Resolución 10042-2013

OBJETO DEL RECURSO. El recurrente solicita el amparo de los principios constitucionales de protección a la familia y el interés superior del menor de edad. Cuestiona que la Coordinadora Regional de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación La Amistad Pacífico, le denegó una licencia con goce de salario en virtud del nacimiento de su hijo. Lo anterior, bajo una interpretación arbitraria que lesiona sus derechos fundamentales y los de su hijo menor de edad.

HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

El amparado, [Nombre 001], es funcionario del Parque Nacional Tapantí, del Área de Conservación La Amistad Pacífico, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía (hecho no controvertido).

Al ser las 13:30 hrs. de 16 de junio de 2013 tuvo lugar el nacimiento del hijo del amparado, el menor de edad, [Nombre 002] (ver certificado de declaración de nacimiento No. 1392314 aportado por el recurrente).

En fecha 17 de junio de 2013 el recurrente solicitó a sus superiores que se le aprobara una licencia ocasional de excepción por motivo de nacimiento de su hijo, prevista en el artículo 33, inciso a), del Reglamento de Estatuto de Servicio Civil (ver documentación aportada por el recurrente junto con el libelo de interposición del recurso de amparo).

Mediante correo electrónico de 19 de junio de 2013 y ante el planteamiento del recurrente, la Coordinadora Regional de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos del Área de Conservación La Amistad Pacífico indicó que “el artículo 33 inciso a habla de los siguiente. Los jefes podrán conceder licencia hasta por una semana con goce de sueldo en los casos de matrimonio del servidor, o fallecimiento de cualquiera de sus padres, hijos, hermanos o cónyuges, también podrán conceder este derecho a aquellos servidores padres de hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio. En este último caso solo cuando sean hijo reconocidos y en su función paternal. No indica por nacimiento los puede dar de vacaciones” (sic) (ver copia aportada por el recurrente).

Por correo electrónico del 19 de junio de 2013 la Administradora del Parque Nacional Tapantí Macizo de la Muerte le indicó al amparado que “De acuerdo con lo indicado por Esther y Miriam Valerio, el artículo 33 alude a licencias por matrimonio o por fallecimiento de padres, hijo, hermanos y cónyuges. Cuando se dice a ´hijos y padres nacidos fuera o dentro del matrimonio´ se refiere a que los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio también tienen derecho a licencias por fallecimiento. Además el artículo indica que las licencias por otros casos serán deducibles de las vacaciones. Por lo tanto, dado que ya le di todas las vacaciones, no aplica la licencia” (ver copia aportada por el recurrente).

SOBRE LA LICENCIA CON GOCE DE SALARIO POR PATERNIDAD. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA FAMILIA Y EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. En el sub lite, se encuentra debidamente demostrado que al amparado se le denegó una licencia por el nacimiento de su hijo, en virtud de una interpretación de lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. Lo anterior, por cuanto, se interpretó que dicho numeral no contempla, expresamente, las licencias por nacimiento de hijos y la autoridad recurrida le fundamentó al amparado la denegatoria con el siguiente argumento “el artículo 33 alude a licencias por matrimonio o por fallecimiento de padres, hijo, hermanos y cónyuges. Cuando se dice a ´hijos y padres nacidos fuera o dentro del matrimonio´ se refiere a que los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio también tienen derecho a licencias por fallecimiento. Además el artículo indica que las licencias por otros casos serán deducibles de las vacaciones”. En criterio de este Tribunal Constitucional, la interpretación realizada por la autoridad recurrida es ilegítima y contraria al Derecho de la Constitución, particularmente, a la protección de la familia y al principio del interés superior del menor de edad. Al respecto, es preciso destacar que el ordinal 37, inciso c), del Estatuto de Servicio Civil -Ley Nº 1581 de 30 de mayo de 1953- establece como derecho de los servidores públicos de la Administración central del Estado -entiéndase por tal, especialmente, el Poder Ejecutivo- el gozar de licencia ocasional de excepción con goce de salario o sin él, según lo establezca el reglamento de esa ley. Mientras que, por su parte, el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil -Decreto Ejecutivo Nº 21 de 14 de diciembre de 1954-, en su numeral 33 dispone que los servidores públicos podrán disfrutar de licencia ocasional de excepción, con goce de salario, en los siguientes casos: matrimonio del servidor, fallecimiento de sus padres, hijos, hermanos o cónyuge y el nacimiento de sus hijos, sea dentro o fuera del matrimonio. La norma de comentario dispone, textualmente, lo siguiente:

“Artículo

Podrán disfrutar de licencia ocasional de excepción, de conformidad con los requisitos y formalidades que en cada dependencia establezca el Reglamento Autónomo de Servicio, y sujetos a los siguientes procedimientos y condiciones:

a. Los jefes podrán conceder licencia hasta por una semana con goce de sueldo en los casos de matrimonio del servidor, el fallecimiento de cualquiera de sus padres, hijos, hermanos o cónyuge. También podrán conceder este derecho a aquellos servidores padres de hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio. En este último caso solo cuando sean hijos reconocidos y en su función paternal. (…)”

Al interpretar dicho numeral, tanto la Sala Constitucional, como la Procuraduría General de la República, han indicado, precisamente, que la norma contempla la posibilidad de otorgar un permiso con goce de salario a los funcionarios adscritos al régimen de Servicio Civil, ante el nacimiento de un hijo, como un mecanismo derivado de la protección que se propugna a la familia, según lo dispuesto en el artículo 52 de la Constitución Política (ver, sobre el particular, las sentencias de la Sala Constitucional Nos. 2006-17440 y 2006-17441, ambas de 29 de noviembre de 2006). La Procuraduría General de la República sostiene semejante tesis, haciendo la observación, precisamente, que esta licencia, tiene como fin último la tutela de la familia. En el Dictamen No. 286 de 18 de agosto de 2008, dicho órgano consideró lo siguiente:

“(…) Este Órgano Asesor comparte plenamente lo expuesto por la Asesoría Legal de la Asamblea Legislativa,- criterio arriba citado- cuando señala que si bien no se encuentra regulado en el citado Reglamento Autónomo de Servicio, la posibilidad de otorgar permisos a los funcionarios con motivo del nacimiento de un hijo, ciertamente, y con carácter de norma supletoria, es aplicable lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil

(…) En consecuencia, no cabe la menor duda, que existe suficiente fundamento jurídico como para que la Administración a su cargo pueda ejercer la potestad para otorgar el permiso a aquellos funcionarios que con ocasión del nacimiento de un hijo, justifiquen debidamente esa necesidad; que dicho sea de paso, este tipo de permisos especiales que se reglamentan, tienden a retomar, en alguna medida, la tutela que otorga nuestra Constitución Política a la familia, a la mujer y al niño, al establecer: “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.” No está demás señalar lo que esta Procuraduría, mediante el Dictamen No. C-166-2006, de 26 de abril del 2006, ha analizado sobre el fundamento jurídico internacional, en aspectos como el de consulta. Así, en lo que interesa, determinó: “(…) La necesidad de conciliación del trabajo y la familia ha sido ya planteada a nivel internacional como una condición vinculada de forma inequívoca a esa nueva realidad social que comentamos. Por ello, con miras a conciliar las responsabilidades laborales y familiares, la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT adoptó el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) y la Recomendación correspondiente (núm. 165), que tienden a garantizar que todo hombre y toda mujer tengan posibilidad de llevar a cabo plenamente sus funciones en la vida social, económica, pública y familiar. Y en ese mismo sentido, en la IV Conferencia mundial sobre las mujeres, celebrada en Pekín en septiembre de 1995, se consideró como objetivo estratégico fomentar una armonización de responsabilidades laborales y familiares entre hombres y mujeres y en la Declaración aprobada por los 189 Estados allí reunidos, se reafirmó este compromiso.

Por su parte, en el ámbito de la Comunidad Europea, la maternidad y la paternidad, en su más amplio sentido, se han recogido en las Directivas del Consejo 92/85/CEE, de 19 de octubre, y 96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio. La primera de ellas contempla la maternidad desde el punto de vista de la salud y seguridad en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. La segunda, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental, celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES, prevé el permiso parental y la ausencia del trabajo por motivos de fuerza mayor como medio importante para conciliar la vida profesional y familiar y promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres.

La toma de conciencia de esta realidad en otros países ha hecho necesario configurar un sistema que contemple las nuevas relaciones sociales surgidas y un nuevo modo de cooperación y compromiso entre hombres y mujeres que permita un reparto equilibrado de responsabilidades en la vida profesional y en la privada. (…)”

De manera que, sin tratar de vincular a la potestad que ostenta la Administración para otorgar los permisos de consulta, es nuestro criterio que ello tiene su sustento en el mencionado inciso a) del artículo 33 del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil, como norma supletoria del ordenamiento que rigen las relaciones de empleo entre el funcionario y la Asamblea Legislativa. (…)” (ver, asimismo, el Dictamen No. C-166-2006 de 26 de abril de 2006) y las Opiniones Jurídicas Nos. OJ-014-2008 de 10 de marzo de 2008 y OJ-078-2011 de 07 de noviembre de 2011).

Retomando las consideraciones realizadas por la Procuraduría, se observa que, a nivel internacional, se ha procurado garantizar este tipo de licencias, entre otras medidas, como un mecanismo para permitir a las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo, que ejerzan su derecho a hacerlo, sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales. Concretamente, la “Recomendación sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares” No. 165, suscrita por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en junio de 1981, dispone que “Durante un período inmediatamente posterior a la licencia de maternidad, la madre o el padre deberían tener la posibilidad de obtener una licencia (licencia parental) sin perder su empleo y conservando los derechos que se derivan de él” (numeral 22, punto 1º). Pero además del derecho a la conciliación de la vida laboral con la protección del vínculo familiar, en el caso concreto, está, también, de por medio “el interés superior del niño” (artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño), pues, en el fondo, este tipo de licencias por paternidad procuran fortalecer el necesario vínculo que deben establecer los padres con los niños recién nacidos, velando por su bienestar y sano desarrollo a través de una convivencia temprana. En tal sentido, es preciso superar la creencia que, solamente, la figura materna es indispensable en esta etapa del desarrollo de los niños, sino que ambos padres debieran asumir un rol activo de cara a la consolidación de la estabilidad emocional del menor, su saludable desarrollo y su bienestar. Incluso, el artículo 18, inciso 1º), de la Convención sobre los Derechos del Niño, dispone que “Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño . Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño” (lo destacado es propio). Con lo cual, se desprende la importancia de este tipo de licencias para fortalecer los lazos familiares y para velar, en último término, por las necesidades e intereses del menor de edad recién nacido.

SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, se demostró que al amparado se le denegó una licencia por paternidad -que sí está autorizada por el ordenamiento jurídico aplicable al caso del amparado- empleando una interpretación restrictiva y lesiva del Derecho de la Constitución (ver, al respecto, el artículo 29, párrafo tercero, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En tal sentido, es preciso indicar que de la normatividad del Derecho de la Constitución, así como de su valor jurídico supremo, se deriva la obligación de todo operador jurídico de interpretar las normas infraconstitucionales de la forma más favorable para la efectividad de los valores, principios y derechos fundamentales que integran el Derecho de la Constitución (ver, sobre el particular, la sentencia No. 2009-06003 de las 14:49 hrs. de 21 de abril de 2009). En esa medida, la protección de los principios que acá se propugnan, tales como la protección de la familia y el interés superior del menor de edad, no pueden ceder ante una torcida interpretación administrativa de una norma reglamentaria. En consecuencia, considera este Tribunal que lo resuelto por la autoridad recurrida carece de sustento e implica una infracción a los derechos fundamentales del tutelado y su hijo menor de edad, motivo por el cual, se impone acoger el recurso, ordenando a la autoridad recurrida que conceda la licencia requerida por el nacimiento del hijo del amparado.

CONCLUSIÓN. Corolario de las consideraciones realizadas, se impone estimar el recurso de amparo con sus consecuencias.