Resolución 00166-2010

1.-

La actora, en escrito fechado dos de marzo de dos mi cinco, promovió la

presente acción para que en sentencia se declare que la señorita ... es hija del demandado y por tal motivo tiene

derecho a llevar los apellidos de él. Que se inscriba en el

Registro Civil al margen del asiento de nacimientos, así como que se condene al

accionado al pago de ambas costas de la acción.

2.-

El demandado contestó la acción en los términos que indicó en el memorial de

fecha ocho de agosto de dos mil cinco y opuso las excepciones de falta de

derecho, falta de legitimación activa y pasiva y la que denominó como falta de

causa.

3.-

El juez, licenciado José Miguel Fonseca Vindas, por sentencia de las ocho horas

del veinte de febrero de dos mil ocho, dispuso: Con base en

lo expuesto y artículos 51, 53, 54, y 55 de la Constitución Política; 1, 2, 3,

4, 5, 6, 8, 79, 96, 98, 98 bis y siguientes del Código de Familia, habiéndose

rechazado las excepciones de falta de derecho, falta de causa y falta de

legitimación activa y pasiva, se declara CON LUGAR, la demanda de

proceso especial de acción filial (investigación de paternidad), incoada por

... contra ... y en consecuencia se declara que la menor ..., es

hija del demandado, por lo que de ahora en adelante deberá llamarse, …, que

tiene derecho a sucederle ab intestato. Se condena al accionado ..., al pago de

los gastos de embarazo y maternidad durante los doce meses posteriores al

nacimiento de la menor ..., así como al pago de alimentos a favor de su hija,

que se retrotraen a la fecha de la presentación de esta demanda, sea al OCHO DE

MARZO DE DOS MIL CINCO, de conformidad con el artículo 96 del Código de Familia

(ver en ese sentido voto 2019-04, de las once horas, veinte minutos del

dieciséis de noviembre de dos mil cuatro del Tribunal de Familia).- Son ambas

costas a cargo del demandado, ya que se negó a acudir a la prueba de marcadores

genéticos. Una vez firme la presente resolución, inscríbase esta sentencia al

margen del tomo SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES (693), folio DOSCIENTOS TREINTA Y

NUEVE (239), asiento CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO (478), Provincia de Alajuela,

de la Sección de Nacimientos del Registro Civil.

La parte demandada apeló y el

Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José, integrado por los

licenciados Randall Esquivel Quirós, Bethmann Herrera Montero y Sonia Ruiz

Carballo, por sentencia de las once horas diez minutos del veintisiete de mayo

de dos mil ocho, resolvió: Se confirma la sentencia recurrida.

El demandado formuló recurso para ante

esta Sala en memorial de data dieciocho de agosto de dos mil ocho, el cual se

fundamenta en los motivos que se dirán en la parte considerativa.

6.-

En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la Magistrada

Villanueva Monge; y,

I.-

El 8 de marzo de 2005,

la señora ... incoó una demanda contra ...,

pretendiendo que en sentencia se declare que la menor ... es hija del

demandado así como su derecho a llevar los apellidos de éste, y para que se le

condene al pago de ambas costas de la acción. En sus alegaciones

expresó que conocía al señor ... desde hacía 14 años,

pues ella tenía un restaurante que era visitado frecuentemente por éste, amén

de que el accionado era profesor de una de sus hijas. Refirió que en varias

ocasiones aceptó las invitaciones del demandado, y después de 2 meses de estar

saliendo tuvieron relaciones sexuales y quedó embarazada. Afirmó que el

accionado, al enterarse de su estado, la abandonó, negándole cualquier

tipo de ayuda material y psicológica (folio 2). El demandado contestó

negativamente la demanda y opuso a las pretensiones de la actora las

excepciones de falta de derecho, falta de causa y falta de legitimación activa

y pasiva (folios 17 a

19). En primera instancia se denegaron las excepciones interpuestas por

el accionado y se declaró con lugar la demanda, disponiendo que la menor ... es hija del demandado, por lo que tenía derecho a

llevar su primer apellido, a sucederle ab intestato, a recibir alimentos y al

pago de los gastos de embarazo y maternidad durante los doce meses posteriores

al nacimiento de la menor .... Como consecuencia de la declaratoria de

paternidad, por imperativo legal, se dispuso retrotraer la obligación

alimentaria del demandado a la fecha de presentación de la demanda, 8 de marzo

de 2005. Además se le condenó al pago de ambas costas (folios 109 a 112). Contra ese fallo

recurrió la parte accionada, pero el Tribunal de Familia lo confirmó

(folios 115 a

116 y 123 a

126). Ante la Sala, el demandado se muestra disconforme con lo resuelto (folios

152 a

159). Acusa violación de leyes, a saber el artículo 5 en relación con los

numerales 135, 155 y 159 del Código Procesal Civil, pues señala que es

obligación del juzgador el cumplimiento de la normativa procesal. Como primer

motivo de agravio, reprocha que en el considerando III, sin la debida

fundamentación, se estableciera la preclusión e improcedencia de sus alegatos

sobre la violación del debido proceso, en virtud de que el juzgador de primera

instancia no observó las prescripciones y términos de ley, pues por medio de

auto de las 7:46 horas, del 11 de agosto de 2005 convocó a audiencia oral y

recepción de prueba, pese a que no se había dado audiencia a la parte actora

sobre la contestación de la demanda y las excepciones opuestas. Al respecto,

-sostiene- la remisión hecha por el tribunal, al acta de las 9:05 horas, del 28

de setiembre de 2005 no constituye una fundamentación, razonamiento o

justificación para el agravio planteado en el recurso de apelación. Por otra

parte, no se debió haber tenido por probado un hecho con fundamento en una

confesional sin indicar de quién fue la confesional, pues a él nunca se le

solicitó dicha prueba, por lo que estima que la sentencia recurrida carece de

exhaustividad, claridad, precisión y congruencia. Además, -agrega- la naturaleza

de esa prueba es demostrar hechos contrarios para la parte que la rinde. En ese

sentido, no es justificación para la omisión alegada el hecho de que sólo hubo

una prueba confesional, por lo que considera que no existió la debida

fundamentación, y con ello una violación al debido proceso. Como segundo motivo

sostiene que se hizo una apreciación de la prueba y aplicación del principio de

la carga probatoria, pues las evacuadas en autos, no permiten establecer su

paternidad respecto de la menor y por el contrario, quedó acreditado que

en los 14 años de la niña ésta no lo conoce, no ha existido acercamiento ni

noticia de ser su padre. En tercer lugar, considera que se incurrió en el vicio

de ultra petita, toda vez que se concedió más de lo que la parte actora pidió

en la demanda, dado que se le está concediendo pensión alimentaria desde la

interposición de la demanda y hasta el dictado del fallo, así como alimentos

futuros, pese a que no fueron solicitados en la demanda. Refiere que el

tribunal rechazó ese agravio con fundamento en el artículo 96 del Código de

Familia; no obstante, en su criterio esa norma no autoriza a que el juez “mutuo

propio” pueda condenar a su pago, con lo que –en su opinión- se estaría “legislando

por judicatura, ya que la ley no se ha variado en ese sentido” amén de que

la menor nació antes de la Ley de Paternidad Responsable y en consecuencia, no

se le podría aplicar en forma indirecta la misma, dándosele un efecto

retroactivo en su perjuicio. Por último, manifiesta que el fallo impugnado

carece de fundamentación, toda vez que no se indican las razones o motivos de

sus conclusiones, a pesar de que este mismo vicio se acusó en la sentencia de

primera instancia. Además, con carácter de prueba para mejor resolver, por su

trascendencia en el asunto y por economía procesal, solicita que se le envié a

la Medicatura Forense para la práctica de la prueba de marcadores genéticos. Por

las razones expuestas solicita se anule la sentencia recurrida, declarando sin

lugar la demanda con las costas a cargo de la

actora.

El artículo 8 del Código de

Familia, reformado por la Ley número 7689 del 21 de agosto de 1997, establece:

"Corresponde a los tribunales con jurisdicción en los asuntos

familiares, conocer de toda la materia regulada por este Código, de conformidad

con los procedimientos señalados en la legislación procesal civil. Sin

embargo, los jueces en materia de familia interpretarán las probanzas sin

sujeción a las reglas positivas de la prueba común, atendiendo todas las

circunstancias y los elementos de convicción que los autos suministren; pero,

en todo caso, deberán hacerse constar las razones de la valoración. El

recurso admisible para ante la Sala de Casación se regirá, en todo lo

aplicable, por las disposiciones del Capítulo V, Título VII del Código de

Trabajo". La Sala ha interpretado esa norma, en el sentido

de que la tramitación del recurso admisible en esta materia, se rige por lo que

a su respecto señala la legislación laboral y que los presupuestos para la

admisibilidad de la impugnación en materia de Familia, siguen siendo los

contemplados en el Código Procesal Civil, pues, a su respecto, no se introdujo

modificación alguna. De ahí que, a diferencia de la materia laboral, en

esta otra, es posible interponer un recurso por razones procesales, siempre que

los motivos alegados estén contenidos en el numeral 594 del Código Procesal

mencionado (ver, en igual sentido, el voto número 248 de las 9:30 horas, del 25

de agosto de 1999). Esa norma textualmente expresa: “Casación por razones

procesales. Procederá el recurso por razones procesales:

Por falta de emplazamiento o notificación

defectuosa de éste, no sólo a las partes sino a los intervinientes principales.

Por denegación de pruebas admisibles o falta de citación para alguna

diligencia probatoria durante la tramitación, cuyas faltas hayan podido

producir indefensión.

Si el fallo fuere incongruente con las

pretensiones oportunamente deducidas por las partes, u omitiere hacer

declaraciones sobre alguna de tales pretensiones, hechas a su tiempo en el

pleito, o si otorgare más de lo pedido, o contuviere disposiciones

contradictorias. No obstante, no será motivo de nulidad la omisión de

pronunciamiento en cuanto a costas; o sobre incidentes que no influyan de modo

directo en la resolución de fondo del negocio; o cuando no se hubiere pedido

adición del fallo para llenar la omisión; de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 158.

Si el proceso no fuere de competencia de los tribunales

civiles, ya sea por razón del territorio nacional o por razón de la

materia.

Si la sentencia se hubiere dictado por menor número de los

jueces superiores que el señalado por la ley.

Cuando la sentencia haga más

gravosa la situación del único apelante.

Cuando se omiten o no se den

completos los plazos para formular alegatos de conclusiones o de expresión de

agravios, salvo renuncia de la parte”. Dentro de este numeral, se

encuentran enunciados en forma taxativa los supuestos que autorizan la

procedencia del recurso de casación por incorrecciones de orden formal, por lo

cual a efecto de analizar los reproches hechos en el recurso es necesario, en

primer lugar, valorar si conforme al artículo 594 mencionado, resultan

atendibles. El recurrente objeta que se estableciera la preclusión e

improcedencia de sus reclamos ante la omisión del juzgador de no darle a la

actora la audiencia o traslado sobre la contestación de la demanda y las

excepciones interpuestas, amén de una indebida fundamentación de la sentencia,

sobretodo en lo relativo a este último punto, pues estima que la remisión al

acta de las 9:05 horas, del 28 de setiembre de 2005 no constituye una

justificación para aquel agravio, así como en lo referido a la falta de

precisión acerca de quien había rendido la prueba confesional que sirvió de

sustento al hecho probado consignado en sentencia. Los agravios señalados, así

como la falta de fundamentación en general del fallo impugnado no se

encuentran contemplados en los supuestos previstos en la norma referida como

motivos de casación por razones formales. Por consiguiente, los reclamos del

recurrente por motivos procesales no puede atenderse. En

este sentido, el reproche relativo a la preclusión dispuesta por el ad quem con

respecto a la acusada omisión de darle a la parte accionante el traslado y la

audiencia correspondiente en torno a la contestación de la demanda y las

excepciones ahí interpuestas, no constituye un vicio procesal, como lo sostiene

el recurrente, pues como se explicó en la sentencia impugnada, ese aspecto fue

resuelto oportunamente en la audiencia oral celebrada a las 9:05 horas, del 28

de setiembre de 2005, cuando se le rechazó de plano el incidente interpuesto

por haberse planteado sin cumplir con lo establecido en el artículo 483 del Código

Procesal Civil, amén de que se le indicó que la audiencia referida (la relativa

a la contestación y excepciones) no se encontraba prevista en el numeral 98 bis

del Código de Familia (folio 26), sin que mostrara inconformidad alguna con lo

resuelto, pues no se dejó constancia ahí (en esa audiencia) de alguna objeción

o reclamo de éste sobre el particular, echándose de menos la impugnación ante

el juzgado en la oportunidad procesal correspondiente en los términos previstos

en el artículo 199 del Código Procesal Civil, por lo que no puede venir ahora a

reclamar aquello que no objetó en el momento y bajo los remedios procesales

previstos por el ordenamiento jurídico para esos efectos. Por ese motivo, ese

reclamo del recurrente no puede atenderse amén de que conforme a lo dispuesto

en los numerales 561 y 598 del Código Procesal Civil solo puede recurrir la

parte a la que haya sido desfavorable la resolución, por lo que en ese

particular aspecto no está legitimado el demandado para hacerlo. Es cierto que

el inciso 3), del artículo 594, prevé como motivo de casación la incongruencia

del fallo. Más esa norma, se refiere a la incongruencia con las

pretensiones oportunamente deducidas por las partes y debe relacionarse con los

numerales 99, 153 y 155, ambos de ese cuerpo normativo. Estas últimas

contemplan el principio de congruencia al cual debe ajustarse la

sentencia. Tal y como se ha indicado en reiterados pronunciamientos, la

incongruencia del fallo tomada en consideración como motivo para acceder al

recurso de casación, es la relacionada directamente con las pretensiones

deducidas por las partes. Ese vicio sólo se presenta: a) cuando hay

desacuerdo entre lo resuelto y las pretensiones oportunamente deducidas; b)

cuando el fallo omite declarar o concede más de la pedido y; c) cuando se varía

la causa de pedir o se pronuncia fallo omitiendo a alguna parte o incluye como

tal a quien no lo es. En ese orden de ideas, el principio de congruencia

exige, que las sentencias se ajusten a los términos de la litis, de forma tal

que sean acordes y conformes con las cuestiones planteadas las partes y, por

ende, que resuelvan cada una de las cuestiones propuestas por ellas. No

obstante lo expuesto, el agravio que nos ocupa (falta de fundamentación) no

plantea un problema de incongruencia, y en todo caso, examinada la resolución

de segunda instancia no se advierte que carezca de falta de fundamentación o

que se haya incurrido en algún vicio grosero que justifique disponer como

medida extraordinaria algún saneamiento. En este sentido, en relación con el

primer punto (la acusada omisión de traslado y audiencia), el tribunal sostuvo:

“Se le indica al recurrente que éste es un tema completamente precluido,

toda vez que el mismo fue resuelto oportunamente tal y como se desprende del

acta de la audiencia oral regulada en el numeral 98 bis del Código de Familia

de las nueve horas cinco minutos del veintiocho de setiembre del dos mil cinco

(ver acta de folio 26 del expediente)” (folio 124 vuelto). De esa forma, se

respondió a aquel agravio que plateara en la apelación cuando reprochó que “…no

se observaron las prescripciones y términos de ley, ya que existen defectos u

omisiones cometidas, pues por auto de las siete horas y cuarenta y seis minutos

del once de agosto de dos mil cinco, se convoca a Audiencia Oral, y se señala

fecha para recibir la prueba, SIN EMBARGO PESE A QUE YO CONTESTE LA DEMANDA, NO

SE DIO AUDIENCIA SOBRE LA MISMA de acuerdo al Procedimiento correspondiente,

con dicha omisión, se viola el Debido Proceso, el cual se alegó en su

oportunidad e incluso se anulo el anterior fallo por defectos procesales, pero

este motivo no fue corregido, Ya que el un vicio de Procedimiento” (sic)

(folio 115). Así las cosas, al apelante se le explicó que la situación

combatida fue conocida y resuelta por el a quo, remitiéndosele expresamente al

acto procesal correspondiente, aunado a que debe tomarse en cuenta que en la

nulidad a la que hizo referencia el impugnante, no influyó este aspecto,

contrario a lo que pretendió dejar establecido don ...en

su apelación (ver folios 100 a

101). Por otro lado, sobre la confesional, en la apelación se reprochó: “En

el considerando 1

Se tiene por probado un hecho e indica ver

confesional de folios 25 a

27, No indicando confesional de quien, pues en mi caso jamás se me pidió dicha

prueba o se me notificó algo al respecto” (folio 115). A ese reproche, el

tribunal, atendiendo a lo ahí expresado, resolvió: “En relación al segundo

punto de que en el hecho probado 2) se tuvo por probado un hecho al amparo de

una prueba confesional en la cual no se indicó quien es el confesante; lleva

razón el recurrente en el sentido de que efectivamente no se especificó con

nombres y apellidos la identidad del confesante, pero siendo que el presente

proceso solo se evacuó prueba confesional de la actora ..., prueba que fuere

ofrecida únicamente por el mismo accionado; resulta más que evidente que se

trata entonces de la prueba confesional rendida por la señora ..., amén de que

dicho hecho probado también refiere que se debe ver la confesional de folios 25

al 27” (folios

124 vuelto y 125). De esta forma, además de que este reparo no está en los

supuestos previstos por la norma para la procedencia de la casación por la

forma -situación que basta para no atender el recurso-, tampoco ocasionó la

indefensión alegada por el recurrente, amén de que con vista en los autos, el

mencionado hecho probado tuvo como sustento no sólo la confesional de la única

persona que rindió dicha prueba sino también las manifestaciones del testigo

aportado por la actora. En todo caso, esa circunstancia fue valorada,

como se explicara en el considerando cuarto, en conjunto con la presunción

contemplada en el artículo 96 del Código de Familia.

Antes

de la promulgación de la Ley de Paternidad Responsable, Ley n° 8101 de 27 de

abril del año 2001, el numeral 96 del Código de Familia regulaba la situación a

través de la cual se reconocía a favor de la madre, el reembolso de los gastos

de maternidad y los alimentos del hijo durante los tres meses que han seguido

al nacimiento, cuando el juez acogía la acción de declaración de

paternidad. Ese precepto legal establecía: “Cuando el Tribunal acoja

la acción de declaración de paternidad, podrá en la sentencia condenar al padre

a reembolsar a la madre según principios de equidad, los gastos de maternidad y

los alimentos del hijo durante los tres meses que han seguido al nacimiento”.

Este numeral fue reformado por el artículo 3 de la Ley n° 8101 antes mencionada,

en los siguientes términos: “Cuando el Tribunal acoja la declaración de

paternidad, este podrá condenar en la sentencia al padre a reembolsarle a la

madre, según los principios de equidad, los gastos de embarazo y maternidad, de

la hija o el hijo durante los doce meses posteriores al nacimiento. Estos

rubros tendrán un plazo de prescripción de diez años. En todo caso, declarada

la paternidad, la obligación alimentaria del padre respecto de la hija o el

hijo se retrotraerá a la fecha de presentación de la demanda y se liquidará en

el proceso alimentario correspondiente, mediante el trámite de ejecución de

sentencia...”. Efectivamente, a la fecha del nacimiento de la menor …, el 20 de noviembre de 1991 (certificación a folio

1), el numeral mencionado no había sido objeto de la reforma indicada; sin

embargo, no por ello se puede considerar que la aplicación de esa disposición

en los términos dispuestos en el fallo impugnado sea violatoria al principio

constitucional de irretroactividad de la ley, consagrada en el artículo 34

Constitucional. La sentencia que declara con lugar una demanda de investigación

de paternidad declara para el menor, el derecho que como hijo (a) tiene de

gozar de todos los beneficios que le depara esa condición, desde su nacimiento.

Así, según la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y el preámbulo de la

Convención sobre los Derechos del Niño: “El niño por su falta de madurez

física y mental necesita protección y cuidado especial, incluso la debida

protección legal, tanto antes como después de su nacimiento” (Sala

Constitucional, voto n° 647 de las 15:00 horas, del 12 de junio de 1990). Conforme

al artículo 53 constitucional los padres tienen con sus hijos habidos fuera de

matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en él, sin posibilidad

de distinción alguna. Dentro de tales derechos se encuentra no sólo el de

llevar los apellidos de su padre y de su madre, y ser inscrito como tal en los

registros respectivos; sino también el de disfrutar de las ventajas económicas

que esa condición le depara. Dentro de estas últimas, la natural

obligación de que su padre le brinde los alimentos necesarios para su

sostenimiento e integral desarrollo, desde su nacimiento. Si el derecho

de los hijos (as) a que sus padres velen por su alimentación y desarrollo

inicia desde su nacimiento, no puede estimarse que la aplicación de las leyes

que efectivizan esa obligación se realice en detrimento de ese derecho. Véase

como el artículo 51 de la Carta Magna establece: “La familia, como elemento

natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del

Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el

anciano y el enfermo desvalido”. Al respecto, el legislador le ha dado

contenido a ese precepto constitucional, aplicando al efecto criterios de

oportunidad. Así, antes de la promulgación de la Ley de Paternidad Responsable

se había optado por el reembolso de los gastos de maternidad y alimentos del

hijo (a) durante los tres meses que siguen al nacimiento; luego a partir de esa

ley, se decidió por establecerlo “en los doce meses posteriores al

nacimiento” (artículo 3). En consecuencia, sobre la aplicación de una u

otra norma no puede plantearse un tema de seguridad jurídica, pues todo ser

humano es consciente de los riesgos y consecuencias que el acto sexual entraña.

La mujer, una vez que concibe lleva en su vientre al niño (a) durante los 9

meses que dura el embarazo; da a luz y en mayor medida, a partir de entonces,

suministra a su hijo (a) la protección y cuidados que requiere. Esa situación

especial de la madre, dispuesta por la naturaleza, no supone una inmunidad para

el hombre, quien como coparticipe en la obra de la creación se encuentra

llamado a asumir sus responsabilidades desde el instante mismo de la

concepción, sin que la ley pueda menoscabar la realidad, propiciando “jurídicamente”

una desigualdad en cuanto a los deberes de los padres (madres vrs padres)

respecto de los hijos (as). No debe perderse de vista que el derecho es

del hijo (a) a ser alimentado por su padre desde su nacimiento y nunca habría

podido constituirse un derecho o una situación jurídica consolidada para el

deudor de esa especial obligación, el no cumplir con su deber, para alegar con

base en ello, que la aplicación del mencionado artículo 96, según la reforma

citada, sea retroactiva en su perjuicio, pues la obligación de alimentar a la

menor cuya paternidad se investiga surgió desde el momento mismo de su

nacimiento, sólo que por razones de oportunidad jurídica, el legislador la

limita en el tiempo. De modo que si al iniciar el proceso de investigación de

paternidad, la normativa vigente es aquella otra que definía un nuevo parámetro

para el pago de esa deuda, esa era la normativa correctamente aplicable, sobre

todo, si tal aplicación resulta en beneficio del interés superior del niño (a),

el cual debe prevalecer amén de que aquellas medidas entrañan de por sí

desigualdades entre los hijos según el grado de filiación, lo cual

constitucionalmente se encuentra prohibido (artículo 54), pues disponen -según

se explicó-, por consideraciones de política legislativa (oportunidad

jurídica), un límite para aquellos beneficios que los hijos nacidos en el

matrimonio, conforme se les denomina en el numeral 53 constitucional, disfrutaron

sin reservas, ni límites. Por otra parte, tampoco resultan admisibles los

reparos del recurrente cuando argumenta que el fallo impugnado es incongruente

en tanto lo obligó al pago de una obligación alimentaria a partir de la

presentación de la demanda, así como a los alimentos futuros, pese a que dichas

pretensiones no constan en la demanda. Efectivamente, esa expresa

petición no fue planteada por la actora; pero la condenatoria que de ese

extremo hicieron los juzgadores de instancia, obedece según se dijo, a la

especial naturaleza de la obligación alimentaria que es una natural

consecuencia de la filiación declarada. En virtud de ello, el legislador

le reconoce a quien juzga, la potestad de ordenarla aún de oficio, como lo

establece el artículo 96 del Código de Familia que, como se dijo, es plenamente

aplicable. Fue con base en esa facultad, que el ad-quem impuso al demandado la

obligación de alimentar a la menor desde el momento de la presentación de la

demanda, lo cual constituye una legítima utilización de la discrecionalidad

jurisdiccional que el citado numeral 96 reconoce (véase las sentencias

números 322 de las 14:30 horas, del 17 de diciembre de 1997; 125 de las 10:35

horas, del 15 de febrero de 2008; 178 de las 9:00 horas, del 19 de marzo de

2004). Es por eso que el reparo del recurrente, no es atendible, y por

ello, la sentencia impugnada, debe mantenerse en este punto.

IV.-

El primer párrafo del

numeral 92 del Código de Familia dispone: “La calidad de padre o madre se

puede establecer mediante la posesión notoria de estado del hijo por parte del

presunto padre o por cualquier otro medio de prueba…” (énfasis agregado). La ley expresamente señala que la

posesión notoria de estado, entendida en los términos del artículo 93 de ese

mismo Código (que el padre haya tratado al hijo como tal, dándole sus

apellidos, proveyendo sus alimentos y presentándolo con ese carácter a terceros

y éstos y el vecindario de su residencia, en general, lo haya reputado como

hijo de aquel); no es el único medio para probar la existencia del vínculo

paterno filial. Para dichos efectos, se admite cualquier otro medio de

prueba; siendo legalmente posible afirmar la existencia de la paternidad

investigada con sustento en otros elementos. Como tantas veces lo ha

expresado la Sala, el legislador, en atención a que, por lo general, este tipo

de situaciones se pretenden mantener en el anonimato, optó por permitir que la

parte interesada utilizara cualquier medio probatorio (como sería la prueba

documental, testimonial, científica, entre otras) para acreditar el hecho que

le interesa; el cual, incluso puede ser fijado con base en indicios graves,

precisos y concordantes. Lo anterior es así, en procura de no hacer

nugatorio el derecho fundamental consagrado en el artículo 53 de la

Constitución Política, según el cual toda persona tiene derecho a saber quiénes

son sus padres. En armonía con esas disposiciones, el artículo 98,

reformado por la Ley n° 7689 del 21 de agosto de 1997, en lo que interesa,

establece: “En todo proceso de investigación o impugnación de paternidad o

maternidad, es admisible la prueba científica con el objeto de verificar la

existencia o inexistencia de la relación de parentesco. Esta prueba podrá

ser evacuada por el Organismo de Investigación Judicial de la Corte Suprema de

Justicia o por laboratorios debidamente acreditados y reconocidos por la Corte

Suprema de Justicia, previo dictamen del Organismo de Investigación Judicial de

que el peritaje es concluyente, razonablemente, en uno u otro sentido. En

todo caso, la probanza será valorada de acuerdo con la conclusión científica y

el resto del material probatorio. Cuando sin fundamento razonable, una parte se

niegue a someterse a la práctica de la prueba dispuesta por el Tribunal, su

proceder podrá ser considerado malicioso. Además, esta circunstancia

podrá ser tenida como indicio de veracidad de lo que se pretende demostrar con

dicha prueba”. Este órgano también ha reiterado el criterio de que como es

conocido, la prueba de marcadores genéticos arroja un importante grado de

certeza respecto de la existencia o no del vínculo paterno filial, por lo que

constituye una valiosa oportunidad para acreditar la tesis de alguna de las

partes en este tipo de procesos. En el caso concreto, en la demanda y su

contestación se negó la existencia de posesión notoria de estado y contrario a

lo expresado en el recurso, en aplicación de la citada normativa, esa

circunstancia en modo alguno tiene la virtud de descartar la existencia de la

relación paterno filial que se investiga. Por

otra parte, en el caso bajo análisis, la prueba científica fue ordenada en

cuatro ocasiones, pero el accionado no asistió, a pesar de que se le advirtió

de las consecuencias que ello implicaba, en atención a lo dispuesto en el

artículo 98 del Código de Familia (ver documental de folios 35, 36, 49, 57, 58,

75 y 76). Es cierto que el artículo 98 no está redactado en términos

imperativos en cuanto a las consecuencias de esa ausencia, al expresar que

podrá ser tenida como indicio de veracidad; mas, es así, por tratarse de una

presunción relativa, que como tal, puede ser desvirtuada. Por ese motivo, en

caso de existir otras probanzas, ese comportamiento y éstas deben interpretarse

a la luz del artículo 8 del Código de Familia, sin sujeción a las reglas

positivas de la prueba común, atendiendo a todas las circunstancias y los

elementos de convicción que los autos suministren, haciendo constar las razones

de la valoración. Ahora bien, no se le podría achacar a la parte actora ninguna

responsabilidad por la no práctica de la prueba de marcadores genéticos

ordenada, dado que, se repite, quien no asistió sin un motivo realmente

justificado a la respectiva cita fue el accionado imposibilitando con ello su

realización. Lo anterior refleja de parte de don ... un comportamiento de mala

fe que razonablemente lleva al convencimiento acerca de la veracidad de la

tesis de la actora, pues de no ser así, es decir, de tener plena seguridad de

que no es el padre de la hija de la demandante, era el mayor interesado de que

esa probanza se evacuara. En ese sentido, la facultad otorgada a los

jueces de valorar ese comportamiento como malicioso es de aplicación en un caso

como el presente, tal y como lo hicieron los señores jueces sentenciadores y de

ahí que, no proceda acoger la solicitud de prueba para mejor resolver que se

hace en esta instancia (artículo 609 del Código Procesal Civil). Lo

anterior, en aplicación de las reglas de la sana crítica, bastaría para estimar

la demanda, salvo prueba en contrario tal y como se indicó, la cual no se

aportó al proceso, pues, la evacuada, lejos de respaldar la tesis del

accionado, abona a favor de las pretensiones incluidas en la demanda. Así,

el deponente … expresó: “Conozco a ... hace como

veinte años y a ... hace como quince años. ... fue a mi casa a hacer un mandado

y llevaba a ... en su carro. Eso fue antes de que

naciera la niña …. Después de que ...

salio embarazada, ... ya no volvió visitarla…” (folio

28). Además, el accionado reconoció en su contestación a la demanda, la

existencia de una relación con la actora, lo cual hace posible la paternidad de

la menor. Véase al respecto que al responder al hecho tercero de la demanda el

accionado señaló: “…yo llegaba de ves en cuando a comer a ese lugar –en

referencia al negocio de la actora- y debido a la influencia de los amigos

salimos en grupo, ya que en ese tiempo tomábamos licor en el negocio de la

actora, pero al dejar yo de beber, pues me dí cuenta que eso no me dejaba nada,

no volví al negocio ni a ver a la actora y hasta ahora es que tengo noticia de

la existencia de la menor lo cual me sorprende, pues la actora nunca ha

hablado conmigo de este problema” (énfasis agregado) (folio 17).

Además, indicó: “primero no sabía la existencia de la menor como lo dije

antes y jamás esta señora ha contactado conmigo para plantearme el problema, ni

siquiera conozco a la menor, ya que si ella hubiera tratado de acercarse al

suscrito y presentarme a su hija, hubiéramos solucionado cualquier situación,

pues en 14 años jamás lo ha hecho, pues repito la relación que tuvimos fue

muy corta y a raíz de lo indicado” (énfasis agregado) (hecho

cuarto de la contestación a la demanda a folio 18). Lo anterior, como se

refirió, armoniza con la negativa del demandado a acudir para la realización de

la prueba de marcadores genéticos. De ahí que, a la Sala no le cabe la

menor duda acerca de la inexistencia de los errores de valoración invocados en

el recurso y, mucho menos, en que se haya incurrido en violación directa de ley

al estimarse la demanda.

De conformidad con lo analizado,

el fallo recurrido no incurre en los errores que se le achacan y, por esa

razón, procede declarar sin lugar el recurso, con las costas a cargo de quien

lo interpone (artículo 611 del Código Procesal Civil).

No compartimos lo resuelto por las

compañeras magistradas que suscriben el voto de mayoría, en cuanto avalaron la

aplicación de la norma contemplada en el numeral 96 del Código de Familia,

después de su reforma por la Ley de Paternidad Responsable. En tal sentido,

consideramos que lleva razón el impugnante en su reproche sobre la aplicación

que hicieron los juzgadores de instancia del artículo 96 ídem, pues como

expresó el demandado se le dio una aplicación retroactiva a la norma, toda vez

que la menor nació con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de

Paternidad Responsable. Al respecto, debe considerarse que antes de la

promulgación de la Ley de Paternidad Responsable, Ley n° 8101 de 27 de abril

del año 2001, el numeral 96 del Código de Familia regulaba la situación a través

de la cual se reconocía a favor de la madre, el reembolso de los gastos de

maternidad y los alimentos del hijo durante los tres meses que han seguido al

nacimiento, cuando el juez acogía la acción de declaración de paternidad.

Ese precepto legal establecía: “Cuando el Tribunal acoja la acción de

declaración de paternidad, podrá en la sentencia condenar al padre a reembolsar

a la madre según principios de equidad, los gastos de maternidad y los

alimentos del hijo durante los tres meses que han seguido al nacimiento”. Este

numeral fue reformado por el artículo 3 de la Ley n° 8101 antes mencionada, en

los siguientes términos: “Cuando el Tribunal acoja la declaración de

paternidad, este podrá condenar en la sentencia al padre a reembolsarle a la

madre, según los principios de equidad, los gastos de embarazo y maternidad, de

la hija o el hijo durante los doce meses posteriores al nacimiento. Estos

rubros tendrán un plazo de prescripción de diez años. En todo caso, declarada

la paternidad, la obligación alimentaria del padre respecto de la hija o el

hijo se retrotraerá a la fecha de presentación de la demanda y se liquidará en

el proceso alimentario correspondiente, mediante el trámite de ejecución de

sentencia...”. Efectivamente -como lo afirmó el recurrente-, a la

fecha del nacimiento de la menor …, el 20 de noviembre de 1991 (certificación a

folio 1), el numeral mencionado no había sido objeto de la reforma indicada,

razón por la cual no podía aplicarse -como lo hicieron los juzgadores de las

instancias precedentes- esa última disposición normativa, pues hacerlo supone

una violación al principio constitucional de la irretroactividad de la ley

consagrado en el artículo 34 constitucional, circunstancia que no es correcta.

Corolario de todo lo expuesto,

declaramos parcialmente con lugar el recurso; anulamos la sentencia recurrida

en cuanto condenó al demandado a reconocerle a la actora el pago de los gastos

de embarazo y maternidad durante los doce meses posteriores al nacimiento de la

menor ...; y revocamos la de primera instancia en ese concreto extremo. En su

lugar, condenamos al accionado a pagarle a la demandante esos gastos durante

los tres meses posteriores al nacimiento. En lo demás, la mantenemos incólume.

Orlando Aguirre

Gómez

Rolando Vega Robert

cgutic

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