Resolución 20135-2020

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:15 horas del 21 de setiembre de 2020, la

parte recurrente interpone recurso de amparo contra la CCSS. Refiere que recibió atención médica de control

prenatal en el EBAIS 1 del Área de Salud de Acosta. Menciona que, debido a que se le otorgó su licencia

por maternidad antes de las 36 semanas que indica el Reglamento para el Otorgamiento de Incapacidades y

Licencias a los Beneficiarios del Seguro Social, a mediados de julio de 2020, solicitó una explicación y

justificación del hecho ante la Comisión de Incapacidades del Área de Salud de Acosta. Relata que por

oficio n.° ASA-DM-214-20 de 26 de agosto de 2020, el director Médico del Área de Salud aludida señaló que

“no hay problema en el error cometido, aunque si se acepta y que no se violenta ningún derecho

”.

Considera que la situación descrita vulnera sus derechos fundamentales, ya que dicho error deriva en dejar

a su hijo recién nacido antes de los 3 meses. Solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene a la

autoridad recurrida extender su licencia por maternidad.

Mediante resolución de las 7:46 horas del 23 de setiembre de 2020 se dio curso al proceso y se

requirió informe al director médico del Área de Salud de Acosta de la CCSS, sobre los hechos alegados por

la parte recurrente.

Por escrito incorporado al expediente digital a las 15:38 horas del 29 de setiembre de 2020,

informa bajo juramento Zianne López Revilla, en su condición de directora médica del Área de Salud de

Acosta de la CCSS. Manifiesta que el otorgamiento de la licencia, incluso de manera anticipada, partió de un

análisis técnico médico que buscaba la protección de la amparada y del menor y salvaguardando lo que en

ese momento se consideró los tiempos reglamentarios. Indica que la licencia de maternidad correspondiente

a los cuatro meses fue otorgada, disfrutada y cancelada según los días disfrutados. Afirma que no existe

normativa que permita que la aludida licencia se prolongue, con excepción de los casos de partos múltiples.

Sostiene que “ante la legalidad la inducción de un error no genera derecho

”. Manifiesta que, en

concordancia con el Código de Trabajo, así como con el Reglamento para el otorgamiento de Licencias e

Incapacidades a los Beneficiarios del Seguro de Salud, y en consideración de que el parto normal es de

termino a partir de la semana 37 y hasta la 41, no se han vulnerado los derechos fundamentales. Refiere que

los 4 meses de licencia fueron otorgados a la tutelada y que el hecho de que se otorgara dos semanas antes

de la semana 36 “la ubica siempre dentro de los plazos que se consideran de termino

”. Señala que a la

tutelada se le ha entregado el subsidio correspondiente a la cancelación de los días de licencia disfrutados

hasta la fecha actual. Explica que, si bien la licencia por maternidad “no se otorgó en los periodos

establecidos en el Reglamento, los 4 meses de licencia fueron otorgados, y el hecho de que se otorgara,

aparentemente “por error”, la ubica siempre dentro de los plazos que se consideran de término por

cuanto debe considerarse que el parto normal se considera de término a partir de la semana 37 y hasta la

41, razón por la cual, no se le ha violentado a la usuaria su derecho a la licencia

”. Solicita que se declare

sin lugar el recurso.

En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado

Rueda Leal; y,

OBJETO DEL RECURSO. La recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, toda

vez que se le otorgó su licencia por maternidad antes de las 36 semanas que indica el Reglamento para el

Otorgamiento de Incapacidades y Licencias a los Beneficiarios del Seguro de Salud, lo que implica que debe

dejar de cuidar a su hijo recién nacido antes de los 3 meses. Por lo anterior, solicita que se extienda su

licencia por maternidad.

II.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como

debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la

autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a)A la recurrente se le otorgó su licencia por maternidad antes de las 36 semanas de gestación. (Hecho

incontrovertido).

b)A mediados de julio de 2020, la tutelada planteó una gestión ante el Área de Salud de Acosta de la

CCSS, mediante la que requirió el motivo por el cual se le brindó la licencia por maternidad antes de

las 36 semanas de gestación. (Hecho incontrovertido).

c)El 31 de julio de 2020, la amparada dio a luz a su hijo. (Ver página web del Registro Civil).

d)El 26 de agosto de 2020, el director médico a.i. del Área de Salud de Acosta de la CCSS dirigió el

oficio ASA-DM-214-20 a la recurrente, en el que señaló:

“(…) en relación a nota recibido con fecha de 24 de agosto sin número de oficio

solicitando respuesta a tema 'Licencia por Maternidad', esta dependencia le informa lo

siguiente; el Dr. Rodrigo Morales Corrales, Médico Coordinador del Ebais 1, envía

nota el 20 de agosto del 2020, a la Dirección Médica para que se evalúe la situación, a

lo que se procede a elevar consulta de la situación a la Coordinación de la Comisión

Regional Evaluadora de Incapacidades de la Dirección de Red Integrada de Prestación

de Servicios de Salud Central Sur siendo el siguiente criterio:

Que el otorgamiento de la licencia (aún de manera anticipada), partió de un análisis

técnico médico que buscaba la protección de la usuaria y del menor, y salvaguardando

lo que, en ese momento, se consideró los tiempos reglamentados al respecto, según se

desprende de la nota consignada en EDUS el 15 de junio de 2020.

Que la licencia de maternidad correspondiente a los 4 meses fue otorgada, disfrutada y

cancelada parcialmente (se le han pagado 37 días), siendo que no existe normativa que

permita que la misma se prolongue, con excepción de los casos de partos múltiples.

Que ante la legalidad la inducción de un error no genera derecho.

Que en apego a lo normado en el Código de Trabajo, así como en el Reglamento para el

Otorgamiento de Licencias e Incapacidades a los Beneficiarios del Seguro de Salud, y

considerando que el parto normal es de término a partir de la semana 37 y hasta la 41,

nuevamente se reitera que no se le ha violentado a la usuaria su derecho a licencia, los

4 meses de licencia fueron otorgados, y el hecho de que se otorgara 2 semanas antes de

la semana 36, la ubica siempre dentro de los plazos que se consideran de término”.

(Ver

prueba documental).

HECHO NO PROBADO. De importancia para la resolución de este asunto, se estima como no

demostrado el siguiente hecho:

a)Que la licencia por maternidad otorgada a la recurrente haya previsto su disfrute durante los tres

meses posteriores al parto.

SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la recurrente estima lesionados sus derechos

fundamentales, toda vez que se le otorgó su licencia por maternidad antes de las 36 semanas que indica el

Reglamento para el Otorgamiento de Incapacidades y Licencias a los Beneficiarios del Seguro de Salud, lo

que implica que debe dejar de cuidar a su hijo recién nacido antes de los 3 meses. Por lo anterior, solicita que

se extienda su licencia por maternidad.

La Sala tiene por demostrado que la recurrente se le otorgó su licencia por maternidad antes de las

36 semanas de gestación. También se verifica que, el 31 de julio de 2020, la amparada dio a luz a su hijo.

Además, en la especie se tiene como incontrovertido el hecho de que, a mediados de julio de 2020,

la tutelada planteó una gestión ante el Área de Salud de Acosta de la CCSS, mediante la que requirió el

motivo por el cual se le brindó la licencia por maternidad antes de las 36 semanas de gestación. Al respecto,

se observa que, el 26 de agosto de 2020, el director médico a.i. del Área de Salud de Acosta de la CCSS

dirigió el oficio ASA-DM-214-20 a la recurrente, en el que señaló: “(…) en relación a nota recibido con

fecha de 24 de agosto sin número de oficio solicitando respuesta a tema 'Licencia por Maternidad', esta

dependencia le informa lo siguiente; el Dr. Rodrigo Morales Corrales, Médico Coordinador del Ebais 1,

envía nota el 20 de agosto del 2020, a la Dirección Médica para que se evalúe la situación, a lo que se

procede a elevar consulta de la situación a la Coordinación de la Comisión Regional Evaluadora de

Incapacidades de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Sur siendo

el siguiente criterio: Que el otorgamiento de la licencia (aún de manera anticipada), partió de un

análisis técnico médico que buscaba la protección de la usuaria y del menor, y salvaguardando lo que,

en ese momento, se consideró los tiempos reglamentados al respecto, según se desprende de la nota

consignada en EDUS el 15 de junio de 2020. Que la licencia de maternidad correspondiente a los 4 meses

fue otorgada, disfrutada y cancelada parcialmente (se le han pagado 37 días), siendo que no existe

normativa que permita que la misma se prolongue, con excepción de los casos de partos múltiples. Que

ante la legalidad la inducción de un error no genera derecho. Que en apego a lo normado en el Código

de Trabajo, así como en el Reglamento para el Otorgamiento de Licencias e Incapacidades a los

Beneficiarios del Seguro de Salud, y considerando que el parto normal es de término a partir de la

semana 37 y hasta la 41, nuevamente se reitera que no se le ha violentado a la usuaria su derecho a

licencia, los 4 meses de licencia fueron otorgados, y el hecho de que se otorgara 2 semanas antes de la

semana 36, la ubica siempre dentro de los plazos que se consideran de término”.

Por último, de los autos no se colige que la licencia por maternidad otorgada a la recurrente haya

previsto su disfrute durante los tres meses posteriores al parto.

Ahora bien, vistos los autos que constan en el expediente, se estima oportuno traer a colación lo

dispuesto en el ordinal 95 del Código de Trabajo:

“Artículo

95.-

La trabajadora embarazada gozará obligatoriamente de una licencia remunerada

por maternidad, durante el mes anterior al parto y los tres posteriores a él

. Estos tres meses

también se considerarán como período mínimo de lactancia, el cual, por prescripción médica,

podrá ser prorrogado para los efectos del artículo anterior.

Durante la licencia, el sistema de remuneración se regirá según lo dispuesto por la Caja

Costarricense de Seguro Social para el "Riesgo de Maternidad". Esta remuneración deberá

computarse para los derechos laborales que se deriven del contrato de trabajo. El monto que

corresponda al pago de esta licencia deberá ser equivalente al salario de la trabajadora y lo

cubrirán, por partes iguales, la Caja Costarricense de Seguro Social y el patrono. Asimismo,

para no interrumpir la cotización durante ese período, el patrono y la trabajadora deberán

aportar a esta Caja sus contribuciones sociales sobre la totalidad del salario devengado

durante la licencia.

Los derechos laborales derivados del salario y establecidos en esta ley a cargo del patrono,

deberán ser cancelados por él en su totalidad.

La trabajadora que adopte un menor de edad disfrutará de los mismos derechos y la misma

licencia de tres meses, para que ambos tengan un período de adaptación. En casos de adopción

la licencia se iniciará el día inmediato siguiente a la fecha en que sea entregada la persona

menor de edad. Para gozar de la licencia, la adoptante deberá presentar una certificación,

extendida por el Patronato Nacional de la Infancia o el juzgado de familia correspondiente, en

la que consten los trámites de adopción.

La trabajadora embarazada adquirirá el derecho de disfrutar de la licencia remunerada sólo si

presenta a su patrono un certificado médico, donde conste que el parto sobrevendrá

probablemente dentro de las cinco semanas posteriores a la fecha de expedición de este

documento. Para efectos del artículo 96 de este Código, el patrono acusará recibo del

certificado.

Los médicos que desempeñen cargo remunerado por el Estado o sus instituciones deberán

expedir ese certificado” (el énfasis fue suplido).

Mientras que el “Reglamento para el otorgamiento de incapacidades y licencias a los beneficiarios

del seguro de salud” establece:

“Artículo

De las licencias por maternidad

. En caso de maternidad, a toda asegurada activa,

se le extenderá una licencia por cuatro meses, en un solo documento, que incluye el pre y el

posparto, conforme se establece en el artículo 95° del Código de Trabajo, en las leyes generales y

especiales aplicables, tanto a nivel institucional como en el Sistema de Atención Integral de

Medicina de Empresa.

Cuando la licencia por maternidad se emita después del parto, se hará por tres meses a partir del

nacimiento, salvo normas legales que dispongan plazos menores.

En las complicaciones del embarazo debe protegerse a la madre con incapacidad, de acuerdo

con el criterio médico y estarse a lo contenido en la tabla de días, indicada en el artículo 21 de

este Reglamento.

Tratándose de aborto no intencional o parto prematuro no viable, cuando la gestación haya

alcanzado las veinte semanas y no haya sobrepasado las 36 (treinta y seis) semanas el período

de licencia será equivalente a la mitad del período posparto de la licencia por maternidad.

Los casos de abortos no intencionales con menos de 20 (veinte) semanas de gestación se

manejarán como complicaciones del embarazo y serán consideradas dentro de los riesgos de

enfermedad y se otorgará una incapacidad de acuerdo con criterio médico.

En caso de partos prematuros viables, con períodos de gestación mayores a las veinte semanas y

menores o igual a las 36 (treinta y seis) semanas y seis días, la licencia se extenderá por el

período completo de cuatro meses.

En aquellos casos en que el neonato fallezca dentro del período de la licencia otorgada, esta se

mantendrá por el período completo.

En aquellos casos de partos múltiples se extenderá un mes adicional de licencia por maternidad

por cada producto vivo adicional, una vez finalizado el período establecido de pre y posparto.

Esta licencia adicional se extenderá en forma mensual, de acuerdo con el número de productos

vivos constatados cada vez que se otorgue” (el subrayado fue suplido).

En el sub examine, una vez revisados los autos, el Tribunal constata la vulneración de los derechos

fundamentales de la parte tutelada. A ella se le otorgó la licencia por maternidad de forma adelantada, esto

es, previo a la semana 36 de gestación. Al respecto, si bien la autoridad recurrida indica que el otorgamiento

de la licencia “aún de manera anticipada

” partió de un análisis técnico médico que buscó la protección

tanto de la recurrente como del menor de edad, no menos cierto es que el ordenamiento no prevé tal

alternativa de “adelantar”, menos aun cuando existen otras opciones, como el conferir una incapacidad a la

madre si la protección al derecho a la salud lo justifica. Incluso, nótese que, desde mediados de julio de 2020

,

la tutelada planteó una gestión ante el Área de Salud de Acosta de la CCSS, en la que requirió el motivo por

el cual se le había conferido la licencia por maternidad antes de las 36 semanas de gestación. Ergo, desde ese

momento, la recurrente puso en conocimiento de la parte recurrida que, por una decisión administrativa,

fuera de su control, se le había adelantado el disfrute de la licencia en cuestión.

Ahora bien, cabe advertir que el adelanto en el disfrute de tal licencia dispuesto por la CCSS

­‑responsabilidad de la entidad aseguradora, no de la trabajadora amparada‑ en ninguna medida justifica

que, en perjuicio de la madre tutelada y su hijo recién nacido, se desconozca el plazo de tres meses

dispuesto en el artículo 17 del “Reglamento para el otorgamiento de incapacidades y licencias a los

beneficiarios del seguro de salud”, que a su vez refiere al numeral 95 del Código de Trabajo. Justamente, ahí

se establece que “La trabajadora embarazada gozará

obligatoriamente de una licencia remunerada por

maternidad, durante el mes anterior al parto y los tres posteriores a él

. Estos tres meses también se

considerarán como período mínimo de lactancia, el cual, por prescripción médica, podrá ser prorrogado

para los efectos del artículo anterior”. De este modo, la mujer embarazada, como regla general y salvo

alguna otra disposición legal especial, tiene derecho a disfrutar de una licencia por maternidad durante los

tres meses posteriores al parto, lo cual se irrespetó en el sub examine

. Ciertamente, si medió algún error

administrativo al adelantar el disfrute de tal licencia, es una cuestión de pura legalidad que no puede

perjudicar a la madre trabajadora. No obstante, en lo concerniente al periodo legal mínimo garantizado a

favor de esta, tanto para el periodo anterior al parto como para el posterior, existe la obligación de acatarlo

plenamente tanto en beneficio de ella como del menor recién nacido. Sobre el particular, nótese que el

Interés Superior del Menor, cobijado en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, exige

que las normas sean aplicadas de la forma que mejor beneficie a la persona menor de edad, lo que en el sub

lite evidentemente significa resguardar el periodo contemplado para que su madre pueda dedicarse

enteramente a él. Asimismo, el numeral 11 inciso 2 apartado b) de la “Convención sobre la eliminación de

todas las formas de discriminación contra la mujer” le impone al país la obligación de implantar la licencia por

maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la

antigüedad o beneficios sociales; tal norma convencional se ha visto vulnerada, en la medida que,

administrativamente, la autoridad recurrida ha reducido el plazo que la normativa dispone para la licencia por

maternidad, en particular luego del alumbramiento.

Ergo, al haberse constatado la transgresión de los derechos fundamentales de la parte amparada, lo

procedente es declarar con lugar el recurso en los términos establecidos en la parte dispositiva de este

pronunciamiento.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

. Se previene a las partes que de haber

aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional

de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías,

éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la

notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro

de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial",

aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el

Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo

Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.