Resolución 14457-2017

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala Constitucional

el 31 de agosto del año en curso, el recurrente presenta recurso de

amparo y manifiesta que mediante acuerdo del Registro de Personas Jurídicas, la

Junta Administrativa del Registro Nacional, ordenó la disolución de las sociedades

aquí recurrentes, quienes poseen todas, bienes inscritos ante el Registro

Público, en abierta violación al Principio de Legalidad y Debido Proceso en

Sede Administrativa. En este sentido, el debido proceso y la defensa en el

procedimiento administrativo o en la vía administrativa previa, es un derecho

fundamental de primer orden que asegura la predictibilidad de la actividad

formal de las administraciones públicas. Asimismo, garantiza que, cuando la

administración pública ejerce sus potestades, se explique y sea inteligible

para el administrado, con lo que se logra actuar relevantes valores del Estado

constitucional de Derecho tales como la transparencia y principios inherentes a

éste como la interdicción de la arbitrariedad Es la especie fáctica, las sociedades amparadas,

han sufrido los embates de la máxima sanción impuesta por la Ley 9024, sin que

durante la tramitación de los respectivos expedientes, se les haya concedido el

derecho de defensa y debido proceso, toda vez, que ningún acto preparatorio,

como lo prevención de pago, Certificación del Adeudo Tributario, les fue

debidamente notificada y comunicada. Siendo que el hecho generador de la

disolución de las empresas recurrentes es el adeudo Tributario, requisito

previo para proceder con la disolución de las mismas, es que Junta

Administrativa del Registro Público, en sujeción al Principio de Legalidad y

sometiéndose al Bloque de Legalidad, haya intimado en debida forma a las

recurrentes de tal adeudo a través de la Certificación del mismo. Solicita se

declare con lugar el recurso.

El

artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a

rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su

presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte

ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de

juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o

reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta la

Magistrada Hernández López; y,

El recurrente interpuso este amparo contra la decisión

del Registro Nacional de disolver las sociedades amparadas, con base en la ley

n.° 9024 (Impuesto a las personas jurídicas), de manera automática, pese a que

ya está al día en el pago del impuesto. Alegó que el Registro Nacional no

observó previamente un procedimiento administrativo, lesionando por ello, el

debido proceso, derecho defensa.

Este Tribunal ya se ha pronunciado sobre

la disolución de una sociedad anónima por morosidad en el pago del impuesto

establecido en la ley n.° 9024. En sentencia n.° 2017-008952 de las 14:00 horas

del 16 de junio de 2017, indicó lo siguiente:

«Sobre el fondo. Como

primer agravio, el recurrente alega que en aplicación del transitorio No. 279 y

la Ley No. 9024, que establece que las sociedades con más de tres años de

morosidad en el pago del impuesto a las sociedades, serían disueltas, el

Registro Público procedió a publicar en el Diario Oficial La Gaceta No. 230 del

30 de noviembre de 2016, la disolución de su representada, por la omisión del

pago del impuesto. Sin embargo, acusa que la notificación de esa decisión no

cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Notificaciones Judiciales,

ya que, actualmente, existen medios electrónicos a través de los cuales se pudo

notificar a su representada. Añade que en su artículo 20 la ley señala que para

notificar a las personas jurídicas existen varios medios, como el correo

electrónico o a través del agente residente, y no por una publicación en La

Gaceta. En ese sentido, la notificación por edicto dejó en total indefensión a

la empresa amparada, en clara violación al debido proceso y derecho de defensa.

Extremo que rechaza el director de Personas Jurídicas del Registro Nacional,

pues sostiene que se actuó conforme a lo indicado en el artículo 6 de la Ley de

Impuesto a las Personas Jurídicas, No. 9024, el cual es muy claro al indicar,

en lo que interesa, que: “EI no pago de impuesto establecido en la presente ley

por tres períodos consecutivos será causal de disolución de la sociedad

mercantil, empresa individual de responsabilidad limitada o sucursal de una

sociedad extranjera o su representante. El Registro Nacional enviará el aviso de

disolución al diario oficial La Gaceta, de conformidad con el artículo 207 del

Código de Comercio, y procederá a la cancelación de la inscripción y anotación

de bienes...”. Manifiesta que en el caso de disoluciones de sociedades por la

Ley No. 9024, se establece un presupuesto de hecho que es la morosidad en el

pago del impuesto a las Personas Jurídicas por tres períodos fiscales

consecutivos, que en el supuesto de acreditarse, lo procedente es ejecutar la

disolución, y para tales efectos fue definido el correspondiente trámite,

precisamente por dicha ley, y dentro del cual se determinó que la forma de

notificar a las empresas morosas de dicho impuesto fuera mediante aviso en el

Diario oficial La Gaceta, de conformidad con el artículo 207 del Código de Comercio.

También ha expuesto que tampoco es cierto que la notificación realizada no

cumpliera con el debido proceso y transgrediera la Ley de Notificaciones

Judiciales, Ley No. 8687, ya que el artículo 1° de ésta es muy claro en el

siguiente sentido: “…Siempre que no exista norma espacial en contrario, esta

Ley será aplicable a los procedimientos del Estado y sus instituciones,

regulados por la Ley general de la Administración Pública” y, en este caso, hay

norma especial como refiere, que fue el proceder que se siguió en cuanto a la

sociedad amparada. De esta forma, es claro que la notificación objetada por el

recurrente encuentra su fundamento normativo en el artículo indicado, que

constituye normal especial aplicable a supuestos de disolución de sociedades por

morosidad en el pago del impuesto a Personas Jurídicas por 3 periodos

consecutivos. Adeudo que tuvo por demostrado la Administración respecto a los

periodos de 2013, 2014 y 2015 de la empresa amparada. Lo que, además,

constituye un asunto de mera constatación. Por ello, la Sala considera que los

actos administrativos dictados por el Registro de Personas Jurídicas en el

presente asunto, así como el procedimiento seguido, incluyendo la notificación

de lo resuelto, no son arbitrarios, ni contrarios a los derechos fundamentales,

sino que encuentran su fundamento en el principio de legalidad que consagra el

artículo 11 de nuestra Constitución Política, y significa que los actos y

comportamientos de la Administración deben de estar regulados por norma

escrita, lo que implica desde luego, el sometimiento a la Constitución, a la

ley, y en general a todas las normas del ordenamiento jurídico, es lo que se

conoce como el principio de juridicidad de la Administración, sea que las

instituciones públicas solo pueden actuar en la medida en la que se encuentre

apoderadas para hacerlo por el mismo ordenamiento y normalmente a texto

expreso. En consecuencia, solo le es permitido lo que esté constitucional y

legalmente autorizado en forma expresa y todo lo que no les esté autorizado,

les está vedado. De ahí que, por tales hechos, no se le pueda endilgar

responsabilidad alguna al Registro accionado, ya que se limitó a cumplir con lo

dispuesto por la normativa para supuestos como lo acontecido a la amparada.(…).

Bajo esa tesitura, respecto a estos extremos, se impone declarar sin lugar el

recurso».

Con base en las razones expuestas, este

recurso es inadmisible y así debe declararse.

Documentación

aportada al expediente .

Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en

papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de

carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido

por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30

días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo

contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de

este plazo, según lo dispuesto en el «Reglamento sobre Expediente Electrónico

ante el Poder Judicial», aprobado por la Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22

de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial n.° 19 del

26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior

del Poder Judicial, en la sesión n.° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012,

artículo LXXXI.