Resolución 01432-2017

La actora

formuló proceso abreviado, señalando que desde el mes de febrero de 2014,

arrienda el local de la Soda Escolar propiedad de la demandada. Que en primera

instancia se realizó un contrato de arrendamiento por el período de un año, por

lo que consecuentemente el período 2015 y el 2016 ha estado arrendando el local

debido a que en su momento operó la prórroga tácita dispuesta en el artículo 71

de la Ley General de Arrendamiento Urbanos y Suburbanos. Que la demandada le

notificó el 22 de setiembre del 2016, que no se le renovaría el contrato de

arrendamiento, lo que considera se realizó fuera del plazo de 3 meses de

antelación dispuesto en la Ley. Peticiona: “1- Se declare el reconocimiento

del derecho subjetivo, según lo establece el ordenamiento jurídico en la

cláusula de la prórroga tácita que se indica en el artículo 71 de la Ley

General de Arrendamiento Urbanos y Suburbanos, ya que operó de PLENO DERECHO y

por los TRES AÑOS SIGUIENTES (períodos lectivos 2017-2018-2019).

Se prevenga

al demandado el respectivo afianzamiento de costas.

Que se condene al

demandado al pago de las costas personales y procesales.

Que se condene al

demandado al pago de los daños y perjuicios ocasionados por establecer el

presente proceso”. La parte demandada interpuso la defensa de incompetencia

en razón de la materia, indicando que la Junta de Educación se encuentra

adscrita y bajo jerarquía del Ministerio de Educación, por lo que corresponde a

los Tribunales Contencioso Administrativos revisar el asunto. El Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de la Unión, mediante la resolución de las

13 horas 42 minutos del 22 de febrero de 2017 declaró con lugar la excepción,

indicando que, “ al encontrarnos ante el supuesto de una

arrendamiento de un bien inmueble público –soda- y estado en discusión la

extinción del contrato de concesión del servicio de soda, nos encontramos ante

el supuesto de contratación administrativa donde el competente para conocerlo

es el Tribunal Contencioso Administrativo”. La parte actora

interpuso recurso de apelación contra lo resuelto, el cual fue enviado al

Juzgado Civil de Cartago, autoridad que lo remitió ante esta

Sala.

En primer

término para la solución del asunto, es preciso determinar la naturaleza jurídica

de las Juntas de Educación. Al respecto el actual Reglamento General de Juntas

de Educación y Juntas Administrativas, no. 38249-MEP al emitirse se consideró

que las Juntas de Educación y Administración son órganos auxiliares de la

Administración Pública y como entidades de derecho público, su regulación

primigenia está contemplada en el Código de Educación y en la Ley Fundamental

de Educación de 1957. En el referido reglamento en el artículo 68 se facultan:

“Las Juntas, como personas de derecho público, podrán realizar toda clase de

contrataciones administrativas para la consecución de sus fines con sujeción a

lo preceptuado por la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos

Públicos, La Ley General de Contratación Administrativa y su Reglamentos, así

como las disposiciones especiales contenidas en este Reglamento y en la

normativa que rige la materia”. Frente a lo expuesto, no es posible negar

la condición de ente descentralizado de la Junta de Educación.

Ahora bien, el meollo

de la cuestión planteada consiste en determinar si el juzgador competente para

conocer esta lite es la jurisdicción contenciosa administrativa o la Civil. Al

respecto, precisa indicar que las pretensiones deducidas por la parte actora

tienen como sustento el vínculo arrendaticio entre las partes. Por

consiguiente, resulta aplicable lo dispuesto en el numeral 124 de la Ley de

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, respecto a la naturaleza del proceso. Por

otro lado, el numeral 110 inciso primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

luego de la reforma introducida por la Ley no. 8508 del 28 de abril de 2006,

Código Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (CPCA),

preceptúa: “Los juzgados de lo contencioso-administrativo y civil de

Hacienda conocerán:

De todo proceso civil de Hacienda que no sea

ordinario, de cualquier cuantía, salvo si son procesos ejecutivos o relativos a

la aplicación de la Ley general de arrendamientos urbanos y suburbanos, aun

cuando la acción se ejercite a favor o en contra del Estado, un ente público o

una empresa pública. Tampoco corresponderá a estos juzgados, el conocimiento de

las medidas cautelares o de actividad no contenciosa, relacionadas con los

procesos ejecutivos o relativos a la aplicación de la Ley general de arrendamientos

urbanos y suburbanos". No obstante, el canon 115 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, también reformado por el CPCA, en su inciso

segundo dispone: “ En material civil, los juzgados de menor

cuantía conocerán: …

De todo lo relativo a la aplicación de la Ley

general de arrendamientos urbanos y suburbanos, aun cuando el proceso sea

interpuesto a favor o en contra del Estado, un ente público o una empresa

pública, salvo en procesos ordinarios y abreviados de mayor cuantía o en

procesos ordinarios correspondientes a la Jurisdicción de lo

Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda”. En el caso

concreto, no cabe duda que el arrendamiento de bienes inmuebles por parte de la

Junta de Educación Escuela Tres Ríos de la Unión, es materia que se encuentra

excluida del conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, por lo

dispuesto en 110 inciso primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial y por

ende, le es aplicable el referido ordinal 115 de ese mismo cuerpo legal.

En mérito de lo

expuesto, deberá resolverse que el competente para conocer este proceso es el

Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de la Unión.