Resolución 09519-2019

Por escrito incorporado al expediente digital a las 11:58 horas del 21 de mayo de 2019, los recurrentes

interponen recurso de amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública. Indica la accionante que es madre de dos

menores, uno costarricense y otro nicaragüense. Alega la amparada que tiene trámites pendientes planteados ante la

Casa Amarilla. Señala la promovente que se le pretende desalojar de la propiedad que su anterior pareja sentimental le

donó. Reseña la gestionante que vivió en unión de hecho con su ex compañero de 2005 a 2018, hasta que decidió

abandonarla en dicho fundo. Manifiestan que, en junio de 2016, el susodicho donó a una de sus hijas (fuera de la

relación) la propiedad, por lo que se le quiere desalojar del inmueble. Agrega la recurrente que el 17 de mayo de 2019

se plateó un proceso de reconocimiento de unión de hecho y bienes gananciales contra su anterior pareja sentimental

ante el Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de San José. Solicitan que se declare sin lugar el recurso y se

deje sin efecto el desalojo tramitado en su contra.

El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el

fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento

que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para

rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta la Magistrada

Picado Brenes; y,

OBJETO DEL RECURSO. Indica la accionante que es madre de dos

menores, uno costarricense y otro nicaragüense. Alega la amparada que tiene

trámites pendientes planteados ante la Casa Amarilla. Señala la promovente que se

le pretende desalojar de la propiedad que su anterior pareja sentimental le donó.

Reseña la gestionante que vivió en unión de hecho con su ex compañero de 2005 a

2018, hasta que decidió abandonarla en dicho fundo. Manifiestan que, en junio de

2016, el susodicho donó a una de sus hijas (fuera de la relación) la propiedad, por

lo que se le quiere desalojar del inmueble. Agrega la recurrente que el 17 de mayo

de 2019 se plateó un proceso de reconocimiento de unión de hecho y bienes

gananciales contra su anterior pareja sentimental ante el Juzgado de Familia del

Segundo Circuito Judicial de San José. Solicitan que se declare sin lugar el recurso

y se deje sin efecto el desalojo tramitado en su contra.

SOBRE LOS ALCANCES DE LA COMPETENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE

DESALOJOS ADMINISTRATIVOS. Este Tribunal se ha pronunciado, de manera reiterada, sobre sus competencias

en materia de desalojos administrativos. Entre otras, en la sentencia n.° 2010-012838 de las 09:46 horas del 30 de julio

de 2010, indicó lo siguiente:

“(…) En relación con el tema objeto de discusión en este recurso, debe recordarse los

alcances de la competencia de este Tribunal Constitucional en materia de desalojos

administrativos, que se concreta a verificar el cumplimiento de un debido proceso

mínimo, consistente en una comunicación previa, siendo que esta Sala no tiene

competencia para revisar un desalojo decretado, examinando si este es procedente o no.

[…] Una vez que este Ministerio, después de realizar las comprobaciones del caso,

acoge la solicitud de desalojo y ordena a los ocupantes hacer abandono del inmueble,

ese acto es ejecutivo y ejecutable. La única forma de suspender el desalojo es porque así

se decida en sede administrativa, o porque, en caso de que el asunto haya continuado

en sede judicial, un juez ordinario dicte como medida cautelar la suspensión de la orden

de desalojo (ver al respecto resolución 2003-006359 de las 09:05 horas del 04 de julio

del 2003) (…)”.

SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, de la prueba aportada se desprende que el Ministerio de

Seguridad Pública, en uso de las competencias que le han sido atribuidas por el ordenamiento jurídico, está

tramitando un proceso de desalojo administrativo por mera tolerancia en contra de la recurrente, respecto al cual se le

otorgó audiencia a fin de oponerse y ejercer su derecho de defensa. Ante tal panorama, no estima la Sala que se haya

producido lesión alguna a los derechos fundamentales de la recurrente. Debe tener presente la accionante que la

discusión que se origine respecto a los derechos de posesión y propiedad sobre determinado bien corresponde ser

dilucidada en las vías de legalidad común. De conformidad con las razones expuestas y lo señalado en la sentencia

citada, a este Tribunal no le corresponde verificar, de conformidad con la normativa infraconstitucional vigente, si el

desalojo procede o no. En consecuencia, deberá la gestionante plantear sus reclamos ante el ministerio accionado o

ante la sede jurisdiccional ordinaria, donde podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus

pretensiones. De otra parte, si bien la parte accionante alega que inició con el trámite de reconocimiento de unión de

hecho contra su ex pareja, no menos cierto es que no aduce ni demuestra que se haya dictado alguna medida cautelar

ordenando la suspensión del desalojo. Ergo, el recurso se declara improcedente.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

. Se previene a la parte recurrente que de haber

aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de

carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán

ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta

sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo

dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en

sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero

del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada

el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.