Resolución 000747-F-S1-2010

El apoderado de la empresa Veritas Resource CR, S. A. (Veritas, en lo

sucesivo), presenta un escrito que denomina

“RECURSO DE NULIDAD DE

LAUDO ARBITRAL AD-HOC DICTADO POR MICHAEL SEAWARD”. Según afirma,

su representada suscribió un contrato con la compañ ía Auro Marga S.A. (Auro,

en adelante), destinado a la realización de obras d e infraestructura y

equipamiento, para llevar a cabo un programa de exp lotación y operación de

una planta de procesamiento. Se acordó que un comit é determinaría la

conclusión de cada fase. Según la cláusula cuarta, agrega, a falta de acuerdo

entre los miembros del relacionado órgano, el señor Michael Seaward se

integraría, para decidir por sí, la controversia de manera definitiva, en firme y

con carácter vinculante para las partes. Además, as evera, se dispuso en esa

estipulación: “Se entenderá que lo resuelto por el señor Seaward, lo será en su

condición de árbitro, y sus decisiones se considera rán para todos los efectos en

firme y no tendrán recurso alguno”. No se estableció, señala, si la decisión del

señor Seaward sería de derecho o de equidad. El 6 d e octubre de 2009, indica,

el comité emitió un reporte que demostró la falta d e consenso de sus

integrantes en varios puntos, por lo que se involuc ró al señor Seaward, en su

carácter de árbitro, para dirimir la controversia. Manifiesta: “Con fecha del 16

de octubre del 2009, el señor Michael Seaward, emit ió su ‘laudo’, decisión

unilateral, que según su entender, resolvía el punto en conflicto”.

Con cita de los artículos 65 y 67 de la Ley sobre Resolución Alterna

de Conflictos y Promoción de la Paz Social (Ley RAC ), el gestionante interpone

“Recurso de Nulidad contra el ‘LAUDO’ dictado y fir mado por el Sr. Michael

Seaward” , que fundamenta en violación al debido proceso, po r cuanto careció

de requerimiento y demanda arbitral, audiencia y em plazamientos a las partes,

contradicción y posibilidad de rebatir los argument os de la contraria o los

puntos en conflicto sometidos a decisión arbitral, ofrecimiento y evacuación de

pruebas, oportunidad para emitir conclusiones. Acus a falta de iniciación formal

del procedimiento, a la luz del canon 43 de la cita da Ley. Cuestiona las

conclusiones de lo que dice ser el laudo, que calif ica de infundadas, sin

razonamiento, erradas y controversiales, dentro de un arbitraje al que le

atribuye conculcar los más sagrados derechos y prin cipios constitucionales y

procesales. Censura quebranto de los cardinales 39, párrafo tercero, y 41,

párrafo final, Ibídem, por cuanto, además de no dar la posibilidad de ofrecer

pruebas, el árbitro hizo una visita al sitio, sin c omunicarlo a los interesados.

Reitera que se conculcó la Ley RAC en su totalidad, entre cuyas normas

menciona lesionadas los preceptos 19, 20 y 25, porq ue el Sr. Seaward no es

abogado, siendo que no se estipuló si el arbitraje sería de equidad o de

derecho, en cuyo evento se entiende que era del últ imo tipo. Con base en lo

resuelto por el árbitro, asevera, se decidió una co ntroversia con perjuicio para

su poderdante, por cuanto el personero de Auro, tuv o por cierto los

incumplimientos de Veritas, enviándole nota en la q ue da por terminado el

contrato, con efectos negativos y nefastos para los intereses de la sociedad que

representa.

La Sala solicitó al señor Michael Seaward, emplaza r a las partes

ante este Despacho y prevenirlas para señalar lugar o medio de notificaciones.

También, requirió el envío del expediente y documen tos relacionados con el

proceso arbitral. En escritos de folios 40 y 45 a 5 3, el señor Seaward

manifiesta, en esencia, que no ha sido árbitro, ni ha llevado a cabo un arbitraje,

tampoco emitido laudo alguno. Según indica, solo se limitó a rendir un criterio

técnico, sobre aspectos que le fueron consultados p or un comité, respecto a si

se habían cumplido o no, las fases y actividades es tablecidas en un contrato,

según lo programado.

De la documentación aportada por el gestionante, s e desprende la

existencia de un contrato privado entre Veritas y l a empresa Auro. La

descripción de las etapas acordadas, da cuenta de u na primera fase

denominada:

“instalación de infraestructura” , en cuya cláusula cuarta del pacto,

se establece que Veritas se compromete a realizar o bras de infraestructura y

equipamiento, en orden a un cronograma de actividad es. Allí mismo, disponen

la creación de un comité, encargado de verificar la culminación satisfactoria de

cada fase, hasta concluirse totalmente las obras. A la letra, se consigna en esa

estipulación contractual: “A falta de acuerdo de este Comité, el señor Michae l

Seaward… se integrará a este Comité de manera inmed iata, para que decida la

controversia de manera definitiva, en firme y oblig atoriamente vinculante para

las partes… Se entenderá que lo resuelto por el señ or Seaward, lo será en su

condición de árbitro, y sus decisiones se considera rán para todos los efectos en

firme y no tendrán recurso alguno”. También, se dispone que si el comité

determina que una etapa no culminó en el momento pr evisto en el cronograma

o se realizó de manera inadecuada en relación con l os objetivos pactados, por

causa imputable a Veritas, “…queda facultada Auro para tener este contrato por

incumplido de pleno derecho y resolver el mismo por tal causa…”. Por lo

demás, la cláusula décima señala que todas las cont roversias o diferencias que

pudieran derivarse de este contrato, su ejecución, liquidación o interpretación,

se resolverá, en primera instancia, mediante alguno de los medios establecidos

para la resolución alterna de conflictos, que las p artes acuerden en su

momento. De no existir consenso sobre esos mecanism os, queda habilitada la

vía jurisdiccional común (folios 5, 6 y 13).

En el documento de folios 16 y 17, consta que el susodicho comité se

reunió el 6 de octubre de 2009. La sesión versó sob re el estado de cada fase y

las obligaciones no cumplidas de Veritas, que se so metió a consideración y los

miembros acordaron que el señor Michael Seaward rin diera criterio sobre

diversos puntos relacionados con los aspectos sesio nados. Los temas sobre los

cuales versaría, le fueron comunicados y fue así co mo rindió su dictamen,

según consta en documental de folios 22 y 23 que, c on fecha 16 de octubre de

2009, dirigió al comité técnico, en la persona de l os señores Franz Ulloa

Chaverri y Néstor Chamorro Aravena, en su orden, re presentantes de Veritas y

de Auro. La información técnica fue muy puntal, aju stando su criterio, en

esencia, a si se cumplieron o no las labores acorda das, en función del

cronograma y con referencia justificativa en lo que fue requerida su opinión.

Luego, en escrito del 21 de octubre de 2009 (folios 25 y 26), el representante

legal de Auro, se dirige al Presidente de la Junta Directiva de Veritas, para

comunicarle, en lo fundamental, la constatación de incumplimientos

contractuales, según fue ratificado por el señor Mi chael Seaward, y la decisión

de terminar la relación jurídica.

Como consecuencia de lo ocurrido, esta Sala estima que la

participación del señor Michael Seaward se limitó a atender el requerimiento del

comité, a los fines de emitir un criterio técnico, que plasmó en lo que

constituye, en realidad, un dictamen pericial, sobr e los puntos sometidos a su

conocimiento, técnica, experiencia y profesión. Des de este punto de vista, en

modo alguno se trata de un laudo, emitido con el pr opósito de poner fin a

diferencias surgidas de la relación jurídica entre ambas compañías, en los

términos plasmados en la cláusula décima del contra to. Antes bien, lo que hizo

el señor Seaward, fue dar cumplimiento a lo estipul ado en el punto cuarto del

negocio, esto es, emitir su parecer, ante la solicitud del comité técnico, respecto

a si se cumplieron o no las etapas y trabajos, segú n lo proyectado en el

cronograma. Sería el comité, como en efecto sucedió , quien determinaría las

consecuencias derivadas de la inobservancia de Veri tas, respecto a las

prestaciones asumidas contractualmente. No así el e xperto, quien tan solo se

pronunció con fundamento en lo solicitado, emitiend o su dictamen. Cierto es

que en la cláusula cuarta se indica que lo dispuest o por él “… lo será en su

condición de árbitro” , pero la realidad determina, según quedara expuest o, que

su participación se ha reducido a informar, sobre l a base de los datos

requeridos por el comité, dentro de las funciones q ue, consensualmente, le

designaron. Prima, en este sentido, la realidad sob re las fórmulas

convencionales, pues como esta Sala lo ha sostenido , en derecho, las

instituciones no se rigen por la denominación dada por los interesados, sino por

su naturaleza intrínseca. Sobre el particular, en s entencia no Nº 92 de las 15

horas 15 minutos del 10 de junio de 1992, afirmó: ”La interpretación contractual

cabe cuando la voluntad de las partes es oscura, insuficiente o no se adecua a la

realidad. En tales casos, es necesario remitirse no a la denominación empleada

por las partes sino a la naturaleza, característica s y al contenido de lo pactado

conforme a la intención común de las mismas. " (Pueden consultarse, también, los

votos 69 de las 15 horas del 17 de agosto de 1994 y 42 a las 15 horas del 14 de

mayo de 1997).

Por otra parte, el papel que las partes establecie ron que el señor

Seaward desempeñara es muy particular. Pudiera ser que entre ellas acordaran

que su pronunciamiento lo fuera en calidad de árbitro. Sin embargo, nada en el

expediente determina que lo hayan instituido como tal ni que se lo expresaran en

ese sentido, tampoco se sabe si hubiese aceptado. De este modo, él no actuó en

esa condición y así lo ha manifestado reiteradament e. Por ello, no procede que

ahora se le reclame haber faltado a un trámite que desconocía debía cumplir. Sí él

no lo llevó a cabo, no fue por omisión ni responsab ilidad suya; sino por

ignorancia, atribuible a la desidia de los mismos c ontratantes, quienes no lo

invistieron como correspondía, a los efectos de exigirle determinado proceder. Por

consiguiente, la gestión que realizó, de ninguna manera tipifica como un proceso

arbitral, como lo prevé y regula la Ley RAC. En sus disposiciones generales, el

artículo 2 reconoce el derecho de solucionar conflictos patrimoniales a través de

los medios alternos contemplados en esa legislación. En el caso concreto, no se

ha sometido controversia alguna, suscitada entre Veritas y Marga, a la resolución

de esa persona. La incursión de don Michael en este asunto, no lo ha sido en los

términos acordados en la cláusula décima, sino solo para informar técnicamente

al comité, luego de analizar los extremos que se so metieron a su conocimiento,

estableciendo si las etapas y labores se cumplieron o no según el cronograma. Se

repite, esa comisión sería la encargada de determinar las consecuencias derivadas

de lo que arrojara la experticia. Así las cosas, na da se enmarca dentro de lo

establecido en el canon 18, que justificaría y harí a patente la existencia de un

arbitraje y, en esa virtud, no cabe cuestionamiento alguno si lo fue de derecho o

de equidad (artículo 19). De todas formas, los mecanismos que se prevén para la

composición del tribunal colegiado, unipersonal o a d-hoc, tampoco se han

observado (preceptos 20, 21, 24, 25, 26 y 28). No s e estableció aspecto alguno

sobre su instalación (32, 40), procedimiento (23, 39), normas de fondo aplicables

(22), iniciación y desarrollo (30, 43, 45, 47, 48, 51), régimen probatorio (50, 55) y

conclusión (54). Con razón, la gestionante denuncia falta de requerimiento y

demanda arbitral, audiencia y emplazamiento, contra dictorio, ofrecimiento y

práctica de prueba, otorgamiento de oportunidad para emitir conclusiones. Hasta

reconoce que “…no se dio inicio formal a un procedimiento arbitr al, a la luz del

artículo 43 de la Ley RAC” y a que el pronunciamiento del señor Seaward

“…careció también de los requisitos identificados e n el artículo 58…” . Incluso,

cuando en diversas alusiones de su escrito se refie re al objeto del recurso, lo

entrecomilla “LAUDO”. Es natural, entonces, que el señor Seaward se mues tre

sorprendido con la gestión del abogado de Veritas, como lo revelan sus

manifestaciones consignadas en los escritos de folios 40, 45 a 53, las cuales, en

definitiva, se ajustan a la realidad de las cosas, en el entendido que no ha

figurado como árbitro, ni ha llevado a cabo un proc eso arbitral, tampoco ha

emitido laudo alguno, con lo que no cabe siquiera considerar que la solicitud que

se analiza califique como un recurso de nulidad, po rque de conformidad con lo

estatuido en el artículo 64 de la relacionada Ley, éste, junto con el recurso de

revisión, constituyen los únicos medios impugnatorios, dispuestos para combatir

un laudo arbitral.

Se impone, por consiguiente, el rechazo de plano de la solicitud en

estudio.