Resolución 09032-2020

Por escrito presentado mediante el sistema de Gestión y Línea y que fue incorporado en el expediente electrónico a las 14:23 horas de 4 de mayo de 2020 la recurrente interpone recurso de amparo a favor de [Nombre 002] contra el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Dirección General de Migración y Extranjería. Manifiesta, en resumen, que existe una diferencia judicial entre el padre y la madre de la menor amparada sobre su guarda, crianza y educación, tramitada en el Juzgado de Familia. Se ordenó la restitución de la menor al domicilio materno en Panamá, según consta en el expediente de esta Sala No. 20-003125-0007-CO. No obstante, aduce que es de conocimiento público la crisis sanitaria que azota al mundo por el virus COVID-19 y que Panamá tiene elevadísimos índices de contagio y mortalidad, con más de siete mil contagios y doscientos fallecimientos al 3 de mayo de 2020. Argumenta que enviar a la niña a ese país, sin las debidas garantías sanitarias, sería homicida. Añade que al momento de interponerse el recurso, ni las autoridades costarricenses ni las panameñas han adoptado medidas para alejar a la amparada de cualquier posibilidad de contagio, interrumpiendo la cuarentena que ha practicado hasta la fecha en el domicilio paterno. Señala que los riesgos de contagio de la menor residen en las personas que la trasladarán hasta la frontera, quienes la recibirán en Panamá y conducirán al domicilio materno y en el núcleo familiar donde pasaría a residir. No tienen información fidedigna de las condiciones de salud de ninguna de estas personas con las que va a entrar en contacto. Solicita que la Sala dicte las medidas de protección correspondientes, ordene suspender el traslado de la menor, mientras no se garantice su salud y su vida. En memorial adicional, del 5 de mayo de 2020, la recurrente agregó que la menor fue retirada ese día de su domicilio paterno a las 6:00 horas, para trasladarla a Panamá, por vía terrestre, sin que las autoridades panameñas hayan remitido los documentos de ingreso a ese país de la amparada y sin que se dictaran las medidas sanitarias a las que se refirió en la interposición del recurso.

Por resolución de las 08:55 horas de 5 de mayo de 2020, se le dio curso a este recurso de habeas corpus y se le solicitó informe a la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Directora General de Migración y Extranjería, para que se refiriera a los hechos imputados por la recurrente.

Por escrito presentado mediante el sistema Gestión en Línea y que fue incorporado en el expediente electrónico a las 07:11 horas de 5 de mayo de 2020, la recurrente presenta nuevas manifestaciones y solicita que en este proceso se dicten medidas cautelares. Además, aporta prueba que estima pertinente para la resolución de este proceso.

Mediante escrito presentado mediante el sistema Gestión en Línea y que fue incorporado en el expediente electrónico a las 10:06 horas de 5 de mayo de 2020, la accionante presenta manifestaciones adicionales. Indica que las autoridades panameñas no han remitido documentos con el fin de garantizar el bienestar de la menor, así como la vida y la salud de esta. Además, las autoridades del PANI no presentaron los atestados de los funcionarios con los que viajará la niña. Reitera la solicitud de medidas cautelares.

Rinde informe, bajo juramento, Raquel Vargas Jaubert, en su condición de Directora General de Migración y Extranjería. Manifiesta que no existe acto administrativo por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería, con relación a la menor amparada. Alega que de los alegatos de la recurrente no se logra extraer actuación alguna de la institución a la que representa, por lo que solicita que se declare sin lugar este recurso de habeas corpus, en lo que a la Dirección General de Migración y Extranjería. Arguye que las personas encargadas del traslado de la menor hacia Panamá son funcionarias del PANI, por lo que ignora quiénes la trasladarán hasta su domicilio materno y quiénes residen en ese domicilio. Afirma que la única medida que eventualmente podría adoptar sería la de impedir la salida del país de la menor, pero para ello requeriría una orden judicial. Señala que al efecto, la Ley General de Migración y Extranjería indica: “ARTÍCULO

La autoridad migratoria podrá impedir la salida del país a toda persona:

Que no posea la documentación migratoria necesaria, conforme a las disposiciones de la legislación vigente.

Que tenga impedimento de salida ordenado por la autoridad judicial competente.

Que no cancele los impuestos de egreso correspondientes.

Que sea una persona menor de edad costarricense o extranjera y no porte el permiso de salida expedido por la autoridad competente, salvo en los casos de personas menores de edad, hijos o hijas de funcionarios diplomáticos debidamente identificados.” Expone que dicha norma faculta a la Dirección General de Migración y Extranjería a impedir la salida de personas del país, y con fundamento en ella, a partir del día 22 de febrero del 2016, rige el “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y la Dirección General de Migración y Extranjería”, en el que se hace alusión a la facultad del Poder Judicial para ordenar la inclusión, exclusión o modificación de restricciones de salida del país, así como lo relativo a permisos que se otorgan para que personas contra quienes se han girado estos impedimentos, puedan abandonar el territorio nacional. En ese sentido, considera que es evidente que la competencia para incluir, excluir, modificar u otorgar permisos y efectuar las respectivas anotaciones, es de los despachos jurisdiccionales que emiten en razón de sus funciones este tipo de restricción. Con fundamento en el convenio de cita, a la Dirección General de Migración y Extranjería le corresponde únicamente la verificación de los impedimentos para egresar de suelo nacional, y si alguna persona cuenta con un impedimento, corresponde a la Policía Profesional de Migración impedir la salida, de conformidad con el artículo de la Ley General de Migración y Extranjería antes referido. Así, la Dirección General de Migración y Extranjería, por intermedio de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, de conformidad con los numerales 11 constitucional y 11 de la Ley General de la Administración Pública, en aplicación del principio de legalidad, ejecuta lo establecido por la legislación migratoria y lo ordenado por la autoridad judicial competente. No obstante lo anterior, señala que el día en que presenta este informe, se apersonaron servidores del PANI en la frontera sur del país, conforme a la resolución judicial que ordenó la restitución de la menor aquí amparada a su madre en Panamá. Explica que en el momento de realizar el control migratorio, la menor presentaba un impedimento de salida, pero la autoridad judicial competente ordenó su levantamiento, de forma tal que la Dirección General de Migración y Extranjería, al no existir motivo en contrario, autorizó la salida de la menor del país. Reitera que conforme a sus competencias, no tenían posibilidad jurídica de verificar lo alegado por la parte recurrente ni de determinar la posible existencia de algún riesgo para la vida o integridad física de la menor amparada, y que carecemos de facultades para adoptar medidas de protección en este caso en particular. Por lo expuesto, solicita que se declare sin lugar el recurso.

Rinde informe, bajo juramento, Gladys Jiménez Arias, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia. Manifiesta que mediante voto No. 2020-00769 de las 09:20 horas de 14 de abril de 2020, se resolvió el recurso de habeas corpus tramitado en expediente No. 20-003125-0007-CO, que se interpuso contra el Voto No.889-2019 del Tribunal de Familia que ordenó la restitución de la niña Aida [Nombre 002] Sánchez, siendo que el proceso de habeas corpus se declaró sin lugar. Expone que el Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José, mediante voto mencionado resolvió revocar la Sentencia No. 2019-000388 de las 07:53 de 18 de julio de 2019 del Juzgado de Familia de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José que declaró sin lugar la solicitud de restitución internacional de la menor tutelada. Además, el Tribunal de Familia acogió la solicitud y ordenó el retorno de la persona menor de edad hacia Panamá, su domicilio habitual, una vez en firme el voto. Por tales razones, el padre de la menor interpuso un recurso de habeas corpus que se declaró sin lugar mediante la Sentencia No. 2020-007069 de las 09:29 horas de 14 de abril de 2020. En razón de lo anterior, la Licda. Saacky Amores Ocampo, actuando en representación de la autoridad central de Costa Rica, que recae en la Asesoría Jurídica del PANI de San José, inició con las coordinaciones correspondientes con las autoridades de la República de Panamá con el fin de retomar a la menor, de forma segura y de conformidad con el artículo 7, inciso h, del Convenio de La Haya Sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. En ese contexto se le comunicó al papá de la menor que debía entregar a su hija para ser retornada hacia su residencia habitual en Panamá. Señala que mediante registro de intervención de 23 de abril de 2020, la Trabajadora Social de la Oficina Local del PANI en San José Este informó que en sesión de 22 de abril 2020, se le solicitó al padre de la menor la entrega del pasaporte de la niña, siendo que este indicó que lo entregaría al día siguiente; empero, posteriormente, su abogada indicó que lo entregaría una semana después, porque se estaba tramitando un proceso de naturalización ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Esto fue verificado en consulta realizada ante la Oficina de Opciones y Naturalizaciones de esa institución. Posteriormente, en boleta de registro de información de actividades de 29 de abril de 2020, mediante llamada telefónica, se le informó al padre de la menor sobre el traslado y entrega de la niña, en cumplimiento de la orden de restitución internacional, la cual se efectuaría el 4 de mayo de 2020, en la frontera de Panamá. Además, se le informó que se habían realizado todas las coordinaciones con las autoridades panameñas con el fin de que se contara con la mayor protección para la niña y que la entrega se realizaría con las medidas de prevención necesarias, que la menor contaba con el salvoconducto sanitario correspondiente y que sería acompañada hasta su residencia por personeros del Ministerio de Salud de Panamá. No obstante, el padre de la menor no entregó a la menor en la fecha que se había indicado, sea, 3 de mayo de 2020, por lo que el representante legal de la Oficina Local del PANI San José Este, mediante resolución de las 18:55 horas de 5 de mayo de 2020, realizó apercibimiento al progenitor respecto del cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal de Familia. Además, se informó a las autoridades panameñas con el fin de mantener las condiciones necesarias para salvaguardar los intereses de la niña. Además, por resolución de las 18:55 horas de 5 de mayo de 2020, se resolvió realizar el traslado de la niña. Así, el día 6 de mayo de 2020 se realizó el traslado de la menor, de forma efectiva y segura, siendo entregada a su madre. Dicha actuación se realizó por medio de la Autoridad Central de Costa Rica y la Oficina Local del PANI San José Este en conjunto con las autoridades de la República de Panamá, a saber, Autoridad Central de Panamá y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud y Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Para tales efectos, se contaba con auto No. 469 de 28 de abril de 2020 emitido por el Juzgado Primero Seccional de Familia de la Provincia de Chiriquí dentro del proceso de Guarda y Crianza a favor de la persona menor de edad. Asegura que al efecto, en dicho proceso se dictaron medidas de bioseguridad, ordenando al Ministerio de Salud confeccionar el salvoconducto sanitario correspondiente y realizar la supervisión de la cuarentena a la progenitora y a la niña en su casa de habitación. Además, se ordenó a la Dirección de Servicio Nacional de Migración para que se tomaran las medidas correspondientes. Afirma que la niña fue trasladada en un vehículo del PANI en compañía de una funcionaria de esa institución, cumpliendo con todas las medidas de prevención dispuestas por el Ministerio de Salud de Costa Rica. Así las cosas, solicita que se declare sin lugar el recurso.

En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

OBJETO DEL RECURSO.- La recurrente alega que el Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José dispuso la restitución de la menor tutelada al domicilio materno en Panamá, pero las autoridades del PANI y la Dirección General de Migración y Extranjería no han tomado ni cuentan con las medidas sanitarias para garantizar la salud, integridad y vida de la menor ante la pandemia de COVID-19. Además, alega que Panamá tiene elevadísimos índices de contagio y mortalidad. Argumenta que enviar a la niña a ese país, sin las debidas garantías sanitarias, sería homicida.

HECHOS PROBADOS.- De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

El Patronato Nacional de la Infancia formuló un Proceso de Restitución Internacional de Menores ante el Juzgado de Familia, Niñez y la Adolescencia de San José -expediente N° [Valor 002], en el que figuran como partes el señor [Nombre 007] y [Nombre 008] quien interpuso el proceso en Panamá-, con el fin de restituir a la menor de edad [Nombre 002] Sánchez -de nacionalidad panameña- a ciudad de Panamá de conformidad con el Convenio sobre los aspectos civiles de la Sustracción Internacional de Menores (hecho no controvertido).

Por Sentencia de Primera Instancia No. 2019-388 de las 7:53 horas de 18 de julio de 2019 del Juzgado de Familia, Niñez y la Adolescencia de San José resolvió lo siguiente: “De conformidad con lo expuesto, y la normativa citada lo procedente es declarar SIN LUGAR la solicitud de RESTITUCIÓN INTERNACIONAL de la niña [Nombre 002] SÁNCHEZ en relación a la petición subsidiaria de un régimen de visitas para que la señora [Nombre 008] pueda visitar y permanecer con su hija durante algunas épocas del año, siendo que la niña como su padre se muestran anuentes, se concede el régimen de visitas, para lo cual las partes deben de coordinar la época más propicia para la niña. Según lo establece el artículo 26 del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores se dicta esta resolución sin especial condenatoria en costas” (ver prueba aportada al expediente) .

Por Voto No. 889-2019 de las 08:03 horas de 30 de octubre de 2019, el Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José, respecto a un recurso de apelación presentado por la madre de la menor de edad contra el Fallo No. 2019-388 de las 7:53 horas de 18 de julio de 2019, resolvió lo siguiente: “Se revoca la sentencia recurrida y, en su lugar, se acoge la solicitud de Restitución Internacional de Menores, de la persona menor de edad [Nombre 002] Sánchez, debiendo regresar a Panamá a su domicilio habitual, una vez firme la presente resolución. Se dicta este asunto sin especial mención en costas”. Dicho pronunciamiento fue confirmado, en todos sus extremos, por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (ver informes rendidos por los recurridos).

Mediante Sentencia No. 2020-007069 de las 09:20 horas de 14 de abril de 2020, este Tribunal declaró sin lugar el recurso de habeas corpus No. 20-003125-0007-CO, interpuesto por la recurrente contra el Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José por lo dispuesto en el Voto No. 889-2019 de las 08:03 horas de 30 de octubre de 2019 (ver informes rendidos por los recurridos).

El 29 de abril de 2020, mediante llamada telefónica, las autoridades del PANI informaron al padre de la menor que el traslado y entrega de esta se realizaría el 4 de mayo de 2020, en cumplimiento de la orden de restitución internacional. Además, se le informó que se habían realizado todas las coordinaciones con las autoridades panameñas con el fin de que se contara con la mayor protección para la niña y que la entrega se realizaría con las medidas de prevención necesarias, siendo que la menor, incluso, contaba con el salvoconducto sanitario correspondiente y que sería acompañada hasta su residencia por personeros del Ministerio de Salud de Panamá (ver informe y prueba aportada por el PANI).

Mediante resolución administrativa de las 18:55 horas de 4 de mayo de 2020, las autoridades de la Oficinal Local del PANI San José Este apercibieron al padre de la menor respecto de la obligación de entregar a la menor con el fin de retornarla a su residencia en Panamá y se indicó a las Autoridad Central de la República de Panamá a tomar las medidas necesarias de seguimiento para salvaguardar el interés superior de la menor. Esta resolución fue notificada a la Autoridad Central de Panamá el 5 de mayo de 2020 (ver prueba aportada al expediente).

En fecha 5 de mayo de 2020, se realizó el traslado de la menor a Panamá, siendo que las autoridades de ese país la recibieron a las 16:10 horas de 5 de mayo de 2020, y posteriormente, estas la entregaron a su madre (ver prueba aportada al expediente).

La restitución de la menor se realizó por medio de la Autoridad Central de Costa Rica y la Oficina Local del PANI San José Este, en conjunto con las autoridades de la República de Panamá, a saber, Autoridad Central de Panamá y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud y Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Para tales efectos, se contaba con auto No. 469 de 28 de abril de 2020 emitido por el Juzgado Primero Seccional de Familia de la Provincia de Chiriquí dentro del proceso de Guarda y Crianza. La niña fue trasladada en un vehículo del PANI en compañía de una funcionaria de esa institución, cumpliendo con todas las medidas de prevención dispuestas por el Ministerio de Salud de Costa Rica, tales como el uso de mascarillas y guantes, así como distanciamiento durante el viaje en el automotor. Además, se dictaron medidas de bioseguridad, ordenando al Ministerio de Salud de Panamá confeccionar el salvoconducto sanitario correspondiente y realizar la supervisión de la cuarentena obligatoria a la progenitora y a la niña en su casa de habitación. Asimismo, se ordenó a la Dirección de Servicio Nacional de Migración para que se tomaran las medidas correspondientes para que el paso de la menor por el puesto fronterizo se realizara de forma segura, resguardando la integridad de esta y de los funcionarios que ejecutaban la restitución, siendo que a la niña se le efectuó una valoración médica en el puesto de frontera, por medio de la cual se descartó que presentara sintomatología o algún padecimiento ocasionado por el virus COVID-19 (ver informes y prueba aportada al expediente).

SOBRE LA RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE PERSONAS MENORES DE EDAD DE ACUERDO CON EL CONVENIO SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES Y LA JURISPRUDENCIA DE ESTE TRIBUNAL. De previo a analizar el fondo de este proceso de habeas corpus, corresponde indicar que este Tribunal, en varias ocasiones, se ha referido a los procesos de restitución internacional de personas menores de edad. Al respecto, ha señalado que todo procedimiento debe guardar apego en lo dispuesto en el Convenio Sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Así, en sentencia No. 2019-12599 de las 09:30 horas de 9 de julio de 2019 indicó:

“III.- … El Convenio de La Haya de 28 de octubre de 1980, sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (aprobado en nuestro país mediante ley número 7746 de 23 de febrero de 1998) se constituye en un instrumento internacional establecido para la restitución de personas menores de edad que han sido trasladadas ilícitamente desde el país de su residencia habitual hacia otro Estado contratante, o bien, cuando su salida ha sido lícita, pero luego su permanencia en el Estado distinto al de su residencia habitual se transforma en ilegítima. Si bien el instrumento de cita tiene como finalidad primordial conseguir que la persona menor de edad del proceso sea restituida al país de su residencia habitual, lo cierto es que el propio Convenio también contempla algunas situaciones en las que las autoridades del país donde se encuentre podrían no aprobar su restitución. Estas causas se encuentran contempladas en los artículos 13 y 20, los que disponen lo siguiente: Artículo

No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución demuestra que: a) la persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención; o b) existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a la restitución, cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones. Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el presente artículo, las autoridades judiciales y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del menor proporcione la Autoridad Central u otra autoridad competente del lugar de residencia habitual del menor. Artículo

La restitución del menor conforme a lo dispuesto en el artículo 12 podrá denegarse cuando no lo permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esta Sala se ha referido a esta situación en varias oportunidades y, a manera de ejemplo, en su sentencia número 2008-15461 de las 15:07 del 15 de octubre de 2008, indicó lo siguiente:“(…) artículo 13.b del Convenio define una excepción a la restitución, cual es que con la misma se exponga al menor a una situación grave de peligro físico o psíquico, o se ponga al niño en una situación intolerable. Precisamente por ello, el párrafo tercero del mismo artículo 13, dispone que las autoridades deberán tomar en consideración la información que sobre la situación social del niño proporcione la autoridad central del país de residencia habitual, pero al mismo tiempo, el artículo 15 del Convenio señala que las autoridades del país donde se estima se produce la retención,podrán requerir al solicitante de la gestión que se aporte una decisión o certificación del Estado de residencia habitual donde se acredite que la retención del menor de edad es ilegítima, potestad que la Sala estima como de importante ejercicio en atención al principio del interés superior del niño, toda vez que con esta acreditación, las autoridades administrativas o judiciales podrán tener mejores elementos para determinar el carácter de la permanencia del menor. Particularmente ilustrativa a efectos de la decisión que deba tomarse, resulta la disposición del artículo 20 del Convenio, el cual define que la restitución puede denegarse cuando no la permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En otras palabras, si las autoridades administrativas o judiciales del Estado requerido, advierten que la restitución resulta contraria a los principios fundamentales del Estado en cuanto a la protección de los derechos humanos, esa restitución podrá ser denegada. En definitiva, el Convenio bajo estudio establece la posibilidad de disponer la restitución de menores cuando se acredite una retención ilegítima, pero al mismo tiempo impone a las autoridades del país requerido el ejercicio de ciertas potestades que determinan la procedencia o no de esa restitución; es decir, la restitución que permite y regula el Convenio no es absoluta, sino que encuentra limitaciones contundentes en lo que en los principios del Estado requerido en materia de derechos humanos. Asimismo, la Sala reconoce que al amparo del Convenio, las autoridades administrativas o judiciales del país requerido no prejuzgan sobre la guarda, crianza y educación de los menores, sino que valoran solamente si ha existido una retención ilegítima y ordenan la procedencia o no de la restitución internacional, siempre que no se esté ante circunstancias atenuantes o que impidan la restitución, tal y como se establece y acredita en esta sentencia”. Otro aspecto relevante que contiene el Convenio se refiere a la trascendencia que tiene el factor del tiempo. Por un lado, la restitución se debe gestionar, de principio, dentro del año siguiente al día en que la persona menor de edad fue trasladada ilícitamente, o bien, de la fecha en que la permanencia se tornó ilegítima. Esto lo establece el artículo 12, el cual señala: Artículo

Cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente en el sentido previsto en el artículo 3 y, en la fecha de la iniciación del procedimiento ante la autoridad judicial o administrativa del Estado contratante donde se halle el menor, hubiera transcurrido un periodo inferior a un año desde el momento en que se produjo el traslado o retención ilícitos, la autoridad competente ordenará la restitución inmediata del menor. La autoridad judicial o administrativa, aún en el caso de que se hubieren iniciado los procedimientos después de la expiración del plazo de un año a que se hace referencia en el párrafo precedente, ordenará asimismo la restitución del menor salvo que quede demostrado que el menor ha quedado integrado en su nuevo ambiente. Cuando la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido tenga razones para creer que el menor ha sido trasladado a otro Estado, podrá suspender el procedimiento o rechazar la solicitud de retorno del menor. Por el otro lado, el Convenio también exige a los Estados contratantes que sean diligentes para que el conflicto jurídico sea resuelto en el corto plazo, lo cual es razonable en virtud de que en este tipo de procesos no se entra a conocer aspectos relacionados con la guarda, custodia o tenencia de la persona menor de edad, precisamente porque la intención es que cualquier discusión sobre el particular sea conocida y resuelta por las autoridades del Estado de residencia habitual del niño y no por las autoridades del Estado al que fue trasladado. Esto lo contemplan los artículos 11 y 16 en los siguientes términos: Artículo

Las autoridades judiciales o administrativas de los Estados contratantes actuarán con urgencia en los procedimientos para la restitución de los menores. Si la autoridad judicial o administrativa competente no hubiera llegado a una decisión en el plazo de seis semanas a partir de la fecha de iniciación de los procedimientos, el solicitante o la Autoridad Central del Estado requerido, por iniciativa propia o a instancia de la Autoridad Central del Estado requirente tendrá derecho a pedir una declaración sobre las razones de la demora. Si la Autoridad Central del Estado requerido recibiera una respuesta, dicha Autoridad la transmitirá a la Autoridad Central del Estado requirente o, en su caso, al solicitante. Artículo

Después de haber sido informadas de un traslado o retención ilícitos de un menor en el sentido previsto en el artículo 3, las autoridades judiciales o administrativas del Estado contratante a donde haya sido trasladado el menor o donde esté retenido ilícitamente, no decidirán sobre la cuestión de fondo de los derechos de custodia hasta que se haya determinado que no se reúnen las condiciones del presente Convenio para la restitución del menor o hasta que haya transcurrido un periodo de tiempo razonable sin que se haya presentado una solicitud en virtud de este Convenio".

Asimismo, en la sentencia de cita, este Tribunal indicó:

“Ahora bien, en este caso como en los anteriores, debe insistirse en que el Convenio de la Haya pretende la restitución de la persona menor de edad de forma inmediata, siempre y cuando, el procedimiento de restitución sea solicitado ante la autoridad judicial o administrativa en período menor a un año desde el momento en que se produjo el traslado o retención ilícitos. En los supuestos en que se hubiesen solicitado los procedimientos luego de la expiración del plazo de un año se ordenará la restitución del menor salvo que quede demostrado que el menor ha quedado integrado en su nuevo ambiente. De modo que, es indispensable que todas las entidades involucradas en este tipo de procesos generen su mayor esfuerzo para que no se incumplan los plazos máximos. Como se indicó previamente, estamos en presencia de menores de edad y de relaciones familiares que se ven seriamente afectadas ante la demora en la obtención de la solución de su conflicto que se pone en manos de nuestro Poder Judicial. En esa misma sentencia, mediante nota particular, el Magistrado Cruz Castro dijo lo siguiente: “[…] En primer término, considero que es prioritario, fortalecer lo establecido en tal convenio, mediante el dictado de célere. Nótese que pese a que los numerales 2 y 11 del referido convenio expresa y claramente establecen la aplicación de procedimientos de urgencia e, incluso, se señale un plazo máximo de seis semanas para tal efecto, Costa Rica no cuenta con un proceso especial y particular que permita a los Jueces de la República definir la situación de la persona menor de edad de forma expedita, conforme los supra citados términos. La celeridad en este caso es uno de los objetivos esenciales de estas diligencias judiciales internacionales. La demora en estos procesos judiciales se ve claramente reflejada tanto en los tres precedentes citados (votos Nos. 2008-15461, 2013-6644 y 2017-2800), como en esta sentencia, donde consta que el proceso aplicado al efecto y ante la carencia de normativa especial, inició desde septiembre de 2016 y concluyó hasta en el mes de octubre de 2017, sea, luego de transcurrido un plazo excesivo e irrazonable de más de un año. Esta situación de graves retrasos en la tramitación, contraviene no sólo los fines del convenio -al instaurar y consolidar un arraigo y culturización del menor de edad en el Estado requerido que hace que se dificulte el proceso de restitución-, sino, que perjudica el interés superior de las personas menores de edad. En esencia, la tardanza en la que actualmente incurren los Juzgados y Tribunales de Costa Rica durante la tramitación de los procesos en cuestión, atenta gravemente contra los principios de eficacia y eficiencia que deben imperar durante la aplicación del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. La lentitud en la tramitación hace naufragar los objetivos de un proceso especial que pretende reducir los efectos dañinos de la sustracción transnacional de menores. De ahí que, como lo mencioné, resulte sumamente necesaria la emisión de normativa que agilice tales procesos y permita su conclusión dentro del menor tiempo posible. […]”.

Además, indicó:

“… Conviene señalar, para finalizar este apartado, que a raíz de los dos precedentes citados, las autoridades administrativas del Poder Judicial abordaron el problema que se presentaba en el aspecto procesal y, como primera medida, la Corte Plena -en sesión 40-18, de 27 de agosto de 2018, artículo XXXI- dispuso explícitamente que el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José es el competente, a nivel nacional, para conocer y tramitar los procesos de restitución internacional de personas menores de edad; y, como segunda medida, el Consejo Superior del Poder Judicial, mediante Circular No. 11-2019, no solo les recordó a los Despachos Judiciales de primera y de segunda instancia en materia de Niñez y Adolescencia los votos 2017-2800 y 2018-8878 de esta Sala, sino que también les comunicó “la obligación de velar por que dichos procesos se tramiten y resuelvan sin dilaciones conforme con los plazos establecidos en el Convenio (seis semanas para las dos instancias, artículo 2 y 11, esto es cuarenta y dos días naturales) siguiendo el proceso de urgencia establecido en el Código de Niñez y Adolescencia (ver arts. 141 y siguientes) ajustando el mismo a las particularidades que presenta el Convenio, incluyendo el cumplimiento de dicho plazo, dándole una tramitación expedita y privilegiada similar a la del recurso de amparo. […]”

SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA EN LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE PERSONAS MENORES DE EDAD. En los procesos de restitución internacional de menores que se desarrollan conforme a lo dispuesto en el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1990, sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, se presenta la particularidad de que el Patronato Nacional de la Infancia actúa en una doble condición, pues lo hace en condición de Autoridad Central del Estado de Costa Rica en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo número 29694-RE-J-MP, de 21 de junio de 2001; y también lo hace, mediante alguna de sus Oficinas Locales, como institución constitucionalmente obligada a proteger a las madres y a las personas menores de edad. (Artículo 55 de la Constitución)” (resaltado del original) .

SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub-examine, la recurrente, pretende que este Tribunal Constitucional disponga que la menor de edad tutelada no sea trasladada a Panamá, tal como lo dispuso el Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José, argumentando peligro para la salud y vida de la menor con ocasión de la pandemia por COVID-19. Respecto a tal pretensión, en primer término, corresponde indicar que el Patronato Nacional de la Infancia formuló un Proceso de Restitución Internacional de Menores ante el Juzgado de Familia, Niñez y la Adolescencia de San José -expediente N° [Valor 002] -, en el que figuran como partes el señor [Nombre 007] y [Nombre 008]- quien interpuso el proceso en Panamá-, con el fin de restituir a la menor de edad [Nombre 002] Sánchez -de nacionalidad panameña- a ciudad de Panamá de conformidad con el Convenio Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Mediante Sentencia de Primera Instancia No. 2019-388 de las 7:53 horas de 18 de julio de 2019 del Juzgado de Familia, Niñez y la Adolescencia de San José, se resolvió lo siguiente: “De conformidad con lo expuesto, y la normativa citada lo procedente es declarar SIN LUGAR la solicitud de RESTITUCIÓN INTERNACIONAL de la niña [Nombre 002] SÁNCHEZ en relación a la petición subsidiaria de un régimen de visitas para que la señora [Nombre 008] pueda visitar y permanecer con su hija durante algunas épocas del año, siendo que la niña como su padre se muestran anuentes, se concede el régimen de visitas, para lo cual las partes deben de coordinar la época más propicia para la niña. Según lo establece el artículo 26 del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores se dicta esta resolución sin especial condenatoria en costas”. No obstante, la madre de la menor interpuso un recurso de apelación contra el fallo supra citado, el cual fue resuelto por el Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José mediante Voto No. 889-2019 de las 08:03 horas de 30 de octubre de 2019, indicando: “Se revoca la sentencia recurrida y, en su lugar, se acoge la solicitud de Restitución Internacional de Menores, de la persona menor de edad [Nombre 002] Sánchez, debiendo regresar a Panamá a su domicilio habitual, una vez firme la presente resolución. Se dicta este asunto sin especial mención en costas”. Dicho pronunciamiento fue confirmado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia No. 280-2020 de las 10:35 horas de 14 de febrero de 2020. Posteriormente, la recurrente interpuso un recurso de habeas corpus contra el Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José, por lo dispuesto en el Voto No. 889-2019. Dicho proceso fue resuelto por Sentencia No. No. 2020-007069 de las 09:20 horas de 14 de abril de 2020, siendo que este Tribunal lo declaró sin lugar e indicó, en lo que interesa:

“(…) no se acreditaron las circunstancias expuestas por la defensa del señor [Nombre 007], ya que precisamente, en atención al interés superior de la menor de edad y, en aplicación del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Personas Menores de Edad y la Convención Interamericana sobre Restitución de Menores, se determinó que procedía su restitución a Panamá, sin que ello constituya una vulneración de lo dispuesto en materia de menores de edad en la Constitución Política, o bien, en la Convención de los Derechos del Niño. Además, contrario a lo afirmado por la recurrente, la exposición de la Juzgadora se realizó de manera debidamente fundamentada en la sentencia parcialmente citada y pronunciándose ampliamente respecto a las declaraciones de la niña y las razones por las cuales debía regresar con su madre -quien ostenta su guarda y crianza desde el año 2016- (...)”.

Ante los pronunciamientos anteriormente citados, la recurrente acude nuevamente a este Tribunal, mediante la interposición de un nuevo proceso sumario de habeas corpus, solicitando que ante la pandemia de COVID-19 no se ejecute lo dispuesto por el Tribunal de Familia. Esto, porque a su criterio, las autoridades del PANI y la Dirección General de Migración y Extranjería, así como las autoridades panameñas, no han tomado las medidas sanitarias para garantizar la salud, integridad y vida de la menor ante la pandemia de COVID-19.

Ahora bien, con el fin de acatar lo dispuesto por el Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José, así como ante la negativa del progenitor de entregar a la menor ante las autoridades del PANI, esa institución, por medio de la Oficina Local San José Este, emitió resolución administrativa de las 18:55 horas de 4 de mayo de 2020, en la que se determinó dos aspectos importantes de previo a la restitución de la menor: a) apercibieron al padre de la niña respecto de la obligación de entregar a la menor con el fin de retornarla a su residencia en Panamá, y b) se indicó a la Autoridad Central de la República de Panamá la necesidad de tomar las medidas necesarias para que durante el traslado de la menor se contaran con las medidas necesarias para asegurar la salud, integridad y vida de esta, así como la obligación de dar seguimiento a la niña y su madre una vez hecha la restitución, con el fin de salvaguardar el interés superior de la menor. Esta resolución fue notificada a la Autoridad Central de Panamá el 5 de mayo de 2020. Así, el mismo 5 de mayo de 2020, se realizó el traslado de la menor a Panamá, siendo que las autoridades de ese país la recibieron a las 16:10 horas de ese día, y estas, posteriormente, la entregaron a su madre. Se constata que la restitución de la menor se realizó por medio de la Autoridad Central de Costa Rica y la Oficina Local del PANI San José Este, en conjunto con las autoridades de la República de Panamá, a saber, Autoridad Central de Panamá, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud y Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Para tales efectos, se contaba con auto No. 469 de 28 de abril de 2020 emitido por el Juzgado Primero Seccional de Familia de la Provincia de Chiriquí dentro del proceso de Guarda y Crianza tramitado en ese despacho judicial panameño. La niña fue trasladada en un vehículo del PANI en compañía de una funcionaria de esa institución, cumpliendo con todas las medidas de prevención dispuestas por el Ministerio de Salud de Costa Rica, tales como el uso de mascarillas y guantes, así como distanciamiento durante el viaje en el automotor. Además, se dictaron medidas de bioseguridad, ordenando al Ministerio de Salud de Panamá confeccionar el salvoconducto sanitario correspondiente y realizar la supervisión de la cuarentena obligatoria a la progenitora y a la niña en su casa de habitación. Asimismo, se ordenó a la Dirección de Servicio Nacional de Migración para que se tomaran las medidas correspondientes para que el paso de la menor por el puesto fronterizo se realizara de forma segura, resguardando la integridad y salud, tanto de esta como de los funcionarios que ejecutaban la restitución. Una vez que la menor se encontraba en el puesto fronterizo de Paso Canoas, se le efectuó una valoración médica, a partir de la cual se descartó que presentara sintomatología o algún padecimiento ocasionado por el virus COVID-19, es decir, se verificó que la niña se encontraba en las condiciones de salud adecuadas. Así las cosas, se tiene por demostrado que el traslado de la menor se efectuó de forma efectiva y segura, acatando y ejecutando todas las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades costarricenses y panameñas.

Es menester indicar que este Tribunal, en la resolución de curso dictada en este proceso -resolución de las 08:55 horas de 5 de mayo de 2020- dictó medida cautelar en los siguientes términos: “(…) se ordena a la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia y a la directora general de Migración y Extranjería, VERIFICAR DE INMEDIATO LO ALEGADO POR LA PARTE RECURRENTE Y, DE DETERMINARSE LA EXISTENCIA DE ALGÚN RIESGO PARA LA VIDA O INTEGRIDAD FÍSICA DE [Nombre 002] , ADOPTAR, SIN DILACIÓN ALGUNA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERTINENTES (…)” . De tal forma, las actuaciones de las autoridades encargadas del traslado de la menor, además de ejecutarse resguardando la salud y vida de la amparada, se efectuaron de conformidad con lo dispuesto, de forma cautelar, por esta Sala. Aún cuando la recurrente, de forma reiterada –v. gr. mediante escritos presentados a las 07:11 horas y a las 10:06 horas, ambas de 5 de mayo de 2020-, solicitó que este Tribunal dictara una medida cautelar, lo cierto es que este dispuso una medida razonable, proporcional y de acuerdo con los intereses de todas las partes del proceso de restitución . No debe perderse de vista que en los diversos pronunciamientos por parte de las distintas autoridades jurisdiccionales –Voto No. 889-2019 de las 08:03 horas de 30 de octubre de 2019 del Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José y Sentencia No. 280-2020 de las 10:35 horas de 14 de febrero de 2020 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia- se analizó la solicitud de restitución de la menor a su madre, en Panamá, y se determinó que, en atención al interés superior de la menor de edad y en aplicación del Convenio Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Personas Menores de Edad y la Convención Interamericana sobre Restitución de Menores, esta era procedente. Asimismo, mediante Sentencia No. 2020-007069 de las 09:20 horas de 14 de abril de 2020, este Tribunal hizo un análisis de constitucionalidad de las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales que conocieron y resolvieron el proceso de restitución, siendo que determinó que no había algún vicio que resultara contrario a los derechos fundamentales de la tutelada. De tal forma, se constata que en todo momento, tanto las autoridades encargadas de la ejecución del traslado de la menor, como las autoridades jurisdiccionales que conocieron el caso de la menor tutelada, actuaron en resguardo del interés superior de esta y, en el caso de este Tribunal Constitucional, emitió las medidas cautelares adecuadas, en resguardo de la niña y de los intereses del proceso de restitución. Así, se entiende que la medida cautelar solicitada, de forma reiterada, por parte de la accionante tenía como fin evitar que la menor fuera trasladada a Panamá, lo que resulta contrario a lo dispuesto por las autoridades jurisdiccionales. En todo caso, si la recurrente pretendía que la niña no fuera expuesta a riesgos durante su traslado, debió acudir ante las autoridades administrativas correspondientes -PANI, Ministerio de Salud y Dirección General de Migración y Extranjería-, o ante la autoridad jurisdiccional competente en el ámbito de la legalidad, para exigir la aplicación de los protocolos sanitarios adecuados.

En todo caso, tal como se ha indicado, se constata que el traslado y restitución de la menor a su madre en Panamá, se ejecutó en apego de las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades competentes con ocasión de la pandemia de COVID-19, sin que haya existido alguna situación real de peligro que comprometiera la salud y la vida de la niña. En consecuencia, se descarta la lesión de los derechos fundamentales de esta y en consecuencia, este proceso de habeas corpus merece ser desestimado, como en efecto se dispone.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.