedimiento para un enderezado de pintura» (f. 1582 de la sentencia).  En adición a lo anterior, en el mismo folio 486 frente, se puede observar la comparación de las fotografías de la vagoneta tomadas durante las vigilancias del 8 de junio y 18 de agosto de 2020, cuando aún no se había cambiado de color, y la correspondiente al día 28 de octubre de 2020, lográndose apreciar que la única diferencia entre las imágenes, radica en el color de la pintura El dictamen pericial n.° DCF: 2021-01120-ING, de folios 3092 frente a 3094 vuelto, ratifica la alteración que sufrió dicho vehículo pesado para transportar alijos de droga sin ser percibidos a primera vista, que consistió en la instalación de un «piso doble» en la parte de la góndola que no era visible a simple vista, el cual tenía instalado un mecanismo de cierre a través de un dispositivo hidráulico (cfr. f. 1486 de la sentencia). En este sentido, la pericia antes mencionada señala (entre otras) las siguientes alteraciones de interés: «En el interior de la cabina y específicamente en el sector localizado entre el conductor y el acompañante se localizó (en un compartimento de la parte posterior de la cabina), un controlador compuesto por dos botones uno de ellos con flecha hacia arriba y el otro con flecha hacia abajo, el cual acciona un equipo hidráulico “POWER PRO” que se encuentra instalado en el costado derecho medio de la vagoneta cuestionada. Este sistema hidráulico “POWER PRO”, funciona por medio de un motor eléctrico que utiliza una alimentación de corriente eléctrica de la vagoneta […] el cual se localizó en la parte inferior de la cabina por el sector del conductor […] se logró comprobar el funcionamiento y operación del sistema hidráulico que se encuentra acoplado a los actuadores (pistones) y elementos diseñados para el acceso al compartimento oculto localizado en el piso de la góndola. En el piso de la góndola se observa una estructura que cuenta con unos angulares metálicos que se encuentran unidos por soldadura a una lámina metálica que al momento de la inspección se le aprecia un corte transversal en la parte media. Dicha estructura localizada en el piso de la góndola, obedece a la compuerta o punto de acceso a un compartimento oculto con profundidad de 19 c, y que se extiende por todo el piso que cuenta con dimensiones de 2.20 metros de ancho por 4,80 metros de largo» (fs. 3092 vto. – 3093 fte. del tomo VII principal). Ahora bien, en cuanto a la movilización coordinada entre los vehículos observados por la policía judicial, cabe resaltar que, además de la actitud de espera del conductor del vehículo Mitsubishi L 200 placa [Valor 065]8, que el investigador [Nombre 044] notó frente a la Bomba de Chacarita, este también relató que antes de ser detenidos cerca de Jacó, la vagoneta ingresó en una gasolinera y el vehículo L200 imitó dicha acción y se le acercó al chofer del vehículo pesado para dialogar con este brevemente, luego de lo cual retoman su marcha. Tanto en el informe N.° CI-0330-2020-SDRGJ (ubicable entre folios 521 y  542 del tomo II principal) como en la cuarta ampliación al informe n.° 002-SECCRO/IP-2020 (ubicable entre folios 555 y 846 del tomo II principal), se documentan las circunstancias puntuales que rodearon la detención de los coimputados [Nombre 028], [Nombre 027], [Nombre 024], [Nombre 004], [Nombre 031] y [Nombre 042]. Ambos informes fueron incorporados como prueba, según consta a folio 1360 del fallo impugnado. De conformidad con la estrategia de los investigadores a cargo del operativo, se realizaron retenes en dos puntos distintos: «el día veintiocho de octubre de 2020 se abordaron y detuvieron los vehículos: marca Mack placas [Valor 107] color blanco con amarillo conducido por [Nombre 028], se detuvo el vehículo estilo pick up marca Mitsubishi, estilo L200 placas [Valor 115] conducido por el encartado [Nombre 027] y como acompañante [Nombre 024] y el vehículo marca Hyundai Palisade color vino, sin placa metálica y con placa provisional número [Valor 108] conducido por [Nombre 004] y acompañado de [Nombre 042] (rebelde) y [Nombre 031], que se describió en el informe CI0330-2020-SDRGJ a folio 1357 a 1367 describiendo el sitio 1 como el lugar donde se detuvo la vagoneta y el vehículo L200 en Puntarenas, Garabito, Jaco, frente a entrada a Madrigales y el sitio 2 donde se detuvo el vehículo Hyundai Palisade ubicado en Garabito, Tárcoles, 100 metros sur de la entrada a Nativa. Se desprende de este informe CI-330-2020-SDRGJ- 2020 como de las actas de inspección y las declaraciones de los oficiales actuantes ya analizados que después de un primer abordaje y revisión por parte de la unidad canina y por dirección funcional de la fiscal a cargo la licenciada Norma Aguirre en el sitio 1 y 2, se realizó un traslado a los patios del organismo de investigación judicial de Garabito a realizar la inspección de los vehículos, es decir, a continuar con la inspección en un segundo lugar como se consignó a folio 1368 vuelto (12:50 mediodía), de ahí que existan actas de decomisos de horas tempranas y actas con horas más tarde (tarde-noche) resultante del decomiso de los objetos recolectados y decomisados en los vehículos en las instalaciones del OIJ de Garabito» (f. 1585 de la sentencia). Esta situación específica, se relaciona con la conversación captada el día 28 de octubre de 2020, en el vehículo oficial del cual hacían uso [Nombre 013] y [Nombre 016], ya que se escucha al primero indicar, refiriéndose a las detenciones y decomiso de droga: «¿Pero [Nombre 165] llega al puesto o le caen a él? Tercera Persona: Nombres a [Nombre 165] lo pegan en Nativa y a la vagoneta ahí abajo» (cfr. f. 1464 de la sentencia y f. 46 vto. del legajo de escuchas), lo que incuestionablemente se vincula con el hecho que, en efecto, [Nombre 004] fue detenido el día 28 de octubre de 2020, en las inmediaciones del Condominio Nativa. En dicha conversación, [Nombre 013] y [Nombre 016] mencionan también a «[Nombre 171]» (sobrenombre por el que se conoce a [Nombre 007]). Con lo anterior se reafirma, una vez más, la empresa delictiva que unía a los investigadores judiciales que figuran como imputados con el resto de los sindicados, a la vez que confirma la pertenencia a la organización criminal de los sujetos mencionados en dicho diálogo. Además, el secuestro de los teléfonos que portaban [Nombre 028], [Nombre 027], [Nombre 024], [Nombre 004], [Nombre 031] y el imputado rebelde [Nombre 042], y su posterior apertura, permitió conocer los vínculos y comunicaciones entre ellos. Al respecto se razona en sentencia: « [Nombre 004] de acuerdo con los informes policiales tenía contacto con [Nombre 027], [Nombre 031], y con los mismos números internacionales en común según se estableció en el informe 83DICR/SECCRO/ART-2020, cuyos flujogramas son ilustrativos de esas relaciones entre todos los encartados» (fs. 1463-1464 de la sentencia). En efecto, en el informe antes mencionado, el cual se incorporó al elenco probatorio como «prueba material n.° 17», se obtiene información de gran relevancia que, unida a la dinámica de la movilización de las personas detenidas el día 28 de octubre de 2020, mientras dan acompañamiento a la vagoneta que transportaba una tonelada de clorhidrato de cocaína, permite determinar, de forma indubitable, el conocimiento previo de los implicados entre sí y su acuerdo común para realizar el traslado de droga.  Sobre los datos arrojados por el informe 83DICR/SECCRO/ART-2020, señalan las juezas de mérito: «el informe 083-DICR refiere en la tabla #20 las llamadas entrante del número de [Nombre 004] [Valor 046] mismo que reconoció como suyo en indagatoria a folio 1345 vuelto, en esta tabla se observan cincuenta y siete llamadas del número [Valor 069] cuyo abonado es [Nombre 028] y que reconoció en indagatoria a folio 1343, esto del 25 de noviembre de 2019 al 8 de setiembre de 2020, es decir, los imputados se conocen y han mantenido comunicación durante por lo menos este período por lo que además de los movimientos inusuales en caravana que llevó a la detención del veintiocho de octubre, no es casualidad que [Nombre 004] fuera de punta en la caravana que custodiaba la vagoneta con la droga y así lo confirmó en la conversaciones entre presente los encartados [Nombre 013] y [Nombre 016] (SD-26-MUX) al cuestionarse los motivos por los cuales les lograron detener el vehículo Hyundai Palisade cuando el vehículo lo habían sacado el día anterior de la agencia, de esa misma conversación es que se logra identificar que [Nombre 004] es el que llaman en la organización criminal como “[Nombre 165]”, ello también porque de las llamadas telefónicas a manera de ejemplo se cita la llamada del [Valor 015] del dieciocho de enero de 2020 a las 11:59 donde un tercero lo identifica como “[Nombre 165]”. El encartado [Nombre 013] refiere que iban [Nombre 165], [Nombre 196], el mae de la vagoneta, el mae que ha viajado con [Nombre 027] siempre y [Nombre 021]. [Nombre 016]: ¿[Nombre 021] el mae de chepe? ¿Cuántos carros iban? seis en dos carros? [Nombre 013]: dos carros y la vagoneta. Continúan conversando, pero el ruido ambiente no permite descifrar la comunicación, luego sigue: [Nombre 013]: No, [Nombre 021] lo topa a él siempre (no se entiende), hoy estaba por acá en la zona. También mencionan que [Nombre 165] iba con [Nombre 042] y que lo pegaron en Nativa y el encartado [Nombre 016] finaliza diciendo que se quedó sin carro nuevo [Nombre 165] y efectivamente los recibos de pago del Hyundai Palisade están a nombre de [Nombre 004] mismo quien conducía el Palisade y que le fue decomisado. De esta misma conversación se observa que la persona que siempre ha viajado con [Nombre 027] es [Nombre 024]. Volviendo al informe 083-DICR se tiene que la línea asociada a [Nombre 004] [Valor 066] no solo mantuvo comunicaciones con [Nombre 028] sino también con [Nombre 024] al [Valor 067] así como con [Nombre 215] (flujograma 2 y 3).

También se observa comunicaciones entre [Nombre 028] y [Nombre 024] (tabla 40 y 43). En el flujograma 17 se puede comprobar que el encartado [Nombre 024] estaba relacionado con [Nombre 028] y [Nombre 004], así como comunicaciones a números en común de [Nombre 027] y [Nombre 024], [Nombre 004], [Nombre 031] y [Nombre 042] (flujograma 23 al 26). Unido a este informe se tiende del informe de análisis producto de la apertura telefónica de los dispositivos decomisados a los encartados el veintiocho de octubre de 2020 que por lo menos en el DM01 de [Nombre 028] se localizó una fotografía suya y unos depósitos bancarios con su nombre y en el DM02 se localizó el contacto [Valor 120] con el nombre “perro” del cual recibió ocho llamadas entrantes e hizo nueve salientes el día del evento veintiocho, diez llamadas con ([Nombre 024]) el día veintiocho (folio 3425). Del dispositivo identificado del DM05 decomisado a [Nombre 024] se localizaron fotos de [Nombre 024] lo que hace ver su pertenencia. En el DM10 se ubicaron 116 “TOKEN” termino y medio utilizado para pagar grandes cantidades de droga y además se ubicó una foto de aparentes paquetes de cocaína con similar dibujo al decomisado en Jaco. Ahora bien, el DM20 de [Nombre 004] registra cuatro llamadas el veintitrés de octubre de 2020 bajo el numeral [Valor 067] guardado como “[Nombre 214]” pero asociado al IMEI decomisado a [Nombre 024] y en el DM22 decomisado a [Nombre 004] está registrado el [Valor 069] como “[...]”. En el teléfono decomisado a [Nombre 031] se localizó un audio a una femenina que le dice que él habló con el “gordo" para que lo deje salir el domingo del lugar donde esta y que h indicaron que estaban buscando a [Nombre 021] para hacer el cambio y lo dejen salir. [Nombre 031] envía mensaje de audio a femenina, en la que indicó que la persona que van a llevar esta en Grecia. De la carpeta DM25 decomisado a [Nombre 027] se obtuvo la activación de aplicaciones, varios selfis de [Nombre 027] lo que deja ver su pertenencia, y fotos de aparente droga cocaína. En la carpeta DM26 decomisado a [Nombre 027] registra el [Valor 110] como “[Nombre 136]” y el [Valor 109] como “tatuado” decomisado también a [Nombre 027]. Se localizó en este dispositivo y del contacto “[Nombre 136]” cuarenta y cuatro intentos de llamadas hasta desistir al ser las 09:27:26 esto el día veintiocho de octubre de 2020, lo cual coincide con las comunicaciones generadas entre [Nombre 010] y [Nombre 020] acerca de que estaban intentando comunicarse con [Nombre 216] refiriéndose a Jim y a [Nombre 019] o “[Nombre 136]”. Lo anterior confirma que efectivamente como lo conversó [Nombre 013] y [Nombre 016], todos venían en caravana cuando fueron detenidos. En este mismo dispositivo se ubicó un grupo de WhatsApp entre “[Nombre 136]” y “[Nombre 211]” el propietario o como se identificó en otro dispositivo decomisado “[Nombre 214]”, lo que deja ver el uso de datos móviles a través de aplicaciones y que se veían reflejado en los informes de análisis criminal, en ese grupo de WhatsApp “[Nombre 136]” envío un video de [Nombre 024] acostado el 27 de octubre de 2020 a las 10:04. En el dispositivo DM27 decomisado a [Nombre 027] se ubicó el otro número de [Nombre 028] [Valor 057] con el nombre de “[Nombre 212]” con el cual solo registra comunicaciones el veintiocho de octubre de 2020.

En el dispositivo DM28 decomisado a [Nombre 027] se ubicó el número [Valor 111] con el nombre de “[Nombre 165]”, confirmando nuevamente que se trata de [Nombre 004]. Sobre la identificación y participación de los encartados [Nombre 004] alias “[Nombre 165]”, [Nombre 031], [Nombre 213] y [Nombre 024] y [Nombre 028]. Este Tribunal ha tenido por demostrado que los encartados [Nombre 004] era identificado por el resto del grupo de la organización como [Nombre 165] y que de forma activa, es decir en coautoría y dando un aporte esencial para la realización del tipo penal a saber el transporte de la droga, ya que realizaba una función de custodia y punta a efectos de alertar de forma anticipada la presencia de autoridades que pudieran dar con la droga que transportaba la organización utilizando la vagoneta, de ahí que tenían el cómo podía transitar la caravana quien con contubernio y compañía de [Nombre 031] y [Nombre 042] (rebelde), lograban mantener contacto con el resto de la organización, así se pudo observar de las comunicaciones en las que participaba [Nombre 031] como aporte al grupo, de manera que pudieran ser efectivo el traslado que venían haciendo desde la zona sur y hasta el pacífico central de manera coordinada. [Nombre 213] lo identifica como “[Nombre 216]”, en las conversaciones generadas del número intervenido de [Nombre 010] y quien viajaba con [Nombre 024] en ese momento pero que, de acuerdo con las conversaciones entre los encartados [Nombre 013] y [Nombre 016], ellos siempre viajaban juntos, he de ahí y de los rastreos telefónicos que arroja comunicaciones entre ellos contactos entre ellos al punto que en el grupo de WhatsApp [Nombre 019] envió un video de [Nombre 024] acostado»  (Sic. Fs. 1589-1591 de la sentencia). En el mismo orden de ideas, comentan las juzgadoras: «es un indicio importante que al encartado [Nombre 024] lo identificó [Nombre 004] como “[Nombre 214]” refiriéndose a [Nombre 024], folio 3490, Tomo VII, es así como queda plasmado en el informe policía 014- SECCRO-DM-2022 lo siguiente: “Realizado el análisis del video de respaldo mencionado, se determinó que el dispositivo registra únicamente cuatro llamadas en fecha 23 de octubre del 2020, al numeral [Valor 112], el cual, según los contactos del dispositivo, se encuentra guardado bajo el nombre de "[Nombre 214]", asociado al IMEI 357306081658858, decomisado a [Nombre 024]. Dicha relación telefónica es importante, por cuanto vincula a uno de los sujetos que viajaba en el vehículo marca Mitsubishi L200, placa [Valor 113] ([Nombre 024]), con el ocupante principal del vehículo o marca Hyundai Palisade, sin placas metálicas ([Nombre 004])” Obsérvese cómo desde aquí es posible establecer la comunicación entre el Paladise que conducía [Nombre 004] (vehículo punta) y el vehículo escolta que conducía [Nombre 027], quien viajó en esa ocasión con [Nombre 024]» (fs. 1482-1483 de la sentencia. El subrayado no corresponde al original). A partir de dicho análisis, esta Cámara concluye que el intercambio de comunicaciones, contenido de mensajes y fotografías que se obtienen de la apertura de los teléfonos decomisados a [Nombre 004], [Nombre 028], [Nombre 215], [Nombre 024], [Nombre 027] y [Nombre 031], según se documenta en los informes 014-SECCRO-DM-2022 y 83-DICR/SECCRO/ART-2020, unido a los hallazgos previos sobre movilizaciones de droga por parte de [Nombre 007], [Nombre 013], [Nombre 016] y [Nombre 001] (bajo el liderazgo de este último), permiten derivar el conocimiento previo y actuación de común acuerdo en lo que toca a la empresa criminal, por parte de los coencausados.  Ello es así, aún para quienes no fueron objeto de intervenciones telefónicas o rastreos desde el comienzo de la investigación ([Nombre 028], [Nombre 031], [Nombre 021], [Nombre 027], [Nombre 019] y [Nombre 004]), porque en su caso, la detención de los implicados en el acto flagrante de transporte de droga se une a la información recabada a partir de las aperturas telefónicas, que demuestran que se trató de una actuación planificada con anticipación y cuidado. Valga señalar, en concordancia con lo expuesto hasta ahora, que la observación de [Nombre 013] y de [Nombre 016] en diversas actividades relacionadas con el tráfico ilícito de droga que se han documentado con detalle a lo largo de este considerando, entre ellas, el dispositivo de seguridad brindado por [Nombre 013] en conjunto con [Nombre 021] el día 8 de junio de 2020 y en el caso de [Nombre 016], la participación en la caravana de seguridad de la vagoneta el 18 de agosto de 2020 (lo que él mismo confirmó), unido a las conversaciones entre presentes interceptadas, les coloca, sin lugar a dudas, como integrantes de la organización

quienes no sólo asesoran a la jerarquía en temas de seguridad y contrainteligencia, sino que, además, participan directamente en diversas actividades de custodia de la droga, entre ellas, las dos movilizaciones de sustancias ilícitas antes señaladas.  También en el caso de los sujetos que no contaban con solicitud de intervención telefónica antes del 28 de octubre de 2020, se encuentra adecuadamente sustentada su vinculación con el sobrenombre o alias que es utilizado para referirse a ellos en las diversas interacciones de interés.

Como ya se advirtió, la vinculación de [Nombre 004] con el alias de «[Nombre 165]», no solo parte de la identificación del usuario de los teléfonos que le fueron secuestrados a este, con la única excepción de un teléfono al que no se le pudo hacer apertura por tener clave de bloqueo (cfr. f. 1464 de la sentencia), sino que, además, es clara en la conversación entre presentes mantenida por [Nombre 016] y [Nombre 013], al referirse al decomiso de droga sucedido el 28 de octubre de 2020. En este sentido, se documentó que [Nombre 013] comentó con una tercera persona, refiriéndose a las detenciones del día 28 de octubre de 2020: «Tercero: ¿Pero [Nombre 165] llega al puesto o le caen a él? [Nombre 013]: A [Nombre 165] lo pegan en Nativa y a la vagoneta ahí abajo» (cfr. f. 1464 de la sentencia y f. 45 fte. y vto. del legajo de escuchas). En efecto, al analizar el detalle de las detenciones, se documenta en el informe N.° CI-0330-2020-SDRGJ que en el lugar identificado como «sitio 2», ubicado en: «Garabito, Tárcoles, 100 metros sur de la entrada a Nativa», se detuvo «el vehículo marca Hyundai Palisade color vino, sin placa metálica y con placa provisional número [Valor 108] conducido por [Nombre 004] y acompañado de [Nombre 042] (rebelde) y [Nombre 031]» (f. 1585 de la sentencia), lo cual fue corroborado por este tribunal de alzada con vista en los folios 521 a 526 del tomo II principal. Dicha información, además, se interrelaciona con un dato particular concerniente con la muy reciente adquisición del vehículo Hyundai Palisade placa provisional [Valor 056], por parte de [Nombre 004]. Sobre este aspecto, la conversación mantenida entre [Nombre 013], [Nombre 016] y un tercero no identificado, arroja el siguiente dato: «Tercero: para que peguen ese carro en el que iba [Nombre 165], no tenía 24 horas de nuevo, el carro esta nuevo nuevo de paquete, él Io sacó el día anterior como a las tres de la tarde y el otro día en la madrugada Io pegaron, como se iban a dar cuenta que iba en ese carro?» (transcripción n.° 02620 de 5 de noviembre de 2020, fs. 45 vto. – 46 fte.  del legajo de escuchas). Sobre este punto, añadieron las juzgadoras: «no es casualidad que [Nombre 004] fuera de punta en la caravana que custodiaba la vagoneta con la droga y así lo confirmó en la conversaciones entre presente los encartados [Nombre 013] y [Nombre 016] (SD-26-MUX) al cuestionarse los motivos por los cuales les lograron detener el vehículo Hyundai Palisade cuando el vehículo lo habían sacado el día anterior de la agencia, de esa misma conversación es que se logra identificar que [Nombre 004] es el que llaman en la organización criminal como “[Nombre 165]”, ello también porque de las llamadas telefónicas a manera de ejemplo se cita la llamada del [Valor 015] del dieciocho de enero de 2020 a las 11:59 donde un tercero lo identifica como “[Nombre 165]” » (f. 1589 de la sentencia). A partir de las aperturas telefónicas de los aparatos móviles y tarjetas SIM secuestradas el día 28 de octubre de 2020, así como las intervenciones telefónicas, se logró establecer —tal y como lo analiza el tribunal sentenciador— que [Nombre 024] era conocido coloquialmente por sus compinches como «[Nombre 214]»; a [Nombre 019] se le conocía como «[Nombre 136]» y [Nombre 027] tenía los alias de «[Nombre 216]» y de «[Nombre 217]». En adición a ello, los informes 014-SECCRO-DM-2022 y 83-DICR/SECCRO/ART-2020, permiten derivar, tal y como lo señala el tribunal de juicio, información de gran relevancia, como las llamadas previas entre [Nombre 004] y [Nombre 218] con [Nombre 042] (encartado rebelde); de [Nombre 024] con [Nombre 028]; además, de [Nombre 010] con [Nombre 019] y con [Nombre 027]. En torno a esta última relación, es de particular interés la cantidad de intentos de llamada (más de 40) que realiza [Nombre 019] a [Nombre 027] (conocido como «[Nombre 216]»), el día en que ocurre el decomiso de droga que estaba siendo transportada en vagoneta, lo que se relaciona, a su vez, con la conversación mantenida entre [Nombre 010] y su hermano [Nombre 020] el día 28 de octubre de 2020, analizada por las juzgadoras: «[Nombre 010] conoce de la detención por medio de su hermano [Nombre 020] de acuerdo con la llamada 05130427, del 28/10/2020, a las 10:01:24 am, la sinopsis de dicha llamada indica: “Sinopsis: [Nombre 010] dialoga con [Nombre 020]. [Nombre 020] le dice: "llame a su marido o pregunte, porque dicen que [Nombre 216] se cayó, ¿no sé?", [Nombre 010] le pregunta: "¿a dónde?", [Nombre 020] le dice: "¡no sé mae, diay llame para ver si es cierto!". [Nombre 010] le dice: "ay, y este mae no está", [Nombre 020] le dice: “diay, dicen que se cayó y [Nombre 196] no me responde", [Nombre 010] le dice: "ay, no puede ser", [Nombre 020] le dice: "pero es que no sé porque … tienen que ver es el otro mae.., diay, yo no sé cómo estará", [Nombre 010] le dice : " diay, ¿es que cómo le voy preguntar yo?", [Nombre 020] le dice: "si, si, no, ni le responde", [Nombre 010] le dice: "bueno, bueno, pregúntele a [Nombre 196]", que le haga llamadas, [Nombre 020] dice que es que no le entran lo mensajes, [Nombre 010] le es que no hay más...usted no tiene el de [Nombre 021]", [Nombre 020] dice que no, [Nombre 010] dice: "y dónde ella se comunica...con él", [Nombre 020] dice: "diay, voy a preguntarle a esa hembra a ver", [Nombre 010] le dice: “diay, llámela a ella , pregúntele".” (Reportes del sistema PLX y audios)» (Sic. Cfr. Fs. 1544-1545 de la sentencia y f. 487 del tomo I principal). Una llamada adicional, que reseñó el tribunal de juicio como de importancia en torno al conocimiento previo de los coendilgados sobre el transporte de droga que se estaba llevando a cabo el 28 de octubre de 2020, es la identificada con el consecutivo 05633036: «Sobresalen de importancia dos llamadas más la 05633036 del 28 de octubre de 2020, minutos después de ocurrida la detención de los encartados de la cual deriva que el imputado [Nombre 019] a pesar de no ser detenido participó en el evento del ese día, pero además ya se  como participante de la organización desde fecha 18 de agosto de 2020. Esta llamada reflejó la preocupación de [Nombre 010] por las personas que iban en el convoy entre ellos hermanos de ella, lo que evidentemente la alteró» (Sic. F. 1545 del fallo). La llamada a la que alude expresamente el a quo, la realizó [Nombre 010] desde el número [Valor 040], al número [Valor 041] de [Nombre 020], a las 10:29 horas del 28 de octubre de 2020, y su contenido es el siguiente: «Sinopsis: [Nombre 010] llama a [Nombre 020] y le pregunta si ha hablado más con "[Nombre 136]"? [Nombre 020] le dice que no, que ese hijueputa no le responde. [Nombre 010] le pregunta si el teléfono de él no le entra? [Nombre 020] indica que no. [Nombre 010] le pregunta a dónde lo pueden llamar? que si no tiene ningún número? [Nombre 020] le dice "ahorita llamó a [Nombre 219] ese hijueputa, pero nada más dijo eso y cortó" [Nombre 010] le pregunta "pero él no?" [Nombre 020] le dice "él no", Extra llamada, [Nombre 010] indica "ve dice que [Nombre 136] fue el que avisó" [Nombre 010] le pregunta a [Nombre 020] "[Nombre 136] dijo algo?" [Nombre 020] indica "que los tenían en Jacó y que le buscáramos abogados" Extra llamada [Nombre 010] dice "lo único que dijo fue, nos tienen prensados en Jacó y busque un abogado"..... (silencio) "por Dios".... "dígame".... "ajá" okey, okey, voy corriendo con eso, okey, bueno" Se corta la llamada» (Sic. F. 487 vto. del tomo I principal). A partir de las anteriores llamadas, es posible derivar, con total certeza, el conocimiento previo y manejo que tenían [Nombre 010], y sus hermanos, [Nombre 027], [Nombre 020] y [Nombre 019], así como [Nombre 001] y [Nombre 021], sobre la movilización de droga que estaba ocurriendo en horas de la madrugada y mañana del 28 de octubre de 2020. Ahora bien, de dicha comunicación, y de la mención que realizan [Nombre 016] y [Nombre 013] sobre la presencia de [Nombre 021] en uno de los vehículos que daba acompañamiento a la vagoneta el día en que ocurrió el decomiso de droga

(cfr. f. 40 vto. del legajo de escuchas), las juzgadoras derivan también que, tanto Estribí como [Nombre 019], participaron activamente en el dispositivo de seguridad de la vagoneta el 28 de octubre de 2020. Respecto a esta inferencia debe darse razón parcialmente a la licenciada Alvarado Castellón, aunque no con las consecuencias que esta supone. Este tribunal de alzada observa que no existe un sustento probatorio sólido para afirmar que [Nombre 019] y [Nombre 021] formaron parte del convoy de seguridad de la vagoneta con droga el día 28 de octubre de 2020. Aunque no queda duda que ambos tenían conocimiento de dicha movilización y que [Nombre 019] se mantuvo pendiente de cómo transcurría, al punto que se enteró de primero sobre las aprehensiones. La indicación de que estos viajaban en un vehículo dando seguridad a la vagoneta ese día también, se hace descansar, de forma exclusiva, en una interpretación posible, pero no unívoca, de la seguidilla de conversaciones de referencia antes señaladas. Por ello, subsisten dudas para este tribunal sobre la participación activa de ambos en el convoy del 28 de octubre de 2020. Sin embargo, aun asumiendo que [Nombre 021]  y [Nombre 019] no formaron parte (físicamente) del convoy de seguridad de la vagoneta en esta última fecha, la determinación derogas no se ve afectada en absoluto; como tampoco releva de responsabilidad a [Nombre 007], [Nombre 013], [Nombre 016] y por supuesto [Nombre 001], la circunstancia de no haber tomado parte activa en la caravana de vehículos que brindó seguridad a la vagoneta el 28 de octubre de 2020. Ello obedece a que nos hallamos ante un ilícito cometido por un grupo organizado, en el que existe división de roles y como se observó también, alternancia de sus integrantes en el cumplimiento de las funciones que eran necesarias para el acopio, almacenamiento, custodia y traslado de droga entre Puerto Jiménez y el Pacífico central en un rango temporal que se extendió de noviembre de 2018 hasta abril de 2021. Aunado a lo anterior, se trata de un delito permanente cometido de común acuerdo por una agrupación criminal, en el que las distintas acciones que integran el ilícito cumplen, por sí mismas, con los verbos típicos previstos en el numeral 58 de la Ley N.° 8204 (en concordancia con el ordinal 77). Sin embargo, para efectos del  reproche penal, dichas acciones se valoran como un mismo fenómeno delictivo. Bajo esa inteligencia, es un error conceptual sostener que sólo la actividad desarrollada el 28 de octubre de 2020 fue típica y antijurídica. La participación de [Nombre 021] en el transporte de droga ocurrido el 7 de junio de 2020 (en los términos señalados al analizar el «evento de interés n.° 9») y el rol cumplido por [Nombre 021] y [Nombre 019] en el transporte de droga el 18 de agosto de 2020 (con el sustento probatorio señalado al hacer referencia al «evento de interés n.° 10»), justifica su condena por el delito de tráfico de drogas en calidad de coautores, habida cuenta de la esencialidad de su aporte, al brindar seguridad a la vagoneta que trasladó los alijos de droga de un punto geográfico a otro en las fechas antes indicadas.

Por tal motivo, aunque esta Cámara no tiene por cierto que [Nombre 021] y [Nombre 019] hayan participado directamente en el ocultamiento en la vagoneta de la droga el día 28 de octubre de 2020 y que hayan brindado acompañamiento a la carga en esa oportunidad, tal y como se indica en los

6.1 y 6.4, no existe variación alguna en su condena como coautores del delito bajo examen. En consonancia con lo expuesto, no existe tampoco necesidad de declarar la ineficacia parcial de lo resuelto y ordenar el reenvío de la causa,  ya que, a la luz de la aplicación de la ley sustantiva y puntualmente, de las reglas del codominio funcional del hecho aplicadas al delito bajo examen, [Nombre 021] y [Nombre 019] conservan su calificativo como coautores del delito de tráfico de drogas. Ahora bien, en los recursos de apelación formulados, la defensa técnica y material plantea una serie de quejas puntuales que es necesario abordar de forma precisa. Aunque ya se advirtió en lo que atañe a [Nombre 021] y [Nombre 019], se observa que también respecto de la totalidad de sentenciados, es errónea la premisa que subyace en varios de los alegatos de apelación, a saber: que únicamente la actividad de transporte que culminó con el decomiso de mil kilos de droga configura el delito previsto en el numeral 58 de la Ley N.° 8204, en concordancia con el ordinal 77 inciso f) del mismo cuerpo normativo. Tal suposición es errónea, en el tanto el decomiso del 28 de octubre de 2020 permitió comprobar que efectivamente era droga el material almacenado, custodiado y transportado por los sindicados haciendo uso de una vagoneta. Sin embargo, tan típico es el transporte ocurrido el día del decomiso, como los que se acreditaron los días 8 de junio y 18 de agosto de 2020. Aún y cuando no pueda conocerse qué cantidad exacta de estupefacientes se transportó en dichas fechas, son múltiples los indicios que permiten eliminar toda duda razonable de que el material transportado el 8 de junio y el 18 de agosto de 2020 era droga, entre ellos: el celo utilizado en los traslados, que se evidencia en las precauciones que se toman para todas las movilizaciones, lo cerrado del grupo, la utilización de un vehículo «punta» y otro u otros de escolta, los cuidados que se adoptan para las comunicaciones entre los integrantes de la organización  criminal, utilizando aplicaciones o mensajería y no llamadas convencionales, el uso de un vehículo con gran capacidad de almacenaje, con compartimento oculto, las horas elegidas para realizar los transportes, a lo cual se  suma  la información obtenida a partir de la interceptación de las comunicaciones. Así, esta conclusión no constituye un acto de interpretación analógica, como lo afirman los impugnantes, sino que se trata de un proceso de derivación probatoria efectuado a partir de la valoración integral de los indicios recabados. No resulta necesario conocer el peso exacto de los cargamentos anteriores al día del decomiso, porque la penalidad de la figura aplicada no se hace depender de dicha circunstancia y, por supuesto, las condiciones de traslado de la droga permiten descartar que se tratara de cantidades ínfimas, propias del autoconsumo, sobre todo si se toma en consideración que la jerarquía de la organización —[Nombre 001] y su mano derecha, [Nombre 007]—  buscó y pagó por la asesoría de agentes de la policía judicial con el fin de garantizar el éxito de la operación.  Tampoco era necesario, para acreditar la acción de almacenaje, que se determinara probatoriamente de dónde provenía la droga, quién la recibía, o el sitio exacto en el que se ubicaban las bodegas donde se mantenía oculta antes de ser transportada. En ese orden de ideas, basta considerar que «almacenar» se define como: «1. tr. Poner o guardar en almacén. 2. tr. Reunir, guardar o registrar en cantidad algo» (Real Academia Española, versión digital del Diccionario de la Lengua Española. Recuperado de: https://dle.rae.es/almacenar). Es así que, sin importar el sitio exacto dónde se mantuvo la droga antes de ser depositada en el compartimento oculto de la vagoneta utilizada por los implicados, la ubicación de la carga en dicho depósito o «caleta» —paso necesario previo al transporte— ya cumplía por sí mismo con la definición de «almacenar».  En todo caso, la tipicidad de la conducta no requería la comprobación de varios de los verbos contenidos en el artículo 58 de la Ley de Psicotrópicos. Basta la demostración de alguno de estos, como lo es el transporte, para que la conducta típica se consume. Otro reclamo de carácter general que formula la defensa técnica, consiste en que no se probó que los otros vehículos utilizados para dar acompañamiento a la vagoneta, también transportasen droga. Dicha acreditación era innecesaria, en virtud de que se demostró que el transporte se hizo utilizando la vagoneta, lo que tiene su razón de ser en la estrategia elegida por el grupo criminal para el ocultamiento de la droga, a través de la alteración de la góndola de dicho vehículo pesado, con el propósito de que esta alojara un compartimento oculto con gran capacidad de almacenaje. Por otro lado, [Nombre 013] y [Nombre 016] cumplen un rol elemental, al participar en la función de resguardo de la vagoneta con droga: el primero, en fecha 8 de junio de 2020 y el segundo, durante el transporte de droga realizado el 18 de agosto de 2020, tal y como ya se expuso en este mismo considerando. Por tal razón, su condena como coautores del ilícito no descansaba en que prestaran colaboración directa el día 28 de octubre de 2020, o que mantuvieran contacto telefónico con los integrantes del grupo que sí participaron en dicha movilización. Más aún, a partir de la interceptación de las comunicaciones, es claro que uno de los lineamientos de seguridad brindados por [Nombre 013] y [Nombre 016] a los otros miembros de la organización, era la de no activar sus teléfonos durante los traslados de droga con el fin de no ser detectados por la policía.  Aseveraciones de este tipo abundan en las transcripciones de los diálogos mantenidos por [Nombre 013] y [Nombre 016], a bordo del vehículo institucional placa [Valor 039] (cfr. fs. 12 fte., 15 fte., 20 vto. y 21 fte. del legajo de escuchas).  Además, se comprobó que cumplieron la labor de asesorar a la organización, a través de los aportes que brindaron, principalmente a [Nombre 001] y a [Nombre 007], sobre las formas cómo podían evadir el control policial. En este sentido, el legajo de escuchas telefónicas permitió conocer que [Nombre 013] y [Nombre 016] había aconsejado al grupo realizar cambios de vehículo entre un traslado y otro, no hacer uso de llamadas tradicionales en las movilizaciones de droga, incluso desactivar los datos de sus teléfonos celulares y, a través de la información a la que tenían acceso, les brindaban contrainteligencia. Ahora bien, la defensa técnica cuestiona que se haya tenido por cierto el hecho probado n.° 6.4, que señala dicha labor de asesoría de [Nombre 013] y [Nombre 016], así como la advertencia que hicieran estos sobre la posible realización de allanamientos. El reclamo no se centra en la falta de sustento probatorio de dichas funciones, sino en la indicación de que las acciones no podían tenerse por acreditadas, debido a que ambos imputados fueron absueltos por el delito de procuración de impunidad. La tipicidad o atipicidad de dicha conducta, será discutida en esta resolución, con motivo del reparo que sobre tal extremo interpuso la representante del Ministerio Público. Sin embargo, baste indicar por el momento, que la determinación de una conducta o suceso como fenómeno de la realidad, no depende de su carácter delictivo, por lo que aún en el caso de eventos prescritos, o acciones realizadas por imputados rebeldes —situación esta última que acontece en la especie— es posible proceder a demostrarlos o descartarlos, como fenómenos históricos que son, sin que ello suponga, por sí mismo, la toma de postura sobre la relevancia penal de dicha acción. Con respecto al coimputado [Nombre 007], su rol como mano derecha de [Nombre 001] y encargado de logística, a quien le corresponde coordinar personalmente con los entonces oficiales de policía [Nombre 013] y [Nombre 016], requiere una mención detallada. Ciertamente, tanto a [Nombre 001] como a [Nombre 007], por su posición de jerarquía, no se les observó participando en forma personal o directa en muchos de los dispositivos de seguridad de  traslado de droga de la Zona Sur al Pacífico central. Este tipo de tareas, que se caracterizan por ser de mayor exposición, fueron encomendadas — como es usual en este tipo de organizaciones— a quienes ocupan un lugar de menor jerarquía dentro del grupo delictivo. De conformidad con los hechos demostrados, dentro de la división de roles que le fueron asignados a cada integrante en la organización criminal, le correspondió a [Nombre 007], ser la «persona de confianza de [Nombre 001], encargado de labores operativas con respecto al almacenaje, transporte y distribución de los alijos de droga al país» (cfr. f. 124 de la sentencia). De conformidad con dicho rol, el a quo indicó: «Como miembro de la organización criminal se tiene claro que el mismo es persona de confianza, mano derecha de [Nombre 001], y como tal, es quien tiene la coordinación para que los imputados [Nombre 013] y [Nombre 016] los asesoren de la mejor manera para tener éxito en la empresa criminal. Tal y como ha quedado acreditado, el justiciable [Nombre 007] desde la noticia crimen dada por la DEA fue individualizado a través de vigilancias, y movimientos propios de la organización criminal, ligado también a desplazamientos comprobados con los rastreos telefónicos y a la reunión que sostuvo con los coimputados [Nombre 013] y [Nombre 016] a fin de que lo asesoran después de la incautación de la droga el 28 de octubre de 2020 y sobre la situación jurídica de todos los que fueron detenidos. Ello solamente lleva a la irrefutable conclusión del interés de este imputado por el cargamento decomisado y sobre la situación de los demás encartados. Resulta importante la relación de este [Nombre 007], con los demás miembros que participaron en el traslado de la droga el 28 de octubre del 2020, la vigilancia del día 25 de abril de 2019 misma que fue realizada por [Nombre 177], [Nombre 174], [Nombre 044], [Nombre 246], [Nombre 124] y [Nombre 220], quienes iniciaron vigilancia en casa de [Nombre 007] donde observaron dos vehículos D-MAX [Valor 116] y [Valor 020] a nombre de [Nombre 007]. A las 12:30 sale el D-MAX [Valor 116] conducido por [Nombre 007] con otros sujetos, se consultó el mismo y está a nombre de [Nombre 004] (foto a folio28) y llegó e ingresó a casa de [Nombre 001] en La Cuesta. A las 14:10, sale el DMAX [Valor 116] conducido por [Nombre 007] de la casa de [Nombre 001] y a las 14:30 mediante control de carreteras se identificó a [Nombre 076], [Nombre 007] y [Nombre 004] (foto de cédulas a folio 29). El vehículo continuó a la vivienda de [Nombre 007] y minutos después salió hacia la zona de Pavones, con esa diligencia policial se comprobó que las relaciones entre los encartados no son producto de la palma, ganando o actividad comercial lícita en común, sino de actividades ilícitas. También quedaron registradas las comunicaciones entre [Nombre 007], [Nombre 013] y [Nombre 016], en el informe de análisis de llamadas de intervención telefónica 151-A-CJIC-2020, de folios 246 a 256, firmado electrónicamente por Oscar Campos Navarro, analista criminal a quien se le solicitó: “Determinar el comportamiento criminal en las líneas intervenidas según los criterios de activación de radio bases, clasificación de llamadas efectivas, llamadas sin audios (otros), frecuencias de llamadas. Según el requerimiento del investigador. Porcentaje de activaciones o movimientos por datos móviles y llamadas convencionales y mensajes de texto de cada uno de los teléfonos intervenidos.” de esta manera se constató la frecuencia de llamadas para los números [Valor 021] asociado a [Nombre 007], el [Valor 032] asociado a [Nombre 013] […] A folio 254 consta la activación por radio bases del número [Valor 033] [Nombre 016] para el mes de abril (fotografía N°9), activación de radio base para [Nombre 013] y [Nombre 016] para el mes de abril (diagrama N°10), folios del 246 al 256, comprobándose a través de esas activaciones las relaciones cercanas entre los encartados [Nombre 007], [Nombre 016] y [Nombre 013], los dos últimos sin actividades en común con el

Existen vigilancias a [Nombre 007] que evidencian el alto perfil económico que tenía el encartado […] La declaración que rindió el encartado en juicio corrobora que el mismo se dedica a la palma, al ganado, a los bienes raíces, venta de vehículos, transporte púbico, alquiler de bienes inmuebles, sin embargo, esas actividades no permiten confirmar su relación con los demás miembros de la organización criminal lo que permite arribar a la única conclusión posible de que lo único que los une es la actividad ilícita del tráfico de estupefacientes […] La amistad con [Nombre 001] ha fundamentado este Tribunal al respecto que no resulta creíble que solo sea una sana amistad, de acuerdo con la prueba y la concatenación de indicios tiene por probado este Tribunal que ambos formaban parte de una misma organización criminal dedicada al narcotráfico, situación que niega, sin embargo, a través del análisis que se hace se confirma su participación»

(Sic. Fs. 1548-1552 de la sentencia). La labor de coordinación entre [Nombre 007] y los oficiales [Nombre 013] y [Nombre 016], que es señalada por el tribunal de juicio, puede comprobarse, asimismo, con vista en las conversaciones entre presentes que se interceptaron a los dos ex oficiales de la policía judicial, tal y como lo advierten las juzgadoras. Esta Cámara ha procedido a verificar dicho rol de enlace, el cual se ilustra con vista en las conversaciones documentadas entre folios 12 y 13 del legajo de escuchas, las cuales se ubican en el contexto de la falla en el dispositivo de seguridad de la vagoneta el día 18 de agosto de 2020, que ocasionó una persecución policial. En dicha conversación, [Nombre 016] y [Nombre 013]  hablaron expresamente de «apoyar a [Nombre 171]», en cuanto a las razones de la falla en seguridad y las medidas a tomar a futuro. Un segmento de dicha conversación, en particular, evidencia la función que cumple [Nombre 171] para la toma de decisiones operativas y como punto de referencia del grupo criminal: «[Nombre 013] [:] los maes que los pararon se identificaron como OU, no les tocaron los teléfonos y si hubiera sido un seguimiento los vieran quitado todo, no los hubieran dejado ir tan fácil, ni a la chuncha, ellos no sabían de la chuncha. Eso fue porque dijeron que eran del Sur. Insiste que no le va hablar por teléfono que mejor se sientan hablar, para no calentarle la cabeza. Ya [Nombre 165] se los había dicho, [Nombre 171] fue conmigo y se los dijo, tocan el tema de los teléfonos chuseados, pero hacen mención que son nuevos» (Sic. F. 12 vto. del legajo de escuchas. El subrayado es suplido). Se ponderó en sentencia, en el mismo sentido, el rol de conexión que cumplió [Nombre 007] entre los oficiales de la policía judicial y los restantes miembros de la organización criminal, con motivo de las detenciones y decomisos ocurridos el 28 de octubre de 2020. Dicho razonamiento del a quo se transcribe, pese a su extensión, porque en él se realiza una explicación detallada de las funciones asumidas por [Nombre 007] en la organización: «no cabe duda para este Tribunal que [Nombre 001], [Nombre 007], [Nombre 013] y [Nombre 016]estaban unidos con la finalidad de beneficiar a la organización criminal y obtener ganancias de ello, como muchas veces lo hablaron en las conversaciones los encartados [Nombre 013] y [Nombre 016], lo se confirma a partir de la reunión que sostuvieron [Nombre 007], [Nombre 013] y [Nombre 016] posterior a la materialización, cuando en fecha 02 de noviembre de 2020, cinco días después de la materialización, [Nombre 007], coordinó con [Nombre 013] y [Nombre 016] para verse y establecer estrategias en relación con lo sucedido, para ello quedaron de verse en el sector de Conte, cerca de Zancudo (de donde venía [Nombre 007]) se subió al vehículo del Poder Judicial donde lo esperaban los encartados [Nombre 013] y [Nombre 016] con la finalidad de que todos colaboraran con la organización en procura de ayudar a los miembros que fueron detenidos, es decir, siguieron en labores de asesoría a la organización, lo que se estableció con la declaración del investigador [Nombre 044], quien refirió lo siguiente: “ellos continúan dentro de la organización, continúan dentro del grupo criminal con el simple hecho de esa reunión que ellos hacen con el señor [Nombre 007] dentro del vehículo oficial, dentro de la MU-X y que don [Nombre 007] le gira instrucciones a ellos para que localicen y les averigüen como está el asunto y porqué fue el decomiso y por qué detuvieron a [Nombre 004] que iban demasiado largo de la caravana, y que no sabían haber detenido a ese vehículo porque ya iba muy largo, el hecho de que no estaban no los excluye de la organización como tal.” La ubicación del encartado [Nombre 007] como la tercera persona que se sube al vehículo MU-X se da a través de una concatenación de indicios que permiten tener la certeza de que eso ocurrió. […] Indicios objetivos y claros que permiten de manera unida con la conversación generada, establecen con certeza que [Nombre 007] en cumpliendo con su rol y evidente preocupación no solo por la droga, sino por el futuro de los demás encartados, es quien se subió al vehículo donde se encontraban los coencartados [Nombre 016] y [Nombre 013]. Dentro de la conversación entre presentes indicó [Nombre 007] que tenía que ir a San José para reunirse con un abogado lo que se confirmó mediante las diligencias policiales consignadas en el informe 001-SECCRO-2021, folio 1022 Tomo III, que dieron seguimiento al traslado de [Nombre 007] a San José, lo que confirma la presencia de éste en el vehículo oficial horas antes, lo que constató cuando subió al vehículo donde estaban los ex agentes, indicándoles lo siguientes: “manifestó ([Nombre 007]) que tenía que trasladarse a San José para una reunión con un abogado, razón por la cual se continuó c n el análisis del rastreo telefónico de [Nombre 007], lográndose establecer que llegó a su vivienda al ser aproximadamente las 10:48 horas y después de mantenerse algunas horas, inició traslado hacia San José al ser las 12:44 horas, trazando una ruta activación de radiobases a los largo de la Carretera Costanera Sur y al ser las 19:01 horas arribó al sector de San José, propiamente en Guachipelín, activando la radiobase 103/2638, en donde se mantuvo durante algún tiempo, para luego trasladarse al sector de Heredia, manteniéndose en el Gran Área Metropolitana por varios días.” Lo anterior se tiene por sustentado en la ampliación I del informe 001-SECCRO/CI-2021, de folio 982 al 999 en el tomo II y del folio 1002 al folio 1037 del tomo III de fecha 12 de febrero del 2021, firmado holográficamente por [Nombre 044], Lic. Eliecer Valerio y Lic. Christian Montenegro. Indicio que se analiza a la luz de las conversaciones entre presentes, cuando el encartado [Nombre 007] entró en el vehículo y conversan entre ellos lo siguiente: “Al 24:25:05 se escucha una tercera voz que dice:

Nos hubiéramos topado aquí playo, yo no venía de Zancudo? [Nombre 013]: Que todo bien. Como está la gente?

Diay ahí están, [Nombre 013]: Ya los dejaron salir? Tercero Mae sí, están afuera desde el otro día. [Nombre 013]: Qué salvada! Diay usted no me dice nada playo, vea, qué se va hacer es lo que hay que empezar a tapar ya, hay que empezar a tapar un montón de (no se entiende) porque esta mierda viene una investigación hedionda, ahora sí viene hedionda.

Ajá? Qué pasó?

[Nombre 013]: Vea, ese pegue está demasiado grande (no se entiende) ha demasiada información para (no se entiende) yo tengo un contacto importantísimo allá en Chacarita, que si pueden hablar con un mae (resto de la comunicación con interferencia externa) Al 24:26:49 se escucha lo siguiente: [Nombre 016]: Pero por qué los tiraron afuera, qué fue lo que pasó Tercero: ...este, no, el abogado los sacó y como que les pegaron los teléfonos y no, el mae los tiró afuera en la noche, con brazalete, si firmando. Seguidamente dialogan que no hay comunicaciones entre [Nombre 165] y la vagoneta y que cometieron un error, que sacaron el teléfono de la vagoneta y se lo metieron _ carro de [Nombre 027] y que cuando hicieron el decomiso todo estaba en el carro de [Nombre 027]” Legajo de Escuchas del Vehículo Isuzu [Valor 043] Unidad [Valor 096], folio

Lo que constató esta Cámara y determina que existe una clara identificación de cada uno de los miembros de la organización criminal que fueron detenidos en fecha 28 de octubre de 2020, confirmándose con ello que todos los imputados están intercomunicados para protegerse y ayudarse, se ve la plena individualización de todos los encartados aquí condenados y el rol que mantuvo [Nombre 007] en esa organización» (Sic. Fs. 1552-1555 de la sentencia recurrida. El resaltado no corresponde al original). Aunado a lo anterior, tal y como se ilustró a lo largo de la descripción de eventos de interés que acompañan este considerando, se documentaron coincidencias en las movilizaciones que realizan los coendilgados [Nombre 013], [Nombre 016] y [Nombre 007] hacia Puerto Jiménez, en horas de la madrugada hacia zonas costeras típicas de ingreso de droga por vía marítima, en las siguientes fechas: a) 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2019; b) 7 de diciembre de 2019; c) 14 y 15 de diciembre de 2019; d) 5 y 6 de enero de 2020, y e) 12 y 13 de enero de 2020. Por todo lo expuesto, es posible validar la siguiente conclusión del a quo: «Este Tribunal de acuerdo con la prueba recibida en el contradictorio tiene por acreditado que [Nombre 007] como persona de confianza de [Nombre 001], y encargado de labores operativas al ser el canal de comunicación entre [Nombre 001] y los imputados [Nombre 013] y [Nombre 016], así como los demás encartados condenados» (Sic. Fs. 1552-1553 de la sentencia). Aunado a ellos, resulta acertada la siguiente inferencia del tribunal sentenciador:  «[Nombre 007], alias “[Nombre 171]”, era la persona de confianza de [Nombre 001], encargado de labores operativas con respecto al almacenaje, transporte y distribución de los alijos de droga al país. Que como se verá mantiene conversaciones con los demás encartados, se interesa por la parte logística de los traslados y es quien con posterioridad al veintiocho de octubre de dos mil veinte (materialización) procede a buscar información del por qué fueron detenidos con la tonelada de droga, cuyo valor es aproximadamente de siete millones de dólares. » (f. 1462 de la sentencia). Las tareas cumplidas por el sindicado se ajustan a la amplia definición de «tareas operativas», como mano derecha de [Nombre 001] que se incluyeron como hecho probado 2.2 (cfr.

f. 124 de la sentencia). En este sentido, el vocablo «operativo» u  «operativa», es definida por la Real Academia Española como: «1. adj. Dicho espec. de cosa: Que opera y realiza el efecto para el que está destinada. 2. adj. Listo para ser utilizado o para entrar en acción. 3. m. Dispositivo (conjunto de medidas)» (Real Academia Española.  Diccionario  del  Estudiante.  Versión  digital  recuperada  de: https://www.rae.es/diccionario-estudiante/operativo). Otras quejas específicas de quienes impugnan, tienen que ver con la intervención única —a nivel probatorio— de [Nombre 004], [Nombre 031], [Nombre 028], [Nombre 027] y [Nombre 024], el día 28 de octubre de 2020, a pesar de lo cual, se les reputa como integrantes de la organización criminal y coautores del delito de tráfico de droga. Es necesario recordar que la conducta se agrava a partir de lo previsto en el inciso f) del numeral 77 de la Ley N.° 8204, es decir: « Cuando se organice un grupo de tres o más personas para cometer el delito». La dinámica del transporte de droga, unido a la interceptación de comunicaciones y la información que se logra recabar en la apertura de los dispositivos telefónicos secuestrados a los coencartados que fueron detenidos el 28 de octubre de 2020, no deja lugar alguno a dudas de que el evento en cuestión fue cuidadosamente orquestado con anticipación, de manera que los comportamientos coordinados que se observan en esta movilización no son obra de la casualidad. Pese a que, tanto [Nombre 031] como [Nombre 028], señalaron en el debate que se encontraban en el sitio de forma casual, y que no tenían conocimiento previo sobre la carga de droga que llevaba la vagoneta, la dinámica de la movilización permite descartar que las secuencias de espera y frenado, no rebasamiento en sitios donde era posible a los vehículos livianos sobrepasar el vehículo pesado e incluso el ingreso a la gasolinera del Mitsubishi L200 placa [Valor 065]8 conducido por [Nombre 027],  cuando la vagoneta ingresó —aspectos todos a los que ya se ha hecho referencia— puedan obedecer a una coincidencia. Las conversaciones entre presentes, llamadas telefónicas y datos obtenidos de las aperturas telefónicas, analizados de forma integral con la dinámica misma del evento, permiten eliminar dicha posibilidad. En el caso de [Nombre 027] y [Nombre 024], señalaron las juezas de juicio: «Este Tribunal concluye que los encartados [Nombre 027], y [Nombre 024] el primero conduciendo el vehículo Mitsubishi estilo L200 color blanco placas [Valor 055] tenían conocimiento no solo de que en la vagoneta se estaba transportando los mil paquetes de clorhidrato de cocaína que fueron decomisados el día veintiocho de octubre de dos mil veinte, sino que también conocían de su labor dentro de la organización y caravana ese día, ello por el movimiento controlado que realizaron desde la salida por el sector de Chacarita a eso de las 05:18 horas, que fue declarado por el testigo [Nombre 044] y que fue documentado mediante el informe policial 002-SECCRO/IP-2020 III Ampliación donde al llegar sobre el puente del Río piedras (sic) Blancas dio vuelta en U y se devolvió a la estación de servicio donde se estacionó y cuando a las 05:21 horas salió la vagoneta placas [Valor 053] de la calle que comunica Puerto Jiménez, el vehículo L200 siguió y detrás la vagoneta y así se observa en la captura de del video a folio 475, saliendo por esa misma calle y a las 05:23 el Hyundai Palisade (foto a folio 475 vuelto) […] No cabe duda a este Tribunal de que los encartados [Nombre 027] y [Nombre 024] son coautores del delito de trasporte de droga en su modalidad agravada, conocían los detalles del traslado para poder custodiar de forma coordinada con los otros coencartados la vagoneta donde se llevaba la cocaína, custodia que implicaba cambiar de posición adelante detrás de la vagoneta, pero no muy pegados a ella para no “calentarla” o levantar sospechas. La gran cantidad de droga decomisada ese día implicaba gran cantidad de dinero por lo que requería de los integrantes de la organización un traslado meticuloso, por ello y otros aspectos como las comunicaciones registradas entre los diferentes aparatos decomisados dejan ver que ambos encartados [Nombre 027] y [Nombre 024] conocían lo que estaba ocurriendo, conocían de la droga que se transportaban y de su función ese día. La gran cantidad de droga decomisada ese día implicaba gran cantidad de dinero por lo que requería de los integrantes de la organización un traslado meticuloso, por ello y otros aspectos como las comunicaciones registradas entre los diferentes aparatos decomisados dejan ver que ambos encartados [Nombre 027] y [Nombre 024] conocían lo que estaba ocurriendo, conocían de la droga que se transportaban y de su función ese día» (Fs. 15931595 de la sentencia).  La conversación mantenida entre [Nombre 010] y [Nombre 020], así como la forma en que [Nombre 019] le comunicó al último que [Nombre 027] había sido detenido poco tiempo después de la intervención policial, abonan a la conclusión de que la acción del 28 de febrero fue asumida por [Nombre 027] como parte de su rol en la organización, consistente en brindar custodia a la vagoneta con el importante alijo de clorhidrato de cocaína que logró decomisarse. En igual sentido, cabe reiterar, los 44 intentos de llamadas que realizó [Nombre 019] a su hermano [Nombre 027], los cuales fueron identificados en la apertura de la evidencia identificada como «DM26», asociada con [Nombre 027] (cfr. f. 1586 y legajo de apertura telefónica ubicable entre folios 3051 y 3061 del tomo VII principal).

Además, en la carpeta «DM25» se obtuvieron varias fotografías tipo «selfies» en las que aparece [Nombre 027], lo que deja ver su pertenencia, junto con fotografías de aparente cocaína (cfr. f. 1590 del fallo). En el recurso de apelación interpuesto en forma personal, [Nombre 024] sostiene que el teléfono que se señala como secuestrado a él, en fecha 28 de octubre de 2020, en realidad no le pertenece y que prueba de ello es que el mismo activó radiobases en una localidad lejana a La Cuesta, donde se ubica su domicilio. Dicha aseveración no es de acogida. Tal y como se ha analizado ampliamente en este considerando, es común que los análisis de itinerancia marquen puntos geográficos distintos al sitio de residencia, pues es de suponer que sus dueños no permanezcan inmóviles en un mismo lugar. Además, el cúmulo de interrelaciones entre los partícipes del transporte de droga que intervinieron el 28 de octubre de 2020, a la que ya se ha hecho referencia, permite sostener en forma válida que el número [Valor 067] pertenecía a [Nombre 024]. Adicionalmente, no es sólo la información que se obtuvo del teléfono secuestrado a [Nombre 024] lo que lo vincula como partícipe en el dispositivo de seguridad de la vagoneta. Tal y como expuso el tribunal de juicio, [Nombre 016] y [Nombre 013] identificaron a [Nombre 024] como el sujeto con el que siempre viaja [Nombre 027], y no es razonable ni lógico pensar que quien participa en el transporte de una cantidad tan grande de droga, ponga en riesgo la operación con la presencia de personas ajenas a la empresa criminal. Finalmente, cabe indicar que el cuestionamiento sobre la cadena de custodia de los teléfonos secuestrados el 28 de octubre de 2020 es genérica, pero en todo caso, se atiende en el considerando que se ocupa de analizar en exclusiva dicho tema. En lo que toca a [Nombre 028], el a quo descartó su tesis de defensa, en cuanto a la falta de conocimiento del contenido de la vagoneta, a través de un razonamiento que, por su coherencia con la correcta lectura del acervo probatorio, esta Cámara prohíja: «[Nombre 028] este Tribunal tiene por acreditado que conocía y sabía que lo que transportaba era droga, específicamente cocaína, no solo por la conducción de la vagoneta y el decomiso de la droga que resultó de su inspección sino porque la conducción de un vehículo pesado en caravana requiere una coordinación de manera que los vehículos de punta le pudieran alertar sobre la presencia policial o posibles robos de droga de ahí que era necesario como lo fue, que el encartado [Nombre 028] no solo conociera la cocaína que transportaba ello para esperar o acelerar y llevar el paso coordinado entre los vehículos custodia, ello unido a que ninguna organización dedicado al trasiego de droga y menos de esta alta cantidad va a poner en manos de un extraño sin conocimiento de su valor el valioso cargamento, es necesario un cuidador de familia, que no solo tenga la capacidad de conducir ese vehículo pesado sino que en caso de desperfecto mecánico avise a la organización y no se vaya a consultar a un taller o llevar la carga ante terceras personas que pudieran alertar a las autoridades, unido a que de los teléfonos decomisados al encartado [Nombre 028] se obtuvieron comunicaciones del 26 al 28 de octubre inclusive con los aquí encartados [Nombre 024] y [Nombre 004] (sic) (página 221 del informe 083-DICR-SECCRO-ART-2020). Unido a lo anterior, se tiene que la organización criminal era muy cerrada y meticulosa incluso a la hora de utilizar los aparatos telefónicos lo que deja ver que iban a contratar a cualquier persona para conducir el vehículo que llevaba la droga» (Fs. 1596-1597 del fallo). Se suma, en relación con [Nombre 028], la gran cantidad de llamadas que reporta con [Nombre 004], quien fungió el día del transporte de droga como vehículo «punta» y las comunicaciones con [Nombre 024], así como contactos en común con [Nombre 031], [Nombre 027] y [Nombre 042], datos todos que se extraen del informe 083-DICR-SECCRO-ART-2020. En lo que toca a [Nombre 004], cabe resaltar que las conversaciones entre [Nombre 013] y [Nombre 016] que fueron captadas y aquí se reproducen, muestran el involucramiento de [Nombre 004], alias [Nombre 165], en las estrategias de transporte de droga, desde etapas tempranas de la investigación, al discutir con los oficiales lo inconveniente de hacer los transportes de droga siempre los mismos días. Además, como ya se apuntó, las aperturas telefónicas demostraron la existencia de comunicaciones telefónicas entre [Nombre 249] y [Nombre 028], pocos días antes del transporte de droga. Se suma a ello la actitud de claro acompañamiento que evidenció el oficial [Nombre 044] y otro detalle de gran relevancia que evidenció el a quo: «del seguimiento se tiene que el vehículo conducido por el encartado [Nombre 004] pese a salir después de la vagoneta en Chacarita, logra alcanzarlo, pero en el sector de Nativa al percatarse que ya la vagoneta no viene detrás es que se detienen y logran su detención» (f. 1599 fte. del fallo). En el caso de [Nombre 031], la tesis de defensa (respaldada por [Nombre 004]) consistió en que desconocía sobre el transporte de droga, ya que acompañaba a su empleador [Nombre 004], para comprar unos repuestos. Lo anterior no resultó creíble para el tribunal de juicio y tampoco se sostiene a la luz de la aplicación de las reglas de la sana crítica en el análisis de la prueba. Cabe recordar que, durante las aperturas telefónicas, se determinó que uno de los teléfonos secuestrados a Santos contenía una conversación entre él y una mujer, en la cual le indicaba que iba a poder salir del lugar donde estaba, porque le reemplazaría «[Nombre 021] el de Grecia» (cfr. f. 1625), haciendo con ello clara alusión a [Nombre 021], otro integrante de la organización criminal que participó en dos movilizaciones de droga previas a la ocurrida el 28 de octubre de 2025. Aunado a ello, tal y como lo expone el tribunal de juicio, resulta extraño que en una operación de traslado de mercancía ilícita de altísimo valor, [Nombre 004] se hiciera acompañar de una persona ajena al grupo, que pudiera ponerlos en evidencia, dadas las maniobras de espera y acompañamiento a la vagoneta, que claramente iban a resultar extrañas a cualquier observador externo (cfr. f. 1603 de la sentencia). Ahora bien, el rol desempeñado por [Nombre 001] no se aborda a profundidad en este considerando, porque será objeto de examen al resolverse los reparos atinentes a la determinación de liderazgo que ejercía en el grupo delictivo. En relación con las pruebas que vinculan a los sindicados, no se omite agregar que el dictamen pericial DCF:2020-05353-QUI, emitido por la Sección de Química Analítica del Organismo de Investigación Judicial,  confirmó que el material decomisado el 28 de octubre de 2020, era clorhidrato de cocaína (fs.

1467-1468 del tomo III principal). En otro orden de ideas, el licenciado Gamboa Sánchez aduce que se omitió realizar pruebas de «habitualidad» con los rastreos telefónicos, a fin de determinar los movimientos usuales de [Nombre 001] y [Nombre 007], proponiendo que sus viajes a Golfito obedecen a las propiedades que ambos tienen en dicho lugar y que la llamada intervenida con el consecutivo 345957, comprueba que las visitas de [Nombre 001] a Golfito se debían a las reparaciones en la vivienda que tenía en dicho sitio. Al respecto, cabe señalar que el sólido acervo probatorio que vincula a los coencartados con la comisión del delito de tráfico de drogas, no se funda en forma exclusiva en los registros de itinerancia de sus teléfonos. Si bien es cierto, la situación específica de [Nombre 001] será analizada por aparte, junto con los reparos que se dirigen a cuestionar su posición de liderazgo en el grupo delictivo, cabe señalar, por ahora, que el estudio de las movilizaciones de interés, de la mano con el contenido de las interceptaciones de comunicaciones (entre presentes y telefónicas) y el decomiso realizado el día 28 de octubre de 2020, permiten determinar la naturaleza del objetivo común que unió a la totalidad de los encartados. Ello no significa, por supuesto, que no exista una esfera familiar y privada que se encuentra fuera de dicha actividad delictiva, más aún, las pesquisas permitieron establecer que a la par del negocio ilícito, [Nombre 001] y [Nombre 007] ejercían actividades ganaderas y cultivos que les permitieron mimetizar, hasta cierto punto, las cuantiosas ganancias obtenidas del comercio ilegal de droga. Pero el alegato de la defensa técnica no es otra cosa que un replanteamiento de la tesis defensiva, la cual parte de una propuesta que consiste, en último término, en la lectura aislada de los elementos de convicción, práctica contraria a las reglas de la sana crítica. Por otro lado, el licenciado Edwin Duartes y el coencartado [Nombre 024], alegan que [Nombre 013] y [Nombre 016] no tenían conocimiento previo del transporte de droga que ocurrió el 28 de octubre de 2020. Esta situación, que ciertamente se puso en evidencia a partir de los diálogos entre [Nombre 016] y [Nombre 013], que se captan poco después del decomiso de la droga, resulta consecuente con los roles y jerarquías de la empresa criminal, en la que [Nombre 001] y [Nombre 007] tenían un manejo completo de las operaciones,  [Nombre 013] y [Nombre 016] brindaban asesoría en seguridad y contrainteligencia, aparte de participar en algunos traslados específicos de droga; y los restantes miembros cumplían un rol más orientado al trabajo de campo. En ese marco general, es comprensible que a pesar de considerarse de mayor jerarquía que otros integrantes, [Nombre 016] y [Nombre 013] no participasen de todas las decisiones, ni conocieran de antemano la totalidad de estrategias, aspecto este último que tenían en sus manos [Nombre 001] y, en segundo lugar, como su mano derecha, [Nombre 007]. Dicha falta de conocimiento previo, sin embargo, no va en demérito de su posición como coautores del delito de tráfico de drogas, por su intervención que es ampliamente explicada en este considerando y que constituye, sin lugar a dudas, un aporte esencial a la consecución del propósito común de transportar drogas de forma exitosa de Puerto Jiménez al Pacífico central del país. Otro de los cuestionamientos de la defensa técnica consiste en que ninguno de los vehículos mencionados en los puntos 4.1 a 4.9 y 4.11, de los hechos probados, fueron utilizados el 28 de octubre de 2020. Tal y como se ha venido señalando a lo largo de esta resolución, las conductas ilícitas en este asunto no se reducen a la movilización de droga ocurrida el día en que se produce el decomiso de una tonelada de droga. Por el contrario, dicha materialización tiene importancia en el tanto permite confirmar que es droga, y no cualquier otro material, lo que se acopia, custodia y transporta antes de dicha fecha. Finalmente, los recurrentes aducen que los análisis de radiobases confeccionados por los peritos Eliécer Valerio, Jairo Navarro y Roger Hernández, resultan inválidos por la participación que estos tuvieron en algunos actos de investigación. Aduce que su decisión contraviene los criterios vertidos en la sentencia Digna Ochoa Vs. México, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El reclamo se realiza a la luz de lo establecido en el ordinal 215 del Código Procesal Penal, que reza: «Nombramiento de peritos El Ministerio Público, durante la investigación preparatoria, y el tribunal competente seleccionarán a los peritos y determinarán cuántos deban intervenir, según la importancia del caso y la complejidad de las cuestiones por plantear, atendiendo a las sugerencias de los intervinientes. Al mismo tiempo, fijarán con precisión los temas de la peritación y deberán acordar con los peritos designados el plazo dentro del cual presentarán los dictámenes. Serán causas de excusa y recusación de los peritos, las establecidas para los jueces. En todo lo relativo a los traductores e intérpretes, regirán análogamente las disposiciones de este apartado». Puntualmente, para los impugnantes, la realización de ciertos actos de investigación en la misma causa, les impedía rendir peritaje a dichos analistas criminales. El planteamiento, sin embargo, deja de lado que, ni la defensa técnica ni la material, pese a tener a su disposición el expediente desde el momento de incorporación de los informes de investigación y dictámenes correspondientes, recusaron a los peritos, ni cuestionaron la fiabilidad de la información técnica contenida en estos y, en tal condición, mostraron su conformidad con los informes de análisis criminal que estos formularon. En el contradictorio, los peritos aclararon que la información con base en la cual se elaboraron las pericias, no es de producción propia, sino que es aportada por Solitel directamente al Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones, de donde los técnicos, pero también las partes, pueden obtenerla en forma directa. Al igual que sucede con una declaración testimonial, corresponde al tribunal de juicio valorar la fiabilidad que les merece la información técnica que aporta el perito, de manera que puede apartarse de sus conclusiones si estima que carecen de rigor técnico, o no se encuentran adecuadamente sustentadas. En la especie, luego de escuchar las objeciones del licenciado Jeans Porras, en relación con la objetividad de los peritos Eliécer Valerio, Óscar Campos, Jairo Navarro y Roger Hernández, el tribunal a quo desestimó los alegatos, principalmente en razón del carácter objetivo de los datos analizados y tabulados, así como la fiabilidad de la fuente de la información, la cual estuvo a disposición de todas las partes que quisieran consultarlos (cfr. fs. 74-80 de la sentencia). No observa este tribunal de alzada, tampoco, razones para dudar de la objetividad de los peritos, que se limitaron a presentar e interconectar datos de itinerancia telefónica y que pudieron ser cuestionados ampliamente por los interesados, en cuanto a sus conclusiones y métodos. Contrario a la situación aquí denotada, en la que se puso a disposición de las partes el crudo de la información con base en la cual los peritos formularon sus informes, en la sentencia Digna Ochoa y Plácido y Familiares Vs. México, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se estableció la falta de diligencia de las autoridades para  agotar medidas de protección a favor de las víctimas y, posteriormente, la omisión de utilizar técnicas de investigación, para evitar que se generara un ámbito de impunidad en relación con los crímenes cometidos en su contra, recalcando que las medidas debían adoptarse con perspectiva de género y enfoque interseccional, de cara a los distintos riesgos y tipos de violencia que podían afectar a las ofendidas por su profesión y por ser mujeres. Como corolario de lo expuesto, se concluye que el examen integral de la prueba indiciaria permitió determinar que la sentencia cuenta con una fundamentación probatoria intelectiva sólida, de la cual se determina la existencia del ilícito y la participación de cada uno de los justiciables, en los términos acusados. Las pequeñas precisiones a las que se ha hecho referencia, de ninguna manera permiten falsear la conclusión a la que se arribó y por tal razón, ninguna de las quejas de la defensa puede prosperar. Por las razones expuestas, se declaran sin lugar: 1) los motivos primero y tercero del recurso de apelación interpuesto por Juan Carlos Peralta Montoya; 2) el quinto reparo de la impugnación presentada por el licenciado Celso Gamboa Sánchez; 3) el sexto reproche del recurso incoado por el licenciado

Edwin Duartes Delgado; 4) la sexta y sétima quejas de la impugnación formulada por [Nombre 024]; 5) el segundo motivo del recurso interpuesto por la licenciada Yerilyn Alvarado Castellón.

Primer motivo del recurso incoado por la licenciada Yerilyn Alvarado Castellón: Inconformidad con el establecimiento de los hechos probados por una determinación imprecisa y no circunstanciada. Luego de

transcribir los

1, 2, 2.5, 3, 4, 4.8, 5, 5.4, 6, 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4, la defensora particular de [Nombre 019], indica que la fundamentación fáctica debe ser clara y suficiente, y que por el contrario en la especie no es aceptable, al ser imprecisa y falta de la debida circunstanciación. Refiere que las decisiones no pueden alcanzarse mediante apreciaciones subjetivas y genéricas, lo que ocurre en este asunto, porque se procedió a copiar los hechos acusados, a pesar de que no pudo vincularse a su defendido con los sucesos y ni siquiera se establece dónde se dio el almacenamiento de droga que se le acusa resguardar en forma genérica, cuáles alijos de droga se transportaron, cuál fue su participación y dónde se mantuvo reunido con los otros encartados. Reclama que no hay prueba que acredite que el 28 de octubre de 2020 su representado participó en la comisión del delito de tráfico de drogas. En este sentido, alega que el tribunal de instancia determinó, sin fundamento probatorio alguno, que [Nombre 019], alias «[Nombre 136]», le brindó custodia en un vehículo no identificado, a la vagoneta que transportaba los psicotrópicos, lo anterior para evitar el contacto con retenes policiales y la práctica de «tumbonazos». Sostiene que su cliente no formó parte del convoy, sino que se encontraba en Corredores para el momento en que dicho suceso se daba. Señala que se le responsabiliza por mera analogía, afirmándose que, al ubicársele el 18 de agosto en Orotina con [Nombre 021], debió participar el 28 de octubre también, pese a que no hay prueba que así lo determine. Hace ver que, en las vigilancias, ninguno de los oficiales visualizó a [Nombre 019] y de sus llamadas se determina que mantenía comunicaciones normales con sus familiares. Pide se valoren los hechos probados a la luz de la prueba recibida, conforme a las reglas de la sana crítica. Afirma que, en conclusiones, la defensa mencionó toda la prueba existente e indicó que no existía sustento probatorio intelectivo para la condena. Enfatiza que el 18 de agosto no se revisó la vagoneta y no había nada que la vinculara con algún delito y que el 28 de octubre no consta prueba que apunte a su participación. Fustiga que el tribunal no valoró la declaración rendida en juicio por el imputado, respecto a que nunca estuvo en el lugar de seguimiento de la vagoneta, sino que se encontraba en su finca, cuando recibió una llamada de su hermano [Nombre 020] y fue así cómo se dio cuenta de lo que había sucedido. Sin embargo, su dicho no se consideró. Estima vulnerados los numerales 41 de las Constitución Política; 142, 184 y 363 del Código Procesal

Penal, así como los artículos 107 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Solicita se absuelva a su representado de toda pena y responsabilidad.

Subsidiariamente, que se ordene nuevo juicio. No asiste razón a la impugnante: Los reparos atinentes a la valoración de la prueba que condujo a la condena de [Nombre 019], fueron objeto de análisis en el considerando XV de este pronunciamiento. En relación con dicho extremo, se remite a este, para no incurrir en reiteraciones innecesarias. Por tal razón, la resolución de la queja interpuesta por la licenciada Alvarado Castellón que ahora procede atender, se circunscribe al reparo por incumplimiento de la garantía de contar con una imputación clara, precisa y circunstanciada de las conductas que se le atribuyeron a [Nombre 019]. En ese sentido, cabe recordar que al examinar el proceso intelectivo a través del cual se tuvo por cierto que [Nombre 027] formó parte activa del dispositivo de seguridad de la vagoneta, se aclaró que su intervención dentro de convoy o caravana que acompañó la vagoneta con droga se limitó al día 18 de agosto de 2020, pues no existe claridad de que haya participado en el dispositivo de seguridad de la vagoneta el 28 de octubre del mismo año. Lo anterior, no implica de ninguna forma, que la responsabilidad de [Nombre 027] se encuentre limitada al primer evento, porque nos hallamos ante un delito permanente, compuesto por diversos actos de custodia y transporte que fueron realizados de común acuerdo por los integrantes del grupo organizado, previa división de funciones. Así, la intervención de [Nombre 019] el 18 de agosto se inserta dentro del diseño establecido por el grupo —bajo la dirección de [Nombre 001] y con la asesoría de los oficiales [Nombre 013] y [Nombre 016]— para que, como ya se razonó, no se repitieran vehículos de forma consecutiva en las movilizaciones de droga, con el fin de disminuir el riesgo de ser detectados. Bajo este entendido, la contribución de [Nombre 027] —y de los restantes imputados que realizan un aporte esencial al plan común—, se inserta dentro del concepto de coautoría por división del trabajo:

«quien, en la realización de un hecho colectivo, aumenta la efectividad de éxito mediante la división de trabajo, producto de un plan de autor, tiene la responsabilidad de todo el acontecimiento» (Castillo González, Francisco. Derecho Penal, Parte General. Tomo

Editorial Jurídica Continental, San José, 2010, p. 442). Por ello, aunque [Nombre 019] no participó —directa o personalmente— en todos los transportes de droga que se tuvieron por probados, resulta correcto indicar que es coautor responsable del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos acreditado en su totalidad. Tanto desde el punto de vista del sustento probatorio descriptivo e intelectivo (para lo cual se remite al considerando XV), como desde el punto de vista de la garantía de una imputación clara, precisa y concreta, se concluye entonces que la condena de [Nombre 019] se encuentra ajustada a Derecho. Sobre el segundo componente de las quejas, que tienen que ver con la falta de imputación, cabe señalar que los hechos acusados y probados n.° 1 y n.° 2, sientan las bases para el cumplimiento de la garantía, al especificar cómo se conformaba el grupo criminal, en qué rango temporal se determina que actuó, asimismo señala que la modalidad utilizada por el grupo para el tráfico de droga era el transporte vía terrestre desde la Zona Sur (Puerto Jiménez), al Pacífico central, para lo cual hacían uso de vehículos con compartimentos ocultos, también llamados «caletas». Se acusó y tuvo por probado también, que los incriminados actuaron siempre bajo el acuerdo de voluntades —hecho probado y acusado n.° 2— y en cuanto al rol o tarea específica asumida por [Nombre 019], se atribuyó —hecho acusado 3.9— y tuvo por cierto lo siguiente: «2.5- [Nombre 019], alias “[Nombre 136]”, hermano de [Nombre 010], participa activamente en los traslados de los alijos de droga desde la zona sur del país (Puerto Jiménez), hasta el Pacífico Central, con la finalidad de escoltar y asegurar que la carga de droga llegue a su destino de manera íntegra» (f. 125 de la sentencia). En el hecho probado n.° 3, se establecen las líneas telefónicas que pudo identificar la policía como utilizadas por los coencartados para comunicarse y coordinar aspectos propios de su plan común, situación que fue desarrollada ampliamente al analizar el fundamento de las órdenes de intervención telefónica y en relación con el cual, cabe reiterar, que uno de los hallazgos de la policía fue, sin embargo, que dada la asesoría recibida, los sindicados evitaban hacer uso de llamadas telefónicas tradicionales y recurrían en cambio al uso de aplicaciones, teléfonos de desecho y otras alternativas de comunicación, como los encuentros personales. Los puntos 4 y 4.8, señalan cuáles fueron los vehículos utilizados por los justiciables en los eventos de interés que se encuentran ampliamente documentados mediante seguimientos y videos.

En el caso de [Nombre 019] y [Nombre 021], se logró determinar el uso del Isuzu D-MAX placa [Valor 121], el día 18 de agosto de 2020, cuando participaron en el dispositivo de seguridad de la vagoneta con compartimento oculto que fue secuestrada por la policía judicial finalmente el 28 de octubre de 2020. La identificación del vehículo placa [Valor 121] y sus tripulantes en la fecha indicada, la realizó la policía administrativa de Orotina: «La prueba que identifica a [Nombre 021] y a [Nombre 019] resulta contundente y directa que se une al restante conglomerado de indicios que permite afirmar que los encartados son, sin lugar a duda, parte de la organización criminal, lo que se demuestra con la prueba que se adjuntó en el informe 001-AECCRO-/CI- 2021, a folio 880-881 tomo II, donde se encuentra la copia de dos folios correspondientes a la bitácora de novedades de la Delegación de Fuerza Pública, de Orotina, en la cual se constó la identificación de los encartados [Nombre 021] y a [Nombre 019] en la custodia a una vagoneta en fecha 18 de agosto de 2020» (f. 1532 del fallo). Justamente los hechos probados 5 y 5.4, dan cuenta del transporte de droga con uso de vagoneta realizado el 18 de agosto de 2020, cuyo fundamento se analizó con detalle en el considerando XV y en el que la intervención de [Nombre 019], junto con [Nombre 021] logró constatarse incluso a través de prueba documental. En cuanto a los hechos probados 6, 6.1 y 6.2, cabe reiterar que esta Cámara no tiene por cierto que [Nombre 019] y [Nombre 021] hayan participado personalmente en el convoy de seguridad que acompañó la vagoneta que transportaba los alijos de droga el 28 de octubre de 2020. Por tal razón, resultaba innecesario detenerse en el análisis de la declaración rendida por [Nombre 019] en debate, ya que consistía en su ubicación en un sitio distinto al lugar donde se realizaron los retenes. Pese a lo anterior, como ya se explicó, por acuerdo previo y división de funciones, tanto [Nombre 019] y [Nombre 021] como los restantes sentenciados, ostentan el carácter de coautores responsables de la actividad constitutiva de tráfico de drogas, de la cual dicho transporte forma parte, siendo por ello innecesario que se ordene la corrección del hecho 6.2 para que se elimine la referencia de [Nombre 019] y [Nombre 021] como parte de la caravana de seguridad el día 28 de octubre, ya que la exclusión hipotética de dicho dato no varía en forma alguna la determinación de responsabilidad de ambos justiciables por el delito de tráfico. Por otro lado, el hecho probado 6.3 (fs. 129-130 de la sentencia), describe la intervención policial que facultó la detención de los coimputados [Nombre 028], [Nombre 027] , [Nombre 024], [Nombre 031], [Nombre 004] y [Nombre 042], así como el secuestro de una tonelada de droga, entre otros bienes como vehículos, teléfonos y dinero. Finalmente, el hecho acreditado 6.4 describe la colaboración en temas de asesoría que brindaron los coencartados [Nombre 013] y [Nombre 016] al grupo criminal, tanto antes como después de la intervención policial de fecha 28 de octubre de 2020. El sustento probatorio de este hecho reside, primordialmente, en las conversaciones entre ambos oficiales que se recogen en el legajo de escuchas y en cuanto a la advertencia que hicieron ambos ex oficiales de la policía judicial a los miembros de la estructura criminal, sobre los posibles allanamientos que ocurrirían en sus viviendas luego del 28 de octubre de 2020. Al determinarse que en la especie no existió vulneración de la garantía de una determinación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acusados, corresponde declarar sin lugar el primer motivo del recurso de apelación de sentencia formulado por la licenciada Yerilyn Alvarado Castellón, defensora de confianza de [Nombre 019].

Punto 2) del motivo único del recurso incoado por [Nombre 001]. Tal y como se advirtió ya, pese a que el recurso de apelación de sentencia incoado en forma personal por [Nombre 001] se planteó como un único motivo, de su lectura se extrae una gran variedad de tópicos y por razones de orden en la exposición, los reparos se dividen en sus distintas categorías temáticas. El segundo aspecto que —por su orden de exposición— puede distinguirse en el escrito de apelación, contiene cuestionamientos sobre el sustento probatorio de la declaratoria de su responsabilidad penal. Cita 4 elementos de prueba utilizados para condenarle, los cuales estima deficitarios:  i. Noticia criminis de la DEA. Refiere que a folio 186 de la sentencia se alude a una noticia criminal por un tráfico de drogas internacional, pero el mismo carece de evidencia concreta que sirva de fundamento para la condena, afectándose el principio de inocencia y debido proceso. ii. [Nombre 220]. En sentencia (folio 191), se menciona que el investigador [Nombre 220] era la persona encargada de allanar la vivienda de [Nombre 004], conocido como «[Nombre 165]», en que no se encontraron elementos incriminatorios. A pesar de la ausencia de hallazgos, no se otorgó el valor probatorio a la ausencia de indicios. iii. [Nombre 235]. Refiere que este agente no ubicó ninguna evidencia relacionada con transporte de drogas. iv. [Nombre 251]. En la página 195 de la sentencia se menciona que el oficial [Nombre 251] participó de tres cuartas partes de la investigación. Sobre la vagoneta menciona que no se logró ubicar, ni se determinó de dónde salió. De las vigilancias, no se determinó algún acto ilícito. Resalta las páginas 198 y 199 de la sentencia, donde se constata que [Nombre 001] no fue visto con la vagoneta en la que se decomisó droga. Arguye que no hay prueba de su condición de líder. Hace ver que se hizo referencia a un informe de una reunión ocurrida en el 2020, en la que se supone que hubo presencia de vehículos en un muelle, pero no hay prueba de tal afirmación. Concluye, en este sentido, que la prueba es insuficiente, que no se acreditó algún decomiso de droga, dinero o vínculos de [Nombre 001] con una organización criminal. Expone en el mismo sentido, que la interpretación de indicios es subjetiva y prejuiciosa, lo que ocurre, por ejemplo, al tergiversarse el término «quesos» de las intervenciones telefónicas, como si se tratara de droga. No hay prueba de la adquisición de droga, personas involucradas en distribución de esta, llamadas, videos, testimonios, mensajes u otros elementos que sustenten la participación de [Nombre 001] en el negocio ilícito, mucho menos como líder de una organización. Establece que debe delimitarse el tipo de participación suya en los hechos, si se tenía o no los contactos internacionales y enlaces para traficar droga. En resumen, argumenta que no tuvo ninguna conversación comprometedora con la referida organización criminal. Tampoco transportó, vendió o participó en órdenes de logística para afectar la salud pública. No existen rastros de llamadas que lo vinculen con el grupo criminal. En cuanto al informe 017-SECCRO/DM-2022, resalta que se tiene un lenguaje cifrado. Señala que pretende vincularse a [Nombre 001] con el sobrenombre de «[Nombre 163]», aspecto respecto del cual no hay prueba ni certeza. Insiste que no hay ninguna diligencia que demuestre acciones de traslado, almacenamiento o venta de droga. Puntualiza que el artículo 6 del Código Procesal Penal, impone a los jueces el deber de resolver con objetividad. Sin embargo, en la especie sólo se analiza la prueba que lo perjudica, no la que lo beneficia. Fundamenta que [Nombre 001] no ocultó su relación de amistad con [Nombre 007], ya que son socios en CoopeAgropal R.L., pero insiste que sus negocios son lícitos. Respecto de [Nombre 004], señala que la prueba carece de contundencia y se basa en interpretaciones subjetivas. Evalúa que ninguna de las pruebas acredita la participación del impugnante en la incautación de droga ocurrida el 28 de octubre de 2020. En cuanto a los rastreos telefónicos, puntualiza que, con los datos presentados, las actividades de radiobases y los datos móviles, no alcanza para la consumación del ilícito. Cuestiona los informes periciales de Eliécer Valerio y Navarro, los que estima carecen de objetividad. Critica que no hay decomisos de drogas ni bases técnicas que determinen el transporte. En cuanto a las preocupaciones familiares sobre conversaciones maritales, objeta que no es una causa indicativa de su participación en el delito. Fustiga que se ha lesionado la intimidad, libertad y el secreto de las comunicaciones. Respecto de las reuniones con [Nombre 007] arguye que se lesionó el derecho a la intimidad, ya que se realizaron en lugares privados. Señala que se ha malinterpretado el contenido de la conversación telefónica respecto al término «quesos». En especial, la referida del 26 de junio de 2020, secuencia número [Valor 117], folio 1534, en que se habla de «empujar unos quesos» como forma de pago. Critica que se analizara, de forma errada, esa terminología y se relacionara con narcotráfico, lo que además debe descartarse, ya que [Nombre 270], persona con que conversó, efectivamente se dedica a la comercialización de quesos. Adicionalmente, el agente [Nombre 044], categóricamente señaló que no es posible inferir que «quesos» esté relacionado con droga. Por ello, cataloga de especulativo el razonamiento. Considera que se intervinieron muchas llamadas y se cumplieron muchos seguimientos, por lo que tomar una conversación de 4 segundos para sustentar la condena, es sacar de contexto la relación. Recalca que la prueba recibida no concede la certeza de culpabilidad. Descarta que la compra de armas solamente tenga por finalidad la organización de un grupo criminal, como aseveró el tribunal. Más aún, cuando fueron adquiridas legítimamente y se encuentran en regla conforme a la normativa vigente, sin que se haya demostrado alguna vinculación con actividad ilícita. Reclama, además, la vulneración a la presunción de inocencia y el principio de legalidad. Las armas decomisadas están en regla y no están relacionadas con hechos ilícitos. Las inferencias respecto a la finalidad de  las  reuniones  son  especulativas,  basadas  en  meras  conjeturas.

Adicionalmente, critica el proceso utilizado de prueba indirecta, ya que se deducen circunstancias de hechos no acreditados. Sostiene que no se demostró quién adquirió la droga, a dónde la trasladó y cuáles personas se relacionaron con el ilícito. En su apoyo, cita el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, en el que se analiza la imposibilidad de condenar con base en conjeturas o suposiciones, requiriéndose pruebas claras e irrefutables. Considera que fue juzgado por su solvencia económica y no por hechos comprobados. Bajo esta línea expositiva, menciona que ser amigo de alguien y tener recursos económicos no está relacionado con un delito. Séptimo reproche correspondiente al recurso de apelación de sentencia planteado por el licenciado Celso Gamboa Sánchez, en calidad de defensor particular de [Nombre 001] . Como séptimo reclamo alega inobservancia de preceptos procesales sobre la valoración de la prueba indiciaria. Afirma que la resolución impugnada contiene un defecto grave en la aplicación de los preceptos procesales que regulan el deber de fundamentación, específicamente en el análisis de la prueba indiciaria. Señala que a partir del folio 1469 se condena a [Nombre 001] con base en prueba indiciaria, a partir de los siguientes indicios contingentes: radiobases de seis eventos específicos, sin que se materializara ninguna conducta ilícita en ellos Intervenciones telefónicas en que se indica que [Nombre 001] tenía conocimiento de los hechos del 28 de octubre de 2020 y noticia de la DEA, los cuales no aportan información concreta. De ello, establece que el tribunal omitió ponderar los elementos probatorios que se contradicen entre sí y la hipótesis acusatoria. Critica que la sentencia no examinara integralmente la prueba y vulnerara las reglas de la sana crítica racional, al no valorar de forma conjunta y concatenada los elementos de convicción. Cita en su apoyo, el voto n.° 427-2015 de la Sala Tercera. Se queja de las siguientes omisiones esenciales:

Testimonio de [Nombre 270]. Se establece que su actividad comercial era la venta de quesos. Mencionó que en una oportunidad vendió 6.5 kilos de queso a [Nombre 001], lo que fue tergiversado por el colegiado de jueces al referirse a una venta de 6 kilos exactos. Señala que la droga se comercia por kilos, a diferencia del queso que sí puede ser por medios. Considera que la valoración fue sesgada e inadecuada.

Falta de conexión entre [Nombre 001] y los coimputados. Aduce que según el informe 083-DICRSECCRO-ART-2020, en los dispositivos móviles decomisados el 28 de octubre de 2020 no existe ninguna conexión entre los sujetos detenidos ese día y [Nombre 001]. La lógica y la experiencia nos permite inferir que, si estuviera vinculado a dicha organización, al menos existiría comunicación entre ellos.

Llamada de [Nombre 010] a [Nombre 001]. Fustiga que se modificara el contexto real de la llamada entre [Nombre 027] y [Nombre 001]. Señala que [Nombre 010] llamó a su esposo porque su hermano había sido detenido, lo que es razonable y se explica en buscar apoyo emocional y coordinar asistencia legal. Señala que [Nombre 001] estaba en San Vito en su finca trabajando en la siembra de aguacates. Menciona que en los eventos del 8 de junio, 18 de agosto y 28 de octubre no existen estudios de radio bases que permitan inferir que [Nombre 001] se trasladó a Golfito o Puerto Jiménez para coordinar el traslado de alijos de droga.

El alias de «[Nombre 163]» y la falta de certeza sobre su atribución. El oficial [Nombre 044] vincula a [Nombre 001] con el alias «[Nombre 167]» o «[Nombre 254]». Pero en el informe 042-A-CJIC-2020, folios 121 y 122, se establece que [Nombre 086] tenía en su teléfono registrado el contacto de «[Nombre 163]», identificado como chofer de cabezal. A pesar de esto, el tribunal omitió dicha información y de manera arbitraria asumió que «[Nombre 163]» era [Nombre 001], incurriendo en un sesgo en la valoración de la prueba y conclusión inválida.

Errónea valoración de la llamada 06083064. Menciona que del teléfono [Valor 035] se interceptó el consecutivo 06083064 en que para el tribunal el interlocutor [Nombre 259] relaciona a [Nombre 001], pero dicho sujeto nunca fue investigado y al escuchar la llamada fácilmente puede interpretarse que es una relación de amistad que mantiene con [Nombre 001], donde lo único que se escuchan son bromas.

Falta de elementos probatorios para demostrar el liderazgo de [Nombre 001]. Sostiene que la sentencia comete un grave perjuicio en contra de [Nombre 001], al indicarse que era el líder de la organización criminal debido a su solvencia económica. Argumenta que en juicio [Nombre 001] demostró que su capital provino del aceite de palma africana con Coopeagropal en 2012, la venta de un terreno por $400.000 en 2007 y la venta de arroz a la Arrocera Costa Rica en 2020. Menciona que toda esa prueba consta en el legajo de prueba ofrecido por la defensa, denominado «[Nombre 001]». Además, no se demuestra la condición de liderazgo, ya que en las intervenciones se hace referencia a terceras personas. La llamada del 28 de octubre está vinculada a la detención del hermano de la esposa, no a una condición de liderazgo. Las notas de la DEA no tienen carácter de indicio, ya que se refieren a [Nombre 086] (f. 55), persona a la cual no se le procesó, evidenciando la falta de calidad de la información suministrada. De igual forma, se establece en sentencia que el imputado mantenía una relación de liderazgo al ser proveedor de dos mujeres, ([Nombre 010] y [Nombre 255], pero el mantener esa doble relación no lo hace líder de una organización criminal.

Errónea valoración del manejo de varios teléfonos. Enuncia que en la página 1553 se menciona la participación de [Nombre 001] y su liderazgo, ya que manejaba varios teléfonos, al punto que su madre no sabía dónde llamarlo. Menciona que la defensa explicó que debió cambiar de línea telefónica, porque una femenina lo estaba molestando. Incluso, en la intervención se captó el hostigamiento que tenía de la madre de uno de los hijos que adoptó, propiamente [Nombre 256], madre de [Nombre 257]. Así, del número [Valor 015], constan los acosos en los consecutivos 05774480, 04179734, 04290147, 03178782 y 05301486, de los cuales hace mención sobre el contenido y en que la interlocutora es [Nombre 256]. De esa forma sustenta el cambio a los números [Valor 029] y [Valor 035].

Errónea valoración de temas de armas de fuego. Como indicio se consideró la compra de un arma de fuego por parte de [Nombre 001], lo que es asimilable al comportamiento de pertenencia a un grupo criminal dedicado al negocio de la droga a gran escala. Se menciona el consecutivo 05473390, en que [Nombre 001] se comunica con [Nombre 273] y negocia la compra de armas por 2 millones de colones. Critica que no se ponderara que el imputado tiene permiso de portación de armas y que sus armas están debidamente registradas. Menciona que la mayoría de las armas son usadas para la práctica de la caza, lo que es alejado de la postura del tribunal. Aduce que mantener armas inscritas a su poder no es delito.

Tribunal da plena credibilidad a [Nombre 044] pese a grandes contradicciones que tuvo al rendir testimonio. Aduce que la defensa interrogó a [Nombre 044] sobre las instrucciones que daba [Nombre 001] a [Nombre 027] y contestó que ninguna. Mencionó que hicieron muchos actos de investigación en Puerto Jiménez, debido a que muchos carros estaban a nombre del Poder Judicial, pero esa aseveración es contradictoria con lo indicado por [Nombre 236], oficial del Organismo de Investigación Judicial, quien indicó que las vigilancias se hacían en carros que no aparecían a nombre del Poder Judicial. También mencionó que no investigaron en Coopeagropal, debido a que [Nombre 259] tenía un alto cargo ahí, pero el testigo [Nombre 258], gerente general de Coopeagropal, dijo que no tenía ninguna relación con la empresa. Adicionalmente, [Nombre 044] dijo que la «rufa» es un instrumento que sirve para hacer pistas de aterrizaje, aplanar y nivelar tierra. Pero el testigo [Nombre 260], gerente de Conarroz, estableció que la «rufa» sirve para desplazar la tierra y nunca para aplanarla. Por otra parte, [Nombre 044] estableció que el 28 de octubre de 2020, [Nombre 001] estaba en Playa Preciosa, situación que es inexacta, ya que no hay informe de radio bases, intervenciones o vigilancias. Por el contrario, [Nombre 001] estaba en San Vito trabajando en su finca de aguacates. En cuanto a la llamada 05423691, del número [Valor 040], sostiene que acredita que [Nombre 001] estaba en su finca en San Vito. Otra crítica al testimonio de [Nombre 044] lo funda en que dijo que [Nombre 001] hizo coordinaciones los días 26 y 27 de octubre y que en las fechas anteriores fue [Nombre 007] quien las cumplió. Por su parte, [Nombre 177] le atribuye la totalidad de coordinaciones a [Nombre 001], todo ello sin prueba alguna.

Errónea valoración de indicios de [Nombre 076]. Menciona que se condenó a [Nombre 001] al estimar que sus actividades estaban relacionadas al narcotráfico. Se hace alusión que en un control de carretera se identificó a [Nombre 076] y que esa misma persona en el 2017 había dado el visto bueno de zarpe a una embarcación de nombre [Nombre 261] a la que le incautaron 444 kilos de cocaína. Refiere que ese día [Nombre 076] trasladaba a [Nombre 004] y [Nombre 007], pero al consultársele por ello, mencionó que nunca decomisó, ni obtuvo copia de ese expediente. Por ello, al testigo no le consta esa detención, desconociéndose si efectivamente esa embarcación zarpó y fue intervenida con la droga. Reclama que no hay indicio que establezca esa vinculación de [Nombre 076] con la incautación de esa cantidad de droga. Fustiga que se le diera crédito a esa circunstancia sin prueba que lo acredite, más que su dicho. Así, alega que se ignoró el análisis de prueba indiciaria que debe realizarse y que la Sala Tercera ha establecido, a saber: que los indicios deben ser analizados de forma integrada y no aislada, que se distinga entre indicios necesarios y contingentes y se descarten contraindicios que generen confusión.

Cita en extenso el voto de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, n.° 2015-427 en que se analiza el uso de los indicios para sustentar una condena con base en prueba indiciaria. Pide se declare la ineficacia del fallo impugnado. Los reproches se declaran sin lugar: Pesa a que, en lo que toca a las generalidades, las bases del sustento probatorio de la condena de [Nombre 001] por el delito de tráfico de droga, se sentaron en el considerando XV de este fallo, el cual se ocupó de examinar la fundamentación de dicho delito para la totalidad de encartados, se han reservado los aspectos específicos que atañen en forma exclusiva a [Nombre 001] para ser discutidos por separado. La vinculación de [Nombre 001] con el sobrenombre de «[Nombre 163]», al menos entre sus personas más allegadas, fue discutido ya en el considerando que antecede a este. La llamada secuencia n.° 06083064 en la que [Nombre 001], del número interceptado [Valor 035], llamó a [Nombre 259], es analizada en este punto por el tribunal de juicio, para ilustrar el uso del dicho sobrenombre en relación con [Nombre 001]. El a quo señala que a minuto 00:01:32, de dicha llamada, se escuchó a [Nombre 259] decir lo siguiente: «“[Nombre 163]” cuidado están grabando esta llamada porque nos vamos para el tajo los dos» (F. 1461 del fallo). El hecho que el tono utilizado por el interlocutor de [Nombre 001] sea de broma, más bien resulta consecuente con el contexto en el cual una persona cercana haría uso del apodo o sobrenombre, en lugar del nombre de pila. En el informe número 017- SECCRO/DM-2022, al que hace referencia la defensa material (fs. 3407 a 3414 del tomo VII principal) se recogen diversas comunicaciones de interés entrantes o salientes al número telefónico vinculado con [Nombre 001], y el hecho que se utilice lenguaje cifrado en estas no contradice, sino que refuerza el tema de las precauciones con que obraron los sindicados. Baste agregar únicamente a lo expuesto que, en efecto, con motivo de la intervención telefónica practicada a una de las personas investigadas en la fase inicial de la causa, de nombre [Nombre 086] [Nombre 086], se determinó la existencia de otra persona que laboraba como empleado de este, específicamente como chofer de camiones y que también era conocido como «[Nombre 163]». Sin embargo, las interacciones de ambos son muy distintas, amén que la persona con el alias de «[Nombre 163]» que laboraba como chofer para el señor [Nombre 086], dejó de ser mencionado rápidamente en las intervenciones, al ser descartado el primero como persona de interés para las pesquisas. Por ello, no existe posibilidad de algún grado de riesgo de confusión entre ambos sujetos, ya que su jerarquía y círculo de personas allegadas eran muy distintos. Tal y como lo apunta la defensa técnica, el investigador [Nombre 044] sí indicó durante su larga participación en el debate, que además de «[Nombre 163]», conocía a [Nombre 001] como «[Nombre 167]». Sobre el particular, refirió: «[Nombre 001] también tenía un sobre apodo que era [Nombre 163], tenía dos [Nombre 163] el sobrenombre principal y otro sobre nombre alias [Nombre 167] de hecho tenía un buque que tenía el nombre de [Nombre 167], el nombre de él» (f. 602 de la sentencia). El investigador James Emery reafirmó este punto al exponer: «Dentro de las escuchas hablan de [Nombre 163], logro entender en esa parte, [Nombre 013] dice que hay que decirle a “[Nombre 171]”, para que le diga a “[Nombre 165]” y a “[Nombre 163]”. Como un orden ya jerárquico ahí, “[Nombre 165]” eran [Nombre 004], esa conclusión de vincular a “[Nombre 165]” con [Nombre 004] esa parte la desconozco, en el caso de “[Nombre 163]” y “[Nombre 254]” al señor [Nombre 001], en esta parte si logré confirmarlo, ya se me había informado que le decían “[Nombre 163]” por los ojos y en otro informe que de paso tiene otra comunicación con [Nombre 007] que le dice “[Nombre 163]” y esa comunicación también estaba con “[Nombre 165]”» (fs. 361-362 de la sentencia). Más aún, resulta oportuno señalar —en razón del cuestionamiento de la defensa en cuanto a los apodos por los cuales era conocido [Nombre 001]— que el tribunal de juicio no explotó la vinculación de [Nombre 001] tanto con el apodo de «[Nombre 163]» como con el de «[Nombre 167]», lo cual resultaba de interés en razón de distintas referencias al sindicado también por dicho sobrenombre, en conversaciones captadas con fines probatorios, como la que se documenta a folio 23 vuelto del legajo de escuchas. En todo caso, los impugnantes parecen plantear que no es posible que una persona tenga varios sobrenombres, lo que de ninguna forma es sostenible, y aunado a ello, resulta innecesario recurrir al sobrenombre de «[Nombre 163]» para poder identificar las llamadas en las que [Nombre 001] interviene, dada la clara identificación de las líneas telefónicas intervenidas a este mediante prueba de tenencia, tal y como se explicitó en el considerando anterior. Ahora bien, la vinculación de [Nombre 001] como líder del grupo criminal que se dedicó al transporte de droga entre la Zona Sur del país y el Pacífico central, se estableció con ayuda de estudios de radiobases, asociados con los datos explícitos sobre su rol como cabeza del grupo criminal en distintas intervenciones de las comunicaciones y, a su vez, de la información derivada de vigilancias y seguimientos policiales, que dieron como resultado más importante el decomiso de mil kilogramos de droga. Como es usual en este tipo de organizaciones delictivas de carácter cerrado, sus integrantes privilegian la realización de encuentros personales y las conversaciones telefónicas son encriptadas, más aún porque, en este caso, se demostró que el grupo contaba con colaboración de oficiales de la policía judicial quienes les asesoraban en temas de seguridad. En concordancia con lo anterior, se comprobó que los imputados se comunicaban por aplicaciones y mensajería, además varios de sus miembros hacían uso de múltiples aparatos móviles y tarjetas SIM, como una táctica adicional para evitar ser descubiertos. Al respecto, expusieron las juzgadoras: «la constante era que se cuidaran de hablar por teléfono, que tuvieran varios teléfono, incluso en una de las conversaciones entre presentes los encartados [Nombre 013] y [Nombre 016] indicaron que la organización no usaba las líneas convencionales, haciendo mofa de que las autoridades no iban a encontrar nada según lo indicaron: “[Nombre 013]: y se manda. [Nombre 016]: y se manda, mae es que no le veo sentido yo mae. No le allá sentido ya casi le reventaron el culo, anduvieron a un pelito mae. Con nosotros no tienen como ligarnos, pero van a tratar de verificar. [Nombre 013]: van a tratar de investigar. [Nombre 016]: Van a tratar que tanto estamos, que tanto no estamos, eso lo van hacer, pero están mamando mae, están mamando, por teléfonos van a mamar toda la vida, aquí la vara es cómo nos van a ligar.” (MicroSD 26)» (Sic. F.1536 de la sentencia). En el mismo sentido, se resalta en el fallo que la policía realizó un seguimiento a [Nombre 007], producto de lo cual constataron sus contactos con [Nombre 001], [Nombre 013] y [Nombre 016], a la vez que se determinó el modus operandi en cuanto a la adquisición de teléfonos denominados «de desecho» para realizar comunicaciones a lo interno de la organización con el menor riesgo posible de ser descubiertos. Explica el a quo al respecto: «El testigo [Nombre 177], también reiteró las diligencias que se realizaron para determinar las relaciones entre los encartados, en lo conducente indicó: “Siempre dentro de las diligencias de investigación sobre esta casa de [Nombre 007], logramos ver un vehículo un Isuzu DMAX gris, plateado, lo logramos ver ese día que llegó [Nombre 013] y [Nombre 016] en la MU-X en el vehículo del OIJ. Iniciamos seguimiento sobre ese vehículo en una primera ocasión nos llevó a la casa de [Nombre 001] en La Cuesta, ya este seguimiento para clarificar estamos hablando de un vehículo que utilizaba [Nombre 007] directamente, ya el asunto con los investigadores empezamos a hacer diligencias de investigación, directamente sobre esa vivienda. Seguimos el carro y nos llevó hasta la casa de [Nombre 001], en La Cuesta, una propiedad muy grande. Dentro de estas mismas diligencias en diferentes períodos continuamos siempre vigilándolo, siguiéndolo y logramos acreditar una visita que hizo a la zona de comercios, ahí limítrofe con Panamá donde él fue e hizo la compra de lo que nosotros denominamos teléfonos de deshecho, se logró ya verlo se tomó una foto por parte de los investigadores y fuimos poco a poco acreditando quien era [Nombre 007], e identificándolo» (fs. 1536-1537 de la sentencia). La realización de reuniones personales para coordinar detalles propios de la logística de la organización criminal y las precauciones tomadas para no hacer ningún tipo de manifestación comprometedora en líneas telefónicas convencionales —lo cual es notorio incluso en las conversaciones captadas, cuando los interlocutores manifiestan frases como «por aquí no»— sumado al rol de [Nombre 001] como líder, quien desde dicha posición no se involucraba en los traslados de droga de un punto a otro por vía terrestre, explica por qué no se detectaron contactos frecuentes de [Nombre 001] con la totalidad de los inculpados. En relación con los vínculos que tenía [Nombre 001] con otros miembros de la organización y personas relacionadas con el tráfico de droga, resulta relevante considerar que en una de las primeras aproximaciones a [Nombre 001], realizada el 25 de abril de 2019 por los oficiales [Nombre 177], [Nombre 174], [Nombre 044], [Nombre 264], [Nombre 124] y [Nombre 246], se estableció (a través del Servicio de Vigilancia Aérea y de un retén policial) que el primero viajaba en compañía de [Nombre 007], [Nombre 004] y [Nombre 076], sujeto que, si bien no se determinó que formara parte de la organización criminal, se dedicaba a la construcción de barcos o buques y se obtuvo información policial que le ligaba al decomiso de una importante cantidad de droga en alta mar. Al respecto, señaló el oficial [Nombre 177]:  «siempre sobre esta misma línea en seguimiento sobre [Nombre 007] logramos ubicarlo saliendo de la casa en Laurel en un Isuzu D-MAX como les explico no retengo las placas, pero con una placa distinta que estaba a nombre de [Nombre 004] alias “[Nombre 165]” para nuestro investigación. Dentro de este seguimientos nos llevó a Paso Canoas, ingresaron a la casa de [Nombre 001], logramos verificar que no solo estaba [Nombre 007] dentro del vehículo sino que viajaba con dos personas desconocidas para nosotros, aprovechando la presencia para esos días del Servicio de Vigilancia Aérea en la zona logramos realizar coordinaciones con ellos para generare un control de carretera e identificar plenamente a los ocupantes de esta DMAX, cuando los compañeros me notifican a mí el resultado de la diligencia se identificó a plenamente a uno de los ocupantes como [Nombre 007], [Nombre 004] y otro sujeto que llamó la atención no siguió dentro de la línea de investigación [Nombre 076]. Una vez que nosotros hacemos la coordinación con vigilancia aérea, control de carretera con esa información de inteligencia comenzamos a hacer trabajos de datos, de consultas en las bases de datos, dentro de las cosas relevantes fue que [Nombre 076] estaba relacionado con el decomiso de droga en alta mal (sic), que a [Nombre 004] se le estaba relacionando con una información confidencial que aportó la DEA de Estados Unidos, administración de drogas de Estados Unidos, que dentro de la estructura directamente a [Nombre 004] si no lo ligan dentro de la estructura primaria de la organización que lideraba [Nombre 001], información que más adelante, se nos materializó, más adelante lo voy a confirmar» (f. 1537 del fallo). Sobre la vinculación policial de [Nombre 076] con la fabricación de navíos y con el decomiso de una embarcación de droga en alta mar, también expuso el oficial [Nombre 044]: «Se dio la situación donde ellos salen, pero se devuelven hacia Laurel, se le da seguimiento, se comunica al señor don [Nombre 177] para que don [Nombre 177] haga todas las coordinaciones, en ese momento la patrulla la teníamos de ese lado, del lado de Laurel, ellos hacen una especie de cono de embudo entre el sector de La Cuesta y el sector de Laurel y ahí en ese embudo se empiezan a detener vehículos y se empiezan a identificar, no se identifica únicamente el vehículo que conducía el señor [Nombre 007], sino que se identifican a varios vehículos, tanto vehículos adelante como vehículos en la parte de atrás, se logra establecer que quien venía conducía era efectivamente el señor [Nombre 007], iba de acompañante al lado derecho iba el señor [Nombre 004], quien hasta ese momento lo logramos identificar y lo conocemos hasta ese día de la identificación y se logra también identificar a un sujeto [Nombre 076], creo que era, me parece que así era el apellido, que también venía viajando con ellos, se identifican se les saca los número de cédula, se pide identificación, no se les revisa los vehículo, únicamente se identifican y se dejan continuar. A todos los vehículos se les hace el mismo procedimiento y posteriormente se empiezan a identificar estas personas. Se empiezan a hacer investigaciones sobre estas personas, nos damos que don [Nombre 004] vivía en el kilómetro dieciocho (18) de Golfito, tenía ganado, tenía palma y también era cuestionado a nivel policial, bastante cuestionado su modo de vivencia y cómo había llegado a tener esas palmas, y cómo había llegado a tener esa empresa Ganadera que tenía, ah bueno, también nos dimos cuenta que [Nombre 004] tenía como trabajo o profesión hacer barcos o buques, posteriormente investigando al señor [Nombre 268], [Nombre 076] nos damos cuenta que también hace buques y que don [Nombre 076] dentro de archivos criminales y policiales que se tienen, esa detención fue en abril de dos mil diecinueve, para agosto de dos mil dieciocho el señor [Nombre 076] había hecho solicitud de zarpe de un buque o de un barco de nombre “[Nombre 261]”, él fue el que firmó la solicitud de zarpe de pesca y había dentro de esa solicitud puesto a varias personas como varios sujetos, que eran los que iban a ir en este barco tanto capitanes como tripulación y un mes después de este zarpe que el señor [Nombre 076] había firmado que dando fe que la lancha era de él o el barco era de él, o lo que estas personas iban a salir, iban a hacer a él le constaba habían sido detenidos por una fragata y les habían decomisado cuatrocientos cuarenta y cuatro (444) kilos de cocaína en alta mar. Ahí ya teníamos bastantes nos llenaban más de elementos para establecer que efectivamente estas personas sí estaban dentro del tráfico de droga» (Sic. F. 1538 de la sentencia). El licenciado Gamboa Sánchez cuestionó la falta de incorporación del expediente en el que se procesó a [Nombre 076] por el decomiso de droga en alta mar. En nuestro sistema jurídico no existe prueba tasada y en todo caso, no es la responsabilidad del señor [Nombre 076] la que se examina en esta causa, sino la de [Nombre 001] y el resto de los integrantes del grupo delictivo liderado por él, razón por la cual no existía, ni existe impedimento alguno, para considerar la información policial aportada por los investigadores [Nombre 044] y [Nombre 177] en sus justas dimensiones: se trata de información policial y no de un expediente certificado. Retomando el tema de la vigilancia efectuada por los oficiales de la policía judicial el día 25 de abril de 2019, el elemento indiciario de la vinculación de [Nombre 001] con [Nombre 007] y [Nombre 004] que se perfilaba desde etapas tempranas de la investigación, resulta de interés, no sólo porque luego se comprueba el objetivo común que les une, sino, además, porque a través de las pesquisas realizadas por espacio de más de dos años, se pudo establecer que los grandes volúmenes de droga que movilizaba la organización liderada por [Nombre 001], tenían que ingresar por mar y que la finca que tenía [Nombre 001] en la zona de Golfito, Kilómetro 5, justamente colindaba con el mar. Es así que en la comunicación entre presentes documentada en la «transcripción del archivo extraído Micro-SD N° 026-20», ubicada entre folios 36 y 60 del legajo de escuchas del vehículo Isuzu [Valor 043] —ampliamente analizada por el a quo— los coencartados [Nombre 016] y [Nombre 013] se manifestaron preocupados por eliminar los videos de seguridad de las gasolineras que se encuentran en la ruta habitual de la organización.  Al respecto señalan: «[Nombre 016]: ese punto de los videos es donde van a amarrar a esos maes allá, o sea, por más que ellos digan misa y que no salieron con nada, esos maes con solo saber que tiene fincas adentro se le van a ir a Chacarita y ellos saben que para esa cantidad de jugada viene por mar, viene allá de aquel lado y esos videos la van a (no se entiende) y ahí van a ligar los carros y eso es una prueba contra ellos para ligarlos a ellos con la chuncha. Eso es Io primero que me pone a pensar, los videos porque es una cantidad muy grande.  [Nombre 013]: videos en ruta

[Nombre 016]: Baja el nivel de voz y no se entiende y luego dice pero los de Chacara sí mae (resto de la conversación no comprensible), ellos saben que son de la zona y que en esa zona se está moviendo mucho por mar» (f. 40 fte. del legajo de escuchas). Es precisamente a partir de este diálogo, que las juzgadoras concluyen en sentencia, que [Nombre 013] y [Nombre 016], como integrantes de la organización que tenían como una de sus funciones la asesoría en temas de seguridad, «sugirieron desaparecer evidencia importante, para evitar ser vinculados en la presente investigación como los videos de las gasolineras desde Puerto Jiménez hasta el sector de Garabito donde fue detenida la vagoneta con la tonelada de cocaína el 28 de octubre de 2020» (f. 1556 de la sentencia). La conversación entre presentes antes transcrita, corresponde precisamente al dispositivo de grabación instalado en el interior del vehículo placa [Valor 043], utilizado por los implicados un día después del decomiso de una tonelada de droga. Pese a que una preocupación reiterada que se expresa a lo largo de los recursos de apelación incoados, es el hecho de que no se determinase el sitio específico en el que almacenaba la droga, luego de su obtención y hasta el momento en que era trasladada por la empresa criminal desde la Zona sur hasta el Pacífico central, la determinación exacta de cuándo y cómo arriban los estupefacientes, dónde se almacenaban exactamente y cuánto tiempo permanecían ocultos, son aspectos que no afectan la determinación de responsabilidad penal de los implicados por el delito previsto en el numeral 58 del Código Penal en concordancia con el ordinal 77 inciso h). Lo anterior porque, como ya se explicó, cualquiera de los verbos que se encuentran insertos en el tipo básico configura el delito y en este caso, se demostró de forma indubitable el transporte, el cual fue descrito en la relación de hechos confeccionada por el Ministerio Público. Las anteriores consideraciones también son aplicables respecto al reclamo del encartado, consistente en que no se determinaron los contactos o enlaces internacionales referidos en la noticia criminis. Este extremo no fue objeto del contradictorio, precisamente porque el Ministerio Público no imputó la agravante de tráfico internacional, tal y como fue aclarado por el a quo a folio 1457 de la sentencia. Continuando con la forma cómo se logró vincular a [Nombre 001] en calidad de líder de la agrupación criminal, se reclama en las impugnaciones que [Nombre 001] no fue visto con la vagoneta, droga, ni se le captó hablando de esta última.  Más aún, se indica que el tribunal de juicio interpretó de forma indebida el término «quesos» que se escucha en una conversación mantenida entre [Nombre 001] y un sujeto desconocido, pues se le califica como lenguaje cifrado, para hablar telefónicamente de la droga, cuando en realidad el señor [Nombre 270] se presentó al contradictorio a indicar que él era vendedor de queso casero y que muy habitualmente se lo vendía a [Nombre 001]. Tal y como lo analiza el tribunal de instancia, aun asumiendo que el testigo de descargo no faltó a la verdad, su versión sería útil para explicar la interacción que se recoge en la llamada secuencia 06070027 de las 17:46 horas del 30 de noviembre de 2019 (fs.  66 fte. y 131 del tomo I principal). Sin embargo, debido a que [Nombre 001] no se ubica a sí mismo también como productor de quesos, el relato del testigo [Nombre 270] no justificaría la interacción que se recoge en la llamada secuencia 05911781, del 26 de junio de 2020, en la que es más bien [Nombre 001] quien le indica a su interlocutor que hay que «empujar unos quesos». En relación con ambas conversaciones, explicaron las juzgadoras:

«Existen una serie de comunicaciones que evidencian el rol de líder que mantuvo [Nombre 001], quien es la persona al mando de la organización que ordena y conoce sobre los traslados que se hacen de estupefacientes. Además, de que el mismo se mantiene al tanto de todos los movimientos que se realizan. En una de las conversaciones se habla de la droga en lenguaje cifrado, refiriéndose a “quesos” cuando en realidad la referencia es a droga. Punto que es importante aclarar, por cuanto la defensa trató de desviar la atención sobre este aspecto, si bien es cierto se tuvo en el contradictorio la declaración de [Nombre 270], testigo ofrecido por la defensa técnica, quien en el debate se notó poco creíble, complaciente, temeroso al expresarse, contradictorio, no se ubicó en su ocupación u oficio, indicó que un día le fue a dejar seis kilos de queso a [Nombre 001]. Para este Tribunal no resultó creíble lo indicado por este testigo, no se logró acreditar la regularidad en la entrega de ese tipo de mercadería, no logró en detalle referir aspectos relacionados con la producción de queso, el testigo fue evasivo y temeroso, por ello no le mereció credibilidad a este Tribunal. Pero, independientemente de ello este testigo habló de una entrega de quesos, no que [Nombre 001] se dedicara a la producción o a recibir ese producto o esa cantidad con regularidad, el testigo lo describió como un evento aislado. Incluyendo esa llamada 060700027, que podemos dar por cierta en cuanto a que el testigo [Nombre 270], en esa una oportunidad le llevó seis kilos de queso al encartado, cuando dijo que era normal que lo hiciera, es un hecho que no se relaciona con el giro comercial del [Nombre 001]. Ya que por otra parte [Nombre 001], en la normalidad de sus negocios ilícitos, en una conversación que logró ser interceptada [Nombre 001] se refirió a quesos, cuando en lenguaje cifrado estaba hablando de droga, a esta conclusión se arriba, porque no existe ninguna otra explicación posible sobre la orden que da el encartado [Nombre 001] a un tercero, en fecha 26 de junio del año 2020, con el uso del número [Valor 117], asociado a los IMEI 860996044482, 356714116439650, llamada 05911781, del 26 de junio de 2020 en la cual refirió lo siguiente:

“Manteniendo el teléfono activado, [Nombre 001] menciona, eso lo agarra uno en el viaje y baratico le rempuja unos quesos, hay que empujar unos quesos. Seguidamente contesta la persona y hablan sobre automotores.” No cabe duda de que cuando el encartado hace referencia a “quesos” es en relación con la droga, específicamente cocaína que de lo que se trataba era de aprovechar un viaje para ocultar y trasladar paquetes de droga, ello como un indicio más que permite establecer que el [Nombre 271] no es ajeno a la actividad ilícita del narcotráfico» (Sic. Fs. 1539-1540 del fallo impugnado). La defensa pone en tela de duda la inferencia del tribunal de juicio, al apuntar que el investigador [Nombre 044] habría tildado de especulativa la asociación entre «quesos» y cocaína. Sin embargo, de nuevo el recurrente entremezcla la llamada recibida por [Nombre 001] el 30 de noviembre de 2019, en la que [Nombre 270] lo contactó para ofrecerle unos kilos de queso, con la afirmación de [Nombre 001], respecto a «empujar unos quesos» aprovechando que se realizaba un viaje (esta última llamada, de fecha 26 de junio de 2020). Es respecto a la primera conversación, que [Nombre 044] no pudo establecer la asociación entre quesos y droga (cfr. fs. 672-673 del fallo), lo que de ninguna forma supone una toma de partido sobre la manifestación que, con otro tono, realiza el propio [Nombre 001] en la segunda llamada. Más allá de que [Nombre 001] no se colocó a sí mismo también en calidad de productor de quesos, como para utilizarlos a modo de pago (por el contrario, dijo que le compraba a [Nombre 270] con cierta frecuencia), es importante considerar que la base probatoria de la participación de los inculpados en el delito de tráfico y en particular, el rol de [Nombre 001] como líder de la agrupación dedicada al transporte de droga, no se asienta en forma exclusiva en la interpretación del lenguaje cifrado al que hace mención la defensa técnica y material. Por el contrario, a este elemento indiciario se sumaron muchos otros que permiten, en su conjunto, señalar a [Nombre 001] como la pieza central del grupo delictivo. A partir de la fehaciente acreditación de tenencia de teléfonos que ya se detalló, logró concluirse a través de análisis de radiobases diversas movilizaciones que concuerdan con la ruta de la droga, que luego logró confirmarse a través del operativo de decomiso del 28 de octubre de 2020. A pesar de que sobre las mismas ya se expuso en forma detallada en el considerando anterior y se explicaron con amplitud las razones — sustentadas en el principio de libertad probatoria— por las cuales no es necesario que en cada uno de esos eventos existiera un decomiso de droga —como parece pretenderlo la defensa—, se mencionarán aquí únicamente los datos que resultan de interés en relación con el examen probatorio intelectivo de la condena de [Nombre 001]. En este orden de ideas, cabe recordar que entre la tarde y noche del día 30 de noviembre y las primeras horas del 1° de diciembre de 2019, se efectuó una movilización de [Nombre 001], [Nombre 007], [Nombre 013] y [Nombre 016], los dos primeros de Ciudad Neily hacia Golfito, por rutas internas, mientras que los dos segundos viajaron de Ciudad Neily hacia La Palma de Osa y Puerto Jiménez. Por otro lado, el sábado 14 de diciembre de 2019, [Nombre 001] y [Nombre 007] se trasladaron en horas de la tarde desde La Cuesta y Laurel (donde tienen su vivienda) hasta Golfito, con diferencia de apenas 2 horas, permaneciendo en este último lugar toda la noche y parte de la mañana del 15 de diciembre.  Posteriormente, entre el domingo 5 y lunes 6 de enero de 2020, se produce actividad de interés nuevamente, al detectarse el traslado de [Nombre 001] del sector de La Cuesta, donde tiene su vivienda, hasta la zona de Golfito, en horas de la tarde del 5 de enero de 2020, activando las mismas radiobases que [Nombre 007] entre las 13:53 y las 14:06 horas de ese día. Este dato resulta importante, porque el 6 de enero de 2020, posterior al encuentro o al menos coincidencia con [Nombre 001], [Nombre 007] y [Nombre 013] marcan la radiobase de Palma de Osa, pocos minutos antes de las 5 de la mañana; por su parte, [Nombre 016], marca la radiobase de Piedras Blancas de Osa, a las 4:25 horas de ese mismo 6 de enero (cfr. fs. 140 fte. a 143 vto. y 178 del tomo I principal). Los 3 registran un traslado coordinado por la Carretera Interamericana Sur, desde el sector de Osa, hasta Parrita: es decir, en una ruta coincidente con la que luego se determinó probatoriamente, era el camino de traslado de la droga. Al analizar la labor coordinada en cuanto a los desplazamientos que mostró [Nombre 001] en relación con [Nombre 007] el día 5 de enero de 2020, y la circunstancia que fue este último quien acompañó a [Nombre 013] y [Nombre 016] para completar el resto de la ruta de traslado de la droga, desde Puerto Jiménez y La Palma de Osa, hasta la zona de Parrita, es claro para los analistas, que [Nombre 001] da muestras de ser el líder de la organización, dado que incursiona en tareas de acompañamiento, sin involucrarse de lleno en las labores que pueden considerarse «de campo» o meramente operativas. Al respecto, se indica en el fallo: «Por los movimientos que se logran plasmar mediante los rastreos telefónico (sic), se confirma que [Nombre 001] no participó en ese desplazamiento, reflejo de su rol de líder cuyo interés. Es supervisar, asegurar el objetivo, dentro de la organización» (fs. 1496-1497 de la sentencia). La ausencia de un rol más activo en los traslados de droga, no sólo no es contradictoria, sino que es esperable y consecuente con quien ostenta la figura jerárquica dentro de la organización y por tanto supervisa, tiene control general y gira directrices, pero no «ensucia sus manos» en la labor más operativa. En forma absolutamente concordante con lo anterior, [Nombre 001] no participa en las movilizaciones posteriores, observándose que, en la realizada a mediados de enero de 2020, participa también [Nombre 007] —mano derecha de [Nombre 001]— y ya en las posteriores, de mayo, junio, agosto y octubre del mismo año, no toman parte ni [Nombre 001] ni [Nombre 007]. Resulta de gran trascendencia para acreditar el rol de liderazgo que ostentaba [Nombre 001] en la organización criminal, los diálogos entre [Nombre 020] y su hermana [Nombre 010], que lograron captarse pocas horas después del decomiso de una tonelada de droga a la organización, que ocurrió el 28 de octubre de 2020 y los que surgen de inmediato entre [Nombre 010] y su esposo [Nombre 001]. El tribunal los recoge y reproduce en el fallo impugnado de la siguiente forma:  «En primer lugar, [Nombre 010] conoce de la detención por medio de su hermano [Nombre 020], ya que a éste le avisó [Nombre 019] tal y como se tiene por demostrado en el análisis que se procederá a realizar en torno a la materialización ejecutada. [Nombre 020] de acuerdo con la llamada 05130427, del 28/10/2020, a las 10:01:24 am, la sinopsis de dicha llamada indica: “Sinopsis: [Nombre 010] dialoga con [Nombre 020]. [Nombre 020] le dice: "llame a su marido o pregunte, porque dicen que [Nombre 216] se cayó, ¿no sé?", [Nombre 010] le pregunta: "¿a dónde?", [Nombre 020] le dice: "¡no sé mae, diay llame para ver si es cierto!". [Nombre 010] le dice: "ay, y este mae no está", [Nombre 020] le dice: “diay, dicen que se cayó y [Nombre 196] no me responde", [Nombre 010] le dice: "ay, no puede ser", [Nombre 020] le dice: "pero es que no sé porque … tienen que ver es el otro mae.., diay, yo no sé cómo estará", [Nombre 010] le dice: " diay, ¿es que cómo le voy preguntar yo?", [Nombre 020] le dice: "si, si, no, ni le responde", [Nombre 010] le dice: "bueno, bueno, pregúntele a [Nombre 196]", que le haga llamadas, [Nombre 020] dice que es que no le entran lo mensajes, [Nombre 010] le es que no hay más...usted no tiene el de [Nombre 021]", [Nombre 020] dice que no, [Nombre 010] dice: "y dónde ella se comunica ...con él", [Nombre 020] dice: "diay, voy a preguntarle a esa hembra a ver", [Nombre 010] le dice:

“diay, llámela a ella , pregúntele".” (Reportes del sistema PLX y audios)» (Sic. F. 1544 de la sentencia. El subrayado no corresponde al original). Es importante resaltar, del diálogo recién transcrito, que [Nombre 020] en forma directa le indica a su hermana que llame a [Nombre 001] para averiguar si es cierto que [Nombre 027] (al que se refieren aquí como «[Nombre 216]») fue detenido por la policía. Es decir, el contenido de la comunicación no da margen a considerar que [Nombre 010] fue la que llamó a [Nombre 001] para darle la noticia de la detención de su hermano en un operativo policial, sino que, más bien, tanto [Nombre 020] como [Nombre 010] se plantean recurrir a él como fuente de información y la persona que podría despejarles dudas sobre quiénes puntualmente fueron aprehendidos y en qué condición están.

Más esclarecedora aún es la siguiente llamada que [Nombre 010] le realiza a su esposo [Nombre 001], de inmediato al colgar la comunicación con [Nombre 020]: En la llamada 06025965, del 28 de octubre de 2020, a las 10:25 horas, un minuto después de haber conversado con [Nombre 020], quien le dio la noticia de la detención [Nombre 010] llamó a [Nombre 001], en la sinopsis se establece: «[Nombre 001] dialoga con [Nombre 010]. [Nombre 010] pregunta "¿Amor, tú tiene tú teléfono, el otro?", [Nombre 001] le dice que si, [Nombre 010] le pregunta" ¿usted ha hablado algo?", [Nombre 001] dice: “no, nada", [Nombre 010] le dice:

"Amor, yo necesito que se comunique", [Nombre 001] le dice: “¡diay1, [Nombre 010] le dice:

“pero urgente” [Nombre 001] pregunta. "¿con quién?", [Nombre 010] le dice: "bueno...[Nombre 217] no le va a contestar", [Nombre 001] dice: "¡no le creo!", [Nombre 010] le dice: "por dios", [Nombre 001] dice: "ay que dolor, estoy llamándolos", [Nombre 010] dice. "no le van a contestar, dicen que todos", [Nombre 001] dice: "¡no le creo!", [Nombre 010] le dice: "por dios, por dios, por dios, vea...", [Nombre 001] pregunta: "a ahora?", [Nombre 010] le dice: "no sé, ¿qué hago?", [Nombre 001] dice: "¡no le puedo creer!", [Nombre 010] le dice: "por dios, yo necesito que se venga", [Nombre 001] pregunta: "¿no tiene dónde llamarla?", [Nombre 010] le dice: "a nadie", [Nombre 001] dice "o usted, a algún número", [Nombre 010] dice extra teléfono: "¿[Nombre 272] su número?..., asterisco, uno, numeral y lo saca" y dice: "[Valor 118]", [Nombre 001] dice: "voy".» (Reportes del sistema PLX y audios)» De la anterior conversación, resulta evidente que [Nombre 001] estaba muy al tanto de la actividad que estaban realizando los integrantes del grupo criminal cuando su esposa [Nombre 010] lo llama. Pese a que [Nombre 010] lo contactó con el fin de obtener información sobre sus hermanos, [Nombre 001] se muestra asombrado, pero es claro que no necesita de muchos detalles para comprender que el grupo fue sorprendido por la policía. Nótese que [Nombre 010] únicamente alcanza a decirle «[Nombre 217] no va a contestarle», para que él entienda sin ninguna explicación adicional, en todas sus dimensiones, lo que acaba de acontecer. Esta comprensión la muestra con la frase: «¡no le creo!», seguida de expresiones de dolor. A propósito de la conversación mantenida por [Nombre 010] y [Nombre 001] luego del decomiso y detenciones del 28 de octubre, las juzgadoras señalan lo siguiente: «En esa conversación se nota la alteración emocional preocupación dolor [Nombre 001] y [Nombre 010], se escucha particularmente alterada [Nombre 010], sobresale que también [Nombre 010] le preguntó a [Nombre 001] que si tiene el otro teléfono y también llama la atención que ella le indica que “todos” haciendo referencia precisamente a los condenados en la presente causa» (f. 1545 del fallo). Precisamente esa referencia al «otro teléfono» que hizo [Nombre 010] con toda naturalidad y sobre la cual llama la atención el tribunal, es un elemento de gran relevancia para reafirmar el conocimiento previo y acceso especial que tenía [Nombre 001] sobre el transporte de droga que se encontraba en proceso cuando el grupo fue sorprendido por la policía.  Se extrae de la conversación anterior, que [Nombre 001] tiene un teléfono de comunicación directa con los participantes en la caravana que resultaron sorprendidos con la intervención policial, al punto que [Nombre 010] le pide que se fije si tiene alguna información en ese «otro» teléfono. Se trata de un indicio muy importante del liderazgo y supervisión general ejercido por [Nombre 001], a la vez que torna insostenible la tesis de la defensa, en el sentido que [Nombre 010] llamó a [Nombre 001] para darle la noticia sobre lo que le acababa de ocurrir a su hermano y buscar ayuda legal para él. De las comunicaciones captadas, es claro que [Nombre 010] no debió explicarle absolutamente nada a [Nombre 001], para que él comprendiera lo que acababa de acontecer. Con la mención del manejo de, al menos, dos teléfonos por parte de [Nombre 001], es posible descartar también la tesis de la defensa, en el sentido que este cambió de aparato móvil únicamente porque una mujer lo acosaba. La existencia de dos teléfonos —o más— en posesión de los sindicados, así como el cambio de teléfonos, forma parte de su modus operandi y se trata de una táctica de seguridad, implementada por el grupo, que explicaría por qué la policía determinó que los implicados evitaban el uso de llamadas convencionales para comunicarse. Como ya se apuntó, dada la posición de liderazgo de [Nombre 001] en la empresa delictiva, los informes que documentan los resultados de análisis de los teléfonos celulares secuestrados el 28 de octubre de 2020 (entre ellos, el n.° 083-DICR-SECCROART-2020), terminaron de trazar las conexiones que tenían entre sí, los integrantes más «operativos» de la organización criminal, pero no revelan comunicaciones personales con [Nombre 001]. Esta situación se explica en que, conforme con la dinámica expuesta, se privilegiaban las reuniones personales, no todos los integrantes del grupo se relacionaban en forma directa con [Nombre 001] y, además, se acreditó el uso de teléfonos de desecho o el cambio de tarjetas SIM para evitar seguimientos. Ahora bien, existe aún una comunicación adicional entre [Nombre 001] y [Nombre 010] que, en conjunto con las probanzas antes detalladas, permite establecer su rol jerárquico en el grupo, al punto que [Nombre 010] le recrimina haberlos «dejado solos» en razón de las actuaciones judiciales que eran esperables a raíz de la gran incautación de droga. La comunicación en cuestión corresponde a la tarde del 28 de octubre de 2020 y se recoge en la sentencia de la siguiente forma: «De interés, [Nombre 010] pregunta a mujer sin identificar "por ahí no está su esposo?" y ésta responde que sí y a su vez pregunta si se lo pasa y [Nombre 010] luego pregunta “por ahí está el mío?" y de nuevo la mujer responde que sí. La mujer indica que le va a pasar al esposo y grita “don [Nombre 001]”; toma el teléfono [Nombre 001] (por la voz) y [Nombre 010] le dice "necesitamos hablar con usted", [Nombre 001] responde porqué y [Nombre 010] le indica "acá está [Nombre 136]" y pregunta "qué hacemos?" y [Nombre 001] le dice que le diga que se venga. Luego [Nombre 010] dice "esta gente ya alistó todo para salir e irse, [Nombre 272] y ellos", [Nombre 001] pregunta para dónde y [Nombre 010] le responde "dicen que no quieren pasar un mal rato" y [Nombre 001] le dice que les diga que no pasa nada. [Nombre 010] pregunta qué ha sabido y [Nombre 001] le responde que apenas va llegando el señor allá y [Nombre 010] exclama "ay jueputa". [Nombre 001] dice "ya él (tercero) localizó a [Nombre 217], está donde esa gente" y que va apenas para allá para hablar con él [Nombre 010] le dice que ahí está hace rato "éste" ([Nombre 136] en el contexto) esperándolo y [Nombre 001] le dice que él ahí no va a ir que le diga a ese tercero que se venga donde él está en uno carro de él (del tercero). [Nombre 010] le pregunta "entonces usted no viene?" y éste le responde que no, que ya le dijo y [Nombre 010] concluye "bueno listo ok, aquí nos morimos» (fs. 1546-1547 del fallo). El anterior intercambio de ideas entre [Nombre 001] y su esposa, efectivamente aporta datos de importancia, tal y como lo señala el tribunal de mérito, porque deja entrever que, tanto [Nombre 010] como [Nombre 019], esperan el parecer de [Nombre 001] para entender cuál es el siguiente paso a tomar ante la situación que se les avecina —en este sentido la situación de espera de [Nombre 019] como muestra de su subordinación a [Nombre 001]—. Sin embargo, este rápidamente les indica que no se va a poner en riesgo regresando a la casa. En este orden de ideas, las juzgadoras resaltan que: «La capacidad económica del encartado le permitió una vez que conoció que iba a haber allanamientos en todos los miembros de la organización a propósito de la fuga de información que existió en esta causa, el mismo procedió a pasarse al [Nombre 292] ubicado en Heredia, mismo que amuebló pagando cada uno de los detalles para vivir en ese lugar tal y como lo conversaba con [Nombre 010], lo que se demostró con la documentación allegada al proceso como el oficio 166-SECCRO-2021, de la Sección Especializada de Crimen Organizado, del 21 de abril del 2021» (f. 1543 de la sentencia).  Por otro lado, la compra de sumas elevadas de dinero en armas por parte de [Nombre 001] también es un indicio más de su jerarquía en la organización, pues resulta consecuente con la necesidad de proveer a sus integrantes de este medio de defensa. Sobre este tema en particular, explican las juzgadoras: «El imputado [Nombre 001] tiene particular interés por la compra de armas, lo que es propio de organizaciones que trabajan con droga a gran escala, como en este caso una tonelada de droga valorada aproximadamente en siete millones de dólares. Dicha actividad es indicio que concatenado con los otros establece un claro conocimiento del resguardo que tiene que tener de sí mismo, de los suyos y para ello compra armas, así en la conversación del 10 de mayo de 2020, en la llamada 05473390, el encartado [Nombre 001] habla con un sujeto de nombre [Nombre 273] y negocia armas por la suma aproximada de dos millones de colones» (f. 1547 de fallo). La circunstancia que algunas de las armas se encuentren registradas, no eliminan su potencialidad de uso para la defensa y protección del grupo criminal como lo propone la defensa técnica, pues el análisis conjunto de la prueba permite señalar que no es la caza, sino el narcotráfico, la actividad que motiva al sindicado a adquirir y resguardar armas en su vivienda. Aparejado a lo anterior, resalta el tribunal de juicio, también, que se documentó en el informe 001-SECCRO/CI-2021, de fecha 17 de marzo del 2021, que [Nombre 001] negoció la compra de un vehículo Mitsubishi Hilux con blindaje, señalando que «tiene que quitarlo todo para despistar» (cfr. fs. 1542-1543). Justamente la gran capacidad adquisitiva de [Nombre 001] es un indicio más de su posición como líder del grupo organizado. Si bien es cierto, la defensa técnica y material señalan que el sindicado es un próspero productor de palma, que es socio de Coopeagropal R.L., junto con [Nombre 007] y que, además, vendió un inmueble por más de 400.000 dólares, el tribunal de juicio hace ver que los informes contables aportados por el mismo justiciable, así como el informe rendido por el perito Olman Vargas —aún con las inconsistencias denotadas en juicio—, evidencian que «el movimiento de las cuentas es inusual, y elevado sin justificación alguna que permita determinar que el dinero provenga únicamente de actividades lícitas […] Incluso hay llamadas del encartado que reflejan ese poder económico, así se cuenta que en el informe 200-SECCRO-2020, de fecha 15 de junio de 2020 visible de folio 309 a 317 y firmado holográficamente por [Nombre 044], licenciado [Nombre 177] y licenciado [Nombre 221], a folio 311 se transcribe una llamada del [Valor 035] asociada a [Nombre 001], secuencia 03198945 del 6 de mayo de 2020 donde extra teléfono se escucha al investigado [Nombre 001] “la plata ahí, venga para ver si anda… medio millón de dólares”» (f. 1541 del fallo). Abona a la entremezcla de capital lícito e ilícito, como origen del elevado crecimiento patrimonial de [Nombre 001], su intento de ocultar el dinero de sus cuentas bancarias, con una funcionaria de la financiera Desyfin, lo que «permite constatar esa necesidad de que no aparezcan cuentas o bienes a nombre de él lo que son acciones que suman a ese liderazgo dentro de la organización criminal» (f. 1543 de la sentencia). Por supuesto que no es el crecimiento patrimonial de [Nombre 001], singularmente considerado, lo que le ubica como líder de la organización criminal, pero sí constituye un indicio importante de sus ganancias en la empresa criminal y es natural que quien ocupe la cúspide sea quien se quede con la mayor parte de las ganancias. En absoluta concordancia con esta posición, diversas comunicaciones telefónicas de [Nombre 010], realizadas el mismo día del decomiso de droga, pusieron en evidencia la gran cantidad de dinero, armas y objetos de valor que mantenía en la vivienda en común que tenía con [Nombre 010], al punto que luego de la impresión inicial por la posible detención de sus hermanos, dicta instrucciones para sacar dichos objetos y bienes, que estima comprometedores, del sitio donde los tenía resguardados en la vivienda común de ella y [Nombre 001].  Se detalla en el fallo bajo examen: «[Nombre 010], minutos después de enterarse de la detención de los demás miembros de la organización pide la colaboración de [Nombre 020] para ocultar bienes lo que se puede escuchar claramente en la llamada 02228027, del mismo día de la detención 28 de octubre de 2020, a las 10:32:25 am, cuya sinopsis establece:

“[Nombre 010] (sic) llama a [Nombre 020] y le dice:" [Nombre 020] necesito que vaya a la casa soplado, no ve que yo no estoy...". [Nombre 020] le pregunta que entonces. [Nombre 010] detalla:" yo tengo, en el cuarto las armas...tengo un oro, y tengo la plata, y tengo la plata de pagar la finca; échese todo en una bolsa negra, y yo ya llego...vaya recogiendo eso, y las agendas, todo lo que esté me lo hecha en una bolsa basura..." [Nombre 020] le contesta que bueno.” (Reportes del sistema PLX y audios). En el mismo sentido y continuando con lo solicitado por su hermana [Nombre 020] llamó a [Nombre 010] y le indicó:

“[Nombre 020] llama a [Nombre 010] y le pregunta que le echa, que si todo. [Nombre 010] le contesta:" ehh por fa, la caja, los que tengo en el mueble, lo otro..." [Nombre 020] le pregunta que si los verdes, [Nombre 010] contesta que por favor. [Nombre 020] le pregunta que si los papeles también, que si los bota. [Nombre 010] contesta que todas las agendas que se encuentre, que ahí hasta los teléfonos, en una bolsa grande basura, que ella ya llega.” (Llamada 03449268, del 28 de octubre de 2020, a las 11:16:33 am en Reportes del sistema PLX y audios)» (cfr. fs. 1545-1546). Obsérvese, del diálogo resaltado por el a quo, que no es sólo el posible secuestro de los bienes ante la práctica de un allanamiento en su casa lo que teme la esposa del sindicado, sino que la policía pueda encontrar sus agendas, la que pone al nivel de otros objetos de valor como oro, dólares o armas y el único motivo que puede pensarse para esta asociación, es el tipo de datos o información que las autoridades podrían encontrar en dichas agendas. Finalmente, existen comunicaciones entre presentes, documentadas en el legajo de escuchas, que dejan constancia de la posición de [Nombre 001] como líder del grupo criminal. Destaca, en ese sentido, la comunicación identificada como Micro SD 026, en la que [Nombre 013] y [Nombre 016] continúan conversando acerca de la intervención policial del día 28 de octubre de 2020: «[Nombre 013]: después lo que hicieron con aquella gente, un pegue fortuito y la gente la vez pasada (no se entiende) ahí por Dominical, se le vinieron después y le agarraron un cargamento y ahí fue donde se agarraron con esta gente de (no se entiende), todo inicia con el pegue y de ahí vienen para atrás, lo que ocupan es el pegue para poder justificar, ahora, si

Crimen Organizado tienen más información, usted me está diciendo Crimen Organizado tienen mucha información y van a empezar enlazar , ahorita esos maes van a empezar a ubicar, si esta gente (no se entiende) si no allanan está más feo el asunto, porque si no allanan es porque tienen más información que ocupan pegar mae, van a empezar a amarrar, Si ns (sic) tienen algo contra nosotros nos van a querer amarrar a nosotros porque hambre nos llevan, al que más hambre le llevan es a "bicho", es al que más hambre le llevan, de hecho van a empezar a ver, a ese mae lo van a empezar a ligar, cómo lo van a empezar a ligar? En pegues con vehículos en carretera anteriormente, tal fecha lo ligaron subiendo con el vehículo para afuera, tal fecha lo vieron subir, viendo a ver si tiene propiedades, qué sociedades tiene el mae, lo que usted me decía que el informante le dijo (no se entiende), qué sociedades hay. Hay un lapso de ruido, de seguido continúa, sí huevón mae, entonces ahora sí se viene el despiche, ahora qué se va a hacer, qué vamos a hacer (ruido exterior) no, es Crimen Organizado, ya él me lo dijo, yo se lo dije a [Nombre 001] la vez pasada, yo se lo dije a [Nombre 001], yo hablé con ese mae, ese mae no está (no se entiende por ruido exterior).., ya eso se sabe, ya eso lo tienen, están buscando merca, mientras no tengan eso no tienen la caída, lo que ocupan es la merca, mientras no peguen la merca no pasan nada, pero estos maes no pueden subir porque te relacionan directamente a vos le digo, sociedades, traspasos, bienes, todo se va (no se entiende) ahora sí un estudio de legitimación de capitales. Y si no pegaron allanamiento, porque cuando se pegan allanamientos es porque la información es espontánea, o sea, apareció y vamos a ver qué agarramos, pero cuando hacen esos pegues mae y no se allana es porque van a montarse con legitimación, van a empezar hacer estudios porque ellos van a venir a (no se entiende) y van a justificar con todo, por qué los dejan en libertad? porque las aperturas de teléfono no las pueden hacer, qué tanta información hay, cuántas veces los han pegado en carretera juntos, qué tanta relación tienen» (Sic. Fs. 1547-1548 del fallo recurrido). Del anterior extracto del legajo de escuchas, que transcribe el tribunal de juicio, es claro que la mayor preocupación de los agentes policiales (aparte de su propia seguridad), es la posibilidad de que las autoridades liguen a quien figura como líder del grupo criminal, quien es llamado por su nombre en esta conversación. A mayor abundamiento, cabe señalar que una conversación interceptada a los mismos oficiales luego del incidente ocurrido el 18 de agosto de 2020, cuando una falla en la seguridad de la vagoneta con droga casi pone en peligro el cargamento, resulta aún más ejemplificativa de la posición de liderazgo de [Nombre 001]. El diálogo de interés es el siguiente: «Narra [Nombre 013]: que le comentó [Nombre 171] “Aquí el que manda es El, le tuvo que haber hecho caso a usted en muchas cosas, pero El le hace caso a otra gente que la tiene ahí a la par, le hace caso (da un nombre no se entiende muy bien como “[Nombre 291]”), cuando ella ni mierda tiene que ver con Io del negocio, pero como ella vela por los hermanos, entonces los hermanos hacen Io que les da la gana, ya se los había dicho a El, que ellos no tienen que custodiar ni picha. Ya se los había dicho y que ahora no vengan a decir que bronca que aquí y allá» (Sic Cfr. f. 14 vto. legajo de escuchas). Claramente, la mujer a la que le hace caso [Nombre 001], que vela por los intereses de sus hermanos para que estos intervengan en la custodia, a pesar de que [Nombre 013] y [Nombre 016] los estiman incompetentes para dicha tarea, no es otra que [Nombre 176], esposa de [Nombre 001]. En definitiva, el acervo probatorio incorporado al debate y analizado por el a quo, permite sustentar con toda holgura que [Nombre 001] no sólo formaba parte de la organización criminal, sino que, además, ocupaba el sitio más alto de la cúspide de dicha estructura, al punto que los restantes integrantes respondían y daban cuentas a él. En sus recursos, la defensa técnica y material incluyen algunas observaciones que no tienen la potencialidad de variar dichas conclusiones, pero que se abordan en todo caso para dar respuesta a la totalidad de alegatos. Llama la atención el justiciable, sobre la falta de indicios encontrados durante el allanamiento practicado en la casa de [Nombre 004], alias «[Nombre 165]», de lo cual dio cuenta el testigo [Nombre 185]; así como de la falta de información incriminatoria por parte del testigo [Nombre 235], quien hizo mención únicamente al allanamiento celebrado en la casa de habitación vinculada a [Nombre 286]. Se acreditó (incluyéndose como punto 6.4 del cuadro fáctico acreditado), que los coimputados [Nombre 013] y [Nombre 016] informaron a los miembros de la estructura criminal sobre la inminente práctica de allanamientos en sus viviendas. Incluso, en la última conversación que se detalló en este apartado, los ex oficiales de la policía judicial conversan sobre dicho tópico. Era esperable y lógico, y no un indicio a favor de los encausados, que estos desaparecieran de sus casas de habitación cualquier vestigio de su ligamen con el grupo criminal. Del dicho del testigo [Nombre 251], el encartado en ejercicio de su defensa material resaltó que [Nombre 001] no fue visto nunca con la vagoneta, que no se supo durante la investigación de dónde salía esta, y que se habla de una reunión de [Nombre 001] con otros encartados en un muelle, pero esta nunca se acredita. Ninguno de los elementos antes señalados fue necesario para vincular a los sentenciados con los hechos que se les endilgan. Por ende, no se trata de que las juezas de instancia hayan dejado de valorar aspectos favorables a los endilgados, sino que estos no tienen el mérito que la defensa técnica y material pretenden otorgarle, por cuanto no son capaces de desvirtuar los indicios que existen en su contra. Sobre el sitio de almacenamiento de la droga y cargamento de la vagoneta, como ya se indicó, se presumía que se tratara de un inmueble ubicado en la zona próxima al mar, en la Península de Osa, cerca de Piedras Blancas, a la que aluden los investigadores como la zona de «Chacarita» que es conocida policialmente por ser sitio de ingreso de droga por vía marítima, fuertemente resguardada por los pobladores, al que no ingresaban precisamente por temor a ser fácilmente detectados. Por otra parte, las eventuales contradicciones en que pudieron encontrarse los testigos [Nombre 044] y [Nombre 177], en cuanto a si fue [Nombre 001] o [Nombre 007] quien se encargó de las coordinaciones previas al transporte de droga del 28 de octubre de 2020, el sitio exacto dónde se hallaba [Nombre 001] cuando se entera del decomiso del cargamento con cocaína, o los usos que podía tener el instrumento denominado «rufa», son todos aspectos periféricos que no inciden en la determinación de autoría de [Nombre 001] y su rol como cabecilla del grupo, en el tanto no elimina la contundencia de los indicios mencionados líneas arriba cuando éstos son valorados en conjunto. Los recurrentes buscan restar solidez a la investigación, partiendo del punto de origen de la notitia criminis (la Drog Enforcement Administration, DEA por sus siglas en inglés) y porque inicialmente se indicara que [Nombre 086] era uno de los líderes del grupo o se hiciera referencia al tráfico internacional de droga. No logra entenderse con claridad cómo la forma en que inició la investigación puede afectar o restar validez, de alguna manera, al cúmulo de elementos de convicción que logró recopilar la policía judicial bajo las directrices de la Fiscalía, más de dos años después del recibo de dicha notitia, pero en todo caso, consta que en forma paralela a la recepción de información de la DEA, se documentaron informaciones confidenciales (conocidos como CICOS), directamente ingresadas por los canales establecidos por el Poder Judicial. No existe ningún paralelismo entre la causa bajo examen y el supuesto que dio origen a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, porque este último versa sobre la ausencia de condiciones que  facultaran el ejercicio de una defensa efectiva por parte del acusado, al punto que no se informó al señor Barreto sobre los hechos que se le imputaban antes de rendir declaración indagatoria y tampoco se le concedió tiempo, ni medios para ejercer la defensa. En este asunto, por el contrario, el encartado ha contado con representación legal de su confianza desde el inicio del proceso y se pusieron a su disposición los distintos informes y pruebas técnicas conforme fueron confeccionados, de manera que tuvo oportunidad de conocer y contradecir los elementos de convicción que pesaban en su contra. En todo caso, la decisión condenatoria no se basó en meras conjeturas sin sustento, sino que —como se ha explicado ampliamente en el presente considerando y en el anterior— es producto de inferencias lógicas que se extraen de un examen meticuloso e integral de los indicios sometidos a conocimiento del tribunal de instancia. El recurrente afirma, pero no sustenta de forma alguna, su alegato sobre el uso de indicios contingentes. Esta Cámara observa, por el contrario, que la decisión se funda en un análisis integral y detenido de la prueba indiciaria, que en este asunto es abundante y permite sustentar los hechos probados fuera de toda duda razonable. Se advierte que los cuestionamientos por falta de objetividad de los informes rendidos por los analistas criminales Valerio y Navarro, fueron abordados en el considerando XV de esta sentencia, al cual se remite. Finalmente, los alegatos por quebranto del derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones, fueron atendidos en el punto B) del considerando VI, cuando se analizó la procedencia de las limitaciones del derecho a la intimidad que se autorizaron en este asunto. No puede dejar esta Cámara de señalar un tema que, pese a que no ha sido directamente cuestionado por la defensa, ni supone una variación de las conclusiones vertidas en la sentencia impugnada, corresponde a la aplicación de la ley sustantiva, aspecto sobre el cual los juzgadores ejercen revisión integral. Se advierte que estas precisiones se realizan a mayor abundamiento, ya que las quejas de los recurrentes, que aquí se conocen, se limitan a cuestionar la condena de [Nombre 001] desde el punto de vista del análisis probatorio intelectivo y no desde el punto de vista del análisis jurídico de su condena como coautor. En este sentido, sugiere el tribunal de sentencia, en algún pasaje del fallo recurrido, que debe acudirse a la figura de autoría mediata en aparatos organizados de poder, desarrollada por Roxin como correctivo a la teoría tradicional del dominio funcional del hecho, para explicar la posición de [Nombre 001], como coautor y líder de la organización criminal (cfr. f. 1535 de la sentencia). Esta Cámara se separa de dicha postura, al considerar que resulta innecesario acudir a dicha teoría para explicar la condición de [Nombre 001] como coautor del grupo, quien desde su posición de mayor jerarquía, se ocupa de dirigir y supervisar la organización criminal, ya que estimamos que la teoría «tradicional» del dominio funcional del hecho, brinda las herramientas necesarias para explicar en qué condiciones una persona puede ser considerada coautora de un delito, pese a que no intervenga materialmente en la fase de ejecución. Ahora bien, entre folios 1616 y 1624, se observa que el a quo rectifica de su mención anterior sobre una autoría mediata, para acudir precisamente a la teoría del dominio funcional del hecho, a fin de explicar la responsabilidad de [Nombre 001] como coautor en el delito de tráfico, dada su posición de líder del grupo criminal. Este sería, a juicio de este Tribunal, el abordaje correcto. Dispone el numeral 45 del Código Penal: «Es autor del hecho punible tipificado como tal, quien lo realizare por sí o sirviéndose de otro u otros, y coautores los que lo realizaren conjuntamente con el autor». Al respecto de los alcances de esa norma, señala el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, asumiendo la solución conjunta al problema de la coautoría, en los términos propuestos por el profesor Francisco Castillo: «es preciso el cumplimiento de tres requisitos para que actos ajenos (es decir, no cometidos de propia mano) puedan serle atribuidos a otros sujetos. Tales requisitos, conforme a la teoría del dominio funcional del hecho, son: (i) la existencia de un plan previo; (ii) la distribución de roles que determinen el sí y el cómo del evento y (iii) que no se esté en presencia de delitos de infracción de deber (comisión por omisión, lesiones culposas, delitos especiales propios, etc.) […] La doctrina dominante es partidaria de la “solución conjunta.” De acuerdo a ella, si el plan común del hecho es realizado por varios coautores, todos los coautores responderán por los actos de ejecución tan pronto como uno de ellos realice el acto de ejecución; esto independientemente de que los aportes de los demás al hecho hayan sido dados en la etapa de los actos preparatorios» (Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José, fallo n.° 5302017 de las 11:50 horas del 8 de mayo de 2017). En idéntico sentido este tribunal, con una integración parcialmente distinta, señaló que: «El objeto de la coautoría es un hecho colectivo, realizado por varios sujetos activos, que se integra con el aporte causal individual. En esta línea, no se requiere que cada coautor ejecute por sí mismo la totalidad de la acción típica, sino que basta con que, a partir de una resolución común y una distribución funcional del trabajo, realice un aporte esencial para la consecución del delito. En el caso de los hechos delictivos realizados por organizaciones criminales, es claro que su complejidad impide que se ejecuten en solitario, por lo que es necesario que operen mediante un sistema de distribución del trabajo. Así, el jefe de la banda puede ser considerado coautor, pues participa de un plan común y se encarga de coordinar, organizar, dotar de recursos, entre otros, por lo que tiene una función esencial […] Al respecto la doctrina refiere: «Los coautores no cometen distintos hechos punibles, sino que intervienen en un hecho común. Sus aportes al hecho deben ser valorados jurídicamente como una acción que se subsume, en su conjunto, en el tipo respectivo […] su tipo objetivo está realizado cuando la totalidad de los aportes al hecho ha causado el resultado típico de modo objetivamente imputable. La cuestión de si el aporte individual al hecho fue una condición necesaria del resultado es irrelevante, Los coautores son responsables de un resultado producido en común, incluso si el aporte al hecho de cada individuo puede ser suprimido mentalmente sin que el resultado desaparezca» (Frister, Helmut. Derecho penal. Parte general. 1ª ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2011, p. 539)» (Tribunal de Apelación de Sentencia Especializado en Delincuencia Organizada, fallo n.° 2025-39 de las 16:00 horas del 30 de octubre de 2025). Es así que, bajo una concepción doctrinaria distinta, esta Cámara llega a la misma concusión del a quo, en cuanto a la condición de [Nombre 001] como líder de la organización criminal y coautor del delito de tráfico de drogas, al comprobarse en su caso la dirección y supervisión de la operación en general, para lo cual mantuvo siempre el control de las decisiones, al punto que el tema más crítico de la operación: la determinación sobre cuándo ocurrían los transportes de droga y el cuidado de la seguridad de los alijos de droga transportados, eran consultados a él y decididos en último término por [Nombre 001], tal y como quedó ilustrado mediante diversas conversaciones interceptadas. Al descartarse las quejas por falta de fundamentación probatoria intelectiva de la condena dictada contra [Nombre 001], como cabeza de la estructura criminal dedicada al tráfico de droga, se declaran sin lugar el punto 2) del motivo único del recurso incoado por [Nombre 001], así como el séptimo reclamo del recurso de apelación de sentencia planteado por el licenciado Celso Gamboa Sánchez.-

Primer motivo del recurso de apelación de sentencia incoado por la representante del Ministerio Público: Falta de correlación entre acusación y sentencia en cuanto a la absolutoria a favor de [Nombre 020] y [Nombre 010] por el delito de tráfico agravado de drogas, así como falta de fundamentación intelectiva. Aduce la recurrente que, en el apartado 3 de la acusación, se endilga a [Nombre 020] el rol de transportar droga de la Zona Sur hasta el Pacífico central, así como el de legitimar el dinero de la organización criminal. Asimismo, en el punto 8.10, se establece una participación de [Nombre 020] en la acción de transporte de droga llevada a cabo el 18 de agosto de 2020 que, si bien no se «materializó», es reveladora en cuanto a las rutas de transporte y el proceso de custodia realizado a través de un vehículo punta y un escolta. De igual modo, señala que en los puntos 8.15 a 8.17.4 de la acusación, se establecen las diversas participaciones de [Nombre 020] dentro del grupo criminal recibiendo órdenes de [Nombre 010], por lo que constituía un eslabón más de la cadena liderada por [Nombre 001], ya que «su participación era esencial dentro de la organización al manejar junto a [Nombre 010] los dineros que la organización obtenía producto del tráfico de cocaína» (f. 9550 fte. del fallo). En el caso de [Nombre 010], sostiene que el tribunal de mérito mutiló la acusación y se pronunció de manera sesgada sobre la misma, ya que desconoció los hechos 1 y 2 sobre accionar conjunto y coordinado del grupo y el apartado 3, donde se desglosan las funciones desempeñadas por cada uno de los integrantes, siendo que [Nombre 010] mantuvo pleno conocimiento de las actividades ilícitas en el transporte de droga del grupo criminal, su almacenamiento, manejo de armas y legitimación de los capitales obtenidos producto de la actividad ilícita y en ese marco se le atribuye coordinar junto con [Nombre 275] la adquisición de vehículos con compartimentos ocultos y alertar sobre el decomiso de droga, así como coordinar el envío de abogados para asesorar a todos los detenidos y no únicamente a su hermano (hechos acusados 8.17 y 8.17.4). Insiste que [Nombre 010] no era sólo la hermana de tres miembros de la organización y la esposa de su líder, sino que compartió con él funciones de mando y el día 28 de octubre no fue la excepción, al punto que le dijo a su marido «que él la va a dejar sola con todo» (f. 9551 fte. del fallo). Indica que, conforme a la teoría del dominio funcional del hecho, en estos casos la participación se determina por tres requisitos: la existencia de un plan previo, la división de funciones a desempeñar dentro de la estructura criminal y que no se esté en un delito de infracción al deber de cuidado. Arguye que, en ese marco, «las labores desempeñadas por los imputados eran más encaminadas a recolectar, almacenar, y mover el dinero proveniente del tráfico de drogas, sin embargo […] [Nombre 020] participaba de los traslados de droga y [Nombre 010] era la encargada de cubrir las necesidades de los imputados que iban en la caravana de traslado de droga para el 28 de octubre de 2020» (f. 9551 vto. de la sentencia). Indica que [Nombre 010] no sólo dio aviso de la detención de los sindicados, sino que tuvo participación activa el 28 de octubre de 2020 para coordinar la representación legal y camino a seguir ante la incautación policial de la droga. Asegura que en las secuencias 02820667, 0228034, 05633036, 05922705 y 04130811 [Nombre 010] conversa con su madre sobre huir hacia Panamá ante el riesgo generado por el decomiso de la tonelada de droga. Menciona que el propio tribunal de instancia tuvo por acreditado que el 28 de octubre [Nombre 019], hermano de [Nombre 010], se dedicó al transporte de droga, sin que ese día se lograra su detención. Además, que entre [Nombre 019] y [Nombre 010] se captó la comunicación 04130811, en que ambos quedaron de encontrarse ese mismo 28 de octubre. Establece, además, que en las secuencias 02228027 y 04228878 ponen en evidencia las medidas que toma [Nombre 010] para sacar armas, dinero y oro de su casa. Refiere que el informe 002-SECCRO-DC-2023, en particular las imágenes 95002 y 98075 de folio 3734, son indicativas de la gran cantidad de armas que había en la vivienda de [Nombre 010] en La Cuesta y para la fecha del allanamiento se logró ubicar dicha casa vacía, acorde con las instrucciones giradas por [Nombre 010] a [Nombre 020] para que sacara las armas. Adiciona que [Nombre 010] conversa con [Nombre 020] sobre la forma en que deben acomodar los fajos de dinero, se entera de un allanamiento que será realizado y su mudanza al [Nombre 292], muestran ese conocimiento pleno en la actividad ilícita desplegada por el grupo criminal. Añade que para la demostración de culpabilidad no debe condicionarse al decomiso de droga o dinero, ya que había una clara distribución de roles y funciones. Además, que hubo imposibilidad de realizar incautaciones en tiempo real por las dificultades narradas en debate por [Nombre 044] en el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones. Menciona, además, la secuencia 04320605 del 04 de diciembre de 2020, entre [Nombre 020] ([Valor 041]) y un sujeto identificado como [Nombre 276], en que se hace referencia a las instrucciones dadas por su hermana [Nombre 010] para el cambio de divisas. Considera que, si bien la Cooperativa de Palma le pagaba a su marido en dólares, lo hacía a la cuenta de este y no tenía sentido que [Nombre 001] sacara ese dinero del banco para realizar su conteo con una máquina, lo almacenara, empacara y guardara bajo llave en la casa de [Nombre 020]. Argumenta que ese procedimiento delictual quedó registrado en la secuencia 02621495 del 16 de setiembre de 2020, en que [Nombre 020] habla con [Nombre 010]. Por último, indica que [Nombre 010] supo días antes de la diligencia de allanamiento, por lo que a la llegada de la policía las luces de portones y del interior de las viviendas, estaban encendidas a la espera de los agentes. Retoma la impugnante su queja, respecto de [Nombre 020] y señala que el tribunal de juicio no pondera que, en la movilización del 18 de agosto, no sólo se observa el vehículo Mitsubishi L200 de [Nombre 020] en cámaras de video, sino que también se le ubica en el sitio por medio de radiobases, amén de que forma parte de una narco familia de la zona sur del país, que trasladaba drogas en una vagoneta bajo el sistema de caravana, lo que resulta suficiente para ubicarle en el sitio. Señala que el rol de [Nombre 020] en la organización es evidente en las llamadas y vigilancias, que le colocan siguiendo órdenes de su hermana [Nombre 010], encargado de contar el dinero y cambiarlo por colones. Fustiga que se minimizara la incautación de la contadora de dinero en la habitación de [Nombre 020], ya que ello es consistente con la captación de las llamadas entre el 28 de octubre de 2020 y el 06 de abril de 2021. Reclama que [Nombre 020] no tenía ninguna actividad laboral relacionada con una máquina contadora de dinero. Señala que el vehículo L200 cumplía funciones de punta (secuencias 05529127 y 06038574) y fue parte del pago que le efectuó [Nombre 001] por las labores cumplidas en la organización. Enfatiza que, de la apertura telefónica, se desprende que [Nombre 020] era una persona sin ninguna actividad económica, pero con un estilo de vida que no resultaba acorde con dicha situación. Por las razones que se exponen de seguido, la queja se acoge: En la pieza acusatoria se atribuyó a [Nombre 010] y [Nombre 019] que, en el espacio temporal comprendido entre el mes de noviembre de 2018 y abril de 2021, junto con los justiciables a los que se atribuyó responsabilidad penal en sentencia, el encartado rebelde [Nombre 042] y el imputado absuelto [Nombre 033], «se asociaron para cometer delitos e integraron una agrupación delictiva que se encargó de introducir al territorio nacional, propiamente a la zona sur del país, alijos de droga, entre ellos clorhidrato de cocaína, almacenarla y transportarla hasta el Pacífico Central donde era vendida a terceras personas hasta el momento no identificadas, así mismo, adquirieron bienes muebles e inmuebles, así como semovientes, a nombre propio o de terceras personas físicas y/o jurídicas con dineros provenientes de la actividad del narcotráfico, a fin de legitimar las ganancias ilícitas adquiridas de las ventas de drogas» (hecho acusado n.° 1, fs. 5-6 del fallo). Se describió, además, que dichas acciones las cometieron en el espacio temporal señalado, bajo acuerdo de voluntades y con división de roles (hecho acusado n.° 3). Puntualmente, en el caso de [Nombre 010], se le atribuyeron las siguientes funciones: «3.6- [Nombre 010], esposa del líder de la organización [Nombre 001], la cual mantiene pleno conocimiento de las actividades ilícitas de [Nombre 001], por lo que colabora activamente en almacenar dineros producto de las ventas de los alijos de droga y armas de fuego, también se encargó de legitimar los dineros de la organización criminal, adquiriendo bienes muebles e inmuebles a nombre propio y de sociedades de las cuales forma parte, también junto a su hermano [Nombre 020], coordina la adquisición de vehículos con compartimentos ocultos para el transporte de alijos de droga» (f. 7 de la sentencia. El subrayado es suplido). En el caso de [Nombre 020], se le endilgó lo siguiente: «3.7- [Nombre 020], hermano de [Nombre 010], quien junto a ésta, se encarga de legitimar los dineros de la organización criminal, adquiriendo bienes muebles e inmuebles, a su vez, participa activamente en el ingreso y ocultamiento de la droga en la zona sur del país, así como en los traslados de los alijos de droga desde la zona sur del país hasta el Pacífico Central, con la finalidad de escoltar y asegurar que la carga de droga llegue a su destino de manera íntegra, también coordina junto a su hermana [Nombre 010] la compra de vehículos para el transporte de drogas» (ibidem). Asimismo, se les imputó a ambos, el transporte de droga del día 28 de octubre de 2020, de común acuerdo con los restantes justiciables (hecho acusado 8.17, f. 24 de la sentencia). En el caso específico de [Nombre 020], también se le atribuyó la siguiente acción: «8.10.- Desde horas de la madrugada y mañana del martes 18 de agosto del 2020, en la zona sur de nuestro país los acusados, [Nombre 013], [Nombre 016], [Nombre 020], [Nombre 021], [Nombre 019], alias “[Nombre 136]”, [Nombre 004], alias “[Nombre 165]” y otros sujetos de calidades desconocidas, poseyeron y transportaron hasta el Pacifico Central una cantidad indeterminada de alijos de droga, acciones que desarrollaron de la siguiente manera. 8.11.- Al ser las 05:00 horas aproximadamente del 18 de agosto del 2020 en el sector de Puerto Jiménez, los acusados, [Nombre 013], [Nombre 016], [Nombre 020], [Nombre 021], [Nombre 019], alias “[Nombre 136]”, [Nombre 004], alias “[Nombre 165]” y otros sujetos de calidades desconocidas, introdujeron una cantidad indeterminada de droga en un compartimento oculto del camión de carga pesada tipo vagoneta, placas de circulación [Valor 053], mismo ubicado debajo del piso de la góndola. 8.12.- Una vez ocultos los alijos de droga en la referida vagoneta, el acusado [Nombre 013], al verificar que todo estuviera seguro, ordenó que se procediera con el traslado de la droga hacia el Pacífico Central, para lo cual, un sujeto de identidad desconocida, condujo la vagoneta, marca Mack, color negro con rojo, placas metálica [Valor 098], mientras que [Nombre 016], a bordo del vehículo marca Toyota, Rav-4, color gris, placas [Valor 090], [Nombre 020], a bordo del vehículo Mitsubishi, estilo L200, color blanco, placas [Valor 087], [Nombre 021] y [Nombre 019], a bordo del vehículo Isuzu, estilo D MAX LS, color gris, placas [Valor 086] y [Nombre 004], alias “[Nombre 165]”, a bordo del vehículo Toyota, Hi-Lux, color blanco, placas [Valor 085], le brindaron custodia a los alijos de droga que iban ocultos en la referida vagoneta, asegurando que la misma llegara a su destino, alertando de la presencia de retenes policiales o de posibles “tumbadores”, con relación a los acusados [Nombre 001] y [Nombre 007] en calidad de líderes de la organización criminal, se encargaron de supervisar y coordinar las acciones tendientes a materializar este transporte de drogas» (fs. 22-23 de la sentencia). El último de los hechos imputados en conjunto a [Nombre 010] y [Nombre 019], consiste en el siguiente: «8.20.- El día 24 de marzo del 2021, al ser las 12:07 horas aproximadamente, en la zona sur del país, la imputada [Nombre 010], junto con el encartado [Nombre 020], según el rol logístico que mantenían dentro de la organización criminal, coordinaron la compra de vehículos con compartimentos ocultos o “caletas”, a efectos de ser utilizados para transportar alijos de droga sin ser detectados» (f. 26 de la sentencia). Es así que, en lo que interesa para efectos del delito de tráfico de drogas, las funciones imputadas a [Nombre 010] y [Nombre 020], pueden dividirse en distintas categorías: a) A [Nombre 010] en particular, se le atribuyó «almacenar dineros producto de las ventas de los alijos de droga y armas de fuego»; b) A [Nombre 020], que participó en el ingreso y ocultamiento de droga en el país y que, en conjunto con su hermana [Nombre 010], adquirió vehículos para ser utilizados en el traslado de drogas; c) A [Nombre 020], que participó en el dispositivo de traslado de droga en vagoneta el día 18 de agosto de 2020, a bordo del Mitsubishi L200 placa [Valor 087]; d) Se atribuye a [Nombre 020] y [Nombre 010] coordinar la compra de vehículos con compartimentos secretos para el traslado de droga, lo anterior en fecha 24 de marzo de 2021. En cuanto a la conducta de la encartada, consistente en almacenar dinero obtenido como producto del tráfico de droga, el tribunal de juicio menciona, a lo largo del fallo, diversas comunicaciones que permiten concluir que las juezas de mérito no dudaron de dicha función de almacenaje del dinero obtenido del comercio de sustancias ilícitas. Sin embargo, se absuelve a la incriminada por dicha función, al apuntarse que su descripción no es lo suficientemente clara y precisa, como para cumplir con la garantía de una correcta imputación en esta materia y que tampoco se le posiciona cumpliendo un rol dentro de la organización criminal. Al efecto, señala el a quo: «En el caso de la encartada [Nombre 010], no existe una imputación formal en cuanto a que ella fuera parte de la organización, su rol, entre otros elementos formales del tipo penal. No se le imputa que ella tuviera un rol particular, como parte de la organización que durante el espacio temporal comprendido entre el mes de noviembre del 2018 y el mes de abril de 2021 y que ella estuviera desarrollando actividades delictiva, no fue posible establecer que Jiménez Araya formara parte con los acusados [Nombre 001], [Nombre 007], [Nombre 013], [Nombre 016], [Nombre 010], [Nombre 020], [Nombre 027], [Nombre 019], [Nombre 021], [Nombre 004], [Nombre 042] (rebelde en causa aparte), [Nombre 024], [Nombre 031], [Nombre 028], y se asociara para cometer delitos e integrara una agrupación delictiva alguna que se encargara de introducir al territorio nacional, propiamente a la zona sur del país, alijos de droga, entre ellos clorhidrato de cocaína, almacenarla y transportarla hasta el Pacífico Central donde era vendida a terceras personas hasta el momento no identificadas. Lo anterior, por cuanto no fue posible establecer esa pertenencia a la agrupación criminal, su rol esencial» (fs. 14011402 de la sentencia). Más adelante detalla, en cuanto al hecho bajo análisis: «colaborar en almacenar no imputa una acción propia del tráfico de drogas, no se logra establecer la relación de [Nombre 010] con los demás miembros de la organización y la forma en que la misma manejaba dinero, droga y armas de fuego. Sobre el dinero y las armas únicamente consta una llamada donde ella le ordena a [Nombre 020] que esconda esos bienes en la tilapera, sin determinarse si ello fue así porque no se materializó no se unió a ningún otro elemento de prueba, ni se conoció de cuáles bienes se habló» (f. 1403 del fallo). Con ello, se deja de lado que la función dentro de la estructura criminal señalada en el hecho acusado 3.6, se inserta o forma parte de la circunstanciación en cuanto a tiempo, espacio y forma de operar del grupo criminal, que se describe en los hechos acusados 1 y

En adición a ello, para esta Cámara no resulta razonable que, tratándose del almacenaje de las ganancias provenientes de una actividad que se produce al margen de la economía formal, parezca requerirse la determinación de sumas específicas de dinero acopiadas, o fechas puntuales de ingreso del capital, más allá de la indicación que la conducta consistente en el almacenaje del dinero proveniente del comercio ilícito de droga, lo habría cumplido la encartada entre noviembre de 2018 y abril de 2021(hecho acusado n.° 3.16 en concordancia con los hechos n.° 1 y 2). Del razonamiento a través del cual el a quo sustenta la absolutoria de [Nombre 010] por el delito de tráfico de drogas, se extrae, además, la existencia de confusión entre los planos de la imputación de un rol o comportamiento y su acreditación a partir de la prueba. Lo anterior, porque entre las razones que se exponen para estimar que no existe una imputación válida en el caso de [Nombre 010], el tribunal de juicio acude a la transcripción de un extracto del dicho del investigador [Nombre 044], en cuanto indicó lo siguiente: «está la señora [Nombre 010] y el señor [Nombre 033], estas dos personas no participaban directamente de lo que era el transporte de droga, por lo menos ellos no se logró identificar que ellos estuvieran directamente ligados al transporte de drogas que llegaban a Puerto Jiménez y que eran trasladados al Pacífico Central, la participación de ellos, propiamente de [Nombre 010] era administrar las empresas lícitas que tenía el señor [Nombre 001] era de mezclar lo que era el dinero producto de la venta de drogas con el dinero lícito de las empresas del señor [Nombre 001]» (fs. 14021403 del fallo recurrido). En adición a lo anterior y sin prejuzgar sobre el valor probatorio que pueda asignársele a dichas comunicaciones telefónicas, salta a la vista que la indicación del a quo, en el sentido de que únicamente se detectó una llamada en la que la encartada alude al manejo de dinero y armas de la organización, se contradice frontalmente con las comunicaciones transcritas por el propio tribunal de juicio, más adelante en el pronunciamiento. En relación con el ocultamiento de dinero por parte de la encartada, se mencionó en la sentencia bajo análisis: «[Nombre 010], minutos después de enterarse de la detención de los demás miembros de la organización pide la colaboración de [Nombre 020] para ocultar bienes lo que se puede escuchar claramente en la llamada 02228027, del mismo día de la detención 28 de octubre de 2020, a las 10:32:25 am, cuya sinopsis establece: “[Nombre 010] (sic) llama a [Nombre 020] y le dice:" [Nombre 020] necesito que vaya a la casa soplado, no ve que yo no estoy...". [Nombre 020] le pregunta que entonces. [Nombre 010] detalla:" yo tengo, en el cuarto las armas...tengo un oro, y tengo la plata, y tengo la plata de pagar la finca; échese todo en una bolsa negra, y yo ya llego...vaya recogiendo eso, y las agendas, todo lo que esté me lo hecha en una bolsa basura..." [Nombre 020] le contesta que bueno.” (Reportes del sistema PLX y audios). En el mismo sentido y continuando con lo solicitado por su hermana [Nombre 020] llamó a [Nombre 010] y le indicó: “[Nombre 020] llama a [Nombre 010] y le pregunta que le echa, que si todo. [Nombre 010] le contesta:" ehh por fa, la caja, los que tengo en el mueble, lo otro..." [Nombre 020] le pregunta que si los verdes, [Nombre 010] contesta que por favor. [Nombre 020] le pregunta que si los papeles también, que si los bota. [Nombre 010] contesta que todas las agendas que se encuentre, que ahí hasta los teléfonos, en una bolsa grande basura, que ella ya llega.” (Llamada 03449268, del 28 de octubre de 2020, a las 11:16:33 am en Reportes del sistema PLX y audios)» (cfr. fs. 1545-1546). En el caso de [Nombre 020], no se le imputó la labor de ocultamiento de dinero producto del tráfico. No obstante, sí se acusó su participación en el transporte de estupefacientes que se acreditó el día 18 de agosto de 2020 (hechos acusados 8.10 a 8.12). Sobre esa imputación en específico, el examen integral de la sentencia permite concluir que el tribunal de instancia incurrió en motivación contradictoria. Obsérvese que, al referirse a las razones para absolver a [Nombre 020] por el delito de tráfico de drogas, el a quo señaló que existían ciertas características individualizantes (agarraderas y parales en la compuerta trasera), detalladas en la vigilancia realizada el 24 de julio de 2020 (f. 439 del tomo principal), que no se apreciaban en el video de la estación de servicio de 18 de agosto de 2020, lo que no permitían asegurar que el Mitsubishi pick up color blanco estilo L200, que fue visto con los restantes vehículos que participaron en la caravana ese día, fuese el mismo automotor propiedad de [Nombre 027] (cfr. f. 1407 de la sentencia). En contraposición a este análisis, se indica, entre folios 1530 y 1531 del fallo: «Se analiza y observa la fotografía que muestra que a las 05:17:46 horas del día 18 de agosto de 2020, la vagoneta marca Mack color vino con góndola negra, pasó frente a la Bomba La Palma con dirección hacia Palmar Norte, placa que a la fecha no se identificó. Al ser las 05:18:00 horas del día18 de agosto de 2020, se observa el Toyota Hilux, color gris pasar frente a la Bomba La Palma con dirección hacia Palmar Norte, vehículo placa [Valor 101] que lograron observar los investigadores [Nombre 192] y [Nombre 194] en el sector de Tárcoles, custodiando de cerca a la vagoneta todo el camino hasta llegar al sector de Orotina en donde se perdió de vista, del cual no ha sido posible identificar a su propietario. En la Bomba La Palma, cámara número 09, al ser las 05:12:03 horas del día 18 de agosto de 2020, se observa Mitsubishi L200 color blanca, con dirección hacia Palmar Norte, vehículo placa [Valor 087], propiedad de [Nombre 020]. Se logra observar también para ese día indicado, al ser las 05:14:28 horas del día 18 de agosto de 2020, se observa el Toyota Rav4 color gris, de [Nombre 016] con dirección hacia Palmar Norte. Al ser las 05:16.27 horas del día 18 de agosto de 2020, se observa el Isuzu D-MAX color azul placa [Valor 099] saliendo de la Bomba La Palma con dirección hacia Palmar Norte. Al ser las 05:17:49 horas del día 18 de agosto de 2020, se observa la vagoneta Marca Mack color vino con negro, pasar frente a la Bomba La Palma con dirección hacia Palmar Norte detrás pasó con una distancia de un minuto aproximadamente al 05:18:03 horas del día 18 de agosto de 2020, el Toyota Hilux color gris, pasar frente a la Bomba La Palma con dirección hacia Palmar Norte. Siguiendo con el recorrido que resulta muy lineal, desde la Bomba de Parrita Cámara número 01, aproximadamente a las 08:42.79 horas del día 18 de agosto de 2020, se pasó la Mitsubishi, L200 color blanco, placa [Valor 103], mismo lugar que instantes después pasa con un minuto de diferencia al ser las 08:43:33 horas del día 18 de agosto de 2020, el Isuzu D-Max color oscuro placa [Valor 086]. Como puede verse en la secuencia del video, al ser las 08:46:58 horas del 18 de agosto del 2020 se logra ver cuando pasa el Toyota Rav4 color gris, propiedad de [Nombre 016]» (fs. 449 fte. a 450 fte. del tomo I principal. El subrayado es suplido). Se suma a la anterior aseveración del a quo que, al ser las 9:50 horas del 18 de agosto de 2020, el teléfono de [Nombre 020] activó radiobases en el sector de Pozón de Orotina y Coyolar de Orotina y es justamente en esta zona y alrededor de esa hora, que la Fuerza Pública de Orotina recibió una solicitud para localizar una vagoneta «escoltada por un pick up blanco» que en apariencia transporta droga (cfr. copia del libro de novedades de la Fuerza Pública de Orotina, fs. 880-881 del tomo II principal).  Asimismo, en relación con las acciones imputadas en los hechos 8.15, 8.17 y 8.17.4 de la pieza acusatoria, por las mismas razones que  se abordan al resolver la queja de falta de motivación de la absolutoria por el delito de legitimación de capitales, este tribunal observa que el análisis realizado por el a quo, en cuanto a las funciones que, dentro de la organización, fueron atribuidas a [Nombre 020] y [Nombre 010] resultan sesgadas y no toman en cuenta la circunstanciación que se incluye en los hechos acusados 1 a

Por las razones expuestas, esta Cámara estima que la absolutoria de los coencartados [Nombre 010] y [Nombre 020], por el delito de tráfico de drogas que les fue imputado, se asienta en una valoración parcializada e incluso contradictoria de los elementos de convicción incorporados al juicio. Por tal razón, se declara con lugar el primer motivo del recurso de apelación incoado por la representante fiscal. Se declara ineficaz la absolutoria dictada a favor de [Nombre 010] y [Nombre 020] por el delito de tráfico de drogas, y se ordena la celebración de juicio de reenvío para que, de forma originaria e independiente, una integración distinta del Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada proceda a sustanciar nuevamente dicho extremo de la decisión.

Cuarto reclamo de apelación interpuesto por la máster Patricia Núñez Alvarado, en calidad de representante del Ministerio Público: La Fiscalía invoca falta de fundamentación intelectiva de la sentencia absolutoria por el delito de legitimación de capitales, en lo que toca a los coencartados [Nombre 001]

[Nombre 001], [Nombre 007] [Nombre 007], [Nombre 016], [Nombre 010], [Nombre 024] y [Nombre 020]. Respecto de [Nombre 001] y [Nombre 010], se indica que no se demostró que los bienes y dineros tuvieran una procedencia ilícita. De acuerdo con el tribunal de instancia, en la obtención de los bienes no se puede distinguir entre las actividades lícitas e ilícitas, determinación que se hizo descansar, de forma exclusiva, en la declaración de un perito que no tenía conocimiento de la materia. Aduce que, con ello, se deja de lado que los jueces son «peritos de peritos». Indica que la sentencia es contradictoria, ya que estableció que la pericia es ineficaz y no puede utilizarse por las contradicciones en que incurrió y, por otro lado, se plasmaron sus hallazgos para absolver. Se cuestiona cómo puede restarse validez a un peritaje por las inconsistencias en que incurrió y, al mismo tiempo, utilizar las conclusiones de esa misma pericia como fundamento para absolver. Señala, en este sentido, que el tribunal no logró separar las razones por las cuales no le creyó al perito, de los datos que sirvieron de base para la absolutoria. Respecto de [Nombre 001] se indica que no logró demostrarse que el dinero de sus cuentas tuviera alguna procedencia sospechosa, y en cuanto a [Nombre 010], esposa del primero, se indica que no se demostró que el dinero de sus cuentas proviniera del narcotráfico, que vendiera bienes del narcotráfico, o que administrara dinero de [Nombre 001]. Argumenta que la consideración de que no es posible distinguir el dinero lícito y el ilícito de los incriminados, no es óbice para condenarle por legitimación de capitales, porque precisamente lo que caracteriza la última fase de dicha figura, es la mezcla de dineros con el fin de hacerlos pasar por legítimos. Alega que se absolvió a [Nombre 020], señalándose que no se dio una vigilancia o seguimiento cuando hizo cambio de divisas. Pero en el caso de [Nombre 007], a pesar de que se le hizo un seguimiento en el que se logró establecer que hizo un cambio de divisas por veinte mil dólares, de forma clandestina en la frontera con Panamá, también se sostiene que falta prueba para vincularle con la legitimación de capitales. Explica que el perito indicó que el Mitsubishi L200 se lo pudo regalar [Nombre 001] a [Nombre 020], ya que tenía la capacidad económica para hacerlo. Aduce que [Nombre 020] no tenía actividad productiva o ingresos que justificaran los bienes muebles adquiridos por él y que incluso el perito afirmó que [Nombre 020] era testaferro de la organización criminal. Menciona que no hay coincidencia entre la maquinaria agrícola adquirida a su nombre y el estado bancario de sus cuentas. En el caso de [Nombre 024], critica que los jueces no ponderaran su condición de desempleado. En ese sentido, alude que en el 2020 recibió el «bono proteger», y en absoluto contraste, ese mismo año adquirió dos bienes muebles de alto valor, ante la misma notaria y de la misma sociedad. Adicionalmente, un mes después de la adquisición de los bienes, fue detenido con una tonelada de droga. Considera que el informe 001SECCRO-PR-2023 no fue desacreditado y demuestra la adquisición de bienes que no tiene justificación en la capacidad económica de [Nombre 024]. Recalca que a [Nombre 013] nunca le fue imputado el delito de legitimación de capitales, por lo que la referencia a él en el apartado que se ocupa de analizar la legitimación de capitales no viene al caso. Respecto de [Nombre 016], señala que no tiene un perfil económico, ni la liquidez que justifique los bienes que tenía en su poder. Aduce que nunca se demostró el perfil profesional y laboral señalado por la pareja sentimental del justiciable, como justificación de sus posesiones. Menciona que el acusado tenía pensiones y hubo conversaciones explícitas con [Nombre 013], respecto a los dineros que obtenían de la narcoactividad. Resalta el informe 001-SECRO-PR-2023, en que se mencionan las actividades financieras y bancarias de los imputados. Advierte que existen conclusiones del perito que no fueron desacreditados como prueba, como lo es el análisis de bienes adquiridos y capacidad económica de [Nombre 024] y de [Nombre 020], los cuales no soportan el análisis de trazabilidad (cfr. f. 9569 fte.). Sostiene que el perito determinó que los bienes adquiridos carecen de trazabilidad, pero a pesar de ello, estaban presentes tipologías propias del delito de legitimación de capitales. En sentencia se concluye, sin sustento alguno, que el perito fue presionado para plasmar sus conclusiones. Señala que, aun prescindiendo de la pericia, se cuenta con abundante prueba documental y testimonial que permite sustentar la existencia del ilícito en cuestión. Considera que fundar una sentencia absolutoria en la desacreditación de un peritaje, violenta el principio de libertad probatoria, al dejar de ponderar la abundante prueba testimonial, documental y material que existía en adición al peritaje.  Por las razones que se dirán, la queja es de recibo: En primer lugar, cabe aclarar que la absolutoria por el delito de legitimación de capitales es impugnada por el Ministerio Público única y exclusivamente en lo que respecta a [Nombre 001], [Nombre 010], [Nombre 007], [Nombre 020], [Nombre 024] y [Nombre 016] (cfr. fs. 9565 a 9570 del tomo principal y registro audiovisual de las conclusiones del Ministerio Público, ubicable en la grabación del debate correspondiente a las horas de la tarde del día 17 de octubre de 2024). Bajo esa inteligencia, adquirió firmeza la absolutoria por dicho delito en lo que atañe a [Nombre 004], [Nombre 027] y [Nombre 019], [Nombre 031], [Nombre 028] y [Nombre 013] (en el caso de este último con la mención adicional de la recurrente, en el sentido de que nunca se le atribuyó dicho delito en la acusación), de manera que sobre ellos esta Cámara se encuentra impedida de emitir cualquier pronunciamiento, debido a que su situación jurídica, en lo que atañe el ilícito en cuestión, adquirió firmeza. En la especie, el tribunal de juicio sustentó la absolutoria por el ilícito de legitimación de capitales en las siguientes razones:

Que no existe prueba que permita determinar que los encartados pudieron legitimar ganancias producto del delito de tráfico de drogas (cfr. f. 1411);

Sin embargo, de forma paralela señaló que: «los encartados en su mayoría […] han tenido crecimientos patrimoniales desmedidos, que no se justifican, sin embargo, queda la duda de si ese crecimiento patrimonial es producto del tráfico ilícito de sustancias que se ha acreditado en este proceso o de alguna de las actividades lícitas independientes que ellos desarrollaban» (ibid).

Que el informe rendido por el perito Olman Vargas Hernández, posee inconsistencias y genera dudas en cuanto a: «la colocación y disposición física del dinero en efectivo, y otros bienes, así como la existencia de operaciones financieras con títulos, valores, bolsas de comercio […] tampoco fue posible establecer la integración de éstos dineros o bienes en los sistemas formales, sea transportándolo físicamente en efectivo, a través de compras en efectivo, SINPES u otros o de alguna empresa legal que mueva grandes sumas o mediante transferencias bancarias. No se determinó que de las operaciones financieras con dinero o transfiriendo utilidades o empresas fantasmas. Tampoco se determinó el rastro del dinero o bienes a partir de tipologías que permitieran establecer una metodología ilícita de incorporarlos» (Sic. F. 1412 de la sentencia);

Que el perito fue sometido a interrogatorio y se mostró deficiente en el manejo de temas esenciales, como el origen y ruta de los bienes de los encartados, el manejo de las cuentas bancarias y sociedades, e incluso incurrió en errores de sumatoria, con diferencias que ascendían a los 400.000 dólares (f. 1412 del fallo);

Que el perito fue presionado para terminar el informe, e indicó no haber podido realizar trabajo de investigación (ibid);

Que Vargas Hernández consignó en su pericia conclusiones de otros informes que no corroboró (f. 1415 de la sentencia);

Que a los imputados no se les atribuyó el uso de testaferros para traspasar sus bienes. Con sustento en las razones antes esbozadas, señalan las juzgadoras que no se tuvo por cierto  el hecho quinto acusado, es decir: que no se pudo establecer con base en la prueba evacuada, que «varios miembros del grupo criminal con pleno conocimiento y con la clara finalidad de ocultar el origen ilícito de las ganancias económicas obtenidas producto de la actividad de tráfico de drogas que ejercía la organización criminal, dentro del periodo de investigación indicado, adquirieron, convirtieron y encubrieron bienes muebles e inmuebles, así como semovientes, a nombre propio, de terceras personas “testaferros” y de sociedades, para finalmente ingresar dichos dineros al sistema financiero legal nacional» (f. 1416).

Es decir: cuando se desarrolla en el fallo la afirmación inicial consistente en que no existe «prueba» de que los sindicados legitimaron las ganancias obtenidas del comercio ilícito, a través de la adquisición de bienes muebles o inmuebles, el a quo tiene en mente una prueba muy particular: el peritaje rendido por el señor Olman Vargas Hernández; y una forma o fase de la legitimación de capitales muy específica: la adquisición, conversión y encubrimiento de las ganancias obtenidas del delito precedente, mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles (incluyendo semovientes), de forma directa, a través de testaferros o de sociedades. Bajo esos términos, el estudio sobre la concurrencia del delito se limitó de forma excesiva, bajo el entendido que, si el perito dictaminó que no era posible determinar la ruta que siguió el dinero desde su adquisición producto del comercio de sustancias ilícitas, hasta su conversión en diversos bienes que permitieran dar apariencia de legalidad al incremento en la riqueza, dicha valoración tampoco era posible para el tribunal.  De esta forma, no se consideraron otros elementos probatorios que derivan de la prueba documental obtenida a partir del levantamiento del secreto bancario, especialmente en el caso de los sindicados que se encontraban desempleados o cuyas fuentes de ingreso eran limitadas y que adquirieron bienes de elevado valor, no concordante con sus fuentes de ingreso conocidas o verificables, durante el período de investigación. Tampoco se interconectó la prueba documental, con los testimonios y resultados de las intervenciones telefónicas, ni con la interceptación de conversaciones entre presentes, que daba cuenta de la obtención de cuantiosas ganancias producto del tráfico de drogas que estaba llevando a cabo el grupo criminal a gran escala y como es esperable que suceda a partir de la determinación de valor de mercado que tenía el alto volumen de alijos de droga que se estaba trasladando el día 28 de octubre de 2020, ello sin considerar las cantidades de droga que pudieron movilizarse durante los transportes del 8 de junio y 18 de agosto del mismo año, también haciendo uso de la  misma vagoneta. En consecuencia, se aprecia que las conclusiones a las que arribó el tribunal de juicio provienen de una valoración incompleta de la prueba, o al menos de una motivación en la que no se dejó constancia de la realización de un examen integral de los elementos probatorios de interés, en lo que toca a las conductas acusadas que podrían ser constitutivas del delito de legitimación de capitales. Adicionalmente, se nota un vicio de contradicción en el razonamiento del tribunal de juicio, cuando se indica que se evidenció, a partir de las probanzas, un crecimiento desmedido y no justificado en el patrimonio de muchos de los coendilgados, pero a su vez, se señala que no puede determinarse si ese aumento es explicable en el trasiego de droga o en alguna actividad lícita. Es decir, se asume como posibilidad que el incremento patrimonial «desmedido e injustificado», tenga su origen en una causa lícita y, por lo tanto, justificada. Esta Cámara aprecia que, en la pieza acusatoria, el órgano fiscal centró sus esfuerzos en la atribución del delito bajo examen, a través de la conversión de las ganancias por medio de la adquisición de diversos bienes muebles, inmuebles y semovientes (detallados en los puntos 5.1 a 5.12.1 de la requisitoria fiscal) y el depósito de dineros producto de la actividad de narcotráfico en sus cuentas bancarias del sistema financiero nacional (punto 6 de la acusación). Sin embargo, también incluyó, en el punto 3.6 de la acusación, una etapa de legitimación no explorada por el a quo: el almacenamiento de dinero obtenido como producto de la venta de los alijos de droga y del comercio de armas de fuego, como forma específica del rol asumido por [Nombre 010] dentro de la organización. Así, se indica en el hecho acusado de interés:  «3.6- [Nombre 010], esposa del líder de la organización [Nombre 001], la cual mantiene pleno conocimiento de las actividades ilícitas de [Nombre 001], por lo que colabora activamente en almacenar dineros producto de las ventas de los alijos de droga y armas de fuego, también se encargó de legitimar los dineros de la organización criminal, adquiriendo bienes muebles e inmuebles a nombre propio y de sociedades de las cuales forma parte, también junto a su hermano [Nombre 020], coordina la adquisición de vehículos con compartimentos ocultos para el transporte de alijos de droga» (cfr. f. 7 de la sentencia). A su vez, dicha contribución se inserta dentro del marco general de participación conjunta con acuerdo previo y división de roles para la consecución del objetivo común (hechos acusados 1 y 3).  Se observa así, que el Ministerio Público incluyó en la pieza acusatoria, una fase de comisión del delito de legitimación de capitales que no fue explorada en lo absoluto por el a quo, ya sea para descartar o confirmar su acreditación a través del acervo probatorio ofrecido e incorporado al proceso, a saber: el almacenamiento de dinero producto de la venta de droga y armas. Sin prejuzgar sobre la relevancia que pueda tener la atribución del almacenamiento del dinero obtenido producto del tráfico de drogas, a la luz de los requerimientos objetivos y subjetivos del tipo penal previsto en el ordinal 69 de la Ley de Psicotrópicos, se trata de una acción que suponía una veta de razonamiento más amplia de la que exploraron las juezas de mérito al examinar la concurrencia o no del tipo penal de legitimación de capitales, el cual se encuentra previsto de la siguiente forma en el ordinal 69 de la Ley N.° 8204: «Será sancionado con pena de prisión de ocho (8) a veinte (20) años: a) Quien adquiera, convierta o transmita bienes de interés económico, sabiendo que estos se originan en un delito que, dentro de su rango de penas, puede ser sancionado con pena de prisión de cuatro (4) años o más, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito, o para ayudarle a la persona que haya participado en las infracciones, a eludir las consecuencias legales de sus actos. b) Quien oculte o encubra la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o los derechos sobre los bienes o la propiedad de estos, a sabiendas de que proceden, directa o indirectamente, de un delito que dentro su rango de penas puede ser sancionado con pena de prisión de cuatro (4) años o más. La pena será de diez (10) a veinte (20) años de prisión, cuando los bienes de interés económico se originen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, legitimación de capitales, desvío de precursores, sustancias químicas esenciales y delitos conexos, conductas tipificadas como terroristas, de acuerdo con la legislación vigente o cuando se tenga como finalidad el financiamiento de actos de terrorismo y de organizaciones terroristas» (norma en su redacción vigente al momento de realización de los hechos de interés. El subrayado es suplido). Sobre los alcances de dicha previsión legal, comenta la autora Patricia Vargas González: «Interpretando un texto legal muy similar al nuestro, algunos autores españoles entienden que de la norma se desprenden dos grupos de conductas: • Adquirir, convertir o transmitir bienes a sabiendas que tienen su origen en un delito grave; • realizar cualquier acto sobre bienes procedentes de un delito grave para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a cualquier persona que haya participado en el delito a eludir las consecuencias legales de sus actos. Para otros las conductas previstas en el primer apartado se pueden desglosar así: • Adquirir, convertir o transmitir bienes de interés económico sabiendo que se originan en un delito grave, para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes, o para ayudar a quien haya participado en las infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos. • Realizar cualquier otro acto sobre los bienes mencionados (a saber, bienes de interés económico originados en un delito grave, circunstancia que es conocida por el sujeto activo) con los mismos objetivos. En este caso, los verbos adquirir, convertir o transmitir son ejemplos de actos para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes, o para ayudar a quien haya participado en las infracciones a eludir las consecuencias legales de su comportamiento» (Vargas González, Patricia, “Una aproximación al delito de legitimación de capitales (Leyes N.° 8204 y 8422)”. Revista Digital de Ciencias Penales de Costa Rica, n.° 1 (32) (13), RDCP-UCR.

2021.  Disponible  en: https://archivo.revistas.ucr.ac.cr//index.php/RDMCP/article/view/49508). En atención a las razones antes indicadas, que pueden sintetizarse como: a) falta de fundamentación probatoria intelectiva por ausencia de valoración integral de la prueba y b) omisión de análisis del hecho contenido en el punto 3.6 (en concordancia con los hechos 1 y 3) de la pieza acusatoria); ambos de cara al tipo penal contenido en el ordinal 69 de la Ley N.° 8204, se declara con lugar el cuarto reproche de la impugnación formulada por la representante del Ministerio Público. En consecuencia de lo anterior, se dispone la ineficacia parcial del fallo, en lo que toca a la absolutoria por el delito de legitimación de capitales, con respecto a [Nombre 001], [Nombre 010], [Nombre 007], [Nombre 020], [Nombre 024] y [Nombre 016]. Se dispone la celebración de juicio de reenvío para que, de forma originaria e independiente, se discuta nuevamente el extremo antes indicado.

Quinto motivo del recurso de apelación de sentencia interpuesto por la representante del Ministerio Público: La representante fiscal invoca «errónea aplicación de la ley sustantiva en cuanto al delito de peculado de uso y procuración de impunidad de los imputados [Nombre 013] y [Nombre 016]». En lo que toca al delito de peculado de uso, considera que la acusación sí lo imputó adecuadamente, al señalar que el vehículo oficial del Poder Judicial se encontraba bajo custodia de [Nombre 013] y [Nombre 016], cuando estos lo emplearon en provecho propio y de la organización (hecho 8.1).

Considera que la conducta atribuida está debidamente descrita y que a través de vigilancias y fotografías se demostró que los imputados visitaron la casa de [Nombre 007]. Pese a ello, el a quo descartó su concurrencia con el delito de tráfico de drogas, al indicar que la imputación realizada carecía de elementos de tipicidad y de «combinación de acciones típicas» (f. 9570 vto.), pero sin sustanciar en qué consisten las razones de atipicidad. En cuanto al delito de procuración de impunidad, estima que las juzgadoras realizaron una errónea interpretación del tipo penal, al considerar que los imputados no podían procurar la impunidad del mismo ilícito en el que participan como coautores. Alega que se acreditó que, por un lado, los sindicados colaboraban con transportes de droga, y por otro, realizaban funciones específicas enfocadas a procurar la impunidad de los miembros de la organización desde su puesto de investigadores judiciales, como llamar a la delegación y averiguar sobre retenes y estar al tanto sobre las investigaciones que llevaba la oficina. Indica que la motivación de la sentencia es contradictoria, porque se admite expresamente el uso del vehículo oficial por parte de los sindicados en horas laborales, para concretar aspectos propios de la empresa criminal. Apunta que, a lo sumo, la relación concursal entre el delito de tráfico de drogas y la procuración de impunidad puede valorarse para efectos de fundamentación de la pena. Los reproches son atendibles, por las razones que a continuación se indican: A) En cuanto a la absolutoria por el delito de peculado: Según el numeral  361 del Código Penal: «Será reprimido con prisión de tres a doce años, el funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo; asimismo, con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público que emplee, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella. Esta disposición también será aplicable a los particulares y a los gerentes, administradores o apoderados de las organizaciones privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o concesionarios, en cuanto a los bienes, servicios y fondos públicos que exploten, custodien, administren o posean por cualquier título o modalidad de gestión» (el resaltado es suplido) En relación con dicho ilícito, el tribunal de juicio dispuso la absolutoria de [Nombre 013] y [Nombre 016], porque estimó que existía un vicio relacionado con la imputación de la conducta que servía de base para dicha atribución, lo que a su criterio, también incidía en la determinación de la tipicidad de la conducta acusada y probada. Al respecto, razonó: «En el hecho 8.1, se tiene por probado que los encartados realizaron una diligencia a bordo del vehículo MUX, [Valor 039] a la casa del imputado [Nombre 007], a propósito de pertenecer a la organización criminal tal y como quedó demostrado. Sin embargo, la pieza acusatoria no señaló las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los encartados usaron el vehículo en provecho propio. El tipo penal establece dos acciones con sanciones diferentes cada una de ellas. En el primer párrafo es la sustracción o distracción que se sanciona con penas de prisión de tres a doce años y la segundo es quien emplee en provecho propio o de terceros. Al no establecerse la imputación correcta sobre el delito de peculado, lo que corresponde es absolver a los encartados por el delito acusado de peculado por atipicidad. Nótese que el ente fiscal hace una combinación de dos acciones típicas, ambas sí previstas por el tipo penal, pero diferentes, al punto que son sancionadas con penas diferentes al no haber imputado adecuadamente esa circunstancia es que se produce una indefensión para las personas imputadas porque no se podría suplir el vacío en la pieza acusatoria que ocasionaría una falta de correlación entre acusación y sentencia. La primera con una pena de tres a doce años, mientras que la segunda con una pena de tres meses a dos años […] Tal y como se analizó de manera amplia los encartados sí utilizaron el vehículo MUX para ir a la casa del coimputado [Nombre 007] siendo eso constatado dentro de las acciones que realizaron y fueron confirmadas por los investigadores, sin que se pudiera comprobar que ese uso del vehículo constituyó un peculado tal y como se explicó por la ausencia de imputación del delito propiamente dicho» (fs. 1455-1456 de la sentencia. El resaltado es suplido). A dicho razonamiento se reduce la absolutoria por la figura penal bajo examen. Como puede apreciarse, la decisión no se hace descansar de ninguna forma en la controversia sobre la forma cómo resultó acreditado el hecho 8.1, sino en supuestas omisiones en la atribución (sin que se precise el elemento omitido), e imprecisiones (que tampoco se detallan) las cuales, según se indica, impiden determinar cuál de los supuestos previstos en el ordinal 361 resulta aplicable. En sentencia, el evento probado 8.1, el cual coincide plenamente con el acusado, se describe de la siguiente forma: «El 06 de febrero del 2019, al ser las 10:05 horas aproximadamente, los encartados [Nombre 013] y [Nombre 016], manteniendo bajo su custodia el vehículo marca Isuzu, estilo Mux, placas [Valor 039], propiedad del Poder Judicial, sin contar con la autorización legal debida, y encontrándose en horario laboral, hicieron uso de dicho automotor en provecho propio y de la organización criminal que integraron; para lo cual se trasladaron desde el edificio del OIJ en [...], propiamente a la vivienda del encartado [Nombre 007],  donde  permanecieron  hasta  las  11:15  horas aproximadamente, reunidos con integrantes de la estructura criminal» (f. 20 de la sentencia. El subrayado es suplido). No alcanza a exponer el a quo, en relación con el anterior cuadro fáctico, cuáles son los elementos modales que echa de menos o por qué la ubicación del acontecimiento, con hora y ubicación específica, incumplen desde su óptica con el deber de imputación. Por otro lado, en cuanto a la aplicación de la ley sustantiva, tampoco logra colegirse, por lo escueto de la exposición, si las juzgadoras estiman que falta algún elemento objetivo o subjetivo para la aplicación de la figura penal en cuestión, o si más bien se trata de una duda sobre la adecuación típica que encuadra con la acción descrita el evento probado 8.1, ya que esto último tiene que ver con la aplicación del Derecho que compete al juez, y no con un vicio relativo a la garantía de imputación clara y precisa de los hechos. Finalmente, se menciona (pero no se sustancia en lo absoluto), la posibilidad de que exista falta de correlación entre acusación y sentencia, a lo cual se suma que existió plena identidad entre el hecho acusado y el hecho demostrado, por lo que no es posible siquiera inferir la presunta falta de correlación. Es así que, aunque la Fiscalía plantea la queja como un vicio relativo a la aplicación de la ley sustantiva, en realidad la motivación de la absolutoria por el delito de peculado (en su modalidad básica o como peculado de uso, sobre lo cual no se prejuzga), contiene vicios de logicidad y omisiones en la motivación que imponen la declaratoria con lugar del reclamo y la ineficacia de la decisión en lo que atañe a dicho extremo. B) En cuanto al ilícito de procuración de impunidad: La figura en cuestión, se encuentra prevista en el ordinal 62 de la Ley N.° 8204, en los siguientes términos:  «Se impondrá pena de prisión de tres a diez años e inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas durante el mismo período, al servidor o funcionario público que procure, por cualquier medio, la impunidad o evasión de las personas sujetas a investigación, indiciadas o condenadas por la comisión de alguno de los delitos tipificados en esta Ley. La pena será de ocho a veinte años de prisión si los actos mencionados en el párrafo anterior son realizados por un juez o fiscal de la República. Si los hechos ocurren por culpa del funcionario o empleado, se le impondrá pena de prisión de seis meses a tres años, en los presupuestos del primer párrafo del presente artículo, y pena de prisión de dos a cinco años cuando se trate de los actos contemplados en el segundo párrafo; en ambos casos, se impondrá inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo plazo». Ahora bien, el a quo funda la absolutoria por este tipo penal, en la siguiente argumentación: «Este delito comprende aquellas acciones que ejecuten los imputados en delitos donde no participan, en el caso en particular los encartados sí participaron en el giro comercial del narcotráfico tal y como quedó acreditado, ellos eran parte de la organización criminal que poseían y trasladaban droga en el territorio nacional y las acciones de asesoría lo hacían como parte de la organización. El delito de procuración de impunidad, el dolo consiste en ayudar a conseguir la impunidad, lo que no sucede en el presente caso, la finalidad de los encartados fue y así quedó comprobado ser parte de la organización y participar activamente en el traslado de alijos de droga tal y como lo hicieron. La asesoría a los líderes de la organización fue parte de su rol dentro de la misma. El delito de procuración de impunidad protege el deber de probidad en la función pública y es un delito contra la Administración Pública. Lo que comprobó este Tribunal es que los encartados al participar activamente en el trasiego de drogas y ser parte de la organización criminal lesionaron el bien jurídico Salud Pública. Por ello no corresponde la aplicación del delito de procuración de impunidad por ello se absuelve a los encartados [Nombre 013] y [Nombre 016] por esa delincuencia» (fs. 1454-1455 del fallo impugnado). Como puede apreciarse, el tribunal de juicio no realiza mayor elaboración, en cuanto a las razones o explicación técnico-jurídica, de la posición asumida para la absolutoria. Únicamente se hace depender de la participación previa de los inculpados en el delito de tráfico, pero no se explica a qué se debe dicho razonamiento —si se trata de la aplicación de un concurso aparente, de un acto posterior impune, de una consecuencia del derecho a no autoincriminarse, o de un estado de necesidad— entre otras muchas distintas situaciones propuestas por la doctrina. Las juzgadoras parecen hacer un paralelismo con los tipos penales de autoencubrimiento, en los que expresamente se excluye a quien participa en el hecho previo, como ocurre con el favorecimiento personal (numeral 329 del Código Penal) que contiene la fórmula «al que, sin promesa anterior al delito», o el favorecimiento real (ordinal 332 del Código Penal), que dispone expresamente: «Esta disposición no se aplica al que, de alguna manera, haya participado en el delito […]». Sin embargo, no se justifica cómo o por qué ocurriría lo mismo con el tipo penal previsto en el artículo 62 de la Ley N.° 8204, tomando en consideración que tutela la probidad en el ejercicio de la Función Pública, bien jurídico que no se encuentra protegido por antonomasia, a través del tipo penal de tráfico de drogas. Finalmente, a partir del tema general planteado por la Fiscalía, este tribunal de alzada no puede dejar de considerar que el examen sobre la adecuación típica de las conductas acreditadas en contra de [Nombre 016] y [Nombre 013], no puede omitir el dato consistente en que, el hecho probado que el Ministerio Público estima constitutivo del delito de procuración de impunidad, se encuentra ubicado tanto con anterioridad, como después de la intervención policial del día 28 de octubre de 2020, que  produjo el decomiso de droga en este asunto. Obsérvese al efecto, que  se tuvo por probado lo siguiente: «6.4.- Posterior a los traslados de droga que realizaron los miembros del grupo criminal citados, en fechas 18 de agosto y 28 de octubre del 2020, los acusados [Nombre 013], [Nombre 016], funcionarios públicos destacados para ese momento en el Organismo de Investigación de Corredores, como parte de sus funciones dentro de la organización criminal, asesoraron a los líderes del grupo, [Nombre 001] y [Nombre 007], a efectos de que cambiaran las estrategias de traslados de droga, a fin de no ser detectados por las autoridades, para lo cual recomendaron no realizar los traslados de droga los días lunes, destruir la vagoneta, puesto que fue detectada por la policía el 18/08/2020, así mismo, sugirieron desaparecer evidencia importante, para evitar ser vinculados en la presente investigación como los videos de las gasolineras desde Puerto Jiménez hasta el sector de Garabito donde fue detenida la vagoneta con la tonelada de cocaína el 28/10/2020, aunado a lo anterior, el mismo 28/10/2020, luego del decomiso de la droga, [Nombre 016] y [Nombre 013] informaron a los miembros de la estructura criminal, sobre posibles allanamientos en las viviendas de los detenidos» (cfr. f. 130 de la sentencia). A la luz de lo anterior, no podía omitirse —bajo el riesgo de incurrir en motivación incompleta— la consideración de la eventual ruptura en la permanencia del delito de tráfico de drogas, tal y como ha sido considerado en la jurisprudencia de la Sala Tercera y diversas integraciones del Tribunal de Apelación de Sentencia, por la intervención estatal (lo que en este caso ocurrió el 28 de octubre de 2020), así como el eventual surgimiento de un nuevo delito, a partir de dicha intervención. Sobre esta situación, se ha expuesto que: «si nos encontramos frente a un caso en el que se trata de la realización de la venta o tráfico de droga como actividad habitual, lo que le da las características de permanencia a dicha actividad, es claro que debe existir un parámetro objetivo para establecer cuándo se rompe esa habitualidad o permanencia. Y retomando lo dicho respecto de la intervención estatal en la investigación de dicha actividad, esta Sala estima que la apreciación del recurrente es correcta. Efectivamente ese parámetro lo constituirá la iniciación del proceso penal contra el investigado, por haber concluido la investigación en su contra. El inicio del procedimiento implica no solo la irrupción del Estado en la actividad ilícita que se venía desplegando sino además la imposibilidad material – por la detención- de que continúe desarrollando la misma actividad, además de que el inicio del procedimiento representa la imputación de estos al eventual responsable, lo que implica una clara delimitación del carácter ilícito de su conducta y de las posibles consecuencias jurídicas de ello…” (resolución 10182000 , de las 10:36 horas, del 01 de septiembre de 2000, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). (…) “…reinicio de la actividad delictiva después de estos eventos, da lugar a un delito independiente, que amerita una nueva persecución penal, con abstracción de que puedan ser juzgados en forma conjunta, por la proximidad temporal de su realización y descubrimiento. Suele suceder que luego de un operativo en el que se ha determinado policialmente la participación de una persona en el delito de tráfico de drogas y como resultado del mismo se logra su detención, esta persona o bien permanece en libertad dentro de la tramitación del proceso, u obtiene el cambio de medida cautelar al poco tiempo y una vez en libertad reinicia la actividad delictiva. A juicio de la Sala, no puede afirmarse que estos hechos integren una unidad con los que motivaron el inicio del proceso» (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, fallo n.° 1186-2013 de las 9:02 horas del 13 de setiembre de 2013. En igual sentido: Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José, fallo n.° 892025 de las 16:25 horas del 20 de enero de 2025). Así, sin prejuzgar de forma alguna sobre las consecuencias que pueda tener la anterior distinción, la fundamentación jurídica estaría incompleta, si no se toma en consideración la eventual ruptura en la unidad fenoménica que pudieron tener los actos de colaboración que se describen en el hecho probado 6.4, a luz de la figura de procuración de impunidad. Por todas las razones antes detalladas, concluye esta Cámara que también, en lo que respecta a la absolutoria por el delito de procuración de impunidad, se evidencia vicios por motivación omisa de tal importancia que procede acoger el reclamo formulado por la representante fiscal. En este caso, no procede la aplicación del derecho sustantivo en forma directa por parte de este tribunal de alzada, en razón de que, entre las consideraciones que motivaron la absolutoria en juicio por los dos delitos bajo análisis, se encuentran aspectos de orden tanto procesal como sustantivo, que imponen la necesidad de una discusión originaria, a efecto de no limitar el derecho de las partes a discutir ampliamente los temas propuestos. Así las cosas, se dispone la celebración de juicio de reenvío con el fin de que, a partir del cuadro fáctico acreditado, se determine si concurre algún ilícito adicional al tráfico de drogas, en relación con los coencartados [Nombre 013] y [Nombre 016]. En consecuencia de lo expuesto, se declara con lugar el quinto motivo de la impugnación formulada por la licenciada Núñez Alvarado. Se dispone la ineficacia del fallo, en lo que respecta a la absolutoria de [Nombre 013] y [Nombre 016], por los delitos de peculado (sea en su modalidad de peculado de uso o básica, sobre lo cual no se prejuzga) y procuración de impunidad.

Primer motivo del recurso de apelación de sentencia interpuesto por [Nombre 007]: Errónea aplicación de los artículos 71 y 72 del Código Penal en la individualización de la penal. El sindicado basa su reclamo en dos aspectos:

Fundamentación insuficiente sobre la posición jerárquica que se le asigna en la organización. Arguye que para que exista una estructura criminal debe acreditarse la capacidad efectiva de toma decisiones, control de los recursos material y humanos, facultad para impartir órdenes y participación en la planificación estratégica. Indica que, a partir de la prueba, se constata la falta de acreditación de: a) participación en reuniones de planificación estratégica; b) personal bajo su mando; c) injerencia en decisiones de alto nivel; d) capacidad de disposición de recursos de la organización. (2) Deficiencia en la dosimetría penal. Aduce que el tribunal le impuso la pena de 12 años de prisión por el delito de tráfico de drogas en virtud de la cantidad y daño a la salud pública, lo que en su criterio contraviene la postura de la Sala de Casación sobre el particular, enunciada en el voto n.° 2022-1456, en que se exige una fundamentación reforzada a partir de elementos objetivos y verificables. Segundo reproche de la impugnación formulada por el coencartado [Nombre 007]: Inobservancia de circunstancias atenuantes y quebranto del artículo 72 del Código Penal. Señala que no se realizó un análisis exhaustivo respecto de las circunstancias atenuantes de la responsabilidad. Cita el voto de la Sala Tercera n.° 2023-567, en que se reconoce que la ausencia de antecedentes penales es un factor atenuante en la imposición de la sanción. Además, menciona que el informe social incorporado, determina que el encartado se encuentra en una condición de vulnerabilidad económica, que tiene responsabilidades familiares como proveedor único y que posee escasas oportunidades laborales en su zona de residencia. Adicionalmente, afirma que la prueba determinó que cumplía un rol subordinado, sin capacidad decisoria y con limitas tareas operativas. Tercer alegato correspondiente al recurso de apelación incoado por [Nombre 007]: Quebranto del principio de proporcionalidad por equiparación injustificada de penas. Sostiene el sindicado, que se violentaron los numerales 39 y 41 de la Constitución Política al imponérsele 12 años de prisión, equiparando su sanción al monto impuesto al líder de la organización criminal, pese a que se reconoció que su participación era sustancialmente distinta. Divide su planteamiento en tres puntos:1) Considera que la sentencia contiene una fundamentación contradictoria, ya que se estableció en los hechos probados que no ocupaba una posición de liderazgo, se limitaba a ejecutar órdenes y carecía de capacidad decisoria estratégica. Argumenta que no debió imponerse la misma sanción que a la persona que dirigía la organización criminal, controlaba los recursos financieros, determinaba las operaciones estratégicas y mantenía los contactos internacionales.

Aduce el quebrantamiento de los principios fundamentales de culpabilidad y proporcional. Cita en su apoyo el voto n.° 2023-789 de la Sala Tercera, según el cual se afecta el principio de proporcionalidad si se impone la misma pena a personas con roles distintos dentro del grupo criminal.

Reclama la ausencia total de fundamentación diferenciada y contradicción en la dosimetría penal. Critica que la sentencia es infundada, ya que carece de criterios objetivos que justifiquen equiparar la sanción entre roles jerárquicos evidentemente distintos; así como de las razones jurídicas que fundamentan imponer igual reproche a quien simplemente cumplió órdenes. Además, menciona que el fallo contradice la lógica, respecto de la graduación de la pena, en lo que atañe al nivel de participación. Afirma que se violentó el principio de coherencia interna de las penas, por cuanto se reconoció que existían roles jerárquicos distintos, donde solo el líder ejercía el control total de la organización, se señaló su rol subordinado y limitado a las tareas operativas y, pese a lo anterior, se impuso la misma pena que el líder. Reitera el quebranto al principio de proporcionalidad, debido a su grado de participación y jerarquía dentro del grupo criminal. Finalmente, invoca la ausencia de fundamentación jurídica respecto de las razones por las que se le impuso la misma pena que al líder del grupo, pese a que se limitó a cumplir órdenes operativas. Solicita se anule la pena impuesta y se ordene juicio de reenvío. Quinto punto reprochado en el recurso de apelación de sentencia interpuesto por el coencartado [Nombre 001]. Octavo motivo correspondiente a la impugnación presentada por el licenciado Celso Gamboa Sánchez:  El justiciable [Nombre 001] y su defensor particular expusieron su inconformidad con la pena de 12 años de prisión fijada en contra del

Alega el sindicado, que el monto fijado se basa en su condición de liderazgo, lo que no logró acreditarse de forma fehaciente. Agrega a lo anterior el defensor técnico, que para imponer la sanción se dio una doble valoración. En particular, menciona que a folio 1625, se justifica el aumento de la pena en «la concurrencia del agravante. Propiamente la participación de tres o más sujetos» (cfr. .f. 9285). Sobre el particular, de forma extensa transcribe el voto n.° 14682022 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. Indica que se incurrió en el vicio de doble valoración, porque para aumentar la pena se consideró la participación de más de 3 personas, lo que ya formaba parte de la agravante aplicada en el ordinal 77 de la Ley 8204. Pide se anule la pena y se ordene nuevo juicio para su fijación. Sétimo motivo del recurso de apelación de sentencia presentado por el licenciado Edwin Duartes Delgado: Fundamentación ilegal de la pena impuesta. El abogado particular de [Nombre 013] critica el monto de la sanción desde dos vertientes: a) Doble valoración de la misma agravante. Señala que se fijó la sanción a partir de los artículos 58 y 77 de la Ley N.° 8204. Considera que la figura de funcionario en ejercicio de sus funciones ya está contemplada por el numeral 77 del mismo cuerpo normativo, que agrava la conducta de 8 a 20 años de prisión.

En apoyo a su postura, cita el voto n.° 637-2006 y n.° 131-F-94 de la Sala de Casación Penal. b) Afectación al principio de proporcionalidad. Señala que se incrementó la sanción de manera desproporcionada. Se sobrevaloró la gravedad del hecho, la cual ya forma parte de los extremos de la conducta y sus agravantes.

Reclama que no se ponderaron las condiciones personales del sentenciado, como que es padre de familia y tiene una hija que requiere un tratamiento médico especializado. Además, no acusa antecedentes y su comportamiento posterior al delito es encomiable. Solicita se anule la pena impuesta y se ordene nuevo juicio.

Octavo reparo de la impugnación presentada por [Nombre 024]:  Ausencia de fundamentación en la individualización de la pena. Luego de citar el sustento judicial expuesto en el fallo para la fijación de la pena, señala que se le impusieron 2 años más por encima del mínimo legal, sin justificación alguna. Se queja que no existe una fundamentación del porqué del incremento, lo que afecta el deber de motivación impuesto por el numeral 142 del

Código Procesal Penal. En apoyo a su postura cita el voto n.° 131-F-94 de las

09:00 horas del 13 de mayo de 1994 y el voto 2007-1195 de la Sala de Casación Penal. Fustiga que la motivación se centre en la lesión objetiva al bien jurídico tutelado y la capacidad cognoscitiva y volitiva del imputado. Considera que no se ponderaron los aspectos personales del encartado y que no acusa antecedentes penales. Pide se anule la sentencia y se absuelva de toda pena y responsabilidad. Subsidiariamente, se ordene nuevo juicio. Tercer motivo de la impugnación incoada por la defensora particular de [Nombre 019]: Inconformidad con la pena impuesta al imputado [Nombre 019]. Luego de citar las razones en las que sustenta el tribunal de juicio el quantum de las sanciones fijadas, la licenciada Yerilyn Alvarado Castellón muestra su inconformidad con los diez años de prisión a los que se condenó a su defendido.

Considera que el a quo no se detuvo a indicar por qué no procedía fijar un monto de pena menor y que no hay una adecuada valoración de las condiciones personales del imputado. Señala que, para incrementar su sanción, se consideró la cantidad de droga y conformación de un grupo criminal, respecto de lo cual no existe prueba. Alega que a [Nombre 019] no se le vio reunido con el resto de implicados, ni se le detuvo en Garabito el 28 de octubre de 2020. Sostiene que la falta de fundamentación intelectiva de los alegatos de la defensa respecto a su culpabilidad impone que se anule la condena, y de no atenderse dicha posición, que se declare ineficaz la pena fijada y se impongan 8 años de prisión, o bien, se disponga juicio de reenvío para que se sustancie nuevamente dicho extremo.

Cuarto motivo del recurso interpuesto por el licenciado Juan Carlos Peralta Montoya: Inconformidad con la pena impuesta. Luego de transcribir lo resuelto sobre la fijación de la sanción penal, el defensor particular reclama que no se analizó por qué sus representados debían ser acreedores a una pena superior al mínimo legal. Establece que no se ponderó el cumplimiento de las medidas cautelares, su actuar respetuoso durante el debate y que cuentan con contención familiar. Sostiene que el análisis fue generalizado y no se concretaron o individualizaron las razones para imponer la pena a cada uno de sus patrocinados.

Tercer reparo de la impugnación formulada por la representante del Ministerio Público: Indebida fundamentación de la pena impuesta a la totalidad de los encartados. La licenciada Patricia Núñez Alvarado, señala que a algunos de los imputados se les condenó a diez años de prisión por el delito de tráfico agravado de drogas, por hechos del 28 de octubre de 2020, en que transportaron una tonelada de droga, pero a los altos mandos se les impuso 12 años de cárcel. A su juicio, dichas sanciones no reflejan en forma proporcional el grado de reproche por el que son acreedores los sindicados por las conductas realizadas. Establece que formalmente, en la fundamentación intelectiva, el tribunal de juicio sí acreditó la agravante prevista en el ordinal 77 de la Ley 8204, pero se reflejó efectivamente la magnitud de dicha agravante en la forma concreta cómo se desarrolló en este asunto, a la hora de fundamentar las sanciones impuestas, ya que a su juicio los montos se fijaron con base en la figura simple. Considera que no se ponderó en la sanción las diversas agravantes existentes y se impusieron penas bajas que no guardan proporcionalidad con el grado de reproche. Respecto a los imputados [Nombre 013] y [Nombre 279], no se reflejó en la pena el hecho que pusieron sus atributos y conocimientos como funcionarios públicos encargados de la lucha contra el crimen, al servicio del grupo delictivo. Así, con su actuar se lesionó además el deber de probidad por la corrupción de funcionarios del Organismo de Investigación Judicial encargados de la lucha contra la criminalidad, aspecto que se menciona parcialmente en el fallo, sólo desde el punto de vista del uso de recursos y conocimientos para beneficio del crimen organizado, pero no desde el daño causado a la institucionalidad democrática, en razón del papel que cumple el Organismo de Investigación Judicial y el Poder Judicial en nuestro Estado de Derecho, así como el daño que puede producir en la percepción pública un evento como este. Añade que se lesionó la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública y su reglamento, puntualmente el artículo 3 de la primera y el numeral 1 inciso 14 del

Considera que la sentencia es lacónica respecto al análisis de la magnitud del daño. En particular, la droga incautada tiene un valor de 8.000 millones de colones en el mercado, por lo que la pena impuesta es leve, no toma en cuenta que se trata del eslabón más alto de la cadena de comercio de sustancias ilícitas, que por el volumen de trasiego funcionan como proveedores de quienes venden en pequeña y mediana escala y se desconocen las motivaciones para no imponer la pena máxima, ya que se hace referencia al altísimo volumen de droga transportada por el grupo criminal, pero contradictoriamente, no se vincula este punto con el monto de la sanción impuesta. Advierte que la narcoactividad afecta de manera pluriofensiva a la sociedad. Distingue entre una persona que se le incaute 5 kilos y una tonelada, donde el reproche para el segundo caso debe ser mayor. Menciona, además, consecuencias sociales asociadas al consumo de drogas y las graves afectaciones educativas y comunitarias. Finalmente, alega que el reproche no debe ser igual para pequeñas organizaciones que a la escala del grupo criminal intervenido, que manejaba mucho dinero y contaba con múltiples recursos logísticos y vínculos para llevar a buen puerto su actividad delictiva. Con las salvedades que se dirán, se acogen las quejas formuladas por la Fiscalía y la defensa, en lo que toca a la determinación del quantum de la pena establecida para la totalidad de los sentenciados:  El tribunal de juicio condenó a [Nombre 001], [Nombre 007], [Nombre 013], [Nombre 016], [Nombre 004], [Nombre 027], [Nombre 019], [Nombre 021], [Nombre 024], [Nombre 031] y [Nombre 028], como coautores responsables del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos en la modalidad de posesión y transporte agravado de drogas ilícitas, prevista en el numeral 58 de la Ley N.° 8204 en relación con el ordinal 77 inciso f) del mismo cuerpo legal. De conformidad con lo anterior, la pena imponible oscilaba entre los 8 y los 20 años de prisión. Dentro de los rangos posibles de sanción, el tribunal dispuso imponer 12 de años de prisión a [Nombre 001], [Nombre 007], [Nombre 013] y [Nombre 016], y fijó la sanción en 10 años de prisión para todos los restantes condenados. La argumentación alrededor de la cual el a quo justificó los montos fijados en este asunto, es la siguiente: «Con respecto a los imputados [Nombre 001] y [Nombre 007] se aumenta la pena en dos años con respecto al resto de imputados, al considerar que ambos tenían la posición el primero de líder de la empresa criminal autor mediato tal y como se explicó y el segundo mano derecha del [Nombre 001] en el manejo operativo de la organización criminal y era el que trataba directamente con los exfuncionarios judiciales [Nombre 013] y [Nombre 016], ambos realizaban trasiegos a gran escala, dando las órdenes y supervisando operativamente todas las acciones que realizaban los demás imputados. En el caso de [Nombre 013] y [Nombre 016], este tribunal considera que la pena se aumenta con respecto al resto de los imputados, pues la condición que ellos tenían no solo como funcionarios públicos, si no que eran oficiales del Organismo de Investigación Judicial, los cuales por su función y capacitación, debían combatir este tipo de delitos, y por el contrario, como ya se indicó en la fundamentación intelectiva ambos aprovecharon sus conocimientos y estrategias policiales, para asesorar a la organización, en cuanto a la forma de esquivar retenes policiales y custodiar la droga para que llegara al fin establecido y así obtener ganancias por dicha ilicitud. La magnitud del daño es incalculable porque afectó a lo interno de la oficina al respecto indicó el testigo [Nombre 280]: “Pero así que yo viera que me da la impresión de que llegaron la SAPSO, alguien a dar algún tipo de asesoría o algún cómo se llama. Eso no estoy seguro. Es Del Departamento de Psicología OIJ, pero no estoy seguro, me parece. Entonces creo que también lo han hecho en otras ocasiones de que en un accidente se muere un compañero. Entonces, ahí también se refleja que a nosotros nos duele, pero no es no, es el dolor normal de las personas en común, por decirlo así. Entonces, por ese lado, pues a mí me dolió, ¿verdad? porque son personas y también por la reputación de la oficina en determinado momento hasta se cuestiona quiénes más ¿verdad? o quiénes más pueden, entonces todo yo siento que, desde la parte alta, entonces ven a esa oficina como como un foco de corrupción o algo por el estilo. Y entonces ahí entramos todos, pero por lo demás, yo bien.” Considera este Tribunal que se debe reprochar, además, la manera en que realizaron los hechos, utilizando el vehículo que les fue asignado como oficiales del Organismo de Investigación Judicial para encontrarse con [Nombre 007] en su casa y así dar la asesoría policial, misma que como ya se mencionó, fue de vital importancia para la organización. Bajo esa inteligencia, para la imposición de estas penas de prisión, se valoró que los sentenciados son todas personas que pueden reconducir su vida después de purgar esta sanción, la cual resulta necesaria y proporcional para que incorporen mayores recursos y elementos de contención al delito, lo esperable es que una vez ejecutada la pena salgan en libertad con mayores recursos para no continuar con la actividad delictiva tan planificada en que incurrieron por un periodo tan extenso. Sobre los aspectos personales, se considera lo siguiente de cada uno de los encartados. El líder de la organización criminal [Nombre 001], es un adulto joven con 45 años de edad, no tiene antecedentes penales, tiene su pareja, ocho hijos las edades de ellos son 22, 23, 22, 13, 17, y 4 años; los mayores dependen y trabajan con él, escolaridad, hasta tercer grado de colegio, de oficio palmicultor, solo padece de hipertensión pero controlado, reportó ingresos entre treinta y cuarenta millones de colones mensuales, es una persona en edad productiva con un proyecto de vida que cumplir por ello la pena de doce años se considera adecuada y proporcional para su resocialización y reincorporación a la sociedad con nuevos instrumentos de contención a partir del abordaje que se le brinde en el sistema penitenciario. El imputado [Nombre 007], de 47 años de edad, con hijos de 20, 17 y 8 años todos dependen del él, universidad incompleta estudiaba ingeniera civil, está estudiando administración de empresas, se dedicaba al comercio de palma africana, a la ganadería y compra y venta de carros, hipertensión crónica, toma medicamento y los alimentos los toma frecuentemente por el padecimiento, no consume droga ni alcohol, sin tatuajes ni cicatrices, sus ingresos dependen de la temporada de la palma, no siempre la palma mantiene el mismo precio, está entre 13 o 15 mil colones mensuales hay palma veranera y hay de otro tipo, ingresos son entre 15 mil a 30 mil dólares en palma africana, en ganado genera otro ingreso pero depende del precio. Es una persona en edad productiva tanto así que siempre indicó que él se encargaba de sus fincas, que estaba esperando salir para seguir trabajando, con un proyecto de vida que cumplir por ello la pena de doce años se considera adecuada y proporcional para su resocialización y reincorporación a la sociedad con nuevos instrumentos de contención a partir del abordaje que se le brinde en el sistema penitenciario. El imputado [Nombre 004], de 47 años, casado, tiene seis hijos y dependen del acusado [Nombre 004], el mayor tiene 30 años, los otros de 25, 20, 9, 8 y uno de 3 años de edad, con domicilio en [...], escolaridad: tercer grado de escuela, ocupación, ingresos entre cuarenta y cincuenta millones de colones mensuales, indica que el mayor de sus hijos trabaja con él. Es una persona en edad productiva tanto así que siempre indicó que él se encargaba de sus fincas, que estaba esperando salir para seguir trabajando, con un proyecto de vida que cumplir por ello la pena de doce años se considera adecuada y proporcional para su resocialización y reincorporación a la sociedad con nuevos instrumentos de contención a partir del abordaje que se le brinde en el sistema penitenciario. El imputado [Nombre 013], es un adulto joven con 43 años de edad, sin antecedentes penales, en unión libre, con dos hijos de 15 y 18 años y dependen económicamente, uno tiene pendiente cirugía, divorciado, escolaridad como técnico forense en medicatura forense, ocupación: ex investigador del OIJ, no tiene padecimientos ni físico ni mental, no consume drogas. Para imponer la pena se tomó en consideración el Dictamen Social Forense, 23-0035-727-TS. de fecha 10 de agosto de 2024, sobre la situación socioeconómica del sentenciado. Mismo que abona a las condiciones favorables que tuvo el imputado como un título técnico en el ámbito forense, que realizó fuera del país, laboraba como agente judicial, con ingreso superior al millón de colones, y aún con esas ventajas en su vida, decidió actuar de manera distinta y no lo hizo. Concluyéndose en dicho informe que no se evidencia condiciones de vulnerabilidad social al momento de su detención. De lo que se deriva que el mismo refleja la posibilidad de afrontar la pena y aprovechar el tiempo de prisionalización para salir con mejores contenciones internas para incorporarse a la sociedad de manera positiva. Folio 5478 a 5481, Tomo

Este imputado tuvo todas las oportunidades en cuanto a trabajo con salario fijo, familia todos elementos que no fueron contención para ser parte del grupo criminal, usó sus conocimientos, inteligencia a favor de esta. Es una persona en edad productiva con un proyecto de vida que cumplir, hijos por los cuales luchar, por ello la pena de doce años se considera adecuada y proporcional para su resocialización y reincorporación a la sociedad con nuevos instrumentos de contención a partir del abordaje que se le brinde en el sistema penitenciario. El encartado [Nombre 016], sin antecedentes penales, de 51 años, casado, con 6 hijos 5 dependen de él, uno de 28 años, 23 años, dos hijos más de 17 años y tenía pensión y dos hijos de 12 y 13 años, escolaridad bachiller de secundaria concluida, ex investigador del Organismo de Investigación Judicial, actualmente suspendido por esta causa, ingresos aproximados de millón medio, millón seiscientos mil colones. Para imponer la pena se tomó en consideración el Dictamen Social Forense, 23-000181-727-TS, de fecha 15 de agosto de 2023, sobre la situación socioeconómica del sentenciado que abona a las condiciones favorables que tuvo el imputado para decidir actuar de manera distinta y no lo hizo. Se refleja en dicho informe que el mismo mantenía una economía desorganizada, que disminuyó sus ingresos netos y su liquidez, concluyéndose “Dicho contexto socio económico, pudo haber colocado al Sr [Nombre 016] y núcleo en una condición de vulnerabilidad, al estar expuesto a situaciones reiterativas de endeudamiento , así como a una posible administración no asertiva de los ingresos de parte de la persona referida”. No obstante, lo anterior, no es justificación para que éste actuara reclutándose en una organización criminal. No cabe dida que éste cuenta con la posibilidad de afrontar la pena, siempre ha sido una persona trabajadora y esforzada lo que le permitirá aprovechar el tiempo de prisionalización para salir con mejores contenciones internas sobre todo en lo financiero según se indica en dicha pericia, para incorporarse a la sociedad de una mejor manera. Folio 567 a 575, Legajo de Prueba de la Defensa, Tomo

Este imputado tuvo todas las oportunidades en cuanto a trabajo con salario fijo, familia todos elementos que no fueron contención para ser parte del grupo criminal, usó sus conocimientos, inteligencia, máxime que como lo indicaron los investigares del caso el mismo trabajó en algún momento como investigador de delitos de narcotráfico, y ahora ser miembro de una organización criminal. Es una persona en edad productiva con un proyecto de vida que cumplir, hijos por los cuales luchar, por ello la pena de doce años se considera adecuada y proporcional para su resocialización y reincorporación a la sociedad con nuevos instrumentos de contención a partir del abordaje que se le brinde en el sistema penitenciario. [Nombre 019], soltero, 38 años de edad, sin antecedentes penales, ocupación comerciante agrícola con ingresos de ochocientos mil a un millón o millón y medio por mes depende de la temporada de frutas, con dos hijos de 13 y 9 años, quienes dependen económicamente, no consume drogas ni alcohol, no tiene un riñón, estudios: terminó sexto de escuela en centro penal. Es una persona en edad productiva, con un proyecto de vida que cumplir por ello la pena de diez años se considera adecuada y proporcional para su resocialización y reincorporación a la sociedad con nuevos instrumentos de contención a partir del abordaje que se le brinde en el sistema penitenciario. El sindicado [Nombre 021], 39 de edad, en unión libre, se dedica a comercio y venta de ropas, con ingresos entre ambos en promedio de un millón o dos millones por mes, con 3 hijos menores de 15, 12 y 11 años, los tres hijos dependen económicamente del acusado, escolaridad universidad incompleta estudiaba enfermería hasta el tercer año, actualmente estudia administración en servicios de salud desde el año 2023 en el centro penal. Es una persona en edad productiva, con personas menores de edad dependientes de él, de rescatar que continuó sus estudios en el centro penal, con un proyecto de vida que cumplir por ello la pena de diez años se considera adecuada y proporcional para su resocialización y reincorporación a la sociedad con nuevos instrumentos de contención a partir del abordaje que se le brinde en el sistema penitenciario. En cuento al encartado [Nombre 027], de 41 años de edad, con tres hijos uno de 18 años estudia y a la mama (sic) le ayuda y dos menores que si dependen, escolaridad primaria y completa, vendedor de tornillos y gana como cuatrocientos mil colones mensuales, dependen de ese ingreso su esposa, no tiene padecimientos, no tiene adicciones. Es una persona en edad productiva, con un proyecto de vida que cumplir por ello, la pena de diez años se considera adecuada y proporcional para su resocialización y reincorporación a la sociedad con nuevos instrumentos de contención a partir del abordaje que se le brinde en el sistema penitenciario. [Nombre 028], de 68 años de edad, casado, con tres hijos que no dependen económicamente, escolaridad sexto de escuela concluido, agricultor, jubilado, trabaja en una soda y gana cincuenta mil colones por semana, no tiene padecimientos, no consume droga ni alcohol. Es una persona que si bien es adulto mayor, el mismo contaba con jubilación y con un proyecto de vida que cumplir por ello, la pena de diez años se considera adecuada y proporcional para su resocialización y reincorporación a la sociedad con nuevos instrumentos de contención a partir del abordaje que se le brinde en el sistema penitenciario. [Nombre 031], de 54 años de edad, ocupación peón agrícola, con ingresos doscientos ochenta mil colones por mes, con 4 hijos, depende conviviente y la menor de 17 años, no tiene padecimiento, ni adicciones, sin tatuajes, escolaridad

Es una persona suplía sus necesidades a través de su pertenencia a la organización criminal, porque no se le conoce otra ocupación. El mismo puede reconstruir su vida con un proyecto más estable con redes de apoyo comunales o familiares que le permitan tener un trabajo lícito, la pena de diez años se considera adecuada y proporcional para su resocialización y reincorporación a la sociedad con nuevos instrumentos de contención a partir del abordaje que se le brinde en el sistema penitenciario. En el caso del encartado [Nombre 024], de 46 años, ocupación transportista, con ingresos de cuatrocientos mil colones por mes, escolaridad sexto año terminado, soltero, con dos hijos, uno de 21 y una niña de 8 años la menor depende económicamente del acusado, no padece enfermedades. Es una persona suplía sus necesidades a través de trabajo informal como taxista. El mismo puede reconstruir su vida con un proyecto más estable con redes de apoyo comunales o familiares que le permitan tener un trabajo que le provea sus necesidades, asimismo cuenta con una persona menor de edad a su cargo por la que tiene que hacer un proyecto más estable, la pena de diez años se considera adecuada y proporcional para su resocialización y reincorporación a la sociedad con nuevos instrumentos de contención a partir del abordaje que se le brinde en el sistema penitenciario. Las penas impuestas a cada uno de los encartados resultan acordes a los elementos analizados, pero sobre todo necesarias para la interiorización de valores y obtención de recursos para que una vez en libertad se comporten conforme a las normas de convivencia social y no incurran en acciones delictivas como las que por el tiempo prolongado incurrieron, esperando que se reincorporen a la sociedad y logren reconducir su vida. Por último, se considera el único fin que persigue la pena de prisión en el ordenamiento jurídico costarricense, resocialización, para que retomen su libertad y se incorpore a la sociedad con planes distintos y de provecho. En relación con los juzgamientos se consultaron los mismos de todos los encartados del folio 5272 a 5282. Tomo XIValorando (sic) todo lo expuesto, se considera que la pena impuesta, se ajusta a la proporcionalidad que debe haber entre la sanción y la afectación al bien jurídico tutelado y demás circunstancias demostradas, a la necesidad e idoneidad de la pena y sobre todo, se encuentran dentro de los extremos legales que le impone al Tribunal la legislación […] Debido a los montos de pena de prisión impuestos, a ninguno de los sentenciados se les puede aplicar el beneficio de ejecución condicional de la pena ni a otro beneficio o sustitución de la pena, ello establecido por ley considerando además de las penas, la naturaleza del juzgamiento de los hechos. Considera esta cámara que la pena impuesta a cada uno de los sentenciados les permitirá cumplir con el fin de la pena previsto en el artículo 51 del Código Penal, sea su rehabilitación y reinserción a la sociedad. En la imposición de las sanciones referidas para cada uno de los sentenciados toma en consideración este Tribunal que la actividad ilícita de venta de drogas, la desarrollaron en contubernio con otras personas dentro de la organización criminal. Sobre la  magnitud de la lesión al bien jurídico tutelado salud pública, tenemos que la cantidad de droga transportada por la organización criminal lo fue una tonelada de sólido en polvo con cocaína, de los cuales al menos, con un gran valor en millones de colones en el marcado nacional, lo que da cuenta de un transporte para el tráfico local, lo cual, sabido es, trae consigo una serie de males sociales aparejados, como la violencia, la comisión de otros delitos, principalmente contra la propiedad, así como todos los daños físicos, familiares y sociales para las personas consumidoras que caen en la adicción de estas sustancias ilícitas y para sus familias. Lo anterior evidentemente contribuye al estado de inseguridad ciudadana en que actualmente se vive en nuestro país» (fs. 1632-1639 de la sentencia impugnada). Luego de examinar con detenimiento la motivación correspondiente a dichos montos, esta cámara concluye que el tribunal de juicio reconoce y enuncia —pero no concreta para cada uno de los justiciables, ni refleja en la sanción fijada— criterios de suma relevancia para su individualización, como lo son: la gravedad de la conducta, el bien jurídico tutelado y la magnitud en la que este se puso en riesgo a partir de los hechos demostrados, las dimensiones de la organización criminal (cantidad de integrantes, complejidad y recursos a su disposición), el espacio de tiempo prolongado en la que esta se mantuvo operando, el grado de especialización alcanzada para la ejecución del delito, la planificación operativa y logística evidenciada, la cantidad de recursos utilizados en su comisión, el uso de inteligencia para alcanzar sus objetivos y evadir la acción de las autoridades y la aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad en el acto de fijación de las sanciones, de cara a las consecuencias que tiene para la sociedad la inyección de cantidades tan altas de droga destinada al consumo. No obstante, la innegable trascendencia de dichos factores para la imposición de la pena, tal y como el propio tribunal reconoce al mencionarlos (cfr. fs. 1631 y 1639 del fallo recurrido), no se observa que la exposición teórica de dichos elementos se haya trasladado o reflejado al momento de aplicar la sanción a cada uno de los sindicados. Aunado a ello, el a quo optó por aumentar la sanción en cuatro años —por igual— para [Nombre 001], [Nombre 007] [Nombre 013] y [Nombre 016], a pesar de que se acreditó que el primero fungía como líder de la organización y los restantes encartados, aunque ocupaban posiciones con algún grado de jerarquía, se encontraban en una posición de clara subordinación con respecto a [Nombre 001]. De esta forma, se fijó la misma sanción a varios justiciables que, según sostiene el propio tribunal, no se encuentran en igualdad de condiciones, sin que se aprecie justificación alguna para la equiparación en la medida del juicio de reproche que se refleja en el idéntico quantum de la pena.

Adicionalmente, en el caso de [Nombre 004], los hermanos ([Nombre 010], [Nombre 019], [Nombre 020], [Nombre 027]), [Nombre 021], [Nombre 024], ([Nombre 031]) y [Nombre 028], se dispuso aumentar el mínimo imponible en dos años, pero no se ahonda en la contribución concreta de cada sindicado en los hechos y la significación que dicho aporte puntual tiene sobre la pena. En este sentido, cabe recalcar que la actuación de común acuerdo en una organización, que permite determinar que los implicados actuaron como coautores del hecho delictivo, no es suficiente para relevar a la autoridad jurisdiccional de determinar y valorar la contribución específica que cada uno de los sindicados hizo para la consecución del objetivo, al lado de las condiciones personales particulares (grado académico, edad, condiciones socioeconómicas particulares, motivación para delinquir, contención familiar, entre otras), ya que se trata de aspectos integrantes del juicio de reproche individual y, en ese tanto, deben verse reflejados en la pena. En tal sentido, se ha indicado que:  «la pena es la concreción del juicio de reproche que corresponde hacer de manera individual a la persona que se ha encontrado responsable, culpable de un hecho típico y antijurídico, que al ser el momento más sensible del ejercicio del poder represivo del Estado, la individualización de la pena se convierte en una garantía de racionalidad y proporcionalidad en dicho ejercicio de poder, considerando que el juzgador debe procurar, según los parámetros definidos por el legislador en el numeral 71 del Código Penal, los límites de sanción del tipo penal que debe aplicar, dimensionar el reproche según la medida de la culpabilidad del sujeto, valoración que es individual. La participación conjunta de varios sujetos en un  hecho, por ende, no implica necesariamente que deba ser merecedores del mismo reproche, pues evidentemente las características personales de cada uno no necesariamente coincidirán: edad, escolaridad, condición económica, estatus familiar, con o sin antecedentes penales previos e incluso el desarrollo de la conducta que se le atribuye, el rol desplegado y la importancia de su contribución o distribución de funciones no siempre serán coincidentes. Y dado que la sanción va a ser impuesta a una persona, sus características deben considerarse junto a los aspectos objetivos y subjetivos de la forma en que, en la realidad, se materializaron los requerimientos del tipo penal, la importancia de la lesión al bien jurídico y las consecuencias en la víctima y demás elementos que el numeral 71 citado contempla» (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, fallo n.° 1330-2007 de las 9:45 horas del 2 de noviembre de 2007). Para todos los implicados, cabe señalar, en adición a lo expuesto, que no se razona por qué, entre las amplias posibilidades de fijación, las juezas de mérito eligieron aumentar en cuatro años y dos años —respectivamente— el extremo menor aplicable.  Al teorizar sobre los pasos o fases que, en términos generales, debe considerar la autoridad jurisdiccional para la fijación de la pena, se expuso que los mismos consisten en lo siguiente: «debe calificarse el hecho y establecer la previsión abstracta para el delito en general; un segundo paso es el de establecerse el límite de la pena para el caso concreto, atendiendo a la extensión del daño o peligro para el bien jurídico tutelado, en consideración al quantum económico cuando sea posible, a la vulnerabilidad de la víctima, a la inflexión de dolor más o menos necesaria para la comisión del hecho y a las condiciones de modo, tiempo y lugar; y el tercer paso, implica la ponderación de la culpabilidad ?en cuanto mayor o menor exigibilidad de conocer el derecho y de actuar conforme a ese conocimiento?, la oportunidad del delito, la consideración a la víctima y las condiciones materiales y espacio-temporales de la comisión del delito. Esta es la interpretación de las fuentes de derecho para la fijación de la pena, concretamente de los §§ 7 y 28 de la Const.Pol., 5.3 y 5.6 de la Convención americana sobre derechos humanos, y 71 del C.p» (antiguo Tribunal de Casación Penal de San José, fallo n.° 540-2002 de las 9:10 horas del 18 de julio de 2002). Retomando el elemento de «daño o peligro al bien jurídico tutelado» cabe indicar que, al apreciar con detenimiento el acápite de la sentencia dedicado a la motivación de la pena, es notorio que las juezas de mérito aluden única y exclusivamente al decomiso final de una tonelada de clorhidrato de cocaína, dejando de lado con ello que se tuvo por cierto en sentencia que el grupo criminal orquestó al menos dos transportes adicionales de droga en las mismas condiciones, con utilización de una vagoneta y la misma ruta que fue constatada en el operativo final, en fechas 8 de junio y 18 de agosto de 2020. Es así que, tal y como señala la representante del Ministerio Público, no se observa que el tribunal sentenciador haya analizado, en todas sus dimensiones, la forma concreta en que la agrupación delictiva perpetró el ilícito, el cual debe concebirse como un delito de actividad y no un evento aislado, reducido al operativo final. Ahora bien, debido a que el vicio de falta de motivación detectado en la fase de imposición de la pena trasciende a la totalidad de endilgados, ello tiene como consecuencia la ineficacia de los montos de sanción impuestos a estos y la necesaria celebración de un juicio de reenvío, a fin de que dicho extremo sea sustanciado nuevamente. Pese a ello, es necesario aclarar algunas de las afirmaciones contenidas en las quejas relativas a la pena que fueron formuladas por la defensa técnica y material, las cuales contienen aspectos  que en realidad no incumben al momento de fijación de la pena, sino a estadios de análisis anteriores, como lo son la determinación de los hechos probados o la tipicidad de la conducta acreditada y que, en ese tanto, justifican que dichas alusiones se excluyan del juicio de reenvío; de nuevo: en razón de que algunas de las aseveraciones que se hacen, son ajenas a la ponderación de la sanción aplicable en sentido estricto y no porque este tribunal prejuzgue en forma alguna sobre la sustanciación de la pena que aquí se ordena, la cual deberá realizarse en forma originaria y absolutamente independiente. Así, en el quinto motivo del recurso incoado en forma personal por [Nombre 001] y el reclamo número ocho de la impugnación interpuesta por el licenciado Gamboa Sánchez, se afirma que se aumentó indebidamente la pena en el caso de [Nombre 001], partiendo de una condición de jerarquía en el grupo organizado «que no se comprobó». Sin embargo, la situación de [Nombre 001], como líder de la organización delictiva, sí resultó acreditada con suficiencia, tal y como se analizó en el considerando XVII de este pronunciamiento. Igual situación se presenta con relación al rol de mano derecho de [Nombre 001] que se le endilga a [Nombre 007], tal y como se indicó en el

También debe aclararse que no es posible secundar la afirmación efectuada en el sétimo motivo de apelación incoado por el licenciado Edwin Duartes, en cuanto a que, en este asunto, se aplicó la agravante prevista en el inciso h) del numeral 77 de la Ley N.° 8204. Al calificar los hechos, el tribunal de juicio determinó que la conducta prevista en el ordinal 58 de la Ley de Psicotrópicos se había agravado únicamente por la concurrencia de la causal prevista en el inciso f) del mismo cuerpo normativo: «cuando se organice un grupo de tres o más personas para cometer el delito»; no así en función de la causal contenida en el inciso h): «cuando la persona se valga del ejercicio de un cargo público». Por tal razón, se advierte que la declaratoria con lugar de las quejas relativas a la fundamentación de la pena, se realiza excluyendo expresamente el alegato sobre falta de determinación de liderazgo de [Nombre 001] en la organización, el cuestionamiento sobre el rol cumplido por [Nombre 007] y la falsa afirmación contenida en el motivo sétimo del recurso incoado por el licenciado Edwin Duartes, en cuanto a que ocurrió una supuesta doble valoración de la condición de funcionario público de su defendido [Nombre 013]. Esta aseveración no puede aceptarse, porque parte de una premisa incorrecta: que el a quo hubiese aplicado la agravante prevista en el inciso h) del citado numeral 77 de la Ley N.° 8204. Finalmente, resulta estéril detenerse en las eventuales situaciones de vulnerabilidad que pueden extraerse de los informes psicosociales aportados e incorporados como prueba y que deberán ser analizados en conjunto con el resto de la prueba indiciaria, a fin de determinar su incidencia o no en la determinación del quantum de la pena. Se omite así pronunciamiento sobre el segundo reparo del recurso de apelación formulado por [Nombre 007]. En definitiva, por las razones expuestas, se declaran con lugar las quejas por falta de motivación de las sanciones aplicadas y errónea determinación del quantum de la totalidad de las penas, que se exponen en: 1) los motivos primero y tercero del recurso de apelación incoado por [Nombre 007]; 2) el octavo motivo del recurso interpuesto por [Nombre 024]; 3) el cuarto reparo de la impugnación presentada por el licenciado Juan Carlos Peralta Montoya; 4) el tercer motivo del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Yerilyn Alvarado Castellón; y 5) el tercer motivo del recurso de apelación formulado por la representante del Ministerio Público, este último en relación con la totalidad de las personas imputadas. 6) el quinto punto del motivo único del recurso interpuesto en forma personal por [Nombre 001]; 7) el octavo motivo de apelación formulado por el licenciado Celso Gamboa Sánchez y 8) el sétimo reparo del recurso incoado por el licenciado Edwin Duartes Delgado. Por innecesario, se omite pronunciamiento en torno al segundo motivo del recurso de apelación formulado por [Nombre 007]. En consecuencia, se declaran ineficaces, en su totalidad, las penas fijadas a los sentenciados, disponiéndose la celebración de juicio de reenvío en el cual —de forma imparcial y originaria— una integración diversa del Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada deberá sustanciar nuevamente dicho extremo. Valga recalcar que, debido a que la pena fue impugnada tanto por la defensa, como por el Ministerio Público, no es procedente prevenir al tribunal de reenvío sobre el respeto del principio de no reforma en perjuicio.

Segundo reparo correspondiente al recurso de apelación de sentencia formulado por la representante del Ministerio Público: La licenciada Patricia Núñez alega errónea aplicación de los artículos 103 y 110 del Código Penal, 83 y 87 de la Ley 8204, denominada «Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo». Arguye falta de fundamentación en la denegatoria de comisar todos los instrumentos utilizados para cometer el tráfico internacional de drogas. Reclama que de manera errada se denegó el comiso solicitado por el Ministerio Público, en cuanto a los bienes que no guardaban relación con el evento del 28 de octubre de 2020. Considera la decisión infundada, ya que existía prueba sólida que acreditaba que eran frutos de los ingresos de dinero. Argumenta que el tribunal debió analizar con profundidad los hechos, los informes policiales y la restante prueba, para determinar cuáles eran réditos de la actividad criminal e instrumentos con los que cometieron el delito. Indica que era innecesario demostrar que los bienes provenían del delito de legitimación de capitales, para ordenar su comiso. Estima que no se ponderaron las cantidades de droga decomisadas y los transportes a gran escala que realizaba la organización criminal. Señala que la devolución de bienes se hizo sin una adecuada justificación. En el caso de los vehículos, señala que estos se utilizaron para reuniones y desplazamientos propios del grupo criminal. Respecto de las cuentas congeladas y dinero que el tribunal de juicio puso a disposición de los imputados, indica que el a quo omitió considerar que, si bien el congelamiento de las cuentas obedeció a una medida cautelar atípica, el apartado sexto de la pieza acusatoria establece que dichos dineros fueron obtenidos producto del narcotráfico y ese delito sí se tuvo por demostrado en sentencia (cfr. f. 9557). En apoyo a su postura, cita el voto n.° 1038-2018 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. El motivo se declara con lugar (informa la jueza Hernández Leiva). Como punto de partida, es necesario señalar que esta Cámara declaró con lugar el cuarto motivo del recurso de apelación promovido por el Ministerio Público y, en consecuencia, anuló de forma parcial la sentencia impugnada y ordenó el reenvío a juicio de la causa, para que se sustancie nuevamente lo relativo a la responsabilidad penal de las personas imputadas [Nombre 001], [Nombre 010], [Nombre 007], [Nombre 020], [Nombre 024] y [Nombre 016], por el delito de legitimación de capitales. En virtud de lo anterior, así como el tribunal de instancia ordenó la devolución de los bienes como consecuencia lógica de la decisión absolutoria indicada, esta Cámara de manera necesaria e ineludible, ante el reenvío indicado, debe anular lo dispuesto en el

considerando IX de la sentencia impugnada denominado «Sobre las disposiciones de comiso de bienes, cese del comiso y dineros incautados, devolución de bienes y otros»  (cfr. fs. 1647 a 1674 según numeración propia de la sentencia), en el que se ordenó la devolución de una importante cantidad de bienes vinculados a dichos justiciables, con fundamento en que no se probó el ilícito de legitimación de capitales. En esa condición se encuentran los bienes enlistados en los puntos que se dirán:

Bajo el título «C.) Se ordena la devolución de los siguientes bienes una vez firme esta sentencia», los identificados en los apartados «C.5.) [Nombre 001]» y «C.6.) [Nombre 013] y [Nombre 016]».

Del título «C.8.) Se ordena devolución de los semovientes o su valor al momento de la subasta cuando se decomisaron una vez firme esta sentencia», los bienes detallados en el apartado «C.8.2.) [Nombre 007]».

Los descritos en el punto denominado «E) [Nombre 010]», por vincularse tanto con [Nombre 010] como a [Nombre 001].

Los detallados en el punto «F.) Evidencia Relacionada con [Nombre 020]».

En igual sentido, los reseñados bajo el título «G.) [Nombre 016]».

Del apartado «I.) Bienes inmuebles», las propiedades inscritas a nombre de [Nombre 007], [Nombre 001], [Nombre 010], así como de las personas jurídicas con las cuales se les vincula.

Del punto «J.) Bienes muebles», los vehículos relacionados con [Nombre 001], [Nombre 020], [Nombre 007], [Nombre 024] y las personas jurídicas vinculadas con ellos. Lo anterior tomando en consideración que, si el a quo llegara a una conclusión distinta en el juicio de reenvío respecto de la responsabilidad penal de los sindicados, eventualmente también podría determinar que los bienes aludidos se ajustan a alguna de las hipótesis que faculta el comiso, de conformidad con el numeral 110 del Código Penal. Una situación similar se presenta con el dinero de las cuentas bancarias de los encartados, al que se aludió en el considerando VIII de la sentencia, identificado «Sobre otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva» (cfr. fs. 1643 a 1647 según numeración propia de la sentencia), por cuanto el a quo afirmó que «el sustento probatorio que tenía el ente fiscal se desvaneció al dictarse la absolutoria por el delito de legitimación de capitales para los encartados» (cfr. f. 1643 según numeración propia de la sentencia). Queda claro entonces que la decisión de no ordenar el comiso sobre esos dineros también se cimentó, lógicamente, en el dictado de la sentencia absolutoria por el ilícito de legitimación de capitales, por lo que, al decretarse la nulidad de esa decisión en el presente pronunciamiento, procede una nueva discusión de fondo sobre la procedencia y destino de esos valores. Se debe señalar que en el punto seis de la relación de hechos acusada se les describe como parte de los bienes presuntamente legitimados, lo que confirma la clara correspondencia con el objeto del reenvío. Se reitera que, justamente por esa relación inescindible de los hechos por los cuales se ordenó el juicio de reenvío con los bienes y valores a los que se ha venido haciendo alusión, el destino definitivo de estos últimos también debe ser debatido nuevamente. Conviene puntualizar que, en relación con los dineros de las cuentas bancarias de los justiciables, el levantamiento de la medida cautelar atípica devenía como consecuencia lógica y necesaria, a la luz de la decisión absolutoria tomada por el a quo, máxime porque el Ministerio Público no procedió con el decomiso de esos valores y su consecuente traslado a las cuentas del Instituto Costarricense sobre

Drogas para su custodia, pese a que era factible de conformidad con el numeral 83 de la Ley N.° 8204. Empero, por las razones ya aludidas, al volver la causa a juicio, procede una nueva discusión sobre ese dinero y su destino. En lo que atañe a los objetos vinculados con [Nombre 004] (hecho acusado 5.7 a

5.7.2), identificados en los apartados «C.4.) [Nombre 004]» (cfr. f. 1658 a 1659 de la sentencia); «C.8.) Se ordena devolución de los semovientes o su valor al momento de la subasta cuando se decomisaron una vez firme esta sentencia […] C.8.1.) [Nombre 004]» (cfr. fs. 1660 a 1661); «I.) Bienes inmuebles» (cfr. f. 1668), «J.) Bienes muebles» (cfr. f. 1668 a 1669) y el dinero de las cuentas bancarias a nombre de [Nombre 013], [Nombre 021], [Nombre 019], [Nombre 004] y [Nombre 027], estima esta Cámara que igualmente procede una nueva discusión de fondo sobre su destino. A dichos imputados se les declaró autores responsables del delito de tráfico de drogas agravado, de conformidad con los numerales 58 y 77 de la Ley N.° 8204, decisión que esta Cámara ha fiscalizado en el presente fallo y sobre la que se ha concluido que se encuentra apegada a Derecho. Ahora bien, la pretensión del Ministerio Público para el comiso sobre esos bienes y valores se cimentó, a lo largo del proceso, en que se les consideraba el provecho de la actividad ilícita aludida; empero, la sentencia descartó dicha circunstancia sin la debida fundamentación, porque se limitó a establecer que la devolución de los bienes era procedente: «al no haberse demostrado el vínculo con el delito de legitimación de capitales que se le venía atribuyendo a los encartados o con el de psicotrópicos que aún y cuanto estuvieran en el vivienda de los encartados no se demostró la relación con el delito como es el caso de algunos vehículos cuya demostración de que sean producto de la actividad ilícita no fue constatada» (f. 1657 de la sentencia). El anterior razonamiento es, a todas luces, limitado, porque la afirmación de que no se puede relacionar el origen de esos bienes se efectuó de forma totalmente genérica, sin referencia alguna a la prueba o circunstancias del caso que impedían realizar esa vinculación. Si bien es cierto durante la etapa de debate se verificaron deficiencias en la pericia financiera llevara a cabo en la presente sumaria, no era el único material probatorio con el que contaba el tribunal, pues al expediente se encuentra agregada una importante cantidad de prueba documental que alude al perfil financiero de los justiciables y que habría permitido establecer si existía concordancia entre sus actividades remunerativas lícitas y los bienes que ostentaban, así como cualquier otro aspecto relevante para esclarecer este tópico y que claramente requería un estudio más profundo que, en el caso de los bienes y valores, no se observa. Entiende esta Cámara que la sentencia es una unidad lógica y que a estos justiciables no se les atribuyó responsabilidad penal por el delito de legitimación de capitales. En el apartado correspondiente a la absolutoria, el tribunal explicó las razones por las cuales estimó que no era posible determinar la concurrencia de dicha ilicitud, por la imposibilidad de determinar el origen de los bienes y valores que tenían en su poder. Sin embargo, en el presente pronunciamiento se determinó que esa decisión no se encontraba adecuadamente sustanciada y por ello se ordenó el reenvío a juicio de los imputados por los cuales se recurrió la decisión. Aunque contra los encartados [Nombre 013], [Nombre 021], [Nombre 019], [Nombre 004], [Nombre 028] y [Nombre 027] no se ordenó el juicio de reenvío por el delito de legitimación de capitales, ello no limita la discusión sobre los bienes, pues lo cierto es que, como ya se indicó, el origen ilícito que se les atribuye se afinca en la actividad de trasiego de drogas. En virtud de lo expuesto, estima esta Cámara que lo procedente es acoger la queja de la representante fiscal en este extremo y ordenar el juicio de reenvío para nueva sustanciación sobre el destino de los bienes y valores vinculados también con estos últimos sindicados. En lo que respecta al dinero relacionado con [Nombre 033], detallado en el considerando «VIII. Sobre otras medidas cuatelares (sic) distintas a la prisión preventiva impuesta » (cfr. f. 1643 a 1647) se presenta una circunstancia distinta, pues dicho justiciable resultó absuelto de todas las delincuencias que le fueron atribuidas, decisión que adquirió firmeza al no ser recurrida por el Ministerio Público. Sobre los bienes del encartado [Nombre 013], identificados en los apartados «C.2.) [Nombre 013]» (cfr. f. 1657 de la sentencia) y «C.3.) Evidencia relacionada con [Nombre 013] (casa pareja sentimental [Nombre 281], cédula de identidad [Valor 119])» (cfr. f. 1658 de la sentencia) con excepción del vehículo Chevrolet modelo Spark, placas metálicas [Valor 081] — al que se aludió líneas atrás—, observa esta Cámara que, en su mayoría, se trata de documentos de uso personal, así como dispositivos de almacenamiento de información. En lo que a estos respecta, el a quo dispuso su devolución porque no se pudo establecer —y esta Cámara tampoco la observa— alguna de las condiciones objetivas previstas en el numeral 110 del Código Penal para el comiso de bienes. En su recurso, la representante fiscal no detalló alguna circunstancia que conduzca a una conclusión distinta, en el tanto su planteamiento resultó genérico. En consecuencia, sobre esos bienes no encuentra esta Cámara error alguno en la decisión del tribunal de instancia, de disponer su devolución. Finalmente, sobre los vehículos de terceros que no fueron llamados al proceso, es necesario hacer algunas precisiones. En esa condición se encuentran los siguientes bienes:

Hyundai Palisade, todo terreno, color vino oscuro, placas temporales [Valor 100], 5 puertas, inscrito a nombre de GRUPO Q, descrito en el acta de secuestro número 80367;

Chevrolet Spark de color blanco, placas metálicas [Valor 097], [Nombre 217]KL1CM6CD9FC719748. Inscrito a nombre de [Nombre 281]. A ellos se refirió la sentencia de instancia en el apartado  «C.7.) Sobre la devolución de bienes a terceros que no fueron llamados al proceso» (cfr. f. 1659 a 1660 según numeración de la sentencia). Como fundamento para no ordenar el comiso se indicó: «si bien fueron utilizados en la actividad ilícita del narcotráfico por haber terceros de buena fe afectados y no haberlos informado de este proceso, el Ministerio Publico no los tuvo como parte y por ende existió una violación al debido proceso para ellos, se ordena la devolución del bien porque no podría ordenarse el comiso, por afectarse el derecho de ese (sic) terceros sobre el bien» (f. 1660 del fallo). El Ministerio Público, mediante la impugnación sometida a conocimiento, muestra su inconformidad con esa decisión y parece entender que la simple concurrencia de alguna de las condiciones previstas en el ordinal 110 del Código Penal basta para que se ordene el comiso. Olvida que cuando existen terceros que podrían verse afectados es necesario darles audiencia para que, si así lo desean, se apersonen al proceso y ejerzan la defensa de sus bienes. En ese sentido, la norma aludida refiere expresamente que procede el comiso «salvo el derecho que sobre ellos tengan el ofendido o terceros». Más aún, el ordinal 93 de la Ley N.° 8204, señala: «Las medidas y sanciones referidas en los artículos precedentes a este capítulo, se aplicarán sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. Conforme a derecho, se les comunicará la posibilidad de apersonarse en el proceso, a fin de que hagan valer sus derechos, a quienes puedan alegar interés jurídico legítimo sobre los bienes, productos o instrumentos». Los preceptos anteriores deben leerse de forma conjunta con el numeral 94 de la última ley citada, según el cual: «El tribunal o la autoridad competente dispondrá la devolución de los bienes, productos o instrumentos al reclamante, cuando se haya acreditado y concluido que: a) El reclamante tiene interés legítimo respecto de los bienes, productos o instrumentos. b) Al reclamante no puede imputársele autoría de ningún tipo ni participación en un delito de tráfico ilícito o delitos conexos objeto del proceso. c) El reclamante desconocía, sin mediar negligencia, el uso ilegal de bienes, productos o instrumentos o cuando, teniendo conocimiento, no consintió de modo voluntario en usarlos ilegalmente. d) El reclamante no adquirió derecho alguno a los bienes, productos o instrumentos de la persona procesada, en circunstancias que, razonablemente, llevan a concluir que el derecho sobre aquellos le habría sido transferido para efectos de evitar el posible secuestro y comiso. e) El reclamante hizo todo lo razonable para impedir el uso ilegal de los bienes, productos o instrumentos». Véase que el propio legislador indica que cuando se verifica alguna condición de las señaladas en la norma citada, lo que corresponde es la devolución del bien. Y es que la concurrencia de alguna de ellas es lo que genera que al propietario o titular se le considere de «buena fe». Esa calificación es una valoración de fondo que deberá realizar el tribunal de juicio en sentencia. El Ministerio Público a priori puede hacer su propia prognosis, pero esta no condiciona, ni mucho menos vincula al tribunal de juicio. Si este último no tiene claridad de la condición del tercero y no se le dio audiencia durante la tramitación de la causa, de ninguna manera podría el juzgador ordenar el comiso y eso justamente fue lo que ocurrió en este caso. En un sentido similar se ha pronunciado la Sala Tercera en diversas resoluciones —que esta Cámara comparte—, entre ellos la n.° 1998-74 de las 9:15 horas del 23 de enero de 1998, reiterada posteriormente en el voto la n.° 2017-796 de las 14:40 horas del 30 de agosto de 2017, en el que se estableció: «[…] Las autoridades competentes no deben preocuparse únicamente de anotar la existencia de la causa y el embargo respectivo en el Registro correspondiente; deben llamar a los titulares del bien, si resultan distintos del acusado -personas que, dependiendo de las circunstancias, podrían incluso figurar como partícipes en el hecho investigado, así como a los terceros que puedan verse afectados con la medida y cuyos derechos consten por encontrarse amparados a la publicidad registral -sin perjuicio de las alegaciones de otros terceros que se apersonen al proceso en reclamo de derechos o intereses legítimos sobre dichos bienes, cuya relevancia habrá de analizarse en el caso concreto-, porque la omisión de ese elemental proceder no sólo lesiona los derechos de terceros, sino que además dan al traste   con   las   posibilidades   del   Estado   de    comisar   esos

bienes[…]"  (Resaltado no corresponde al original). En un sentido similar el fallo

n.° 2005-1273, de las 10:00 horas del 14 de noviembre de 2005, de esa misma Cámara detalla: «De conformidad con el artículo 110 del Código Penal: […]  Por su parte, de conformidad con el artículo 93 de la Ley sobre estupefacientes, a quienes puedan alegar un interés jurídico legítimo sobre los bienes, productos o instrumentos utilizados en la comisión de delitos previstos en esa ley, o producto de ellos, se les comunicará la posibilidad de apersonarse en el proceso, a fin de que hagan valer su derecho. Por otro lado, el artículo 94 contempla que se dispondrá la devolución de los bienes, cuando se haya acreditado, además del interés legítimo, que al reclamante no se le pueda imputar participación en el delito, que desconocía el uso del bien, o conociéndolo, no consintió en él, sino que hizo todo lo razonable para impedir el uso ilegal.  En consecuencia, si estos extremos quedaban probados, debía devolverse el bien. En el presente caso, no consta que, a la dueña registral, […], ni a la acreedora hipotecaria, […] (folio 588 vto.) se les haya comunicado el decomiso del bien, para que alegaran lo que tuvieran a bien, ni tampoco se refiere el fallo a las circunstancias contempladas en el artículo 94 mencionado.  La sentencia adolece de falta de fundamentación en ese extremo, además de omitir las comunicaciones a las interesadas.  Por lo indicado, se anula el fallo recurrido únicamente en lo que se refiere al comiso del vehículo Hyundai, placa # […], inscrito a nombre de […]. Se ordena el reenvío de la causa para su debida tramitación en ese único aspecto». Por último, destaca el voto n.° 2006-00712, de las 10:45 hora del 7 de agosto de 2006, también de la Sala Tercera en el que se indicó: «Acorde con lo dispuesto en el texto del artículo 110 del Código Penal: […]. En ese entendido, el artículo 93 de la Ley # 8204, sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas, dispone que quienes puedan alegar un interés jurídico legítimo sobre los bienes, productos o instrumentos utilizados en la comisión de ilícitos previstos en esa ley o producto de ellos, se les comunicará la posibilidad de apersonarse en el proceso, a fin de que hagan valer sus derechos. Mientras que el artículo 94 ibidem, dispone la devolución de los bienes cuando se haya acreditado - además del interés legítimo - que al reclamante no pueda imputársele participación en el suceso delictivo, que desconocía el uso del bien, o conociéndolo, no consintió en él, sino que hizo todo lo razonable para impedir el uso ilegítimo, aspectos que una vez acreditados permitirían disponer la devolución del bien. En el presente caso, de oficio se observa, que ni siquiera consta que a la dueña registral, [Nombre 294] (ver folio 266) se le comunicara el decomiso del bien, de modo que alegara lo que tuviera a bien. En consecuencia, siendo el comiso una consecuencia del hecho punible y apreciando la Sala existencia de un manifiesto caso de indefensión, violatoria del debido proceso legal, al vulnerarse los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, no sólo en perjuicio del recurrente, sino también en daño de la propietaria registral, así como una evidente carencia de fundamento al omitirse total consideración en cuanto a los aspectos contemplados por el artículo 94 ibidem, se declara con lugar el reclamo. Se anula la sentencia impugnada, únicamente en lo referente al comiso del pick-up marca Toyota, estilo Tacoma, placas # […], inscrito a nombre de [Nombre 294]. Se ordena el reenvío de la causa para su debida tramitación en ese único aspecto». De lo dicho se extrae entonces como conclusión, que la audiencia a terceros que puedan alegar algún derecho no debe ser considerada como optativa, sino como un paso necesario, previo a pronunciarse sobre el comiso. En virtud de lo expuesto, procede el reenvío a juicio para que se subsane la falencia apuntada, es decir, para que se dé audiencia a los terceros interesados y se proceda a una nueva discusión de fondo sobre la posibilidad o no de ordenar el comiso de los automotores detallados supra. Con base en lo expuesto, se declara con lugar el segundo motivo del recurso de apelación de sentencia presentado por la fiscal Núñez Alvarado; por consiguiente, se anula la orden de devolución de los bienes relacionados con los encartados [Nombre 001], [Nombre 010], [Nombre 007], [Nombre 020], [Nombre 024], [Nombre 016], [Nombre 004], [Nombre 013], [Nombre 021], [Nombre 019], [Nombre 028] y [Nombre 027]. Se anula la orden de devolución del vehículo marca Hyundai, estilo Palisade, descrito en el acta de secuestro número 80367; así como del vehículo marca Chevrolet, estilo Spark, placas [Valor 081]. Se dispone el reenvío a juicio para nueva discusión del destino definitivo de los bienes y dineros, vinculados a dichos justiciables y personas jurídicas relacionadas a ellos, previa audiencia a los terceros interesados. Sobre los bienes del encartado [Nombre 013], identificados en los apartados «C.2.) [Nombre 013]» (cfr. f. 1657 de la sentencia) y «C.3.) Evidencia relacionada con [Nombre 013] (casa pareja sentimental [Nombre 281], cédula de identidad [Valor 119])» (cfr. f. 1658 de la sentencia) con excepción del vehículo Chevrolet modelo Spark, placas metálicas [Valor 081] — se declara sin lugar el motivo.

Prórroga de prisión preventiva. De conformidad con los numerales 10 de la Ley N.° 9481 y 258 del Código Procesal Penal, párrafo cuarto, así como la resolución n.° 2025-742, de las 15:13 horas del 26 de junio de 2025 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, se ordena la prórroga de la prisión preventiva de [Nombre 001], [Nombre 004], [Nombre 283], [Nombre 019], [Nombre 027]. [Nombre 021], [Nombre 013], [Nombre 016], [Nombre 024], [Nombre 031] y [Nombre 028], por el plazo de doce meses, contabilizados desde la fecha de vencimiento, es decir el 10 de diciembre de 2025, hasta el 10 de diciembre de 2026, con la finalidad de que se celebre el juicio de reenvío que se ha dispuesto con el fin de que se determine y fundamenten las sanciones a imponer a los justiciables [Nombre 001], [Nombre 007], [Nombre 013], [Nombre 016], [Nombre 004], [Nombre 019], [Nombre 027], [Nombre 021], [Nombre 024], [Nombre 031] y [Nombre 028] por el delito de tráfico de drogas por el cual se les condenó; así como para una nueva discusión de la eventual responsabilidad penal de [Nombre 010] y [Nombre 020] por el ilícito de tráfico de drogas; también, se ordena la celebración de juicio de reenvío en lo que respecta a [Nombre 013] y [Nombre 016], por los delitos de peculado y procuración de impunidad. Finalmente, se ha dispuesto el reenvío de la causa para que se discuta nuevamente de forma independiente, si [Nombre 001], [Nombre 010], [Nombre 007], [Nombre 020], [Nombre 024] y [Nombre 016], podrían eventualmente tener responsabilidad por el delito de legitimación de capitales. Toma en consideración esta Cámara, que las circunstancias que motivaron la imposición de la medida cautelar no han variado, toda vez que el peligro de fuga se mantiene subsistente, dada la debilidad de arraigos de los justiciables. Aunado a lo anterior, la declaratoria de responsabilidad penal de [Nombre 001], [Nombre 004], [Nombre 283], [Nombre 019], [Nombre 027]. [Nombre 021], [Nombre 013], [Nombre 016], [Nombre 024], [Nombre 031] y [Nombre 028], por el delito de tráfico de drogas, fue revisada y confirmada por este Tribunal, lo que constituye un fuerte incentivo para que las personas imputadas se evadan del proceso penal en caso de quedar en libertad, considerando las elevadas penas a las que podrían enfrentarse si su situación jurídica se consolida. Al respecto, la Sala Constitucional, en resolución 305052025, de las 09:30 horas del 19 de setiembre de 2025 indicó: «En reiteradas ocasiones esta Sala ha considerado que una sentencia condenatoria puede constituir base suficiente para revocar una excarcelación concedida o acordar una prisión no dispuesta previamente durante la tramitación del proceso, pues esa circunstancia hace variar el estado en que se encontraba el sometido a juicio antes de que se diera y en algunos casos ser la causa de una evasión a la acción de la justicia. No significa esto que el estado de inocencia que goza el imputado mientras una sentencia firme no disponga lo contrario, o que se haga una distinción ilegítima, sino que la situación de los acusados frente al proceso cambia. Ese cambio puede alterar la relación de aquellos con los fines del proceso y en consecuencia motivar que se disponga la restricción a la libertad, para proteger esos fines, los cuales también tienen raigambre constitucional (ver la sentencia No. 2023-032737 de las 09:20 horas de 15 de diciembre de 2023, así como la sentencia No. 2025-012212 de las 09:20 horas de 25 de abril de 2025)» (Resaltado suplido). En este contexto la prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva es la única que puede paliar de forma efectiva ese peligro procesal y mantener a las personas acusadas sujetas al proceso, mientras se lleva a cabo el juicio de reenvío que se ha sido dispuesto en el presente pronunciamiento.