Resolución 13828-2016

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:33 hrs. del 16 de agosto del 2016, la recurrente interpone recurso de amparo contra el Presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) y expresa que ante los constantes conflictos de tierras en territorio indígena, se han dado una serie de procesos en contra de la asociación de desarrollo que representa. Señala que, dentro de dichos procesos, se encuentran los expedientes Nos. 15-007355-1027-CA, 15-007359-1027-CA, 15-009373-1027-CA, 13-004996-1027-CA, 16-003167-1027-CA, 15-007358-1027-CA, 16-003158-1027-CA, 16-002492-1027-CA y 15-008519-1027-CA. Explica que ha tratado de buscar asesoría y respaldo de abogados particulares para poder hacer frente a estos procesos y a los que, eventualmente, se presenten, pero, el cobro es muy elevado. Indica que ha pedido ayuda a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, pero, sus abogados se han negado a llevar estos procesos, indicando que están imposibilitados, a pesar que, como entidad rectora y representativa de los indígenas y sus instituciones, tienen la obligación de velar, precisamente, por los intereses indígenas. Agrega que el problema que enfrentan es que son notificados de los procesos, pero, ni siquiera, los pueden contestar por no contar con abogados y dinero para contratarlos. Por lo anterior, acude a la Sala en protección de los derechos fundamentales que le asisten a su representada. Solicita declarar con lugar el recurso y ordenar a la CONAI o a la Defensa Pública que los asistan y representen en esos procesos y en cualquier otro tipo de procesos judiciales y extrajudiciales. Así como a los indígenas de su territorio en asuntos de familia, agrario, comercial, civil y otros.

Informa bajo juramento Urbano Mendoza Palacios, en su condición de presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) (escrito presentado a las 15:26 hrs. del 23 de agosto del 2016), que, efectivamente, en muchos de los Procedimientos Contenciosos Administrativos se tienen como demandados a las Asociaciones de Desarrollo, entre ellas, la Asociación de Desarrollo de Kekoldi. Señala que dichos procesos son "Procesos de Conocimiento" que tienen por objeto la indemnización de tierras dentro de los Territorios Indígenas. Expresa que, lamentablemente, están imposibilitados a ayudar y a representar a las Asociaciones de Desarrollo demandadas y a los indígenas en general con fundamento en el Criterio de la Procuraduría General de la República, Informe AEP-INF-018-2015, el cual les impide brindar patrocinio a particulares. Alega que su representada, como ente público, se encuentra sometido al principio de legalidad y a las directrices de la Procuraduría General de la República, de ahí la imposibilidad actual de atender esta especial población, a pesar de que en años anteriores sí se cumplía con ese servicio. Acota que en caso de seguir haciéndolo, los profesionales en Derecho se expondrían, tal y como lo dice el informe de la Procuraduría que se adjunta, a ser sancionados por violación a su contrato de dedicación exclusiva y a su deber de probidad. Por todo lo anterior y existiendo una causa justificada, solicita rechazar el recurso.

En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Objeto del recurso. La recurrente alega que la Junta Directiva de CONAI impide que su departamento legal asesore y represente jurídicamente a los indígenas, tanto individualmente como a las asociaciones indígenas, lo cual a su juicio es contrario a su ley constitutiva y al Convenio 169 de la OIT.

Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

<![if !supportLists]>a. <![endif]>En muchos de los Procedimientos Contenciosos Administrativos que tienen por objeto la indemnización de tierras dentro de los Territorios Indígenas, son demandadas las Asociaciones de Desarrollo, entre ellas, la Asociación de Desarrollo de Kekoldi (informe de la autoridad recurrida).

<![if !supportLists]>b. <![endif]>Los abogados de la CONAI están imposibilitados para ayudar y representar a las Asociaciones de Desarrollo demandadas y a los indígenas en general con fundamento en el criterio de la Procuraduría General de la República expuesto en el Informe No. AEP-INF-018-2015 de las 9:15 hrs. del 26 de octubre del 2015, el cual les impide brindar patrocinio a particulares (informe de la autoridad recurrida).

Sobre el fondo. En el presente asunto estamos ante una persona que demanda tutela para una asociación integrada por un grupo étnico al que el ordenamiento jurídico internacional le garantiza un grado de protección especial a partir de sus condiciones particulares. En este sentido, el Convenio 169 de la O.I.T. es claro, en su numeral 12, cuando afirma, en lo conducente, que los Estados deben tomar &ldquo;(&hellip;) medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces&rdquo;. El medio eficaz para lograr el propósito del Instrumento Internacional de Derechos Humanos en este amparo, es que el Estado, a través de la institución competente &ndash;CONAI-, le brinde asesoría a las asociaciones indígenas que son parte en un proceso contencioso-administrativo, de forma tal que se le garantice el derecho a una defensa efectiva y a una protección integral de sus derechos humanos. Por su parte, la declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establece lo siguiente: &ldquo;Artículo

Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos&rdquo;.Con base en esta norma &ndash;solf law-, que no es vinculante para el Estado de Costa Rica y la anteriormente apuntada, así como el artículo 4&deg;, inciso e), de la Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), Ley No. 5251, que dispone &ldquo;Artículo 4&ordm;.- Son objetivos fundamentales de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas: &hellip;e) Velar por el respeto a los derechos de las minorías indígenas, estimulando la acción del Estado a fin de garantizar al indio la propiedad individual y colectiva de la tierra; el uso oportuno de crédito; mercadeo adecuado de la producción y asistencia técnica eficiente &hellip;&rdquo;, resulta procedente que CONAI preste asesoría jurídica a las asociaciones indígenas en los procesos contencioso-administrativos. Se trata de una población a la cual debe aplicársele la ley desde otra perspectiva completamente distinta, sobre todo a la vista del Convenio 169 de la O.I.T., antes referido, que es una norma de rango superior a la ley según lo dispone el artículo 7&ordm; de la Constitución y sobre el que la Sala emitió opinión consultiva favorable por sentencia No. 3051-92 y que hoy es ley de la República, No. 7316. En este caso se trata de una Asociación de Desarrollo Integral que si bien su naturaleza jurídica es de derecho privado, regidas por esa normativa y bajo los principios que regentan la actividad de los privados, ha sido declarada de interés público, al igual que sus similares, pues su objetivo es velar por los interés del pueblo indígena Bribri, por lo que resulta razonable que cuando los represente y no por un caso individual, reciba asesoría jurídica de parte del Estado, en este caso, de la CONAI. Sin embargo, el anterior criterio no aplicaría en supuestos donde haya intereses de la Institución, ya que en ese caso, la persona abogada de CONAI solo debe representar a ésta, como bien se indica en el informe de la Procuraduría General de la República que aporta el recurrido. Bajo esa tesitura, se considera procedente el recurso y con los efectos que se indican en la parte dispositiva de esta resolución.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" , aprobado por la Corte Plena en sesión N&deg; 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N&deg; 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.