Resolución 12095-2018

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:02 horas del 4 de diciembre de 2018, la recurrente interpone recurso de amparo contra LA MINISTRA Y EL DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN OCCIDENTE, AMBOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Y LA DIRECTORA INSTITUCIONAL DEL COLEGIO CIENTÍFICO DE SAN RAMÓN, y manifiesta lo siguiente, en resumen: que la menor amparada es su hija, quien, desde su ingreso al Colegio Científico de San Ramón, ha sido víctima de acoso psicológico y discriminación racial, por parte de la directora institucional, algunos funcionarios y alumnos, todos del colegio recurrido. Indica que ante los hechos descritos y debido a que la directora recurrida pretendía “sacar” a su hija del colegio a medio año, sin motivo alguno, decidió presentar ante el Juzgado de Familia de San Ramón, un proceso especial de protección en favor de la menor. Señala que, como parte de los actos de persecución racial, en el caso particular de su hija, la directora se dio a la tarea de modificarle las notas con la única intención de expulsarla del centro educativo en cuestión. Sostiene que el racismo en contra de su hija por ser “negra”, también ha permeado a algunos de los estudiantes del colegio, a quienes la directora recurrida, abiertamente, les ha manifestado que: “no se preocupen, que ya el punto negro se va a ir del colegio”. Añade que pese a lo anterior, la menor amparada siempre ha sido una estudiante con notas excelentes. Plantea que ante la problemática expuesta, ha solicitado la ayuda de distintas instancias del MEP. Sin embargo, la respuesta que ha obtenido es que no les corresponde conocer de la situación. Por su parte, al acudir a la Contraloría de Derechos Estudiantiles, se le dijo que ya conocían del tema y que estaban trabajando fuertemente en él. No obstante, considera que, al tratarse de una situación de agresión y acoso en contra de una menor de color, las autoridades no deben manejar el caso de forma tan burocrática y lenta. Manifiesta que en cuanto a la ministra recurrida, ésta respondió que los Colegios Científicos no están regulados, argumento que, en criterio de la reclamante, resulta inválido. Alega que, luego, ante la desobediencia de la directora recurrida en acatar la orden del Juzgado, tuvo que denunciarla penalmente ante la Fiscalía de San Ramón. Sin embargo, esto provocó que los funcionarios de la institución reprobaran a la menor en varias de las materias, siendo la única en todo el colegio. Considera que, así las cosas, el racismo que actualmente sufre su hija debe ser detenido por las autoridades del MEP. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.

Informa bajo juramento Sonia Marta Mora Escalante, en su calidad de ministra de Educación Pública, que ese ministerio no tolera acto discriminatorio alguno en contra de los estudiantes, y que, según la gravedad de los hechos, puede ordenarse desde una amonestación hasta un despido. Explica que los colegios científicos no son centros educativos públicos regulares (que se rigen por acuerdos del Consejo Superior de Educación, el Código de Educación, la Ley Fundamental de Educación, el Decreto de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, y el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, entre otros), sino que se les aplica una normativa especial (concretamente, la Ley de Promoción y Desarrollo Científico y Tecnológico, su reglamento Decreto Ejecutivo Nº 21732-MICIT-MEP y el Decreto Ejecutivo Nº 24961-MEP). Por ello, aunque el MEP gira recursos para el correcto funcionamiento de la oferta educativa denominada “colegios científicos”, no realiza los nombramientos de los funcionarios, ni tiene mayor injerencia en la toma de decisiones respecto a los nombramientos o despidos de los Colegios Científicos. Debido a lo anterior, considera pertinente que se consulte el caso a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica y a la Dirección Ejecutiva de los Colegios Científicos respecto a los hechos denunciados y las medidas administrativas a considerar en caso de que se demuestre una actividad discriminatoria de parte de la funcionaria denunciada. Indica que no consta, a la fecha, que existan prácticas discriminatorias en contra de la estudiante tutelada, aunque no descarta que efectivamente hayan sucedido. El caso fue presentado por la estudiante ante ese Despacho el 2 de octubre de 2017, y mediante oficio DMS-3404-10-2017 del 9 de octubre de 2017, fue trasladado a la Contraloría de Derechos Estudiantiles, que se encuentra analizando la denuncia presentada. Solicita que se desestime el recurso planteado.

Informa bajo juramento Rolando Herrera Mata, en su condición de Director Regional de Enseñanza Occidente, que cuando la estudiante acudió a la Dirección Regional, se le brindó la atención correspondiente, realizándose una reunión con la Jefatura de Asesoría Pedagógica. Considera que de existir algún indicio de racismo en contra de cualquier actor de la comunidad educativa, debe ser atendido de manera pronta y bajo los protocolos que el MEP ha establecido para esos fines.

Por oficio recibido a las 18:20 horas del 06 de enero de 2018, la amparada manifiesta que en el año 2016, cuando se estaba preparando para ingresar al colegio, en la entrevista y sin haber realizado el examen de ingreso, la directora le indicó que ella no tenía el nivel para ser estudiante de ese centro, a pesar de estar entre los cinco mejores promedios de ingreso. Acusa que la recurrida le mostró “actitudes feas”, diciéndole que le hacía un favor al permitirle ingresar al colegio. Además, siendo estudiante regular, la directora no permitía que sus padres visitaran el colegio para hablar con los profesores sobre su rendimiento, aduciendo que era un colegio preuniversitario. Refiere que sucedieron varias irregularidades, como traslados de estudiantes que no lo habían solicitado y modificaciones de notas al antojo de los profesores y la directora. Afirma que a partir del 21 de julio comenzó a sufrir bullying y racismo por parte de profesores, compañeros y la propia directora accionada, quien además le manifestaba a sus padres que debían pasarla de colegio porque no iba a prosperar ahí. La situación llegó al punto que algunos compañeros la maltrataron físicamente, lo que la llevó a tener crisis psicológicas y requerir ayuda profesional. Acusa que las notas del segundo período fueron cambiadas por la directora para poder sacarla del colegio, aun cuando sí había aprobado las materias que ella le decía que tenía perdidas. En este contexto, la tutelada afirma haberse enterado de compañeros que llevaban notas muy malas como para pasar el año —una de ellas lloró en sus hombros contándome que se había quedado—. Sin embargo, una estudiante, que era la que más mal iba durante todo el año, a cambio de ser testigo en los procesos contra la directora, empezó a recibir privilegios, como hacer los exámenes en la Dirección. Acusa que dicha directora, además, pone a los demás alumnos y padres en su contra. Considera que una persona así no debería estar dirigiendo un colegio, y señala que ni las autoridades del MEP, ni de las de la Universidad de Costa Rica tienen competencia real para intervenir, lo que deja a los colegios científicos sin control alguno y a ella sin saber en manos de quién está su situación. Reitera que sus notas han sido manipuladas, y que cuando las ha apelado, los profesores responden de manera sarcástica, grosera e irrespetuosa. Añade que la salud de su madre se ha visto muy afectada por esta situación, y que además la hermana de la recurrida trabaja en la Dirección Regional de San Ramón, por lo que increpó al director preguntando sobre quién atacaba a su hermana. Manifiesta sentirse inquieta sobre su futuro después de las vacaciones, por lo que solicita se suspenda a la recurrida hasta que se solucione el problema denunciado. Solicita se estime el recurso con todas las consecuencias de ley.

Informa bajo juramento Xinia Villalobos Zúñiga, en su condición de directora ejecutiva Institucional del Colegio Científico de Costa Rica, Sede Occidente, que los colegios científicos nacen al alero de las Universidades Públicas del país, de modo que su funcionamiento está regulado por la Ley Nº 7169 de Promoción y Desarrollo Científico y Tecnológico, su reglamento Decreto Ejecutivo Nº 21732-MICIT-MEP y el Decreto Ejecutivo Nº 24961-MEP. Estos colegios son los encargados de desarrollar el plan de estudios y los programas que conforman la rama científica de la educación diversificada en el sistema educativo nacional, y su plan de estudios contiene dos conjuntos de asignaturas, las de área general y las de área de profundización. Por su parte, corresponde al Consejo Superior de Educación aprobar las normas relativas a la evaluación y promoción en los colegios científicos. Explica que, según la normativa citada, si en décimo año el estudiante reprueba una o más asignaturas del área de profundización, no pierde el año, pero sí su derecho a permanecer en el sistema de colegios científicos. Indica que, en el presente caso, los padres de la menor fueron informados, de previo, sobre el rendimiento que la menor exhibía, y posteriormente se les hizo entrega del reporte de notas del primer semestre, en el que se acreditaba su rendimiento académico; y, finalmente, cuando mediante oficio SO-CCC-047-17 del 21 de julio de 2017, se les comunicó que la estudiante tenía la condición de reprobada y se puso a su disposición la documentación requerida para su traslado. No obstante, ante su disconformidad con la disposición institucional, el padre de la menor gestionó un proceso especial de protección ante el Juzgado de Familia de San Ramón, órgano jurisdiccional que ordenó no impedir el ingreso de la persona menor de edad [Nombre 002] al centro educativo colegio científico, a fin de que pudiera continuar sus estudios de décimo año. Asimismo, también fue planteado un proceso de medida cautelar ante causam ante el Tribunal Contencioso Administrativo. En acatamiento a dicha medida cautelar, la amparada concluyó el segundo semestre. Sin embargo, lo hizo con calificaciones y un promedio anual por debajo del mínimo requerido en seis asignaturas (dos del área general y cuatro del área de profundización), por lo que se colocó en la condición de reprobada. La madre de la menor formuló apelaciones contra las calificaciones asignadas, que fueron debida y oportunamente resueltas, manteniéndose la condición de reprobada. Afirma que no es cierto que la alumna haya sido víctima de acoso psicológico y discriminación racial, pues desde su ingreso ha sido atendida exactamente igual que todos los estudiantes, y cuando fue requerido, gozó de los apoyos académicos y psicológicos para su adecuada inserción en el proceso educativo. Considera que la madre pretende ignorar la normativa especial de los colegios científicos y las consecuencias asignadas cuando los estudiantes no alcanzan las calificaciones mínimas requeridas. Aclara que las notas no las asigna la Dirección del colegio, sino cada docente, y son comunicadas al hogar mediante el informe respectivo; y que no cumplir con el perfil académico no significa su expulsión del sistema educativo, sino que debe regresar a una institución —sea la de procedencia u otra de su elección— para continuar con sus estudios. Rechaza enfáticamente que la amparada haya sido víctima de actos de racismo por ser “negra”, y manifiesta sin más motivos que ante el rendimiento académico alcanzado por su hija, la familia ha asumido una actitud negativa hacia la directora y los demás funcionarios y estudiantes. Reitera que la estudiante no alcanzó las calificaciones mínimas requeridas en el proceso educativo para aprobar, ni en el primer semestre, ni en el

Acepta la informante que el padre de la menor formuló una denuncia penal en su contra, por considerar que desobedeció la orden cautelar dispuesta por el Juzgado de Familia, y refiere que dicha denuncia se encuentra en investigación. Estima que el traslado de la estudiante no constituye lesión alguna a sus derechos fundamentales, ni puede catalogarse como acto discriminatorio contrario a la dignidad humana, sino que constituye la aplicación de las normas que regulan el proceso educativo y formativo en que se encuentran inmersos los estudiantes de ese colegio, previa constatación del incumplimiento a las condiciones y requisitos legales para su permanencia en el mismo. Considera que el recurso carece de fundamento fáctico y jurídico, por lo que solicita su desestimación.

Por medio de oficios del 6 y el 12 de febrero de 2018, la recurrente reitera sus manifestaciones y solicita que se apliquen a la amparada pruebas de convocatoria para las materias que reprobó. Añade que conoce el caso de una estudiante que se quedó en tres materias en el colegio científico, pero presentó exámenes y aprobó, e inclusive se graduó del colegio; pero cuando le mencionó el caso a la recurrida con el afán de solicitar la aplicación de pruebas de convocatoria, esta última le respondió que se trataba de un plan piloto que se implantó ese año y no se volvería a realizar. Considera la recurrente que esto último es discriminatorio. Menciona que el profesor de inglés aplicaba diferentes exámenes, según el nivel de los estudiantes, siendo que durante el segundo semestre, la menor amparada le solicitó ser incluida en el grupo con el nivel más bajo, pero el docente le indicó que no podía, todo lo cual la petente también considera discriminatorio. En su criterio, la recurrida ha admitido en distintas ocasiones la manipulación de las notas a su antojo, así como el manejo de los profesores; y además emitió una certificación de traslado distinta para su hija, puesto que habitualmente no se incluyen en ellas las materias de profundización, pero aquella sí las incluyó en su documento para perjudicar a la amparada.

Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 11:47 horas del 15 de febrero de 2018, Montserrat Solano Carboni, en su condición de Defensora de los Habitantes de la República, interpone coadyuvancia en el presente asunto y manifiesta que las medidas que se adopten deben garantizar el derecho a la educación y el interés superior de la menor amparada. Asimismo, hace un llamado a eliminar la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, a través de la preservación y el fomento de la tolerancia, el pluralismo, y el respeto a la diversidad. Solicita que se garantice la matrícula de la tutelada en undécimo año del centro educativo que elija, y se declare su derecho a continuar con sus estudios de secundaria.

Por resolución de las 14:19 horas del 3 de mayo de 2018, como prueba para mejor resolver, se le solicitó a la Sección de Psiquiatría y Psicología Forense del Departamento de Medicina Legal del Complejo de Ciencias Forenses, que valorara a la amparada [Nombre 002], e informara si dicha menor de edad presentaba traumas o secuelas psicológicas que fueran consistentes con haber sido víctima de acoso, hostigamiento, bullying, microinsultos, microagresiones y/o microinvalidaciones con contenido racista en su lugar de estudio. Lo anterior debía informarlo dentro de ocho días siguientes a la notificación de ese pronunciamiento.

En razón de lo anterior, a las 14:31 horas del 15 de mayo de 2018, se recibió en esta Sala el Dictamen Pericial Psicológico Forense Nº PPF-2018-0000994 del 11 de mayo de 2018, suscrito por la Máster Eugenia Víquez Hidalgo, Psicóloga Forense Código 1532, y refrendado por la Dra. Sisy María Castillo Ramírez, Médica Psiquiatra, Código 3679, Jefa, Jefatura del Departamento de Medicina Legal.

Por resolución de las 09:25 horas del 16 de mayo de 2018, se tuvieron por ampliadas las partes las partes consignadas en este recurso de amparo y, en consecuencia, se le dio audiencia al RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LOS COLEGIOS CIENTÍFICOS, para que informaran sobre los hechos alegados por la recurrente.

Informa bajo juramento Ruth de la Asunción Romero, en su condición de rectora a.i. de la UCR, que la base normativa de los Colegios Científicos de Costa Rica se encuentra en la Ley de Promoción y Desarrollo Científico y Tecnológico, Ley N° 7169 del 1° de agosto de 1990 y en su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 21731-MICIT -MEP. Los colegios científicos poseen personería jurídica propia, según el artículo 61 de la Ley N° 7169. El nombramiento del ejecutivo institucional (director del colegio) es competencia del Consejo Nacional de Colegios Científicos, a propuesta del consejo académico de cada colegio científico, según lo dispone el artículo 59 inciso f) de la misma ley. Los colegios científicos funcionan en sedes de las universidades públicas debido a la necesidad de planta física y del uso de los laboratorios de química, física, biología, idiomas y cómputo, los cuales son más especializados. En el caso del Colegio Científico de San Ramón, el MEP suscribió con la UCR un convenio a efecto de dicha universidad facilitara el uso de las instalaciones de su Sede Regional de Occidente (San Ramón) para el funcionamiento de dicho colegio científico. Alega que los hechos objeto de este amparo no le constan y son ajenos a la esfera de competencia de la UCR. Añade que de previo a la interposición de este recurso de amparo, el señor Marco Vinicio Elizondo Arredondo, padre de la menor amparada, interpuso una solicitud de medida cautelar en sede contencioso administrativa, que fue tramitada ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, bajo el expediente N° 17-009559-1027-CA. Dicha medida fue rechazada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, en sentencia N° 80-2018 de las 15:00 horas del 16 de enero de 2018.

El Técnico Judicial 3 a.i. Carlos Robert Cárdenas García, en fecha 28 de mayo de 2018, a ser las 09:50 horas realizó una llamada telefónica al 22380771. En dicha llamada contactó a Sonia Ramírez Arias, en su calidad de directora del Colegio Científico Costarricense de San Pedro. La informante le indicó que “aproximadamente desde el mes de abril nadie ocupa la posición de Director Ejecutivo de los Colegios Científicos”. Asimismo, señaló que “ actualmente no hay ningún asistente o interino desempeñando dicha labor, por lo que se está a la espera del próximo Consejo Nacional, donde los ministros correspondientes harán el nombramiento para dicho puesto”. Es entonces que, por esta razón, no se logra notificar la resolución de las 09:25 horas del 16 de mayo de 2019 al director ejecutivo de los Colegios Científicos.

Por escrito recibido a las 11:49 horas del 4 de junio de 2018, la recurrente reitera sus manifestaciones sobre la supuesta alteración de las notas de la amparada que provocó que quedara reprobada en Inglés y Matemáticas. Añade que en la sentencia N° 171-18 del Juzgado de Familia de San Ramón se ordenó que la amparada pudiera matricularse en el colegio de su preferencia y afirma que así se hizo. Sin embargo, a pesar de que en dicho proveído se le indicaba a la directora recurrida que debía emitir el traslado de la menor tutelada, únicamente con las notas de la diversificada, omitiendo las notas de profundización y cualquier información sensible de la menor, a esa fecha, la citada directora no había cumplido esas órdenes, a contrapelo de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley contra la Violencia Doméstica. Alega la accionante que en más de una ocasión se le ha solicitado a doña Xinia que extienda el certificado de traslado y ella ha hecho caso omiso de tales peticiones, con todo y que ha sido denunciada penalmente. Agrega que lo anterior perjudica sobremanera a la amparada, pues ella necesita el traslado para la nota de presentación a fin de que pueda optar a ingresar a una universidad estatal el próximo año.

En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

SOBRE LA SOLICITUD DE COADYUVANCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, quien tuviere un interés legítimo en el resultado del recurso podrá apersonarse e intervenir en él como coadyuvante del actor o del demandado. En atención a lo anterior, este Tribunal estima que la solicitud de coadyuvancia planteada Montserrat Solano Carboni, en su condición de Defensora de los Habitantes de la República, debe ser admitida, con la advertencia de que el resultado del sub examine no va dirigido de modo directo a la coadyuvante, sino solamente a las partes.

OBJETO DEL RECURSO. La recurrente alega que su hija, aquí amparada, fue víctima de discriminación racial. Afirma que la directora recurrida y los compañeros de colegio de la estudiante adoptaron una serie de comportamientos tendentes a hostigarla, denigrándola por su identidad racial, con el afán de hacerla abandonar el Colegio Científico de San Ramón por esa misma razón. Asegura la reclamante que, precisamente con esos propósitos en mente, la citada directora insultó a la tutelada, llamándola, entre otras cosas, “punto negro”. Asimismo, fomentó en el referido centro de estudios un clima hostil contra ella, la agredió físicamente, la presionó para que obtuviera malos resultados académicos y hasta alteró sus notas, logrando así que perdiera el año, mientras que otros 26 estudiantes que habían reprobado materias sí pasaron. Por último, acusa que a pesar de haber pedido la ayuda de distintas instancias del MEP, le fue dicho que a ellas no les correspondía conocer de la situación, con excepción de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP, que indicó estar al corriente del tema y trabajar fuertemente en él. Sin embargo, dicho órgano se reveló demasiado lento y no adoptó las medidas oportunas necesarias para proteger a la amparada. Por ello, estima que el MEP permitió que la situación sucediera. Por último, menciona que que se le ha solicitado reiteradamente a la directora accionada que le expida a la tutelada un certificado de traslado, sin éxito.

HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

En el año 2016, mientras cursaba el noveno año en el Colegio Patriarca de San José, la amparada realizó el examen para ingresar al Colegio Científico de San Ramón (hecho incontrovertido, véase el escrito de coadyuvancia de la amparada presentado a las 18:20 horas del 6 de enero de 2018 y el de la Defensora de los Habitantes que fue interpuesto a las 11:47 horas del 15 de febrero de 2018, p. 2).

En 2017, la menor tutelada ingresó a décimo año en el Colegio Científico de San Ramón (hecho incontrovertido).

Por medio de oficio SO-CCC-047-17 del 21 de julio de 2017, se le comunicó a la tutelada su condición de reprobada, poniéndose a disposición de su familia los documentos para que procedieran a trasladarla de centro educativo (véase las páginas 21 y siguientes del archivo electrónico del informe rendido por Xinia Villalobos Zúñiga, directora ejecutiva Institucional del Colegio Científico de Costa Rica).

El 24 de julio de 2017, al considerar que la amparada era objeto de hostigamiento racista y se pretendía expulsarla del Colegio Científico de San Ramón por medios fraudulentos, la parte recurrente gestionó una solicitud de medidas de protección en sede judicial ante el Juzgado de Familia y Violencia Doméstica del III Circuito Judicial de Alajuela del 24 de julio de 2017 (expediente N° 17-000440-0688-FA-0), teniéndose por establecido el correspondiente proceso de protección a la Niñez y la Adolescencia en sede Judicial por resolución de las 12:24 horas de ese mismo día, y ordenándosele a la directora del Colegio Científico sede Occidente UCR no impedir el ingreso de la amparada al centro educativo en cuestión, para que pudiera continuar sus estudios de décimo año en esa institución. Asimismo, se le mandó no insultar, amenazar o perturbar personalmente o por medio de terceras personas, mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales o cualquier otro medio, a la menor de edad agredida, tomar las medidas necesarias para que la amparada no fuera objeto de agresiones por parte de estudiantes o cualquier otro servidor de esa institución (véase la solicitud de medidas de protección en sede judicial que corre agregada en las páginas 25 y siguientes del archivo electrónico del memorial de interposición de este recurso y la resolución de las 12:24 horas del 24 de julio de 2017 del Juzgado de Familia y Violencia Doméstica del III Circuito Judicial de Alajuela del 24 de julio de 2017 visible en las páginas 29 y siguientes de ese mismo archivo).

La parte accionante se apersonó ante el Tribunal Contencioso y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José para plantear un proceso de medida cautelar contra el Estado, la Universidad de Costa Rica, el Colegio Científico de San Ramón y Xinia Villobos Zúñiga, con el fin de que esta última fuera separada de su cargo como directora del Colegio Científico de San Ramón mientras se investigaban las irregularidades en que, según alegaba la petente, dicha señora estaba incurriendo en perjuicio de su hija (expediente N° 17-009559-1027-CA) (véase la solicitud de medida cautelar ante causam que corre agregada en las páginas 65 y siguientes del archivo electrónico del memorial de interposición de este recurso).

El señor Marco Vinicio Elizondo Arredondo presentó una denuncia penal contra Xinia Villalobos Zúñiga ante la Fiscalía del III Circuito Judicial de Alajuela, acusándola de haber empujado y golpeado con su hombro a la menor aquí amparada, y de incumplir las medidas de protección decretadas por el Juzgado de Familia y Violencia Doméstica del III Circuito Judicial de Alajuela (expediente N° 17-000948-0332-PE) (véase la denuncia que corre agregada en las páginas 53 y siguientes del archivo electrónico del memorial de interposición de este recurso).

La recurrente acudió ante distintas instancias del MEP para plantear la situación y éstas le requirieron información a la directora del Colegio Científico de San Ramón (véase la página 7 del informe de Xinia Villalobos Zúñiga, directora ejecutiva Institucional del Colegio Científico de Costa Rica).

El 2 de octubre de 2017, la parte amparada presentó su caso ante el Despacho de la ministra de Educación Pública (véase la página 1 del informe rendido por Sonia Marta Mora Escalante, ministra de Educación Pública).

El 12 de octubre de 2017, la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP recibió el oficio DMS-3404-10-2017 del 9 de octubre de 2017 del Despacho de la ministra de Educación Pública, solicitándole atender el caso suscrito por la tutelada [Nombre 002], con fecha de recibido en esa oficina del 17 de octubre del mismo año. Ese caso le fue asignado a uno de los Asesores de esa oficina, otorgándosele el expediente administrativo CDE-0378-17 (véase el oficio CDE 0284-2017-L del 15 de diciembre de 2017).

El 24 de octubre de 2017, la Contraloría de Derechos Estudiantiles le envió un correo electrónico al Máster Alfonso Forbes Shaw, Supervisor del Circuito 03 de la Dirección Regional de Educación Occidente del MEP y supuesto jefe inmediato de la directora del Colegio Científico de San Ramón, a fin de enumerarle las situaciones relatadas en la carta de la estudiante y solicitándole copia del informe de la investigación que realizaría en ese caso para enviarlo a al denunciante y al Despacho Ministerial en el menor tiempo posible (véase el oficio CDE 0284-2017-L del 15 de diciembre de 2017).

El 3 de noviembre de 2017, la Contraloría de Derechos Estudiantiles recibió un correo electrónico del señor Forbes Shaw, en el que dicho funcionario señaló, por medio del oficio N° SCE-03-121-2017 del 1° de noviembre de 2017, que según el artículo 2 de las Normas Básicas Reguladoras del proceso Educativo en los Colegios Científicos Costarricenses, los colegios científicos tienen un régimen diferente al de todos los colegios oficiales en razón de sus fines y propósitos, señalando además que, a pesar de ser invitada, la ejecutiva institucional Xinia Villalobos Zúñiga no asistía a las convocatorias de reuniones mensuales con los directores del circuito, y no pertenecía al Régimen de Servicio Civil y no era evaluada por él, siendo que no había línea de mando de jefatura hacia dicho centro educativo (véase el oficio CDE 0284-2017-L del 15 de diciembre de 2017 y el oficio CDE-0004-18 del 22 de enero de 2018).

Luego de realizar numerosas llamadas telefónicas a diversas instituciones, el personal de la Contraloría de Derechos Estudiantiles logró establecer que el señor Kenneth Rivera Rivera era el director ejecutivo del Sistema Nacional de Colegios Científicos Costarricenses (véase el oficio CDE 0284-2017-L del 15 de diciembre de 2017).

Por ello, el 7 de noviembre de 2017, le envió un correo electrónico y documentación a dicho señor —dirección krivera@uned.ac.cr— solicitándole que enviara a la Contraloría de Derechos Estudiantiles un informe de las acciones realizadas en el caso de la aquí amparada (véase el oficio CDE 0284-2017-L del 15 de diciembre de 2017 y el oficio CDE-0004-18 del 22 de enero de 2018).

El correo del 7 de noviembre de 2017 no fue contestado por Rivera Rivera (véase el oficio CDE 0284-2017-L del 15 de diciembre de 2017 y el oficio CDE-0004-18 del 22 de enero de 2018).

Por consiguiente, el 13 de noviembre de 2017, el personal de la Contraloría de Derechos Estudiantiles se abocó a tratar de localizarle por la vía telefónica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), siéndole indicado que dicho funcionario se había pensionado y ya no era funcionario de dicha universidad (véase el oficio CDE 0284-2017-L del 15 de diciembre de 2017).

Ese mismo 13 de noviembre de 2017, a los funcionarios de la Contraloría de Derechos Estudiantiles le fue brindado en la central telefónica de la UNED el número de teléfono 2527-2505, con el que pudieron comunicarse con la asistente del Despacho de la Rectoría, quién les contactó con el Licenciado Franklin Villalobos Salas, Jefe de Despacho de la Rectoría de la UNED para que colaborar con la situación. Ese mismo día se le remitió al señor Villalobos Salas un correo electrónico a ese respecto (véase el oficio CDE 0284-2017-L del 15 de diciembre de 2017).

El 14 de noviembre de 2017, la Contraloría de Derechos Estudiantiles recibió un correo del mencionado señor Villalobos Salas, informándole que el Colegio Científico de San Ramón no era patrocinado por la UNED, por lo que la denuncia le sería remitida al rector de la UCR, casa de estudios superiores patrocinadora del Colegio Científico de San Ramón (véase el oficio CDE 0284-2017-L del 15 de diciembre de 2017).

El 29 de noviembre de 2017, la Contraloría de Derechos Estudiantiles atendió al señor Marcos Elizondo, su esposa [Nombre 001] y la alumna aquí amparada, quienes indicaron que la supuesta discriminación racial no se resolvía porque las diferentes autoridades ante las cuales habían acudido no tomaban cartas en el asunto. Ellos reafirmaron que el director de los Colegios Científicos era Kenneth Rivera Rivera y que éste últimamente enviaba a las reuniones al Licenciado Roberto Mora Sánchez, funcionario de la Universidad Nacional, a fin de que le representara en ellas (véase el oficio CDE 0284-2017-L del 15 de diciembre de 2017).

Dado lo anterior, la Contraloría de Derechos Estudiantiles buscó en la página electrónica del Sistema Nacional de Colegios Científicos de Costa Rica y encontró que allí aparecía el Ing. Kenneth Rivera como Ejecutivo Institucional del Colegio Científico de Alajuela (véase el oficio CDE-0004-18 del 22 de enero de 2018).

La Contraloría llamó a esa institución y la señora Ana Sánchez Herrera, Asistente Administrativa del Colegio indicó que el señor Rivera era el Ejecutivo Institucional y tenía como asistente a la Licenciada Johanna Salazar, con la cual podía establecerse comunicación en el correo electrónico joha1183@gmail.com (véase el oficio CDE-0004-18 del 22 de enero de 2018).

Ese mismo día, la Contraloría de Derechos Estudiantiles se comunicó con la Máster Rita Sandí, Asesora Nacional de Biología del MEP, quien indicó que quien se presentaba como director ejecutivo de Colegios Científicos en ese momento era el señor Kenneth Rivera Rivera (véase el oficio CDE 0284-2017-L del 15 de diciembre de 2017).

El 30 de noviembre de 2017, el personal de la Contraloría de Derechos Estudiantiles se comunicó con el Jefe de Despacho de la Rectoría de la UNED para que se le entregara la copia de los documentos de la denuncia al rector de la UCR en la reunión del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) (véase el oficio CDE 0284-2017-L del 15 de diciembre de 2017).

En esa misma fecha, la Contraloría de Derechos Estudiantiles le remitió un correo electrónico y documentos al Máster Luis Guillermo Carpio, Rector de la UNED y presidente del CONARE, describiéndole la situación de supuesta discriminación que vivía la aquí tutelada y solicitándole que le entregara los documentos respectivos al Rector de la UCR (véase el oficio CDE 0284-2017-L del 15 de diciembre de 2017).

Aunado a ello, la Contraloría de Derechos Estudiantiles llamó, el 30 de noviembre de 2017, al teléfono celular del señor Kenneth Rivera, quien indicó que ya no era director de Colegios Científicos de Costa Rica por haberse pensionado y que buscara quién le pagaba a la señora Ejecutiva Institucional Xinia Villalobos, que por lógica sería su patrono (véase el oficio CDE 0284-2017-L del 15 de diciembre de 2017 y el oficio CDE-0004-18 del 22 de enero de 2018).

El 13 de diciembre de 2017, la Contraloría de Derechos Estudiantiles consiguió el correo oficial del señor Kenneth Rivera Rivera en la página electrónica de la Dirección Regional de Educación de Alajuela, a saber, krivera@cca.ac.cr (véase el oficio CDE 0284-2017-L del 15 de diciembre de 2017).

Ese mismo 13 de diciembre de 2017, la Contraloría de Derechos Estudiantiles llamó a la señora Ana Sánchez Herrera, asistente administrativa del Colegio Científico de Alajuela, solicitándole un correo electrónico para enviarle la denuncia respectiva al señor Rivera. Dicha señora le indicó que le hiciera llegar la información respectiva a la licenciada Johanna Salazar, asistenta de Rivera Rivera, al correo joha1183@gmail.com (véase el oficio CDE 0284-2017-L del 15 de diciembre de 2017).

Además, en esa misma fecha, le fue remitido al Ingeniero Kenneth Rivera Rivera un correo electrónico solicitándole copia de un informe relacionado con la situación de supuesta discriminación étnica denunciada por la aquí tutelada. También se le solicitó que realizara una investigación relacionada con la denuncia presentada por la parte amparada (véase el oficio CDE 0284-2017-L del 15 de diciembre de 2017 y el oficio CDE-0004-18 del 22 de enero de 2018).

Asimismo, 13 de diciembre de 2017 se llamó a la parte recurrente para informarle que se había ratificado que el Ingeniero Kenneth Rivera es el director ejecutivo del Sistema Nacional de Colegios Científicos, y director del Colegio Científico de Alajuela. Además, la Licda Johanna Salazar era su asistente. Por lo tanto, se le suministró a la parte recurrente los correos electrónicos de dichos funcionarios para que coordinaran acciones para establecer estrategias conjuntas de acción entre la familia – Contraloría de Derechos Estudiantiles (véase el oficio CDE 0284-2017-L del 15 de diciembre de 2017).

Por oficio 250-CC-2017 del 13 de diciembre de 2017, el Ing. Rivera indicó que el traslado de la estudiante aquí amparada a otra institución fue firmado por la Ejecutiva Institucional, máxima autoridad, siguiendo el debido proceso. Añadió que el Consejo Académico del Colegio es el órgano que debe conocer las decisiones o apelaciones del Ejecutivo Institucional, siendo que el Director del Sistema no tiene potestades o facultades legales para tomar decisiones o acciones relacionadas con ningún estudiante, docente o administrativo, las cuales le competen al Ejecutivo Institucional. Asimismo, reiteró que a partir del 1° de febrero de 2016, él se había pensionado por la CCSS, por lo que recomendaba solicitar cualquier información a la Dirección respectiva (véase el oficio CDE-0004-18 del 22 de enero de 2018).

En oficio DREO-DAO-235-2017 del 13 de diciembre de 2017, la Máster Beleida Álvarez Cordero, Jefa del Departamento de Asesoría Pedagógica, y la Licda. Fernanda Montero, Asesora Legal de la Dirección Regional de Educación occidente, en reunión con la estudiante [Nombre 002], el señor Marco Elizondo y la señora [Nombre 001], en el acta respectiva hicieron mención de diferentes aspectos relacionados con la situación de la estudiante aquí amparada. Sin embargo, en el resto del citado oficio, la Máster Álvarez ni hizo referencia a ninguna de las ocho situaciones planteadas por los padres de la estudiante, ni propuso acciones para investigar o intervenir en ellas por parte de su instancia u otra de la Dirección Regional de Educación Occidente (véase el oficio CDE-0004-18 del 22 de enero de 2018).

El 14 de diciembre de 2017, la Contraloría de Derechos Estudiantiles elaboró y envió el oficio CDE-0282-17-O de esa misma fecha, solicitándole a la Máster María Torres Arias, jefa del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, con copia a la Licda. María Gabriela Vega Díaz, Jefa del Departamento de Consultas de la Dirección Jurídica del MEP, el criterio técnico respectivo relacionado con las apelaciones hechas por la señora [Nombre 001] (véase el oficio CDE 0284-2017-L del 15 de diciembre de 2017).

La amparada concluyó el décimo año el Colegio Científico de San Ramón en virtud de la medida cautelar dispuesta, colocándosela en condición de reprobada (véase la páginas 3, 4 y 5 del informe de Xinia Villalobos Zúñiga, directora ejecutiva Institucional del Colegio Científico de Costa Rica).

La recurrente formuló apelaciones contra las calificaciones asignadas, que fueron resueltas manteniéndose la condición de reprobada de la alumna (véase la página 4 del informe de Xinia Villalobos Zúñiga, directora ejecutiva Institucional del Colegio Científico de Costa Rica, y las páginas 14 y siguientes del archivo electrónico de ese mismo informe).

Por sentencia N° 80-2018 de las 15:00 horas del 16 de enero de 2018, el Tribunal Contencioso y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José rechazó la solicitud de medida cautelar formulada bajo el argumento de que la parte promovente no había acreditado la existencia y dimensión del grave daño que aducía, ni había proveído un detalle o descripción de las conductas que supuestamente desplegaron los codemandados, o elementos que permitieran, prima facie, evidenciar al menos tangencialmente una actuación notoriamente arbitraria de los accionados en perjuicio de los derechos de la menor, por no haber proveído un detalle o descripción de las conductas que supuestamente habían desplegado los codemandados en detrimento de los derechos de la amparada, siendo que además, existían medidas de protección acordadas a su favor por una autoridad judicial (véase la copia de la sentencia N° 80-2018 que corre agregada en las páginas 5 y siguientes del archivo electrónico del informe de Ruth de la Asunción Romero, rectora a.i. de la UCR).

La amparada actualmente se encuentra cursando estudios en el Liceo Experimental Bilingüe, en donde reporta un buen ajuste (véase el Dictamen Pericial Psicológico Forense Nº PPF-2018-0000994 del 11 de mayo de 2018, p. 5 y pp. 8 y 9).

Que según el Dictamen Pericial Psicológico Forense Nº PPF-2018-0000994 del 11 de mayo de 2018, la amparada mostró cambios que son reportados por sus padres y la menor asociados con quejas somáticas (asociado principalmente a dolores de cabeza), ansiedad (temores, alteración de los hábitos de sueño, alteración de los hábitos alimenticios), problemas sociales (aislada), problemas afectivos (que incluía falta de motivación para asistir al colegio) y conducta agresiva (irritabilidad y cambios de humor principalmente) (véase el citado Dictamen Pericial Psicológico Forense Nº PPF-2018-0000994).

HECHOS NO PROBADOS. Ninguno de relevancia para esta resolución.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES: CONCEPTO DE RACISMO. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, el racismo es una: “Exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que convive”; y también, una “Ideología o doctrina política basada en el racismo ”. Así, es la creencia de que una “raza” en particular —usualmente la propia— es superior o inferior a otra y, en su raíz, una ideología etnocentrista de dominación racial, por medio de la cual la supuesta superioridad de uno o más grupos raciales, es usada como justificación para darle un trato menoscabado y excluyente a los demás grupos. De esta forma, el racismo ha sido definido como la expresión individual e institucional de la superioridad absoluta de la cultura, las artes, las tradiciones, el lenguaje, la religión, la historia y los valores de un grupo sobre otro, pero también como cualquier actitud, acción, estructura institucional o política social que subordina a algunos grupos por causa de su color o etnia.

Estrechamente vinculada con esa noción y, en alguna medida, dándole su fundamento, el racialismo es la idea de que la humanidad puede ser fácilmente dividida en categorías amplias y claramente definidas, considerándose implícitamente que tales categorías son sustancialmente diferentes unas de las otras y que las diferencias raciales resultantes determinan fuertemente las habilidades y el comportamiento de los individuos y de los pueblos. Dicho de otro modo, el racialismo esencialmente postula que las poblaciones humanas son sustancialmente diferentes entre sí, por lo que pueden ser separadas en entidades biológicas distintas y exclusivas llamadas “razas”, y hay un nexo causal entre los rasgos físicos heredados y las características como la personalidad, el intelecto, la moralidad y otras cuestiones culturales o propias del comportamiento.

El racismo y el racialismo han servido, históricamente, para crear jerarquías raciales en las que los grupos percibidos con mejores atributos se encuentran en la cúspide de la pirámide social y los inferiores en la base. Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo XX, la ciencia ha reconocido que la noción de “raza” como entidad biológica no tiene base científica. Por ello, dada la creciente evidencia en ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró en 1950 que todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y que la “raza” no es una realidad biológica, sino un mito (Sussman, Robert Wald, “ The Myth of Race, The Troubling Persistence of an Unscientific Idea”, Harvard University Press, Estados Unidos de América, 2014, p. 1). Obviamente, la gente con orígenes comunes comparte ciertos rasgos físicos como el color de su piel, la forma de su cuerpo y la textura de su cabello, pero estas características solamente reflejan la expresión de una porción extremadamente pequeña de su acervo genético, resultan insignificantes si se las compara con la totalidad de los genes que los seres humanos poseen en común, y no tienen nada, o casi nada que ver, con atributos elevados e intrínsecamente humanos como la personalidad, la inteligencia o el comportamiento moral. En este sentido, la tesis de la “construcción social” de las razas postula que los conceptos de raza y de las razas son producto del pensamiento y de las relaciones sociales y, al no ser objetivas, inherentes o fijas, no se corresponden con una realidad genética o biológica, sino que son categorías que los grupos dominantes de la sociedad inventan, manipulan o eliminan cuando les resulta conveniente (Delgado, Richard y Stefancic, Jean, “Critical Race Theory”, New York University Press, Estados Unidos de América, segunda edición, 2012, pp. 8 y 9).

FORMAS Y MANIFESTACIONES DEL RACISMO. El racismo se presenta tanto en el nivel individual e interpersonal, como en las políticas de las organizaciones e instituciones. Sin embargo, las expresiones individuales de racismo no se gestan en el vacío, sino que nacen de las creencias fundacionales de la sociedad y las maneras en que ésta valora y hace las cosas. De esta manera, se hace visible en las organizaciones, las instituciones y los sistemas que la integran, incluyendo la educación.

En ese sentido, el racismo individual está referido al ámbito de las suposiciones, creencias y conductas personales, y genera formas de discriminación que nacen de los prejuicios conscientes e inconscientes del sujeto, y se pueden manifestar tanto a través de crímenes violentos, como de comportamientos mucho más sutiles. Este tipo de racismo es aprendido socialmente y puede ser explícito , en el caso de las acciones o pensamientos que demuestran un conocimiento lúcido de las propias creencias y actitudes racistas, o implícito, cuando los sesgos, expectativas y tendencias racistas presentes en el individuo son inconscientes y no dependen de malas intenciones o prejuicios conocidos. De esta forma, el racismo aversivo describe los sutiles comportamientos de aquellas personas que, aunque conscientemente profesen creer en la igualdad racial, inconscientemente albergan sentimientos negativos hacia las personas de otros grupos raciales. Quienes lo padecen, experimentan miedo, ansiedad o incomodidad leves cuando se encuentran con personas de otras razas, y la contradicción resultante con sus creencias igualitarias los hace alterar su modo de actuar, evitando, en la medida de lo posible, las interacciones con dichas personas. El racismo aversivo puede ser detectado por medio de pruebas como el implicit-association test (IAT, por sus siglas en inglés).

Otro tipo de racismo que también tiene lugar en el ámbito subjetivo, es el racismo internalizado, que se produce cuando un individuo interioriza, a veces sin darse cuenta, ideas racistas, como por ejemplo, estereotipos raciales acerca de sí mismo y los demás miembros de su propio grupo étnico o racial. A la sazón, resulta obvio que en una sociedad rica en prejuicios y actitudes racistas, es muy difícil que las minorías raciales no absorban los mensajes con los que constantemente son bombardeadas y, sintiéndose rechazadas, terminen adoptando una mentalidad similar a la de sus hostigadores, odiándose o despreciándose a sí mismos y a su respectivo grupo. Las personas que, a fuerza de recibir estos mensajes, interiorizan el racismo, al absorber los patrones de belleza del grupo dominante, pueden terminar odiando características físicas como el color de su piel, la contextura de su cabello, la forma de sus ojos. Otros pueden estereotipar a los miembros de su propio grupo racial y rehusarse a asociarse con ellos, y algunos pueden incluso terminar identificándose con el grupo mayoritario. En esencia, todas estas personas se han creído la idea de que los miembros del grupo hegemónico son superiores (véase Kareem Nittle, Nadra, “What Is the Definition of Internalized Racism? ”, 21 de agosto de 2017, https://www.thoughtco.com/what-is-internalized-racism-2834958).

La consecuencia lógica de estas actitudes, es el racismo interpersonal , que ocurre cuando los individuos se interrelacionan y en sus interacciones aparecen actitudes racistas, que con frecuencia se encuadran un modelo de víctima y perpetrador.

No obstante, reforzando estas dinámicas en el ámbito externo al individuo se encuentra el racismo sistémico, que comprende el conjunto de políticas y prácticas de las instituciones que marginan a algunos grupos, y simultáneamente impulsan a otros. Al abordar este tipo de problemática, los autores frecuentemente hablan del racismo institucionalizado, para referirse a las prácticas culturales e institucionales (es decir, a las políticas institucionales, las costumbres, y las estructuras de los gobiernos, negocios, tribunales, escuelas, sindicatos, iglesias y otras organizaciones, etc.) que perpetúan la desigualdad racial porque estructuran los beneficios disponibles de forma tal que le dan una ventaja a los grupos hegemónicos a expensas de los demás. Éste no reside propiamente en los individuos y puede ser directo o indirecto. Así, se habla de racismo institucionalizado directo, cuando las políticas son diseñadas a propósito para que tengan efectos discriminatorios, y se las hace valer por medio del sistema jurídico o prácticas institucionales deliberadas. Así, la discriminación resultante es producto de las acciones emprendidas por aquellos individuos que ejecutan los dictados cargados de prejuicios de personas concretas, o de la sociedad tomada en su conjunto, incluyendo las de grupos informales guiados por patrones de conducta que apoyan el pensamiento racista y fomentan el racismo activo. El racismo institucionalizado indirecto, en cambio, atañe a las prácticas que tienen impactos o resultados dispares en los distintos grupos raciales, sin que exista una intención consciente y deliberada de discriminar a alguien. Cuando Sir William MacPherson hizo público, en febrero de 1999, su informe sobre el homicidio del británico de ascendencia jamaiquina Stephen Lawrence —en el cual concluyó que el Metropolitan Police Service Investigation había sido incompetente y sus oficiales cometieron errores fundamentales en el transcurso de la respectiva investigación—, definió al racismo institucionalizado como la incapacidad colectiva de una organización de proveer un servicio apropiado y profesional a las personas por causa de su color, cultura y origen étnico, e indicó que este fracaso podía ser detectado en procesos, actitudes y comportamientos que constituían discriminación por causa de prejuicios involuntarios, ignorancia, desconsideración y la presencia de estereotipos raciales que dejaban en desventaja a las minorías étnicas (véase “The Stephen Lawrence Inquiry, Report of An Inquiry By Sir William Macpherson Of Cluny”, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/277111/4262.pdf, p. 49). Las consecuencias del racismo institucionalizado se evidencian, entonces, en las disparidades en el acceso a la riqueza, el ingreso, el empleo, la vivienda, la justicia penal, la educación y el poder político, entre otros.

Por ello, algunas fuentes hablan de racismo estructural para referirse a la forma en que la actividad conjunta de las instituciones, sin hacerlo a propósito, crea desigualdades de trato que perjudican a los miembros de las minorías raciales. Estas diferencias de tratamiento están enraizadas en la estructura misma de la sociedad, su historia, su cultura y sus políticas, e impiden la participación igualitaria de tales grupos en sus instituciones sociales. De esta forma, aunque las causas del racismo estructural sean difíciles de individualizar, lo cierto es que las desigualdades de poder, las diferencias de acceso a las oportunidades y las políticas que tienen resultados distintos según el grupo racial del que se trate, son fuertes indicadores de su presencia (véanse sobre estos temas las páginas web “ Forms of Racism” del sitio web Calgary Anti-Racism Education (CARED) de la Universidad de Calgary, http://www.ucalgary.ca/cared/formsofracism; “Race and Racism” del sitio web Intergroup Resources, http://www.intergroupresources.com/race-and-racism/, y “Structural or Institutional Racism” del sitio web SOCIOLOGY, http://sociology.iresearchnet.com/sociology-of-race/structural-or-institutional-racism/).

Por último, el racismo cultural es un sustrato en que florecen todos los tipos de racismo: se trata de la expresión, en el ámbito individual e institucional, de la superioridad de la propia herencia cultural (arte, tradiciones, lenguaje y valores) por sobre la de los demás, y del poder de imponer esos estándares a dichos grupos (Wing Sue, Derald, “Microagressions in Everyday Life, Race, Gender, and Sexual Orientation”, Wiley, Estados Unidos de América, 2010, p. 9).

La anterior lista, por cierto, en modo alguno es exhaustiva o pretende agotar el tema.

La mayoría de las personas reconocen el racismo cuando se manifiesta de forma abierta, consciente y mediante actos de odio y discriminación dirigidos a personas de grupos minoritarios. Sin embargo, los expertos en la materia han concluido que aunque, en sus formas más explícitas, éste ha ido desapareciendo del discurso público, en la práctica solamente ha sido reemplazado por formas más encubiertas de racismo, que frecuentemente ni siquiera se producen conscientemente. En tal sentido, si un individuo alberga actitudes racistas inconscientes, tenderá a externarlas cuando la situación se preste para la espontaneidad o cuando hacer un análisis minucioso de la situación no sea posible, porque eso le permitirá conservar su auto-imagen de persona carente de prejuicios raciales. Esto significa que los racistas modernos son más propensos a expresar sus actitudes negativas implícitas por medio de las llamadas “microagresiones” —que reflejan una visión del mundo basada en dicotomías racistas como superioridad-inferioridad e inclusión-exclusión—, y tenderán a hacerlo cuando la situación sea ambigua porque no hay pautas sociales claras sobre lo que es buen comportamiento, exista una ideología que pueda ser empleada para justificar el trato discriminatorio y haya diversas formas de racionalizar el comportamiento racista. Además, en lugar de tener una intención de dañar, estas personas solamente carecerán del deseo de ayudar. Consecuentemente, este racismo inconsciente opera como un autoengaño; es decir, una fantasía que, según los expertos, se nutre de creencias incorrectas, tales como, por ejemplo, el considerar que el racismo es una especie de enfermedad psicológica que no se presenta en las personas decentes y, en su lugar, solamente está asociado con situaciones dramáticas, como delitos motivados por el odio. Cuando interioriza esa idea, el racista implícito se convence de que los ciudadanos observantes de la ley —como él se juzga a sí mismo— están absolutamente libres de tales prejuicios. Sin embargo, en la realidad, considerar que el racismo es una patología, solamente sirve para enmascarar su presencia ubicua en el entramado social.

En este sentido, las microagresiones raciales son actos cotidianos y chocantes de menosprecio, frecuentemente automáticos, que nacen de actitudes racistas inconscientes y se caracterizan por su brevedad y sutileza, reflejando una cosmovisión llena de valores etnocéntricos, sesgos, suposiciones y estereotipos que han sido inculcados en las creencias, actitudes y comportamientos de los individuos (Sue, Derald Wing, “Microagressions in Everyday Life, Race, Gender, and Sexual Orientation”, Wiley, Estados Unidos de América, 2010, p. 41).

Las microagresiones han sido divididas en tres categorías: 1) los microasaltos, que son humillaciones explícitas realizadas por medio de ataques verbales y no verbales que intencionalmente persiguen herir a la víctima valiéndose de ofensas, comportamientos de evitación o actitudes discriminatorias deliberadas. Un individuo que le muestra hostilmente una esvástica a una persona de ascendencia judía, o un camarero que decide servirle primero a un cliente de origen europeo, ignorando a los de otras razas que llegaron antes, ejemplifican este comportamiento.

Los microinsultos, por su parte, son aquellos mensajes, verbales o no verbales, que sutilmente comunican groserías o denotan insensibilidad hacia la persona destinataria con el afán de denigrar su identidad o herencia racial. Un ejemplo de ello, lo sería el de un funcionario que le dice a un colega afrodescendiente muy competente, “que no se comporta como un negro normal”.

Por último, las microinvalidaciones, son mensajes que excluyen, rechazan, niegan, ignoran, desestiman o anulan los pensamientos, sentimientos y las experiencias de vida de la víctima. A manera de ejemplo, piénsese en alguien que se encuentra con un costarricense por nacimiento de ascendencia china y le pregunta en qué país nació, dándole a entender que siempre será un extranjero en su patria (véase sobre este tema la página web “Unmasking ‘racial microagressions”, http://www.apa.org/monitor/2009/02/microaggression.aspx , que se encuentra en el sitio web de la American Psychological Association).

Estrechamente relacionado con esta temática, el bullying racista es un tipo de hostigamiento que se enfoca en la raza, etnia o cultura de la víctima y se manifiesta por medio de actos tales como insultarla por motivos raciales, enviarle mensajes racistas, dañar sus pertenencias, atacarla físicamente, excluirla o tratarla diferente, darle a entender que debe cambiar su apariencia física, hacer chistes racistas en su presencia, o efectuar suposiciones simplistas sobre ella por causa de su color, etnia o cultura (Véase la página web, “ WHAT ARE RACISM AND RACIAL BULLYING?”, Childline, https://www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abuse-safety/crime-law/racism-racial-bullying/). Aunque en tratándose del ámbito escolar, el racismo puede abarcar desde comentarios desconsiderados, efectuados sin intención de herir a la víctima (microagresiones), hasta agresiones físicas capaces de provocar lesiones serias, el bullying racista es identificable por la motivación del agresor, el lenguaje que emplea y el hecho de que escoge a sus víctimas por el color de su piel, la forma en que hablan, su grupo étnico, religioso o sus prácticas culturales (véase la página web, “ What is Racist Bullying?”, Beyond Bullying, http://www.beyondbullying.com/racistbullying.html).

EFECTOS FÍSICOS Y MENTALES DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL EN EL ÁMBITO INDIVIDUAL. La mayoría de la literatura científica que ha examinado los efectos de la discriminación racial en el nivel individual, se ha enfocado en la salud mental. De esta forma, varios estudios la han ligado con una mala salud mental, ansiedad, hostilidad, ira, depresión, ideaciones suicidas y hasta con el desorden de ansiedad generalizado. En este sentido, un estudio conducido en 2012 analizó el impacto de la frecuencia e intensidad de los incidentes racistas de cara al estrés asociado con la discriminación racial, y concluyó que había una interacción entre la frecuencia y el carácter tensionante de los eventos racistas. En esencia, experimentar eventos discriminatorios extremadamente estresantes obviamente predecía una gran angustia en la víctima, con independencia de la frecuencia en que se produjeran tales acontecimientos. Sin embargo, sufrir numerosas experiencias generadoras de un estrés bajo, también se asociaba con una gran angustia psicológica, y su impacto acumulativo era consistente con los modelos de estrés crónico y traumático (DePetris, Andrea Elizabeth, “The Psychological Effects of Racial Discrimination and Internalized Mental Illness Stigma on a Community Sample of Blacks and Latinos”, https://opencommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1920&context=gs_theses, pp. 3-5; véase sobre este mismo tema la página web “ Perceived Racism May Impact Black Americans' Mental Health”, http://www.apa.org/news/press/releases/2011/11/racism.aspx , que se encuentra en el sitio web de la American Psychological Association; y Polanco-Roman, Lillian, Danies, Ashley, y Anglin, Deidre M., “Racial discrimination as race-based trauma, coping strategies and dissociative symptoms among emerging adults”, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4982826/ ).

A la postre, las microagresiones son una realidad constante y continua para los miembros de grupos marginados y, aunque vistas individualmente, constituyan pequeños desaires que provocan daños mínimos, tomadas en forma conjunta tienen el efecto de silenciar, invalidar y humillar la identidad y la voz de la persona oprimida. A mayor abundamiento, se ha demostrado que, si no se las mitiga de alguna forma, a largo plazo son extremadamente dañinas. Téngase presente que, dada la sutileza con la que se producen, cuando una persona de un grupo minoritario las enfrenta, queda amarrada con una especie de atadura psicológica, puesto que aun cuando sienta haber sido insultada, quizás no esté segura exactamente de por qué, y su ofensor tampoco admitirá su responsabilidad, debido a que sinceramente no está consciente de haber hecho algo indebido. De esta manera, si la víctima enfrenta al perpetrador, éste negara todo, dejándola preguntándose qué pasó exactamente. Por eso, el autor Michael Schreiner (“Micro Agression and Insidious Trauma”, Evolution Counseling, 8 de enero de 2013, https://evolutioncounseling.com/micro-aggression-and-insidious-trauma/), afirma que no todas las agresiones son fáciles de reconocer, especialmente cuando están incorporadas en el discurso cultural socialmente aceptado. Por consiguiente, los que son marginados y denigrados por no formar parte de la cultura dominante, no tienen otro remedio que paulatinamente ir tomando conciencia de que no son bienvenidos por ser quiénes son y ser lo que son. En este sentido, mientras que eventos traumáticos más obvios —como por ejemplo, la violación— pueden ser comparados con un golpe en la cara, un trauma insidioso, en cambio, es algo así como un golpeteo constante y apenas perceptible en los hombros. Así, dado que los comportamientos agresivos no son descaradamente obvios, la víctima puede llegar a creer que sus propias percepciones están equivocadas. Sin embargo, el efecto acumulativo de esta leve marginalización es capaz de crear síntomas dolorosos similares a los de otras formas más evidentes de trauma. Una metáfora que describe este proceso, es el de gotas de agua cayendo sobre una piedra. En sus inicios, podría parecer que las gotas no tienen ningún impacto, pero a medida que los años pasan, la roca comenzará a desgastarse hasta que finalmente le aparezca un agujero. Peor todavía, cuando el trauma es obvio y severo, al menos es fácil de reconocer y brinda una oportunidad de crear un plan para combatirlo, dándole al afectado un sentido de eficacia y control sobre la situación. En cambio, el juego de adivinanzas en que se convierte el dialogo interno cuando se debe lidiar con la discriminación ambigua se llama ambigüedad atribucional y puede tener un efecto perjudicial en el desempeño, al impedirle a la víctima concentrarse en el trabajo que tiene adelante (véase Mendoza-Denton, Rodolfo, “Jeremy Lin and Racism: How Subtle Discrimination Affects Targets”, Psychology Today, publicado el 24 de febrero de 2013, https://www.psychologytoday.com/intl/blog/are-we-born-racist/201202/jeremy-lin-and-racism-how-subtle-discrimination-affects-targets). En cierto sentido, el trauma insidioso es dañino porque fuerza a la persona a cuestionar su propia salud mental. Por ende, las formas sutiles de discriminación del siglo 21, hacen a la víctima sentirse mal consigo misma sin siquiera darle la oportunidad de reconocerlo conscientemente.

Sumándose a lo anterior, lo cierto es que no todos los tipos de rechazo tienen los mismos efectos. Las investigaciones realizadas en la materia han determinado que el ser repudiado por personas consideradas ajenas al propio grupo, al ser interpretado como discriminatorio, puede desencadenar una cascada de emociones y comportamientos muy distintos a los asociados con aquellos rechazos provenientes de miembros del propio grupo. De hecho, en el artículo “Experiencing Discrimination Increases Risk Taking” (http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0956797612448194), escrito por Jeremy P. Jamieson, Katrina Koslov, Matthew K. Nock y Wendy Berry Mendes, los autores compararon experimentalmente los efectos del rechazo social por parte de miembros del propio grupo y ajenos a él, y concluyeron que aquellos individuos repelidos por personas de un grupo racial distinto al suyo, no solamente experimentaban una profunda ira por lo sucedido, sino que veían aumentar su propensión a tomar riesgos y, de hecho, tendían a adoptar activamente comportamientos riesgosos. Además, detectaron que el rechazo interracial era capaz de incrementar la vigilancia de los sujetos para detectar información emocional negativa y, con ello, provocaba un aumento de la sensibilidad ante señales amenazantes. Esto, a su vez, podía constituirse en algunos casos en un comportamiento adaptativo, pero en otros era susceptible de disparar “falsas alarmas” a la hora de detectar prejuicios en situaciones ambiguas, siendo que los sesgos en relación con información emocional negativa refuerzan los sentimientos de ansiedad y han sido ligados con una plétora de condiciones clínicas. Lo más impactante sobre esta temática, es que el racismo y las microagresiones han sido vinculados con la aparición del síndrome post traumático complejo (Williams, Monnica T, “The Link Between Racism and PTSD”, Psychology Today, publicado el 6 de septiembre de 2015, https://www.psychologytoday.com/intl/blog/culturally-speaking/201509/the-link-between-racism-and-ptsd).

Por otra parte, cuando los asaltos raciales se enmarcan en los supuestos del bullying racista, la víctima comienza a pensar que no es importante o que no pertenece allí, sintiéndose disgustada, deprimida y enojada. Lo peor de todo, es que este tipo de bullying puede afectar incluso a terceras personas que no eran destinatarias de ataque alguno, simplemente por atestiguar como otra persona es discriminada por ser de su misma raza o grupo étnico (Véase la página web , “WHAT ARE RACISM AND RACIAL BULLYING?”, Childline, https://www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abuse-safety/crime-law/racism-racial-bullying/). Además, los niños que lo sufren en el ámbito escolar, ven su proceso educativo interrumpido, y son incapaces de concentrarse en sus lecciones por el miedo y la ira que sienten. De esta forma, su auto-confianza puede dañarse y, como consecuencia de ello, es posible que jamás alcancen todo su potencial. Por lo tanto, las escuelas que ignoran o niegan la existencia del bullying racista, le dan un mensaje equivocado a la gente joven (Véase la página web, “What is Racist Bullying? ”, Beyond Bullying, http://www.beyondbullying.com/racistbullying.html ).

Aparte de ser un predictor de comportamientos como el abuso del alcohol, el fumado y la ingesta de alimentos por razones emocionales, la discriminación racial también es un indicador del estado de la salud física (DePetris, Andrea Elizabeth, “The Psychological Effects of Racial Discrimination and Internalized Mental Illness Stigma on a Community Sample of Blacks and Latinos”, https://opencommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1920&context=gs_theses, pp. 3). En este sentido, una plétora de estudios ha mostrado el impacto de la angustia causada por las malas interacciones entre las razas, sugiriendo que existe una relación entre el estrés microagresivo y las enfermedades físicas. Las investigaciones realizadas sobre el racismo sutil demostraron que los hombres afroestadounidenses mostraban incrementos en su ritmo cardiaco, presión arterial y otros males cardiovasculares asociados con la hipertensión. Otros trabajos evidenciaron nexos entre las microagresiones y la enfermedad coronaria del corazón, diabetes, presión arterial elevada, alergias, asma y una mayor susceptibilidad a las enfermedades infecciosas —tales como infecciones de la vía respiratoria superior— causada por una disminución de la respuesta inmunológica (Wing Sue, Derald, “Microagressions in Everyday Life, Race, Gender, and Sexual Orientation”, Wiley, Estados Unidos de América, 2010, pp. 97-98; véase en igual sentido Drexler Madeline, “How racism hurts – literally”, Boston.com News, 15 de julio de 2007, http://archive.boston.com/news/globe/ideas/articles/2007/07/15/how_racism_hurts____literally/).

ACERCA DEL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN. El numeral 33 de la Constitución Política, dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO

Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”.

La citada disposición constitucional establece el principio de igualdad, según el cual no se pueden hacer distinciones respecto a personas que tienen características similares, porque a todas ellas se les reconocen los mismos derechos, las mismas posibilidades y las mismas obligaciones. En similar sentido puede citarse el numeral 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice lo siguiente:

“Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. (El resaltado y subrayado no es del original).

Del mismo modo, el numeral 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), dispone lo siguiente:

“Artículo 24

Igualdad ante la Ley

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia tienen derecho, sin discriminación , a igual protección de la ley”. (El resaltado y subrayado no es del original).

Por ello, en sentencia N° 2005-09974 de las 11:14 horas del 29 de julio de 2005, la Sala dijo:

“En relación con el Principio de Igualdad y el Derecho a la no Discriminación, el artículo 33 de la Constitución establece la igualdad, no sólo como principio que informa todo el ordenamiento, sino además como un auténtico derecho subjetivo en favor de los habitantes de la República. En razón de ello se proyecta sobre todas las relaciones jurídicas, especialmente las que se traban entre los ciudadanos y el poder público. De ahí que el derecho a la igualdad se resume en el derecho a ser tratado igual que los demás en todas y cada una de las relaciones jurídicas que se constituyan. Por otra parte, la igualdad es también una obligación constitucionalmente impuesta a los poderes públicos, lo cual consiste en tratar de igual forma a los que se encuentren en iguales condiciones de hecho, constituyéndose, al mismo tiempo, en un límite a la actuación del poder público. No obstante ello y que, en tesis de principio, todos son iguales ante la ley, en la realidad se pueden dar situaciones de desigualdad. Aquí es importante indicar que existen dos conceptos básicos que suelen confundirse al hablar del tema de la igualdad ante la Ley, como lo son la discriminación y la diferenciación. La Constitución prohíbe la discriminación, pero no excluye la posibilidad de que el poder público pueda otorgar tratamientos diferenciados a situaciones distintas, siempre y cuando se funde en una base objetiva, razonable y proporcionada. Resulta legítima y hasta obligatoria, una diferenciación de trato cuando exista una desigualdad en los supuestos de hecho, lo que implicaría que el principio de igualdad sólo se viola cuando se trata desigualmente a los iguales y, por ende, es inconstitucional el trato desigual para situaciones idénticas”. (El resaltado y subrayado no es del original).

De allí que el principio de igualdad no tenga un carácter absoluto, ya que no concede propiamente un derecho a ser equiparado a cualquier individuo sin distinción de circunstancias. Por el contrario, lo que realmente prescribe, es que no se hagan diferencias entre dos o más personas que se encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, sin que pueda pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales. En consecuencia, mientras la diferenciación debidamente justificada permanece en armonía con los derechos fundamentales y la dignidad humana, la discriminación, entendida desde un punto de vista jurídico, significa otorgar un trato diferente con base en características particulares que resultan injustas, arbitrarias o irrazonables. Téngase presente que cuando las distinciones son razonables, están fundamentadas en criterios preestablecidos y su contenido es equitativo, correcto y lógico. Esto es así, porque la justificación del acto que confiere el trato distinto debe ser sopesada con su finalidad y efectos, de forma tal que exista un vínculo razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad a alcanzar. Por lo tanto, la prohibición de discriminar lógicamente denota una imposibilidad de invocar ciertos elementos personales o sociales para dar un trato diferenciado, debido a que éstos no constituyen una justificación objetiva y razonable para fundar el proceder en cuestión. Por ejemplo, son contrarias al principio de no discriminación, aquellas desigualdades de tratamiento que se funden, exclusivamente, en razones de género, raza, condición social o creencias religiosas, entre otras. Tan así es, que en sentencia N° 2008-007309 de las 15:24 horas del 29 de abril de 2008, este Tribunal dispuso:

“La Sala Constitucional, en sentencia número 138-93 de las quince horas cincuenta y cinco minutos del 12 de enero de 1993, ha dispuesto lo siguiente:

‘Como tesis de principio podemos sostener que mientras la discriminación no atente contra la dignidad humana o mientras la creación de categorías que otorguen a las personas un trato diferente sea razonable, la igualdad jurídica es respetada. Deben recibir igual tratamiento quienes en igual situación se encuentran. Como la regla no es absoluta, ha de entenderse como mandato igual a todos los que sean parte de una determinada categoría. Traduce así el problema en que las categorías no deben ser arbitrarias y en que tampoco deben serlo los criterios para formar parte o ser excluido de ellas.’

De la sentencia supracitada, se desprende claramente según lo disponen los criterios derivados del principio de razonabilidad constitucional, que no es posible crear o establecer categorías, que otorguen a las personas un trato diferente, contrario a la dignidad humana, por pertenecer o no a determinado grupo étnico, pues tal circunstancia deviene en arbitraria e inconstitucional. No puede aceptar este Tribunal como garante de los derechos humanos, que se pueda dar en la actualidad un trato diferente que resulta discriminatorio hacia personas, por el único motivo de pertenecer a un grupo étnico distinto del que se encuentra en mayoría numérica dentro de la misma sociedad. Al contrario, los grupos, independientemente de su número, que conviven cotidianamente en Costa Rica merecen el mismo trato de los demás sectores de la población. El prejuicio y la discriminación racial contra individuos y grupos por motivos raciales y étnicos no son en modo alguno fenómenos novedosos en la historia humana, sin embargo, modernamente, se ha venido produciendo una justificada reacción contra este tipo de actitudes lesivas de la dignidad humana y éticamente repudiables. Los tratados internacionales, firmados por la mayoría de los países de la Tierra, destierran definitivamente este tipo de prácticas, que atentan contra la convivencia humana, los derechos fundamentales y la dignidad del ser humano”. (El resaltado y subrayado no es del original; véase en el mismo sentido el pronunciamiento N° 0966-98 de las 11:39 horas del 13 de febrero de 1998).

En este sentido, el ordinal 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone lo siguiente:

“Artículo 2

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”. (El resaltado y subrayado no es del original).

Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo II, menciona lo siguiente:

“Artículo

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración, sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”. (El resaltado y subrayado no es del original).

También el numeral 2 inciso 2) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dispone:

“Artículo 2

(...)

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo. idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier condición social”. (El resaltado y subrayado no es del original).

De esta suerte, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial contiene una serie de normas de importancia para esta materia, a saber:

“ARTICULO 1

En la presente Convención la expresión ‘discriminación racial’ denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

(...)

ARTICULO 2

Los estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilataciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas y, con tal objeto:

a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar porque todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación;

b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones;

c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista;

d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar, por todos medios apropiados, incluso, si lo exigieren las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones;

e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el caso, organizaciones y movimientos multirraciales, integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las barreras entre las razas, y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial.

Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron.

ARTICULO 3

Los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza.

ARTICULO 4

Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la presente Convención, tomarán entre otras, las siguientes medidas:

a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tal efecto, contra cualquier raza o grupos de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación;

b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituya un delito penado por la ley;

c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales, promuevan la discriminación racial o inciten a ella.

ARTICULO 5

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico...

(…)

ARTICULO 6

Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación.

ARTICULO 7

Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos, así como para propagar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y de la presente Convención”. (El resaltado y subrayado no es del original).

Nótese cómo estas disposiciones no solamente proscriben las manifestaciones interpersonales del racismo y persiguen desestimularlo en el ámbito puramente individual, sino que también combaten sus expresiones sistémicas, atacando el problema del racismo institucional en sus variantes directa e indirecta (véase el artículo 2 inciso 1) sub incisos a), b), c) y e), 3 y el numeral 4 inciso c) de la citada Convención). De esta forma, buscan impulsar la revisión de las políticas y normas jurídicas que tengan como consecuencia crear o perpetuar la discriminación racial, promover la adopción de medidas para procurar el adecuado desenvolvimiento y protección de las minorías raciales —a fin de garantizarles el pleno disfrute de sus derechos en condiciones de igualdad—, y establecer remedios judiciales para corregir o pedir satisfacción ante agravios producto de la discriminación racial. Además, el tratado combate el racismo cultural (véanse el artículo 1 inciso 1), el ordinal 2 incisos 1) sub inciso a) y 2), y en lo tocante a la educación, el numeral 7 de la Convención). En este sentido, cabe destacar que el numeral 1° de la Constitución Política justamente fue reformado, en el espíritu de la citada Convención, para reconocer que la identidad costarricense no puede ser reconducida a la de uno solo de los distintos grupos étnicos o culturales que la integran, prescindiendo de los demás. Actualmente, la norma dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 1º. Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”.

Por último, el Convenio Contra la Discriminación en la Enseñanza (UNESCO 1960), fue suscrito para atacar específicamente aquellos casos en que la discriminación racial repercute en el derecho a la educación. Dicho Convenio dispone, en sus artículos 1 y 3, lo siguiente:

“ARTICULO 1

A los efectivos de la presente convención, se entiende por ‘discriminación’ toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial:

a. Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza;

b. Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo;

c. A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la presente Convención, instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos; o

d. Colocar a una persona o a un grupo en una situación incompatible con la dignidad humana.

A los efectos de la presente Convención, la palabra ‘enseñanza’ se refiere a la enseñanza en sus diversos tipos y grados, y comprende el acceso a la enseñanza, el nivel y la calidad de ésta y las condiciones en que se da”. (El resaltado con subrayado no es del original).

“ARTICULO 3

A fin de eliminar o prevenir cualquier discriminación en el sentido que se da a esta palabra en la presente Convención, los Estados Partes se comprometen a:

a. Derogar todas las disposiciones legislativas y administrativas y abandonar todas las prácticas administrativas que entrañen discriminaciones en la esfera de la enseñanza:

b. Adoptar las medidas necesarias, inclusive disposiciones legislativas, para que no se haga discriminación alguna en la admisión de los alumnos en los establecimientos de enseñanza;

c. No admitir, en lo concerniente a los gastos de matrícula, la adjudicación de becas o cualquier otra forma de ayuda a los alumnos, ni en la concesión de permisos y facilidades que puedan ser necesarios para la continuación de los estudios en el extranjero, ninguna diferencia de trato entre nacionales por los poderes públicos, salvo las fundadas en el mérito o las necesidades;

d. No admitir, en la ayuda, cualquiera que sea la forma que los poderes públicos puedan prestar a los establecimientos de enseñanza, ninguna preferencia ni restricción fundadas únicamente en el hecho de que los alumnos pertenezcan a un grupo determinado;

e. Conceder, a los súbditos extranjeros residentes en su territorio, el acceso a la enseñanza en las mismas condiciones que a sus propios nacionales”.

“ARTICULO 5

1.-Los Estados Partes en la presente Convención convienen:

a. En que la educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y a reforzar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que debe fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales o religiosos, y el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz;

(…)”

Esta temática, por cierto, fue retomada en las siguientes disposiciones de la Ley N° 7711, denominada: “Elimina de la discriminación racial en los programas educativos y los medios de comunicación colectiva”:

“ARTÍCULO

Concepto

Considérase discriminación toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia, basada en la raza, el color, la religión, las creencias, la descendencia o el origen étnico, que anule o menoscabe el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y las libertades fundamentales tanto en las esferas política, económica, social y cultural, como en cualquier otra”. (El resaltado y subrayado no es del original).

“ARTÍCULO

Procesos educativos

El Consejo Superior de Educación Pública incluirá en sus programas y planes de estudio los principios de igualdad de oportunidades, la eliminación de prejuicios, estigmatizaciones y todo hecho o disposición que promueva segregación de cualquier tipo.

Asimismo, dicho Consejo deberá dedicar un espacio a la enseñanza de generalidades sobre las diferentes etnias y culturas que constituyen la vida activa de la sociedad costarricense, incluidas las contribuciones de los grupos minoritarios al desarrollo de la sociedad y de una cultura esencialmente democrática, diversa y pluralista”. (El resaltado y subrayado no es del original).

Asimismo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N° 7739 prevé lo siguiente:

“Artículo 3°- Ámbito de aplicación.

Las disposiciones de este Código se aplicarán a toda persona menor de edad, sin distinción alguna, independientemente de la etnia, la cultura, el género, el idioma, la religión, la ideología, la nacionalidad o cualquier otra condición propia, de su padre, madre, representantes legales o personas encargadas.

Los derechos y las garantías de este grupo son de interés público, irrenunciables e intransigibles”. (El resaltado y subrayado no es del original).

“Artículo 4°- Políticas estatales.

Será obligación general del Estado adoptar las medidas administrativas, legislativas, presupuestarias y de cualquier índole, para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales de las personas menores de edad.

En la formulación y ejecución de políticas, el acceso a los servicios públicos y su prestación se mantendrá siempre presente el interés superior de estas personas. Toda acción u omisión contraria a este principio constituye un acto discriminatorio que viola los derechos fundamentales de esta población.

De conformidad con el régimen de protección especial que la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño, este Código y leyes conexas garantizan a las personas menores de edad, el Estado no podrá alegar limitaciones presupuestarias para desatender las obligaciones aquí establecidas”. (El resaltado y subrayado no es del original).

“Artículo 69°- Prohibición de prácticas discriminatorias.

Prohíbese practicar o promover, en los centros educativos, todo tipo de discriminación por género, edad, raza u origen étnico o nacional, condición socioeconómica o cualquier otra que viole la dignidad humana”. (El resaltado y subrayado no es del original).

Por su parte, al analizar la problemática propia de la discriminación por motivos raciales, la Sala, en la sentencia N° 0966-98 de las 11:39 horas del 13 de febrero de 1998, declaró lo siguiente:

“[...] Dentro de tales instrumentos internacionales, como piedra angular de los esfuerzos de los países para eliminar tal discriminación, se plasman en La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por la Asamblea Legislativa, mediante Ley número 3844 del 5 de enero de 1967, y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. También en la preocupación global reflejada en la actitud de las Naciones Unidas, que consagró el año de mil novecientos setenta y uno como el Año de la Acción para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial y en la decisión de la Asamblea General de iniciar la Década para la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, como parte de la conmemoración del 25° aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial establece que ‘discriminación racial denota toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los Derechos Humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública’ (art.1). Los Estados partes de esa Convención, entre los cuales está Costa Rica, ‘condenan la discriminación racional y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racional en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas’. Para esa finalidad, además se comprometen a: no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar porque todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación’; abstenerse de patrocinar, defender o apoyar la discriminación racional por cualquiera persona u organización; revisar la política gubernamental, nacional y local, y enmendar, derogar o anular cualquier ley o reglamento que tenga por efecto crear o perpetuar la discriminación racial dondequiera que exista; prohibir y poner fin, por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones; estimular cuando fuere el caso, organizaciones y movimientos multirracionales integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las barreras entre las razas, y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial (art.2). Los Estados partes condenan además toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinados color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio o la discriminación raciales, cualquiera que sea su forma y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación. Como consecuencia de expuesto anteriormente, los Estados partes se comprometen a garantizar el goce de un conjunto de derechos, entre los cuales cabe citar el derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales como los medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques. Derivada de la dignidad humana y de la tolerancia entre los grupos que conviven en una sociedad, esta Sala reputa como antijurídica cualquier forma de discriminación motivada en razones raciales u otras que lesionen la dignidad humana y advierte que es obligación del Estado costarricense asegurar a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y recursos efectivos ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la Convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación y además el Estado costarricense adquirió el compromiso de tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial; y es obligación del Estado promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre los diversos grupos raciales o étnicos”. (El resaltado con subrayado no es del original).

El Voto N° 0966-98, por cierto, puede ser complementado con lo dicho en el pronunciamiento N° 2006-007608 de las 11:55 horas del 6 de octubre de 2006, a saber:

“La formulación jurídica del principio de igualdad y de la prohibición que de él deriva de discriminar es clara, en lo esencial: se parte de la consideración de lo (sic) seres humanos como intrínsecamente iguales y se permite establecer diferencias entre ellos tan sólo cuando sus divergencias accesorias así lo impongan y con ello no se lastime su dignidad. La dificultad de la protección del principio en cuestión no es tanto su delimitación jurídica, sino que radica principalmente en la demostración fáctica que una desigualdad resulta discriminatoria, es decir, prohibida por el ordenamiento jurídico. Y aquí debe hacerse una diferencia de supuestos: existe un primer grupo de casos en que se discrimina en categorías, que por sí mismas resultan contrarias a la dignidad, tales como la raza, la religión o el género. Por tratarse de diferenciaciones particularmente odiosas y, por ese mismo hecho, frecuentemente disfrazadas con otros motivos, requieren de un tratamiento probatorio preferencial que transmite la carga de la prueba al supuesto autor de la infracción y la admisión de prueba indiciaria a favor del amparado. Sin embargo, este no es el solo supuesto posible de discriminación. También existen casos en que se alega un tratamiento diverso injustificado, relacionado con otro tipo de categorías. En esta segunda hipótesis, si hay discriminación, esta apareja la lesión de un derecho fundamental y debe ser remediada, pero la carga de la prueba de la existencia de una diferencia contraria al ordenamiento jurídico recae sobre aquél que la reclama”. (El resaltado con subrayado no es del original).

En este sentido, la Sala ha entendido que la discriminación también puede darse cuando se somete a una persona, por el mismo tipo de razones espurias antes mencionadas, a un trato que resulta denigrante, abusivo o, en general, violatorio de su dignidad humana. En virtud de ello, en la sentencia N° 2013003090 de las 16:10 horas del 6 de marzo de 2013, este Tribunal dispuso lo siguiente:

“[…] se debe advertir que un acto discriminatorio puede darse cuando entre dos sujetos existe una diferencia de trato injustificado y arbitrario, en cuyo caso se requiere de un parámetro de comparación para determinar si hay desigualdad dentro de una relación normativa. Empero, la discriminación también se puede dar cuando a una persona se le califica con criterios denigrantes claramente contrarios a la opinión científica mayoritaria, como sería considerar que una persona por su color, género, etnia u orientación sexual (entre otros) sea un individuo de menor valía o bien una persona enferma. En tal caso, el solo hecho de propiciar tal tipo de calificativo implica per se un acto discriminatorio y lesivo a la dignidad humana, como tristemente ha ocurrido a lo largo de la historia en regímenes totalitarios e intolerantes, en los que incluso científicos (racialismo) han sostenido que ciertas razas o naciones, por su color, rasgos físicos o costumbres religiosas, corresponden a clases inferiores o de menor valía”. (El resaltado con subrayado no es del original).

SOBRE EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. Cuando los presuntos actos discriminatorios son cometidos en perjuicio de un menor de edad, un adecuado análisis del caso del que se trate, también demanda considerar al principio de interés superior del menor, el cual presupone la existencia de un interés subjetivo que se encuentra por encima de intereses subjetivos de otros involucrados. Sobre este particular, en la sentencia N° 2011012458 de las 15:37 horas del 13 de setiembre de 2011, la Sala declaró lo siguiente:

“Sobre el Principio del Interés Superior del Menor . El primer instrumento jurídico que reconoció ese principio fue la Declaración Universal sobre los Derechos del Niño de 1959, que en su segundo principio dispuso: ‘El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollar física, mental, moral, espiritual y socialmente de forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, el Interés Superior del Menor será la consideración primordial’. Se advierte entonces que, en un comienzo, el Principio quedó restringido a la promulgación de leyes. Posteriormente, el Principio fue incorporado en diferentes instrumentos internacionales relacionados con la persona menor de edad. Así, el artículo número 5.b de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer exige a los Estados Parte garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y desarrollo de sus hijos, teniendo en cuenta que el interés de los hijos es la consideración primordial en todos los casos. Igualmente, en el artículo 16.1.d de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se señala que en todos los asuntos que se vinculen con las relaciones matrimoniales y familiares, los intereses del niño serán primordiales. Por su parte, en el artículo 4.1 de la Carta sobre los Derechos y el Bienestar del Niño Africano (1990) estipula que en ‘todas las medidas relativas al niño emprendidas por cualquier persona o autoridad, el Interés Superior del Menor será la consideración principal’. Sin embargo, no fue sino con motivo de la Convención de los Derechos del Niño que el Principio del Interés Superior del Menor quedó instaurado plenamente como principio general de derecho, de manera que en razón de su naturaleza jurídica, irradia su función rectora sobre todo el ordenamiento jurídico. En concreto, el artículo 3.1 del Convención de los Derechos del Niño dispone: ‘En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el Interés Superior del Menor’. A los efectos de la resolución de este asunto, conviene destacar, entre otras características, la calificación de ‘superior’ que se le hace al principio. La Real Academia Española define superior como ‘lo que está más alto y en lugar preeminente respecto de otra cosa.’ Esto implica que el derecho del menor, dependiendo del caso concreto, prevalece frente a otros derechos, aunque estos sean legítimos. Se trata entonces de una cualidad jurídica integral que hace que el interés jurídico del menor tenga supremacía, predominio o preponderancia sobre los intereses de los demás; es decir, la ‘superioridad’ del Principio supone la existencia de un interés objetivo que se encuentra por encima de los intereses subjetivos de los demás involucrados, ya sea que se trate de instituciones estatales, progenitores e, incluso, los propios menores afectados. Ello obedece a que como parte de la base de que el menor de edad es un sujeto jurídico en desarrollo (o, en su caso, en formación), de cuya construcción alguien debe responder para beneficio de él y de la sociedad entera, resulta explicable que respecto de los menores de edad siempre exista una relación entre el interés jurídico de estos y los intereses jurídicos de otros (que pueden ser los padres o extraños, la sociedad en general o el Estado), evento en el cual aquél será ‘superior’. El hecho de que exista un interés objetivo por encima del interés subjetivo del menor, no constituye un retorno a la doctrina de la situación irregular. Por el contrario, la superioridad de tal interés no significa indiferencia ante la voluntad del menor, porque en la conformación de tal interés resulta indispensable considerar esa voluntad, cuando ello es posible de acuerdo con el desarrollo sicológico y fisiológico del menor. Ahora bien, como dicho desarrollo no es pleno y varía según la edad, el interés superior debe nutrirse de otros elementos ajenos a los criterios subjetivos de los involucrados (menor, progenitor, Estado), a fin de que la medida que se disponga se caracterice por fundamentarse en argumentos razonables y precisos, intersubjetivamente demostrables. Así las cosas, el interés superior del niño no es paternacéntrico ni estatocéntrico sino infantocéntrico . Esto implica que las consideraciones a la confianza que debe existir entre los Estados en cuanto a las medidas para proteger a los menores, o las pretensiones de los progenitores respecto de sus derechos para con sus hijos, son cuestiones de segundo orden porque lo que prima son los derechos de las personas menores de edad y el ambiente que mejor ampare sus propios proyectos de vida, acorde a las circunstancias que los rodean. Establecida la superioridad del interés del menor, conviene establecer la manera en que el Principio se aplica. Primeramente, este último permite la aplicación de criterios de equidad en beneficio de la persona menor de edad, cuando de por medio se encuentran en juego sus intereses. Si en términos muy amplios la justicia es dar a cada uno según sus méritos, la equidad es juris legitimi enmendatio (legítima corrección del derecho), según Aristóteles. ‘Un siglo de legalismo y de justicia puramente formalista ha mostrado los serios inconvenientes que le son consustanciales; por eso han surgido en esta época diversos movimientos enderezados contra la rigidez del imperio de la norma genérica y abstracta y en favor de la consideración de los elementos individualísimos que definen cada caso como una entidad irreducible a las demás’ (Ver Legaz y Lacambra, Luis, Filosofía del Derecho. Editorial Bosch, Barcelona, 1953, pág. 464). De otro lado, el Principio del Interés Superior del Menor debe ser utilizado por el operador jurídico como pauta hermenéutica, lo que comprende la interpretación tanto del derecho infraconstitucional, como del derecho constitucional y todos aquellos tratados o convenios suscritos por el país; evidentemente, tal criterio interpretativo comprende igualmente a las autoridades de los otros Poderes Públicos en lo atinente a sus respetivas competencias. ‘Este reconocimiento del interés superior del niño como principio general que forma parte e informa a la globalidad del ordenamiento, ha llevado a la Sala a brindar y ordenar protección especial a los menores en materias tan diversas como la protección de su imagen e identidad, el resguardo de la imagen e identidad de los menores en conflicto con la ley, y a controversias suscitadas en asuntos migratorios, de salud y de familia –ver, entre otras, sentencias números 2003-5117, de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del diecisiete de junio de dos mil tres; 2004-1020, de las ocho horas treinta y dos minutos del seis de febrero de dos mil cuatro; 2004- 8759, de las ocho horas cincuenta y seis minutos del trece de agosto de dos mil cuatro; 2005- 4274, de las dieciocho horas seis minutos del veinte de abril de dos mil cinco; 2007-10306, de las catorce horas diez minutos del veinte de julio de dos mil siete; y número 2008-7782, de la diez horas un minuto del nueve de mayo de dos mil ocho-. En este sentido, como principio general reconocido y plenamente aplicable, al interés superior del niño no le es oponible norma o decisión alguna –administrativa o judicial- que le contradiga, salvo que en circunstancias determinadas se encuentre en liza la aplicabilidad de algún otro principio general del mayor nivel, en cuyo caso el operador jurídico deberá atenerse a la prueba de ponderación y al rol de cada principio en el caso particular. De tal forma, ignorar el carácter principial del interés superior del niño desatendiendo su aplicación estricta en aquellos casos que involucren a personas menores de edad, resulta contrario a los reconocimientos que sobre el particular efectúa el Derecho de la Constitución, a la vez que da margen para situarse en una posición de vulnerabilidad frente al mandato del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En otras palabras, las autoridades administrativas y judiciales tienen la obligación de reconocer y aplicar el principio general del interés superior del niño, en perfecto acatamiento de su carácter de principio, de los mandatos establecidos por el Derecho de la Constitución, incluso ideando mecanismos apropiados y soluciones consecuentes de conformidad con lo ordenado por el referido artículo 2 de la Convención Americana.’ (ver sentencia número 2008-015461 de las 15:07 horas del 15 de octubre de 2008). Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que una manera de asegurar la primacía y real vigencia del interés superior del niño consiste en proporcionar al niño medidas especiales de protección (CORTE I.D.H.: Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva 0C-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A N° 17, par. 60, p. 62)”. (El resaltado y subrayado no es del original).

LIMITACIONES INHERENTES A LA VÍA SUMARIA DEL AMPARO A LA HORA DE ESTABLECER UNA POSIBLE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN. Dado que el recurso de amparo tiene como finalidad exclusiva brindar tutela oportuna, con carácter restitutivo, contra infracciones o amenazas inminentes a los derechos y libertades fundamentales, su naturaleza es sumaria y su tramitación no es compatible con la realización de debates extensos y técnicamente complicados, la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o la necesidad de entrar previamente a examinar, con carácter declarativo, si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad. Es por esa razón que la Sala Constitucional no se erige en un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración activa y tampoco puede reemplazarla en la gestión de sus competencias, a fin de revisar si sus decisiones se ajustan o no a la normativa legal vigente. Del mismo modo, no le compete usurpar sus atribuciones y, previa comprobación de los requisitos legales y reglamentarios del caso, declarar que un determinado derecho debe ser otorgado a un administrado, puesto que todos éstos son aspectos de legalidad ordinaria que deben dirimirse en la vía común, administrativa o jurisdiccional. Estas propiedades de la vía del amparo, determinan que ciertos reclamos por posibles violaciones al principio de no discriminación, no puedan ser zanjados en esa sede, ya que conocer de ellos requiere establecer previamente, cuál es la situación de la parte afectada en el plano de la legalidad ordinaria, de la ciencia o de la técnica.

Por ejemplo, no sería procedente admitir un amparo para discutir una supuesta violación al artículo 33 de la Constitución Política, si ello también hiciera necesario analizar en esta vía la legalidad de las pretensiones formuladas por la parte afectada; aspecto muy comprensible si se recuerda que es totalmente inaceptable alegar una violación del derecho a la igualdad contra legem, sea en forma contraria al derecho.

Asimismo, por razones similares, esta sede tampoco podría ser empleada para tramitar denuncias con el fin de sentar las supuestas responsabilidades civiles, disciplinarias o penales de los funcionarios públicos que pudieran haber cometido actos discriminatorios, no solamente porque investigar presuntas conductas irregulares no forma parte del quehacer de esta jurisdicción —dado que ya existen vías previstas específicamente por el ordenamiento jurídico para esos fines—, sino también porque ello justamente le demandaría evacuar probanzas complicadas y valorar aspectos de mera legalidad.

Sin embargo, el hecho de que existan extremos que la Sala no puede conocer por esos motivos, no debe ser tomado como una declaración de que no se produjo la alegada vulneración del principio de no discriminación. Su rechazo solamente significa que el agravio debe ser discutido en sedes más apropiadas para analizar con mayor profundidad los hechos en disputa.

EN RELACIÓN CON LA ALEGADA MODIFICACIÓN DE LAS NOTAS DE LA AMPARADA Y SU PERMANENCIA EN EL COLEGIO CIENTÍFICO DE SAN RAMÓN: CUESTIÓN QUE EXCEDE EL CARÁCTER SUMARIO DEL AMPARO. En la especie, la accionante acusa que, debido a sus supuestas tendencias racistas, la directora del Colegio Científico de San Ramón alteró las notas de la menor tutelada para poder expulsarla de dicho centro educativo. Sin embargo, el extremo no puede ser ventilado por la vía del amparo, ya que no es del resorte de esta jurisdicción el controlar que los exámenes que un estudiante efectuó durante el transcurso del ciclo lectivo, le fueron correctamente aplicados, evaluados o calificados. Asimismo, tampoco le corresponde determinar si dicho alumno cumplió o no los requisitos legales y reglamentarios necesarios para aprobar alguna materia de su interés, o si puede o debe presentar en ella. Por idénticas razones, no le compete a este Tribunal analizar si la joven tutelada reúne o no los requerimientos académicos para permanecer en el Colegio Científico de San Ramón. En este sentido, en lo tocante al caso particular de los colegios científicos, la Sala declaró, en sentencia N° 2017019984 de las 09:20 horas del 12 de diciembre de 2017, lo siguiente:

“I.- El recurso de amparo tiene como finalidad mantener o restablecer el goce de derechos fundamentales. Procede, únicamente, ante una lesión concreta y directa de uno de esos derechos. Al contrario, el amparo no es una vía para tutelar derechos de otra índole. En consecuencia, esta Sala, ciertamente, interviene ante la interrupción arbitraria del proceso educativo de una persona, dado que el derecho a la educación es un derecho fundamental, pero no interviene cuando el proceso educativo como tal no ha sido interrumpido, sino que se plantean cuestiones relativas al cumplimiento de requisitos o a la evaluación de los estudiantes. El Estado debe garantizar la educación, pero no necesariamente en el centro educativo de preferencia del estudiante o de los padres. En este caso, según expone la misma recurrente, la estudiante cursaba el décimo año en el Colegio Científico de Costa Rica, sede de San Ramón. Sin embargo, después de las vacaciones de medio período, fue trasladada al Liceo Experimental Bilingüe San Ramón, donde continuó con sus estudios. Ahora, en este amparo (presentado el 4 de diciembre) la recurrente pretende que esta Sala ordene su regreso al Colegio Científico.

En primer término, es claro que el proceso educativo no se ha interrumpido, porque la estudiante continuó en el Liceo Experimental Bilingüe San Ramón. En consecuencia, no está en juego aquí el derecho a la educación. La recurrente alega que el traslado no se justificaba, pero dilucidar si tiene o no razón depende de la interpretación y aplicación de las normas que rigen el funcionamiento de los colegios científicos y la permanencia de estudiantes. No hay motivo para que esta Sala intervenga en relación con el traslado. Por otro lado, la recurrente aseguró que el Colegio Científico de Costa Rica, sede de San Ramón modificó las notas de su hija. Sin embargo, tampoco está dentro de las competencia (sic) de un Tribunal Constitucional revisar la calificaciones de un estudiante. Ante una situación similar a la aquí planteada, también con el traslado de un estudiante de un colegio científico a su colegio de origen, esta Sala se pronunció en sentencia n.° 2010-012768 de las 8:36 horas del 30 de julio de 2010 en los siguientes términos:

'[…] no se le está negado a la menor la continuación de su proceso educativo, ya que se emitió la certificación de traslado para su correspondiente reinserción en el proceso educativo del Colegio de procedencia. Asimismo, se le recuerda a la recurrente que a este Tribunal no le corresponde revisar las notas recibidas por la amparada, por lo que si existió un error en éstas, deberá plantear su reclamo, si a bien lo tiene, ante la propia Administración. En conclusión, tomando en cuenta la situación descrita no se constata que la recurrida haya actuado de forma arbitraria ni violatoria de los derechos fundamentales de la amparada'”.

Nótese que, aun cuando la accionante alegue conocer el caso de otra estudiante que reprobó tres materias en el colegio científico y, aun así, pudo presentar exámenes, aprobarlos y graduarse en el citado centro de estudios, también acepta que cuando le mencionó el precedente a la directora recurrida, esta última le respondió que ello había ocurrido al amparo de un plan piloto que se implantó ese año y no se volvería a realizar, con lo que ambos casos, en tesis de principio, serían totalmente diferentes. Por consiguiente, lo propio es citar, en este punto, lo dispuesto en la sentencia N° 2017011971 de las 09:05 horas del 28 de julio de 2017, a saber:

“El amparo es de preferencia un recurso subjetivo, destinado a garantizar, en este sentido, los derechos y libertades fundamentales, cuando unos y otras hayan sido violados, o se violen, o se amenace con hacerlo en virtud de acciones, omisiones o simples actuaciones materiales no fundadas en un acto administrativo eficaz, de los servidores u órganos públicos; valga decir, cuando tales acciones, omisiones o simples actuaciones inciden de modo concreto en la esfera de derechos o libertades fundamentales de determinados sujetos de derecho. En esta perspectiva, no cabe lo alegado por la recurrente, a saber, inconformidad con la decisión del ejecutivo institucional del Colegio Científico de Pérez Zeledón de no aplicar en igualdad de condiciones el ‘Plan Piloto’ o medidas que permitan a los estudiantes amparados, incluyendo a su hija, de continuar con el proceso de formación en dicha institución de la misma forma para todos los estudiantes de décimo año. Véase que de conformidad con lo informado por el director de ese centro educativo, consta en el expediente de la estudiante María Victoria Alvarado Calderón, hija de la recurrente, un documento que adjunta a este recurso denominado ‘Nota de conocimiento y consentimiento informado de los lineamientos del colegio para el curso lectivo 2017-2018 y compromiso de aceptación de la normativa que lo rige’, firmado por la recurrente el 3 de febrero de 2017 y donde se mencionan la ley y los decretos que rigen a ese sistema educativo y los lineamientos generales a seguir. También ha explicado que la medida paliativa que refiere la recurrente se fundamenta en la Directriz No. 05-2010, denominada Plan Piloto ‘Permanencia y Fortalecimiento Académico del X Año’, que es una oportunidad que los Colegios Científicos de Costa Rica ejecutan, dada su autonomía, para definir las normas de admisión y promoción, otorgadas por el legislador, en beneficio del estudiante para ampliar el plazo de evaluación y de permanencia en décimo año, siempre y cuando durante el primer semestre se hayan obtenido notas inferiores a 70, pero iguales o mayores a 65, en las asignaturas de química, física, biología o matemática (básicas o de profundización). Argumenta que, también, debe considerarse que la matrícula de un estudiante de un Colegio Científico Costarricense es provisional, es decir, el derecho a permanecer como alumno regular de éste se conserva mientras mantenga el nivel de calificaciones que esa institución requiere, de lo contrario, no podrá continuar sus estudios en éste y deberá trasladarse al centro educativo oficial de procedencia u otro. En cuanto a los estudiantes amparados, ha informado que los diez reprobaron varias materias, incluyendo asignaturas que no puede aplazar un alumno de un Colegio Científico. De ahí que hayan perdido su condición como estudiantes de esa institución y, por consiguiente, deberán retornar a su colegio de procedencia u otro centro educativo. Dice que, además, si se les aplicara el Plan Piloto, tampoco calificarían porque sus notas no son iguales o superiores a 65 en ninguna de las asignaturas en mención. Al respecto, en concordancia con lo expuesto al inicio, resulta improcedente a este Tribunal determinar si a los amparados se le debe aplicar la citada opción educativa u otra que les permita continuar sus estudios en el colegio accionado, ya que ello deberá ser resuelto por las instancias administrativas que por la especificidad de lo pretendido y por mandato expreso de la ley, poseen la competencia técnica y especializada en la materia. Nótese, además, que sí era de pleno conocimiento de la recurrente el sistema de evaluación imperante en el colegio accionado. Igualmente, el hecho de que los amparados no obtuvieran el puntaje necesario para continuar sus estudios en el citado colegio, no viola sus derechos fundamentales, pues pueden acudir a otra institución educativa. Recuérdese que el derecho a la educación, como cualquier otro, no es absoluto sino que está sometido a ciertos límites y al cumplimiento de ciertos requisitos por parte de los educandos, entre los que destacan, aquellos relacionados con los puntajes obtenidos en las materias cursadas. Tampoco se evidencia discriminación alguna, pues el sistema que se objeta es de alcance general, es decir todos los estudiantes deben seguirlo de igual modo. Bajo ese contexto, se reitera que verificar si es procedente la pretensión requerida por la recurrente para su hija y demás estudiantes a favor de quienes recurre, o si se ajusta o no, a la normativa legal o reglamentaria vigente, es una labor propia de la vía común, administrativa o jurisdiccional, pero no de esta Sala”.

En consecuencia, si la reclamante estima que, de alguna forma, las notas de la amparada, las metodologías de calificación y la normativa que regula a los colegios científicos, fueron todas manipuladas para expulsar a la menor por motivos racistas del Colegio Científico de San Ramón, deberá alegarlo en las vías que corresponda.

EN RELACIÓN CON LA CERTIFICACIÓN DE TRASLADO CON LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN DIVERSIFICADA QUE LA TUTELADA REQUIERE. Acusa la recurrente que Xinia Villalobos Zúñiga, en su condición de directora ejecutiva Institucional del Colegio Científico de Costa Rica, no le ha entregado a la amparada un certificado de traslado que la alumna requiere. Sin embargo, en lo tocante a este punto, debe señalarse que dicha menor presentó por ese mismo motivo otro recurso de amparo contra la citada directora, el cual se tramitó bajo el expediente N°18-007976-0007-CO y fue declarado con lugar por sentencia N° 2018009942 de las 09:20 horas del 22 de junio de 2018. En dicho pronunciamiento se le ordenó a la Directora Ejecutiva del Colegio Científico con Sede en la Universidad de Costa Rica en San Ramón, o a quien en su lugar ocupara el cargo, que tomara las medidas que correspondieran para que, en el plazo de 3 días, contado a partir de la notificación de esa resolución, se le remitiera a la allí recurrente la certificación de traslado con las notas correspondientes a educación diversificada que necesitaba. Por lo tanto, no resulta procedente pronunciarse sobre tal extremo en el presente amparo.

ACERCA DEL HOSTIGAMIENTO RACISTA DEL QUE LA AMPARADA AFIRMA HABER SIDO OBJETO: RACISMO INTERPERSONAL VS. RACISMO INSTITUCIONALIZADO. En la especie, la recurrente alega que su hija ha sido víctima de discriminación racial, ofensas y bullying. A este respecto, lo primero que debe decirse, es que dicha señora no describe de forma precisa y circunstanciada las conductas lesivas en que habrían incurrido los recurridos, ni aporta pruebas que acrediten su dicho. Además, en muchos casos tampoco logra relacionar de forma convincente y libre de ambigüedades los supuestos comportamientos racistas de los accionados con una eventual violación de los derechos fundamentales de la amparada. Sin embargo, la Sala es del criterio que, en atención al interés superior del menor, las impericias en que la reclamante haya podido incurrir a la hora de exponer sus alegatos, no deben ser un obstáculo para que la situación sea analizada a profundidad desde la perspectiva, libre de formalismos, de esta jurisdicción. Estimar lo contrario en una materia que, de por sí, ofrece tantas dificultades en el ámbito probatorio, sería arriesgarse a dejar desprotegidos los derechos de una menor de edad por causas que ni siquiera le son imputables a ella.

En este sentido, es del parecer de este Tribunal Constitucional que si un ambiente institucional, por desconocimiento, incapacidad, abulia o mala fe de las personas responsables, fomenta activa o pasivamente el bullying, lo tolera, o permite que las microagresiones racistas proliferen de forma constante, abundante y prolongada en el tiempo, entonces dicho entorno, en sí mismo, violenta el principio de igualdad y no discriminación, atenta contra la dignidad humana y vulnera tanto el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el ordinal II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el ordinal 2 inciso 2) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los numerales 2 inciso 1) sub incisos a), b) y d), e inciso 2) y 4 inciso c), todos, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Asimismo, irrespeta los principios establecidos en la sentencia N° 2013003090 de las 16:10 horas del 6 de marzo de 2013. Fue por eso que esta Cámara le solicitó de oficio a la Sección de Psiquiatría y Psicología Forense del Departamento de Medicina Legal del Complejo de Ciencias Forenses, que valorara a la amparada [Nombre 002].

Una vez definido lo anterior, la Sala observa que en el presente caso, la exploración psicométrica y demás instrumentos empleados para valorar a la menor amparada y confeccionar el Dictamen Pericial Psicológico Forense Nº PPF-2018-0000994 del 11 de mayo de 2018, arrojaron los siguientes resultados:

“Se le administra el TSCC, Inventario de Síntomas del Trauma Infantil, para población entre 8 a 17 años, el cual contiene una serie de ítems que buscan profundizar en las diferentes manifestaciones psicológicas de acontecimientos traumáticos, incluyendo sintomatología aguda y crónica. En el caso de la evaluada, responde sin que se evidencie una tendencia a sobre reportar o dar respuestas atípicas, por lo que el perfil clínico se considera interpretable y sin que identifique la prevalencia de síntomas cuya intensidad o frecuencia pudieran considerarse clínicamente significativos.

Se administra el MMPI-A, Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota, Versión para Adolescentes, instrumento de auto reporte de contenidos muy variados que permiten la detección de distintos focos de psicopatología, en un lenguaje adaptado a la etapa adolescente, siendo de gran importancia en evaluaciones forenses, ya que contiene medidas que evalúan el estilo de respuesta de la persona, con el fin de determinar la presencia de patrones de respuesta que podrían afectar la validez de las inferencias realizadas a través del mismo. El análisis de los distintos indicadores de validez de esta prueba sugiere que la evaluada tiende a responder de manera convencional, mostrando un patrón de conformidad, sin tender a dar una imagen idealizada de sí misma o mostrarse especialmente ajustada o convencional, así como tampoco tiende a sobre reportar sintomatología. En general la evaluada proporciona un protocolo del cual se pueden realizar inferencias válidas sobre el funcionamiento de su personalidad y ajuste psicológico. Los resultados no sugieren la presencia de un trastorno psicológico severo y en general se encuentran dentro de los límites de normalidad estadística esperada.

Finalmente, se administra el CBCL, Cuestionario sobre el Comportamiento de Niños(as) de Achenbach, versión para ser completada tanto por cuidadores de niños y jóvenes de entre 11 a 18 años, en el cual a través de su reporte sistemático por parte de un acompañante, en este caso sus padres, se pueden obtener puntajes estandarizados de diversos aspectos del funcionamiento conductual, emocional y social. Los ítems y escalas proveen al profesional una imagen bien diferenciada de los problemas del joven y comparados con muestras normativas de sus pares. Es así como los resultados en este instrumento sugiere la observación en su hija de síntomas o patrones de aspectos emocionales y conductuales cuya manifestación por su intensidad o frecuencia durante por lo menos los últimos seis meses se consideran clínicamente significativos o fuera de lo esperado a su etapa de desarrollo asociados con problemas somáticos (dolores de cabeza, naúseas (sic), dolores o molestias), problemas afectivos (disfruta de pocas cosas, llanto, se hace daño a sí misma, sentimiento de culpa, cansancio sin razón para estarlo, duerme menos, habla de querer matarse, problemas del sueño, tristeza), problemas sociales (se pone celosa fácilmente, siente como que la quieren perjudicar, se lastima accidentalmente, los demás se burlan de ella, no le cae bien a otros, prefiere estar con jóvenes menores) y conducta agresiva (malhumorada, irritable, súbitos cambios de humor, pone mala cara, más ruidosa de la común, discute mucho)”. (El resaltado con subrayado no es del original).

Estos exámenes llevaron a los profesionales responsables de valorar a la joven tutelada, a concluir lo siguiente:

“DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES PSICOLEGALES:

De acuerdo a las competencias determinadas, la evaluada ha desarrollado las habilidades cognitivas, de memoria y lenguaje necesarias para hacer referencia a hechos de su historia de vida y presentarse como testiga a juicio. Dicha descripción la hace en los términos esperados a su etapa de desarrollo, siendo capaz de ubicar en lugar y persona, así como aportar detalles específicos. Acorde a lo anterior y en relación a la supuesta dinámica de bullying que se encuentra denunciando, es capaz de proporcionar un relato coherente; logrando ubicar su narración en persona, tiempo y espacio, así como asociar detalles específicos de manera coherente, sin contradecirse. Adicionalmente al analizar los instrumentos administrados, no se evidencia tendencia a manipular las respuestas dadas.

Por otro lado, en cuanto a la dinámica de la cual dice haber sido víctima en el centro escolar, es importante señalar que la literatura especializada define el bullying como un comportamiento agresivo en el cuál individuos en una posición dominante intentan causar sufrimiento mental y/o físico a otros (Kim y Leventhal, 2008). El bullying se define también como la conducta agresiva repetitiva e intencionalmente dañina que implica un desbalance de poder entre el perpetrador y la víctima (Bauman, Toomey y Walker, 2012). Personas menores reportadas como víctimas del bullying suelen manifestar problemas clínicos, entre los que resaltan la enuresis, dificultades en el sueño, ansiedad, depresión, fobia escolar, sentimientos de inseguridad, insatisfacción escolar, así como baja autoestima, aislamiento y síntomas somáticos (Kim y Leventhal, 2008). En el caso de la evaluada, se describe un buen ajuste previo tanto a nivel conductual como emocional, en ámbitos como el familiar y escolar, que fue variando a través de la exposición a la supuesta dinámica acoso por parte de la directora de centro educativo (que incluyó al estudiantado), mostrando cambios que son reportados por sus padres y la menor asociados con quejas somáticas (asociado principalmente a dolores de cabeza), ansiedad (temores, alteración de los hábitos de sueño, alteración de los hábitos alimenticios), problemas sociales (aislada), problemas afectivos (que incluía falta de motivación para asistir al colegio) y conducta agresiva (irritabilidad y cambios de humor principalmente). La evolución de dicha sintomatología ha mejorado, impresionando una buena respuesta a cambios en el entorno inmediato a la menor (traslado a un nuevo centro educativo donde reporta buen ajuste), siendo que de acuerdo a la evaluación psicométrica realizada, la evaluada no muestra la presencia de un trastorno psicológico severo al momento de la evaluación forense, impresionando con recursos emocionales y cognitivos que parecen facilitarle la adaptación al medio, sumado al apoyo familiar y especializado (abordaje psicológico)”. (El resaltado con subrayado no es del original).

Claramente, el resultado de esta probanza no solamente acredita que las manifestaciones de la tutelada son creíbles, sino también que mientras se mantuvo estudiando en el Colegio Científico de San Ramón, padeció síntomas somáticos y otros problemas que podrían ser consistentes con el bullying. Dicha sintomatología, además, mejoró cuando la amparada se trasladó de lugar de estudios. Aunado a ello, aunque al momento de serle efectuada la evaluación forense, aquella no mostró ningún trastorno psicológico severo, debe tenerse presente que anteriormente ya había sido víctima, según se afirma, de otros supuestos incidentes racistas, por lo que recibió un abordaje de psicología en el Hospital de San Ramón y, además de ello, en esta ocasión también le fue prestado apoyo psicológico a nivel privado para que pudiera enfrentar la problemática denunciada (véase la página 8 del informe respectivo).

Ahora bien, dado que esta Sala no es una instancia tramitadora de denuncias contra funcionarios que aparentemente han incurrido en actos de hostigamiento por discriminación racial, lo que es de gran importancia para esta jurisdicción, es que la supuesta situación que presuntamente le dio pie a estos síntomas, según se alega, ocurrió durante varios meses, y aunque la niña y su madre denunciaron el problema ante distintas instancias, no encontraron una respuesta administrativa apropiada. Por consiguiente, salta a la vista que la estructura institucional que opera y supervisa el funcionamiento de los Colegios Científicos, por las razones que fuera, resultó incapaz de enfrentar de forma oportuna y eficaz el supuesto hostigamiento que la tutelada sufría. Nótese cómo, de la lectura del oficio CDE 0284-2017-L del 15 de diciembre de 2017, suscrito por la Coordinadora del Equipo Interdisciplinario de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP, se colige que, luego de recibir el oficio DMS-3404-10-2017 del 9 de octubre de 2017 del Despacho de la ministra de Educación Pública, lo cierto es que la Coordinadora misma no tenía claro cuál autoridad era la competente para conocer la denuncia por racismo incoada a favor de la amparada [Nombre 002], por lo que pasó más dos meses solamente tratando de determinar si se trataba del Supervisor del Circuito 03 de la Dirección Regional de Educación Occidente del MEP o el director ejecutivo del Sistema Nacional de Colegios Científicos, e intentando localizar al citado director para remitirle la denuncia formulada a favor de la tutelada. Esto significa que, luego de transcurridos esos dos meses, la Administración todavía no había sido capaz de iniciar una investigación sobre el presunto acoso que aquí interesa. Por lo tanto, es obvio que, en la práctica, no existen canales administrativos eficaces para tramitar este tipo de quejas —es decir, mecanismos claros y definidos que sean capaces de abordar la problemática de la discriminación racial con la debida celeridad y especificidad que el tema demanda—. Este racismo institucionalizado indirecto, al haber incidido negativamente en la salud de la amparada y, por fuerza, en su derecho a la educación de forma concomitante, no solamente quebrantó las disposiciones señaladas anteriormente en este mismo considerando, sino que violentó directamente el artículo 7 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, los numerales 1 y 5 del Convenio Contra la Discriminación en la Enseñanza y los ordinales 3, 4 y 69 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Téngase presente, además, que es indispensable contar con mecanismos administrativos eficientes para conocer de esta materia, porque los órganos jurisdiccionales como el Juzgado de Familia y Violencia Doméstica del III Circuito Judicial de Alajuela, no son necesariamente idóneos para identificar y enfrentar dinámicas microagresivas y otros tipos de comportamientos causados por prejuicios, expectativas y tendencias racistas inconscientes, que no dependen de malas intenciones o prejuicios conocidos por el propio agresor (racismo implícito).

Por lo tanto, a fin de evitar que estos casos se repitan en el futuro, resulta importante identificar las vulnerabilidades, lagunas y deficiencias institucionales y normativas que inciden negativamente en el funcionamiento de los Colegios Científicos y permiten que problemas de bullying racista pudieran estarse presentado sin control alguno, por falta de canales para tramitar denuncias en ese sentido.

Consecuentemente, lo que se impone en este asunto, es declarar con lugar el recurso, con las consecuencias de ley, debido a la infracción detectada del artículo 33 de la Constitución Política, y ordenarle a las Autoridades del Consejo Nacional de Colegios Científicos que, en el ámbito de sus competencias, adopten las previsiones necesarias para que, desde una perspectiva interdisciplinaria, se elabore un protocolo que —luego de que sean debidamente diagnosticadas todas las deficiencias por las cuales la tutelada, luego de alegar haber sido víctima de hostigamiento racista de parte del propio personal del Colegio Científico de San Ramón, no encontró una respuesta institucional apropiada y oportuna para enfrentar dicho dilema—, corrija apropiadamente los problemas que quedaron en evidencia en este amparo. Ese protocolo, preferentemente deberá ser confeccionado con la participación y supervisión de la Defensoría de los Habitantes, cuya misión es proteger los derechos e intereses de los habitantes frente a las acciones y omisiones del sector público y, por lo tanto, debe velar porque las instituciones y los funcionarios públicos respeten el principio de igualdad. Además, para alcanzar esos objetivos, la Administración podrá solicitar las contribuciones y aportes de grupos defensores de los afrodescendientes como el Centro de Mujeres Afrocostarricenses. Asimismo, si para elaborarlo se considerara indispensable entrevistar a la joven amparada, las Autoridades encargadas deberán adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que dicha menor no sea potencialmente revictimizada durante el correspondiente proceso investigación.

Obviamente, lo anterior no obsta para que la Administración también inicie las investigaciones que estime pertinentes a fin de aplicarle el régimen disciplinario a aquellos docentes y estudiantes que pudieran haber sido dolosamente responsables del alegado acoso, pero de ser ese el caso, también deberá cerciorarse de tomar todas las providencias adecuadas para asegurarse de que la tutelada [Nombre 002] no sea potencialmente revictimizada con ocasión del respectivo trámite .

Por último, se hace la indicación, conforme a lo que ya ha dispuesto esta Sala en relación con el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, que la vinculatoriedad que caracteriza a la jurisprudencia constitucional, se refiere tanto a la parte considerativa como dispositiva de la sentencia, en el tanto que aquélla claramente condiciona y determina ésta (véase la sentencia N° 7062-95 de las 10:45 horas del 22 de diciembre de 1995).

NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. En el pasado, al conocer del amparo que se tramitó bajo el expediente N° 15-005493-0007-CO, concurrí con la tesis sostenida por la mayoría de este Tribunal al dictarse la sentencia N° 2017006625 de las 11:03 horas del 9 de mayo de 2017. Sin embargo, la situación objeto de pronunciamiento en este amparo, es muy diferente de la que se conoció en esa oportunidad.

En aquella ocasión, los promoventes del amparo alegaban, en abstracto, que el contenido de la obra “Cocorí” era racista y discriminaba a la etnia afrodescendiente costarricense, al reproducir estereotipos raciales negativos y constituirse en una apología del odio racial. Por eso, consideraban que, a fin de que Costa Rica cumpliera los compromisos adquiridos a través de la ratificación de la Convención contra la Discriminación Racial, dicha obra debía ser prohibida o excluida del currículum y de los programas de la materia de español. Aunado a ello, la Defensoría de los Habitantes sostuvo que la lectura de “Cocorí” había ocasionado una serie de situaciones de discriminación racial en el sistema educativo costarricense. Por ello, cuestionaba la conveniencia de que el MEP lo mantuviera dentro de la lista de lecturas obligatorias, en virtud de que esa decisión indirectamente había generado situaciones de burla, apodos y manifestación de expresiones verbales comparativas, negativas y degradantes, en algunos centros educativos. De esta suerte, solicitaba que se ordenara retirar al libro de texto “Cocorí” de la lista de lecturas obligatorias mientras el MEP realizaba una evaluación por respecto de la aplicación de la mediación pedagógica y se adoptaran las adecuaciones y mejoras necesarias para asegurar el cumplimiento por el Estado de la responsabilidad derivada de la obligación de proteger a las personas de la discriminación racial; y, en caso de no retirarse el libro de la lista oficial de lecturas, se ordenara al MEP brindar una adecuada mediación pedagógica a los estudiantes al momento de analizarlo.

En otras palabras, lo que los recurrentes buscaban con la interposición de dicho amparo, era que este Tribunal declarara que la obra Cocorí contenía estereotipos racistas, que su contenido era perjudicial para la salud psicológica de los menores afrodescendientes y que generaba indirectamente casos de bullying racial. Asimismo, pretendían obtener un pronunciamiento que la excluyera del currículum y de los programas de la materia de español para I, II, III ciclos y Diversificada para el año 2011. No obstante, perseguían todo esto con fundamento en una serie de opiniones de orden subjetivo que no estaban fundadas en ningún estudio técnico – científico idóneo para acreditar ese tipo de alegaciones.

Ahora bien, aparte de que en sentencia N° 2015007498 de las 11:30 hrs. de 22 de mayo de 2015, se indicó claramente que no es propio de un Tribunal Constitucional censurar o prohibir una obra literaria o artística, por más que resulte ofensiva, chocante o molesta para algún sector de la población, lo cierto es que la Sala Constitucional es un órgano jurisdiccional, no un órgano que pueda establecer la veracidad de afirmaciones de carácter general; en especial, si de lo que se dispone para hacerlo es de mera evidencia anecdótica. Para lograr alcanzar con certeza una determinación semejante, es necesario utilizar el método científico . Por ello, en resolución N° 201704006 de las 10:41 horas de 15 de marzo de 2017, se le otorgó a los accionantes la posibilidad de ofrecer prueba técnica pericial sobre los supuestos efectos perjudiciales que la lectura del libro producía en las personas afrodescendientes o sobre las consecuencias experimentadas en determinadas personas. Como aquellos fallaron en producir prueba idónea en ese sentido, este Tribunal no tuvo por demostrado que la lectura del libro “Cocorí” generara actos de discriminación racial indirecta en los centros educativos hacia la población afrodescendiente, al no haberse acreditado la existencia de algún estudio objetivo que pusiera de relieve el acierto de esa aserción. Asimismo, tampoco se tuvo por demostrado que la decisión cuestionada del MEP de mantener el libro dentro de la lista de lecturas obligatorias, indirectamente hubiera generado situaciones de burla, apodos y manifestación de expresiones verbales comparativas, negativas y degradantes en algunos centros educativos.

En el presente caso, en cambio, el amparo ha sido interpuesto a favor de una jovencita concreta, que podría haber sido víctima de bullying racista y no encontró una respuesta institucional adecuada para enfrentar ese problema; existe prueba pericial que acredita sus padecimientos y documentación que demuestra la incapacidad de la Administración de intervenir eficazmente a su favor. Se trata, pues, de una situación totalmente diferente, y de allí que mi voto resulte distinto al que emití en la sentencia N° 2017006625.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.