Resolución 01619-2020

Por escrito recibido en la Sala el 31 de julio de 2019, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Poder Judicial, y manifiesta que es funcionario de la institución recurrida, donde ocupa el cargo de juez en el Juzgado Notarial. Asegura que acude a su favor y en defensa de los intereses difusos, en nombre de todo el colectivo judicial que profesa la fe cristiana católica, cristiana evangé lica, la judía, la fe musulmana y cualquier otro tipo de convicciones filosóficas, que en razón de estas pueda estimar violentado su derecho a la objeción de conciencia. Reclama que, por correo electrónico de 2 de febrero de 2018, la Licda. Sandra Saborío Artavia, en su condición de jueza Coordinadora del Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, realizó una consulta al Consejo Superior del Poder Judicial acerca del ejercicio de la objeción de conciencia a lo interno de la institución judicial. Lo anterior, con motivo de la opinión consultiva n.° OC- 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de unas dudas e inquietudes que surgieron a sus funcionarios en razón de la misma, tal y como no recibir gestiones que impliquen personas del mismo sexo, por ejemplo, en caso de matrimonios. Expresa que esa jueza gestionó si el Poder Judicial permitiría la objeción de conciencia cuando una persona funcionaria judicial se apegue esta para no realizar gestiones propias de sus funciones, argumentando que va contra sus principios religiosos, de conciencia, morales, sociales o familiares, y de ser así , de qué forma y bajo cuá les parámetros lo concedería. Alega mediante sesión n úmero 12-18 de 13 de febrero de 2018, el Consejo Superior del Poder Judicial acordó trasladar la consulta de la jueza coordinadora de familia a la dirección Jurí dica del Poder Judicial para su estudio e informe. Sostiene que, en virtud de lo anterior, la Secretaría General de la Corte, mediante oficio n.° 5765-18 de 7 de junio de 2018 procedió a solicitar al Licdo. Rodrigo Campos Hidalgo, director Jurídico a.i del Poder Judicial que remitiera el informe solicitado. Arguye que por oficio No. DJAJ- 207-2019 de 20 de junio de 2019, el director Jur ídico interino y la coordinadora interina del Área de Análisis Jur ídico, comunicaron lo siguiente: “(…) la Dirección Jurídica estima que el Poder Judicial no debería permitir la utilización de la objeción de conciencia como un mecanismo válido para que un funcionario o funcionara se exima de realizar gestiones propias de sus funciones, por estimar que éstas son contrarias a sus principios religiosos, de conciencia, morales, sociales y/o familiares. Desconocer bajo ese argumento, el mandato legal de su función de conformidad con los fines estatales y los principios del servicio p úblico establecidos mediante la Constitución, la Ley General de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Poder Judicial, podría implicar una arbitraria restricción de otros derechos humanos y fundamentales, tales como el acceso a la justicia y la no discriminación (...) la objeción de conciencia es un derecho que como todo derecho debe ejercerse dentro de un marco normativo que se abre a la garantía de protección y estímulo de la diversidad cultural, mas no puede ejercerse de manera absoluta, en detrimento, en este caso del derecho de terceros de acceso a la justicia.(…)”

Afirma que por acuerdo tomado en la sesión n.° 60-19 de 4 de julio de 2019, el Consejo Superior decidió avalar el criterio de la dirección Jurídica y acordó lo siguiente: “(…)

Tener por rendido el informe N° DJ-AJ-207-2019 del 20 de junio de 2019 de la Dirección Jurídica. 2.) Hacer este acuerdo de conocimiento de la Comisión de Acceso a la Justicia y Género, para que establezca los mecanismos para su divulgación, respecto a los derechos a personas de una población en condici ón de vulnerabilidad como la LGTBI, cuyos derechos se tutelan en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución Política y que a su vez, se reafirman mediante los compromisos concretos asumidos por este Poder de la República para garantizar la no discriminación de esta població n. 3.) Hacer este acuerdo de la máster Sandra Saborí o Artavia, Jueza Coordinadora del Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela. (…)”. Lo que estima viola su derecho a la libertad de pensamiento, al debido proceso, a la libertad de conciencia, a la libertad de religió n, a la igualdad ante la ley, a no recibir tratos crueles y degradantes, a la dignidad humana; así como, el principio de razonabilidad y proporcionalidad y lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo en concordancia con los art ículos 27, 28, 33, 39, 40 y 41, de la Constitución Política, y los artí culos 12 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por otro lado, reclama que actualmente esta Sala tramita una acción de inconstitucionalidad bajo el expediente n.° 19-010502-0007-CO, mediante la cual se impugna el decreto 41722-S por razones de fe y cientí ficas, mismos argumentos que se plantean en el presente recurso. Considera que es este Tribunal Constitucional quien debe definir el alcance de ese derecho humano y no una oficina administrativa como las recurridas. Agrega que es un hecho que la población judicial, concretamente los jueces y juezas, técnicos y técnicas judiciales, en una amplia mayor ía profesan fe cristiana y para muchos de ellos participar en el trámite de matrimonios entre personas del mismo sexo sería algo contrario a sus convicciones. Por último, estima que cualquier persona tiene el derecho humano de ejercer la objeció n de conciencia ya que es un derecho de rango constitucional, protegido por convenios internacionales. Por los motivos expuestos, solicita que se declare con lugar el recurso.

Por resolución de las 14:21 horas del 2 de agosto de 2019 se dio curso al amparo.

Por escrito recibido en la Sala el 7 de agosto de 2019, se apersona Mauren Solís Madrigal, en su condición de Jueza de Familia del III Circuito Judicial de San José. Indica que se adhiere al recurso de amparo del accionante. Se refiere a las funciones del Consejo Superior. Estima que no le compete resolver sobre objeciones de conciencia; tambi én se extralimitó, pues la persona que formul ó la consulta no podía atribuirse la representación de otra persona. Expresa que, en este momento, ningún Juzgado de Familia puede celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. En consecuencia, carecía y carece de interés actual la gesti ón que fue objeto de consulta ante el Consejo Superior. Considera que el accionante carece de legitimació n y no le representa. Además, no existe interés difuso en esta materia. Diferencia entre matrimonio civil y religioso.

Por escrito recibido en la Sala el 8 de agosto de 2019, informa bajo juramento Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, en su condició n de Director Jurídico interino del Poder Judicial, que el Consejo Superior del Poder Judicial conoció en la sesión n úmero 12-18 del 13 de febrero de 2018, art ículo LXXIII, la consulta de la máster Sandra Saberlo Artavia, Jueza Coordinadora del Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, quien pregunt ó: “1.- El Poder Judicial permite la “ Objeción de Conciencia ” cuando unas de las personas funcionarias judiciales se apegue a la misma para no realizar gestiones propias de sus funciones, argumentando que éstas van contra sus principios religiosos de conciencia. morales sociales y/o familiares?

Si el Poder Judicial permite la "Objeción de Conciencia" de qué forma y bajo cuáles parámetros se concedería?'' Dicha consulta fue trasladada a la Dirección Jurí dica para su estudio e informe. Relata que esa Direcci ón rindió su criterio en el oficio n.° DJ-AJ-207-2019 del 20 de junio de 2019. Transcribe el criterio. En sesi ón n.° 60-19 del 4 de julio de 2019, artículo XVII, el Consejo Superior tuvo por rendido dicho criterio y acordó hacer ese acuerdo “de conocimiento de la Comisión de Acceso a la Justicia y Género del Poder Judicial, para que establezca los mecanismo para su divulgación respecto a los derechos a personas de una población en condición de vulnerabilidad como la LGTBI, cuyos derechos se tutelan en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución Pol ítica y que a su vez, se reafirman mediante los compromisos concretos asumidos por este Poder de la República para garantizar la no discriminación de esta población”. Asimismo, se disponía a poner el acuerdo en conocimiento de la consultante. Remite al Reglamento de la Direcci ón Jurídica del Poder Judicial y sus funciones. Estima que el Poder Judicial no podría adoptar conductas que pudieran ser consideradas regresivas del reconocimiento o tutela de derechos a personas de una población en condición de vulnerabilidad como la LGTBI, cuyos derechos se tutelan en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución Política y que a su vez, se reafirman mediante los compromisos concretos asumidos por la Institución para garantizar la no discriminación de esta población pues parten de un derecho a un trato igualitario frente a la ley, que se interpreta de manera sistémica, conforme a las necesidades sociales y el cambio del tiempo. Acota que los derechos humanos no son absolutos, pues tienen limitaciones necesarias para proteger otros derechos. Esto aplica para la libertad de conciencia o de culto, que se limita cuando impide el disfrute de otro derecho de igual rango por parte de terceros, como es el derecho a la no discriminaci ón y el acceso a la justicia. Remite a jurisprudencia de la Sala. Considera que su Dirección ha actuado en cumplimiento de la normativa citada y sus competencias. Acota que la objeción de conciencia, tal como fue planteada, habilitaría a cualquier servidor a incumplir una resolución de la Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Rechaza que la pertenencia a una religión o creencia signifique automáticamente un choque con la posibilidad de brindar un servicio a las personas sexualmente diversas. No toda persona evangélica o católica considera que el matrimonia entre personas del mismo sexo resulta contrario a los designios divinos, por lo que debe distinguirse entre la mera opinió n personal del fuero de conciencia derivado de una convicci ón religiosa definida. Recuerda que el servidor tiene una relaci ón de sujeción y ha jurado cumplir la Constitución Pol ítica y el ordenamiento jurídico. Señala que la negativa a atender a una persona homosexual llevaría a efectuar un acto discriminatorio, pretextando una indefinida convicción religiosa, sujeta a la mera interpretación de determinados grupos, pero sin una solvencia o coherencia doctrinal, pues, por ejemplo, la iglesia anglicana no ve que el matrimonio de personas del mismo sexo sea contrario a los preceptos cristianos. Cuestiona que una religi ón fundada en el amor entre las personas niegue la posibilidad de que algunos puedan ejercer derechos reconocidos constitucionalmente. Reitera que el servidor p úblico debe cumplir el bloque de legalidad. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

Por escrito recibido en la Sala el 8 de agosto de 2019, informa bajo juramento Fernando Cruz Castro, en su condició n de presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial, en el mismo sentido que el informante anterior. Señala que el acuerdo del Consejo Superior se tomó con base en el criterio de la Direcció n Jurídica. Relata que el Poder Judicial ha asumido amplios compromisos institucionales para garantizar el respeto de los derechos de las poblaciones como la LGTBI. Mediante circular n.° 76-2019 se comunicó a todas las personas que laboran en la institución, el acuerdo tomado en la sesió n número n.° 40-19 celebrada el 7 de mayo de 2019, artí culo XLI, en el que se dispuso reiterar la importancia de conocer, estudiar y aplicar los convenios internacionales relacionados con los Derechos Humanos de las personas en condici ón de vulnerabilidad, considerando para ello el art ículo 1 de la Constitución Pol ítica que señala que “Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”, donde se indicó que para atender a la població n LGTBI se debe aplicar la Declaració n Universal de los Derechos Humanos, los Principios de Yogyakarta, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre Orientaci ón Sexual e Identidad de Género de la ONU y la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, mediante la “Política Respetuosa de la Diversidad Sexual”, aprobada por Corte Plena en sesi ón No. 31-11, celebrada el 19 de setiembre de 2013, artículo XIII, publicada mediante circular número 123-11, el Poder Judicial se comprometió, entre otras cosas, con la no discriminación por raz ón de orientación sexual respecto a los servicios que se brindan a las personas usuarias y a quienes laboran en la institución. Transcribe los compromisos de dicha política. Con la aprobació n de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condici ón de Vulnerabilidad por Corte Plena en la sesión número 17-2008 del 26 de mayo de 2008, artículo II, así como la Pol ítica Respetuosa de la Diversidad Sexual, el Poder Judicial asumió un compromiso internacional para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, como derecho instrumental a todas las poblaciones en condición de vulnerabilidad, entre ellas a las personas sexualmente diversas. Por tales motivos, el Consejo Superior del Poder Judicial y la Corte Plena han reiterado la importancia de conocer, estudiar y aplicar la normativa internacional para que las autoridades judiciales velen porque sus servicios se lleven a cabo de la manera que m ás garanticen los derechos fundamentales de todas las personas, sin discriminación alguna y que las actuaciones de todas las personas que laboran en el Poder Judicial se encuentren sujetas a lo que la Ley y los principios fundamentales de servicio pú blico les ordena; además, que sus decisiones se adapten a la necesidad social que satisfacen y a la igualdad en el trato de las personas usuarias de nuestro sistema judicial. Menciona que el servidor público se encuentra bajo una relación de sujeción especial donde ha jurado cumplir nuestra Constitución Pol ítica y el ordenamiento jurídico del país. Apunta que la libertad de conciencia o culto tienen un lí mite cuando su práctica o ejercicio transgrede una disposición legal y deber jurí dico e impide el disfrute de otro derecho de igual rango por parte de terceros. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

Por escrito recibido en la Sala el 8 de agosto de 2019, el recurrente solicita la corrección de la resolución de curso.

Por escrito recibido en la Sala el 11 de agosto de 2019, el accionante plantea la recusación del Magistrado Rueda Leal.

Por escrito recibido en la Sala el 12 de agosto de 2019, el recurrente ofrece prueba.

Mediante resoluci ón de las 14:25 horas del 21 de agosto de 2019, el presidente de la Sala rechazó la gestión planteada y tuvo por habilitado al Magistrado Rueda Leal.

Por escrito recibido en la Sala el 23 de agosto de 2019, el accionante solicita la adici ón de la resolución anterior.

Mediante resolución de las 14:25 horas del 21 de agosto de 2019, el presidente de la Sala dispuso no ha lugar a la gesti ón planteada.

En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Castillo V íquez; y,

De previo. La coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da cuando una persona actú a en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las partes principales, como consecuencia est á legitimada para actuar como coadyuvante, quien ostente un interés directo en el resultado del recurso. Empero, al no ser actor principal, el coadyuvante no resultar á directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de esta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento, aunque en materia de amparo pueda favorecerle la eficacia de lo resuelto, debido al carácter erga omnes de la jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional (art ículo 13 de la Ley de la Jurisdicci ón Constitucional). En el sub lite, la Sala procede a admitir la coadyuvancia formulada, por cuanto la solicitante tiene un claro inter és en el resultado de este proceso. Por otro lado, visto que se procede a resolver por el fondo, se desestima la necesidad de dictar medidas cautelares o efectuar una audiencia oral.

Objeto del recurso. El recurrente acusa que el criterio DJ-AJ-207- 2019 de la Dirección Jurídica y el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión n.° 60-19 del 4 de julio de 2019, artí culo XVII, violan los derechos de los funcionarios judiciales al impedir la objeci ón de conciencia en las gestiones judiciales que involucren relaciones de personas del mismo sexo.

Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque as í han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a) El 2 de febrero de 2018, la Jueza Coordinadora del Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela preguntó al Consejo Superior, si el Poder Judicial permite la objeció n de conciencia cuando un funcionario judicial la invoca para no realizar gestiones propias de sus funciones, argumentando que estas van en contra de sus principios religiosos de conciencia, morales sociales y/o familiares; en caso positivo, preguntó de qué forma y bajo cuáles par ámetros se concedería. Lo anterior fue consultado con ocasión de la opini ón consultiva OC 24-2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con respecto a las relaciones de parejas del mismo sexo. (Ver informe rendido y prueba aportada).

b) En la sesión nú mero 12-18 del 13 de febrero de 2018, artí culo LXXIII, el Consejo Superior traslad ó la consulta a la Dirección Jurí dica para su estudio e informe. (Ver informe rendido y prueba aportada).

c) Por oficio n.° DJ-AJ-207-2019 del 20 de junio de 2019, la Dirección Jurídica rindió su informe al Consejo Superior. En dicho informe concluyó:

“De conformidad con todo lo expuesto y con fundamento en los art ículos 11, 29, 33, 41, 75, 154 de la Constitución Polí tica, 7 y 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 y 13 de la Convenci ón Americana de Derechos Humanos, 18 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 4 y 11 de la Ley General de la Administració n Pública y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se concluye lo siguiente:

1.La doctrina ha considerado la objeción de conciencia como un corolario de la libertad ideológica, religiosa y de culto; se manifiesta como una libertad de conciencia, en caso de surgir un conflicto entre una norma imperativa o de la pretensión de un particular, que va en contra de creencias o convicciones personales.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Constituci ón Polí tica reconocen los derechos mencionados en el presente criterio, a saber, el derecho a la libertad de conciencia y religión, as í como a la libertad de pensamiento, a no ser discriminado y el acceso a la justicia pronta y cumplida.

Con fundamento en los principios de Primacía de la Ley y de Legalidad Administrativa, las actuaciones de todos los funcionarios del Poder Judicial se encuentran sujetas a lo que la lev les ordena y autoriza; deben estar sometidas a los principios del servicio público, que han de adaptarse a la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de las personas usuarias.

4.En materia de derechos humanos de las personas en condició n de vulnerabilidad, el Poder Judicial ha asumido compromisos institucionales para garantizar el respeto de los derechos de las poblaciones como la LGTB1. Mediante la Circular No. 76-2019 se comunicó que en la sesió n No.40-19 del 7 de mayo de 2019, artículo XLI, el Consejo Superior dispuso que para atender a esta población, deben aplicarse los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, a saber, la Declaració n Universal de los Derechos Humanos, los Principios de Yogyakarta, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la ONU, y la Opini ón Consultiva OC-24/17, 24 de noviembre de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, mediante la “Pol ítica Respetuosa de la Diversidad Sexual ", aprobada por Corte Plena en sesión N° 31-11, el Poder Judicial se compromete, entre otras cosas, con la no discriminació n por razón de orientación sexual respecto a los servicios que se brindan las personas usuarias y a quienes laboran en la institución.

La Direcció n Jurídica en los criterios N° 747-DJ- 2018 y DJ-243-2019, ha estimado que el Poder Judicial está llamado a realizar acciones afirmativas para garantizar igualdad en todo tipo de poblaciones, dada la diversidad del país. Por ello, no pueden imponerse restricciones por motivo de orientación sexual. Ademá s, que la opinió n consultiva y el derecho convencional obligan al Poder Judicial al reconocimiento de los mismos derechos a las personas -tanto servidoras como usuarias- del mismo sexo que se encuentren en uni ón y tambié n las que solicitan el reconocimiento de un género autopercibido.

6.A la luz del Principio de Progresividad de los Derechos Humanos que vincula a la Administración Pú blica, es claro que el Poder Judicial no podría adoptar conductas regresivas del reconocimiento o tutela de derechos a personas de una población en condición de vulnerabilidad como la LGTBI, cuyos derechos se tutelan en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución Pol ítica y que a su vez, se reafirman mediante los compromisos concretos asumidos por el Poder Judicial para garantizar la no discriminación de esta població n.

Por su naturaleza, los derechos humanos no son absolutos y sus limitaciones las prescribe la ley o pueden surgir toda vez que sea necesario para proteger los derechos o libertades de los demás (artículo 12 inciso 3 de la Convención Americana de los Derechos Humanos). Por ello, el límite de derechos como el derecho a la libertad de conciencia o la de culto se encuentra, cuando su pr áctica o ejercicio transgrede una disposición legal o deber jur ídico, o bien, impide el disfrute de otro derecho de igual rango por parte de terceros, como el derecho a la no discriminación y el acceso a la justicia. En este sentido, se ha señalado que los derechos fundamentales de cada persona deben coexistir con todos y cada uno de los derechos fundamentales de los demás, por lo que se hace necesario un recorte en el ejercicio de estos derechos y libertades, en la medida precisa, para que las otras personas los disfruten en iguales condiciones (Sala Constitucional, resolución No.4205-1996).

De acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Constituci ón Polí tica, la Ley General de la Administración Pública, la Ley Org ánica del Poder Judicial y los compromisos institucionales adquiridos, Ia Dirección Jur ídica concluye que el Poder Judicial no puede permitir que se utilice la objeción de conciencia como un mecanismo válido para que una persona servidora judicial se exima de realizar labores propias de sus funciones, por valorar que son contrarias a sus principios religiosos, de conciencia, morales, sociales y/o familiares. Desconocer -bajo ese argumento- el deber jur ídico de su funció n de conformidad con los fines estatales y los principios del servicio p úblico, podrí a implicar una arbitraria restricción a otros derechos humanos y fundamentales de las personas usuarias pertenecientes a la población LGTBI, tales como el acceso a la justicia y a la no discriminación.” (Énfasis en el original. Ver informe rendido y prueba aportada).

d) En sesión n.° 60-19 del 4 de julio de 2019, artículo XVII, el Consejo Superior acordó: “1 .) Tener por rendido el informe N° DJ-AJ-207-20 19 del 20 de junio de 2019 de la Direcci ón Jurí dica. 2.) Hacer este acuerdo de conocimiento de la Comisión de Acceso a la Justicia y Género, para que establezca los mecanismos para su divulgaci ón, respecto a los derechos a personas de una población en condició n de vulnerabilidad como la LGTBI, cuyos derechos se tutelan en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución Política y que a su vez, se reafirman mediante los compromisos concretos asumidos por este Poder de la Repú blica para garantizar la no discriminación de esta població n. 3.) Hacer este acuerdo de la máster Sandra Saborí o Artavia, Jueza Coordinadora del Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de Alajuela.” (Ver informe rendido y prueba aportada).

e) El tutelado funge como Juez en el Juzgado Notarial. (Hecho incontrovertido).

Sobre el derecho a la objeción de conciencia. Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia más autorizada de los Tribunales garantes de los derechos fundamentales, se ha conceptualizado la objeci ón de conciencia como un derecho fundamental de toda persona a negarse a cumplir un deber, el que se encuentra en el ordenamiento jurídico, a causa de que la norma respectiva resulta incompatible con sus creencias o convicciones, las que tienen como basamento, en regla de principio, convicciones religiosas, morales o ideológicas. Se sostiene que este derecho es una derivación ló gica y necesaria de la libertad de conciencia, y constituye una de sus manifestaciones externas. El reconocimiento y la tutela efectiva de este derecho fundamental, es un elemento distintivo indiscutible de una sociedad pluralista, al extremo, de que su no reconocimiento o su reducci ón a la mínima expresió n -afectación severa a su contenido esencial que lo hace irreconocible o impracticable-, no solo denota su vulneraci ón, sino que constituye un signo preocupante de que la sociedad que se encuentra en tal situación, pretende imponer una visió n única, un pensamiento exclusivo y excluyente, sobre temas y cuestiones en las que debe privar la diversidad de opiniones en consonancia con el numeral 28 de la Carta Fundamental y los art ículos 12 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, as í como su numeral 6, donde de manera expresa se establece el servicio militar y, en los países donde se admite exenció n por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aqu él. Al igual que la citada Convención, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, hace referencia expresa a la objeci ón de conciencia en los mismos términos en el artículo 4.3.b. Por su parte, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuando se refiere a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión en su numeral 10, inciso 2, reconoce de forma expresa el derecho a la objeci ón de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio. A diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante el TEDH) sí se ha pronunciado sobre el derecho fundamental a la objeción de conciencia. En lo que respecta al servicio militar obligatorio, en el caso Tblimmenos vs. Grecia, en el a ño 2000, el TEDH concluyó que el citado Estado había violentado la prohibici ón de discriminación (art ículo 14 del Convenio) en relación con el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y exclusión (artículo 9 del Convenio), al considerar que la exclusió n del solicitante de la profesión de contador público era desproporcionada en relació n con la garantía del adecuado castigo de las personas que se niegan a servir al país -se trataba de un testigo de Jehová que había sido condenado a cuatro a ños de prisión por haberse negado a alistarse en el ejército-, especialmente porque ya había cumplido la pena. Seis a ños pasaron para que el TEDH, en el caso Ulke vs. Turquía 2006, estableciera límites a los Estados parte del Convenio, al prohibir el infligir tratos inhumanos y degradantes (art ículo 3o del Convenio) contra la persona objetante. El actor era un ciudadano turco que se negó a prestar el servicio militar por sus creencias pacifistas, quien había sido condenado nueve veces a prisión. De gran importancia en esta rese ña jurisprudencial, es el caso Bayatyan vs. Armenia de 2011, en el que la Gran Cámara del TEDH sostiene que si bien el artículo 9 del Convenio no se refiere de manera expresa al derecho a la objeción de conciencia, este es un derecho autónomo que se desprende de la libertad de conciencia por lo que debía garantizarse -como cualquier otra libertad del Convenio- de las injerencias arbitrarias del Estado. Así las cosas, una limitación al citado derecho debe aprobar el test de razonabilidad y proporcionalidad, toda vez que toda acci ón del Estado de atender estrictamente a los l ímites definidos en ese test, es decir, que se trate de una medida proporcional que responda a un fin legí timo y necesario en una sociedad democr ática. Además, resulta importante reseñ ar, que el TEDH advirtió que esa regla no se aplica de manera general, sino que siempre debe evaluarse a la luz de las particulares circunstancias de cada caso. Este criterio fue reiterado en los casos Ercep vs. Turquía (2011), Sarda vs. Turqu ía (2012), Tarban vs. Turquía (2012) Feti Demitras vs. Turquía (2012) y Buldu vs. Turquí a (2014). También el Tribunal, en una ocasión, se ha pronunciado sobre la objeció n de conciencia en el caso de los productos farmacéuticos y otro, en el supuesto del derecho de propiedad. En el caso Pich ón y Sajous vs. Francia (2001), el Tribunal sostuvo que al ser legal la venta de productos anticonceptivos y que en el caso se produjo por una prescripci ón médica, las demandantes no pod ían dar prioridad a sus creencias religiosas e imponerlas a los demás para justificar su negativa a vender este tipo de producto. En el caso Hermann vs. Alemania (2012), en el que el accionante se vio obligado a soportar la caza en su predio por la ley alemana e hizo la objeció n de conciencia con fundamento en sus creencias pacifistas, el Tribunal le dio la raz ón, pues se daba una interferencia en su propiedad a tener que soportar hombres armados y perros de caza en su terreno. El TEDH reitera su postura en los casos Chassagnou y Schneider, en el sentido de que imponer la cacerí a a los terratenientes que se oponen a esta sobre la base de creencias éticas, conllevan una carga desproporcionada, incompatible con el artículo 1o del Protocolo 1 o. En lo que respecta, a la objeci ón de conciencia en relación con el uso de símbolos religiosos, el TEDH se ha pronunciado en varios casos sobre su impacto en distintos ámbitos, concretamente en el espacio público, en el entorno educativo y en el ámbito laboral. Al respecto, hay cuatro casos significativos Dablab v. Suiza (2001), Leyla Sabin vs. Turquía (2004), Drogu vs. Francia (2008) y Kervanci vs. Francia (2008). Del análisis de ellos se extrae que el TEDH ha mantenido una lí nea de respaldo al margen de apreciació n de los Estados, autorizando la limitaci ón al uso de símbolos religiosos, en particular, el uso del velo islámico. Un caso muy interesante fue el de Eweida y otras vs. Reino Unido (2013), en el que el TEDH amparó a la primera peticionaria por quebranto a la libertad de conciencia y religión, mas no a las tres restantes. Especial interés presenta el caso de Ladele, quien era notari a encargada de registrar matrimonios, nacimientos y defunciones, quien, con motivo del cambio normativo, se vio obligada a registrar uniones de personas del mismo sexo. El TEDH reiteró su postura que la libertad religiosa abarca la libertad de manifestar las creencias de manera privada, pero también conlleva su práctica en comunidad con otros y en pú blico. Dichas manifestaciones pueden tomar forma de adoració n, enseñanza, prá ctica y observación. Como la manifestación de las creencias religiosas de la persona puede tener un impacto en otros, sus restricciones deben estar prescritas por Ley, ser necesaria en una sociedad democrá tica y perseguir un fin legítimo. A su vez, para contar como manifestaci ón en el sentido del artículo 9 del Convenio, el acto en cuestión debe estar íntimamente ligado con la religi ón o creencia. En este caso, resulta importante resultar las opiniones disidentes de los jueces Vucinié y De Gaetano en relació n con la peticionaria Ladele, pues se visualiza la objeci ón de conciencia como un derecho que facilita la interacci ón armoniosa con otros derechos fundamentales que pueden entrar en tensión con aqué lla. Para ambos, el TEDH se equivocó al negar la violación de los derechos a la libertad de conciencia y religión, así como el derecho a la no discriminación de la notar ia, quien, a causa de sus convicciones cristianas, se negaba a registrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Enfatizan sobre la importancia que tiene para una persona el juicio moral o de la conciencia, protegido por el derecho a la objeción de conciencia y diferente del contenido propio de la libertad religiosa. Concluyen que la mayoría del TEDH erró, pues las creencias de la tercera peticionaria no tuvieron un impacto en el contenido de su trabajo, sino solo en el alcance de este. Tampoco se probó que ella hubiera intentado imponer sus creencias a los demás, de manera abierta o subrepticiamente, por lo que el hecho de que ella perdiera su trabajo resultaba totalmente desproporcionado.

En el ámbito nacional, la Sala Constitucional ha tenido la oportunidad de referirse al derecho a la objeción de conciencia, especialmente en la educación. En efecto, en la sentencia n. ° 2012-10456, en la que se estableci ó lo siguiente:

“

Este tema, a su vez, tiene un desarrollo jurisprudencial, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este Tribunal ha resuelto casos de objeció n de conciencia en el ámbito educativo a causa de la invocación del artículo 2 del primer Protocolo adicional a la Convención Europea de Derechos Humanos, en el que se le impone al Estado el deber de respetar las convicciones religiosas y filos óficas de los padres en la educación de sus hijos. Destaca el primer enfoque sobre el tema, que se dio en la sentencia Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen vs. Dinamarca, donde se analizó precisamente un conflicto entre unos padres de familia que se oponían a que sus hijos recibieran una asignatura obligatoria sobre educació n sexual integrada, la Corte consideró que la finalidad perseguida por el gobierno dané s, con la nueva ley, era legítima, pues con ello se pretendía combatir el número de embarazos no deseados fuera del matrimonio, el número de abortos y las enfermedades venéreas. Puntualizó tambi én que el numeral 2 del citado Protocolo no impedida que los Estados difundieran, por medio de la enseñanza o la educaci ón, conocimientos o informaciones que tengan, directamente o no. carácter religioso o filosófico. No les permitió a los padres oponerse a este tipo de temas, pues la enseñanza institucionalizada corría el riesgo de hacerse impracticable, aunque s í le impuso al Estado el deber de vigilancia para que esos conocimientos insertados en un programa se difundiera de manera objetiva, crítica y pluralista, con lo que prohibió perseguir una finalidad de adoctrinar, lo que sí podrí a afectar las convicciones religiosas y filosóficas de los padres. En este caso, resulta de particular relevancia el voto salvado del Juez Verdross, que se convirtió -con el paso del tiempo- en posición de mayoría del Tribunal en casos subsiguientes. Según el citado Juez, una ense ñanza en materia sexual, detallada y demasiado precoz impartida por el Estado al amparo del monopolio del Estado en el dominio de la educación, priva a los padres de su derecho primordial de asegurar la educación a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones religiosas. Tambié n puntualizó que todo lo que concierne a la conciencia de los hijos — su orientación moral- es un tema que incumbe a los padres según la doctrina cristiana, por lo que el Estado no puede interponerse entre los padres y los hijos contra la voluntad de los primeros. Se pregunta, si con base en el artículo 2 del Protocolo pueden los padres oponerse a una educación sexual obligatoria en una escuela pú blica e, incluso, cuando la mencionada educación no constituye una tentativa de adoctrinamiento. Para responder esa interrogante, hace una distinci ón entre los hechos de la sexualidad humana, que forman parte de la biología, y las conductas sexuales, incluida la contracepción y métodos anticonceptivos. Para el citado Juez, estas ú ltimas sí se encuentran sumidas dentro del ámbito moral y de conciencia, por lo que es a los padres a quienes corresponde su formació n, no al Estado; ese derecho de los padres no puede vulnerarse, desconocerse o menospreciarse por el Estado. Por ello, aun y cuando la informació n sobre conductas sexuales tenga un carácter objetivo, lesionan el derecho de los padres en cuanto invaden la conciencia de los hijos menores, pues pueden recibir una educación contraria a las convicciones religiosas de sus progenitores. La doctrina sentada en ese voto salvado fue seguida por el citado Tribunal en las sentencias Folgero y Zengin v. Turquía. En esta última sentencia, el Tribunal concluye que el Estado está en la obligaci ón de respetar las convicciones religiosas y filosóficas de los padres, en el conjunto del programa de la enseñanza p ública. Este deber del Estado vale para el contenido de la enseñanza y la manera de dispensarla y en ese contexto los padres pueden exigir al Estado el respeto de sus convicciones religiosas y filos óficas.

También la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América se ha pronunciado sobre el nexo entre la educación y la libertad de conciencia. Al respecto, en la sentencia Winsconsin v. Yoder (1972), la Corte consideró. a prop ósito de la educaci ón impartida a los niños de la religió n Amish, que " (...) la esencia de todo lo que se ha dicho y escrito sobre este tema es que los intereses de orden superior y aquellos otros que no pueden ser ejercidos de otra manera pueden contrabalancear el legítimo reclamo a la libre profesión de una religi ón. Podemos dar por aceptado, en consecuencia, que no importa cuán fuerte sea la obligación del Estado en la educaci ón general obligatoria, éste no es de modo alguno absoluto no permite la exclusi ón o subordinaci ón del resto de los intereses. El cumplimiento de la ley estatal que requiere la asistencia obligatoria a la escuela... pondría en peligro gravemente, si es que no destruirí a, el libre ejercicio de su fe a los demandados." Así, se consideró prevalente la libertad religiosa frente al interés estatal de una educación obligatoria para los menores hijos de los Amish.

CONSIDERACIONES SOBRE EL CASO CONCRETO: En este caso, existen elementos de convicción suficientes para concluir que el programa de estudio de "Educació n para la afectividad y la sexualidad integral” no se refiere únicamente a hechos de la sexualidad humana, sino que también abarca conductas sexuales. Basta para ello señ alar que en el documento en que se plasma, se establece lo siguiente:

"En Costa Rica, hasta ahora, la educación para la sexualidad se ha planteado mayoritariamente como un proceso informativo y centrado en su dimensión biol ógica. Este programa de estudio, en el marco de la política general vigente aprobada por el Consejo Superior de Educació n del 2001, denominada Política Educación Integral de La expresión de la Sexualidad Humana (Acuerdo del artículo tres del acta 2001-12-06 modificado en su apartado No.6 con el acuerdo 02-08-04) integra esa dimensió n, como elemento indispensable de una formación de sexualidad, pero agrega una dimensió n formativa y afectiva, en la que se enfatiza (Las negritas no corresponden al original). Más adelante se puntualiza que con el contenido y las estrategias de este programa lo que se busca es "(...) generar cambios de actitud que potencien el respeto y la promoción de la persona humana ", sea la forma de actuar de los estudiantes, su comportamiento frente a la sexualidad, lo que lógicamente implica inculcarles valores, conocimiento, concepciones, destrezas y habilidades frente al fenómeno de la sexualidad. Prueba de lo que venimos afirmando, es que cuando se precisa que se entiende por educaci ón para la afectividad y la sexualidad integral, "(...) parte de que la misión de la sexualidad es el vínculo, desde dimensiones afectiva, corporal, ética y espiritual, con el apoyo y la promoción de la madurez emocional ”. Se entiende por lo espiritual lo relativo a los valores, los criterios éticos y el sentido de la vida”.

Ahora bien, si nuestra sociedad tiene formalmente reconocidas como finalidades el pluralismo, la democracia y el respeto de libertad de pensamiento y de creencias, es de esperar que dentro de ella surjan prosperen o decaigan numerosas visiones y perspectivas sobre una amplia variedad de cuestiones ideológicas y morales entre las cuales se incluyen las conductas sexuales de los individuos, las cuales a menudo se hallan estrechamente relacionadas con creencias religiosas o filosóficas de las personas; similarmente, también es inevitable que quienes profesan tales creencias, pretendan ejercitar el precitado derecho fundamental a transmitirlas a sus hijos.- Dentro de esta pluralidad, cabe entonces hacerse cuestión sobre la validez de imponer una visió n de las conductas sexuales por parte del Estado en el sentido de preguntarse cu ál entre todas ha de ser esa visión favorecida: ¿ La de del Consejo Superior de Educación o la del señ or Ministro de Educación Pública? ¿la de la señ ora Defensora de los Habitantes o la de los profesores que imparten la materia? ¿Debe imponerse la ligada a una práctica religiosa particular o m ás bien deben difundirse los criterios de los agnósticos, de los ateos, o de los amorales? Evidentemente, resulta imposible que el contenido de este tipo de programa pueda satisfacer a todos, es decir, est é acorde con las creencias religiosas y filosóficas de todos los padres de familias y sus hijos, de ahí que se reconozca la potestad del Estado de dar el contenido que considere el más conveniente, pero ante el hecho de que este tipo de enseñ anza forma parte del acervo moral de los educandos e incide en su escala de valores, en sus creencias y en su conciencia, los padres que consideren que el contenido de guí as sexuales afecta negativamente las creencias religiosas y filos óficas que quieren para sus hijos, no tienen la obligación de soportar una invasión de parte del Estado, en un ámbito que el Derecho de la Constituci ón y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos reserva a la esfera de la relación padres e hijos. En esta dirección, resulta pertinente traer a colación lo que la Corte Constitucional colombiana puntualizó en la sentencia T 662/99, en el sentido de que:

"(...) no puede afirmarse que el pensamiento de uno de los estudiantes o su comportamiento moral o religioso legitimen conductas de la institución orientadas hacia el desconocimiento de los derechos constitucionales fundamentales, particularmente en el espacio reservado a su libertad de conciencia. Mientras se trate apenas de la profesió n de sus ideas o de prácticas acordes con el libre ejercicio de aqué lla, y en tanto con su conducta no cause daño a la comunidad estudiantil, la conciencia individual debe estar exenta de imposiciones externas ”.

La sociedad democr ática es una sociedad tolerante y, por consiguiente, se impone tanto el respeto de las creencias de todas las personas que forman parte de la sociedad, como el derecho que dichas creencias se traduzcan en la realidad, independientemente de lo que piensen los demás sobre estas, así como a rechazar cualquier invasión en ámbito de la conciencia. Por ello, entiende este Tribunal que la manera apropiada de conciliar los derechos en juego en este caso, apunta a la necesidad de establecer un mecanismo en favor de aquellos padres que consideren que la puesta en ejecució n del programa de estudio de “Educació n para la afectividad y la sexualidad integral" afecta sustancialmente su derecho fundamental a incidir efectivamente en los aspectos que afecten la educación moral o religiosa de sus hijos, segú n la formulación recogida en las normas de derecho positivo ya reseñadas ”.

En el desarrollo del tema que nos ocupa, se hace necesario hacer una aclaración de rigor, y es en lo que atañe al contenido esencial de la libertad de religión. Tal y como se explicó supra, para el TEDH el contenido esencial de esta libertad comprende la libertad de manifestar las creencias de manera privada, pero también conlleva su práctica en comunidad con otros y en público, y lo que respecta a sus manifestaciones tiene que estar í ntimamente ligado con la religión o la creencia. Para la Sala Constitucional el contenido de la libertad religiosa comprende la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de proselitismo o propaganda, la libertad de congregación o fundaci ón, la libertad de enseñanza, el derecho de reuni ón y asociación y los derechos de las comunidades religiosas. Al respecto, en la sentencia n.° 1993- 03173, la Sala expresó lo siguiente:

“VII.- La libertad religiosa encierra, en su concepto genérico, un haz complejo de facultades. En este sentido, en primer lugar se refiere al plano individual, es decir, la libertad de conciencia, que debe ser considerado como un derecho público subjetivo individual, esgrimido frente al Estado, para exigirle abstenció n y protección de ataques de otras personas o entidades. Consiste en la posibilidad, jurí dicamente garantizada, de acomodar el sujeto, su conducta religiosa y su forma de vida a lo que prescriba su propia convicción, sin ser obligado a hacer cosa contraria a ella. En segundo lugar, se refiere al plano social, la libertad de culto, que se traduce en el derecho a practicar externamente la creencia hecha propia. Además la integran la libertad de proselitismo o propaganda, la libertad de congregació n o fundación, la libertad de enseñanza, el derecho de reunión y asociaci ón y los derechos de las comunidades religiosas, etc.”.

Como puede observarse, el contenido esencial de la libertad religiosa en el ámbito europeo es más recortado que el que le da la Sala Constitucional, de ahí que la doctrina del TEDH tiene que ser recibida con reserva, tomando muy en cuenta ese hecho y, por consiguiente, por lo menos cuando se alega la objeción de conciencia por motivos religiosos, el norte ha de ser el contenido esencial de la libertad religiosa en los t érminos que lo ha definido esta Sala, y no el TEDH.

Sobre los principios que informan el servicio público de Administración Justicia. Como referencia, es necesario traer a colaci ón la sentencia n.° 2007-04969 de la Sala Constitucional en la que fijó los principios que rigen los servicios públicos. Sobre el particular, estableció lo siguiente:

“III.- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE EFICACIA, EFICIENCIA, SIMPLICIDAD Y CELERIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCI ÓN ADMINISTRATIVAS. La Constitució n Política, en su parte orgánica, recoge o enuncia algunos principios rectores de la función y organización administrativas, que como tales deben orientar, dirigir y condicionar a todas las administraciones pú blicas en su cotidiano quehacer. Dentro de tales principios destacan la eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad (artículos -todos de la Constitución Pol ítica- 140, inciso 8, en cuanto le impone al Poder Ejecutivo el deber de "Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas", el 139, inciso 4, en la medida que incorpora el concepto de "buena marcha del Gobierno" y el 191 al recoger el principio de "eficiencia de la administraci ón"). Estos principios de orden constitucional, han sido desarrollados por la normativa infraconstitucional, así, la Ley General de la Administración Pública los recoge en los art ículos 4o , 225, párrafo 1 o, y 269. p árrafo 1 o , y manda que deben orientar y nutrir toda organización y función administrativa. La eficacia como principio supone que la organizació n y función administrativa deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el propio ordenamiento jurí dico, con lo que debe ser ligado a la planificación y a la evaluació n o rendición de cuentas (artí culo 11, párrafo 2o, de la Constitución Polí tica). La eficiencia, implica obtener los mejores resultados con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales, tecnoló gicos y financieros. La simplicidad demanda que las estructuras administrativas y sus competencias sean de f ácil comprensió n y entendimiento, sin procedimientos alambicados que retarden la satisfacci ón de los intereses p úblicos empeñ ados. Por su parte, la celeridad obliga a las administraciones p úblicas cumplir con sus objetivos y fines de satisfacción de los intereses pú blicos, a travé s de los diversos mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos indebidos. Este conjunto de principios le impone exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes públicos que no pueden declinar de forma transitoria o singular.

IV- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RECTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Todos los servicios pú blicos prestados por las administraciones públicas -incluidos los asistenciales o sociales- están regidos por una serie de principios que deben ser observados y respetados, en todo momento y sin excepción alguna, por los funcionarios públicos encargados de su gestión y prestaci ón. Tales principios constituyen una obligación jur ídica de cará cter indeclinable impuesta a cualquier ente u órgano administrativo por su eficacia normativa directa e inmediata, toda vez que el bloque o parámetro de legalidad (art ículo 11 de la Constitución Polí tica) al que deben ajustarse en sus actuaciones está integrado, entre otros elementos, por los principios generales del derecho administrativo (artículo 6 ° de la Ley General de la Administración P ública). No debe perderse de perspectiva que los Principios Generales del Derecho, tienen el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan, con lo que pueden asumir un rango constitucional si el precepto respecto del cual cumplen tales funciones tiene también esa jerarquí a. Como veremos en el considerando subsiguiente nuestro texto fundamental recoge como derecho fundamental de las personas el del buen funcionamiento de los servicios pú blicos, consecuentemente los principios que informan los servicios p úblicos en cuanto hacen efectivo tal derecho tienen un rango constitucional. El ordinal 4o de la Ley General de la Administració n Pública dispone claramente que "La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptació n a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios o beneficiarios ”, La continuidad supone que la prestación de los servicios no se debe interrumpir, diversos mecanismos jurí dicos del ordenamiento administrativo pretenden asegurar este principio, tales como la prohibici ón de la huelga y de paro en los servicios públicos esenciales, la teor ía de Ia imprevisió n para hacerle frente a los trastornos económicos que pueden suspender o paralizar los servicios p úblicos, el cará cter inembargable de los bienes dominicales destinados a la prestaci ón de un servicio público, etc.. Cualquier actuació n -por acción u omisi ón- de los funcionarios o imprevisión de éstos en la organización racional de los recursos que propenda a interrumpir un servicio público es abiertamente antijur ídica. La regularidad implica que el servicio público debe prestarse o realizarse con sujeci ón a ciertas reglas, normas o condiciones preestablecidas. No debe confundirse la continuidad con la regularidad, el primer concepto supone que debe funcionar sin interrupciones y el segundo con apego a las normas que integran el ordenamiento jur ídico. La adaptació n a todo cambio en el régimen legal o a las necesidades impuestas por el contexto socioeconómico significa que los entes y ó rganos administrativos deben tener capacidad de previsión y, sobre todo, de programación o planificaci ón para hacerle frente a las nuevas exigencias y retos impuestos, ya sea por el aumento en el volumen de la demanda del servicio público o bien por los cambios tecnoló gicos. Ningún ente, órgano o funcionario público pueden aducir razones de carencia presupuestaria o financiera, ausencia de equipos, falta de renovación tecnológica de éstos, exceso o saturación de la demanda en el servicio pú blico para dejar de prestarlo de forma continua y regular. La igualdad o universalidad en el acceso demanda que todos los habitantes tienen derecho a exigir, recibir y usar el servicio público en igualdad de condiciones y de conformidad con las normas que los rigen, consecuentemente, todos los que se encuentran en una misma situación pueden exigir idénticas ventajas. Uno de los principios rectores del servicio público que no se encuentra enunciado en el art ículo 4o de la Ley General de la Administración Pú blica lo constituye el de su obligatoriedad, puesto que, de nada servirí a afirmar que deben ser continuos, regulares, uniformes y generales si el sujeto prestador no tiene la obligación de prestarlo. La administración p ública prestadora del servicio público no puede escoger su clientela o usuarios, debe brind árselo a cualquiera que se lo requiera”. (Las negritas no corresponden al original).

Como quedó establecido, dentro de los principios que informan el servicio público -en este caso de Administración de Justicia- se encuentra el de igualdad y no discriminación. Lo anterior supone que en los asuntos que tramitan, resuelven y ejecutan los tribunales de justicia no es admisible ningún tipo de discriminació n, de ahí que la prestación del servicio debe brindarse en términos de igualdad. El norte es impartir justicia de forma imparcial y objetiva, lo que constituye, tal y como lo ha afirmado la doctrina nacional, un servicio público de primer orden en un Estado social y democrático de Derecho, acorde con valores y principios constitucionales, entre ellos los de seguridad jurídica, paz y armonía social.

Ahora bien, tal y como se ha sentado en la doctrina y en la jurisprudencia el principio de igualdad y no discriminación no es absoluto, toda vez que es posible tratar de manera desigual a los iguales cuando hay una justificaci ón objetiva y razonable o cuando se trata de los casos de la discriminación invertida o positiva con el fin de alcanzar un fin constitucional legítimo. Como se verá m ás adelante, en el caso de la objeci ón judicial, es posible conciliar el servicio público de Administración de Justicia y el principio de igualdad y no discriminació n que lo regenta, ya que es viable organizar el servicio de forma tal que tanto los usuarios como el Juez objetante pueden ejercer sin cortapisas sus derechos fundamentales.

La objeción de conciencia y el ejercicio de la función jurisdiccional. Un tema no poco polémico es de si el Juez, en el ejercicio de la función jurisdiccional, es decir, ejerciendo la titularidad de un poder el Estado, puede o no ejercer el derecho a la objeció n de conciencia. Es claro que hay determinados supuestos en los que no es procedente, por su propia naturaleza y su carácter generalizado el derecho a la objeción de conciencia. Ha sostenido la doctrina que no es posible la objeción de conciencia de un Juez penal que alegase que su conciencia no le permite establecer castigos. Lo mismo puede afirmarse en el caso de un Juez de familia que objete el divorcio. En todos estos supuestos -además hay que tener presente que él cuando optó por el cargo asumió voluntariamente todas sus funciones-, consecuentemente, estaríamos quebrantando una regla elemental de buena fe si luego pretendiese ejercer el derecho a la objeción de conciencia. Empero, hay otros casos, donde sí resulta procedente la objeció n de conciencia en la función jurisdiccional. En efecto, la Corte Constitucional italiana tuvo la oportunidad de conocer un caso en el que un Juez objetó suplir el consentimiento de una menor para abortar, en el año 1987. En este caso, el citado tribunal rechazó la cuestión argumentado que no estaba suficientemente fundamentada, lo que caus ó perplejidad y críticas y un intenso debate, pues se dio un cierto acuerdo doctrinal, en el sentido que la cuestión de constitucionalidad pudo haberse resuelto por la vía de la interpretación extensiva del art ículo 51 del Código de Procedimientos Civiles italiano, que permite la abstención en la causa de aquel Juez que alegue “graves razones de conveniencia” , haciendo posible así el traspaso del caso a otro Juez que no oponga la objeción de conciencia. Como puede observarse de lo anterior, hay quienes sostienen que a través de la causal de recusación se puede ejercer el derecho a la objeció n de conciencia de los juzgadores; empero, al estar en presencia de un derecho fundamental aut ónomo y siendo un derecho-deber en este caso, debe ejercerse de forma personalí sima, ya que corresponde al objetante, con fundamento en sus creencias o convicci ón, determinar si estas le impiden resolver la controversia jurídica que está en su despacho. Distinta es la posició n de la Corte Constitucional colombiana, la que en la sentencia de Tutela n. ° 388/09 del 28 de mayo del 2009, sostuvo una posici ón absoluta, maximalista, en el sentido de que las autoridades judiciales no pueden escudarse en el derecho a la objeción de conciencia para negarse a tramitar o a decidir un asunto que se ponga bajo su conocimiento. Esta postura, vací a del contenido esencial del derecho a la objeci ón de conciencia, toda vez que para este Tribunal los jueces y juezas no gozan de este derecho fundamental. Veremos que sí es posible garantizar el servicio p úblico de Administración de Justicia en condiciones de igualdad y no discriminación, admitiendo el derecho a la objeción de conciencia en la funció n jurisdiccional, tal y como acertadamente lo ha sostenido un importante sector de la doctrina.

VII.-Sobre el caso concreto. Ahora bien, en todas estas cuestiones hay que tener presente una premisa fundamental, y una constante histó rica, en el sentido de que no hay derechos fundamentales absolutos, excepto el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, por consiguiente, el derecho a la objeci ón de conciencia tiene límites y limitaciones y, en aquellos casos, en los que entra en colisión con otro derecho fundamental se debe recurrir al principio de la concordancia práctica y, por consiguiente, es menester hacer un juicio de ponderación entre los derechos que están en conflicto, tal y como se desarrollará má s adelante. En el sub judice el recurrente expresa que el acto impugnado quebranta su derecho a la objeci ón de conciencia, toda vez que el Consejo Superior del Poder Judicial no toma en consideració n sus convicciones religiosas y lo obliga a actuar en contra de ellas, al verse compelido a efectuar el acto del matrimonio entre personas del mismo sexo; la situaci ón es radicalmente diferente cuando se trata de actuaciones de mero trámite, verbigracia: inscripció n de un matrimonio, tal y como aconteció en el caso Eweida y otros vs. Reino Unido supra reseñado, donde no es posible ejercer el derecho a la objeción de conciencia. Como puede observarse, en el sub judice no se trata de una función propiamente jurisdiccional -una que resuelve una controversia jurídica con cará cter de cosa juzgada-, sino de una de naturaleza judicial, sea funciones no jurisdiccionales establecidas mediante Ley. Ante esta situació n, lo primero que hay que traer a colació n es que este derecho fundamental es inherente a la persona juzgadora. Lo segundo, es que cuando la persona objetante plantea el impedimento se deben seguir varios criterios en extremo de suma importancia. El primero, que acredite la existencia del motivo de conciencia y su relación directa con el deber legal que objeta. Lo segundo, que se trate de una situación sobrevenida, pues no es posible el ejercicio de este derecho fundamental cuando la persona juzgadora voluntariamente acept ó el cargo y, dentro de sus funciones, se encontraban el deber jurídico que ahora pretende objetar. Y, finalmente, cuando se acepta el ejercicio del derecho fundamental a la objeción de conciencia, el Poder Judicial está en el deber jurí dico de sustituirlo, dentro de un plazo perentorio, de forma tal que el sistema estructurado d é a la persona usuaria de los servicios de Administraci ón Justicia el servicio en condiciones de eficacia, eficiencia e igualdad, sea, se le resuelva la situación conforme al derecho fundamental a una tutela judicial efectiva o justicia pronta y cumplida y sin discriminació n alguna. Ahora bien, podría argumentarse que el derecho fundamental a la objeci ón de conciencia no se puede ejercer cuando conlleva una discriminación; no obstante, dicha posición parte de una visión absoluta y, por consiguiente, se vacía el contenido esencial de un derecho fundamental. En ese sentido, debe quedar claro que nadie, en su sano juicio, estaría en contra de la afirmación de que la judicatura se debe ejercer de forma independiente e imparcial y sin discriminaci ón alguna. Desde esta visión, es inadmisible que un Juez o Jueza dé un trato preferente a unas personas y a otras un trato discriminatorio por razones pol íticas, de raza, de religión, de preferencia sexual, etc. En el ejercicio de la judicatura, así como en el ejercicio de la funció n administrativa, la imparcialidad es el norte y, por consiguiente, el Poder Judicial est á en el deber de dar un trato igual a las personas heterosexuales y homosexuales en cuanto atenció n, trámite, tiempo de respuesta, resolució n y ejecución de los asuntos, etc. Por ello, resulta inadmisible que un juzgador o un funcionario administrativo se niegue a tramitar un asunto de una persona porque tiene una visió n del mundo o un estilo de vida que él no comparte; en estos casos, no tiene cabida el ejercicio del derecho fundamental a la objeción de conciencia, verbigracia: negarse a realizar un acto de inscripción, tramitar un juicio, ejecutar lo resuelto, etc. Radicalmente es la situación cuando se trata de ejercer un acto que está abiertamente en contra de sus má s profundas convicciones religiosas, morales o ideoló gicas -como es la celebración del acto de matrimonio-, en este supuesto, para garantizar el ejercicio de los dos derechos fundamentales en conflicto, se debe echar mano al principio de la concordancia pr áctica. Como acertadamente lo ha sostenido la doctrina alemana, cuando hay una colisió n de derechos fundamentales se debe aplicar el principio de la concordancia pr áctica, de forma tal que no se puede sacrificar un derecho en beneficio del otro en tal magnitud, que se vací e su contenido esencial. En este tipo de situaciones, el operador jur ídico, en primer lugar, está llamado a realizar una interpretación y aplicación de los derechos fundamentales de forma tal que permita el mayor grado de ejercicio por parte de ambas personas. Ante una incompatibilidad manifiesta, el juicio de ponderación impone que, ante el sacrificio de uno frente al otro, el que ve menguado su ejercicio, sea lo estrictamente necesario para hacer posible el ejercicio del otro. Y, finalmente, siempre hay que tener presente que el juicio de ponderaci ón lo es del caso concreto, lo que significa, ni más ni menos, que en otra situación el juicio de ponderación bien puede inclinarse a favor del derecho fundamental sacrificado en el anterior caso. Teniendo como marco de referencia lo anterior, la Sala observa las distintas variables en el presente asunto. Por una parte, se puede pensar que se debe sacrificar en su contenido esencial el derecho fundamental a la objeción de conciencia porque esta no tiene cabida alguna ante un caso de discriminación. Dicho de otra forma, los jueces están obligados a sacrificar, deben hacer a un lado sus más profundas convicciones, en este caso religiosas, y proceder a realizar el matrimonio. Bajo esa línea de pensamiento, de no realizar el Juez el matrimonio, se estaría ante un acto discriminatorio. Sobre el particular, lo primero que hay que tener presente es que no se vulnera el principio de igualdad y la no discriminaci ón cuando hay una justificación objetiva y razonable. Al respecto, la Sala Constitucional ha expresado, de forma reiterada, lo siguiente:

"El principio de igualdad, contenido en el Artículo 33 de la Constitución Pol ítica, no implica que en todos los casos, se deba dar un tratamiento igual prescindiendo de los posibles elementos diferenciado)-es de relevancia jurídica que pueda existir; o lo que es lo mismo, no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminació n. La igualdad, como lo ha dicho la Sala, sólo es violada cuando la desigualdad está desprovista de una justificació n objetiva y razonable. Pero además, la causa de justificació n del acto considerado desigual, debe ser evaluada en relaci ón con la finalidad y sus efectos, de tal forma que deba existir, necesariamente, una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad propiamente dicha. Es decir, que la igualdad debe entenderse en función de las circunstancias que concurren en cada supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma que la aplicació n universal de la ley, no prohíbe que se contemplen soluciones distintas ante situaciones distintas, como tratamiento diverso. Todo lo expresado quiere decir, que la igualdad ante la ley no puede implicar una igualdad material o igualdad económica real y efectiva " (véanse los votos n. ° 1770-94 y 1045-94).

La mayoría del Tribunal considera que el hecho de que un Juez que plantee una objeción de conciencia en un tema que, desde el punto de vista religioso, resulta de la mayor envergadura, no significa que esté discriminando a una persona determinada, se trata de una justificaci ón objetiva y razonable. Lo que sucede es que tiene una visión diferente sobre una institución social y religiosa a la que pueden tener los contrayentes y, por consiguiente, el obligarlo a celebrar el acto de matrimonio lacera sus convicciones religiosas má s profundas, y deja sin contenido esencial el derecho fundamental del juzgador. En segundo t érmino, es un hecho público y notorio que un pa ís donde hay varios jueces notariales, bien puede la Administración de Justicia aceptar la objeción de conciencia, la que, como se expresó supra, debe de cumplir todos los requisitos para que se pueda ejercer este derecho fundamental, y encargar a los jueces no objetantes la realizació n de los matrimonios entre las personas del mismo sexo e, incluso, en un Estado garante de todos los derechos fundamentales de las personas, establecer un sistema que permita tener siempre a disposici ón jueces que sí está n dispuestos a brindar el servicio a las personas del mismos sexo en condiciones de igualdad que a otros usuarios del servicio. Vista así las cosas, no hay tal acto de discriminaci ón, toda vez que siempre habrá jueces y juezas que realizarán el acto de matrimonio, con lo cual se satisface los derechos de las personas contrayentes. Por otra parte, tampoco puede desconocerse que Costa Rica es un Estado que tiene un sistema de notoria abierta, en la que las distintas personas pueden acudir a un (a) notario (a) de libre elección para contraer matrimonio, siempre y cuando no haya planteado la objeció n de conciencia de conformidad con el numeral 3 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial (véase La Gaceta n.° 23 del 5 de febrero del 2020). Finalmente, no menos importante, es que el derecho a la objeci ón de conciencia se aplicaría para aquellos jueces que fueron nombrados antes de la entrada en vigor del matrimonio entre personas del mismo sexo -dentro de sus funciones no se encontraba el realizar el acto de matrimonio entre personas del mismo sexo-, pues a quienes se nombre con posterioridad, es claro que han aceptado voluntariamente realizar el acto de matrimonio tanto para personas heterosexuales como homosexuales. En consonancia con la posición que sigue la mayoría del Tribunal, es importante traer a colación las palabras del juez Neil Gorsuch, en el sentido que el lugar de los funcionarios seculares no es juzgar las creencias religiosas -de las personas- sino solo proteger su libre ejercicio, pronunciada en el famoso Caso Masterpiecf. Cakeshop. L td., v. Colorado Civil Rights Commission ET AL. -SIETE VOTOS A FAVOR Y DOS EN CONTRA DE PROTEGER LA LIBERTAD DE CONCIENCIA-, en el que una pareja del mismo sexo solicit ó a un pastelero de Colorado en el verano del 2012, que les confeccionara un queque de bodas; el dueñ o de apellido Phillips se negó a hacer el pedido especial, lo que implicaba crear y venderles un pastel de bodas para parejas del mismo sexo. Consta que ofreció otros productos de su tienda. Al momento de la solicitud, no exist ía una ley que reconociera el matrimonio del mismo sexo, por lo que el casamiento se harí a en un Estado en que si fuera legal y ofrecer ían la celebración en Denver. Jack Phillips se autodenominaba como profesional en pastelería y devoto cristiano, cuyo principal objetivo en la vida era ser obediente a las enseñanzas de Jesucristo, por lo que buscaba honrar a Dios mediante su trabajo en su tienda en Masterpiece Cakeshop. Precisamente, una de sus creencias religiosas radicaba en la intención de Dios para que el matrimonio fuera la unión de un hombre y una mujer, de modo que, al crear un queque de bodas para una pareja del mismo sexo, ser ía equivalente a participar en esa celebración que resultaba contraria a sus creencias más preciadas. La madre de uno de los muchachos llamaría a Phillips el dí a siguiente por más explicaciones y é ste le contestó en similares términos, agregando que la creación de un queque implicaría celebrar algo que sería contrario a las enseñanzas de la Biblia y, además, implicaría a su parecer una aprobación personal para la ceremonia y la relación de pareja que constituirían.

Partiendo de lo externado líneas atrás, la mayoría del Tribunal considera que una sociedad pluralista, resulta necesario que el Derecho de la Constituci ón -valores, principios y normas- se autoriza a las personas a tener distintas visiones sobre los fenó menos políticos, económicos, sociales y culturales, pues de lo contrario se caerí a en una sociedad autoritaria o totalitaria en la que hay una homogenizaci ón o estandarización del pensamiento. En ese sentido, los Tribunales de Derechos Humanos no están llamados a imponer un pensamiento ú nico, sino que a través de un juicio de ponderación y en aplicación de los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, deben permitir el m áximo ejercicio de los derechos fundamentales que est án en colisión, de forma tal que coexistan de manera respetuosa. Hay que tener presente que, en aquellos casos de conflicto de derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional no es un promotor de una determinada ideologí a o visión del mundo, pues cuando actúa de esa forma claudica a su misión y, por consiguiente, aunque resulte paradójico, termina atropellando los derechos fundamentales de la persona que debe tutelar. Así, en virtud de lo expuesto anteriormente, lo procedente es acoger el recurso, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva.

Conclusión. El principio de igualdad y no discriminació n es un elemento esencial del servicio p úblico de Administración de Justicia, por lo que sus usuarios deben recibir un trato igualitario en la atención, el trámite, resolución y ejecución de los distintos asuntos que se conocen en todas las instancias judiciales. Por su parte, la mayor ía del Tribunal considera que es posible ejercer el derecho a la objeció n de conciencia en la función jurisdiccional -aunque en el presente caso se trata del ejercicio de una funci ón judicial-. En estos supuestos, se concilia dos derechos fundamentales, sin embargo, no se vacía del contenido esencial al primero -igualdad y no discriminación-, toda vez que ante un caso de objeción de conciencia de un juzgador relativo a realizar el acto de matrimonio, el Consejo Superior del Poder Judicial debe adoptar todas las medidas necesarias para que el servicio pú blico de Administración de Justicia se brinde a las parejas del mismo sexo en las mismas condiciones y tiempos de respuesta que le da a las personas heterosexuales. Finalmente, es claro que todas aquellas personas que se nombren con posterioridad a la entrada en vigor del matrimonio de personas del mismo sexo no pueden ejercer el derecho a la objeción de conciencia, pues voluntariamente han aceptado esa funció n al ofertar y aceptar el cargo.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que. de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, é stos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días h ábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, segú n lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electr ónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012. artí culo LXXXI.