Resolución 06433-2016

1.-

En escrito presentado en esta Sala Constitucional el 22 de

abril de 2016, el accionante presenta recurso de amparo contra el Poder

Judicial. Reclama que es una persona con discapacidad, operado dos veces de la

columna, por lo que se encuentra pensionado por invalidez. Sostiene que por

tener en la actualidad varios procesos en el juzgado debe estarse presentando

seguidamente a los tribunales de justicia y dirigirse a otros pisos, pero

reclama que desde que ocurrió el terremoto en Guanacaste, el ascensor dejo de

funcionar y aunque se realizaron otras reparaciones en respeto a la ley 7600 no

cuenta con ese medio de transporte a otros pisos. Explica que se le

imposibilita subir a otro nivel del edificio, simplemente porque el ascensor no

funciona, lo cual le es molesto y vergonzoso porque tiene que pedir al guarda

de la entrada que le llame a la persona del tribunal para que baje hasta donde

él se encuentra y le atienda en una de las bancas, señala que se violentan sus

derechos constitucionales de contar con instalaciones de un edificio público y

que respete la ley 7600.

En manifestación

presentada por el recurrente, ante prevención realizada por esta Sala, el

accionante indica que en el mes de noviembre de 2015, no precisa fecha,

conversó con Elmer Hernández Castillo, administrador de Tribunales de Santa

Cruz, sobre el problema del ascensor, y esa persona le manifestó que en ese

momento estaban en el proceso de reparación, lo cual, expone, a la fecha de hoy

no se ha realizado. Explica que no ha presentado nada por escrito, todo fue

verbal, confiando en la palabra de don Elmer.

Bajo fe de

juramento rinde informe el Administrador Regional de los Tribunales de Santa

Cruz. Señala que el Edificio de Tribunales de Santa Cruz, cuenta con un

ascensor desde hace varios años, con el terremoto del 05 de setiembre del año

2012, parte de su estructura fue dañada, no obstante, fue debidamente reparado

y ha continuado funcionando. Sin embargo, refiere que posterior a eso, ha

requerido otras inspecciones y actualmente se encuentra parcialmente dañado y,

por tanto, fuera de funcionamiento normal, dado que no funciona de forma

automática con la botonera y se debe operar, en caso que se solicite por parte

de un despacho judicial; manualmente desde su cuarto de máquinas. Afirma que la

Administración Regional se encuentra tramitando la Contratación Administrativa

No. 2016CD-000003-ARSCRCM para responder a una contratación de un servicio de

mantenimiento correctivo total, que incluye 2 mantenimientos trimestrales

preventivos, de ascensor de marca octobras. Expone que esa contratación se

encuentra en etapa ya adjudicada, esperando los tres días hábiles que establece

el sistema para la firmeza del acto y se estaría notificando el acto a la

empresa favorecida en el trascurso de la primera semana de mayo. Agrega que la

empresa cuenta con un período de 30 días naturales para entregar el ascensor debidamente

reparado y funcionando y con esa reparación, se pretende que el citado equipo

mejore la calidad de su mecanismo, con una inversión importante y se incluye

dos mantenimientos preventivos adicionales. Refiere que si bien es cierto,

actualmente, el funcionamiento normal y automático del ascensor se encuentra

dañado, se puede operar manualmente (una persona debe operario, es decir,

bajarlo o subirlo, en caso necesario o cuando lo solicita algún despacho

judicial, desde su cuarto de servicio), lo cual se debe solicitar a la

Administración Regional, para poder subir o bajar usuarios. Sostiene que de esa

forma, algunas oficinas Judiciales han podido realizar audiencias, en oficinas

de jueces, ubicadas en el segundo piso. Finalmente, aduce que en Santa Cruz existe

una oficina de Contraloría de Servicios (ubicada en un primer piso) donde se

reciben usuarios con discapacidad, cuando no pueden ser atendidos en otros

despachos, por alguna limitación, por lo que se les atiende de forma privada e

individual.

4.-

Presenta informe la Directora

Ejecutiva del Poder Judicial. Indica que Señala, como primer punto, que es

preciso indicar que dentro de la política institucional de la administración de

justicia, es prioritaria la atención de usuarios y usuarias en especial estado

de vulnerabilidad y a las personas con capacidades especiales, en procura de

garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en los servicios

que brinda el Poder Judicial. Explica que Corte Plena, en sesión número 14-08,

celebrada el cinco de mayo de dos mil ocho, artículo XIII, aprobó la

Declaración de la Política de Accesibilidad para la personas con discapacidad

en el Poder Judicial, y en la sesión Extraordinaria número 17-2008, celebrada

el veintiséis de mayo de dos mil ocho, artículo II, aprobó las Reglas de

Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de la Personas en Condición de

Vulnerabilidad (adjunto copias certificadas de los acuerdos citados), además,

el Consejo Superior en sesión número 70-07, celebrada el veinte de setiembre de

dos mil siete, artículo L, aprobó el Protocolo de uso y control de las oficinas

para la atención de las personas con discapacidad en el Poder Judicial y se

refiere a la Circular número 106-07 de ocho de octubre de dos mil siete, en la

que comunicó a todos los despachos judiciales del país ese Protocolo. Expone

que la citada circular fue publicada en el Boletín Judicial número 208 del

treinta de octubre de dos mil siete, también que el Consejo Superior en sesión

número 78-2007 celebrada el dieciocho de octubre de dos mil siete, artículo LV,

dispuso hacer del conocimiento de todos los despachos judiciales del país, que

a partir del primero de enero de dos mil ocho, tienen la obligación de digitar,

respecto de la información de las partes en los asuntos que tramitan, entre

otra, sobre algún tipo de discapacidad, y que de no incluirse esa y las demás

variables, en el sistema de gestión no se permitirá avanzar. Lo anterior, se

comunicó a los despachos judiciales por medio de las circulares números

115-2007 y 115-2007 bis de cinco de noviembre de dos mil siete y de cuatro de

febrero de dos mil ocho, publicadas en los Boletines Judiciales números 241 del

catorce de diciembre de dos mil siete y 38 del veintidós de febrero del dos mil

ocho. Además, ese Órgano Superior en sesión número 18-09 celebrada el

veintiséis de febrero de dos mil nueve, artículo XLI, acordó publicitar las

políticas de accesibilidad. Agrega que es claro que el tema de la oportuna y

debida atención de las personas con discapacidad y en estado de vulnerabilidad,

es de interés permanente para el Poder Judicial, y por ende para esa Dirección

Ejecutiva, que a pesar de las limitaciones presupuestarias. En cuanto a los

alegatos específicos del recurrente, refiere que el Administrador Regional de

Santa Cruz, Elmer Hernández Castillo, informó a esa Sala lo mismo que indicó

ante esta autoridad constitucional. Concluye que, conforme a lo señalado, la

Dirección Ejecutiva no ha infringido derechos o normas constitucionales, ni

legales en perjuicio del recurrente, por lo que solicita que el recurso sea

declarado sin lugar, habida cuenta que ha quedado demostrado que se han

adoptado políticas y medidas concretas en la institución para lograr el acceso

real y efectivo a la justicia de las personas con discapacidad y en condición

de vulnerabilidad, e igualmente se han tomado las acciones pertinentes y

necesarias para que los edificios, sean propiedad del Estado a arrendados a

terceros, cumplan con lo establecido en la Ley número 7600 y su Reglamento.

Explica que en el caso específico del ascensor del edificio de los Tribunales

de Santa Cruz, la Administración ha implementando las acciones necesarias para

la adecuada atención de las personas usuarias con capacidades disminuidas que

acudan a ese despacho a realizar algún trámite o diligencias y está por iniciar

la ejecución del contrato para el mantenimientos correctivo y preventivo del

ascensor de ese inmueble.

5.-

En los procedimientos seguidos se ha

observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Hernández López; y,

I.-

OBJETO DEL RECURSO. Reclama el

recurrente que es una persona con discapacidad, operado dos veces de la

columna, por lo que se encuentra pensionado por invalidez. Sostiene que por

tener en la actualidad varios procesos en el juzgado debe estarse presentando

seguidamente a los tribunales de justicia y dirigirse a otros pisos, pero

reclama que desde que ocurrió el terremoto en Guanacaste, el ascensor dejo de

funcionar y aunque se realizaron otras reparaciones en respeto a la ley 7600 no

cuenta con ese medio de transporte a otros pisos. Explica que se le

imposibilita subir a otro nivel del edificio, simplemente porque el ascensor no

funciona, lo cual le es molesto y vergonzoso porque tiene que pedir al guarda

de la entrada que le llame a la persona del tribunal para que baje hasta donde

él se encuentra y le atienda en una de las bancas.

II.-

HECHOS PROBADOS. De importancia para

la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los

siguientes hechos, ya sea porque así fueron acreditados o porque no fueron

controvertidos por las partes:

a.-

El amparado es una persona con

problemas para movilizarse y debe presentarse seguidamente a los tribunales de

justicia de Santa Cruz (hecho no controvertido).

b.-

El edificio de los Tribunales de Santa Cruz fue reparado con posterioridad a un

terremoto que le ocasionó daños, por lo que regularmente se encuentra en

funcionamiento, no obstante, actualmente presenta daños que impiden que

funcione de manera normal, sino únicamente mediante manipulación manual cuando

lo solicitan algunos despachos judiciales (ver autos).

c.-

La Administración Regional de Santa

Cruz está tramitando la Contratación Administrativa No. 2016CD-000003-ARSCRCM

para responder a una contratación de un servicio de mantenimiento correctivo

total, que incluye 2 mantenimientos trimestrales preventivos, de ascensor de

marca Octobras (ver autos).

d.-

La contratación en trámite se

encuentra en etapa ya adjudicada, esperando los tres días hábiles que establece

el sistema para la firmeza del acto y se estaría notificando a la empresa

favorecida en el trascurso de la primera semana de mayo, la cual contará con 30

días hábiles para la ejecución del contrato (ver autos).

e.-

Los tribunales de Santa Cruz cuentan

con una Contraloría de Servicios para atender denuncias o quejas de los

usuarios, además, en esa área se atiende, de forma privada, a las personas que

por alguna razón requieren una atención especializada (ver autos).

f.-

El funcionamiento normal y

automático del ascensor en cuestión se encuentra dañado, pero se puede operar

manualmente, es decir, una persona debe operarlo, bajarlo o subirlo en caso

necesario o cuando lo solicita algún despacho judicial, desde su cuarto de

servicio, lo cual se debe solicitar a la Administración Regional, para poder

subir o bajar usuarios (ver autos).

III.-

SOBRE EL FONDO. Analizados los autos, se

descarta una lesión a los derechos fundamentales del recurrente, por parte de

la Administración Regional de los Tribunales de Santa Cruz. Claramente, para la

Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, así como para las distintas regionales

que se encargan de la Administración de los despachos, el tema de la atención

especializada para las personas en condiciones de vulnerabilidad, como las

discapacidades, se ha convertido en una de las prioridades, así, en Corte

Plena, en sesión número 14-08, celebrada el cinco de mayo de dos mil ocho,

artículo XIII, se aprobó la Declaración de la Política de Accesibilidad para la

personas con discapacidad en el Poder Judicial, y en la sesión Extraordinaria

número 17-2008, celebrada el veintiséis de mayo de dos mil ocho, artículo II,

aprobó las Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de la Personas en

Condición de Vulnerabilidad (adjunto copias certificadas de los acuerdos

citados), además, el Consejo Superior en sesión número 70-07, celebrada el

veinte de setiembre de dos mil siete, artículo L, aprobó el Protocolo de uso y

control de las oficinas para la atención de las personas con discapacidad en el

Poder Judicial, entre muchas otras medidas que se han adoptado para ser

respetuosos de los derechos de los usuarios que presentan esas condiciones. En

el caso de los Tribunales de Santa Cruz, de acuerdo con lo que informa el

administrador regional de la zona, bajo fe de juramento, el ascensor que echa

de menos el accionante sí ha estado en funcionamiento regularmente y sí fue

reparado con posterioridad al imprevisto natural que le ocasionó daños hace

algunos años, no obstante, ha presentado algunos problemas técnicos que

actualmente lo tienen fuera de funcionamiento, pero que incluso, puede

utilizarse de manera manual, permitiendo el traslado de usuarios que lo

requieran. De lo expuesto por los representantes de la recurrida, se extrae,

además, que de previo a la interposición del recurso de amparo, se ha estado

gestionando las medidas necesarias para concluir con un contrato de

reparaciones de los ascensores, que se ha tenido previsto concluir en las

siguientes semanas, como con detalle expone la accionada. Ahora bien, cabe

agregar que no consta en autos que el problema planteado por el recurrente,

haya sido puesto en conocimiento de las autoridades administrativas del Poder

Judicial, como para corroborar que el caso particular del amparado, ha sido

desatendido. Por otro lado, también informan los recurridos, que las oficinas

de Santa Cruz cuentan con un área de Contraloría de Servicios –a la cual no ha

acudido el gestionante- no solo para presentar este tipo de denuncias, sino que

allí es donde son atendidas de forma privada las personas con una condición que

implica una especialización en la atención de los trámites. Por las razones

expuestas, se descarta una lesión a los derechos fundamentales del amparado,

por lo que el recurso de amparo debe ser declarado sin lugar en todos sus

extremos, como se resuelve.

IV.-

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE .

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así

como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter

electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas

tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30

días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo

contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de

este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente

Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión

N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín

Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado

por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el

3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR

TANTO:

Se

declara sin lugar el recurso.

Fernando

Castillo

V.

Presidente

a.i

Paul

Rueda L.

Nancy

Hernández L.

Luis

Fdo. Salazar A.

Jorge

Araya G.

Enrique

Ulate C.

Jose

Paulino Hernández G.