Resolución 00037-2025

De conformidad con lo expuesto y en aplicación de los artículos 1, 28, 37, 39 y 41 de la Constitución Política, 8.1 y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, numerales 1, 14 a 17, 25, 29 y 34 de la Ley de Delincuencia Organizada (Ley N° 8754), artículos 1 a 5, 8 a 12, 14, 17 de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (Ley N° 9481 y sus reformas), artículos 2, 3, 5, 6 y siguientes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (ratificada por Costa Rica mediante la Ley N° 8302 del 29 de agosto de 2002), artículos 1 y 5 de la Ley de Distribución de Bienes Confiscados o Caídos en Comiso, artículos 1, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 45, 47, 50, 51, 71 a 76, 110, 209, 213 inciso 1) y 3), 228, 229 y 281 del Código Penal, artículos 1 al 13, 50, 51, 142, 175 a 184, 239, 240, 244, 258, 265, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 367 y concordantes del Código Procesal Penal, este Tribunal de manera unánime resuelve lo siguiente: 1)-Sobre protestas por Actividad Procesal Defectuosa: Por unanimidad se declaran sin lugar las actividades procesales defectuosas que fueron incoadas por las defensas técnicas de los encartados. 2)- Sobre absolutorias: En aplicación del principio universal In dubio pro reo se absuelve a: [Nombre 019] de diez delitos de Robo Agravado, los cuales fueron enumerados dentro de la pieza acusatoria como los eventos 5.6, 5.9, 5.11, 5.12, 5.16, 5.25, 5.26, 5.27, 5.44 y 5.45. A [Nombre 005] de doce delitos de Robo Agravado, los cuales fueron enumerados dentro de la pieza acusatoria como los eventos 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.11, 5.12, 5.14, 5.16, 5.22, 5.23, 5.44 y 5.45. A [Nombre 011] de once delitos de Robo Agravado, los cuales fueron enumerados dentro de la pieza acusatoria como los eventos 5.4, 5.6, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.16, 5.34, 5.35, 5.44 y 5.45. A [Nombre 008] de once delitos de Robo Agravado, los cuales fueron enumerados dentro de la pieza acusatoria como los eventos 5.4, 5.6, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.14, 5.16, 5.19, 5.44 y 5.45. Y a [Nombre 010] de doce delitos de Robo Agravado, los cuales fueron enumerados dentro de la pieza acusatoria como los eventos 5.4,

5.6, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.16, 5.25, 5.26, 5.27, 5.44 y 5.45. 3)- Sobre condenas: (i.) Por unanimidad se declara a [Nombre 019] coautor responsable de VEINTITRÉS DELITOS DE ROBO AGRAVADO cometidos en perjuicio de [Nombre 020] y otros (eventos 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.10, 5.21, 5.24, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.39, 5.40, 5.41 y 5.42 de la pieza acusatoria), en tal carácter se le impone la pena de SIETE AÑOS Y SEIS MESES de prisión por cada uno de dichos ilícitos. Así mismo, de forma unánime se declara al justiciable [Nombre 019] coautor responsable de un delito de DAÑOS AGRAVADOS cometido en perjuicio de [Nombre 021] (evento 5.38), y en tal carácter se le impone la pena de SEIS MESES de prisión. También, se declara a [Nombre 019] coautor responsable del delito de Asociación ilícita en perjuicio de la Tranquilidad Pública y en tal carácter se impone la pena de UN AÑO de prisión de prisión (hecho 1 de la acusación). Los delitos de Robo Agravado y Daños Agravados concursan de forma material entre sí, y éstos a su vez concursan de manera ideal con el delito de Asociación Ilícita, por lo que de conformidad con las reglas del concurso se le impone la pena del delito más grave aumentada en un año. As í es que, la pena total impuesta al encartado [Nombre 019] es de CIENTO SETENTA Y CUATRO AÑOS de prisión, misma que según las reglas concursales se adecúa a VEINTIDÓS AÑOS SEIS MESES de prisión. (ii.) Por unanimidad se declara a [Nombre 005] coautor responsable de DIECISIETE DELITOS DE ROBO AGRAVADO cometidos en perjuicio de [Nombre 020] y otros (eventos 5.1, 5.3, 5.8, 5.13, 5.21, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.40, 5.41, 5.42 y 5.43 de la pieza acusatoria), en tal carácter se le impone la pena de SIETE AÑOS Y SEIS MESES de prisión por cada uno de dichos ilícitos. Así mismo, de forma unánime se declara al justiciable [Nombre 005] coautor responsable de un delito de DAÑOS AGRAVADOS cometido en perjuicio de [Nombre 021] (evento 5.38), y en tal carácter se le impone la pena de SEIS MESES de prisión. También, se declara a [Nombre 005] coautor responsable del delito de Asociación ilícita en perjuicio de la Tranquilidad Pública y en tal carácter se impone la pena de UN AÑO de prisión de prisión (hecho 1 de la acusación). Los delitos de Robo Agravado y Daños Agravados concursan de forma material entre sí, y éstos a su vez concursan de manera ideal con el delito de Asociación Ilícita, por lo que de conformidad con las reglas del concurso se le impone la pena del delito más grave aumentada en un año. Así es que, la pena total impuesta al encartado [Nombre 005] es de CIENTO VEINTINUEVE AÑOS de prisión, misma que según las reglas concursales se adecúa a VEINTIDÓS AÑOS SEIS MESES de prisión. (iii.) Por unanimidad se declara a [Nombre 011] coautor responsable de DOS DELITOS DE ROBO AGRAVADO cometidos en perjuicio de [Nombre 022] y [Nombre 023] (eventos 5.30 y 5.31), en tal carácter se le impone la pena de SEIS AÑOS Y SEIS MESES de prisión por cada uno de dichos ilícitos. También se declara a [Nombre 011] coautor responsable del delito de Asociación ilícita en perjuicio de la Tranquilidad Pública y en tal carácter se impone la pena de un año de prisión de prisión (hecho 1 de la acusación). Ambos delitos de robo agravado cometidos en concurso material entre sí y a su vez concursan de forma ideal con el delito de Asociación ilícita, por lo que la pena impuesta es la del delito más grave aumentada en un año, para un total de CATORCE AÑOS de prisión. (iv.) Por mayoría se declara a [Nombre 008] coautor responsable de UN DELITO DE ROBO AGRAVADO cometido en perjuicio de [Nombre 024] (evento 5.21), y en tal carácter se le impone la pena de SEIS AÑOS Y SEIS MESES de prisión. Así mismo, por mayoría se declara a [Nombre 008] coautor responsable del delito de Asociación ilícita en perjuicio de la Tranquilidad Pública y en tal carácter se impone la pena de un año de prisión de prisión (hecho 1 de la acusación). El ilícito de Robo Agravado concursa de forma ideal con el delito de Asociación ilícita, por lo que según las reglas del concurso, se impone la pena del delito más grave aumentada en un año, quedando la sanción impuesta en un total de SIETE AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN. La jueza Valverde Delgado salva el voto y en aplicación del principio universal de In dubio pro reo absuelve al encartado [Nombre 008] por los delitos de Robo Agravado y Asociación Ilícita. (v.) Se declara a [Nombre 010] coautora responsable de DOS DELITOS DE ROBO AGRAVADO cometidos en perjuicio de [Nombre 025] y [Nombre 026] (eventos 5.41 y 5.42), en tal carácter, por mayoría se le impone la pena de TRES AÑOS Y TRES MESES de prisión por cada uno de dichos ilícitos. También se declara a [Nombre 010] coautora responsable del delito de Asociación ilícita en perjuicio de la Tranquilidad Pública y en tal carácter se impone la pena de un año de prisión de prisión (hecho 1 de la acusación). Ambos delitos de robo agravado cometidos en concurso material entre sí y a su vez concursan de forma ideal con el delito de Asociación ilícita, por lo que se impone la penal del delito más grave aumentada en un año, quedando la pena total impuesta en SIETE AÑOS Y SEIS MESES de prisión. La jueza Valverde Delgado realiza nota respecto a la participación de la imputada, y la declara cómplice responsable de dos delitos de Robo Agravado y un delito de Asociación Ilícita. El juez Álvarez Campos salva el voto únicamente con respecto a la pena impuesta a [Nombre 010] por los delitos de Robo Agravado, considera que no corresponde aplicar el inciso g) del numeral 71 en correlación con el ordinal 72 del Código Penal, en su lugar impone la pena de siete años de prisión por cada delito. Las penas que han sido impuestas deberán ser descontadas en el lugar y forma que indique el Reglamento del Sistema Penitenciario previo abono de la preventiva cumplida por las personas sentenciadas. 3)- Sobre las medidas cautelares: De conformidad con el artículo 258 del Código Procesal Penal y 10 de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada se ordena la prórroga de la prisión preventiva contra [Nombre 019] y [Nombre 005] por el plazo de DOCE MESES, contados a partir de su vencimiento, sea del treinta de marzo del año dos mil veinticinco y hasta el treinta de marzo del año dos mil veintiséis inclusive. Respecto a la medida cautelar que pesa contra la sentenciada [Nombre 010], se ordena la prórroga por DOCE MESES a partir de su vencimiento, sea desde el 30 de marzo de 2025 y hasta el 30 de marzo de 2026. Por mayoría, se ordena la prisión preventiva en contra de [Nombre 011] por el plazo de DOCE MESES a partir del día de hoy y hasta el 06 de marzo de 2026. La jueza Valverde Delgado salva el voto y mantiene las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que consisten en la firma periódica quincenal, mantener domicilio fijo, no cometer nuevos delitos y la prohibición de portar armas. Por mayoría, se ordena la medida cautelar de arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico en contra de [Nombre 008] por el plazo de DOCE MESES a partir del día de hoy y hasta el 06 de marzo de 2026; para tales efectos se fija su domicilio en [...]. Además, se le otorga al sentenciado un plazo de VEINTICUATRO HORAS a fin de que se presente a la Unidad Especializada de Monitoreo y Dispositivos Electrónicos del Ministerio de Justicia y Paz para la colocación del dispositivo. La jueza Valverde Delgado salva el voto y lo mantiene en libertad. 4)- Sobre la evidencia: (i.) Firme la sentencia se ordena el comiso en favor del Instituto Costarricense sobre Drogas de: a)- Un teléfono celular, marca Huawei color negro, IMEI 864063030232170, con un SIM marca Claro con la numeración 8950603021942030938F y una tarjeta microSD marca Kingston de 32Gb, (acta de secuestro Nº0153025, de folio 1597).

b)- Un teléfono celular marca Motorola color celeste, con los números de IMEI: IMEI 1 358002311225209/10, IMEI 2 358002312325207/10, con tarjeta SIM marca Movistar con el número 8950604302105893943 (acta de secuestro Nº0177605, de folio 1604). c)- Un teléfono celular marca Motorola, color rosado, con los IMEI, IMEI 1 35007738079935702 y IMEI 2 35007738079936502, con tarjeta SIM marca Movistar número 8950604302008653154 (acta de secuestro Nº0177606, de folio 1603). d)- Un teléfono celular marca LOGIC de color negro número de IMEI353609100238444 con dos tarjetas SIM: una marca Kolbi 89506010618211964959 y otra marca Claro número 8950603018873414187 (acta de Secuestro Nº0177656, de 1636). También se ordena la destrucción de las diecisiete municiones calibre.38, decomisadas mediante acta de secuestro Nº0153088, de folio 1755. (ii.) Sobre el dinero decomisado: Se ordena el comiso en favor del Instituto Costarricense sobre Drogas de sesenta mil colones (?60.000), decomisados mediante acta de secuestro Nº 0177607 de folios 1602 y 1756. (iii.) Sobre el resto de los bienes y/o evidencia procédase conforme al considerando respectivo. Son los gastos del proceso penal a cargo del Estado. Se ordena la comunicación de esta sentencia al Registro Judicial, al Juzgado de Ejecución de la Pena, al Instituto Nacional de Criminología, al Centro de Información Penitenciaria, y a la Dirección Nacional de Migración y Extranjería. Se resuelve sin especial condenatoria en costas, siendo los gastos del proceso penal a cargo del Estado. De conformidad con lo establecido en la Circular 293-2023, emitida por el Consejo Superior, se le informa a las personas sentenciadas, que cuentan con la posibilidad de ser asistidos por un defensor público durante el proceso de ejecución de sentencia una vez que haya adquirido firmeza la misma. Hágase saber mediante lectura. - Christian Álvarez Campos Melissa García Garita Virginia Valverde Delgado Juez y juezas Tribunal Especializado en Delincuencia Organizada I Circuito Judicial de San José" (sic)

En la sumaria 24-000006-1965-PE, mediante sentencia n°001-2025, de las 10:00 horas, del 30 de enero de 2025, el Tribunal Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada resolvió lo siguiente: ³

De conformidad con lo expuesto y en aplicación de los artículos 1, 28, 37, 39 y 41 de la Constitución Política, 8.1 y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, numerales 1, 14 a 17, 29, 34 de la Ley de Delincuencia Organizada ley número 8754, artículos 1 a 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17 de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada ley número 9481 y sus reformas, artículos 2, 3, 5, 6 y siguientes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (ratificada por Costa Rica mediante ley número 8302 del 29 de agosto de 2002), artículos 1 a 3, 9 a 11, 13, 18, siguientes y concordantes de la ley número 7425, Ley sobre Registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones, artículos 1, 11, 18, 19, 20, 22, 30, 31, 45, 50, 51, 59, 71 a 74, 76, 110, 208, 209 incisos 7, 212, 213 inciso 1) y 3), 281 del Código Penal, artículos 1 al 13, 142, 180, 181, 182, 184, 258, 265, 360, 361, 363, 364, 365, 366 y 367 del Código Procesal Penal, por unanimidad en sus votos, este Tribunal resuelve lo siguiente:

En aplicación del principio universal In dubio pro reo se absuelve a [Nombre 014] por nueve delitos de Robo Agravados que le fueron acusados y numerados como 5.4, 5.6, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.16, 5.44 y 5.45 en la acusación.

Se declara a [Nombre 014] autor responsables del delito de Asociación ilícita en perjuicio de la Tranquilidad Pública y en tal carácter se impone la pena de dos años de prisión (hecho 1 de la acusación). Asimismo se declara a [Nombre 014] autor responsable de DIEZ delitos de Robo Agravado en perjuicio de [Nombre 027], [Nombre 017], [Nombre 028], [Nombre 029], [Nombre 024], [Nombre 032], [Nombre 033], [Nombre 034], [Nombre 035] y [Nombre 036], y en tal carácter se imponen las siguientes penas: por el hecho numerado en la acusación como 5.15 la pena de siete años de prisión, para el hecho 5.18 la pena de ocho años de prisión, por el hecho 5.19 la pena de ocho años de prisión, por el hecho 5.20 la pena de ocho años de prisión, por el hecho 5.21 la pena de ocho años de prisión, por el hecho 5.22 la pena de ocho años de prisión, por el hecho 5.23 la pena de ocho años de prisión, por el hecho 5.24 la pena de ocho años de prisión, por el hecho 5.29 la pena de nueve años de prisión, por el hecho 5.26 la pena de ocho años de prisión, así también se declara a [Nombre 014] autor responsable de UN delito de Hurto Agravado de menor cuantía (hecho 5.17) en perjuicio de [Nombre 037] y en tal carácter se le impone la pena de dos años de prisión y de UN delito de Hurto Agravado de mayor cuantía (hecho 5.27) en perjuicio de [Nombre 038] y en tal carácter se le impone la pena de tres años de prisión. Todos los delitos cometidos en concurso material entre sí y a su vez en concurso material con el delito de Asociación ilícita, por lo que la pena total impuesta es de ochenta y cinco años de prisión y que en aplicación de las reglas sobre la fijación de la penalidad del concurso material, la pena a cumplir será de VEINTISIETE años de prisión, pena que deberá descontar el condenado en el lugar y forma que establezcan los reglamentos penitenciarios previo abono de prisión preventiva cumplida por el aquí sentenciado. 3). Sobre las medidas cautelares. De conformidad con el artículo 258 del Código Procesal Penal y 10 de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada se prorroga prisión preventiva en contra [Nombre 014] por el plazo de doce meses más, a partir del treinta de marzo del año dos mil veinticinco y hasta el treinta de marzo del año dos mil veintiséis inclusive.

Sobre el comiso de bienes y otro: Se ordena el comiso y posterior destrucción de un celular marca Samsung con IMEI 359060095628385 y 359061095628383 con una tarjeta sim Movistar, con la numeración 8950604402106343508 (acta de secuestro 129632), sobre el resto de bienes y/o evidencia procédase conforme al considerando respectivo. Son los gastos del proceso penal a cargo del Estado. Una vez firme esta sentencia inscríbase en el Archivo Judicial y envíense los testimonios de ley ante las autoridades de Adaptación Social y el Juzgado de Ejecución de la Pena. Se informa al sentenciado que de conformidad con la circular 132-2024 CSJ, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Especializado en Delincuencia Organizada, no es un despacho cien por ciento virtual, por lo que tramita los asuntos sometidos a su conocimiento de manera física; debido a lo anterior, durante la etapa de impugnación, las gestiones deben ser presentadas directamente en ese despacho o en la Oficina de Recepción de Documentos del correspondiente circuito judicial. También de conformidad a la circular 293-2023 CSJ, se le informa que tiene la posibilidad de ser asistidos por un defensor público durante el proceso de ejecución de sentencia una vez que haya adquirido firmeza la misma. Notifíquese mediante lectura a las dieciséis horas del día veintisiete del mes febrero del año dos mil veinticinco. María Mercedes Jiménez Rojas Mauricio Jiménez Vargas Ligia Lacayo Rosales Juezas y Juez de Juicio´(sic).

Contra los anteriores pronunciamientos, las personas abogadas Fabio Esteban Chacón Rojas, defensor público del justiciable [Nombre 019];

Cindy Morales Romero, defensora pública de la endilgada [Nombre 010]; Kenndy Barahona Morales, defensora pública del sindicado [Nombre 005]; Guido Núñez Jarquín, defensor particular del encausado [Nombre 011]; Yamura Valenciano Jiménez, defensora pública del acusado [Nombre 008]; y Jennifer Sequeira Cruz, en representación del Ministerio Público, interpusieron los recursos de apelación, en la causa 20-006777-0059-PE y el licenciado Guido Núñez Jarquín, defensor particular del acusado [Nombre 014], formuló recurso de apelación en la causa 24-000006-1965-PE, los cuales son resueltos por la presente integración del Tribunal de Apelación de Sentencia Especializado en Delincuencia Organizada, conforme al numeral 101 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, párrafo final.

Verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, esta Cámara de Apelación de Sentencia Penal, se planteó las cuestiones formuladas en las impugnaciones.

En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el Juez de Apelación de Sentencia Penal Madrigal Lizano; y,

Por haberse anulado, en el acápite anterior, las condenas del justiciable [Nombre 008] por los delitos de robo agravado y asociación ilícita y, en consecuencia, la pena que se le impuso; se torna en innecesario pronunciarse sobre los motivos segundo y tercero del recurso de la defensora Valenciano Jiménez, pues ello será objeto del juicio de reenvío. Por tanto, se omite pronunciamiento sobre tales extremos.

La licenciada Jennifer Sequeira Cruz, en representación del Ministerio Público, en su único motivo, aduce lo siguiente: ³Inconformidad con la Fijación de la Pena. Escasa fundamentación intelectiva en lo que respecta al escrutinio de la prueba en relación con la determinación de una estructura criminal dirigida a cometer delitos graves, así como una escasa valoración de la magnitud del daño causado a las víctimas producto de los hechos que tuvo por acreditados el Tribunal de Juicio´. (A) Después de transcribir extractos de las páginas 512, 513 y 514 a 522 del fallo apelado, que según indica corresponde al criterio externado por el a quo en relación con los acusados [Nombre 005] y [Nombre 019], la impugnante señala que ³iniciaré analizando el intento de fundamento que hace el Tribunal de Juicio con relación a la pena impuesta de UN AÑO DE PRISION a los acusados [Nombre 019] y [Nombre 005] por el delito de ASOCIACION ILICITA´. Opina que la autoridad jurisdiccional de instancia efectuó un estudio sesgado sobre las circunstancias por las cuales mantuvo la pena mínima a los sindicados [Nombre 019] y [Nombre 005] por tal ilícito. Estima que no se analizaron los elementos de prueba que señalaron que ellos dos eran los encargados de girar las instrucciones necesarias al resto de integrantes del nodo criminal; que determinaban el momento, la hora y el lugar donde se ejecutarían las sustracciones ilícitas y que usaban la vivienda de [Nombre 005] como punto de encuentro de la banda, donde planeaban los robos y, posteriormente, se reunían para el reparto del botín.  Considera que el a quo no estableció, de forma concreta y adecuada, las consideraciones por las cuales impuso la pena mínima a los líderes de la organización criminal juzgada, a pesar de que ella ³podría decir era familiar ya que involucraron a sus familiares más cercanos en la actividad delictiva del robo de viviendas por los cuales fueron condenados y eran sumamente estructurados y organizados para concretar los robos y ocasionar considerables perjuicios económicos a las víctimas´. Reclama que la autoridad jurisdiccional de instancia omitió aquellos aspectos que ella expuso en sus conclusiones, como lo son el grado de organización; que las órdenes emitidas por [Nombre 019] y [Nombre 005] eran acatadas por los demás miembros del grupo criminal; que distribuían las funciones; que ellos ejecutaban personalmente la mayoría de los robos para asegurarse mejores ganancias dentro del grupo delictivo; que existía diversificación de acciones encaminadas a un fin común como era obtener un beneficio económico antijurídico; y que empleaban lenguaje común en sus comunicaciones, sin importarles que estuvieran intervenidos e investigados por la policía, como lo refirió el sindicado [Nombre 019] a su madre, quien le recomendaba cambiar de número telefónico. Indica lo siguiente: ³El tribunal de juicio deja de lado completamente, analizar lo altamente eficaces y eficientes que era este grupo criminal cuando ejecutaban los robos, así como tampoco analizaron que operaban a diario y que consideraban su actividad delictiva como su modos vivendi a pesar de que eran personas jóvenes sin padecimientos físicos que les permitía contar con un trabajo licito«´, lo que apoya con un extracto del fallo impugnado, para concluir que, del contenido de la resolución apelada, se denota la ausencia de fundamentación de los motivos por los cuales los sindicados [Nombre 019] y [Nombre 005] no eran merecedores de una pena superior a la mínima. Acuerpa su planteamiento con una breve reseña respecto a la debida fundamentación de una sentencia penal, así como sus consecuencias jurídicas, lo que apoya con la inserción de un extracto de la resolución n°290-2024 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y una semblanza del artículo 369 del Código Procesal Penal. Estima que la omisión antes detallada constituye una falta de fundamentación que puede ser motivo de nulidad. Gestiona que se declare la ineficacia de la pena impuesta a los acusados [Nombre 019] y [Nombre 005] por el delito de asociación ilícita y se ordene un juicio de reenvío para que el mismo Tribunal, con distinta integración, analice la totalidad de la prueba expuesta y motive adecuadamente la sanción a imponer sobre el particular. (B) La fiscal reclama que se le fijara siete años y seis meses de prisión a los acusados [Nombre 019] y [Nombre 005] por la comisión de 23 delitos de robo agravado, en el caso del primero, y 17 ilícitos de esa misma naturaleza, para el

Considera que la motivación de la sanción establecida por el a quo resulta insuficiente, imprecisa y carente de razonabilidad, lo cual, en su criterio, genera un vicio que afecta el principio de legalidad, de proporcionalidad y de deber de tutela efectiva de los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico. Luego de transcribir un fragmento de la resolución apelada, sobre la cual comenta que evidencia una falta de fundamentación y subraya que no se mencionaron las consideraciones expuestas por el Ministerio Público en conclusiones para acreditar que el endilgado [Nombre 005] era merecedor de una pena mayor a los 7 años y 6 meses de prisión y, en segundo lugar, ³realizó un análisis de manera conjunta de cada imputado, cuando la ley exige que se analicen las circunstancias propias de cada imputado para cada hecho´. De seguido, la fiscal procede a insertar otro extracto del fallo impugnado y a reclamar lo siguiente: ³En cuanto al fundamento que da el tribunal al analizar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurren los hechos, el Ministerio Publico no comprende como un Tribunal de Juicio Especializado en Delincuencia Organizada indica que solo se apartan del extremo mínimo de pena en dos años y seis meses y refiere que no es posible aumentar la pena hasta en 7 años como lo solicitó el Ministerio Publico porque el hecho de que los acusados cuando ingresaban a las viviendas a robar ocasionaran desorden, dejaron sucias las viviendas, sustrajeran y consumieran alimentos de las mismas viviendas afectadas porque son actos propios de la ejecución de un robo y se limitan a indicar que por lógica las personas imputadas ingresan a las viviendas de forma rápida, toman lo que pueden cargar y salen del lugar rápido para no ser detectados puesto que no saben cuando van a regresar los dueños de las viviendas, pero entonces se contradice el tribunal con esta aseveración porque si ingresaran rápido como lo mencionan no tendrían tiempo de consumir los alimentos y registrar por completo las viviendas al punto de dejarlas completamente desordenadas y sucias, por lo que considera el Ministerio Publico que lo que hacen los señores juzgadores es casi justificar el actuar de los imputados a la hora de violentar las viviendas de los ofendidos, su intimidad y privacidad para sustraer bienes ajenos, así como tampoco ni siquiera hicieron mención del perjuicio económico sufrido por las víctimas, ni a los múltiples bienes jurídicos protegidos vulnerados por los imputados. Además si se analizan los elementos del tipo penal del robo agravado no fue contemplado por parte del ad quo ingresar a una vivienda ajena con el uso de la fuerza con tal normalidad y desfachatez como lo hicieron los imputados en este caso, así como también se dejó de analizar el hecho de que mientras los acusados realizaban la sustracción de los bienes ajenos se tomaron el tiempo de consumir alimentos y bebidas de una vivienda ajena violentada, y únicamente el tribunal se limita a decir que ³son actos propios de la ejecución de la sustracción´. Además incurre en una falsedad el tribunal al mencionar que los acusados ingresan rápido, toman lo que puedan y salen rápido para no ser descubiertos en el caso de que los dueños regresen a sus viviendas, porque se acreditó durante el debate que en la mayoría de los casos los acusados tardaban un tiempo considerable en sustraer los bienes de los ofendidos de las viviendas ya que primeramente para ingresar a los inmuebles debían realizar agujeros en las tapias de concrete o mallas para poder ingresar pero además sustraían bienes como pantallas de televisión grandes que se encontraban en algunos casos pegadas a las paredes, lo cual les generaba trabajo en la sustracción y sustraían bienes y joyas que no estaban a simple vista, aspectos que no fueron valorados por el tribunal, porque no analizaron las conversaciones que se generaron vía WhatsApp entre los acusados cuando planificaban realizar un robo, así como todo el plan que realizaban estos para escoger las viviendas a violentar y determinar las horas adecuadas para realizar los robos, y asegurarse de que las víctimas no iban a regresar pronto. Tampoco analizaron que en muchas de las viviendas afectadas los acusados colocaban sillones o muebles en las puertas de ingresos a las viviendas para evitar que los propietarios de estas ingresan y los descubrieran dentro de los inmuebles sustrayendo los bienes´. La fiscal Sequeira Cruz estima que las anteriores consideraciones no fueron ponderadas por el a quo y, por ende, no se le otorgó el valor correspondiente al momento de imponer la pena a los acusados [Nombre 005] y [Nombre 019], pese a su rol dentro del engranaje de la estructura criminal. Señala que, para efectos de demostrar que no se ponderó el daño causado, el tribunal de instancia se limitó a decir que se cometió más de 20 eventos, en los cuales se produjo varias sustracciones exitosas mediante el uso de fuerza, lo cual se obtuvo gracias a la forma en que los sindicados estructuraron la organización criminal con roles específicos y un modelo operativo determinado. Después de sintetizar la motivación que tuvo la autoridad jurisdiccional de instancia sobre la calidad de los motivos determinantes de los sentenciados, al momento de fijar la sanción penal, lo que apoyo con una transcripción parcial de la resolución apelada, la impugnante indica lo siguiente: ³«llama considerablemente la atención que un tribunal de juicio de una Jurisdicción Especializada omita por completo analizar las declaraciones de las víctimas en debate como sucedió en este caso, y más bien lo que hacen los señores juzgadores es anular por completo las declaraciones de los ofendidos en debate´. Subraya que el a quo no mencionó la importancia de la lesión al bien jurídico tutelado o del peligro que ocasionaron los justiciables con la comisión de cada ilícito. Estima que se omitió estudiar al menos cómo se sintieron las víctimas al llegar a sus viviendas y encontrar que ellas se hallaban desordenadas, registradas, violentadas y sin bienes. Destaca que tampoco se exploraron cuáles fueron las consecuencias del robo, así como todo el sufrimiento y las pérdidas económicas que sufrieron los afectados y que, según señala, las expuso en las conclusiones del debate. Comenta lo siguiente: ³El Ministerio Publico considera grosero que el tribunal de juicio indique en su sentencia que, si bien el actuar de los imputados deja una sensación de inseguridad a la víctima, esto no es algo que en sí mismo controle el imputado ya que se descarta que el imputado de previo supiera que iba pasar y que por eso utilizó determinada modalidad de sustracción para así generar ese efecto psicológico, sin al menos analizar las versiones de los ofendidos y pretender que debió haber existido violencia contra las personas y amenazas para que el tribunal valorara un aumento mayor de pena a la impuesta´. De inmediato, la licenciada Sequeira Cruz enlista algunos de los casos que, en su criterio, el tribunal de mérito debió de analizar en relación con la afectación de las víctimas y, así mismo, describe los bienes sustraídos, ello a efecto de imponer una pena más alta que la impuesta y, estos, corresponden a las causas 20-006777-0059-PE, 21-004806-0042-PE, 21-028506-0042-PE y 22-000335-0071-PE. Respecto a la primera de ellas, señala que el sindicado [Nombre 019] sabía que sustrajo un arma de un policía, por cuanto tal conocimiento se acreditó en la apertura telefónica, cuando negoció dicha arma, sobre la cual aludió que le urgía venderla porque era de un ³tombo´. Sobre la segunda causa, menciona que el endilgado [Nombre 019] efectuó inteligencia previa de la vulnerabilidad de los perímetros residenciales para verificar las posibles formas de ingreso a los recintos sin ser detectados por la seguridad; escogió la vivienda mediante un plan previo a efecto de tener claridad de que no había nadie; violentó la intimidad de la casa de habitación; sacó comida y bebidas del refrigerador para consumirla; irrespetó un lugar que el ofendido y su familia consideraban como seguro, tranquilo e íntimo; la víctima y su núcleo familia debieron dejar de vivir en la morada de la cual eran los dueños por el sentimiento de inseguridad, además de sufrir de ansiedad y estrés al continuar habitándola, ello por el temor de que pudiera volver a pasar un evento similar; el agraviado no recuperó los bienes sustraídos; el perjuicio económico fue de 6 millones de colones; y el perjudicado y su familia sufrió afectación física y psicológica por el traslado de vivienda. En relación con la tercera causa, luego de repetir las tres primeras consecuencias de la anterior, indica que [Nombre 019] revisó ³hasta los lugares más íntimos del ofendido, registraron closet y gavetas´; irrespetó ³el lugar seguro del ofendido y su familia, intimidad personal y familiar´; perforó las tapias, ingresó a la propiedad dañando la puerta, sustrajo bienes y aseguró la consumación del robo, así como evitó ser descubierto al colocar un sillón en la puerta de la entrada principal para obstaculizar el ingreso de alguna persona a la vivienda y poder emprender la huida; registró ³hasta la refrigeradora, sacaron alimentos y los consumieron dentro de la vivienda, mostrando el más minino respeto por el ofendido y su familia´ y generó temor en la familia ofendida, además del perjuicio económico sufrido y que no lograron recuperar sus bienes. Finalmente, en relación con la última causa, el cual fue atribuido únicamente al sindicado [Nombre 005] como autor intelectual, señala que este se dio a luz del día; de las conversaciones captadas se extrae que don [Nombre 005] estaba cerca del lugar observando todos los movimientos de los otros tres sujetos que participaron en el robo, pero sin exponerse una vez que estos fueron detenidos y juzgados, para no verse involucrado en este; que de los videos se aprecia ³la dinámica de los hechos, aunado a las comunicaciones que se obtuvieron del intervenido [Nombre 005], antes, durante y después del hecho´; que se le causó un daño irreparable al país en virtud de que la víctima era una persona extranjera, pues ella fue intimidada con un arma de fuego, además de ser amarrada y privada de su libertad; y de ³esta manera traicionó la confianza y obtuvo réditos económicos, sin importarle el daño psicológico, moral o económico que produjo en la víctima´. Reclama lo siguiente: ³¿Señores Jueces de Apelación, se pregunta esta representación fiscal si entonces los ofendidos debieron ser amenazados, atados y golpeados para que el tribunal considerara imponer una pena mayor a los 7 años y 6 meses que les fue impuesta por cada robo que ejecutaron? Pero, además, no se trató de uno, dos, tres o cuatro robos, fueron más de 20 robos (22 robos acreditados a [Nombre 019] y 17 robos agravados a [Nombre 005]) aspectos que no fueron analizados por el Tribunal Sentenciador. Con esta aberración el Ministerio Publico lo único que determina es que el tribunal justifica nuevamente el actuar de los acusados para no imponer las penas solicitadas por el ente fiscal (12 y 15 años de prisión) porque si se justificó cada una de ellas a la hora de emitir las conclusiones. Llama poderosamente la atención al Órgano Ministerial la equiparación de eventos que realiza el ad quo, propiamente el caso 5.43 (robo que se cometió en perjuicio de la ofendida ([Nombre 078])), en el que impone exactamente el mismo quantum de pena que el resto de los hechos delictivos condenados cuando es evidente que existe un mayor reproche penal que realizar como lo fue el estudio de la víctima ya que era conocida del acusado [Nombre 005], utilizar terceras personas para ejecutar el hecho y evitar ser descubierto, dirigir a estas terceras personas durante el transcurso del robo, privar de su libertad a la víctima, la utilización de armas de fuego para someter y amenazar a la ofendida, el daño causado a la imagen del país ya que la ofendida es una persona extranjera, la dinámica del robo, todas estas situaciones que no tomó en cuenta el tribunal de juicio para imponer una sanción mayor, teniendo suficiente acervo probatorio para fundamentar el alza de la pena como lo fueron intervenciones telefónicas, videos, testimonios de los investigadores del Organismo de Investigación Judicial, la declaración de la víctima en debate, entre otras que no fueron analizadas por el tribunal sentenciador, dejando en completo ayuno la fundamentación de la pena´. De seguido, la fiscal Sequeira Cruz destaca que el a quo ponderó que los acusados contaban con un proyecto de vida, razonamiento sobre el cual cuestiona que no comprende de qué se trataba tal plan vital o al menos en qué consistía para considerarlo como un elemento subjetivo a valorar y apartarse del extremo mínimo a imponer. Después de transcribir un extracto de la resolución apelada, sobre el tópico en particular, reitera que, lejos de efectuar una debida fundamentación, el tribunal de mérito justificó el actuar de los sindicados. Concluye este punto de la siguiente manera: ³Honorables Jueces de Apelación, este recurso de apelación no se plantea por una mera inconformidad con la pena impuesta sino porque el tribunal en la sentencia incurrida en una ausencia total de fundamentación y dejó de analizar aspectos importantes como los ya mencionados con respecto a la importancia de la lesión o del peligro, no se analizó ninguna de las versiones de las víctimas, así como tampoco se analizó la gravedad de los hechos y la cantidad de eventos en los que participaron ambos acusados tal como se establece anteriormente, se valoraron por parte del ad quo los aspectos subjetivos de los encartados en función de justificar los hechos ilícitos tenidos como demostrados, sin embargo, si se realiza un ejercicio lógico crítico, estos parámetros que incluso se encuentran contenidos en el artículo 71 del Código Penal, dan pie para fundamentar una pena mayor a los siete años y seis meses de prisión que impuso de manera general por cada hecho tenido como probado dado que no se analiza cada hecho de manera específica y particular como debió realizarlo el tribunal de juicio para fundamentar una sentencia correctamente´. Finaliza reiterando que la autoridad jurisdiccional de instancia no efectuó un desarrollo concreto y motivado de las circunstancias que lo llevaron a fijar la pena impuesta y omitió ponderar los siguientes factores: la gravedad objetiva de los hechos juzgados; el daño causado a las víctimas; las condiciones personales de los imputados, las que debían valorarse negativamente; y la existencia de circunstancias agravantes. (C) Respecto a la pena impuesta a la coimputada [Nombre 010], la fiscal Sequeira Cruz, luego de transcribir las consideraciones que sobre el particular expuso la mayoría del tribunal de mérito, estima que el a quo erróneamente trasladó a la fijación de la sanción penal la circunstancia de que la acusada es una persona vulnerable por ser una mujer migrante; de entre 61 y 62 años de edad; con dificultad para encontrar trabajo; desempleada; sin seguridad social; con escasa escolaridad; sin empleos formales durante la mayor parte de su vida; sin garantías laborales y con dependencia económica de su conviviente. Señala que el dictamen indicó que doña [Nombre 010] depende de su pareja sentimental, quien gana 15 mil colones diarios y, adicionalmente, recibe $100 mensuales que su hijo mayor le envía, lo cual determina que satisface ajustadamente sus necesidades básicas y que su ingreso no la ubica en condición de pobreza, conforme los índices establecidos por el IMAS. Agrega que tampoco se determinó que la señora [Nombre 010] tuviera a su cargo personas menores de edad o personas discapacitadas o, bien, fuera víctima de violencia doméstica. Por tales motivos, estima que el rebajo de la pena fue erróneo y sin fundamento jurídico. Sustenta su reclamo en los siguientes argumentos: (i) La omisión de valorar lo narrado por las víctimas en relación con la magnitud del daño causado, por cuanto las bicicletas no fueron recuperadas, como lo expusieron en el debate los ofendidos [Nombre 052] (causa 22-000335-0071-PE, evento 41) y [Nombre 026] (causa 22-000336-0071-PE, evento 42). (ii) Se incurrió en ³en una falta de fundamentación grosera toda vez que no valoró de forma adecuada el hecho de que la conformación de esta estructura criminal tenía como base un asiento familiar, que mantenía una clara distribución de funciones y que su único fin fue despojar a las víctimas de sus bienes, incluso vemos como [Nombre 010] con los acusados [Nombre 019] y [Nombre 005] realizaron inteligencia previa de la vulnerabilidad del perímetro del residencial donde vivían los ofendidos y mantenían sus bicicletas, analizaron las posibles formas de ingreso a los recintos sin ser detectados por la seguridad de los condominios y residenciales y de la policía, escogieron el lugar mediante un plan previo para estar claros que en la vivienda no se encontraran personas, irrespetaron el lugar seguro y tranquilidad de los ofendidos y su familia´. (iii) Se omitió ponderar que ³[Nombre 010] actuó en este hecho delictivo por orden y con los dos líderes de la agrupación criminal uno de ellos su hijo [Nombre 019] y el otro acusado [Nombre 005], fue la designada para realizar la labor de vigilancia en las afueras del lugar por donde [Nombre 005] y [Nombre 019] ingresaron a la zona boscosa para sustraer las bicicletas y posteriormente una vez con los bienes en su poder salieron por este mismo lugar que era vigilado por la acusada [Nombre 010] para asegurarse la no presencia policial o de testigos y de esta forma poder consumar el hecho delictivo. Incluso vimos en los videos que fueron prueba esencial para acreditar la participación de [Nombre 010] en estos dos eventos, como [Nombre 010] se hacía acompañar de una menor de edad, una niña pequeña y además hija del acusado [Nombre 019] mientras realizaba la labor de vigilancia para no levantar sospechas sin ponderar el riesgo en que estaba poniendo a la menor al utilizarla como instrumento para concretar la vigilancia de ejecución y consumación del delito sin levantar sospechas, ya que se observa que la calle por donde [Nombre 010] realizó esta labor de vigilancia era bastante angosta y circulaban vehículos. Además, facilitó su inmueble ubicado en [...], como sitio de resguardo y ocultamiento de los bienes propiedad de las víctimas al momento de ser sustraídos por [Nombre 019], [Nombre 005]´ (los destacados son del original). (iv) Se omitió considerar que, al momento en que los encartados [Nombre 019] y [Nombre 005] egresan del condominio por el lote perimetral, como se aprecia en los videos, la endilgada [Nombre 010] puso en peligro la integridad física, moral y sicológica de la niña que la acompañó para distraer cualquier presencia policial o de terceros. Señala que tal circunstancia quedó acreditada con los videos y las llamadas captadas en la intervención telefónica. (v) No valoró las llamadas captadas de la intervención telefónica en los días previos a estos dos eventos, en donde quedó claro que doña [Nombre 010] le recomendó a su hijo [Nombre 019] cuidarse para que la policía no lo detuviera, así como insistía en que tuviera cuidado con el teléfono porque podía ser descubierto por medio de este. Además, según la fiscal, la señora [Nombre 010] preguntaba e instigaba a su hijo para que fuera a trabajar, en referencia a los robos de las viviendas. La apelante considera que la conducta de doña [Nombre 010] es reprochable en relación con la dinámica de los robos y que ³no es propia de una persona en estado de vulnerabilidad´ y, agrega, que ³entonces se debería tener por justificado en la administración de justicia cualquier hecho delictivo que sea cometido por una persona en estado de pobreza´, para reiterar los hallazgos del dictamen pericial 22-000470-0725-TS de la Oficina de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial de folios 2285 a 2287. Reclama que el tribunal de instancia, de manera ³burda´, integró informes del Estado de la Nación para justificar el rebajo de la pena mínima impuesta a la encartada [Nombre 010], decisión que, reitera, se efectuó sin fundamento legal al no existir un nexo causal entre el estado de vulnerabilidad y la comisión de los hechos delictivos. Reitera que no se fundamentó de qué manera el estado de vulnerabilidad en que estaba doña [Nombre 010] la determinó en la comisión del hecho punible y a conformar una estructura criminal dedicada al robo de viviendas, como lo exige la ley y la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Opina que su exposición es amplia respecto al vicio incurrido por la mayoría del a quo, aunque aclara que este no es del tribunal en pleno, pues el juez Álvarez Campos salvó su voto, como se aprecia en el apartado XIII de la sentencia impugnada, en donde, según indica, se refirieron razones muy similares a las externadas en el recurso. Como jurisprudencia relevante, indica la resolución n°111-2024 de la Sala Tercera, sobre la cual hace una síntesis acompañada de un fragmento de esta. En otro orden de ideas, estima que la pena impuesta a doña [Nombre 010] no se encuentra ajustada a derecho, pues existe una falta de fundamentación conforme el numeral 71 del Código Penal, en virtud de que el tribunal de instancia ³no realiza un desarrollo concreto ni motivado de las circunstancias que llevaron a fijar la pena impuesta ´ y omitió el estudio de la gravedad objetiva de los hechos juzgados; el daño causado a las víctimas; las condiciones personales de la acusada, las cuales, en su criterio, debieron ponderarse negativamente y la existencia de circunstancias agravantes que fueron alegadas y, en su opinión, probadas por el Ministerio Público. Señala lo siguiente: ³De igual manera, en la sentencia impugnada existe una valoración incompleta o ausente de la prueba rendida. Durante el juicio oral, el Ministerio Publico incorporó prueba idónea y suficiente que permitía no solo acreditar la existencia del hecho y la autoría de la imputada, sino también la afectación agravada al bien jurídico protegido. Sin embargo, el tribunal omite toda vinculación entre dicha prueba y la razonabilidad de la pena impuesta. Por estas circunstancias, es que el Ministerio Público considera que imponer las penas mínimas rebajadas en el delito de Robo Agravado que se le acreditaron a [Nombre 010] no son acordes con el material probatorio mostrado en juicio, ni mucho menos con las circunstancias personales que ponderó el tribunal de juicio para sentar las penas mínimas rebajas en un año y nueves meses de prisión en los delitos condenados en el tanto el tribunal no valoró aumentar la pena mínima en un año como fue solicitado por el ente fiscal o al menos imponer el extremo mínimo de pena correspondiente a los dos delitos de Robo Agravado que se le tuvo por acreditado a la acusada [Nombre 010]. El Código Procesal Penal en su artículo 142 establece las consecuencias procesales de dictar una sentencia carente o inexistente de fundamentación, por lo que a consideración de esta representación fiscal ha quedado claro que nos encontramos ante una sentencia ineficaz ya que la misma no contiene fundamentación alguna para sanción impuesta por parte del tribunal sentenciador, dado que dejo de explicar porque no son de recibo los alegatos de la Fiscalía y por ende la sentencia impugnada resulta ineficaz. Recordemos que toda impugnación es una operación crítica lógica, consistente en la comparación del ser del fallo impugnado con el deber ser de lo que el recurrente cree correcto con la claridad y fuerza necesarias para persuadir al Tribunal de Alzada, en tal sentido (Tribunal de Casación Penal de San José en su voto h° 00681-2002), por ende de manera practica el Ente Ministerial explicara en el caso de [Nombre 010] el yerro del ad quo en la fundamentación de la pena, fundamentando su decisión bajo una premisa errónea o falaz. -Premisa mayor del tribunal sentenciador para rebajar por debajo del mínimo legal:

Todas las personas que cometen delitos en estado de vulnerabilidad se le aplica el artículo 71 inciso g) del Código Penal. -Premisa menor del tribunal sentenciador: La encartada [Nombre 010] es una persona en estado de vulnerabilidad. -Consecuencia falaz: Se atenúa la pena de [Nombre 010]. -Proceso correcto y logicidad jurídica que debió aplicar el ad quo: Como se ha venido indicando de forma harta al igual que la jurisprudencia nacional, no basta con establecer que el autor del hecho punible sea encontrado en estado de vulnerabilidad para atenuar la pena, sino que, se debe establecer el nexo de causalidad inequívoco que llevó a dicho autor o autora a delinquir por motivo de su estado de vulnerabilidad tal y como lo establece la jurisprudencia citada anteriormente´ (los destacados son del original). Subraya que la defensa ni el a quo demostraron por qué doña [Nombre 010] no ha regularizado su estatus migratorio. Sostiene que el tribunal de instancia no ponderó el mutuo auxilio, elemento esencial del matrimonio o la relación de hecho, en virtud de lo cual la señora [Nombre 010] poseía ingresos económicos constantes, como lo determinó la pericia, al constatarse que ella dependía de su pareja sentimental, el cual ganaba 15 mil colones diarios, y, adicionalmente, el hijo le enviaba $100 mensuales, para repetir su alegato de que ella no estaba en estado de pobreza y podía satisfacer sus necesidades básicas. Insiste en reiterar su argumento de que la autoridad jurisdiccional de mérito no analizó si existe una correlación entre el estado de vulnerabilidad con la comisión de los hechos delictivos. (D) De manera general y global, la fiscal Sequeira Cruz repite sus reclamos a manera de conclusión, ejercicio que también realiza al sustentar el agravio causado, el cual, en su opinión, consistió en que el a quo no valoró establecer las penas solicitadas por la representación fiscal o al menos mayores a las que impuso finalmente. Gestiona que se reconozca que la sentencia impugnada inobservó la minuciosidad exigida al momento de establecer las penas y, por tanto, que se anule únicamente en cuanto a este extremo, para que se ordene la remisión al tribunal de juicio para que, con distinta integración, se resuelva nuevamente. El motivo es parcialmente procedente : Al igual que se hizo con los recursos formulados por las personas abogadas Fabio Esteban Chacón Rojas, Cindy Morales Romero y Kenndy Barahona Morales, conviene delimitar el objeto de conocimiento de esta cámara. Así, en síntesis, el reclamo de la representación fiscal se circunscribe a dos aspectos, los cuales son los siguientes: (i) la pena impuesta a los sindicados [Nombre 019] y [Nombre 005] por los delitos de asociación ilícita y robo agravado y (ii) el rebajo otorgado a la sindicada [Nombre 010] por la comisión del delito de robo agravado. Tal situación es relevante en relación con los otros dos imputados, [Nombre 008] y [Nombre 011], sobre los cuales la representación fiscal se mostró conforme con las penas que se le impuso. De esta forma, al haberse ordenado el juicio de reenvío total en el caso de [Nombre 008] y parcial en relación con [Nombre 011], en tales actos jurisdiccionales futuros, les aplica lo dispuesto en el artículo 447 del Código Procesal Penal. Por tanto, en relación con los juicios de reenvío de los coimputados [Nombre 011] y [Nombre 008], no se podrá reformar, en su perjuicio, las penas anuladas mediante esta resolución. Así establecido el objeto de conocimiento de esta cámara, el pronunciamiento va a estar dividido de la misma forma en que se estructuró en el resumen del recurso. (A) Al tratar el recurso del licenciado Chacón Rojas, esta cámara expuso su criterio de que era válido y legítimo utilizar en estructuras criminales un sistema graduado en la asignación de la sanción penal en forma de ³escalera´ o ³cascada´. De esta forma, la administración de justicia asegura la fijación de una pena acorde con la responsabilidad del rol y la función ejercida por cada uno de los miembros dentro del nodo delincuencial. Implícitamente el ordenamiento procesal penal dispone un trato diferenciado para aquellas personas imputadas que tienen una conducta reprochablemente mayor que otra. Así, por citar un ejemplo, el inciso b) del artículo 22 del Código Procesal Penal dispone lo siguiente: ³b) Se trate de asuntos de delincuencia organizada, criminalidad violenta, delitos graves o de tramitación compleja y el imputado colabore eficazmente con la investigación, brinde información esencial para evitar que continúe el delito o que se perpetren otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, siempre que la conducta del colaborador sea menos reprochable que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita´. Véase que la aplicabilidad del dispositivo procesal previsto en la norma transcrita depende del nivel o el grado del reproche de la acción, de ahí que trasladando tal noción a las estructuras criminales, se infiere que jurídicamente las personas que tienen una mayor responsabilidad penal carecen de la posibilidad de ser sujetos de un criterio de oportunidad. Tal circunstancia lo que denota es que aquellas personas que comandan un nodo criminal, por su sola condición de líderes, tienen un mayor reproche que aquellos que están subordinados a sus órdenes. También ha sido tácitamente aceptado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Así, en la resolución n°2011-1463, de las 14:53 horas, del 12 de diciembre de 2011, se aceptó, como razones suficientes y razonables, para la imposición de una pena superior a la mínima legal, entre otros motivos propios de las circunstancias del caso concreto, que la persona juzgada ³no sólo formaba parte de una organización dedicada a robar sino que ejercitaba una posición de líder dentro de esa agrupación´. En igual situación, en la resolución n°2018-758, de las 15:00 horas, del 11 de octubre de 2018, también estimó como válidas y legítimas, para aumentar la sanción sobre la mínima legal, además de las circunstancias de comisión del hecho delictivo y los aspectos subjetivos y objetivos de tal evento, ³La calidad de los motivos determinantes. Se apreció la condición de líder del endilgado dentro de la agrupación criminal, siendo la persona encargada de las funciones de control y de logística, mediante la designación de choferes y el giro de instrucciones. Valiéndose de toda una estructura conformada por personas de su confianza (entre ellas, su yerno [Nombre 073].); accionar que, el Tribunal de Apelación validó cómo indispensable para el desarrollo y ejecución de la actividad ilícita y que, en un inicio de la investigación favoreció a [Nombre 098], ya que  le permitió pasar como ³invisible´ dentro de la organización. Además, se ponderó que dicha condición de líder justificaba el hecho de que se impusiera una pena mayor al extremo mínimo de la pena prevista para el delito de Transporte Internacional de Drogas, así como al resto de los integrantes de la banda, pues, a mayor poder de dirección y económico dentro de la organización delictiva así de mayor debe ser el reproche penal de la persona imputada´ (el destacado es del original). De manera que, en síntesis, a mayor grado de responsabilidad dentro de una organización criminal, como lo es propiamente dirigirla, es razonable y proporcional que la persona líder tenga un mayor reproche que aquellas que cumplen órdenes y directrices. Esa gradualidad debe necesariamente reflejarse en la sanción penal. En el caso concreto, se aprecia que el a quo fijó a las personas juzgadas la misma sanción de un año de prisión por la comisión del delito de asociación ilícita. Tal decisión resulta contradictoria con el método de determinación de la sanción en el caso del robo agravado, en donde sí se ponderó la figura de liderazgo que mantenían [Nombre 019] y [Nombre 005]. Por otro lado, la pena común por el delito en cuestión fue motivada en que ³no hay circunstancias que agraven la conducta y generen un reproche mayor en cuanto a este ilícito según lo dispone el ordinal 281 del Código Penal´. Ciertamente, el nodo criminal juzgado no se conformó para cometer secuestros extorsivos o ejecutar actos de terrorismo, pero sí es legítimo ponderar la función y el rol de una persona dentro de este, ello en atención a la cantidad de personas que los líderes lograron agrupar para cometer delitos, así como la cantidad de ellos. Por tanto, en vista que no se estimó tales aspectos, esta cámara considera que la motivación es contradictoria e insuficiente, por lo cual se anula la pena impuesta a los sindicados [Nombre 019] y [Nombre 005] por el delito de asociación ilícita. (B) Esta cámara no comparte plenamente los reclamos expuestos por la representante fiscal en relación con la fijación de la sanción penal que el tribunal de mérito efectuó en contra de don [Nombre 005] y don [Nombre 019] por los múltiples delitos de robo agravados que cometieron, a excepción de la causa donde la víctima fue [Nombre 078] y en donde únicamente se condenó al justiciable [Nombre 005]. Es falsa la expectativa de la fiscal relativa a los tribunales de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada están llamados y obligados a imponer penas superiores a las mínimas o que sean ejemplificantes para los demás nodos criminales. Conviene recordar que la creación de la jurisdicción especializada fue procesal, no de fondo, de ahí que siguen rigiendo las mismas reglas que los asuntos ordinarios, aunque con sus particularidades, por ejemplo, la expuesta anteriormente: que razonablemente un líder de una organización criminal merece una mayor pena que aquella persona que cumple sus órdenes. Ya el tema de la sanción impuesta fue objeto de pronunciamiento en los recursos formulados por las personas defensoras de los sindicados [Nombre 019] y [Nombre 005], de ahí que esta cámara procederá directamente a referirse de los alegatos propuestos por la fiscal. Bajo tal comprensión, esta cámara estima que una sentencia no tiene la obligación procesal de exponer los motivos por los cuales rechazó la propuesta punitiva del actor penal. En lo conducente, el inciso b) del artículo 363 del Código Procesal Penal establece que las sentencias deben contener, entiéndase obligatoriamente, ³el voto de los jueces sobre cada una de las cuestiones planteadas en la deliberación, con exposición de los motivos de hecho y de derecho en que los fundan, sin perjuicio de que se adhieran a las consideraciones y conclusiones formuladas por quien votó en primer término´. De ahí que la norma no prevé imperativamente que el tribunal administrador de justicia debe explicar a la representación fiscal el por qué no aceptó su propuesta punitiva, si las razones para la fijación de la pena son completas, suficientes y adecuadas. Véase que la fijación de la pena responde a un ejercicio valorativo de los parámetros previstos en el numeral 71 del Código Penal, lo cual conduce a afirmar que el planteamiento de la sentencia debe gravitar o cursar sobre los motivos razonables del por qué la sanción impuesta es la adecuada con base a tales raseros y en relación con la penalidad abstracta fijada en el tipo penal, pero no centrarse en explicarle a la representación fiscal el por qué su valoración es incorrecta. Nótese que se trata de apreciaciones cualitativas de factores. Ahora bien, ciertamente, como ya se había expuesto con anterioridad, en este asunto, resultó razonable valorar globalmente las circunstancias modales con que se cometieron los robos, en virtud de que ellos fueron ejecutados utilizando una misma dinámica o empleando la misma estrategia. Por tales motivos, como se expuso al conocerse los recursos de apelación de los defensores de los acusados [Nombre 019] y [Nombre 005], se justificó que no se hiciera un estudio detallado de cada uno de los hechos. Véase que, incluso, el alegato de la impugnante es retórico, por cuanto ella misma no encontró diferencias sustanciales entre los 23 delitos de robo agravado cometidos por [Nombre 019] y  los 17 ilícitos causados por [Nombre 005] y, por tal motivo, únicamente pidió discriminar cuatro de ellos y que, posteriormente, se estarán analizando. De ahí que deba rechazarse el argumento relativo a que la ³ley exige que se analicen las circunstancias propias de cada imputado para cada hecho´, en virtud de que sí se cumplió con la exigencia de fijar una pena individual para cada uno de los robos cometidos. Por otra parte, se aprecia que la apelante, en vez de refutar razonablemente los planteamientos del a quo, dedica su esfuerzo a tratar de imponer su perspectiva de cuál debió ser la pena que se debió imponer a los justiciables [Nombre 019] y [Nombre 005]. Se hace tal afirmación porque el tribunal de mérito brindó una explicación de las razones por las cuales estimó que el desorden y la suciedad que dejaron los sindicados durante la comisión de los hechos era parte del modo de ejecución de estos, sin que tales elementos puedan ponderarse en forma autónoma e independiente de la sustracción ilícitamente propiamente, como lo pretende la fiscal. Esta cámara avala el planteamiento de la autoridad jurisdiccional de instancia. No es inusual que, cuando unos sujetos ingresan a una vivienda para sustraer ilícitamente algunos bienes habidos en ella y no se encuentran presenten los moradores, exista un sentido de urgencia para acaparar aquellos objetos de mayor valor, así como, para alcanzar sus objetivos, coloquen obstáculos sobre la puerta principal. Precisamente, esa búsqueda de aquellos bienes de mayor cuantía económica, que, en este caso, básicamente consistía en joyería y aparatos electrónicos, fue lo que provocó que los encartados [Nombre 019] y [Nombre 005] desordenaran el nicho de los agraviados. Así mismo, en este asunto, se aprecia que los justiciables procuraban obtener bienes que sean, además de valiosos, fáciles de transportar y trasladar, lo que justifica que no se llevaran la línea blanca de las casas de habitación siniestradas. Por otro lado, la modalidad de los robos implicaba ingresar por zonas boscosas o por los riachuelos que colindaban con las tapias perimetrales de los condominios, lo que es sugerente que los acusados tenían las suelas de sus zapatos con barro o materiales orgánicos. Evidentemente, no era esperable que los imputados [Nombre 019] y [Nombre 005] se limpiaran dichos sedimentos, lo que explica la suciedad sobre los suelos. El contexto particular en que se dieron los hechos justifica integrar el desorden, el desaseo y la mugre que los endilgados dejaron en las viviendas siniestradas como parte de la dinámica de ejecución de los robos. Véase que la recurrente no explicó la razón por la cual debía considerarse que tales elementos deben separarse de la forma de materialización de las sustracciones. Finalmente, sobre este punto, consumir alimentos está incluido dentro del bien jurídico tutelado, por cuanto son parte inherente del patrimonio de las víctimas. De ahí que, tampoco, debe considerarse aisladamente para aumentar el reproche punitivo. No es contradictorio que la urgencia vaya acompañada del consumo rápido de comida. Aunque la fiscal no lo explicó, es razonable pensar que los endilgados no prepararon los alimentos, como para suponer que tuvieron un tiempo considerable dentro de las viviendas, sino que consumieron los que ya estaban listos para ingerirse, así como el desorden se explica, precisamente, por la rapidez con que buscaron los objetos de mayor valor, lo que impidió ser cuidadoso en acomodar nuevamente los sitios en donde estos se hallaban. No es posible, bajo estas condiciones, asumir alguna semejanza o un paralelismo entre la ingesta de alimentos en que incurrieron los encartados, quienes estaban sustrayendo ilícitamente bienes, con el momento ritual del consumo de alimentos, como sugiere la impugnante. Es notorio que los robos fueron planificados, lo que incluyó una previsión aproximada del tiempo en que las víctimas iban a estar fuera de sus viviendas y de la posible duración en la ejecución del golpe, lo que conllevó a que el tiempo fue el suficiente para el ingreso subrepticio; tomar los bienes y retirarse sin ser descubiertos. De ahí que, en conclusión, la duración de los robos es un aspecto irrelevante. En otro orden de ideas, es innegable que el ingreso ilícito a una vivienda conlleva ínsito una vulneración a la privacidad individual y personal de sus moradores. Tal circunstancia ya está incluida dentro del reproche penal y, por ello, por la sola circunstancia de entrar ilícitamente a una casa de habitación, se agrava la penalidad, a diferencia de los robos en tiendas o en espacios no habitados. Por ello, desde la perspectiva jurídica, no es posible considerar la vulneración a la intimidad como un factor adicional para aumentar el reproche punitivo, como lo pretende la fiscal, pues se corre el riesgo de efectuar una dobla valoración de un elemento, que, por sí solo, agrava la conducta, máxime que, como ella misma lo indica, los moradores de las viviendas no estaban presentes en el momento de la comisión del robo, lo que, visto desde otro ángulo, significó que los endilgados eligieron el medio menos lesivo para vulnerar la intimidad, al optar por cometer los robos en ausencia de los ofendidos, lo que, tampoco, implica un aumento de la intensidad en el bien jurídico tutelado, la que, además, no fue expuesta ni contemplada por la impugnante. Por otro lado, el tribunal de mérito estimó que los robos eran consumados y, conforme se acreditó en la indagación criminal, la gran mayoría de los artículos sustraídos no se hallaron en los allanamientos y, por tanto, no pudieron ser recuperados, lo que significa su pérdida patrimonial definitiva para las víctimas. Es cierto que la estimación que efectuaron los afectados del valor económico de los objetos que le sustrajeron es considerable, pues la sumatoria alcanza el total de 178 millones con 430 mil colones, al tratarse de joyas y aparatos tecnológicos. Tal aspecto sí fue ponderado por el tribunal de instancia al momento de definir la pena y, en conjunto con otros, lo condujo a determinar que los endilgados [Nombre 019] y [Nombre 005] no eran merecedores de la pena mínima si no que esta debía aumentarse en 2 años y 6 meses de prisión, en atención, entre otros factores, a que los robos eran cometidos en condominios de ³alta plusvalía´ y, consecuentemente, los objetos habidos ahí tenían esa misma condición. Así mismo, la resolución apelada sí aludió a los bienes jurídicos tutelados, al efecto, refirió el patrimonio, la tranquilidad pública y la intimidad. De ahí que el argumento de la impugnante, relativo a que no hubo una mención de tales elementos, no puede ser admitido. Por otro lado, la impugnante alegó retóricamente que los sindicados usaron la fuerza ³con tal normalidad y desfachatez´, pues ella misma admite que la violencia sobre las cosas se mantuvo dentro de los márgenes necesarios para procurarse el ingreso ilícito. Así, del estudio de la totalidad de los robos acreditados, se desprende que se utilizaron los siguientes métodos para ingresar a las casas de habitación de los perjudicados: mediante un boquete en las baldosas perimetrales de protección de los condominios; en el escalamiento de las tapias y la cortadura del alambre navaja o de la cerca eléctrica; en cavar un hueco en la tierra para pasar por debajo de pared protectora; forzando el marco de aluminio, o su llavín, de alguna de las ventanas o, bien, de una de las puertas; abriendo los dispositivos de seguridad porque no estaban asegurados; forzando y desprendiendo las verjas de varillas metálicas que protegía la propiedad y cortando una de ellas; y golpeando la puerta principal hasta lograr que se abra. De ahí que, en definitiva, como la misma impugnante admite, la violencia sobre las cosas no excedió la necesaria para ingresar ilícitamente al interior de las casas de habitación de las víctimas. En otro orden de ideas, la apelante tampoco indicó cuál fue la información, de la suministrada por los afectados en su declaración en juicio, que no fue valorada por el tribunal de instancia. No es necesario que el a quo hubiera reexaminado las deposiciones de los perjudicados si tal labor ya la efectuó en la valoración intelectiva del material probatorio, pues la sentencia es una misma unidad lógica-jurídica, sin que, se reitera, en el recurso se hubiera consignado cuáles eran aquellos elementos no contemplados. No obstante, la impugnante sí cuestionó cuatro eventos en particular, los cuales serán objeto de pronunciamiento por separado, pero, en relación con los demás, el alegato impugnaticio fue genérico y retórico. En otro orden de ideas, la resolución apelada sí contiene un estudio de cómo se sintieron los ofendidos al enterarse del robo. En concreto, se indicó lo siguiente: ³«en cuanto al argumento de la conmoción psicológica en algunos ofendidos que hasta dejaron su vivienda en ocasión del robo sufrido, lo cierto del caso es que eso es un aspecto que no es controlado por el imputado, ellos no ingresaron a las viviendas de forma violenta pese a que incluso en dos casos superaban numéricamente a las personas que se encontraban en las casas, no los abordaron, no los ataron, no los golpearon, se limitaron a entrar y sustraer los bienes. Si bien ello deja una sensación de inseguridad a la víctima, esto no es algo que en sí mismo controle el imputado ya que se descarta que el imputado de previo supiera iba que iba pasar y que por eso utilizó determinada modalidad de sustracción para así generar ese efecto psicológico, la prueba aportada en este sumario no permite al tribunal arribar a esas conclusiones como así lo espera la fiscalía, es por ello, que aunque no se impone una pena mínima tal y como lo gestionó la defensa, tampoco se lleva la sanción a extremos superiores de los ya mencionados ´ (texto extraído de la página 518 de la resolución apelada). De ahí que, en rigor, es inadmisible el argumento de que hubo una omisión del impacto emocional y sicológico que sufrieron las víctimas respecto a los robos que sufrieron. Se reitera que la letrada Sequeira Cruz no expuso cuál fue la información que, en su criterio, debió ser valorada para sustentar una mayor afectación e intensidad de los bienes jurídicos tutelados, salvo los cuatro asuntos puntuales que refirió, lo cual hubiera sido importante porque algunos testigos sí citaron que sufrieron temor, angustia e inseguridad al conocer que habían sido víctimas de un robo, pero que tales sentimientos se fueron disipando en el tiempo y que el evento no les generó un impacto sicológico o emocional de mayor envergadura, como, por ejemplo, lo comentaron [Nombre 080] y [Nombre 078]. Por tanto, se impone el rechazo del alegato genérico. En relación con las causas 20-006777-0059-PE, 21-004806-0042-PE, 21-028506-0042-PE y 22-000335-0071-PE, se hace el siguiente pronunciamiento. (i) 20-006777-0059-PE: La circunstancia de que, entre los objetos sustraídos, estuviera el arma de trabajo del investigador judicial [Nombre 020] no es generador de un aumento punitivo. El sindicado [Nombre 019] vendió el arma dentro del comercio ilícito e informal, lo que motivó a que el arma se recuperara tiempo después, pues había sido utilizada en un asalto en la zona de Limón. De ello se desprende que el justiciable [Nombre 019] no mantuvo el objeto robado consigo para aumentar su poder ofensivo, a pesar de liderar una estructura criminal dedicada a asaltos de viviendas, lo cual significa que su interés no era darle uso al arma sustraída, sino comercializar con ella. (ii) 21-004806-0042-PE: El ofendido [Nombre 079] indicó lo siguiente: ³Nosotros éramos los dueños de esa vivienda, poco después de los hechos me mudé porque tenía el sentimiento de inseguridad, de ansiedad y de estrés, de seguir ahí por el sentimiento que pudiera volver a pasar, entonces decidimos mudarnos a otro lugar. Esa vivienda la vendimos´. Es cierto que la decisión de vender el inmueble estuvo influida por los hechos, aunque de manera indirecta. Véase que el afectado se justificó en el temor de que, en el futuro, podría ser objeto de otro robo, lo cual conduce a señalar que su decisión pudo estar fundamentada en el trauma que sintió por los eventos juzgados y que le generó una consecuencia futura e incierta. La inclusión hipotética de la anterior circunstancia es justificante de un aumento del reproche punitivo, como lo hizo el a quo, pero no alcanza a desvirtuar la integridad y la globalidad de la valoración que, sobre este tema, se efectuó en la resolución impugnada, en virtud de que se fijó una pena superior a la mínima. Ello provoca que tal circunstancia tampoco sea generadora de un aumento del reproche punitivo más alto que el impuesto por el a quo, máxime que se ignora si el agraviado tuvo que vender el inmueble con descuento o a un menor precio, suponiendo una urgencia por marcharse del lugar, como parece sugerirlo la recurrente y que no exploró en el momento de interrogar a la persona víctima sobre el particular. Por ello, tampoco el argumento es admisible y, respecto a los demás alegatos, ya fueron valorados con anterioridad. (iii) 21-028506-0042-PE: El ofendido [Nombre 074] relató lo siguiente: ³Al entrar a mi casa tuve un sentimiento muy feo, sentirse vulnerado en la intimidad de la casa, que se entre, roben pertenencias, que haya algunos destrozos a la propiedad de uno, es un momento y una situación bastante incómoda. Uno se siento vulnerable por una situación como esa´. Conforme a la anterior descripción, se trata del mismo sentimiento de impotencia y frustración que narraron los demás ofendidos y que se encuentra ínsito en la agravante, sin que pueda extenderse, como lo hace la impugnante, a frases de que se vulneró ³hasta los lugares más íntimos´. De ahí que, en definitiva, este asunto no se diferencia significativamente de los otros que ponderó el tribunal de mérito al momento de fijar la pena ni amerita un aumento superior al que fue establecido. (iv) 22-000211-1092-PE y 22-000287-0053-PE (no el 22-000335-0071-PE, como equívocamente refirió la recurrente): De previo a estudiar el hecho en cuestión, conviene transcribir la relación fáctica que la autoridad jurisdiccional de instancia tuvo por probada y que fue la siguiente: ³5.27 El día 07 de marzo del año 2022, al ser aproximadamente las 12:30 minutos del medio día, los encartados [Nombre 075], [Nombre 076], [Nombre 077] (sentenciados bajo la sumaria 22-000211-1092-PE), actuando de común acuerdo, con pleno dominio del hecho y por mandato expreso del acusado [Nombre 005], con el fin de apoderarse ilegítimamente de bienes ajenos, se presentaron a la vivienda de la ofendida [Nombre 078], ubicada en [...]. Una vez que la ofendida [Nombre 078] se hizo presente a su vivienda, y mientras se disponía abrir el portón eléctrico de la misma, los encartados [Nombre 075] y [Nombre 076], según el plan trazado y actuando siempre por mandato expreso del encartado [Nombre 005], aprovecharon para ingresar a dicho inmueble sin autorización alguna y una vez dentro de la vivienda, los imputados [Nombre 075] y [Nombre 076] amenazaron a la agraviada, la redujeron a la impotencia y le sustrajeron los siguientes bienes Un bolso de color negro, lentes y su respectivo estuche marca Ralph, pasaporte, un celular marca Samsung modelo J7 con un estuche negro, Samsung Galaxy ech 7 con estuche color rosado, un cargador de celular marca Samsung, lentes con estuche de Asembis, una cartera marca Sakroots con cuatro mil colones en su interior, dos tarjetas de débito, un fajo de billetes compuesto por ciento catorce billetes de cinco mil, cuatro billetes de dos mil colones y dos monedas, de cien y una de cincuenta colones, dos argollas y cuatro argollas pequeñas de 18 kilates, un cajoncito de madera con bisutería varia, un celular marca Motorola modelo 6 ei, una Tablet Galaxy Tab A 10 con estuche color negro, una Galaxy Tab A10 con estuche color rosado, una cajita color roja de cartón con un par de argollas de 14 kilates y un dije de 14 kilates, un collar y dije conforma de sello de 10 kilates, otro collar con dije con forma de crucifijo de 10 kilates, un crucifijo de 10 kilates, un anillo de 10 kilates, un collar de saphiro y diamante, un dije con forma cornizuelo de 10 kilates, un dije de kimallaire, un dije de 10 kilates con una piedra preciosa, dos argollas de kilates, una Tablet marca Amazon Fire 7 con estuche color anaranjado y negro, bolsa de tela color negro con audífonos marca Blackwed, todo valorado en la suma de cuatro millones de colones. Acto seguido, los imputados [Nombre 075] y [Nombre 076], ingresaron los artículos sustraídos en el vehículo placas [Valor 010] conducido por el también imputado [Nombre 077], siempre actuando bajo el mandato expreso del encartado [Nombre 005] y seguidamente huyeron del lugar´. Esta cámara concuerda con la impugnante de que la fundamentación de la pena, por este asunto, es contradictoria respecto al reproche punitivo de los demás eventos. En primer término, claramente se trata de una modalidad de robo distinta a las otras, por cuanto el ingreso a la vivienda siniestrada se hizo aprovechando que la víctima estaba cerrando el portón eléctrico de su vivienda, mientras que en los otros se hizo por la parte trasera de las casas invadidas y cuando no estaban sus moradores. De modo que, además de la intimidad, se violentó la integridad física y sicológica de la víctima, al amarrarla para reducirla, a pesar de que ella afirmó que no tuvo consecuencias emocionales por los hechos posteriormente. La falta de identificación de la dinámica del robo, y su discriminación respecto a los otros acontecimientos, condujo a una fundamentación incompleta porque el tribunal de instancia no explicó, de forma alguna, el por qué, a pesar de que en este evento confluía dos agravantes, dispuso la misma pena que los demás. Al respecto, se dijo lo siguiente: ³Sobre los aspectos subjetivos y objetivos del hecho punible, tanto el robo agravado como la asociación ilícita o los daños agravados que fueron cometidos por [Nombre 005] y [Nombre 019] cumplen con los elementos del tipo penal, es decir, se dan las circunstancias base de las conductas sancionadas en nuestro ordenamiento jurídico así como la agravante de ser cometido por varias personas, pero sin que se produzca un desbordamiento del tipo penal, es decir, sin que se concurran varias agravantes a la vez, a excepción del hecho 5.43 en el que se condena a [Nombre 005] y en este si se dan dos agravantes el uso de arma de fuego y la participación de dos o más personas ´ (texto tomado de las páginas 514 y 515 de la sentencia recurrida). Conforme con la cita anterior, el tribunal de mérito, mediante un razonamiento que ha sido avalado por esta cámara, estimó que la forma de ejecución de los robos no ³desbordó´ el tipo penal, a excepción del hecho donde la víctima es la señora [Nombre 078]. De ahí que, al momento de definir la pena, debió brindarse una explicación satisfactoria del por qué, si el suceso sufrido por la señora [Nombre 078] ³desbordó´ el tipo, el reproche punitivo debía ser igual a los demás robos juzgados. Véase que, incluso, ex profeso se indicó que este asunto era mucho más reprochable que los demás. Al efecto, se consignó lo siguiente: ³Únicamente con el caso 5.43, en el que se está condenado a [Nombre 005], en este la lesión al bien jurídico tutelado sea la propiedad tiene una doble vulneración pues se ingresó a la casa con violencia, se amarró a la víctima, se usaron armas: lo que vulnera no solo la intimidad si no la integridad física, lo que también aumenta el reproche de la conducta, pues durante el desarrollo del evento ya en número los imputados superaban a la víctima, lo que por sí mismo era suficiente para vencer cualquier resistencia de la ofendida´ (pasaje extraído de la página 516 de la sentencia impugnada). No obstante, a pesar de que el propio tribunal de instancia reconoció que el caso de la señora [Nombre 078] es el hecho penal más reprochable de todos los juzgados, no explicó el por qué la pena debía seguir igual que las demás que impuso. Conviene destacar, eso sí, que la señora [Nombre 078] fue enfática en que el suceso no le causó una impronta sicológica; que logró recuperar integralmente sus objetos, pues la policía estaba ³esperando´ a los autores materiales del robo e, incluso, continúa viviendo en el país. De manera que no puede aceptarse las argumentaciones retóricas de la fiscal, quien asegura, en contra de las mismas manifestaciones de la ofendida, que sí tuvo un perjuicio económico y sicológico, así como se le causó un daño irreparable a la reputación nacional. Así las cosas, se anula la sanción impuesta por este acontecimiento en particular y se dispone el juicio de reenvío para que se defina nuevamente. En otro orden de ideas, retomando los argumentos recursivos, estima esta cámara que la valoración que hace la fiscal de las condiciones personales de [Nombre 019] y [Nombre 005] es sesgada y estereotipada. La jurisprudencia ha ido perfilando aquellos elementos de las condiciones personales de las personas juzgadas que deben ser valoradas negativamente, entre ellos, está la reincidencia. Al respecto, se ha indicado lo siguiente: ³C. Unificación de las posiciones de esta Sala Tercera, en cuanto a la reincidencia: Una vez que este órgano de Casación Penal, ha analizado las anteriores líneas jurisprudenciales, establece que el criterio con el que se asume la procedencia de los antecedentes como parte de las condiciones personales del encartado, según el inciso e) del artículo 71 del Código Penal, es el que debe imperar, en el tanto, se trata de un criterio que no excede el principio de culpabilidad. Sin embargo, dentro de esa tesitura, también es claro que la reincidencia aún como parte del inciso e) del artículo 71 citado, no podría ser el único argumento en la determinación y agravación del monto de la sanción, ya que ello implicaría sustentar sin mayor reparo, la infracción de garantías fundamentales del proceso penal, como el principio de non bis in ídem, o el mismo principio de culpabilidad en sus dos dimensiones: no puede haber pena sin culpabilidad y la pena no puede superar la gravedad de la culpabilidad (BACIGALUPO Enrique, Derecho Penal y Estado de Derecho, Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2005, p.144) y en general, el asumir un derecho penal de autor o de culpabilidad por el carácter, frente al derecho penal del acto o de culpabilidad por el hecho, que debe prevalecer en un Estado Democrático como el nuestro. Al respecto, debe reconocerse ´ (resolución n°2014-763, de las 11:50 horas, del 14 de mayo de 2014, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). En este caso, ninguno de los dos justiciables cuentan con registros en sus antecedentes penales, de ahí que tal elemento no podría ser considerado negativamente. Ahora bien, al momento de efectuarse el juicio, el sindicado [Nombre 019] contaba con 24 años; se dedicaba al oficio de tatuador informal, era indocumentado; padre de una niña; y percibía un ingreso mensual de 95 mil colones. Por su lado, el acusado [Nombre 005] contaba con 31 años; es casado y padre de un niño de 10 años; y obtenía un salario mensual de 360 mil colones. Esta cámara ignora cómo pueden valorarse perniciosamente tales atributos si son suficientes para considerarlos como un plan de vida ni, huelga decir, la recurrente tampoco explicó adecuadamente el por qué. No se trata solamente de enunciar un vicio, sino que este sea esencial y verificable. Es cierto que el tribunal de instancia utilizó las circunstancias de vida de los acusados para justificar la no imposición de la propuesta punitiva de la representación fiscal, ello a través de un razonamiento que no fue refutado por la apelante y, por tanto, mantiene su vigencia. Así las cosas, a excepción del hecho donde la víctima fue la señora [Nombre 078], corresponde mantener la decisión venida en alzada. (C) En relación con la endilgada [Nombre 010], la mayoría del tribunal de instancia estimó lo siguiente: ³«se valoró que esta para la comisión de los hechos contaba con 61 o 62 años, es ama de casa, con baja escolaridad, y que para el momento en que se dan los eventos ella estaba desempleada. Esto lo que permite al tribunal es determinar que ella se inserta en la estructura criminal básicamente por un tema de confianza y cercanía con su hijo [Nombre 019] y con el ánimo de ayudarlo para que este lleve sustento a su hogar (lo cual es claro de las intervenciones telefónicas), ello nos lleva a analizar el inciso g) del ordinal 71 en relación con el artículo 72 del código Penal, donde por mayoría, se ha considerado que [Nombre 010] tiene varias condiciones de vulnerabilidad, condiciones de pobreza que son las que la llevan a cometer el delito. En primer lugar, ella es mujer, ama de casa, que tiene una fuerte dependencia económica de su esposo. Para la fecha de los hechos ella perdió su trabajo como servidora doméstica, lo que fue normalizado en época de COVID pues se incentivaron reducciones de jornadas, y el aislamiento social como parte de las medidas sanitarias, lo que generó que muchas personas perdieran su trabajo. Así mismo, es una persona migrante, quien durante su trabajo tampoco contó con beneficios como la seguridad social. A su vez, con 61- 62 años, ya no era una mujer que entrara dentro del grupo económicamente más activo, para poder con facilidad buscar un nuevo empleo que le permitiera llevar sustento a su hogar o colaborar con la economía en el mismo. El dictamen pericial 22-000470-0725-TS de la Oficina de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial de folios 2285-2287 señaló en el análisis de la situación valorada que [Nombre 010] cuenta con una escolaridad hasta quinto grado y que es desempleada desde el 2020 producto de la pandemia cuando prescindieron de ella como estrategia para prevenir el contagio tanto del grupo familiar de quien la empleó como el de ella misma. Integra un grupo familiar de estructura nuclear conformado por ella y su compañero sentimental, quien no cuenta con estudios formales y trabaja en mantenimiento en la vivienda de un abogado y ocasionalmente realiza trabajos de construcción. A nivel económico el dictamen dejó constando que ella depende de su pareja sentimental, quien gana quince mil colones diarios más cien dólares mensuales que su hijo mayor le envía y pese a que el ingreso no los ubica en condición de pobreza satisfacen ajustadamente las necesidades básicas. Como conclusiones el dictamen pericial señaló que [Nombre 010] se identifica como una mujer adulta vulnerable toda vez que es migrante, sin seguro social, con escasa escolaridad, sin empleos formales durante la mayor parte de su vida, sin garantías laborales, desempleada, y cuya edad le dificulta ubicarse laboralmente con dependencia económica de su compañero sentimental. Estos aspectos como se ha reiterado influyen de forma positiva en la cuantificación de la pena, pues no puede dejarse de lado que los informes del Estado de la Nación de los últimos tres años apunta a que el país genera insuficientes oportunidades laborales para la población en edad de trabajar y particularmente para la fuerza laboral menos calificada (ver Programa Estado de la Nación (PEN) 2022, 2023 y 2024) todo lo que a su vez afecta produce esas condiciones de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica, que por los menos para la mayoría de este tribunal sí se dan en [Nombre 082], de mayor manera que en el resto de imputados. De ahí que, para estas juzgadoras, todas esas condiciones de vulnerabilidad económica son las que la llevan a ella a delinquir, si bien el dictamen no concluyó que específicamente estuviera dentro de los índices de pobreza establecidos por el IMAS, lo cierto del caso es que sí vivía en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, especialmente durante el COVID-19 que es el contexto histórico en el que se desarrollaron los delitos. Desde esta perspectiva, las Reglas de Brasilia establecen como la administración de justicia debe operar ante poblaciones vulnerables y en [Nombre 010] hay aspectos transversales que influyen y dan sustento a la misma, no solo su condición de mujer, sino que es mujer, migrante, con poca escolaridad, sin trabajo y actualmente adulta mayor, aspectos que sin lugar a duda influyen en la imposición de la pena. Así las cosas, del mínimo de pena se hace un rebajo aún mayor, según lo dispone el ordinal 72 de nuestra normativa sustantiva, quedando en una sanción de tres años y tres meses por cada delito de robo agravado´ (texto extraído de las páginas 520 a 522 de la sentencia impugnada). Aunque esta cámara comparte el criterio sostenido en la anterior cita relativo a que la señora [Nombre 010] es una persona en estado de vulnerabilidad, estima que el razonamiento no satisface el estándar mínimo de fundamentación previsto en el numeral 142 del Código Procesal Penal, en virtud de que no se exteriorizaron los motivos por los cuales la mayoría del tribunal de instancia consideró que doña [Nombre 010] cometió los delitos por los cuales fue condenada por su situación de ser una mujer pobre, adulta mayor, migrante y analfabeta funcional, así como que la mayoría de su vida laboral la ha desarrollado en la economía informal. Aunque claramente quien participa en un robo, lo hace en procura de la obtención de un beneficio patrimonial, no se está ante un caso propio de un hurto famélico o de una situación donde la imputada no esté en capacidad de ingeniarse recursos económicos por medios lícitos, como para suponer que solo a través de la actividad delincuencial es la única alternativa para satisfacer sus alimentos y necesidades vitales. Aunque el criterio de esta cámara es que sí es procedente apartarse de la pericia sicosocial elaborada si se utiliza un razonamiento válido y adecuado, lo cierto es que quedó claro si la participación de doña [Nombre 010] en los ilícitos fue por su condición de pobreza o por la relación afectiva con su hijo. Esta fue la última tesis sostenida por la mayoría del tribunal de instancia, lo que significaría que la conducta de la señora [Nombre 010] no estuvo influida por su situación de vulnerabilidad si no por sus sentimientos hacia su descendiente, máxime que   no se tiene claridad de si ella obtenía algún beneficio económico de los bienes sustraídos, dado que no se pronunció a los motivos por los cuales colaboró con su hijo. Para que se configure el atenuante bajo estudio, se requiere de la presencia de los siguientes factores: (1) de elementos de convicción que permitan identificar condiciones de vulnerabilidad de la persona juzgada; (2) que el material probatorio permita establecer una conexión directa entre dichas condiciones y la conducta delictiva ejecutada y (3) que se demuestre que esa vulnerabilidad efectivamente existió al momento de los hechos, así como que esté relacionada con la conducta que se investiga y que la influyó o la condicionó. De ahí que es insuficiente acreditar que una persona está en una situación de vulnerabilidad para que la persona juzgadora pueda optar por hacer uso de la facultad que le concede la normativa para el rebajo de la sanción por debajo del mínimo legal establecido en el tipo penal. Al respecto, se ha indicado lo siguiente: ³El hecho de que la imputada se halle en una condición de vulnerabilidad no constituye un factor que, por sí solo, permita habilitar la aplicación del precepto contenido en el inciso g) del artículo 71 del Código Penal en relación con el numeral 72 de ese mismo cuerpo normativo. Para tener por verificada la hipótesis de la norma, la acreditación de la vulnerabilidad representa tan solo un primer paso, pues la legislación ha condicionado la reducción discrecional de la pena, ³«cuando ese estado haya influido en la comisión del hecho punible´. Es decir, se requiere una lectura de dos niveles. Primero, el órgano jurisdiccional debe determinar la presencia de una condición de vulnerabilidad, para lo cual la legislación ha delineado cuatro variables: (a) pobreza; (b) tener bajo su responsabilidad el cuido y la manutención de familiares dependientes; (c) discapacidad; y (d) ser víctima de violencia de género. En segundo término, tal y como expresamente lo dispone la norma en cuestión, se requiere un vínculo, en el plano ontológico, entre alguna de las circunstancias antes descritas, y la comisión del hecho punible. Este segundo punto es precisamente el que se echa de menos en el sub lite con relación a los aspectos que expuso la acusada en la audiencia del 3 de setiembre de 2024 y que recoge el defensor público en su escrito de casación, que no fueron reseñados ni valorados en alzada [«] El inciso g) del artículo 71 del Código Penal no es de aplicación automática, en el entendido de que no basta, para aplicar un rebajo de la pena, con indicar las aparentes condiciones de vulnerabilidad en que se encontraba la imputada para el momento en que sucedieron los hechos acusados, sino se correlaciona o vincula con la ejecución de la delincuencia, requisito indispensable que no lo demuestra el impugnante. En consecuencia, por no ajustarse el reclamo incoado al nivel de concreción requerido por la normativa penal (por ausencia de conexión entre las condiciones de vulnerabilidad indicadas y la comisión del hecho punible), se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el licenciado Álvaro Justo Quirós Sánchez, defensor público de la encartada [Nombre 008]´ (resolución n°2025-105, de las 10:41 horas, del 6 de febrero de 2025, de la Sala de Casación Penal).  Así las cosas, al no contener la decisión de la mayoría del tribunal de instancia tal conexión, en criterio de esta cámara, lo procedente es anularla, para que se discuta nuevamente en el juicio de reenvío.

Respecto a las medidas cautelares: En vista de que el justiciable [Nombre 008] fue sometido al arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico a partir de la emisión de la sentencia apelada, ello por un lapso de 12 meses, lo procedente es anulárselo y disponer su inmediata libertad de movilización. Anteriormente no consta que el endilgado [Nombre 008] fuera objeto de medida cautelar. Así las cosas, en vista de que se acogió el primer motivo del recurso de apelación interpuesto por la letrada Valenciano Jiménez, lo que implicó la nulidad de la declaratoria de culpabilidad del justiciable [Nombre 008], cesó la justificación legítima de la medida cautelar en su contra y, por ello, ambas deben seguir el mismo camino. Comuníquese la anterior decisión a la Unidad Especializada de Monitoreo y Dispositivos Electrónicos del Ministerio de Justicia y Paz. En relación con los endilgados [Nombre 011] y [Nombre 010], al subsistir su declaratoria de responsabilidad penal y quedando pendiente únicamente la imposición de la pena, debe continuar la prisión preventiva dispuesta en contra de ellos. Finalmente, sobre los acusados [Nombre 005] y [Nombre 019], al no haber cambios significativos en su situación jurídica, también deben seguir vigente la medida cautelar que se les impuso, a la espera de que tanto la condenatoria como la imposición punitiva adquiera firmeza.

Recursos de apelación interpuestos contra la sentencia n°001-2025, de las 10:00 horas, del 30 de enero de 2025 [causa 24-000006-1965-PE].

El licenciado Guido Núñez Jarquín, defensor particular del acusado [Nombre 014], de manera introductoria, especifica que el agravio general consiste en que la resolución apelada incurre en una incorrecta apreciación de las circunstancias fácticas y probatorias que, si hubiera sido debidamente valoradas y fundamentadas, no hubiera derivado en la necesaria imposición de una pena por 10 delitos de robo agravado y 2 ilícitos de hurto agravado. Subraya que la sentencia impugnada efectúa un inadecuado examen del material probatorio al tomar en consideración las manifestaciones hechas por un informante confidencial, lo que cercenó la inmediación de la prueba, en virtud de que la policía lo mantuvo oculto. Agrega que el a quo ponderó la información confidencial como si fuese una noticia del crimen, a la cual se le dio credibilidad solamente con la manifestación de los investigadores judiciales, a pesar de que contenía varias contradicciones. En específico, reclama que los datos suministrados por la policía judicial fueron que el sindicado ([Nombre 014]) participó en los hechos denunciados como chofer de un grupo criminal liderado por dos personas, que, a su vez, eran los que ingresaban a los lugares donde sustraían los bienes de los ofendidos. Indica que, en consecuencia, los elementos de prueba se estudiaron en relación con la información confidencial, ³teniendo para los efectos del proceso a mi representado como culpable, necesitando para condenar algún elemento que aún indiciario pudiera justificar la sentencia como al final paso con la sentencia condenatoria del señor ([Nombre 014]), sentencia CONDENATORIA, respecto de las pretensiones punitivas del Ministerio Público, sobre hechos acusados que incluso en la construcción de los mismos en la acusación son confusos, generando un agravio más a la defensa ya que son poco entendibles y hasta confusos para que en un a cantidad tan importante de hechos acusados más de 45, dejando sin posibilidad de defensa efectiva ya que al acusar indiscriminadamente muchos delitos deja la posibilidad de que al menos en tres sea condenado y que al ser muchos hechos acusados el reproche sea mas alto como pasa con el señor ([Nombre 014]) que la sentencia por 10 delitos de robo agravado y dos de Hurto, sumaran OCHENTA Y CINCO AÑOS DE PRISIÓN, que con la reglas del concurso material queda la pena a cumplir de VEINTISIETE AÑOS DE PRISIÓN´ (copia literal tomada de la página 3 del recurso). Concluye su introducción, indicando que le otorga la libertad, a esta cámara, de examinar la totalidad del fallo recurrido y que, de oficio, si fuera del caso, determine todos los aspectos de hecho y derecho que hayan concurrido a crear una sentencia con defectos absolutos y quebrantos al debido proceso, como lo informan la correlación de los artículos 459 del Código Procesal Penal y 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos. En su primer motivo reclama ³errónea valoración de la prueba esencial para la determinación de los hechos y violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba´. Especifica que la resolución impugnada contiene ambos defectos enunciados y, de seguido, elabora una breve reseña doctrinal sobre el tema.  Reclama que el a quo desaplicó las reglas de la sana crítica racional al ³no considerar prueba esencial y fehaciente reproducida en el debate a la cual ni siquiera le otorga la calidad de prueba testimonial y, en consecuencia, no determina los hechos correctamente, es decir, muestra una verdadera desidia por el acervo probatorio y no realiza un análisis integral armónico de dichas probanzas, desaplicando el Derecho que le era obligatorio´. Acerca de la sumaria 21-023110-0042-PE, relativa al hecho 5.15, señala que no se logró verificar la declaración de la víctima respecto a la participación de su representado, pues ella indicó no conocerlo. Menciona que la agraviada describió que, de la entrada principal del condominio hasta su casa, no se logra visualizar ³nada´, por lo cual, en opinión del apelante, ³sería imposible realizar la función de vigilancia del señor ([Nombre 014]) para que otras personas ingresaran a la casa de habitación´. Respecto al video decomisado de una cámara que captó la imagen del lote baldío que colinda con la vivienda de la ofendida, que corresponde a la imagen 14 de folio 321, ³no es tan lo que se puede verificar en el video como prueba material número ocho y reproducido en debate donde se ve un vehículo tipo sedan cuatro puertas color, las características individualizantes descritas por el Tribunal en sentencia, son relacionadas con este hecho por un vehículo Toyota Corolla, placa [Valor 011], así acusado, que se estaciona frente al abastecedor ubicado 50 metros al este de la entrada principal a los condominios bajando del mismo el encartado [Nombre 014] e ingresando al abastecedor donde se observa una persona gruesa que ingresa al establecimiento sin embargo no se puede identificar plenamente, ya que la cámara captó a esta persona con una mascarilla en su rostro, dejando duda de la verdadera identidad del mismo, dejando claro de antemano que no se logra identificar al dueño del automotor, Toyota Corolla, placa [Valor 011] que en apariencia participa en varios robos, no sabiendo hasta este momento, si el mismo es de características similares a las del sujeto que ingresa a el comercio y que conducía el vehículo sedan cuatro puertas color blanco, en ese vehículo se observa en el video que queda otra persona (imagen 16 a 21, folio 322 a 325 vuelto)´ (copia literal extraída de la página 5 del recurso). Reitera su criterio según el cual, de los elementos de prueba, no se puede acreditar que fuera el justiciable ([Nombre 014]) quien ingresó al local comercial y que él hubiera utilizado el vehículo que los investigadores judiciales determinaron que usaba en algunas ocasiones. Específica que tal automotor no era propiedad de ([Nombre 014]) y que no se aprecia un elemento individualizador como la matrícula de este. Reclama que, si la función de su patrocinado era de transportista y de vigilante, no se determinó que tuviera comunicaciones con las personas que fueron identificadas como autores materiales de los ilícitos e, incluso, con los líderes de las operaciones criminales. Comenta que no se determinó que hubiera reuniones previas ni posteriores a los hechos con los otros sujetos de la banda criminal. Destaca que al justiciable ([Nombre 014]) no se le decomisó ningún artículo sustraído, así como no se hallaron mensajes relacionados con los hechos en su teléfono celular. Considera que la prueba para estimar al acusado como autor del hecho es escasa. Acerca de las sumarias 21-023425-0042-PE y 21-023389-0042-PE, correspondientes a los hechos 5.17 y 5.18, respectivamente, luego de insertar un fragmento de la resolución apelada, reclama que no es posible presumir que el imputado ([Nombre 014]) hubiera participado solamente porque figuró en los demás hechos como conductor de un vehículo de color blanco. Comenta que la prueba valorada por el a quo consistió en que su representado activó una radiobase y que el automotor parecía ser el que este conducía. Estima lo siguiente: ³«impera la duda el análisis es presuntivo, si fueran los integrantes de un grupo criminal, no se prueba que esas aparentes activaciones fueron para comunicarse con las personas que estaban realizando el hurto´ y reitera que no se observó a su representado en reuniones con las personas sospechosas. Por los anteriores motivos, considera que el a quo fundamentó inadecuadamente que el encartado ([Nombre 014]) hubiera participado del plan previo e insiste en que no se logró identificarlo actuando en los sucesos acusados. Sobre la sumaria 21-024284-0042-PE, correspondiente al hecho 5.19, luego de describir que las denuncias informaron que el robo se cometió a través del escalamiento de paredes y del ingreso por ventanas, refiere que tal mecánica requiere de personas que tuvieran la condición necesaria para efectuar tal esfuerzo físico. Comenta que su representado era una persona obesa para el momento de los hechos, por lo cual no le era posible escalar ni ingresar por una ventana. Reclama que no se logró determinar que el sindicado estuviera en la zona acompañado de personas que pudieran ejecutar el robo. Menciona que no existe comunicaciones previas o posteriores al robo ni reuniones con las personas investigadas. Señala que no hay bienes que se lograran identificar como los robados. Estima que el video estudiado por el a quo fue tomado en una estación de servicio y venta de conveniencia, donde ([Nombre 014]) estuvo algunos minutos y se comunicó por teléfono con una persona que no fue identificada como uno de los sospechosos de cometer los ilícitos. Por tales motivos, el licenciado Núñez Jarquín opina que no se podría determinar que su representado estuviera coordinando con alguien que estaba robando que iba a recogerlo en un lugar acordado, puesto que no se cuenta con ³reuniones, llamadas, mensajes en su teléfono o el de otro de los imputados que determine que hubo acuerdos previos a la comisión del delito con alguno de las otras personas investigadas´. Menciona que la vinculación del imputado ([Nombre 014]) fue gracias a la forma de operar de la organización criminal, lo cual, en su criterio, demuestra su falta de relación con las personas investigadas. Respecto a la sumaria 21-004262-0057-PE, relacionada al hecho 5.20, luego de describir la valoración del material probatorio empleado por el tribunal de mérito para acreditar la vinculación del justiciable ([Nombre 014]), reclama que no hubo comunicaciones con los posibles autores de los hechos y que no se logró determinar que la persona que estaba en el vehículo era su representado. Destaca que, aún y cuando el endilgado fue ubicado gracias a la activación de radiobases, no se logró determinar que realizó un plan previo con otras personas; que se comunicara con ellos; o que vendiera los bienes robados. Subraya que, para ese momento, los investigadores judiciales ya tenían vigilados a las personas sospechosas, dentro de ellas, al acusado ([Nombre 014]), para reiterar sus alegatos. Respecto a la sumaria 21-006426-0059-PE, la cual se relaciona con el hecho 5.21, después de sintetizar el análisis elaborado por el a quo del material probatorio para vincular a su representado, se queja que se trata de elementos de convicción indiciarios que ³no se podrían valorar en este caso tomando en cuenta presunciones de participación de persona que no se puede identificar y comunicación de un teléfono que podría ser portado por otra persona ya que no se determina dentro de las intervenciones que para los hechos por el cual condena el Tribunal existiera comunicación que valorada la misma se determinara conocimiento y participación en robo por el cual se sentencia a mi representado. El hecho de existir una activación de radio base, que es un hecho notorio he informado por los peritos judiciales, que no es certera la ubicación por radio base puede haber diferencias incluso de kilómetros, del lugar de los hechos, ubicación de la Radio Base y del objetivo, dejando duda de la ubicación del objetivo, prueba que toma el Tribunal como irrefutable para generar la sentencia en contra de mi representado como un indicio mas, que consideramos no da los elementos certeros para tener al objetivo totalmente ubicado y mucho menos que el teléfono valorado estuviera siendo usado por ([Nombre 014]) en ese momento. Quedando dudas importantes para poder generar una sentencia de absolutoria al menos por duda´ (texto recuperado de la página 10 del recurso). Respecto a las sumarias 21-006569-0059-PE y 21-006568-0059-PE, relacionadas con los hechos 5.22 y 5.23, reclama que se hubiera valorado que, por el solo uso del teléfono celular, se vinculara a su representado a los sucesos imputados. Especifica que ³si existe una prueba de tenencia del teléfono no se puede determinar que el mismo este en uso de forma constante por el señor ([Nombre 014]), ni mucho menos se puede establecer que el vehículo estuviera en uso constante del señor ([Nombre 014]) ya que tenia un propietario que lo manejaba así como otras personas que lo usaban con el consentimiento del propietario, así acreditado en los informes policiales y declaraciones en juicio de los investigadores Judicial´ (cfr. página 10 del recurso). Relativo a la sumaria 21-026042-0042-PE, vinculado al hecho 5.24, se queja que los elementos de prueba valorados por el tribunal de mérito fueron escasos, pues consistió en dos indicios: (i) el vehículo que, en su opinión, no se logró identificar adecuadamente, pues no se determinó su número de matrícula ni la persona que lo conducía; y (ii) la ubicación por radiobase de un número telefónico que, en su criterio, no se puede determinar que estuviera siendo usado por su representado al momento de ocurrencia del hecho. Reitera que, para ese momento, las personas sospechosas estaban siendo seguidas por los investigadores judiciales y reclama que no se lograra identificar el vehículo o su conductor, así como que el número telefónico fuera utilizado por el endilgado ([Nombre 014]). Estima que existe una duda de la participación de su representado en el evento acusado, en virtud de que, para ese momento, ³se manejaba una información confidencial de los líderes de un aparente grupo criminal, si [Nombre 014] participaba con ellos tenían que reflejan en las vigilancias seguimientos y ubicación de lugares de los robos ya que se tenía por los investigadores, las horas días y forma de actuar de los partícipes en el grupo criminal, sin embargo mi representado no se ubica participando en reuniones, venta de artículos robados, no se ubica artículos robados en su vivienda´. Comenta que los anteriores aspectos debieron ser valorados por la autoridad jurisdiccional de instancia por ser parte de la estrategia de defensa y no solamente condenar al justiciable por suponer o creer que debía estar en el lugar de los hechos conduciendo un vehículo que no era de su propiedad. Estima que los elementos de prueba son insuficientes para considerar a su patrocinado como responsable del hecho acusado. Acerca de las sumarias 21-026445-0042-PE, 21-026444-0042-PE, y 21-026446-0042-PE, relacionadas con los sucesos numerados como 5.25, 5.26 y 5.27, luego de sintetizar el planteamiento del a quo sobre el particular, reclama que la ubicación del teléfono asociado a su representado fue anterior a que sucedieran los hechos en Curridabat. Agrega que los tres eventos fueron acusados como sucedidos a las 19:00 horas, ³estando la ubicación por radio bases en Heredia Ulloa. No siendo posible de esta forma, como se ha hecho en la mayoría de los casos que se sentencia, la ubicación del teléfono investigado cerca del lugar del hecho´ (texto recuperado de la página 12 del recurso). Luego de ingresar otro fragmento de la resolución apelada, comenta que ³la forma en la que analiza el Tribunal no deja espacio a la duda, ya que en la sentencia aún no siendo posible probarla solo con el hecho de que el Tribunal estima que es parte de la organización criminal es suficiente y la prueba correría de todos modos en contra de mi representado ´ (cfr. folio 13 del recurso). Después de insertar un croquis tomado de la ampliación del informe policial 077-CI/SR-20, comenta que en la habitación de ([Nombre 014]) se ubicó un teléfono celular, pero no así algún elemento u objeto relacionado con los hechos juzgados. Relata que tales aspectos fueron alegados en la etapa de conclusiones del debate, pero no fueron considerados por el a quo al momento de tomar su decisión. Destaca que el tribunal de mérito ponderó que se hizo un reconocimiento de objeto a la víctima de los bienes decomisados a [Nombre 008] en la vía pública, ello el 3 de noviembre del año 2021, mediante acta de secuestro 130836, quien también figuró como conductor del vehículo donde se transportaron a los autores materiales de los eventos. Reitera que el tribunal de instancia efectuó un análisis carente de fundamento y con vulneración a las reglas de la sana crítica al considerar que su representado era parte de la organización criminal ³en primer término, por la declaración de un informante del cual no se logra inmediar esa prueba debido a que estaba oculto por parte del Organismo de Investigación Judicial, siendo solo el hecho de que los hechos se realizaban mediante un plan delictivo, que cualquier robo bajo esa modalidad participaba mi representado, cuando estaba presente un carro blanco de modelo antiguo. Además tomando en cuenta las declaraciones de los investigadores ninguno de ellos pudo determinar que se pudiera identificar al señor [Nombre 014], ni al vehículo que se cree se usaba para trasportar a las personas que robaban en la viviendas, lo que mencionan todos en que se identifican por características, ([Nombre 014]) persona obesa, VEHICULO, blanco modelo viejo´ (texto recuperado de la página 14 del recurso). Como agravio, expone  que la sentencia apelada incumple con la obligación prevista en el artículo 184 del Código Procesal Penal ³de analizar concretamente cada uno de los elementos de prueba, su razonabilidad, proporcionalidad, idoneidad, pertinencia y necesidad para demostrar o descartar los hechos acusados, a su vez consignar las razones de Sana Crítica para dar o no mérito y credibilidad a dichos medios de prueba con base en la experiencia común, la lógica, la psicología y demás criterios de valoración de la prueba´ (cfr. folio 15 del recurso). En su segundo motivo reclama ³insuficiente fundamentación jurídica, en cuanto a la fundamentación de la pena tipicidad, antijuricidad y tipicidad´. Critica que el a quo incurrió en una insuficiente fundamentación al emplear frases dogmáticas con una ³simple´ descripción de los hechos para determinar los delitos de asociación ilícita, robo agravado y hurto agravado. En relación con el primero de los ilícitos mencionados, destaca que, en sus conclusiones del debate, indicó que no se logró determinar, con el grado de certeza requerido, su existencia y, agrega, ³la forma que se construye la sentencia y es fundamentada en cuanto a la tipicidad, no hace ver la reiteración en los hechos acusados de una asociación, por el contrario se verifica que como valora por parte del Tribunal se da una relación Circunstancial de [Nombre 014] con el resto de personas investigadas, siendo claro que al menos cuatro de ellos son familia, [Nombre 005], [Nombre 008] y [Nombre 014], los anteriores en su orden son el hijastro y el hijo de la misma madre«´ (texto recuperado de la página 15 del recurso). Refiere que la resolución número 2005-1254, de las 09:05 horas del 7 de noviembre del 2005, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, constituye un precedente contradictorio a lo resuelto en la sentencia de instancia. Reitera que, en su opinión, en este caso, no se dan los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal comentado. Por otra parte, considera que la condena impuesta a su representado, por tal delito, fue excesiva, ello al no determinarse su existencia y, además, se dispuso una pena por encima del mínimo legal, la cual, en su criterio, no fue fundamentada. Sobre el delito de robo agravado, menciona que el a quo valoró los hechos nuevamente sin la indicación de cuál fue el factor que lo condujo a aumentar la sanción por encima del mínimo legal, por lo cual, en su opinión, no se motivó la imposición de nueve años de prisión por cada uno de ellos. Por tales motivos, estima que la resolución apelada debe ser declarada ineficaz en cuanto al monto de la pena y ordenarse el reenvío para una nueva fundamentación de la pena. Comenta que esta causa es un testimonio de piezas del proceso original, que se venía tramitando bajo el número 20-006777-0059-PE, en donde los líderes de la organización investigada fueron sentenciados a 21 años de prisión, por lo cual reitera que, sin fundamento alguno, se impuso una pena mayor de prisión a su representado. Concluye su alegato con la cita del numeral 142 del Código Procesal Penal y una breve referencia dogmática sobre dicho dispositivo procesal. Como agravio, expone que la resolución apelada desaplicó el deber de fundamentar sus convicciones, así como los razonamientos de hecho y de derecho, con lo cual infringió su deber judicial previsto en el artículo antes citado. Estima que la anterior circunstancia conlleva a que la sentencia apelada contenga graves vicios lógicos de su coherencia entre lo considerado y lo otorgado en el ³por tanto´, cuando condena de manera equivocada, a pesar de que no existen elementos de prueba para derribar el principio de inocencia e impuso una pena excesivamente alta sin fundamentarla. Sustenta su recurso en los numerales 36, 39 y 41 de la Constitución Política; 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos, 30 del Código Penal; y 1, 2, 5, 6, 8, 10, 130 a 133, 139, 141, 142, 144, 145, 184, 358 a 364, 365, 366, 464, 458 al 467 del Código Procesal Penal. Gestiona que la sentencia impugnada sea anulada y que esta cámara dicte una nueva o, en su defecto, se disponga el reenvío para que el mismo tribunal de origen, con una nueva integración, decida definitivamente sobre los hechos acusados conforme a derecho, dada la inocencia de su representado o, bien, en relación con la fundamentación de la pena, si esta autoridad jurisdiccional estima el acusado ([Nombre 014]) es culpable de algunos de los hechos imputados en su contra.

Sinopsis de la audiencia celebrada a las 14:00 horas del 28 de mayo del año 2025: El licenciado Guido Núñez Jarquín, defensor del encausado [Nombre 014], solicitó que esta Tribunal revise el recurso que presentó, así enfatizó algunos aspectos en relación con la valoración que efectuó el a quo al momento de la decisión. Explica que esta causa nació de otra, porque cuando se inició el juicio del asunto principal, don [Nombre 014] tuvo una descompensación en la medición de glicemia y no se pudo estabilizar, por lo cual se le separó de la original, en donde se juzgó a una organización supuestamente especializada en robos en viviendas en condominios. Desea que ello se considere cuando se refiere al motivo vinculado al quantum de la pena. Aclara que, en este asunto, se conocieron 45 robos agravados, los cuales fueron relacionados por el actor penal por el modo de operar, como también lo tuvo por acreditado el tribunal de mérito, el cual consistió en que los ingresos a las viviendas se realizaban por senderos o lotes baldíos que colindaban con la parte trasera de los condominios, para luego romper las paredes y sustraer artículos de valor. Por ello, explica el expositor, en juicio se valoró la asociación de tales hechos y si existía algún elemento probatorio que podía vincular a su defendido con ellos. Señala que el Ministerio Público pidió la condena del imputado por 20 hechos, pero el a quo consideró que solo participó en 10 de ellos, por lo cual lo absolvió de 9 ilícitos de robo agravado. Menciona que tal introducción la efectúa para evidenciar que no se tenía certeza de que su patrocinado hubiera participado en los eventos juzgados y, desde su óptica, la sentencia de primera instancia no pudo concretarlos, así como ³forzó´ el material probatorio e hizo un mal análisis de este. Expone que el a quo indicó que la conducta desplegada por el encartado consistió en que manejaba un vehículo con una placa en específico, el cual se podía visualizar en los videos de la zona donde se dieron los hechos; no obstante, afirma el apelante, tal aspecto no se logró probar en ninguno de los casos y, en su opinión, no se pudo determinar que era su representado quien conducía tal coche. Refiere que se verificó que el automotor no era propiedad del justiciable; que lo conducía otras personas y que estuvo en lugares distantes de donde se estaban desarrollando los robos. Estima que un aspecto relevante era el que se pudiera verificar que el encartado conducía el automotor y no simplemente condenarlo porque el carro pasaba por la zona y porque tal vehículo era blanco y viejo.  Asevera que, tal circunstancia, fue suficiente para el tribunal de mérito para afirmar que el sentenciado estaba realizando una labor de vigilancia y de transporte de los bienes y de las personas que los sustrajeron, así como de ocultarlos. Explica que debe ponérsele atención al testimonio del investigador [Nombre 083], quien explicó que hubo una intervención telefónica, vigilancias, seguimientos e informaciones confidenciales, siendo el elemento principal el primero de ellos. Explica que don [Nombre 083] atestiguó en juicio que no se obtuvo, respecto al endilgado, mayor información en la intervención telefónica. Agrega que, para ese momento, no se tenía la identificación del vehículo ni se conocía que este estuviera circulando por el lugar. Señala que su defendido no fue intervenido telefónico; que no hay testigos ni fotografías, o huellas dentro de los lugares donde se cometieron los robos. Indica que no se acreditó que hubiera una relación entre el sindicado con los artículos robados y, reitera, mucho menos con las otras personas que estaban siendo investigadas, pues no fue observado en reuniones con ellas. Explica que los bienes robados se ocultaban en la casa de [Nombre 005], donde la policía tenía una cámara fija al frente de esta y, en ningún momento, se apreció que don [Nombre 014] llegara al lugar. Remarca que la anterior circunstancia se tuvo por probada por parte del tribunal de instancia e, insiste, en que su participación fue de trasladar los bienes sustraídos hasta donde se ocultaban. Menciona que no se verificó que su defendido estuviera manejando el vehículo ni que guardara la res hurtada o que se beneficiara de estos. Comenta que los investigadores judiciales que declararon en el juicio no lograron determinar la participación del imputado en los hechos acusados, a pesar de que eran quienes realizaban los seguimientos a los sospechosos de nombre [Nombre 005] y al conocido como ³[Nombre 041]´, a quienes incluso los detenían preventivamente porque sabían que se dirigían a robar y, en aquellas ocasiones, les encontraron instrumentos para alcanzar dicho objetivo. Señala que, en esa oportunidad, [Nombre 005] y ³[Nombre 041]´ fueron trasladados por otras personas, con lo cual no se verificó que fuera don [Nombre 014] ³el transportista oficial´ del grupo criminal. Explica que el a quo absolvió al justiciable porque no ubicó su vehículo en la zona de los hechos o no hubo activación de radiobases en el sitio y, para condenar, empleó un solo indicio. Sostiene que las circunstancias entre los casos donde se absolvió o condenó al imputado son idénticas; sin que pueda determinarse a través de la activación de una radiobase que el acusado estuviera en el sitio, pues podía estar a una distancia de 2 kilómetros, según explicó el oficial [Nombre 083] en el debate. Refiere que sí se logró verificar que el sindicado era taxista ³pirata´, por lo cual podía estar en la zona brindando otros servicios y, reitera, que no se determinó que él se hubiera reunido con los otros sospechosos. Solicita que esta cámara revise el indicio antes aludido y valore la forma en que lo utilizó el tribunal de mérito para condenar a su representado.

Considera que se trata de un único indicio a pesar de que el expediente es muy voluminoso y, desde su perspectiva, no es posible generar una condena si no existen otros indicios adicionales para concatenarlos entre ellos y determinar que realmente existió la criminalidad acusada. Repite que se pudo acreditar en el debate, por medio de las declaraciones de los investigadores y de los documentos que rolan en el expediente, que el vehículo utilizado por el nodo criminal era conducido por otras personas, entre ellas, un hijo del imputado; otro sujeto; el dueño del automotor; y personas que alquilaban el coche. Insiste en que el carro no era de uso exclusivo de don [Nombre 014] como para estacionarse fuera de los condominios y esperar a los sospechosos para posteriormente recogerlos. Opina que se determinaron varios elementos o factores que el a quo no ponderó y, en específico, que el justiciable tenía problemas de alcoholismo severo, como se extrae de la propia intervención telefónica, donde él se ocultaba y estaba de ³fiesta´ o tomando licor en Heredia o Naranjo. Explica que, por dicha razón, el sindicado no podía ir a recoger a los sospechosos o efectuar un transporte, pues ni siquiera estaba presente para actividades familiares. Estima que ello significa que el imputado era inestable como para pertenecer a una organización criminal. Recuerda que, de hecho, el tribunal de instancia indicó que a don [Nombre 014], entre noviembre y diciembre, lo sacaron de la organización criminal y tuvieron que utilizar la aplicación ³In Driver´ porque no podían contar con él. Por tal motivo, el expositor estima que habría muchas ocasiones en las que el nodo criminal no pudo contar con su defendido, por lo cual debió analizarse y verificar realmente si había algún otro elemento de prueba, además de la radiobase activada, de que don [Nombre 014] participó en los robos acusados al menos trasladando a los sujetos porque, insiste, no llegaba a la casa de [Nombre 005]. Reclama que el encartado no fue visto en un video; no se le observó en alguna vigilancia; no se apreció que estuviera en la vivienda de [Nombre 005]; no se acreditó que se hubiera reunido con las otras personas investigadas para llegar a un acuerdo común. Aduce que no hubo una intervención telefónica donde el justiciable se pusiera de acuerdo con los otros sospechosos para recogerlos y, en su criterio, el tribunal de mérito no hizo el análisis de los elementos antes enunciados. Explica que siente un ³sinsabor´ porque, concatenados los anteriores elementos, se puede determinar que su patrocinado no participó en los hechos, pero como se separó la causa y el juicio se hizo en forma ³relámpago´, pues el principio empezó en octubre y este terminó primero, fue condenado a una sanción más alta que los líderes, a quienes les impusieron 7 años de prisión. Considera que no existe una valoración adecuada respecto a la imposición de la pena del endilgado, pues debió fijársele en la mínima. Refiere que las circunstancias que agravaron la sanción son aspectos subjetivos que nadie mencionó en el juicio. Opina que no se valoró de forma adecuada la reiteración de los hechos, pues, incluso, al final, ninguno de los sospechosos fue condenado por los 45 robos. Remarca que, si esta cámara revisa con cuidado la misma acusación, podrá notar que se describió que varias personas estuvieron realizando las mismas acciones dentro de la criminalidad juzgada, en este caso, el señor [Nombre 008] y don [Nombre 014] fueron referidos como los choferes del nodo criminal, mientras que el resto se turnaban para robar en los condominios, en donde podían ser 5 o 3 personas. Solicita que se valore tal circunstancia porque, en su opinión, genera una imprecisión importante para que la defensa pueda llevarse de forma adecuada y beneficia al actor penal, porque deja ³huecos´ que tornan casi imposible hacer que el justiciable sea declarado como inocente. Finaliza su alocución, considerando que los 10 hechos probados no tienen los elementos probatorios suficientes para estimarse como tales. Por su parte, la licenciada Paula Hernández Cruz, en representación del Ministerio Publico, gestiona que se rechace el recurso. Indica que, de los propios alegatos impugnaticios, se puede extraer que la apelación es una inconformidad respecto a lo resuelto. Menciona que, de la exposición de la defensa, se desprende que la resolución apelada sí contiene una fundamentación y que, incluso, respecto al primer motivo, la propia defensa admite que hubo una reproducción de la prueba testimonial y material. Comenta que, en efecto, en el cuarto apartado del fallo apelado se hace un análisis de los motivos para absolver al sindicado y, en el quinto, se explicó las razones para condenarlo, lo que denota que hubo una valoración objetiva del material probatorio. Destaca que el a quo ponderó una información confidencial, de la cual se extrajo las calidades del imputado y el número telefónico que utilizaba para el momento de los hechos, según explicó el oficial [Nombre 050]. Refiere que lo depuesto por el señor [Nombre 008] se acredita con los informes materiales, así como por la prueba material que son los videos recolectados. Menciona que, una vez acopiada la información, la policía judicial realizó la inteligencia para acreditar la existencia de tal persona y la posesión de dicha línea telefónica, para lo cual se efectuó la prueba de tenencia y se corroboró los vínculos que tenía con el resto de la organización criminal, muchos de ellos, familiares suyos. Señala que se logró acreditar el nexo del acusado con el grupo delincuencial por sus relaciones en redes sociales y mediante vigilancias y seguimientos. Indica que, en el fallo apelado, se consignó que la lectura de la prueba se hizo a través de una valoración concatenada de todos los elementos probatorios y la participación de don [Nombre 014] se basó en prueba indirecta o indiciaria. Explica que existe prueba material, como lo es la recolección de los videos, donde quedó plasmado que la función del imputado era de chofer, sea trasladar a todos los miembros de la estructura criminal a las casas donde iban a sustraer los bienes. Destaca que fue documentado que el encartado habitualmente hacía uso continuo del vehículo en cuestión, porque lo conducía y se aprecia estacionado en las afuera de su casa. De los videos subraya que se derivaron cuatro hechos de suma relevancia, como son los 5.15, 5.19, 5.20 y 5.21, donde, reitera, se observa a don [Nombre 014] conducir el automotor al momento de los robos. Menciona que, incluso, en dos de esos videos, en el 5.15 y 5.19, se aprecia cuando el imputado se aparca en las afueras de un abastecedor y en la gasolinera La Galera, respectivamente, a escasos metros de la casa donde otros sospechosos se estaban metiendo para robar, se baja del vehículo y se observa su rostro, lo que permite su identificación. Señala que analizados tales videos de manera conjunta con los estudios de la activación de radiobase al momento de la comisión de los hechos, permite la ubicación del endilgado y determinar su participación en las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los eventos acusados. Menciona que existe otro elemento de prueba que fue ponderado por el a quo, el cual consistió en que, durante la apertura del dispositivo móvil de uno de los investigados, se extrajo comunicaciones con don [Nombre 014] y se estableció su vinculación en el momento justo en que se estaban realizando los hechos. Respecto al segundo motivo de apelación, comenta que en el quinto apartado del fallo cuestionado, se estudió las ilicitudes cometidas por el justiciable y se procedió a efectuar un análisis jurisprudencial que le permitió al a quo detectar aquellas acciones que lo llevaron a elevar el juicio del reproche. Por tales motivos, en su criterio, el recurso es una inconformidad por lo resuelto, pero sin que se corrobore la presencia de un yerro o vicio respecto a la sentencia. Reitera que debe ser rechazado. Por último, el acusado [Nombre 014] dijo lo siguiente: ³Está bien así [en el sentido de que no desea declarar]. Gracias´.

El primer motivo se rechaza: Del examen de la sentencia apelada, se desprende que no contiene los vicios enunciados por el impugnante y, por el contrario, en cuanto a la atribución de la responsabilidad penal, cumple satisfactoriamente los estándares previstos en los artículos 142 y 184 del Código Procesal Penal, así como dio respuesta a cada una de las inquietudes y preocupaciones expuestas por la defensa durante el juicio que la precedió. De esta manera, debe concluirse, que la resolución apelada no generó un agravio al acusado si no que ella responde a los méritos de autos y a una lectura sistemática e integral del material probatorio.  Desde tal perspectiva, como luego se verá, el impugnante no logró demostrar ni acreditar que la autoridad jurisdiccional de instancia hubiera incurrido en los vicios enunciados en su motivo. Ya propiamente sobre los reclamos recursivos, no se aprecia que la condena se hubiera basado en la información confidencial que una persona anónima suministró a la policía judicial si no en un estudio profundo y detallado de la evidencia recolectada, especialmente en los videos captados con cámaras de seguridad, en virtud de que las personas ofendidas no estaban presentes al momento de los robos y, además, el rol del justiciable no era ingresar a las viviendas si no trasladar a los autores materiales de los hechos ilícitos y los artículos sustraídos. Así, la conceptualización que contiene la resolución apelada sobre la finalidad de la información confidencial es aquella que jurisprudencialmente se le ha otorgado: como orientadora de la indagación criminal. Al respecto, se indicó lo siguiente: ³«la información confidencial es un medio con el que la policía judicial cuenta para recibir datos relacionado a las investigaciones, como sucedió en este caso, sin embargo al ser solo un dato, éste debe ser verificado por la policía judicial a efectos de corroborar o descartar su veracidad´ (texto recuperado de las páginas 189 y 190 de la sentencia-documento). Sobre el particular, se ha dicho lo siguiente: ³El principio de libertad probatoria como consecuencia del principio de verdad material, faculta a las partes a probar su argumento por cualquier medio legal, limitándose este derecho únicamente cuando existe colisión con otro derecho fundamental de superior jerarquía. En el caso de la investigación preparatoria corresponde al Ministerio Público, asistido por la Policía Judicial, realizar todos los actos judiciales sin contenido jurisdiccional, necesarios para descubrir la verdad material de los hechos (arts. 286, 289 del Código Procesal Penal). Conforme al contenido de estas normas, se faculta a la Policía Judicial a obtener información para la identificación de los sospechosos a través de medios convencionalmente conocidos, que a lo largo de los años han constituido fuentes de información útiles en torno a quién, cómo, o cuántas personas ejecutaron acción delictiva, constituyendo información de orden informal que estará sujeta a constatación mediante fuentes fidedignas finalmente incorporables al proceso; nos referimos a la información confidencial cotidianamente utilizada por la policía judicial, sobre todo en aquellas investigaciones de participación criminal organizada con sofisticado planeamiento y ejecuciones de alta calidad que no permiten con facilidad la identificación de los partícipes. Estas fuentes de información preliminar confidenciales no son ilegítimas en nuestro medio, ni constituyen prueba incorporable al proceso, más bien son fuentes de conocimiento conductoras de la investigación preparatoria en momentos en que las pesquisas no tienen un norte definido por carecer de información sobre los autores del hecho delictivo, por lo que está sujeta a confirmación por fuentes reales, probadas y legítimas que constituirán los medios de prueba incorporables finalmente al proceso penal, con el fin de que las partes tengan libre acceso, las sometan a escrutinio y eventualmente las utilicen a los fines que convengan según sus estrategias´ (resolución n°2011-1081, de las 10:10 horas, del 2 de setiembre de 2011, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). Esa finalidad fue la que el tribunal de instancia le otorgó a la información confidencial, conforme se desprende del siguiente extracto de la resolución apelada: ³Este aumento en la incidencia en robos a vivienda con ese particular modo de operar, también lo refirió el investigador y testigo [Nombre 092] quien de forma clara y creíble detalló el inicio de las diligencias en torno a la identificación de los autores de estos ilícitos, ambos testigos declaran que para obtener alguna información sobre los responsables de la incidencia en los robos realizaron una publicación en medios de comunicación de videos decomisados en las causas 21-011397-0042-PE y 21-009110-0042-PE donde se observaban a los autores del robo y explicaban la forma de operar, ello les llevó a obtener datos de un informante confidencial, quien no solo les suministró los nombres dentro de ellos el de [Nombre 014], sino también el número de teléfono de dos de los integrantes de la organización, la función de cada uno de ellos y la dirección de donde vivían, en [...]´ (texto recuperado de la página 189 de la sentencia-documento). Fue a partir de la exposición de dos videos donde se apreciaban las figuras de los ejecutores materiales de los robos, ello en los telediarios nacionales, que se pudo obtener información confidencial conteniendo el nombre y el número de teléfono de las personas posiblemente sospechosas, entre ellas, el acusado, lo que condujo a que la policía judicial desarrollará los subsiguientes actos investigativos que fueron los que ponderó el a quo al momento de analizar cada uno de los hechos imputados de forma diferenciada. En vista de que el tribunal de mérito no sustentó su condena únicamente en la información confidencial y ni siquiera se utilizó en la resolución apelada como un elemento probatorio propiamente como tal, era innecesario ofrecer y presentar como testigo a la persona que la suministró. Véase que, conforme el uso dado por la policía judicial a la información confidencial, ella no funcionó como una noticia criminal, que fueron propiamente las denuncias, sino como datos cruciales y relevantes que permitieron guiar a los investigadores judiciales hacia los posibles sospechosos y, a partir de dicha orientación, obtener evidencias suficientes para formular la acusación y que, posteriormente, fueron empleadas por el tribunal de instancia para sustentar la condena. Aunque es innegable que la información confidencial, en este asunto, fue determinante para que la policía judicial conociera el nombre completo y el número telefónico del encartado, no puede asegurarse, como lo hace el impugnante, que el material probatorio se valoró con relación a ella si no que el tribunal de instancia diferenció claramente la función que tuvo la información confidencial con respecto a la indagación criminal de aquellos elementos de prueba que sí fueron legítimamente incorporados al debate. Por ello, es que el método intelectivo a través del cual debe ponderarse el material probatorio es indiciario, ante la falta de testigos directos, como expresamente lo refirió la autoridad jurisdiccional de mérito en su resolución. En otro orden de ideas, en la resolución impugnada se indicó que los testimonios de los oficiales del O.I.J. eran creíbles porque fueron claros y se remitieron a sus actuaciones investigativas, las cuales no maximizaron. Aunque no se ponderó la consistencia entre tales deposiciones, a consideración de esta cámara, ello era innecesario, en virtud de que los policías judiciales son testigos indirectos o referenciales de los hechos, de manera que el conocimiento de los eventos juzgados no fue adquirido a través de los sentidos corporales si no a través de un proceso indagatorio que fue debidamente documentado. Por ello, en caso de que se hubiera atestiguado cualquier vacilación respecto a un determinado acto investigativo, bien podría recurrirse al acto que lo detalló. Incluso, nótese que el recurrente no destacó cuáles diferencias hubo entre los testimonios de los investigadores judiciales y que, en su opinión, fueron importantes que se estudiaran. Al omitirse tal aspecto, el reclamo se vuelve retórico. Nótese que, en todo caso, el tribunal de instancia tuvo por verificado que, en aquellos hechos por los cuales condenó al sindicado, su rol fue de conductor de los autores materiales de los eventos, así como los objetos robados, lo cual es consistente con la información confidencial recibida por la policía judicial. Aunque el impugnante no desarrolló su argumento, si el reclamo consiste en que, en otras oportunidades, el chofer del grupo criminal fue otra persona, ello se debió a que el endilgado se encontraba enfermo o de ³fiesta´, como lo alegó el impugnante, por lo cual se apartó temporalmente de la organización criminal. Por ello es que, el argumento introducido en la audiencia oral, relativo a que la acusación tenía una imprecisión importante para la defensa al dejar ³huecos´ respecto a las personas conductoras, no es tal. Nótese que, de la simple lectura de la imputación fiscal, se describe que el sindicado ([Nombre 014]) participó como transportista y vigilante en algunos de los múltiples robos que cometió el nodo criminal en estructuras habitacionales, pero no en todos ellos. Cabalmente, en aquellos donde no participó ([Nombre 014]), fue que la estructura delincuencial tuvo que recurrir a otras personas, entre ellas, conductores anónimos de la plataforma ³In Driver´ y, en otros, del coimputado [Nombre 011]. De la conducta desplegada por ([Nombre 014]) en los eventos en que sí participó, fue que el Ministerio Público derivó su función y su rol a lo interno de la banda criminal, ello dentro del esquema de la distribución de funciones. De ahí que no es cierto, como lo alega el defensor, que la sistematicidad de la pieza acusatoria impidiera un ejercicio adecuado de su labor, al estar la imputación fiscal completa. Igualmente, si su queja es que no eran 2 personas, sino 3 o 4 las que transportaba al resto del nodo criminal, se trata de un aspecto irrelevante, en virtud de que, como lo estimó el a quo, una característica de las organizaciones criminales es que las funciones de sus integrantes están debidamente predeterminadas, pero no están limitadas a que puedan cambiar o modificarse conforme las circunstancias del evento. No comparte esta cámara la caracterización que hace el recurrente de que el método de construcción de los hechos probados fue confuso; por el contrario, se aprecia que hubo una estructuración donde se diferenció cada uno de los hechos juzgados, a pesar de su multiplicidad, así como se hizo una descripción y exploración analítica de los insumos investigativos que permitió verificarlos. Desde esa perspectiva, el apelante no explica adecuadamente cuál dificultad tuvo para comprender la resolución apelada, más allá de un enunciado genérico, pues ciertamente los robos juzgados eran ingentes, lo que explica el esfuerzo del a quo por diferenciarlos. Aunque puede admitirse, al menos retóricamente, que era suficiente acreditar tres delitos de robo agravado como límite punitivo, lo cierto es que la legislación obliga a la autoridad jurisdiccional a pronunciarse y adoptar una decisión sobre la totalidad de los hechos acusados como derivación del derecho de las víctimas de recibir justicia. Por otro lado, contrario a la reflexión del impugnante, se aprecia que la autoridad jurisdiccional de instancia no mostró desidia en la estructuración de su resolución y, en ese sentido, el apelante no explicó cuáles fueron los elementos de prueba que, desde su óptica, eran esenciales que fueran valorados por el a quo o por qué la lectura o interpretación expuesta en la resolución apelada no responde fielmente a un examen integral y armónico de los elementos probatorios, lo que ratifica que se trata de un alegato retórico. Así mismo, se desprende que sí hubo un pronunciamiento expreso y concreto respecto al valor que se le otorgó a los testimonios y al resto del material probatorio, sobre lo cual, debe reiterarse, no hubo refutación alguna por parte de la defensa. Conviene puntualizar que las víctimas no reconocieron al endilgado, en razón que la dinámica de los robos implicaba que no hubiera ningún habitante dentro de los domicilios en el momento de su ejecución, de ahí que era esperable que tal situación se replicara en sus declaraciones, como efectivamente sucedió.

A partir de dicha constatación, que constituye una dificultad operativa-policial, los investigadores judiciales tuvieron que recurrir a otras fuentes de información distintas a las declaraciones de los ofendidos, los cuales ignoraban las identidades de los sujetos que cometieron las sustracciones de sus posesiones. Por tal circunstancia, como se explicó en el juicio, primero, la policía judicial determinó la ruta de ingreso de los autores materiales del hecho y, una vez esclarecida, verificó la existencia o no de cámaras de video para, eventualmente, capturar las imágenes de los posibles sospechosos. De ahí que, como lo expuso el a quo, la lectura del material probatorio debía hacerse indiciariamente y, tal método, le permitió definir los hechos que tuvo por acreditados y la consecuente responsabilidad penal del justiciable. Así las cosas, es irrelevante si las víctimas podían o no estar en capacidad de reconocer a los autores de las sustracciones, porque, se reitera, no estaban en sus viviendas. El impugnante generalizó dicho argumento -de que su defendido no fue identificado por los agraviados-, por lo cual debe rechazarse bajo el alegato de que no responde a las circunstancias del caso ni de la investigación, así tampoco cuestiona el estudio que efectuó el a quo del material probatorio. Por otro lado, como lo verificó el tribunal de mérito, la organización criminal se aprovechó de la circunstancia de que las unidades habitacionales a donde ingresaban correspondían a aquellas que estaban alejadas de la entrada principal, donde usualmente se concentra la seguridad, así como que colindaban con terrenos agrestes de difícil acceso. La confluencia de que los autores materiales de las sustracciones no ingresaron a los condominios por la entrada principal, sino que utilizaron otras rutas para rodearlos y penetrar a las viviendas a través de boquetes de la malla o muro perimetral o su escalamiento, conduce a pensar, como efectivamente sucedió, que el vehículo donde se transportaban los responsables de las sustracciones no fue visualizado por los agentes de seguridad de los condominios y, desde luego, por las víctimas, ya que se estacionaba en los accesos a tales terrenos agrestes. En otro orden de ideas, un reclamo global del recurrente consistió en que su defendido no tuvo comunicaciones telefónicas ni reuniones presenciales con los autores materiales o los líderes de la organización criminal. Al respecto, expresamente el tribunal de mérito indicó que el nodo criminal al cual perteneció el imputado tenía, entre sus características, ³que se trata de una organización bien estructurada, con distribución de funciones estratégicas de acuerdo a las características de sus integrantes, con una planeación previa que les permitió ingresar de manera segura a estas viviendas asegurándose de que en el momento del robo no hubieran ocupantes, que por encontrarse la mayoría de las viviendas en condominio y con ello la existencia de seguridad privada y posibles cámaras de seguridad, no fueran obstáculo para la realización de los ilícitos; esta organización criminal realizaba una inteligencia previa para poder establecer la ruta de acceso a las viviendas como las rutas de escape, ya que no resulta casual que ingresando por un lote baldío, una persona sepa el destino del trayecto a menos que anteriormente hubiera estudiado el lugar o lo conociera, también no es casual el uso de vestimentas diarias y vestimentas tipo suéter con capuchas como se observan en los videos, zapatos adecuados para el terreno quebrado, ríos y acequias, las herramientas idóneas para vencer la protección de la vivienda y poder ingresar a ellas; todo ello refleja una planeación que no necesariamente tiene que constar en una llamada telefónica o mensaje de texto explícito como parece requerirlo el señor defensor, pues las organizaciones criminales tiene como fin, entre otros, evitar ser descubiertos y parte de ello es no dejar evidencia ni siquiera en llamadas telefónicas con lenguaje cifrado´ (texto recuperado de la página 188 de la sentencia-documento). Este razonamiento no fue refutado por el apelante y esta cámara lo avala. En efecto, es innecesario que los planes para cometer un hecho delictivo consten por escrito o requiera ser documentado a través de otros medios, por ejemplo, telefónicos. La adscripción a un plan delictivo se deriva a partir de la conducta efectuada por el agente y no porque así esté escrito en un documento. De manera que el material probatorio muestra una realidad distinta a la que expone, desde una interpretación subjetiva, el defensor Núñez Jarquín, en virtud de que el a quo sí hizo alusión a que, por la forma en que operaba el nodo criminal, se infiere o se deduce que tenían una adecuada y suficiente planificación de cada uno de los eventos delictivos que cometieron. Por otro lado, el argumento del apelante tampoco refuta las relaciones que el tribunal de mérito dedujo que existían entre los integrantes de la banda criminal. Así, se indicó lo siguiente: ³La primera de estas circunstancias es la relación cercana entre las personas acusadas [Nombre 008] hijo de [Nombre 014], [Nombre 005] hijastro de [Nombre 014] y [Nombre 019] entre otros y que no se basa en una simple relación de parentesco o amistad como lo muestran en redes sociales, específicamente en la red social Facebook donde el encartado ([Nombre 014]) tiene como amigos y comparten ³likes´ con [Nombre 005] y [Nombre 019] (imagen 98 y 99 del informe 077- CI/SR-2022 a Tomo III), sino también son observados juntos en los videos decomisados y reproducidos en debate como prueba número diez y número diecisiete se observa a [Nombre 014] con el también procesado [Nombre 008] en la estación de servicio llamado La Galera en evento 5.19 y cerca del sitio del robo en el evento 5.21 (imagen 124 y 147 y 150 en informe 077-CI/SR-2022 a Tomo III) y en la vigilancia y seguimiento del día cuatro de noviembre de 2021 de folio 541 a 554 donde se observa a [Nombre 014] en el sector de La Merced, frente al negocio llamado Presta full [Nombre 008] precisamente en el vehículo Toyota Corolla placas [Valor 011], este último recibiendo dinero de [Nombre 005]; así como el siete de enero de 2022 cuando en una vigilancia y seguimientos a eso de las 15:05 [Nombre 014] llegó al complejo de apartamentos donde vive [Nombre 005] conduciendo el vehículo marca Honda placas [Valor 012], el cual fue abordado como acompañante [Nombre 005] y en los asientos traseros [Nombre 019] y [Nombre 088], todos abordados por oficiales de fuerza pública a eso de las 15:30 en Hatillo 8, como se describe en folio 849 y 850. Todo lo anterior evidencia una relación más estrecha entre el acusado ([Nombre 014]) y las personas citadas que también están siendo juzgadas como parte de esta organización criminal. También las comunicaciones entre el encartado [Nombre 014] y el resto de los acusados deja ver que también se contactaban vía telefónica incluso al momento de cometer los ilícitos por los cuales se le condena a [Nombre 014], así constan en el informe de análisis criminal del Centro de Intervención de las comunicaciones 279-A_CJIC-2021 en tabla 6 y 7 y en el informe de análisis criminal 115-DICR/SECCRO/ART-2021 la conclusión 6.2 y 6.3 (comunicaciones con [Nombre 005] y [Nombre 019]); unido a lo anterior se obtuvo de la apertura telefónica del teléfono decomisado a [Nombre 019] identificado como DM05 que tenía guardado en los contactos al encartado [Nombre 014] con el número [Valor 013], número que fue ubicado en el teléfono Samsung decomisado al encartado [Nombre 014] e identificado como DM012 donde también se ubicó una conversación de WhatsApp con la línea [Valor 014] utilizada por [Nombre 019]. De todo lo anterior se desprende un ligamen y vínculo de confianza con el resto de los encartados juzgados como parte de la organización´ (texto recuperado de la página 191 de la sentencia-documento). De forma que, pese a que uno de los líderes de la organización era hijastro del sindicado y vivían en el mismo domicilio, lo que supone por sí solo una relación entre ellos, el a quo verificó que tal vínculo trascendió lo familiar y se trasladó a la actividad delictiva de la que ambos participaron. Por tales motivos, el argumento del apelante debe rechazarse por ser insubsistente. Finalmente, otro alegato genérico del recurso es que al acusado no se le decomisó ningún artículo sustraído. Aunque tal circunstancia es cierta, obvia que el tribunal de mérito tuvo por probado que, algunos de los bienes sustraídos, no la totalidad, fueron encontrados en el allanamiento efectuada a la vivienda de [Nombre 010], quien fue la compañera sentimental del endilgado y cuya función consistía en resguardar o custodiar los objetos robados o hurtados. Aunque no se localizó el universo de cosa sustraídas, es razonable y comprensible en vista de que algunos de ellos fueron vendidos o empeñados, como se infiere de la vigilancia del 4 de noviembre de 2021, en donde se identificó al justiciable, en compañía de su hijo [Nombre 008] y de [Nombre 005], ambos sindicados por estos hechos, por las cercanías del Centro Comercial El Águila, con joyas y artículos tecnológicos. Huelga decir que, en el sitio donde fueron detenidos, como explicó el investigador judicial, es un reconocido lugar de receptación de bienes robados, lo que conduce a suponer que se aprestaban a empeñar las cosas sustraídas. De modo que, en conclusión, la circunstancia de que no se decomisó ni incautó ningún bien sustraído en la vivienda del encartado, no constituye un contraindicio que modifique la estructura analítica consignada por el a quo. Ya puntualmente sobre los reclamos de cada hecho, sobre el evento 5.15, se remite al apelante a lo ya indicado sobre la circunstancia de que la agraviada no identificó al endilgado ni apreció algún evento relevante desde su vivienda hasta la entrada principal del condominio donde moraba. Es cierto que el lugar donde estaba ubicado el imputado impedía advertir si las personas de seguridad del condominio o la propia víctima alertaba de la presencia de los autores materiales de las sustracciones, dado que el sindicado no ingresaba propiamente a los condominios, pero tal conocimiento lo podía adquirir tangencial o marginalmente, en virtud de que estaba pendiente de que la Fuerza Pública no se movilizará. Nótese que se estacionó a 50 metros de la entrada principal del condominio. Es razonable suponer que, si se aprecian patrullas de la policía ingresar a un condominio, es porque ocurrió un evento de tal magnitud que requirió la intervención policial. De ahí que, a pesar de que el endilgado se mantuvo fuera de los condominios al momento de la ejecución de las sustracciones, su labor sí era de vigilante, además de transportar a los autores materiales y los objetos robados. Con relación al video, el tribunal de mérito reflexionó lo siguiente: ³Una vez ubicada la ruta de acceso y salida del inmueble, los investigadores encargados del caso se dieron a la tarea de ubicar cámaras de seguridad y así ubican una cámara que si bien capta imagen del lote baldío que colinda con la vivienda de la ofendida [Nombre 027] (imagen 14 a folio 321), no es tan cercana para haber detectado el momento en que los encartados fracturaron la baldosa, pero si logran mediante un mapa en imagen 15 a folio 321 vuelto ubicar una salida del lote baldío y que da a una empresa de alimentos donde se decomisó mediante acta 120985 visible a folio 355 el día veintinueve de setiembre de 2021 fotografías que fueron expuestas en debate como prueba material número siete (imagen 23 a 27 en folio 326 a 328), ello debido a que los investigadores no pudieron respaldar el video, así también se reprodujo en debate el video decomisado mediante acta 130760 visible a folio 354 el día veintinueve de setiembre del año 2021 el video como prueba material número ocho y reproducido en debate donde se observa tanto en las fotografías como en el video decomisado, el vehículo sedan cuatro puertas color blanco de características individualizantes descritas como raya horizontal en sus costados color negro así como bumper delantero y trasero color negó, este vehículo se estaciona frente al abastecedor ubicado 50 metros al este de la entrada principal a los condominios bajando del mismo el encartado [Nombre 014] e ingresando al abastecedor donde otra cámara captó el rostro del encartado ([Nombre 014]) ello mientras se observa en el video que en el vehículo queda otra persona (imagen 16 a 21, folio 322 a 325 vuelto)´ (extracto tomado de la página 197 de la sentencia-documento). Ante este planteamiento, el recurrente cuestiona que no puede individualizarse plenamente a su defendido en la imagen en donde se aprecia a una persona ingresando a un abastecedor, porque portaba una mascarilla en su rostro, lo que deja una duda al respecto. Asocia su reclamo en que, en su opinión, no se pudo identificar al dueño del automotor Toyota Corolla placa [Valor 011] y si este ³es de características similares a las del sujeto que ingresa a el comercio y que conducía el vehículo sedan cuatro puertas color blanco, en ese vehículo se observa en el video que queda otra persona (imagen 16 a 21, folio 322 a 325 vuelto)´. Al margen de que la crítica del apelante no incorporó el razonamiento mediante el cual el tribunal de mérito logró verificar que el vehículo placas [Valor 011] era conducido por el endilgado, sin que sea trascendente o importante si era su propietario o no, lo cierto es que la imagen sí permite la identificación del acusado, con independencia de si portaba una mascarilla que cubría su nariz y su boca. Esta cámara procedió a apreciar el indicio 01-07, el cual fue decomisado en el abastecedor localizado en Curridabat el 29 de setiembre de 2021. Así, se desprende lo siguiente: a las 19:25:02 se estaciona un vehículo marca Toyota estilo Corolla, de color blanco con una franja negra en ambas puertas y con el bumper de color negro; a las 19:27:03 se abre la puerta del conductor y sale un sujeto, el cual cruza la línea del tren, baja la acerca y se dirige hacia un lugar determinado, ello a las 19:27:22 (video

XVR_ch4_main_20210927190000_20210927200000.dav); a las 19:28:46 entra el mismo sujeto al abastecedor; a las 19:30:58 se dirigió a la caja donde paga dos refrescos gaseosos y dos empaques conteniendo ³platanitos´ fritos; a las 19:31:41 sale del negocio comercial (video XVR_ch3_main_20210927190000_20210927200000.dav); y a las 19:33:12 el vehículo se marcha del lugar (video

XVR_ch4_main_20210927190000_20210927200000.dav). De esta secuencia, es posible obtener, entre otras, la siguiente imagen ejemplificativa:

IMAGEN001

Así, claramente se observa una imagen de una alta resolución, pues es nítida y a colores. A pesar de que, ciertamente, el sospechoso portaba una mascarilla que cubría su nariz y su boca, el resto de su rostro, su figura y su contorno son definidos con precisión y exactitud. A lo anterior, debe sumarse que los investigadores judiciales efectuaron una vigilancia para verificar la presencia del justiciable ([Nombre 014]), lo que permitió contrastar la imagen en cuestión con su observación personal y, a pesar de la mascarilla, concluir que se trataba del mismo sujeto. Por ello, no es posible admitir el reclamo retórico que hace el recurrente. Sobre la circunstancia de que el justiciable era quien conducía el vehículo placas [Valor 011], el razonamiento expuesto por el tribunal, que se reitera no fue refutado por el recurrente, consistió en el siguiente: ³«sobre la utilización del vehículo marca Toyota Corolla, color blanco, placa [Valor 011] por parte del encartado [Nombre 014], se tiene que en las vigilancias y seguimientos realizados por los funcionarios judiciales se ubicó el citado vehículo estacionado en el frente de la vivienda del encartado [Nombre 014] el día treinta y uno de agosto del año 2021 como consta en el informe 02-IP/SR-2021 a folio 61 y se le vio conduciendo dicho vehículo el dos de setiembre de 2021 y estacionarlo frente a su vivienda, es decir, el vehículo lo estacionaba ahí el encartado [Nombre 014], así se observa en la imagen 53 a folio 62 vuelto del mismo informe, que para mayor claridad se verificó en la imagen original; en vigilancia del doce de octubre de 2021 donde nuevamente se ubica el vehículo descrito marca Toyota en las afueras de la vivienda del encartado ([Nombre 014]) visible a folio 330 (imagen 30 y 31) y acta a folio 360; así también se ve al encartado [Nombre 014] conduciendo el vehículo antes descrito en los videos decomisados y reproducidos en debate como prueba material número ocho y las capturas del video del abastecedor a donde ingresa y se observó conduciendo el vehículo marca Toyota descrito, en el video reproducido en debate como prueba material número diez de la Estación de servicio La Galera eso para el siete de octubre de dos mil veintiuno y también ilustrado a folio 406 vuelto imágenes 18 a 21 y finalmente el día cuatro de noviembre de dos mil veintiuno en vigilancia y seguimiento se observa al encartado [Nombre 014] conduciendo el vehículo marca Toyota corolla color blanco placas [Valor 011] como consta a folio 456 y en acta a folio 541 a 553. Si bien, el investigador y testigo [Nombre 090] declaró que en una ocasión, en una vigilancia observaron a [Nombre 008] conduciendo el Toyota blanco luego de que [Nombre 005] ingresa local el águila y luego sale y paga efectivo, lo cierto es que no consta dentro del expediente vigilancia con esa descripción, lo que consta en el expediente es una vigilancia del día cuatro de noviembre de 2021 cuando en ese sector de La Merced cerca del Mercado el águila, el que conducía el vehículo Toyota Corolla color blanco y placas [Valor 011] era el encartado [Nombre 014] y el que se acerca a entregar el dinero a [Nombre 008], es [Nombre 005] como consta en acta de vigilancia y fotografías de folio 541 a 544, pese a lo anterior, para la fecha de los hechos probados y del análisis conjunto de los indicios se tiene por acreditado que el conductor del vehículo Toyota corolla color blanco es [Nombre 014]. También es importarte citar que el vehículo Toyota Corolla color blanco y placas [Valor 011] que es de uso del encartado ([Nombre 014]), tiene características particulares que lo hace diferente a los demás vehículo como lo es la franja negra que de forma horizontal posee en ambos costados como los dos bumpers, tanto trasero como delantero que son de color negro, y los cuatro aros color negro, ello unido a que en un momento determinado y como elemento más diferenciador es el uso de dos aros plateados en dos de sus cuatro llantas; estas características son de importante peso porque no todos los vehículos automóviles y de cuatro puertas son de color blanco, y de todos los vehículos de color blanco no todos tiene la franja horizontal negra en sus costados y además que tenga el bumper delantero y trasero de un color diferente al resto del vehículo como en este caso es de color negro´ (texto extraído de las páginas 193 y 194 de la sentencia-documento). Conviene destacar que, conforme la anterior cita, el vehículo conducido por el acusado sí contiene datos que permitieron su individualización en aquellos videos cuya definición no era tan nítida, en concreto, la franja horizontal negra en sus costados y los colores de búmperes diferenciados. Se reitera que tal razonamiento no fue criticado por el apelante, lo que conduce a reafirmar su vigencia y actualización y, por tanto, la presencia de aquellos elementos que fueron extraídos por el a quo para identificar el automotor y que este era conducido o guiado por el encartado. Esto es importante, porque permite descartar el argumento del defensor de que no existía ningún elemento diferenciador del automotor. Sobre el alegato de que debió existir comunicaciones entre el justiciable y el resto de la banda si su función era de transportista y de vigilante, para este caso en concreto, no se verificó que hubiera tal interacción. No obstante, la ausencia de tal elemento de prueba no inhibe la conclusión a la que arribó el a quo, en virtud de que (i) no hubo actividad de la Fuerza Pública que llamara la atención al acusado de que sus compinches podían ser aprehendidos, como para suponer la necesidad de advertirles mediante una llamada telefónica; (ii) las funciones de los integrantes de la organización criminal estaban altamente ensambladas, por lo cual no se requería un enlace telefónico para decirle al justiciable que ya podía ir a recoger a los autores de las sustracciones y los objetos hurtados o robados, como pretende el recurrente establecer a semejanza de los servicios formales o informales de transportes de personas o cosas; (iii) la comprobación de que una segunda persona estaba dentro del vehículo, como se verificó en el video del abastecedor; (iv) los accesos de ingreso fueron sobre lotes baldíos, por lo que la presencia del coche del sindicado pasaba inadvertida; y (v) los eventos se cometieron bajo una planeación detallada y pormenorizada, lo que supone razonablemente una estimación de tiempo de realización de las sustracciones y, por tanto, la hora en que el endilgado debía ir a recogerlos. Así las cosas, se rechaza el alegato de que la evidencia es ³escasa´ y que impedía acreditar que el acusado participó en este evento. Acerca de los hechos 5.17 y 5.18, la cámara juzgadora consideró lo siguiente: ³«este Tribunal nuevamente observa y constata la presencia de indicios que llevan a concluir que se trata de la misma organización criminal a la cual perteneció el encartado [Nombre 014] y que como parte del plan previo por la estrategia en el ingreso, la vigilancia previa y espera que hace el encartado ([Nombre 014]) en las cercanías del lote baldío que permite el acceso a los apartamentos Emanuel, se comprueba que su aporte es esencial para poder apoderarse de los bienes de valor de los ofendidos [Nombre 037] como de [Nombre 017] porque ambos denunciaron el robo de bicicletas entre otras pertenencias que deben abordar en un vehículo para poder retirarse de la zona y así lo pudo observar este Tribunal al momento de reproducir en debate el video o prueba material número diecinueve donde quedó grabado el momento en que el vehículo tipo sedan cuatro puertas que por las características particulares como su color blanco con franjas horizontales y laterales color negro y bumber trasero y delantero color negro se estaciona a eso de las 16:00 pero que el grabador indica 17:02 por cuanto verificada la diferencia de hora y fecha, los funcionarios judiciales dejaron constando a folio 976 que el grabador tenía mal configurado esos datos y que tenía un adelanto de quince horas y dieciséis minutos aproximadamente [«] en el citado video se observa que el vehículo de características particulares pasa frente al lote baldío pero se detiene y se devuelve en reversa y de la puerta trasera izquierda baja una persona de contextura delgada abre la cajuela saca un bolso oscuro y lo pasa a los asientos traseros del vehículo pero por la puerta derecha y de ahí recibe un bolso color rojo o naranja y de la puerta trasera derecha baja otra persona de contextura delgada y se introducen por el lote baldío, ambos portando mochilas y el vehículo gira y se devuelve en el mismo por el mismo sentido en el que llegó dos minutos después, observándose que con el conductor va un acompañante. A eso de las 9:19 hora del grabador se observa salir por la calle derecha de la pantalla el vehículo descrito y a las 9:19:50 regresar y estacionar frente al lote baldío, o sea dos horas y 20 minutos después bajar del lado del conductor el imputado ([Nombre 014]) que abre la cajuela y revisa la llanta delantera derecha luego la delantera izquierda del vehículo, luego se sube al vehículo y se retira a las 09:24:05 hora del grabador, a las 09:28:22 vuelve a pasar frene al lote baldío, nuevamente a las 09:52 vuelve a pasar y estacionar frente al mismo lote baldío momento en que del lote baldío salen dos sujetos que montan objetos en la cajuela y se montan en el vehículo y sin cerrar la cajuela se retiran del lugar. De este video se pueden extraer dos circunstancias de interés, primero el modo de operar característico de la organización criminal a la que perteneció [Nombre 014] quienes solo tenían tres días de haber ingresado al condominio de la ofendida [Nombre 027] y en esta oportunidad sustraían una bicicleta del ofendido [Nombre 037] y mediante fuerza ingresaban al apartamento del ofendido [Nombre 017] (hecho 5.18), mediante el acceso por lote baldío por el que cruzaba el río Torres y por el cual accedieron a la parte de la propiedad que no estaba delimitada para posteriormente apoderarse de las cosas de valor mientras el encartado [Nombre 014] no solo los dejo frente al lote baldío a los ejecutores del robo y de contextura delgada sino que estuvo rondando frente al lote baldío hasta que los coautores salieron del lote baldío con las pertenecías siendo que como aporte esencial y para poder trasladar los bienes como a los ejecutores el encartado ([Nombre 014]) los recogió y los sacó del sector. Como segundo aspecto, es el comportamiento del imputado [Nombre 014] que no es propio de un taxista particular, ya que participa activamente haciendo recorridos esperando a que los coautores lograran salir con las pertenencias de los ofendido utilizando el vehículo Toyota Corolla color blanco con franja horizontal en sus costados y bumper delantero y trasero color negro, unido a que la persona que baja del lado del conductor es de contextura gruesa como el imputado, pero además de ello y habiendo acreditado la pertenencia y uso por parte del encartado [Nombre 014] de la línea telefónica [Valor 013], en el informe de análisis telefónico 115-DICR/SECCRO/ART_2021 de folios 752 a 774, y en específico para este evento se constató que el encartado ([Nombre 014]) activo radio base C01|MTR446 a las 16:40:00 y luego activó la misma radio base a las 17:00:05 y a las 20:50:23 la radio San Sebastián como se indicó en la cronología de activación de radio base a folio 761, es decir a quinientos metros de los apartamentos Emanuel (mapa 2 a folio 761 vuelto). Así las cosas, los indicios verificados en debate, como la forma en que ingresaron los coautores y ejecutores del robo para apoderarse de la bicicleta marca Scott del ofendido [Nombre 037] y de los bienes del ofendido [Nombre 017] (hecho 5.18), la dinámica en que en el momento en que se dio el robo el vehículo blanco de características particulares al utilizado por ([Nombre 014]) deja a dos sujetos que con mochilas se adentran a lote baldío por el cual accesan a los apartamentos Emanuel (ruta en imagen 121 a folio 980 vuelto), las características particulares del vehículo blanco correspondiente al vehículo placas [Valor 011] como la contextura gruesa de la persona que baja del vehículo frente al lote baldío igual a la contextura del encartado ([Nombre 014]) quien era el que para ese periodo usaba ese vehículo, el transitar constante del vehículo frente al lote baldío en el momento en que se ejecuta el robo para luego estacionar frente al lote baldío de donde salen estos dos sujetos que por las cosas que montaron a la cajuela y no cerraron se concluye que se trata de las bicicletas denunciadas como robadas´ (texto recuperado de las páginas 200 y 201 de la sentencia-documento). El razonamiento contenido en la anterior cita no fue refutado propiamente por el impugnante, a quien debe recordársele que la responsabilidad penal del acusado se deriva por su aporte causal a la consecución de los objetivos del nodo criminal, no porque hubiera sido quien ingresó materialmente a las viviendas de los ofendidos. De modo que sí es válido, desde una perspectiva jurídica, imputar un delito a quien funge como conductor, pues, además de que la movilización a un lugar, tanto de los bienes sustraídos como de quienes se apoderaron de ellos, es esencial, el sindicado tenía conocimiento de lo que iban a efectuar los sujetos que trasladó inicialmente y, por ello, su participación no fue casual o ignorante, como parece entenderlo el apelante. Ya se había indicado que el apelante no refutó aquel razonamiento mediante el cual el a quo derivó las características individualizantes del vehículo, por lo cual no puede afirmarse que este ³parece´ ser el automotor placas [Valor 011], como aduce el impugnante. Por otro lado, aunque podría pensarse que la activación de la radiobase no se hizo con el fin exclusivo y único de comunicarse con los otros integrantes del nodo criminal, este indicio fue utilizado para verificar la presencia del justiciable en la zona donde se cometieron ambos ilícitos, de ahí que es irrelevante si la comunicación estuvo o no dirigida a los sujetos que el acusado transportó hasta el sitio en cuestión. Sobre los alegatos de la inexistencia de reuniones previas y de que su representado no participó en el plan delictivo, se le remite a lo antes expuesto, para evitar reiteraciones innecesarias. Sobre el hecho 5.19, ya se había expuesto que la función que el órgano judicante acreditó que tenía el justiciable era de conducir el vehículo donde se transportaba los autores materiales de las sustracciones, así como los objetos robados o hurtados, y de vigilar en el intervalo. De ahí que el a quo no tenía la obligación procesal de pronunciarse de si el acusado fue quien escaló las paredes perimetrales o si ingresó a la vivienda de la víctima a través de una ventana, por cuanto esa no era su labor. Por tal motivo, debe descartarse el argumento. Sobre este evento, el tribunal de mérito explicó lo siguiente: ³«se tiene que la forma de operar de este grupo organizado particular en todos sus ingresos, por zona de charral, lotes baldíos donde en algunas ocasiones convergen acequias y ríos, todos colindantes de las viviendas robadas, organización criminal a la cual perteneció el encartado ([Nombre 014]) y que para la ejecución de este hecho participó de manera activa con una función esencial que fue también su función dentro de la organización en los demás robos condenados y era la de servir de conductor para llevar al sitio y retirar del mismo a los coautores y ejecutores del robo realizando labores de espera y recorridos para asegurar la recogida del resto de los integrantes de la organización con el producto del robo, dinámica que se observó en el video denominado prueba diez material reproducido en debate y que corresponde a los videos de las cámaras de la estación de combustible La Galera donde nuevamente en espacio y tiempo en que ocurre el robo en la vivienda del ofendido [Nombre 028], se ubica al encartado [Nombre 014] conduciendo el vehículo ya identificado marca Toyota, corolla color blanco placas [Valor 011] en compañía de su hijo [Nombre 008] esto entre las 17:39 horas y hasta por veinte minutos más retirándose del lugar precisamente en dirección al acceso por lote baldío que colinda con la parte trasera de la vivienda del ofendido [Nombre 028] y así se visualiza en las imágenes dieciocho a veintidós del informe a folios 405 a 407. En el video reproducido en debate como prueba material número diez decomisado mediante acta 120984 del catorce de octubre de dos mil veintiuno, no solo se observa al encartado ([Nombre 014]) sino también el número de placas del vehículo, cuando en ese periodo de tiempo se estacionó realizando un poco de espera y luego ingresa a un local, saliendo del mismo y retirándose del lugar. Este indicio comprobado reunido a la dinámica que se observa en el video, las características particulares en la ejecución del robo, la forma de ingreso y la activación de radio bases por parte del número de teléfono acreditado en uso de [Nombre 014] cercana al sitio del robo en el momento en que se ejecuta el mismo, específicamente a trescientos metros, no deja duda de su participación en una conjunción de indicios que nos acredita su función dentro de este evento ilícito, unido a que en la denuncia el ofendido describió que uno de los relojes y otros artículos que le fueron sustraídos tenía GPS y el última vez que aparece encendido es el siete de octubre en el sector de Guadalupe calle Purral y Calle 153. También el perito Paulo Barquero Arias con relación al informe de análisis telefónico 115-DICR/SECCRO/ART-2021 declaró sobre este hecho en debate: ³En el evento del siete del diez del 2021, eso es el mapa número cuatro, el evento de interés es el 21-024284 ese activó dos radios bases cercanas al sitio de interés, uno a trescientos metros aproximadamente es del teléfono de [Nombre 014] y otra radio base que estaba cercana al sector de la galera también por el teléfono de [Nombre 014]. Las secuencias que tenemos acá son la tres, la cinco y la seis. De la secuencia tres la activa a las 17:52, esa es la radio base que está cercana a la galera, la tres, la cuatro y cinco, la secuencia cinco son de las 17:52, 17:54 con cincuenta segundos y 17:54:54, esas son las primeras radios base que activa, esas que están ubicadas en el sector de la Galera y la otra radio base que está a

300 metros del sitio de interés es con la secuencia seis, que es a las 18:02 horas, primero la radio base de la Galera y luego la otra que están más cercanas al sitio de interés «´; dicha información brindada por el perito consta a folios 762 frente y vuelto se muestran las comunicaciones del número [Valor 013] en uso de [Nombre 014] para el día siete de octubre de dos mil veintiuno y que activo las radio bases que se observan en el mapa tres y su cronología, en esta última se refleja un movimiento del encartado [Nombre 014] desde el sector de San Sebastián a eso de las 16:00 horas y hasta Curridabat poste 41 con código de radio base C01|LMT1040 a eso de las 17:52:20 y Curridabat porte 24 código de radio base C01|MT1023 a eso de las 18:02:58 y activar nuevamente en el sector de San Sebastián a eso de las 19:50:06´ (texto recuperado de las páginas 205 y 206 de la sentencia-documento). Conforme el razonamiento contenido en la anterior cita, se desprende que la vinculación del endilgado al hecho se hizo a partir de la concatenación de los siguientes indicios: (i) la presencia del justiciable en el sector donde se cometió el robo y en el momento de ejecución de este, en específico, a 300 metros; (ii) la ruta de conducción del automóvil: hacia el lote baldío colindante a la vivienda del ofendido; y (iii) la permanencia del endilgado durante 20 minutos en la gasolinera conocida como ³La Galera´. Estos tres datos fueron vinculados con la modalidad ordinaria y consuetudinaria que empleaba el nodo criminal para ejecutar los robos: el acceso de las viviendas de las víctimas se efectuaba a través de lotes baldíos y zonas agrestes localizadas en la parte trasera de las moradas y que el encausado esperaba a sus compinches mientras ellos materializaban las sustracciones de los bienes. Como se aprecia, la conexión del justiciable con los hechos se efectuó a partir de datos corroborables que se articulan a la estrategia utilizada por la organización criminal para ejecutar los golpes. De ahí que, aunque es cierto que los videos incautados no registran que el sindicado estuviera en compañía de los sujetos que cometieron materialmente el robo, los indicios recabados permiten su conexión precisamente por haberse comprobado que, en las sustracciones donde él participó, tuvo la función de trasladar a los autores materiales, esperarlos y, posteriormente, transportarlos en conjunto con los bienes sustraídos. En sí, este razonamiento no está siendo refutado por el recurrente, quien minimiza los alcances y las derivaciones del video registrado en la estación de servicio y en la tienda de conveniencia ubicada en el antiguo salón de baile llamado La Galera. Por otro lado, como ya se exploró con anterioridad, aunque no se determinó la presencia de comunicaciones telefónicas entre el endilgado ([Nombre 014]) y los sujetos que ingresaron a la vivienda del ofendido, es razonable suponer que don [Nombre 014] esperaba un tiempo prudencial en un sitio estratégico desde cual podía visualizar si se movilizaban patrullas de la Fuerza Pública hacia el lugar donde se estaba llevando a cabo el robo y, al cabo de este, regresar al punto de recogida de los autores materiales del golpe, sin necesidad de que hubiera una llamada telefónica para advertirle que ya podía acudir al lugar. Recuérdese que se trataba de una organización altamente especializada en una modalidad de robo y, en consecuencia, era posible estimar tiempos de duración entre cada uno de los actos que llevaban a cabo, como es propio de una actividad en cadena y en donde los integrantes tienen una función específica y puntual. Respecto al alegato de que no hubo comunicaciones previas o posteriores del robo, así como que no hubo bienes identificados como sustraídos, se remite al impugnante a lo antes expuesto, para evitar reiteraciones. Sobre el hecho 5.20, el tribunal de mérito especificó lo siguiente: ³«sobre la participación del encartado [Nombre 014] que tiene por demostrado este Tribunal, está conclusión se basa en el análisis de los indicios como el uso de la tarjeta de crédito American Express Platinum sustraída de la ofendida hora después de la sustracción de la misma en el sector de San Sebastián donde para ese momento vivía el encartado [Nombre 014], indicio que no se puede ver de forma aislada porque precisamente y producto del decomiso del video de las cámaras de seguridad en las cercanías del condominio Natura Viva en la Guácima de Alajuela, decomiso realizado mediante acta 120988 a folio 565 e identificado como prueba material número once que fue reproducida en debate el día veinte de enero de dos mil veinticinco se observa el vehículo color blanco con las características individuales del Toyota Corolla color blanco placas [Valor 011] que es utilizado por el encartado [Nombre 014], se observa en el video como el vehículo realiza maniobras no comunes como el pasar por el frente del condominio, estacionar al final de la calle donde se ubica una lote con una construcción a medio terminar (imagen 28 y 29 a folio 412 y 413) y devolverse para luego volver a pasar tiempo después en horas más oscuras, lo que evidencia un recorrido de vigilancia y rastreo característico en las demás causas condenadas en esta sentencia como parte de la función del encartado [Nombre 014], pudo observar el modo de operar de la organización aquí expuesta y la función importante que realizaba ([Nombre 014]), esencial para el traslado de los ejecutores del robo y la extracción del sitio de los mismo con las bienes ajenos sustraídos, véase que el sitio en que ocurren el robo en este caso es distante al sitio donde es utilizada posteriormente la tarjeta robada y donde reside [Nombre 014] (Guácima de Alajuela / San Sebastián en San José) lo que refuerza la cadena indiciaria que nos lleva a concluir que se trata de la misma organización criminal, por su forma de operar como se tuvo por demostrado en este caso, el ingreso por lotes baldíos a la parte trasera de condominios, fractura de losas de baldosas y fuerza en las estructuras de aluminio de las puertas de vidrios así como el uso de sillones detrás de la puerta principal para evitar el fácil acceso a los habitantes de la vivienda y con ello ganar tiempo para huir (imagen 27 a folio 411 vuelto). Pero además de estos indicios, se le suma la activación por radio bases del número telefónico en uso del encartado [Nombre 014] [Valor 013] precisamente en este lugar en el momento en que se ejecuta el robo y ello consta en el informe de análisis telefónico 115- DICR/SECCRO-ART-2021 a folio 763 donde se muestran las llamadas para ese día y la activación de radio bases en el sector del robo a la ofendida [Nombre 029] como se muestra en mapa #5 y su cronología de activación de radio bases a folio 763 vuelto donde se observa el movimiento por activación de radio bases desde el sector de Heredia hasta San Jose, cantón de Mora y distrito Colon a eso de las 17:29:26 y hasta las 18:42:41 que aun activa en la Guácima de Alajuela para luego activar en Posos de Santa Ana, luego Hatillo y luego San Sebastián San Jose; en la ampliación del mapa #6 a folio 765 vuelto se refleja la ubicación de la radio bace activada a las 18:42:41 con código C01|MTR502 ubicada en la Guácima de Alajuela, a ochocientos metros aproximadamente del sitio del robo Condominio Natura Viva que unido a la visualización del video en debate del vehículo usado por ([Nombre 014]) y capturada su imagen a folio 1230 vuelto e imágenes 30 a la 36 a folios 413 a 416, no queda duda para este Tribunal de la participación del encartado [Nombre 014] como coautor en este hecho acusado´ (texto recuperado de las páginas 209 y 210 de la sentencia-documento). Esta cámara no aprecia que el razonamiento contenido en la anterior cita contenga vicios en su construcción y en su conclusión. Se reitera que es innecesario contar, como un insumo a valorar, con un registro de las comunicaciones entre el sindicado y aquellas personas que materialmente ejecutaron el hecho ilícito juzgado, ello para derivar la responsabilidad penal del justiciable. Nótese que la acreditación de que el acusado ([Nombre 014]) sí participó trasladando a los autores materiales del robo y los bienes sustraídos se dedujo de dos aspectos, ambos no controvertidos por el impugnante: (i) un video que registró el tránsito del vehículo placas [Valor 011] y (ii) la activación de radiobases en la cercanía de la vivienda de la ofendida de la línea telefónica que utilizaba el endilgado. Aunque ambos factores son, en alguna medida, inespecíficos de que el imputado estaba exactamente en la periferia de la vivienda de la víctima, sí permiten concluir que el sindicado ([Nombre 014]) estaba en las cercanías del sitio, lo cual debe unirse o concatenarse con la modalidad de ejecución del robo y, de ahí, concluir su participación. De modo que no se trata de indicios aislados o individuales, como lo aprecia el recurrente, sino que la responsabilidad penal del acusado se extrajo a partir de una lectura integral de estos y, por ello, se dedujo razonablemente que ([Nombre 014]) era quien conducía el vehículo que habitualmente manejaba y en donde, como sucedió en otras ocasiones, transportó a los autores materiales del robo y los bienes sustraídos.

Respecto a los otros argumentos, vinculados con la inexistencia de pruebas del plan común; la comunicación con los otros sospechosos; o la venta de los bienes hurtados, se remite al impugnante a lo antes expuesto, en virtud de que ya fueron planteados con anterioridad. Conviene agregar que es indiferente si el imputado ([Nombre 014]) estaba siendo vigilado o no por los investigadores judiciales, pues claramente no hubo un seguimiento policial alrededor de este robo. Respecto al hecho 5.21, el panel judicante explicó lo siguiente: ³«esta forma de operar guio a los investigadores judiciales entre ellos al testigo [Nombre 054] a buscar la ruta de ingreso a través del cafetal que colindaba con la parte posterior y así ubicar cámaras de seguridad, como sucedió, logrando decomisar mediante acta 120989 visible a folio 566 un video que fue reproducido en debate e identificado como prueba material número diecisiete donde este Tribunal pudo observar precisamente el vehículo Toyota corolla color blanco con línea horizontal en sus costados, bumber delantero y trasero negro con el número de placa [Valor 011] así captado por la cámara de seguridad y conducido por [Nombre 014], esto al llegar a una calle sin salida donde se ubica un parque infantil a eso de las 16:54 aproximadamente por donde se puede acceder al cafetal que colinda a la parte trasera de la vivienda del ofendido [Nombre 024]. En esta oportunidad el vehículo posee otra característica particular y es el uso de aros plateados en ambas llantas traseras a diferencia de los aros delanteros que son color negro como se observa en la imagen 42 a 46 de folios 423 a 425, siendo que aproximadamente cinco minutos después se observa transitar caminando por el mismo lugar tres sujetos dos de los cuales la policía judicial identifica a [Nombre 005] y [Nombre 019] como se muestra en imagen 47 y 48 a folio 425 vuelto y 426. Esta circunstancia de que el día y en la hora aproximada el encartado [Nombre 014] nuevamente se ubica en las cercanías de donde ocurre el robo con el mismo modo de operar, a través de fractura del cerco de baldosas para acceder por lote baldío en este caso un cafetal a la propiedad del ofendido [Nombre 024] como se trazó la ruta en imagen 491 a folio 1227 vuelto, no corresponde a una labor de taxista informal ya que no recoge o deja a ningún cliente, sino que ingresa a la calle sin salida donde se puede acceder por el cafetal a la parte trasera del condominio y luego regresa a realizar una maniobra similar en día veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, fecha en que ocurre otro robo con el mismo modo de operar y en el mismo complejo de casas en condominio pero esta vez a la vivienda o condominio 77 donde el ofendido es [Nombre 033], cabe señalar que a raíz de la inspección realizada en la parte trasera de la vivienda del señor [Nombre 024] los oficiales encargados de la inspección localizaron una pequeña fractura como se observa en la imagen a folio 422 de la parte trasera de la vivienda o condominio número 78 evidenciando la inteligencia previa al ingreso y robo de viviendas; este comportamiento del encartado ([Nombre 014]) deja en evidencia su función dentro de la organización criminal dedicada al robo de viviendas la mayoría en condominios, y es la función de traslado de los ejecutores del robo y el retiro o recogida de los mismos con los bienes sustraídos para lo cual y como parte de su función es hacer recorridos previos vigilando el movimiento en sectores aledaños al sitio del robo, ello con el fin de verificar la presencia de terceras personas que pudieran detectar ese movimiento particular y no común previo a ejecutar el robo. También se decomisó un video reproducido en debate y cuyas capturas de imagen se ubican en el informe policial a folio 427 a 428 donde se observa que en el ingreso a esa calle sin salida circula el vehículo Toyota corolla color blanco con las características particulares citadas conducido por el encartado [Nombre 014], donde ingresa y sale de la calle y luego se observa pasar a [Nombre 005] y [Nombre 019], personas también acusadas en esta causa como integrantes de la organización con quien el encartado ([Nombre 014]) tiene un vínculo muy cercano como se analizó al inicio de este apartado de la sentencia y con quienes mantuvo ese día comunicación según el detalle de llamadas a folio 764 [«] Unido a estos indicios comprobados y acreditados se adicionan las comunicaciones realizadas entre el encartado [Nombre 014] para el momento del robo y la ubicación de radio bases que concuerda con lo observado en el video, concluyendo este Tribunal la participación del encartado ([Nombre 014]) en este hecho acusado. A folio 764 frente del expediente principal y dentro del informe de análisis de comunicaciones 115-DICR/SECCRO-ART-2021 se registraron las comunicaciones del número telefónico en uso del encartado ([Nombre 014]) número [Valor 013] en gráfico #7 donde se resalta la comunicación el día del robo de las 18:56:08 entre [Nombre 014] y [Nombre 005], pero reforzando la prueba analizada es la ubicación de las radio bases activadas por parte de los acusados pero de interés para este proceso las radio bases activadas por parte de [Nombre 014] expuestas en el mapa #7 y su cronología de activación a folio 764 vuelto que para mayor precisión se confrontó con su original, y se tiene que el encartado ([Nombre 014]) activó a partir de las 17:49:39 la radio base con código C01|MT1459 ubicada en distrito Rincón de Sabanilla, cantón de San Pablo, en provincia de Heredia esto hasta las 18:56:08, para luego activar radio base en San Sebastián San Jose a las 22:33:30. Esta activación de radio bases ubicada a cuatrocientos diez metros aproximadamente del sitio del robo por parte del encartado ([Nombre 014]), unido a la ubicación por video del vehículo conducido por el encartado ([Nombre 014]) en ese comportamiento particular y en la zona de acceso por cafetal a la parte trasera de la vivienda violentada unido a los indicios ya analizados y particulares de modo de operar del caso arroja como conclusión a este Tribunal que el encartado [Nombre 014] ejerciendo función esencial para el fin propuesto y en coautoría con otras personas, cometieron el delito de robo agravado como será analizado en la parte jurídica (mapa #8 a folio 765)«´ (texto recuperado de las páginas 212 a 214 de la sentencia-documento). Esta cámara avala el planteamiento contenido en la anterior cita. El reclamo del apelante consiste en que, desde su perspectiva, los indicios anotados por el a quo no podían ser valorados por tratarse de presunciones ³de participación´ de anónimos y que el teléfono celular podría ser portado por otra persona distinta a su representado. Así mismo, reclama que las intervenciones telefónicas no concluyeron que el justiciable ([Nombre 014]) tuviera el conocimiento del robo que se iba a ejecutar o, bien, que tuviera participación en este. También se queja de que la activación de una radiobase no es certera respecto a la ubicación de una persona, porque, en su criterio, podría estar ³a kilómetros´ del lugar de los hechos. En el razonamiento del tribunal de mérito existe una conexión o una asociación que el impugnante minimiza y que se dedujo por la multiplicidad de robos: la similitud y la semejanza que existía en el modus operandi de la organización criminal. Por ello, en vista de que el robo sufrido por la víctima tuvo las mismas características que los otros casos juzgados, es válido razonar que se trata del mismo nodo criminal. Si a ello se le suma que, por un sitio cercano al lugar donde se cometieron los hechos, se registró mediante video que el encartado estaba conduciendo el mismo vehículo que se observó en los otros hechos y que estaba en compañía de dos de los sospechosos, esto para un momento histórico cercano o próximo al robo, es válido inferir que ellos se dirigían hacia el terreno aledaño a la casa de habitación del ofendido y que procedieron a sustraer sus bienes mediante la misma estrategia que habían utilizado con anterioridad. Por ello, el razonamiento no está basado en las presunciones aducidas por el impugnante, quien, se reitera, minimiza el planteamiento del a quo y, en lugar de estudiar las conexiones con los anteriores hechos, las omite, como si se tratase de un robo independiente y autónomo. En otro orden de ideas, es especulativa la idea de que otra persona, distinta al acusado, pudo haber portado su teléfono celular. Nótese que el acta de tenencia efectuada por los oficiales [Nombre 054], [Nombre 092], [Nombre 093] y [Nombre 050] de la línea telefónica [Valor 013] se efectuó a las 08:26 horas del 22 de octubre de 2021, como consta al folio 362, y este hecho sucedió el día anterior, a saber, aproximadamente a las 19 horas del 21 de octubre de 2021. No resulta razonable que, en cuestión de horas, la línea telefónica que utilizó el acusado con anterioridad a este evento pudiera ser trasladada a otra persona y, posteriormente, devuelta al sindicado. Véase que el dato del número telefónico usado por don [Nombre 014] se obtuvo por información confidencial del robo que sufrió el entrenador de fútbol [Nombre 059] en su casa de habitación, dicho sea de paso, a través del mismo modus operandi, el que sucedió en mayo de 2021. De ahí que una vez verificado, en octubre de 2021, que la línea telefónica referida en la información confidencial sí estaba en uso del endilgado, es válido razonar que el dato suministrado en la información confidencial es cierto y, desde esa perspectiva, suponer que don [Nombre 014] portaba el servicio telefónico [Valor 013] desde mayo de 2011. Ello conduce a afirmar que el argumento del defensor, se reitera, es especulativo, porque no está sustentado en el material probatorio y está basado en un factor improbable, así como disocia el registro visual del encartado en la zona en relación con la activación de la radiobase. Por otro lado, el tribunal de mérito no utilizó la información emanada de las intervenciones telefónicas, sino la presencia de un registro telefónico de una llamada entre don [Nombre 014] y [Nombre 005]. Desde esa óptica, el recurrente no explicó cuál era el diálogo o la conversación de que desprende su conclusión de que el acusado ignoraba lo que sus compinches iban a hacer o que no participó en el robo. Ello torna el reclamo en insubsistente. Finalmente, debe reiterarse que, efectivamente, la activación de una radiobase es indicativo de que la persona que requirió el servicio telefónico estaba en la zona de cobertura de dicha antena, sin que pueda identificarse el punto exacto donde se ubica, para lo cual debe contarse con tecnología de la que carece la policía judicial. Pero obvia el impugnante que la participación de su patrocinado se derivó por un video donde se registró que ingresó, con su vehículo, por una calle sin salida donde se ubica un parque infantil aledaño al cafetal que colinda por parte trasera de la vivienda del agraviado, es decir, sí se conocía la ubicación precisa de don [Nombre 014]. Ello reitera el carácter retórico del argumento. Por tales razones, se rechaza el alegato recursivo. Sobre los hechos 5.22 y 5.23, la autoridad jurisdiccional de mérito reflexionó lo siguiente: ³«esta declaración [la del investigador [Nombre 054]] se tiene reforzada con la visualización del video en debate e identificado como prueba material número veintiuno donde nuevamente se observa el mismo vehículo sedan cuatro puertas color blanco con raya horizontal color negra en el costado del vehículo y el bumper derecho y trasero negro así como los aros traseros color plateado y los aros delanteros color negro, última característica particular (aros traseros plateados) visto en el video del veintidós de octubre de dos mil veintiuno donde se pudo ver claramente la placa [Valor 011] conducido por el encartado [Nombre 014] (imagen 56 y 57 a folio 432 frente y vuelto), por lo que no queda duda para este Tribunal que se trata de este mismo vehículo el día y la hora aproximada en que sucede el robo a estas dos viviendas de los ofendidos [Nombre 032] y [Nombre 033] y conducido por el encartado ([Nombre 014]) porque precisamente del informe de análisis telefónico donde consta la activación de radio bases para ese día en ese momento aproximado, el número telefónico [Valor 013] en uso de [Nombre 014] activa en ese sector desde las 16:52:46 y hasta las 18:49:51 como se muestra en la cronología de activación de radio bases para ese día veintiocho de octubre y mostrado en mapa # 10 del informe de análisis telefónico 115-DICR/SECCRO-ART-2021 a folio 766. En respaldo del informe de análisis telefónico y ampliando acerca del procedimiento el perito Paulo Barquero Arias explicó en debate: ³El gráfico número seis para la fecha del 22 del diez del 2021, es una comunicación a las 18:56 del número de [Nombre 014] [Valor 013] hacia al teléfono de [Nombre 005] [Valor 007]. («) En el mapa número ocho, en la página veintisiete del informe, eso es en fecha 22 del diez del 2021, el punto que está en color verde es la ubicación de uno de los eventos de interés con sumaria 21-006426-0059-PE, esa es la ubicación que fue aportada por GPS por los investigadores, luego se traza una línea hacia las radio base que es una antenita y hay en color rojo y azul y luego al lado de radio base hay un circulito con las numeraciones en color rojo, verde y azul, en este sitio en la parte superior, esta radio base que está en 683 metros aproximadamente del punto de interés fue activado por el teléfono de [Nombre 005]. Esta que esta acá abajo a 854 metros también por el teléfono de [Nombre 005] y está a 410 metros corresponde al teléfono de [Nombre 014] color verde y el que esta hacia el extremo izquierdo con 1125 metros es el teléfono de [Nombre 019], lo que quiere decir que en una distancia cercana al punto de interés los tres teléfonos activaron radio base para ese evento del 22 del diez del 21.´, de lo anterior no queda duda para el Tribunal que el encartado [Nombre 014] condujo el vehículo utilizado para sustraer los bienes del ofendido [Nombre 032]. Todos estos indicios analizados de forman conjuntan logran acreditar el hecho histórico acusado y la participación del encartado [Nombre 014] como coautor del mismo realizando una función esencial en la ejecución del ilícito como lo es el traslado del resto de la organización criminal encargados de ejecutar el robo [«] Por la activación de radio bases, el análisis de los indicios y la hora en que dio la dinámica para el ingreso a la vivienda del ofendido, queda demostrado para este Tribunal la hora aproximada del hecho ilícito como fue acusado, a saber, aproximadamente las diecinueve horas. Toda esta prueba analizada conjuntamente unido a que uno de los bienes sustraídos este día, pero al ofendido [Nombre 033] fue geolocalizado en San Jose San Sebastián, exactamente en la casa donde vivía [Nombre 005] quien también está siendo juzgado por estos hechos, cerca de donde vivía el encartado [Nombre 014] con quien tenía una relación de confianza. Es por lo anterior que este Tribunal tiene acreditado el hecho acusado 5.22 en los términos analizados´ (texto recuperado de las páginas 216 y 217 de la sentencia-documento) y ³«esta declaración [la de la víctima] se respalda en la prueba documental consistente no solo en la denuncia del ofendido [Nombre 033] que consta a folio 499 a 501 y recibida el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno a las 10:01, sino también con la inspección ocular llevada a cabo en la vivienda del ofendido que describe precisamente la ruta de ingreso y la forma de ingreso a la vivienda del ofendido [Nombre 033] y la evidencia de registro que confirma él lo manifestado por el ofendido y que de forma visible se muestra en imagen 54 y 55 a folio 431 frente y vuelto del expediente, también descrito en acta de inspección a folio 525 y que muestra la evidencia o daños dejado por los ejecutores del robo y muestra la fuerza ejercida para vulnerar las medidas de seguridad (pared de baldosas y puertas de vidrios) y de esa forma acceder a la vivienda de donde sustrajeron bienes descritos en detalle en la denuncia del ofendido Fernando y que de alguno recordó en debate. Ahora bien, este Tribunal tiene por acreditada la participación del encartado ([Nombre 014]) en este evento no solo por la forma de operar de la organización criminal de la cual formaba parte el encartado [Nombre 014], que también en este hecho se repite, el hecho de colocar sillones detrás de la puerta y la activación de radio bases por parte del encartado [Nombre 014] a solo cuatrocientos diez metros como lo explicó en debate el perito Paulo Barquero y que coincide en espacio y tiempo con la visualización del vehículo identificado por las características particulares el día y la hora en que sucede el robo, unido a la llamada a las 18:56:08 que hace el encartado [Nombre 014] al número intervenido de [Nombre 005]. Pero además de los indicios analizados y que lleva a reforzar la conclusión de este Tribunal de la participación del encartado ([Nombre 014]) en este hecho, es el hecho que uno de los artículos robados al ofendido [Nombre 033] fue un iPad que a las 7:36 horas mostro su ubicación exactamente en el sitio donde se ubica la vivienda del encartado [Nombre 005] ubicada en San José Paso Ancho como se documentó en imagen 58, 59 y 60 a folio 434 frente y vuelto, quien también está acusado en esta causa y como se analizó al inicio vivía para ese momento cerca del encartado [Nombre 014] y ambos tienen un vínculo cercano de confianza. Todos estos indicios analizados de manera conjunta no solo permiten a este Tribunal reconstruir el hecho y la participación del encartado [Nombre 014] realizando esa función de vigilancia a espera de los ejecutores del robo para huir del lugar con los bienes del ofendido [Nombre 033]´ (texto tomado de las páginas 218 y 219 de la sentencia-documento). Esta cámara estima que los anteriores razonamientos no contienen los vicios enunciados por el recurrente, quien aísla el indicio derivado de las interconexiones telefónicas entre las personas investigadas. Nótese que la participación del justiciable se dedujo a partir del registro visual del vehículo que regularmente utilizaba en la periferia del lugar de los eventos y en momentos cercanos a su ocurrencia en relación con la activación de la línea telefónica usada por el justiciable de una radiobase próxima al lugar de los robos en conjunto con los registros de conexiones telefónicas, contemporáneas a los hechos, que mantuvo don [Nombre 014] con [Nombre 005], en cuya vivienda, posteriormente, se emitió una señal de GPS de uno de los dispositivos tecnológicos robados. Por ello, la participación del imputado, conforme el planteamiento del a quo, no se derivó únicamente del uso del teléfono celular, como refiere el impugnante. Por otro lado, es retórico el argumento de que no se determinó que el imputado utilizara constantemente la línea telefónica [Valor 013], cuando su imagen figuraba en el perfil de la aplicación de WhatsApp. La colocación de una fotografía en un dispositivo de mensajería tiene como finalidad que los contactos o, cualquier otra persona que desee enviar un texto o un audio, sepan y conozcan la identidad a quién se lo remiten. De ahí que, en sí mismo considerado, el argumento no refuta el razonamiento mediante el cual el a quo estimó que el acusado sí empleaba ordinaria y regularmente el número [Valor 013] para comunicarse con los demás integrantes del nodo criminal. Por otro lado, en relación con el empleo del vehículo placas [Valor 011], se remite al impugnante a lo antes expuesto, para evitar reiteraciones innecesarias. Conviene destacar que la circunstancia de que ocasionalmente tal coche fuera conducido por otras personas no modifica el análisis expuesto por el tribunal de mérito, pues no explicaría la activación de la radiobase del servicio telefónico [Valor 013]. Es el conjunto de la existencia de estos tres indicios -la presencia del automotor placas [Valor 011]; la activación de la línea [Valor 013] de una radiobase; y el registro comunicativo con el teléfono de [Nombre 005]-, ello en las cercanías del lugar del hecho y en una hora aproximada a su ocurrencia, lo que conduce indubitablemente a señalar que don [Nombre 014] sí participó en los hechos. Este planteamiento no se debilita con los alegatos retóricos de que otra persona pudo utilizar el teléfono [Valor 013] y de que otro sujeto pudo conducir el vehículo [Valor 011]. Así las cosas, se descarta el reclamo. Sobre el hecho 5.24, el tribunal de mérito indicó lo siguiente: ³Unido a estos indicios particulares en el modo de operar, se recolectó por parte de los oficiales del OIJ encargados de la investigación lograron obtener copia de las grabaciones de una cámara de seguridad ubicada en la vivienda más próxima al sitio del robo esto es a cuatrocientos metros, y del cual se logra observar nuevamente el vehículo sedan cuatro puertas con línea horizontal color negro y bumper trasero y delantero negro utilizado por el encartado [Nombre 014] que junto a la activación de radio bases por el número del encartado ([Nombre 014]) para la fecha y momento del robo a pocos metros del lugar no deja duda de que [Nombre 014] participó en este ilícito, video decomisado mediante acta 120992 a folio 571 y cuya captura de imagen corre a folio 437 imagen

Unido a estos indicios ya comprobados se tiene el informe de análisis telefónico 115- DICR/SECCRO/ART-2021 donde se muestra el registro de llamadas del número [Valor 013] en uso del encartado [Nombre 014] visible a folio 767 mediante las cuales activo radio bases en las cercanías del sitio del robo como se expuso en el mapa#11 del citado informe y el cuadro de cronología de activaciones de radio base donde se refleja el movimiento del encartado [Nombre 014] desde San Sebastián donde activó la radio base C01|MTR-368 a eso de las 15:45:38 y luego activar la radio base C01|MT1032 ubicada en cantón y distrito Curridabat y la C01|MT1026 en cantón Curridabat, distrito en Granadilla y C01|MT-1037 entre las 17:18:06 y hasta las 18:59:26, es decir, que el encartado ([Nombre 014]) utilizando el vehículo en uso, placas [Valor 011] identificable por características que lo individualizan y que este Tribunal pudo observar en el video reproducido en debate en el mismo momento en que se ejecuta el robo y que por activación de radio bases por parte del encartado Rubí, se puede concluir que participó nuevamente en este robo, ubicándose a 256 metros aproximadamente del sitio del robo. Describió el ofendido [Nombre 034] que en la parte de atrás de la vivienda hay un cafetal y una cerca que habían cortado, refirió sobre las puertas rotas lo que coinciden con la descripción en el acta de inspección y describió algunos bienes dentro de los que desataca es una caja fuerte que se llevaron de la casa, documentos y gran cantidad de joyas de alto valor entre otros bienes lo que valoró en once millones de colones. No cabe duda para este Tribunal que el encartado utilizando el vehículo y su número telefónico en uso junto con otros sujetos mediante la distribución de funciones como se describió utilizando fuerza y herramientas idóneas en las medidas de protección de la vivienda del ofendido [Nombre 034] se introdujeron a su vivienda y se apoderaron de bienes del ofendido Kim´ (texto tomado de la página 221 de la sentencia-documento). El razonamiento del tribunal es el mismo que ha venido sosteniendo: que la acreditación de la participación de don [Nombre 014] se derivó por la conjunción del registro visual del automotor que este consuetudinariamente conducía en relación con la activación de su línea telefónica de una radiobase cercana al lugar del hecho y temporalmente al momento de su ocurrencia; ambos indicios vinculados con el método de ejecución del robo. El recurrente alega que, desde su perspectiva, no se logró identificar adecuadamente el automotor, pues no se apreció su número de placa ni la persona que lo conducía. Esta crítica obvia dos factores: (i) que el coche placas [Valor 011] tenía otros elementos, distintos de la placa, que lo individualizaban, a saber, una línea horizontal y de color negro que estaba dibujada en las cuatro puertas y que los dos bumper eran de ese mismo color. (ii) La persona conductora del automotor placas [Valor 011] se dedujo de la confluencia de la circunstancia que el endilgado consuetudinariamente manejaba ese mismo vehículo con la activación de la línea telefónica [Valor 013] de una radiobase ubicada a 256 metros de distancia del domicilio de la víctima y en un rango aproximado de la ocurrencia del robo. Esto conduce a afirmar que la forma mediante la cual el a quo identificó el automóvil [Valor 011] y construyó su aserto de que era guiado por el endilgado, no fue cuestionada por el impugnante. Respecto al uso de la línea telefónica, omite el recurrente considerar que el portador de la línea telefónica [Valor 013] estuvo activando radiobases que permitieron trazar una ruta desde San Sebastián hasta Curridabat. Esto es importante porque el lugar de origen es cercano al lugar de residencia del endilgado, lo que permite asegurar, en conjunto con los otros indicios, ya comentados, que sí era empleado por el justiciable. Por último, aunque es cierto que ya existían vigilancias y seguimientos policiales, en este evento, no las hubo, por lo cual es irrelevante si se operativizaron o no tales actos de investigación para ese hecho en particular. Con relación a las reuniones entre los miembros de la organización criminal; la venta de los artículos sustraídos y la ausencia de evidencia localizada en la vivienda del endilgado ([Nombre 014]), se remite a lo antes expuesto, para evitar repeticiones innecesarias. Se reitera que tales aspectos sí fueron ponderados por parte del a quo, pero descartados legítimamente como contraindicios. Así las cosas, se rechaza el alegato. Sobre los hechos 5.25, 5.26 y 5.27, el panel judicativo expuso lo siguiente: (i) 5.25: ³Estos indicios, horario, sitios y forma en que suceden los robos de estos tres ilícitos numerados 5.25, 5.26 y 5.17 así como la forma de operar a saber, el ingreso por lote baldío para fracturar baldosa que conforma la pared posterior que sirve de limite, la franja horaria y la colocación de sillones detrás de la puerta principal hace que unido a la localización del encartado [Nombre 014] en las cercanías del sitio mediante la activación de radio bases como se muestra en el mapa 13 y 14 del informe de análisis telefónico 115-DICR/SECCRO/ART-2021 por parte de la línea [Valor 013] donde este Tribunal pudo constatar el movimiento realizado por el encartado ([Nombre 014]) a través de activación de radio bases desde el sector de San Sebastián hasta el sector de Granadilla de Curridabat esto en cronología de activación de radio bases, esto se concluye porque activó la radio base en San Sebastián a las 15:17:09 y 15:55:40 para activar radio bases con código C01|MT1034 a las 18:07:30 y hasta las 18:31:05 para posteriormente activar radio base en San José,

Ulloa en Heredia y finalmente San Sebastián. Ampliando el perito Paulo Barquero Arias declaró: ³El mapa catorce que es del tres del once del 2021 de igual manera el estudio se realizó para tres eventos que están enlistados ahí, esos eventos se ubicaban, en esos eventos a 507 metros de la radio base y ahí también activó el teléfono de [Nombre 014], la radio base se encontraba a 507 metros de los puntos de interés y esto es en el sector de Curridabat, esas activaciones fueron a las 18:07, 18:30 y 18:31 básicamente esas serian´. La testigo [Nombre 035] refirió que en el allanamiento realizado a los acusados dentro de ellos al encausado [Nombre 014] localizaron unas joyas de las joyas que le sustrajeron y eran de su mamá, lo cual quedó consignado y así lo verificó este Tribunal, en el acta de apertura y entrega de evidencia a folio 2157 a 2168; sobre la ubicación de estos bienes, si bien no fue ubicado en la vivienda o en posesión directa del encartado [Nombre 014], si se tiene por acreditado su participación en esta organización criminal con las características particulares analizadas no solo al inicio de este apartado sino también en la ejecución de este ilícito y donde precisamente se tiene como integrantes a los encartados [Nombre 019] y [Nombre 010], esta última fue su pareja sentimental y madre de su hijo común [Nombre 008], aspecto que no se puede ver de forma aislada sino que en conjunto al análisis de la prueba indiciaria realizada no queda duda de que el imputado ([Nombre 014]), nuevamente y dentro de su aporte esencial, realizó el traslado de los ejecutores del robo, véase que en la cronología de activación de radio bases sale de San Sebastián se dirige a Heredia donde vive otro de los acusados [Nombre 019] y luego se dirige al sitio del robo en Granadilla Curridabat y luego a Ulloa en Heredia. Por lo anterior, este Tribunal encuentra al encartado [Nombre 014] responsable de este ilícito acusado´ (texto tomado de las páginas 223 y 224 de la sentencia-documento). (ii) 5.26: ³En ese mismo análisis este Tribunal tiene por acreditada la participación del encartado [Nombre 014] en estos hecho no solo por la ubicación en tiempo y espacio en las cercanías del hecho como era su función y forma de operar dentro de la organización ya que era el encargado del transporte de los ejecutores al sitio del ilícito y luego la recogida de estos y los bienes sustraídos que en el caso anterior de la ofendida [Nombre 035] fueron ubicadas parte de ellas en el allanamiento realizado a los encartado [Nombre 019] y [Nombre 010], esta última quien fue pareja de [Nombre 014] y madre de [Nombre 008] hijo en común y quienes están acusados de ser parte de la organización criminal. Así las cosas, al haberse cometido los tres ilícitos 5.25, 5.26 y 5.27 el mismo día de forma consecutiva, este elemento indiciario es de relevancia importancia para tener por establecida la participación del encartado ([Nombre 014]) en este evento. En cuanto a los bienes sustraídos, se tiene su descripción y valor no solo en la denuncia sino también en la ampliación, considera este Tribunal que con el resto de la prueba documental analizada no queda duda de la ocurrencia de este hecho acusados y de la participación en calidad de coautor y distribución de función esencial para el resultado final y exitoso por parte del encartado [Nombre 014]´ (texto recuperado de la página 225 de la sentencia-documento). (iii) 5.27: ³«dentro de los indicios que vinculan la participación del encartado ([Nombre 014]) unidos a los analizados es la ubicación por activación de radio bases que como se analizó en el hecho 5.25 lo ubican a 507 metros del sitio de los tres eventos en la hora aproximada que se dan los hechos, mostrando un movimiento por activación de radio base por la línea [Valor 013] desde el sector de San Sebastián luego Heredia y posteriormente a Granadilla Curridabat para luego ir a Ulloa y luego a San Sebastián donde residía para ese momento el encartado ([Nombre 014]) y así se muestra en mapa número trece y catorce así como la cronología de activación de radio bases, esto en el informe de análisis telefónico

115-DICR/SECCRO/ART-2021 visible a folio 752 a 774. Así las cosas, por el análisis conjunto de toda la prueba este Tribunal tiene por acreditado este hecho con las modificaciones ya indicadas y al encartado [Nombre 014] como coautor del mismo quien mediante la distribución de funciones, se encargó del traslado y vigilancias en el sitio y salida de los ejecutores con los bienes sustraídos´ (texto tomado de la página 227 de la sentencia-documento). Ante el planteamiento precitado, el defensor reclama que las activaciones de las radiobases descritas en la cita fueron anteriores a la comisión de los hechos en cuestión. Los eventos numerados como 5.25, 5.26 y 5.27 se tuvieron como ocurridos aproximadamente a las 19 horas del día 3 de noviembre de 2021 en el [...] de Curridabat. La línea telefónica [Valor 013] activó la radiobase código C01|MT1034, localizada a 507 metros del condominio donde se dieron contemporáneamente los sucesos, a las 18:07, 18:30 y 18:31. Ciertamente, como lo informa el defensor, las activaciones fueron anteriores, pero no debe perderse la perspectiva de que la hora de ocurrencia de los acontecimientos juzgados es ³aproximada´. Tal circunstancia obedece a que los ofendidos no se enteraron de las sustracciones en el mismo momento en que ocurrieron o inmediatamente después o, bien, dieron aviso a las autoridades mucho después de sucedidas. Sobre el particular, la testigo [Nombre 035] informó que se enteró del robo por una llamada que le hizo el administrador del condominio entre las 10:30 p.m. y las 11:00 p.m. del día del hecho, pues ella trabajaba fuera del área metropolitana y su vivienda solía estar deshabitada entre semana. Por su parte, la ofendida [Nombre 038] explicó que, aproximadamente a las 5 de la tarde del día del evento, sintió migraña, por lo cual fue a recostarse en un cuarto que había modificado como oficina, cuando empezó un aguacero torrencial. Mencionó que, entre 45 minutos a una hora después, su perra, de raza boxer y de nombre Moka, empezó a ladrar fuertemente y a mostrarse inquieta, por lo cual se levantó y observó, a través de la ventana, que un sujeto iba saliendo. Ella decidió encender las luces; llamar al administrador del condominio y a sus vecinos; y esperar dentro de la habitación, pues sentía mucha migraña y dudaba de la efectividad policial. Finalmente, la otra víctima, [Nombre 036] no atestiguó en el contradictorio. De esta información, se infiere que [Nombre 035] no tenía la posibilidad de datar el evento en su perjuicio, lo que se extiende a aquel donde la agraviada fue [Nombre 036]. Tal situación cambia en donde la víctima es la señora [Nombre 038] porque, según su deposición, el suceso ocurrió aproximadamente entre las 5:45 a las 6:00 p.m., lo que lo ubicaría dentro del rango de activación de las radiobases antes estudiado. Aunque el tribunal de mérito describió que los hechos se tuvieron como sucedidos ³aproximadamente a las 19 horas´, lo cierto es que las 18 horas es un momento cercano, sin que exista una obligación procesal de que ambas medidas del tiempo sean exactas. Aunque lo deseable es que la circunstancia de tiempo sea precisada desde la acusación, ello es posible si los elementos documentales lo permiten, por lo cual es válido que el actor penal utilice la fórmula de describir una hora aproximada. La verificación que un hecho sucedió antes de la indicada en la acusación no vulnera el derecho de defensa, máxime en este caso, en donde no se ofreció prueba de que don [Nombre 014] estuviera en otro lugar entre las 17:45 horas a las 18 horas, ni tampoco la defensa se mostró expresamente contrariada con tal circunstancia. En relación con la lectura que hace el impugnante del análisis telefónico 115-DICR/SECCRO/ART-2021, debe explicarse que su interpretación no se deriva de tal pericia. En efecto, la activación de la radiobase localizada en Guararí, en el distrito de Ulloa de la provincia de Heredia no fue efectuada por la línea telefónica del endilgado ([Nombre 014]) si no por el servicio telefónico atribuido al coencartado [Nombre 019], el cual es el [Valor 014] y estas fueron realizadas a las 13:58, 14:15 y 22:30 de ese día. Nótese que, incluso, las horas de la activación de la radiobase, por parte del servicio telefónico atribuido a [Nombre 019], ni siquiera es cercano a la hora aproximada de la ocurrencia de los hechos. En consecuencia, la circunstancia de que se activó una radiobase localizada en el distrito de Ulloa no modifica el análisis intelectivo planteado por el a quo. Se reitera que es válido incorporar la modalidad de ejecución de los robos como un elemento conductor para amalgamar los indicios, pues es claro que tales golpes tuvieron las mismas características en su desarrollo y evolución. Por otro lado, como ya se indicó, es irrelevante si en la habitación del justiciable no se encontró evidencia que lo vincule directamente con los hechos juzgados, pues se trata de una organización donde los objetos sustraídos se conservaban en la casa de habitación de una de sus integrantes. Debe recordarse que la función que el tribunal de mérito tuvo por probado cumplió el imputado consistió en el traslado de las personas que iban a cometer materialmente los robos y, posteriormente, su regreso a la casa base en conjunto con los objetos sustraídos, sin que tal labor se extienda a la custodia de estos. En otro orden de ideas, en el acta de secuestro n°130836 se decomisaron joyas de distinta naturaleza, relojes y una computadora portátil y, contrario a lo referido por el apelante, no fueron decomisados el 3 de noviembre de 2021, sino el 3 de setiembre de 2021, sea antes de que se dataron los eventos por los cuales fue condenado el justiciable, por lo cual no podrían vincularse estrechamente con los eventos en donde participó el justiciable, los cuales fueron fechados como ocurridos entre el 27 de setiembre al 3 de noviembre del año 2021. El alegato final del primer motivo es una síntesis de los anteriores, por lo cual se remite a lo ya indicado, para evitar reiteraciones innecesarias. Conviene señalar que el defensor omite considerar que la identidad de su representado se derivó de la observación de los videos registrados por cámaras localizadas por los puntos de ingreso de los autores materiales de los robos, en donde se apreciaba tanto su figura como el vehículo que conducía. La permanencia del justiciable en el sitio se corroboró a través de los registros telefónicos y, desde esa perspectiva, es incomprensible el discurso final. Así las cosas, al conocerse integralmente los reclamos que el apelante planteó en su recurso escrito, sin que sea dable ampliarlos en la audiencia oral que se celebró, así como verificándose que no logran modificar lo resuelto, lo procedente es desestimar el primer motivo de impugnación.

El segundo motivo es parcialmente procedente: Respecto a la segunda queja, el aspecto introductorio se trata de un reclamo genérico que congloba los argumentos expuestos en el primer motivo, con excepción de aquellos que, de seguido, se procederá a estudiar. El delito de asociación ilícita, previsto en el artículo 281 del Código Penal, castiga a quien ³tome parte en una asociación de dos o más personas para cometer delitos, por el solo hecho de ser miembro de la asociación´. De su letra no es posible interpretar, como lo hace el defensor, que la permanencia a la sociedad delictiva, de parte de uno de sus integrantes, supone una participación activa y continua en cada uno de los actos ilícitos que cometa el nodo criminal. Desde vieja data, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido el criterio referido en la resolución apelada, según el cual: ³Oportuno es recordar que lo que se castiga es la pertenencia al grupo, independientemente de la participación individual de los sujetos en cada uno de los hechos atribuidos al grupo.  No es necesario determinar en cada caso quién da las órdenes, sino que lo importante es que sea evidente una asignación de tareas a cada miembro de la banda, lo cual sería eventualmente demostrable, por ejemplo, por un patrón (modus operandi) que caracterice al grupo´ (resolución 885-2001, de las 8:45 horas, del 14 de septiembre de 2001). Conforme la posición contenida en la anterior cita, que esta cámara estima adecuada de cara a la letra de la conducta prohibida, no constituye un requisito legal que el integrante de una organización criminal intervenga o participe en la totalidad de los actos penalmente relevantes, pues lo que se castiga es su membresía o integración a la organización criminal, aun si esta fue transitoria. Por otro lado, es claro que la cantidad de ocasiones en que el endilgado ([Nombre 014]) participó trasladando a quienes cometieron los autores materiales de los robos y los artículos sustraídos no es indicativo de que su adscripción al nodo delincuencial sea circunstancial, como lo asevera el impugnante, sino que claramente obedecía a su conocimiento y voluntad de participar protagónicamente en la asociación delictiva. Así mismo, el hecho de que la mayoría de los integrantes de la banda criminal sean familiares no inhibe que el endilgado cometiera el ilícito comentado. El precedente citado por el apelante -resolución número 2005-1254, de las 09:05 horas del 7 de noviembre del 2005, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia- no es aplicable al caso concreto, porque, en tal precedente, a los encartados se les condenó por un único delito de falsificación de documento público y uso de documento falso en concurso ideal, así como de un ilícito de tenencia de instrumentos de falsificación de concurso material, mientras que, en este, al acusado se le condenó por la comisión de diez ilícitos de robo agravado. Así, como la letra de la asociación ilícita habla de ³delitos´, se deriva que no es posible condenar a una persona de haber participado en este ilícito bajo el supuesto de haber cometido un único ilícito, como sucedió en el caso conocido en el precedente antes citado, por lo cual categorizó el vínculo de los imputados en aquella causa como circunstancial. De ahí que, en definitiva, desde la perspectiva fenomenológica, no son casos equivalentes y, ni siquiera, equiparables. Por otro lado, conviene reiterar que la queja del recurrente es retórica, sin que indique expresamente cuál fue el razonamiento del a quo que contenga un vicio, a efecto de que esta cámara pueda valorarlo.  Respecto al tipo penal de robo agravado, al tratarse de una participación en coautoría, el sindicado ([Nombre 014]) se hace responsablemente penalmente de aquellos actos ejecutados por los autores materiales de los robos para sustraer ilícitamente los bienes, ya que conocía de la conducta que estos harían y brindó un aporte esencial para la obtención del fin propuesto, que implica, aunque no haya materialmente realizado el ingreso a casa de habitación violentando sus perímetros y dispositivos de seguridad. De ahí que las descripciones fácticas de tales eventos sí completan el tipo penal de robo agravado, tal y como lo estimó el tribunal de mérito. En lo que sí lleva razón el apelante, es que las sanciones impuestas no responden a la participación del justiciable. En este tema, conviene sintetizar las penas fijadas por el delito de robo agravado y asociación ilícita de la siguiente manera: Hecho 1: 2 años de prisión

Hecho 5.15: 7 años de prisión

Hecho 5.18: 8 años de prisión

Hecho 5.19: 8 años de prisión

Hecho 5.20: 8 años de prisión

Hecho 5.21: 8 años de prisión

Hecho 5.22: 8 años de prisión

Hecho 5.23: 8 años de prisión

Hecho 5.24: 8 años de prisión

Hecho 5.25: 9 años de prisión

Hecho 5.26: 8 años de prisión

Del anterior listado, resalta el evento 5.25, el cual contiene la mayor penalidad que el tribunal de mérito impuso al endilgado. De su fundamentación, se deriva una contradicción, porque, inicialmente, en la parte introductoria, se consignó que la pena era de 9 años de privación de libertad, pero, posteriormente, que era de 8 años y, por último, se indicó que era 9 años. Tal variación es sugerente de que la sanción se fijó con vista en las reglas del concurso material, por cuanto constituiría el límite mayor sobre la cual se determina el monto máximo a imponer. Así, si la sanción hubiera sido de 8 años de prisión, el límite punitivo hubiera sido 24 años y no 27, que fueron los que finalmente se impusieron. Además, la sanción por los 9 años de privación se fijó por los siguientes motivos: ³Aunado a ello, deben ser consideradas las características psicológicas, psiquiátricas y sociales del acusado ([Nombre 014]), todo lo cual sopesado, tanto las que le benefician como las que le perjudican permiten concluir que la pena impuesta de ocho años de prisión resulta proporcional a los hechos acreditados y a su participación criminal. El Tribunal valora que el imputado [Nombre 014] ejecutó nuevamente acciones que afectaron la propiedad privada, es decir, en un periodo de aproximadamente dos meses incurre con una decena de robos, lo cual significa un desprecio total al bien jurídico tutelado por la norma, que tratándose del delito de Robo agravado establecido en el artículo 212 en relación con el 213 del Código Penal se sanciona de 5 a 15 años de prisión. Asimismo se valora que el robo en la casa de habitación de la víctima [Nombre 035], situada el [...] le generó una pérdida de bienes sumamente cuantiosos, valorados en la suma de quince millones de colones, entre ellos artículos de tecnología, computadoras, cámara fotográfica Sony, un Nintendo Switch y sus juegos, un parlante inalámbrico marca Huawei, un Blu-ray marca Sony, dinero en efectivo, pues se apoderaron de una billetera color roja marca Del Rio, 1000 dólares en efectivo, joyería fina, artículos de colección, joyería de oro, de playa y de jade, piedras preciosas, entre muchos otros, los cuales perdió en su gran mayoría, a pesar de que algunos de ellos, se ubicaron en los allanamientos de las viviendas de otros miembros de la organización como [Nombre 019] en [...] y en la vivienda de la encartada [Nombre 010] ubicada en [...], por lo que es que algunos de estos objetos de gran valor pues fueron almacenados por el grupo criminal del cual formó parte el encartado [Nombre 014] para su comercialización. Asimismo se valora como altamente reprochable las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejecutó el robo a la vivienda de la señora [Nombre 035], toda vez que los hechos ejecutados por el imputado [Nombre 014] no fueron casuales o que vio la oportunidad y actuó, sino todo lo contrario, se trataron de actos planificados, premeditados y actuó con la ventaja que la información obtenida por la banda criminal y el modo de operar que permitió un actuar sobre seguro, logrando de una manera profesional cumplir con su cometido. En este sentido, se reprocha que [Nombre 014] como parte de la estructura criminal dedicada a cometer delitos contra la propiedad realizó labores de inteligencia con tal de advertir cuales condominios resultaban vulnerables, siendo la casa de la víctima una de aquellas que detectaron desprotegida por la parte trasera, por cuando colindaba con un lote baldío y la tapia de baldosas de concreto situada en el perímetro de la propiedad resultaba un elemento fácil de superar, destruyéndolo con instrumentos idóneos utilizados como herramientas y con el conocimiento de cómo perforar este tipo de tapias. Asimismo, se aseguraban rutas de ingreso y salida por terrenos boscosos que tornaba imposible que fuesen detectados, toda vez que las labores de vigilancia en el sector les permitió establecer que la seguridad se centraba en las entradas principales del condominio y la parte frontal, más no así, en la parte trasera, ni mucho menos en las puertas o ventanas de las viviendas, que simplemente con alguna herramienta que llevaban consigo y el uso de la fuerza fácilmente la abrían e ingresaban al interior de la vivienda, en la cual tenían el tiempo suficiente de revisar toda la propiedad y seleccionar los objetos de mayor valor económico, tal cual sucedió con la afectación patrimonial a la víctima [Nombre 035] quien perdió bienes por la suma de quince millones de colones.

Además es altamente reprochable las acciones desplegadas por el imputado [Nombre 014], toda vez que ejecutó su rol de vigilante y conductor del vehículo Toyota Corolla, color blanco con el cual transportó a los demás miembros de la banda, los ubicó en el sitio y les permitía descender del automotor en un punto previamente estudiado desde el cual podían ingresar a los cafetales y lotes baldíos para dirigirse por las rutas de ingreso a la parte trasera de la vivienda de la señora [Nombre 035], asimismo, mientras ingresaban por dichos terrenos de difícil topografía y ejecutaban la sustracción de bienes, [Nombre 014] se mantenía atento y vigilante para detectar la acción policial o de algún tercero, siendo que en un momento determinado de la noche, pues nuevamente recogía a los sujetos en el mismo punto e introducían los bienes desapoderados ilegítimamente a la ofendida [Nombre 035] y salían del lugar con todo el botín en su poder. Además, se configuraron dos agravantes, toda vez que se violentó el ámbito más privado de toda persona, como lo es su casa de habitación, donde la señora [Nombre 035] se sentía hasta ese momento segura, en un ambiente de intimidad donde las familias crecen día a día, pero nunca esperó que más de dos sujetos ingresarían mediante la utilización de fuerza y sustrajeron sus bienes que tanto le han costado y que han sido gestados a partir de esfuerzo laboral a través de muchos años, lo cual en cuestión de minutos vio frustrado, gracias a la acción delictiva del encartado [Nombre 014] y su grupo criminal. También la ofendida [Nombre 035] declaró que le sustrajeron su tarjeta con todo lo que implica la pérdida de documentos, así refirió que: ³No preciso con totalidad se llevaron mi cartera, ahí tenía mis tarjetas de presentación, cédula y carnet del Colegio de Abogados en la cartera manejaron un efectivo y me dijeron no importa porque, se llevaron joyas un equipo, la computadora marca Lenovo creo, todo se reportó al OIJ en su momento, no las volví a usar las joyas por la carga emocional de este expediente, las joyas de Pandora, Tous, algunas piedras preciosas queme había traído mi hermana cuando bajo y se recuperaron algunas y de ese tipo´. Además del perjuicio patrimonial, la ofendida [Nombre 035] sufrió un daño psicológico importante, toda vez que relató que para el momento de los hechos era una madre primeriza, vivía sola y su bebé tenía cuatro meses de edad, estaba recién nacida, siendo que uno de los motivos por los cuales hizo un esfuerzo para comprar su vivienda en un condominio irónicamente fue la seguridad que representaba, no obstante fue objeto de dicho robo, asimismo informó que los antisociales dejaron un cuchillo precisamente en el cambiador de su bebé, lo cual la alteró y sintió como un hecho amenazante, lo cual se valora ante las circunstancias personales que atravesaba que efectivamente se trató de un evento innecesario ejecutado por la banda criminal y que le provocó mayores nervios ante la vulnerabilidad. Aunado a ello, indicó: ³miedo tenía porque soy mamá soltera y ver el cuchillo en el cambiador de la bebé y ¿por qué el cuchillo?, si la casa estaba sola después de forzar abajo y se pregunta uno ¿qué más hubiera pasado? ´ Asimismo, los sujetos utilizaron un sillón para obstaculizar la puerta principal y forzaron para poder ingresar, así como hicieron un boquete en la tapia. También es altamente reprochable que la ejecución del robo aprovechando las vulnerabilidades de seguridad de la vivienda provocó confusión y frustración en la ofendida. En este sentido, declaró la señora [Nombre 035] que la decisión de comprar en condominio fue reflexionada pero que el robo sufrido le provocó estrés y continúo preguntándose que por qué tomó esa decisión de comprar toda vez que consideraba que tenía un bebé y le provoca aún más miedo porque concluyó que efectivamente tenían vigilada la casa y conocían su rutina. La afectación psicológica fue importante, en palabras de la víctima declaró de manera decidida que sentir la inseguridad fue emocionalmente pesado y después del llanto y frustración y ver el cuchillo en el cambiador de mi bebé provoca miedo y estaba el cambiador sucio, revolcaron la gaveta de ropa interior, los recuerdos de bebé, el tarro de leche estaba botado, ver las puertas sucias y las colchas majadas porque cuando se pasaron al otro lado fue al segundo piso por las ventanas, y el objetivo era mi casa y se aprovecharon del aguacero y se pasaron a la casa de la par y me dijeron que Jéssica mi vecina estaba dormida, todas circunstancias que permiten concluir que la afectación psicológica resultaba esperable ante la ejecución de este tipo de hechos delictivos. Otro de los elementos que valora el Tribunal para efectos de imposición de pena, es que la banda criminal que ejecutó el robo, demostró un total desprecio no solo al bien jurídico tutelado, sino también realizaron hechos que evidencian que poco le importa la intimidad de la señora [Nombre 035] e inclusive que afectaron su dignidad, toda vez que no solamente quedó toda desordenada la casa, revisaron las gavetas de su ropa interior, se robaron los objetos de mayor valor, ensuciaron y tiraron las cositas de la bebé, rallaron las paredes y las ensuciaron con barro, sino también utilizaron el baño de la primer planta, siendo que dejaron materia fecal que la señora [Nombre 035] tuvo que limpiar, lo cual según su dicho fue sumamente humillante, que tras de que le robaron todas sus pertenencias de valor y le violentaron su intimidad y la de su bebé, también dejaron una deposición evidenciando que no les importaba el daño que realizaron, una muestra de sometimiento y de que hicieron lo que les daba la gana. Inclusive se reprocha a [Nombre 014] que la organización criminal a la cual pertenecía, a través de redes sociales exponían los artículos de joyería sustraídos a la ofendida, alardeando anillos, pulseras y demás. La ofendida tuvo que ir a terapia y realizó reparaciones e invirtió en elementos de seguridad, al igual que la administración del condominio que incorporaron alarmas y sirenas y demás. Además, se valoró aspectos que le benefician a [Nombre 014], como el hecho de no tener antecedentes penales, que tenía un domicilio y en ese momento una pareja, así como sabía leer y escribir, licencia de conducir y acceso a un vehículo, sin embargo, lamentablemente en vez de realizar actividades lícitas con esos recursos, pues los utilizó para ingresar a una organización criminal y se dedicó a ejecutar de manera masiva y sucesiva delitos de contenido patrimonial. De conformidad con lo expuesto, la pena impuesta a [Nombre 014] es la de nueve años de prisión, la cual resulta proporcionable a los hechos acreditados ´ (copia textual recuperada de las páginas 273 a 276 de la sentencia-documento). De la anterior cita, se extrae que se confunden y entremezclan elementos propios de la tipicidad de la acción con actos que no cometió directamente el justiciable y, pese a ello, fueron estimados para aumentar el reproche penal. Debe recordarse que la sanción penal tiene como límite fenomenológico la conducta efectivamente realizada por la persona acusada, sin que sea posible acrecentar el reproche por aquellos actos de sus compinches. De modo que la pena debe fundamentarse considerando la participación individual del coautor en el hecho delictivo en atención a la gravedad y trascendencia de su aporte. Aunque la coautoría sea la valoración coral de aquellos actos individuales que brindan un aporte a una finalidad colectiva, para la fijación del juicio de reproche, no puede valorarse la conducta de los otros si no la suya propia. En consideración de estar entremezclados argumentos válidos -como el monto económico de los bienes sustraídos y la existencia de dos agravantes- con otros que no lo son -los actos ejecutados por los autores materiales del delito y la mención nuevamente de la conducta del endilgado-, esta cámara, debido a tal confusión de razones, no puede determinar cuál de ellas tuvo más peso que otras en la decisión de a quo, de ahí que lo conveniente es ordenar el reenvío para una nueva fundamentación ajustada al artículo 71 del Código Penal y se ajuste el juicio de reproche al grado de participación del encausado ([Nombre 014]), conforme al principio de proporcionalidad y el fin de la pena, máxime que pareciera que el aumento que se hizo de un año de prisión en relación con los demás ilícitos, responde a una fijación del límite punitivo propio del concurso material. Así las cosas, se impone la anulación de la pena fijada por la causa donde la víctima es [Nombre 035] y se dispone el reenvío de la causa para que se determine una nueva sanción penal, con respeto a la no reforma en perjuicio. El mismo vicio concurre en las demás fijaciones de pena correspondiente a los delitos de robo agravado. No puede obviarse que, aunque no esté firme, mediante esta misma resolución, se conocieron y se desestimaron los recursos de apelación que tanto el actor penal como la defensa interpusieron contra la sanción penal fijada al coimputado [Nombre 019], quien es uno de los líderes de la organización criminal, la cual se ancló en 7 años y 6 meses de privación de libertad para cada uno de los robos agravados. De ahí que, para mantener una adecuada proporcionalidad y gradualidad de la sanción penal a imponer a la totalidad de los integrantes del nodo criminal condenado y que ella responda al aporte y contribución particular, se impone la nulidad de las penas fijadas al acusado ([Nombre 014]) por los delitos de robo agravado y asociación ilícita, con la finalidad de obtener una sentencia más justa. Tal circunstancia es relevante porque una acción no violenta -como lo es transportar a los ejecutores del golpe y el botín sustraído- no es comparable ni equiparable, desde el punto de vista de la reprochabilidad, con aquella desplegada por los líderes de la organización, quienes, a la vez, fueron los autores materiales de los robos y ejercieron violencia sobre las cosas. Por tanto, no es viable que ([Nombre 014]) tenga una mayor pena que la impuesta a [Nombre 019]. En el juicio de reenvío debe respetarse el principio de no reforma en perjuicio.

Se

[Sentencia n°004-2025, de las 10:00 horas, del 6 de marzo de 2025, del Tribunal Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, sumaria 20-006777-0059-PE] (A) Sin lugar los recursos de apelación formulados por las personas abogadas Fabio Esteban Chacón Rojas, defensor público del justiciable [Nombre 019]; Cindy Morales Romero, defensora pública de la endilgada [Nombre 010]; y Kenndy Barahona Morales, defensora pública del sindicado [Nombre 005]. (B) Se acoge el primer motivo de la impugnación planteada por la letrada Yamura Valenciano Jiménez, defensora pública del acusado [Nombre 008], y se omite pronunciamiento del segundo y el tercer motivo. (C) Se declara parcialmente con lugar los dos motivos del recurso presentado por el licenciado Guido Núñez Jarquín, defensor particular del encausado [Nombre 011]. (D)  Se declara parcialmente con lugar el único motivo de la recurrencia firmada por la fiscal Jennifer Sequeira Cruz, en representación de los intereses del Ministerio Público. En consecuencia, de la sentencia n°004-2025, de las 10:00 horas del 6 de marzo de 2025, se anula las siguientes decisiones: (i) La condenatoria al acusado [Nombre 008] de un delito de robo agravado en perjuicio de [Nombre 024] (evento 5.10 de los tenidos por probados y 5.21 de la acusación) y de un ilícito de asociación ilícita (hecho 1 de la imputación fiscal). (ii) La condenatoria al imputado [Nombre 011] de un delito de asociación ilícita (evento 1 de los hechos probados). (iii) La fijación al endilgado [Nombre 011] Chaves de la pena de seis años con seis meses de prisión por cada uno de los dos delitos de robo agravado por los cuales fue condenado (eventos probados 5.30 y 5.31). (iv) La imposición a los encausados [Nombre 005] y [Nombre 019] de la sanción penal por la comisión del ilícito de asociación ilícita en perjuicio de la Tranquilidad Pública. (v) El establecimiento al acusado [Nombre 005] de la sanción penal por cometer el delito de robo agravado en perjuicio de [Nombre 078] (hecho probado 5.27 que corresponde al imputado 5.43 de las causas penales 22-000211-1092-PE y 22-000287-0053-PE). (vi) La fijación a la imputada [Nombre 010] de la sanción penal de tres años y tres meses por su participación en dos delitos de robo agravado cometidos en perjuicio de [Nombre 025] y [Nombre 026] (eventos probados 5.25 y 5.26 que corresponde a los expedientes 22-000335-0071-PE y 22-000336-0071-PE). En lo demás, permanece incólume la sentencia recurrida. Si otra causa no lo impide, se ordena la inmediata libertad del encartado [Nombre 008]. Comuníquese lo respectivo a la Unidad Especializada de Monitoreo y Dispositivos Electrónicos del Ministerio de Justicia y Paz para el retiro del dispositivo electrónico que porta el acusado [Nombre 008]. [Sentencia n°001-2025, de las 10:00 horas, del 30 de enero de 2025, el Tribunal Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada] Se declara parcialmente con lugar el segundo motivo del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Guido Núñez Jarquín, defensor particular del acusado [Nombre 014], y se anula de la sentencia n°001-2025, de las 10:00 horas del 30 de enero de 2025, las penas impuestas al justiciable ([Nombre 014]) en lo correspondiente a los delitos de robo agravado y asociación ilícita. Se desestima el primer motivo del recurso. En lo demás, la sentencia impugnada permanece invariable. En consecuencia, se dispone el reenvío de la causa para que una distinta integración del tribunal de origen proceda a conocer y pronunciarse sobre los aspectos anulados de ambas sentencias impugnadas y, en el caso de los justiciables [Nombre 014], [Nombre 011] y [Nombre 008], deberá respetarse el principio de no reforma en perjuicio.

NOTIFÍQUESE.-

Raúl Madrigal Lizano

Hannia Soto Arroyo                                 María Milagro Granados García

Juez y Juezas del Tribunal de Apelación de Sentencia Especializado en Delincuencia Organizada

Expediente: 20-006777-0059-PE (Se acumuló la causa 24-000006-1965-PE)

Imputado: [Nombre 019] y otros

Delito: Robo agravado y otros

Ofendido: [Nombre 017] y otros

JPSALAS

Expediente N.° 20-006777-0059-PE (Acumula la causa 24-000006-1965-PE) - Voto N°2025-0037?  - Pág.:   1___________________________________________________________________________________________________ I Circuito Judicial de San José, San José, Edificio Tribunales, Tercer Piso, Teléfonos: 2211-5349, 2211-5350 ó 2211-5351.

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