Resolución 00390-2007

El Juez Ricardo Chacón

Cuadra, en sentencia no. 83-R-2006 de las 10 horas del 26 de abril de 2006,

resolvió: “De conformidad con lo expuesto, artìculos citados, se

En garantía de un

préstamo de dinero en efectivo, el 12 de junio de 1989, Almacenes

Corea S.A. otorgó a favor del Banco de Costa Rica, en adelante el Banco,

hipoteca de primer grado sobre la finca inscrita en el Registro Público de la

Propiedad Inmueble, provincia de Heredia, Folio Real matrícula 46431-000, por

¢15.000.000,00. En dicha operación, se acordó que la sociedad deudora

debía reintegrar la suma dada en préstamo en un plazo de cinco años a partir

del 12 de junio de 1989, en 60 cuotas mensuales y consecutivas de ¢125.000,00,

por concepto de capital e intereses. A partir del 11 de octubre de 1990, la

compañía deudora cesó en el pago de sus obligaciones, haciéndose exigible la

deuda de acuerdo a los términos del contrato de préstamo. El Banco, ante la

mora de la sociedad demandada, interpuso el 8 de mayo de 1991

proceso ejecutivo hipotecario para el cobro de un saldo de capital de

¢13.636.124,95, más intereses corrientes y moratorios por ¢2.606.015,00.

Existiendo en el Juzgado Segundo Civil de San José, un proceso de

administración por intervención judicial solicitado por la empresa demandada,

el A quo procedió a suspender los procedimientos, mediante resolución de las 15

horas 40 minutos del 11 de junio de 1991. El día 24 siguiente, el señor Jorge

Antonio Muñoz Corea, representante de la accionada, fue notificado de la demanda

en su casa de habitación. Dos días después, se apersonó al proceso el Lic.

Oscar Bejarano Coto, curador de la ejecutada. El 7 de marzo de 1996, el Juzgado

levantó la suspensión de los trámites. La compañía demandada interpuso

incidente de prescripción de la obligación hipotecaria. A su vez, el curador

opuso la excepción de prescripción contra la liquidación de intereses pedida.

El Juzgado declaró sin lugar el incidente y rechazó la defensa opuesta. El

Tribunal confirmó lo resuelto por el A quo.

II.-

Inconforme

con lo decidido, el apoderado de Almacenes Corea S.A. interpone recurso de

casación por razones procesales y de fondo. La Sala, mediante auto de las 14

horas 40 minutos del 20 de octubre de 2006 (no. 811-A-2006), lo admitió únicamente

por las segundas. Como respaldo normativo alega quebranto de los

artículos 409, 412, 413, 424, 866, 867, 868 del Código Civil, 968, 984, 985 y

986 del Código de Comercio. Se trata de un único agravio. Manifiesta

el recurrente su desacuerdo con la forma en que la Sala ha resuelto el tema de

la prescripción de los créditos hipotecarios, en asuntos en los cuales subyace

una relación mercantil, como es el caso. En su criterio, si bien por una

errónea técnica legislativa aplicada en el artículo único de la Ley no. 3416 de

3 de octubre de 1964, que hizo una “interpretación auténtica” del artículo 968

del Código de Comercio, el juez está obligado a aplicar un plazo de

prescripción de diez años propio de la materia civilista a actos típicamente mercantiles,

lo cierto, dice, es que esa exégesis es inconstitucional, ya no por los

motivos que conoció la Sala Constitucional en el pasado, sino porque con la

excusa de interpretar una ley, reformó un artículo, estableciendo por esa vía,

un criterio normativo ilegítimo, fuera de contexto y contrario a los principios

de la lógica y la razonabilidad de las normas. Cita jurisprudencia de la Sala

Constitucional en respaldo de su dicho. Considera que la norma cuestionada no

debió aplicarse en la especie, toda vez que el artículo 424 del Código Civil

dispone que la hipoteca se extingue con la obligación principal, lo cual

significa que dado el carácter mercantil del asunto de marras, el plazo a

aplicar es el de las obligaciones mercantiles. No obstante lo anterior, arguye,

el Ad quem acudió al plazo decenal de las obligaciones civiles para resolver,

lo que estima obedece a un error de interpretación jurídica que violenta no

solo la Constitución Política sino también los más elementales principios del

derecho comercial. Opina, entonces, que lo correcto es aplicar la prescripción

de cuatro años en hipotecas otorgadas en garantía de obligaciones mercantiles y

no la de 10 años propia de la materia civil. Insiste en que la interpretación

auténtica del artículo 968 del Código de Comercio es inconstitucional y anuncia

que acudirá ante la Sala Constitucional para que así sea declarado. Transcribe,

en lo que considera es de interés al caso, los numerales 409, 412, 413,

424, 866, 867, 868 del Código Civil, para luego reiterar que el plazo de

prescripción a aplicar es el de la obligación principal y no el de la forma de

garantizarla, es decir, cuatro años por tratarse de una operación crediticia

típica del derecho mercantil, ordinales 968, 984, 985 y 986 del Código de

Comercio y no 10, como en forma errónea estableció el auto-sentencia impugnado.

Menciona también que los actos que el Juzgado consideró como interruptores de

la prescripción no fueron efectuados con el fin de continuar con la

prosecución del cobro de la obligación principal, sino respecto de los

intereses, de tal manera, para cuando se reinició el proceso, ya habían

transcurrido nueve años y la prescripción se había cumplido ya. Por último,

ataca también la resolución impugnada en cuanto aprobó liquidaciones más allá del

año que establece la ley.

Sobre

la solicitud de consulta de constitucionalidad

III.-

Pide

el recurrente, como solicitud interlocutoria, efectuar consulta de

constitucionalidad a esa Sala, respecto del artículo único, de la Ley no. 3416

de 3 de octubre de 1964, por considerarlo contrario a la Constitución Política.

Establece el artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional: “Por

la vía de la consulta constitucional, la jurisdicción constitucional ejercerá

la opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos, en los

siguientes supuestos:…c) Cuando lo soliciten la Corte Suprema de Justicia, el

Tribunal Supremo de Elecciones o la Contraloría General de la República, si se

tratare de proyectos de ley o de mociones incorporadas a ellos, en cuya

tramitación, contenido o efectos estimaren como indebidamente ignorados,

interpretados o aplicados los principios o normas relativos a su respectiva

competencia constitucional”. Como se observa, la consulta de

constitucionalidad pedida no procede en los términos que lo hace el recurrente.

Deberá entonces, de considerarlo oportuno, acudir directamente, vía recurso de

insconstitucionalidad, ante la Sala Constitucional a plantear su petición, como

corresponde y en los términos que establece la ley que la regula.

Sobre

el recurso propiamente

No obstante la cantidad

de normas alegadas, solamente para los cánones 424 del Código Civil y 968 del

Código de Comercio, cumple con el requisito indispensable de indicar en qué

consiste la infracción. Desde esta perspectiva entra a conocer la Sala el

recurso. El reclamo gira alrededor del rechazo de la excepción de prescripción.

Acudiendo a criterios jurisprudenciales ya superados de esta Sala, alega

haber transcurrido más de cuatro años desde el momento en que se constituyeron

las obligaciones, plazo que, en su criterio, es el aplicable al caso conforme

al artículo 984 del Código de Comercio, por tratarse de un préstamo mercantil.

De esa manera, arguye, al ser las hipotecas de naturaleza accesoria, la

prescripción de las obligaciones principales conlleva la de aquellas. En

opinión del recurrente, los juzgadores de instancia, interpretaron de forma

errónea el numeral único de la Ley no. 3416 del 3 de octubre de 1964, interpretación

auténtica del cánon 968 del Código de Comercio.

La Sala se ha referido

al asunto en discusión en diferentes oportunidades: “III.- ...Al respecto resulta oportuno

transcribir lo relevante de la resolución de las 16 horas 15 minutos del 19 de

junio del 2002, correspondiente al voto 481 en la cual se resume los criterios

en esta Sede sobre el artículo 984 del Código de Comercio; “…Sobre el

tema es posible identificar tres etapas: 1) la tesis tradicional que pregonaba

la prescripción ordinaria o decenal, sin distinguir entre la relación causal y

el título que la garantiza. Su apoyo jurídico lo fue la interpretación

auténtica al artículo 968 del Código de Comercio.

Esta posición se mantuvo

invariable hasta el voto número 40 de las 15 horas del 3 de junio de 1994,

cuando esta Sala por mayoría y, con otra integración, se inclinó por establecer

el plazo según el negocio subyacente. Este nuevo criterio se aferra a la

accesoriedad de la hipoteca respecto al negocio principal, de suerte que

prescrito éste debe suceder lo mismo con lo accesorio. 3) se retorna a la tesis

legal de los 10 años sin que tenga relevancia el origen del crédito

garantizado.

El criterio de la relación causal encuentra su mayor

representante en el voto 40 de 1994 de esta Sala, en el cual se cuestiona los

alcances de la interpretación auténtica del artículo 968 del Código de

Comercio, norma que en forma clara dispone que las hipotecas comunes o de

cédulas continuarán rigiéndose por la prescripción de diez años. En ese

sentido, al analizar una compraventa mercantil con garantía hipotecaria, por

mayoría se dispuso: “V.- La Ley Nº 3416 de 3 de octubre de 1964, al

interpretar en forma auténtica el artículo 968 del Código de Comercio,

estableció: "Artículo Unico.- Interprétanse las disposiciones del artículo

968 del Código de Comercio en el sentido de que la prescripción de las acciones

que se deriven de actos y contratos mercantiles, se regirá por las

disposiciones del capítulo a que este artículo se refiere, salvo en cuanto a

las hipotecas comunes o de cédulas, que continuarán rigiéndose por la

prescripción de diez años.".- Esta disposición puede resultar

equívoca por varios motivos. En primer lugar, tratándose de cédulas

hipotecarias, la interpretación dada por el legislador estaba sobrando. En

efecto, las cédulas hipotecarias incorporan, en sí, dada su condición de título

valor, un crédito, sin indicar la causa por la cual se emitió (principio de

abstracción). Ese crédito, al estar reguladas las cédulas en el Código Civil,

es de naturaleza civil. Ergo, lo referente a la prescripción mercantil no le es

aplicable a las cédulas, por lo cual no precisaba respecto de ellas la citada

interpretación. En cuanto a las hipotecas comunes, la interpretación transcrita

podría conducir a criterios contradictorios. Debe repararse, al respecto, en la

naturaleza accesoria de ese derecho real de garantía. La hipoteca sirve para

asegurar el cobro de una obligación en caso de incumplimiento; ella confiere al

acreedor el derecho de sacar a remate la finca dada en garantía, siguiendo los

procedimientos legales respectivos, y así saldar la deuda con el dinero

obtenido en la almoneda pública. Pero si el derecho de crédito

garantizado se extingue, la hipoteca corre la misma suerte. Este principio lo

recoge el artículo 424 del Código Civil. Pero a la inversa no sucede igual. Si

la hipoteca se extingue por cualquier motivo, no necesariamente fenece el

crédito asegurado. La garantía hipotecaria puede darse sobre cualquier

obligación. Por ejemplo, podría darse para respaldar el pago de honorarios de

profesionales, en cuyo caso, el derecho garantizado prescribiría en tres años

(artículo 869, inciso 2 ° , del Código Civil), y si se diera la extinción

del derecho de crédito por esta causa, también la hipoteca, como derecho

accesorio, se extinguiría. En realidad, no existe ninguna disposición en el

Código Civil en la cual se establezca la prescripción de la hipoteca, como

derecho real de garantía, en el plazo de diez años. Al ser un derecho

accesorio, su existencia está ligada a la del crédito garantizado. Sin embargo,

el verdadero problema en este tipo de derecho real, es el de la vigencia de su

inscripción en el Registro. Para dar certeza en el tráfico de inmuebles, dada

la publicidad registral a la cual está afecta la hipoteca, el párrafo segundo

del artículo 471 del Código Civil dispone: "Las hipotecas, ya

sean comunes o de cédulas, inscritas o detenidas por defectuosas, que en

cualquier tiempo aparezcan vencidas por más de diez años sin que el Registro

manifieste circunstancias que impliquen gestión cobratoria o reconocimiento del

crédito u otra interrupción de la prescripción, no surtirán, después de esa

fecha, efectos en perjuicio de terceros y el Registrador, al inscribir nuevos

títulos relativos a la finca respectiva, hará caso omiso de tales

gravámenes.". Sin embargo, ello no quiere decir que, cuando la hipoteca

garantice una obligación, sea civil o mercantil, cuyo plazo de prescripción sea

inferior a los diez años, deba interpretarse que el derecho garantizado deje de

prescribir en el plazo que le es propio, debiéndose aplicar entonces el término

de diez años. Si garantiza, como se dijo en el ejemplo, los honorarios de un

profesional, el derecho de crédito principal sigue prescribiendo en 3 años, y

no en

Si respalda una obligación mercantil, el plazo de prescripción será

el previsto por el Código de Comercio para el acto o contrato respectivo; sea,

no podría aplicarse el de diez años. Empero, registralmente continuaría

existiendo el gravamen hipotecario, respecto de terceros, aún después de haber

transcurrido el término de prescripción previsto para el derecho asegurado. Por

ello, algunos autores han sostenido que, al menos en cuanto a la

inscripción registral, el derecho de hipoteca puede subsistir aún

habiendo fenecido el crédito garantizado, quedando abierta la posibilidad de

ejercer la acción hipotecaria si, terceros de buena fe, se han constituido en

cesionarios del crédito hipotecario. Sin embargo, ello sólo es

factible, al tenor de esta tesis, respecto de terceros adquirentes de buena fe,

quienes ejerzan acciones hipotecarias. Pero, tal fenómeno no sucede en el sub

lite, pues no se trata de una acción de naturaleza hipotecaria, a cuya especie

se refiere la interpretación auténtica dicha, sino de una acción derivada del

contrato mismo de compraventa, la cual, en virtud del principio de accesoriedad

precitado, y de la misma literalidad de la interpretación auténtica del artículo 968, debe regirse por las disposiciones

del Código de Comercio . Por ello, el argumento del recurrente no es de recibo (…)

El criterio de la relación causal no logró consolidarse dentro de la Sala.

En el voto número 54 de las 15 horas del 3 de junio de 1998 aplica el plazo

decenal a una compraventa civil conforme al artículo 968 del Código de Comercio

y su interpretación auténtica. En lo que interesa resolvió: “V.- En el

presente asunto, el Tribunal aplica la prescripción de cuatro años que

contempla el Código de Comercio, por considerar que la compraventa es de

naturaleza mercantil. Primeramente, cabe indicar que, aún cuando la venta en

cuestión fue hecha por una sociedad a un agricultor, dicho contrato no encaja

dentro del supuesto contenido en el inciso a), del artículo 438, del Código de

Comercio, por lo que el negocio subyacente no es mercantil sino civil. La finca

inscrita al sistema de folio real, matrícula número (…) de la Provincia de (…),

objeto de la venta en cuestión, es una finca de aptitud agrícola, cuya

naturaleza,(…) es terreno de repastos y potrero, destinada, básicamente, a la

ganadería (ver certificación a folio …). Finca La (… ) S.A. realizaba, hasta la

fecha de la venta del inmueble, actividades ganaderas en éste, es decir, no ha

tenido por giro normal de sus actividades la compra y venta de bienes inmuebles

ni la búsqueda u obtención de lucro con negociaciones de este tipo. De

consiguiente, el Tribunal ha errado al considerar que la compraventa es de

naturaleza mercantil, también, al aplicar la prescripción regida por el Código

de Comercio, pues se debe tener presente, además, que el plazo de prescripción

de hipotecas es de diez años, según se desprende de lo dispuesto en el artículo

471, párrafo segundo, del Código Civil y de la ley interpretativa número 3416

de 3 de octubre de 1964, que interpreta, auténticamente, el artículo 968 del

Código de Comercio, cuando dispone: Artículo Unico.- Interprétanse las

disposiciones del artículo 968 del Código de Comercio en el sentido de que la

prescripción de las acciones que se deriven de actos y contratos mercantiles,

se regirá por las disposiciones del capítulo a que este artículo se refiere,

salvo en cuanto a las hipotecas comunes o de cédulas, que continuarán

rigiéndose por la prescripción de diez años.". El retorno a la tesis

tradicional de los 10 años se inicia con el voto número 422 de las 15 horas 45

minutos del 28 de julio de 1999 al disponer la Sala: “III… En la

especie, se pretende la ejecución de una hipoteca común, otorgada por la

sociedad (…)Ltda., en garantía de un crédito que obtuvo en forma directa del

Banco actor. En materia de prescripción de hipotecas, el legislador ha

dispuesto, claramente, en el artículo único de la Ley 3416 de 3 de octubre de

1964, que interpreta, auténticamente, el artículo 968 del Código de Comercio,

"...que la prescripción de las acciones que se deriven de actos y

contratos mercantiles, se regirán por las disposiciones del capítulo a que ese

artículo se refiere, salvo en cuanto a las hipotecas comunes o de cédulas, que

continuarán rigiéndose por la prescripción de diez años"...). Sobre este

aspecto, en sentencia 54 de las quince horas quince minutos del veintisiete de

mayo de mil novecientos novena y ocho, esta Sala consideró: "...el plazo

de prescripción de hipotecas es de diez años, según se desprende de lo dispuesto

en el artículo 471, párrafo segundo, del Código Civil y de la ley

interpretativa número 3416 de 3 de octubre de 1964, que interpreta,

auténticamente, el artículo 968 del Código de Comercio". En consecuencia,

no lleva razón el recurrente cuando sostiene que el plazo de prescripción

aplicable es el de cuatro años, que rige para el préstamo mercantil, puesto que

al estarse ejecutando una hipoteca, expresamente, el legislador ha establecido

una prescripción decenal, como así lo consideró el órgano ad-quem en la

resolución recurrida. Por ende, no existe el aducido quebranto de los artículos

10, 14, 409, 424, 471, 867 del Código Civil, tampoco de los ordinales 1, 2,

968, 984, del Código de Comercio, ni del artículo único de la Ley 3416 que

interpreta, auténticamente, el 968 del citado cuerpo normativo, antes bien, en

la sentencia recurrida se ha hecho una correcta aplicación de ambas

disposiciones jurídicas de última cita, en consideración a que se analiza el

plazo de prescripción de una hipoteca común que, se reitera, constituye uno de

los supuestos contenidos en la Ley 3416”.

Por su parte, la

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, revisó la

constitucionalidad de la referida “interpretación”. Así analizó varios

aspectos, de interés para la resolución de este asunto en lo relativo a la

naturaleza de la disposición 968 del Código de Comercio: si se trata de una

norma interpretativa o si posee un sentido normativo, y sus efectos. La

resolución Nº 7552-98 de las 10 horas 12 minutos del 23 de octubre de 1998 de

esa Sede, dijo: “ …por el contexto, la Ley 3416 es más bien una reforma y no

una interpretación auténtica, lo que implica que su aplicación debe ser hacia

el futuro y no en forma retroactiva. En todo caso, conforme se señaló en el

considerando anterior, la constitución de la hipoteca objeto de discusión

en el asunto base, fue posterior a las leyes que se impugnan, por lo que

resulta irrelevante –para el caso- si en ellas se dispone o no una aplicación

retroactiva de la ley, dado que esta circunstancia no afecta los intereses del

accionante. No existe violación al artículo 121 inciso 1) de la Constitución

Política, pues dentro de las potestades y competencias exclusivas de la

Asamblea Legislativa se encuentran tanto la de reformar las leyes como la

de darles interpretación auténtica...”. Del extracto anterior se desprende el

carácter normativo de la mal denominada “interpretación”. En realidad conforme

lo estimo la Sala Constitucional, se esta en presencia de una norma, la cual

constituye una excepción en este tema, por voluntad expresa del

legislador, pues a criterio de ese órgano se trata de una ley, la cual no violó

el procedimiento de creación. En síntesis, resulta de aplicación obligada el

plazo de prescripción de 10 años a la hipoteca de naturaleza mercantil,

indistintamente de la suerte de la relación causal del contrato del cual

emerge, porque así lo dispone la legislación, y su constitucionalidad ha sido

verificada y declarada por la Sala Constitucional.

Desde otro

ángulo del análisis de la letra de la interpretación en mención del numeral 968

del Código de Comercio al expresar “que continuaran rigiéndose por la

prescripción de diez años”. Se extrae que dicha expresión obliga a analizar la

génesis de tal afirmación. Del estudio de Código de Comercio de 1853 título XII

contenía las disposiciones generales sobre la prescripción de los contratos

mercantiles. En lo que interesa, el numeral 528 ibídem a la letra decía:

“Las acciones que por las leyes de comercio no tengan un plazo determinado para

deducirlas en juicio, prescriben en el tiempo que corresponda, atendida su

naturaleza; según las disposiciones del derecho común”. Para esa época se

encontraba vigente el Código Civil actual, donde regía un plazo decenal de la

prescripción general. Por otra parte el plazo para eliminar anotaciones

en las fincas es también decenal al tenor del artículo 471, del mismo cuerpo de

legal. Por ello se puede colegir, el plazo decenal impuesto en la

interpretación de repetida cita, encuentra su fundamento en la prescripción

regida con anterioridad a la promulgación del Código de Comercio del año 1964

donde era la decenal. Es a partir de la vigencia de este Código, cuando se

verifica una diferencia en los plazos para los asuntos de naturaleza civil y los

mercantiles” (no. 420-F-03, de las 9

horas 25 minutos del 18 de julio del 2003). Es decir, según criterio

reiterado de esta Sala, las obligaciones o contratos mercantiles que se

garanticen con hipoteca no prescriben en el plazo que le es propio, sino que será

siempre, por disposición de ley, el plazo de diez años.

Así las cosas,

siendo que la obligación se hizo exigible el 11 de octubre de 1990 y que la

demanda fue notificada a la sociedad deudora el 24 de junio de 1991, es

claro, entonces, que no ha fenecido el plazo decenal prescriptivo de las

hipotecas, con lo cual, evidentemente, el Tribunal no incurrió en los

quebrantos señalados. Por último, en relación con el ataque que hace el

casacionista a la resolución recurrida, en cuanto aprobó liquidaciones más allá

del año que establece la ley, es criterio reiterado de esta Sala, que el

recurso de casación en esta clase de procesos, está reservado únicamente al

pronunciamiento que se haga sobre la prescripción del capital, no así respecto

de los intereses (ver, entre otras resoluciones la no. 660 de las 8 horas 35

minutos del 14 de agosto de 2005).

VII.-

En

razón de lo anterior es que resulta procedente declarar sin lugar el recurso.

Son sus costas a cargo del promovente (Artículo 611 del Código Procesal Civil).