Resolución 14200-2018

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 28 de julio del 2018, el recurrente interpone recurso de habeas corpus contra el Juzgado de Pensiones Alimentaria de Escazú y manifiesta que el tutelado se encuentra separado de hecho y en proceso de divorcio ante el Juzgado Primero de Familia del Primer Circuito Judicial de San José. Afirma que, inicialmente, fue presentado, un proceso de pensión alimentaria ante el Juzgado de Pensiones del Segundo Circuito Judicial de San José, el cual, posteriormente, por incompetencia, fue trasladado al Juzgado recurrido (expediente No. 10-001638-0172-PA). Afirma que se le impuso al tutelado una pensión provisional de ¢1.700.000,00. Menciona que el 22 de febrero de 2013, presentó un incidente de hechos nuevos o de indignidad. Agrega que el 27 de febrero de 2013, solicitó pronto despacho del incidente interpuesto. Afirma que mediante resolución de las 13:20 hrs. del 25 de marzo de 2013, se le dio traslado a la incidentada. Sostiene que a través del auto de las 8:38 hrs. del 19 de julio de 2013, se resolvió que en caso de ser procedente, el proceso incidental sería conocido en sentencia de primera instancia. Relata que el 22 de julio de 2013, presentó pronto despacho y, mediante la resolución de las 7:40 hrs. del 29 de agosto de 2013, el juzgado recurrido señaló que su solicitud sería analizada con el dictado de la sentencia. Alega que ni siquiera, se le concedió audiencia para evacuar la prueba aportada. Refiere que en varias fechas de 2013 (20 de marzo, 3 de abril, 7 de agosto, 12 de agosto, 8 de noviembre y 3 de diciembre) gestionó diferentes escritos ante la autoridad judicial accionada. Sin embargo, aún, se encuentra a la espera que sean resueltos. Reseña que el 15 de enero de 2014 presentó, una solicitud de impulso procesal y aportación de prueba extraordinaria, referente a una denuncia penal que fue presentada en la Fiscalía del Primer Circuito Judicial de San José, tramitada bajo el expediente No. 13-000270-0619-PE. Por otra parte, añade que el 20 de marzo de 2014 gestionó, nuevamente, una solicitud de impulso procesal. Manifiesta que además, el 2 de mayo de 2014, requirió la realización de una audiencia de conciliación. Asimismo, pidió que se evacuara la prueba documental y que se efectuara una experticia. No obstante, todavía no se le han resuelto dichas gestiones. Asegura que el tutelado tiene, prácticamente, 7 años de estar con una pensión provisional, la cual, a su criterio, carece de fundamentación, pues, el Juzgado accionado, no ha realizado un análisis de las necesidades específicas de la beneficiaria y las posibilidades económicas del obligado alimentario. Igualmente, no se ha considerado, si el tutelado es capaz de cumplir con el monto provisional de la obligación impuesta. Puntualiza que mientras tanto, la beneficiaria "no para de viajar a todos los países del mundo"; vive en un apartamento ubicado en Escazú, cuyo costo oscila en los ¢200.000.000,00. Asimismo, tiene un automóvil marca Mercedes Benz, último modelo, de más de $70.000,00. Además, afirma que recibe depósitos millonarios en colones y dólares, por diversas actividades lucrativas de su familia. Asevera que se le ha hecho ver a la autoridad jurisdiccional, el estilo de vida que lleva la ex cónyuge de su representado; pero, aún así, no han resuelto los escritos presentados. Estima una evidente denegatoria procesal; así como, una indudable violación al debido proceso. Reclama que, continúa esperando la resolución del proceso incidental; así como, el dictado de la sentencia de fondo. Finalmente, solicita que se condene en daños y perjuicios al Juzgado recurrido, por haber dilatado las resoluciones tanto incidentales, como el fallo de primera instancia; así como, por la constante denegatoria de acceso a la justicia, de la que ha sido objeto su cliente.

En resolución de las 9:25 horas del 31 de julio del 2018 esta Sala dio curso al presente recurso.

Informa bajo juramento Sindy Campos Coto en su condición de Jueza Coordinadora del Juzgado de Pensiones Alimentarias de Escazú que los argumentos del recurrente fueron conocidos en el recurso de habeas corpus tramitado bajo expediente No. 14-014307-0007-CO el cual fue declarado parcialmente con lugar. En escrito con fecha 22 de febrero del 2013 el recurrente presentó un incidente de declaratoria de indignidad o ingratitud como consecuencia de exoneración, el cual por tratarse de una gestión inexistente en nuestro ordenamiento jurídico se le previno al demandado que aclarada el tipo de gestión. Que se trataba de un incidente de hechos nuevos motivo por el cual debe ser analizado en sentencia de fondo. Que es cierto que el amparado presentó el 12 de febrero del 2015 incidente de hechos nuevos que fue rechazado en resolución de las 15:30 horas del 13 de marzo del 2015. Que en el expediente consta audiencia de conciliación y recepción de prueba de incidente de hechos nuevos con fecha del 11 de diciembre del 2017 donde se recibió la prueba de ambas partes y no constan recursos sobre la resolución que convoca a las partes. En resolución de las 16:02 horas del 31 de noviembre del 2018 se convocó a las partes para recibir la prueba ofrecida, sea justamente el incidente de hechos nuevos por lo que el Juzgado emitió pronunciamiento en cuanto al tema. El 22 de enero del 2018 el recurrente presentó nuevamente prueba para mejor resolver. Que por resolución del 30 de abril del 2018 al amparado se le otorgó permiso de salida del país. Solicita que se desestime el recurso planteado.

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 27 de agosto del 2018, la Coordinadora del Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Escazú cumple con lo ordenado por esta Sala en la resolución de las 14:49 horas del 22 de agosto del 2018 y manifiesta que según llamada telefónica le indicaron que el expediente judicial de la presente causa se encuentra en la Sala Constitucional, por lo que en un plazo de tiempo tan corto le es imposible brinda la información sin contar con el expediente físico. Además señala que el proceso judicial no tiene pase a fallo, lo cual significa que a nivel de técnicos no se ha realizado la revisión del mismo para determinar si efectivamente se encuentra listo.

En los procedimientos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Fernández Argüello; y,

ANTECEDENTE. Esta Sala en la sentencia número 2014-16803 de las 14:30 horas del 14 de octubre del 2014 resolvió y estimó un anterior recurso de hábeas corpus interpuesto por el amparado, en el cual se determinó en lo que interesa:

“III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

En el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Escazú se tramita un proceso alimentario en contra de Carlos Bravo Astúa interpuesto por su esposa el 27 de setiembre de 2010 en el Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de San José (informe de la Jueza de Pensiones Alimentarias de Escazú en el Sistema Costarricense de Gestión de los Despachos Judiciales y expediente No. 10-001638-0172-PA principal).

Mediante resolución de las 9:45 horas de 14 de octubre de 2010 el Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de San José dio curso a la demanda de pensión alimentaria y otorgó audiencia al tutelado. Asimismo, impuso el monto provisional de la pensión alimentaria en la suma de 1.700.000,00 colones mensuales a favor de la esposa del tutelado (ver folios 213-215 tomo I expediente; punto tres del informe en el SCGDJ).

El 20 y 21 de octubre de 2010 el tutelado y la actora alimentaria presentaron recurso de revocatoria y apelación en subsidio en contra de la resolución de las 9:45 horas de 14 de octubre de 2010 (folios 224-229, 230-235 Tomo I).

El 20 de octubre de 2010 el tutelado contestó la demanda (folio 236-242 tomo I).

Por resolución de las 18:29 horas de 11 de noviembre de 2010 el Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de San José rechazó los recursos de revocatoria formulados y admitió para ante el Juzgado de Familia de ese circuito, los recursos de apelación (folios 261-262 tomo I).

A las 8:00 horas de 9 de febrero de 2011 se realizó la audiencia de conciliación y de recepción de prueba en el Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de San José (folios 1037-1048 tomo I).

El Juzgado Primero de Familia de San José, mediante resolución de las 14:35 horas de 15 de marzo de 2011 anuló la resolución de 9:45 horas de 14 de octubre de 2010 al acoger el recurso de apelación formulado por la actora alimentaria (folio 1079-1080 tomo II).

El 22 de febrero de 2011 se interpuso un incidente de tercería de dominio por parte de Alejandro Bravo Astúa (folio 1081-1084 tomo II).

Por resolución de las 19:51 horas de 28 de abril de 2011, el Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de San José confirió audiencia al demandado alimentario respecto de la demanda e impuso a su cargo, el monto provisional de pensión en la suma de 1.700.000,00 colones a favor de la actora (folio 1098-1102 tomo II).

El 02 de mayo y 05 de mayo de 2011, la parte actora y demandada impugnaron la resolución de las 19:51 horas de 28 de abril de 2011 (folios 1107 y 1128 tomo II).

Por resolución de las 17:20 horas de 8 de junio de 2011 el Juzgado de Pensiones Alimentarias del II Circuito Judicial de San José, entre otros extremos, rechazó los recursos de revocatoria y admitió las apelaciones para ante el superior (ver f. 1170 tomo II).

Por resolución de las 19:42 horas de 14 de junio de 2011 el Juzgado de Pensiones Alimentarias del II Circuito Judicial de San José acogió la solicitud de incompetencia y remitió la causa al Juzgado de Pensiones Alimentarias y contra la Violencia Doméstica de Escazú, órgano que por resolución de las 13:00 horas de 1 de setiembre de 2011 se arrogó su conocimiento (f.1177 y 1198 tomo II).

Por sentencia No.269-2011 de las 14:24 horas de 31 de octubre de 2011 el Juzgado Primero de Familia de San José dispuso en forma expresa: “En lo que fue objeto de apelación por parte del demandado en cuanto a la impugnación por la fijación de la cuota provisional de alimentos, se rechaza el recurso de apelación, por el contrario la apelación de la actora en cuanto a la fijación provisional de alimentos se declara parcialmente con lugar el recurso, en cuanto a la fijación de la cuota, la cual se modifica a DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL COLONES, en lo demás se mantiene la resolución impugnada (…)” (f.1217-1225 tomo II).

El 16 de noviembre de 2011 el tutelado solicitó la adición y aclaración de la sentencia de las 14:24 horas de 31 de octubre de 2011, siendo resuelta por el Juzgado Primero de familia de San José mediante resolución de las 13:30 horas de 14 de diciembre de 2011 (f. 1228 y 1233 tomo II).

El 27 de agosto de 2012 la actora alimentaria presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución de las 9:20 horas de 16 de agosto de 2012 por la cual se resolvió la solicitud de compensación de saldos presentada por el tutelado (f.1376-1377 tomo II).

El Juzgado recurrido, por resolución de las 13:20 horas de 5 de noviembre de 2012 acogió el recurso de revocatoria formulado contra la resolución de las 9:20 horas de 16 de agosto de 2012 (f.1380-1385 tomo II).

El 23 de noviembre de 2012 la parte actora presentó recurso de apelación contra la resolución de 5 de noviembre de 2012, el cual fue resuelto por resolución de las 15:21 horas de 28 de octubre de 2013 del Juzgado Primero de Familia de San José (f. 1389-1390 tomo III; f. 1617-1619 tomo III).

El 22 de febrero de 2013 el recurrente presentó un “incidente de declaratoria de indignidad o ingratitud con consecuencia de exoneración” ante el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Escazú (f.1413-1461 tomo III).

Por resolución de las 7:30 horas de 28 de febrero de 2013 el Juzgado de Pensiones Alimentarias y Contra la Violencia Doméstica de Escazú, entre otros aspectos, previno al tutelado que aclarara su pretensión respecto del incidente formulado, para lo cual le otorgó un plazo de veinticuatro horas (f. 1538-1542 tomo III).

El 27 de febrero de 2013 el recurrente presentó un pronto despacho del incidente (f.1544 tomo III).

El 01 de marzo de 2013 el recurrente presentó un escrito para cumplir la prevención, indicando que se trata de un incidente de hechos nuevos (f. 1545-1549 tomo III).

El 20 de marzo de 2013 el recurrente presentó prueba para ser analizada en el incidente (f. 1555-1556 tomo III).

Por resolución de las 13:20 horas de 25 de marzo de 2013, el Juzgado de Pensiones Alimentarias y contra la Violencia Doméstica de Escazú confirió audiencia a la incidentada (f. 1564 tomo III).

El 3 de abril de 2013 la incidentada contestó la audiencia concedida (f. 1571-1583 tomo III).

Por resolución de las 8:38 horas de 19 de julio de 2013 el Juzgado de Pensiones Alimentarias y contra la Violencia Doméstica de Escazú corrigió un error material contenida en la resolución de 25 de marzo de 2013; tuvo por contestado el incidente y dispuso que su resolución se reservaba para el dictado de la sentencia de primera instancia (f. 1600 tomo III).

El 22 de julio de 2013 y 07 de agosto de 2013 el recurrente urgió el pronto despacho del incidente (folio 1601, 1605 tomo III).

El 12 de agosto de 2013 el recurrente presentó un escrito titulado “oposición y protesta por violación al debido proceso”, en el que solicitó que se evacuara la prueba aportada (f.1606 tomo III).

Por resolución de las 7:40 horas de 29 de agosto de 2013 la autoridad recurrida en relación con las gestiones indicadas, reiteró al recurrente que “su solicitud será analizada en Sentencia de Primera Instancia, sin embargo respecto de la prueba aportada por el demandado se tiene por ofrecida en carácter de prueba para mejor resolver, los cuales serán valorados por el Juez en el dictado de la sentencia si así lo considera oportuno” (folio 1609 tomo III).

El 8 de noviembre de 2013 el recurrente presentó ante la recurrida, una solicitud de impulso procesal (f.1637-1638 tomo III).

El 13 de diciembre de 2013 el recurrente solicitó a la autoridad recurrida, que se autorizara el pago en tractos de la cuota de aguinaldo del recurrente (f.1641 Tomo III).

Por resolución de las 15:00 horas de 13 de diciembre de 2013 la autoridad recurrida rechazó la solicitud de pago en tractos (f. 16486-1647 Tomo III).

El 18 de diciembre de 2013 el recurrente presentó recurso de revocatoria y apelación en subsidio en contra de la resolución de las 15:00 horas de 13 de diciembre de 2013 (f. 1660-1666 tomo III).

Por resolución de las 8:07 horas de 6 enero de 2014 la autoridad recurrida rechazó el recurso de revocatoria formulado contra la resolución de 13 de diciembre de 2013 y admitió el recurso de apelación para ante el superior (folio 1680-1681 tomo III).

El 15 de enero de 2014, el actor, nuevamente, presentó una solicitud de impulso procesal y aportó prueba extraordinaria (f- 1695 tomo III).

El 20 de marzo de 2014 el recurrente solicitó que se diera “impulso procesal” al incidente (f.1715 tomo III).

Por resolución de las 13:58 horas de 21 de marzo de 2014 la autoridad recurrida concedió audiencia de la parte actora sobre la prueba aportada por el recurrente (f.1710 tomo III).

El 4 de abril de 2014 la parte incidentada contestó la audiencia (f. 1717-1719 tomo III).

Por resolución de las 13:58 horas de 15 de abril de 2014 la autoridad recurrida dispuso que el recurrente debe estarse a lo resuelto en las resoluciones de las 7:30 horas de 28 de enero de 2013 y 8:38 horas de 19 de julio de 2013 en cuanto a que se reservaba el conocimiento del incidente para la sentencia de fondo (folio 1724 tomo III).

El 2 de mayo de 2014 el recurrente presentó ante la accionada, más prueba y un escrito rotulado “manifestación de oposición” a lo resuelto en la resolución de las 13:58 horas de 15 de abril de 2014 (f. 1731-1732, 1733 tomo III).

Por resolución No.84-2014 de las 9:46 horas de 2 de junio de 2014 el Juzgado Primero de Familia de San José rechazó el recurso de apelación interpuesta en contra de la resolución de 13 de diciembre de 2013 por la cual se rechazó la solicitud del tutelado de cancelar el aguinaldo en tractos (f.1689-1691 tomo III).

El 21 de agosto de 2014 el recurrente solicitó a la recurrida, la evacuación de prueba (f.1692 tomo III).

A la fecha, no se ha dictado sentencia de fondo respecto del proceso alimentario (revisión de los tomos I, II, III de la causa alimentaria; ampliación del informe rendido el 9 de octubre de 2014).

A la fecha, no existe pendiente ninguna solicitud de apremio corporal (ver informe de la Jueza en el SCGDJ).

SOBRE EL DERECHO A UNA JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA. El artículo 41 de la Constitución Política estipula: "Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes". En igual sentido, el artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en San José el 22 de noviembre de 1969 indica: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". De lo anterior se colige que la Administración de Justicia está obligada a resolver en un plazo razonable los asuntos que le son planteados. El artículo 41 de la Constitución Política —antes trascrito—, no ha constitucionalizado un derecho a los plazos, sino el derecho fundamental de toda persona a que su causa sea resuelta dentro de un plazo razonable, lo que ha de ser establecido en cada caso concreto, atendiendo a la complejidad del asunto, la conducta endoprocesal de los litigantes y de las autoridades accionadas, así como las particularidades de cada tipo de proceso.

RESPECTO DE LA DILACIÓN ACUSADA. De previo a analizar la dilación acusada es necesario aclarar que la mayoría de este Tribunal Constitucional, desde la Sentencia No. 12644-2011 de las 15:03 hrs. de 21 de septiembre de 2011, ha indicado que para conocer y resolver la violación al derecho a un proceso en un plazo razonable, se requiere que éste haya concluido por sentencia firme. No obstante, el presente es una excepción a esa línea jurisprudencial por estar de por medio la libertad del recurrente, quien es deudor alimentario y lo resuelto en el proceso de pensión alimentaria repercute, necesariamente, en su libertad personal. Aclarado el punto, se entra a resolver el extremo alegado. Según se acreditó el 27 de setiembre de 2010 se presentó la demanda alimentaria en contra del tutelado ante el Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de San José, autoridad que, posteriormente, se declaró incompetente, siendo trasladada la causa al Juzgado de Pensiones Alimentarias y de Violencia Doméstica de Escazú, donde, actualmente, el proceso sigue en trámite. De la revisión de los cuatro tomos que conforman el expediente de esa causa alimentaria (No. 10-001638-0172-PA) se acredita que, aún a la fecha, no se ha dictado sentencia de fondo. De igual suerte, el incidente presentado en enero de 2013 no ha sido resuelto. Aunque el recurrente cuestiona que se hubiere reservado el conocimiento de ese incidente para el momento del dictado de la sentencia de fondo, ese es un extremo que no compete ser analizado por esta Sala como si fuera una instancia más dentro del proceso. No obstante, lo que sí importa a efectos de tutela constitucional es determinar si ha habido una dilación indebida dentro del proceso alimentario, extremo que también fue alegado. En ese sentido, se acredita que ha transcurrido cuatro años desde que se planteó la demanda alimentaria sin que exista, aún hoy, resolución de fondo. Ciertamente, no puede obviarse que ha habido una profusa e intensa actividad de las partes con recursos, gestiones e incidentes que ha incidido en el trámite y resolución del proceso (nótese los múltiples recursos e incidencias), prolongando el dictado de la sentencia de primera instancia. No obstante, ha habido períodos prolongados de inactividad por parte de la autoridad recurrida que no resultan imputables a la partes y que en esa medida, no deben ser soportadas por éstas. De otra parte, debe subrayarse que ni en el informe ni en la ampliación de éste, la autoridad recurrida adujo alguna circunstancia objetiva que justificara que a la fecha, no se hubiere dictado sentencia de fondo de la causa alimentaria. Este Tribunal ha señalado, en forma reiterada, que la Administración de Justicia está obligada a resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, más aún, en asuntos como el presente en los que puede restringirse la libertad personal ante un eventual incumplimiento de la obligación alimentaria provisional. Bajo este orden de consideraciones, en cuanto a este extremo, el recurso resulta atendible por violación del derecho a una justicia pronta y cumplida.

SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA CUOTA ALIMENTARIA PROVISIONAL. El actor alegó, además, la falta de fundamentación de la cuota alimentaria provisional. Del estudio de los autos se desprende que la cuota vigente es la de 2.300.000,00 colones impuesta por el Juzgado Primero de Familia de San José mediante sentencia No.269-2011 de las 14:24 horas de 31 de octubre de 2011. Esta resolución se dictó con motivo de los recursos de apelación planteados por la actora y el demandado alimentario en contra de la imposición —por segunda vez— de la cuota alimentaria provisional, siendo acogido parcialmente el de la acreedora alimentaria y rechazado el del deudor. Nótese que ya se había revocado la primera cuota alimentaria provisional por considerar que no se había motivado en forma adecuada. Revisada, pues, la resolución No.269-2011 este Tribunal descarta que se esté ante un yerro como el formulado. La autoridad recurrida en forma amplia y con base en las pruebas que constaban a ese momento en el expediente, ponderó las condiciones del obligado alimentario y de la beneficiaria con base en las necesidades y posibilidades de cada cual. En cuanto al deudor alimentario, entre otros aspectos, se consideró su vínculo matrimonial con la acreedora y que tiene los medios suficientes para cubrir la cuota alimentaria pues es propietario de altos porcentajes de acciones en varias sociedades, en las que en algunos, incluso, figura como directivo, por ejemplo, es propietario de acciones en la Cervecería Costa Rica que le generan en un periodo de nueve meses ingresos por 2.583.874 colones (ver f.1221 tomo II). Asimismo, es propietario, entre otras, del 50% de las acciones de Aventuras Cristal, Felpa International, Segeberg y el 100% de Aragón Gasca, Servex Construcciones, Dumpi S.A. De otra parte, en el caso de la beneficiaria se tomaron en cuenta las condiciones materiales que había mantenido en virtud de que el tutelado se las había garantizado durante la relación matrimonial; la acreedora siempre fue dependiente económicamente de su esposo, quien en todo momento, le garantizó un alto nivel de vida con mínimo seis viajes al extranjero por año; tarjetas de crédito con montos elevados de límite de crédito, pago de personas que se encarguen del servicio, compras, etc. Al respecto, se sostuvo “(…) es justo que si la esposa siempre estuvo al lado del marido y de la familia dando su apoyo, velando por el bienestar de todos los miembros, que ahora se le de la espalda y se le deje en desamparo y condición de vulnerabilidad, pues ella también contribuyó al bienestar y consolidación de la familia”. De ahí entonces que, en criterio de este Tribunal, la imposición de la cuota alimentaria parte de una adecuada fundamentación tomando en cuenta la copiosa prueba documental e incluso, prueba confesional a partir de la cual se acreditó, a ese momento, la solvente capacidad económica del tutelado y las necesidades de la acreedora teniendo como parámetro el lujoso nivel de vida que había venido gozando durante los años de matrimonio. Así las cosas, se descarta este agravio.

CONCLUSIÓN. En mérito de lo expuesto, se impone acoger el recurso, únicamente, en lo tocante al derecho a una justicia pronta y cumplida, procediendo el rechazo en cuanto a la falta de fundamentación. Asimismo, se advierte a la parte recurrente que los presuntos defectos procesales de la causa alimentaria deben ser discutidos en las vías ordinarias tal y como se indicó en la sentencia No.2012-001157 de las 9:05 horas de 27 de enero de 2012, dictada con motivo de un hábeas corpus anterior que había sido planteado por ese tipo de yerros”. (Lo subrayado no corresponde al original).

OBJETO DEL RECURSO. El recurrente indica que en su contra se tramita proceso de pensión alimentaria ante al Juzgado de Pensiones Alimentarias bajo expediente número 10-001638-0172-PA en donde se le impuso al tutelado una pensión provisional de ¢1.700.000,00. Reclama que el 22 de febrero de 2013, presentó un incidente de hechos nuevos o de indignidad. El 27 de febrero de 2013, solicitó pronto despacho del incidente interpuesto. En auto de las 8:38 hrs. del 19 de julio de 2013, se resolvió que en caso de ser procedente, el proceso incidental sería conocido en sentencia de primera instancia. El 22 de julio de 2013, presentó pronto despacho y, mediante la resolución de las 7:40 hrs. del 29 de agosto de 2013, el juzgado recurrido señaló que su solicitud sería analizada con el dictado de la sentencia. Además acusa que en varias fechas 20 de marzo, 3 de abril, 7 de agosto, 12 de agosto, 8 de noviembre y 3 de diciembre del 2013 gestionó diferentes escritos ante la autoridad judicial accionada, sin embargo, aún, se encuentra a la espera que sean resueltos. Reclama que tiene 7 años de estar con una pensión provisional, la cual, a su criterio, carece de fundamentación, pues, el Juzgado accionado, no ha realizado un análisis de las necesidades específicas de la beneficiaria y las posibilidades económicas del obligado alimentario. Igualmente, no se ha considerado, si el tutelado es capaz de cumplir con el monto provisional de la obligación impuesta. Considera que dicha actuación vulnera lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política.

HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a) En contra del amparado se tramita proceso de pensión alimentaria ante el Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Escazú expediente número 10-001638-0172-PA

b) El 22 de febrero de 2013, el recurrente presentó un incidente de hechos nuevos o de indignidad ante el Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Escazú (folio 1413 del expediente judicial).

c) En resolución de las 7:30 horas del 28 de febrero de 2013, el Juzgado recurrido resolvió: “SEXTO. PREVENCIÓN DEL DEMANDADO. Visto el incidente de declaratoria de indignidad o ingratitud con consecuencia de exoneración aportado por el demandado y en virtud de que el mismo es inexistente en nuestro ordenamiento jurídico así como que se desprende del mismo que lo que pareciera pretender es la interposición de un incidente de exoneración de la pensión establecida, se le previene que en el termino de 24 horas aclare cuál es su pretensión o la finalidad que persigue con los memoriales de folios 1413 – 1436” (expediente judicial).

d) En escrito con fecha recibido el 1 de marzo del 2013 el recurrente cumplió con la prevención ordenada en la resolución supra citada (expediente judicial).

e) Por resolución de las 13:20 horas del 25 de marzo del 2013, el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Escazú señaló que al cumplir el demandado con la prevención realizada en la resolución de las 7:30 horas del 28 de febrero del 2013 se concedió audiencia por tres días a la parte actora para que manifiesta lo que considere oportuno en relación al incidente de hechos nuevos que consta en los folios 1413 al 1563 (expediente judicial).

f) Por escrito con fecha recibido 3 de abril del 2013 la parte actora cumplió con la prevención supra citada (folio 1571 a 1583 del expediente judicial).

g) Mediante resolución de las 8:38 horas del 19 de julio del 2013, el Juzgado recurrido determinó: “SEGUNDO. Se tiene por cumplida la audiencia realizada a la parte actora en la resolución de las 13:20 horas del 25 de marzo del 2013. De igual manera se le indica a las partes que en caso de ser procedente el incidente de hechos nuevos se resolverá en sentencia de primera instancia” (folio 1600 del expediente judicial).

h) En escritos con fecha de recibido 7 y 12 de agosto del 2013 el recurrente presentó solicitud de pronto despacho en relación al incidente de exoneración de cuota alimentaria (expediente judicial).

i) Por resolución de las 7:40 horas del 29 de agosto del 2013, el Juzgado recurrido resolvió en relación a los escritos presentados por la parte demandada el 7 y 12 de agosto del 2013 que su solicitud será analizada en sentencia de primera instancia (folio 1609 del expediente judicial).

j) En escrito con fecha recibido 3 de diciembre del 2013 el recurrente solicitó al Juzgado recurrido la programación lo antes posible de la audiencia de conciliación y evacuación de la prueba ofrecida en el incidente sobre hechos nuevos (folio 1639 del expediente judicial).

k) En resolución de las 15:00 horas del 13 de diciembre del 2013, el Juzgado recurrido rechazó la solicitud de pago en tractos presentado por el demandado (folios 1647 1648 del expediente judicial).

l) Por resolución de las 8:07 horas del 7 de enero del 2014, el Juzgado recurrido rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por el amparado en contra de la resolución supra citada que rechazó el pago en tractos y admitió la apelación (folios 1680 a 1682 del expediente judicial).

m) En sentencia de segunda instancia número 84-2014 de las 9:46 horas del 2 de junio del 2014, el Juzgado Primero de Familia de San José rechazó el recurso de apelación interpuesto por el recurrente y confirmo en todos sus extremos la resolución recurrida (folios 1404 a 1405 del expediente judicial).

n) Mediante escrito con fecha recibido 21 de octubre del 2014 el recurrente presentó solicitud de pronto despacho ante el Juzgado recurrido (expediente judicial).

o) En constancia emitida el 10 de marzo del 2017 por el técnico judicial del juzgado recurrido se indica que el presente proceso de pensión alimentaria se encuentra listo para el dictado de la resolución de fondo (folio 2292 del expediente judicial).

p) En escrito con fecha recibido 22 de enero del 2018 el recurrente presentó ante la autoridad recurrida prueba para mejor resolver (folios 2421 a 2426 del expediente judicial).

q) Por resolución de las 10:28 horas del 11 de mayo del 2018, el Juzgado recurrido resolvió: “Primero. Se tiene por ofrecida la prueba para mejor resolver aportada por el recurrente y de la cual se puso en conocimiento de la actora por el plazo de tres días, y será valorada por el juez de fondo en el momento procesal oportuno, en el caso de resultar procedente su admisión (folio 2447 del expediente judicial).

r) Por escrito con fecha de recibido 14 de mayo del 2018 el recurrente presentó solicitud de pronto despacho ante el Juzgado recurrido (folios 2450 a 2452 del expediente judicial).

SOBRE EL FONDO. De previo a analizar la dilación acusada es necesario aclarar que la mayoría de este Tribunal Constitucional, desde la Sentencia No. 12644-2011 de las 15:03 horas. de 21 de septiembre de 2011, ha indicado que para conocer y resolver la violación al derecho a un proceso en un plazo razonable, se requiere que éste haya concluido por sentencia firme. No obstante, el presente es una excepción a esa línea jurisprudencial por estar de por medio la libertad del amparado, quien es deudor alimentario y lo resuelto en el proceso de pensión alimentaria repercute, necesariamente, en su libertad personal. En el presente caso, se acredita que desde el 27 de setiembre de 2010 se presentó la demanda alimentaria en contra del amparado ante el Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de San José, autoridad que, posteriormente, se declaró incompetente, siendo trasladada la causa al Juzgado de Pensiones Alimentarias y de Violencia Doméstica de Escazú, donde, actualmente, el proceso sigue en trámite. De la revisión de los cuatro tomos que conforman el expediente de esa causa alimentaria (No. 10-001638-0172-PA) se acredita que, aún a la fecha, no se ha dictado sentencia de fondo. Nótese que en la sentencia número 2014-16803 de las 14:30 horas del 14 de octubre del 2014, este Tribunal acreditó una infracción a lo dispuesto en el artículo 41 constitucional, pues en ese entonces habían transcurrido cuatro años desde que se planteó la demanda alimentaria sin que existiera en ese entonces resolución de fondo. A pesar de lo anterior a la fecha la autoridad recurrida no ha dictado sentencia de fondo, tal y como lo indica la Coordinadora del Juzgado en el escrito que aportó el pasado 27 de agosto en donde indico que el proceso judicial no tiene pase a fallo, lo cual significa que a nivel de técnicos no se ha realizado la revisión del mismo para determinar si efectivamente se encuentra listo. Así las cosas, en el presente caso se acredita una grosera violación a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política, pues en reiterada jurisprudencia se ha indicado que la Administración de Justicia está obligada a resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, más aún, en asuntos como el presente en los que puede restringirse la libertad personal ante un eventual incumplimiento de la obligación alimentaria provisional. En mérito de lo expuesto, el presente recurso debe ser declarado con lugar como en efecto se ordena.

IV- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.