Resolución 00420-2019

Por escrito recibido mediante el sistema de gestión de la Sala a las 15:45 horas de 20 de diciembre de

2018, la recurrente interpone recurso de amparo contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

Manifiesta que padece de colelitiasis múltiple, condición que le provoca mucho dolor, al extremo que no puede comer

ni ponerse en pie. Reclama que desde hace 5 años está en espera que se le efectúe la cirugía que requiere, en el

Hospital Monseñor Sanabria Martínez. Agrega que el 29 de mayo de 2018 se le brindó la orden de hospitalización

correspondiente, pero aún no se le ha asignado fecha para su intervención quirúrgica. Considera vulnerados sus

derechos fundamentales.

El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el

fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento

que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para

rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado

Castillo Víquez; y,

SOBRE EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Los hechos que aquí se plantean ya son objeto de análisis

ante esta Sala, pues la recurrente presentó otro recurso de amparo en el que expuso los mismos agravios que alega en

estas diligencias. Se ha constatado que dicho recurso actualmente se tramita en el expediente No. 18-019409-0007-CO

y se encuentra en trámite. En razón de lo anterior, resulta improcedente admitir un nuevo recurso para discutir los

mismos hechos que -en esencia- se conocen en ese expediente, pues aparte de entrañar el serio riesgo que se dicten

dos fallos contradictorios, provocaría un retraso innecesario en la tramitación de ese recurso, en detrimento del

interés de la propia parte amparada. Por lo expuesto, lo propio es ordenar el archivo de este asunto.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

. Se previene a las partes que de haber aportado

algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter

electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser

retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia.

De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el

"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11

del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así

como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de

mayo del 2012, artículo LXXXI.