Resolución 00964-2017

“IV. El recurso se declara sin lugar. Del análisis de fondo efectuado, se colige que la

discusión del caso se centra en el tema del testigo sospechoso, el

procedimiento para declararlo en esta condición y el órgano competente a dichos

efectos. Ahora bien, el recurrente a fin de impugnar lo resuelto por el

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial

de San José, en la resolución Nº 2016-0476, de las 14:42 horas, del 1° de

diciembre de 2016, opone los precedentes jurisprudenciales de esta Sala  N° 2009-00473, de las 16:35 horas, del 31 de marzo del 2009

y el 2013-692, de las 9:23 horas, del 14 de junio de 2013 (que fueron los ùnicos dos pronunciamientos a los que se les dio admisibildad). Por lo anterior, se hace indispensable

analizar el contenido de ambos pronunciamientos a fin de resolver el presente

recurso. En relación al voto 2009-473, e ste establece que ni la Policía Judicial ni el Ministerio

Público deben recurrir a esta figura, por cuanto s

i sobre una persona recae indicios de haber cometido un delito, se le

debe tratar como indiciada, con el propósito que le cubran todas las garantías

que ello implica, entre ellas, el que se le informe de sus derechos, en

especial, el de guardar silencio y que en caso de que desee declarar, debe de

contar con patrocinio letrado (sea público o privado), ello para no lesionar

los derechos constitucionales y legales que le asisten a la misma. Se destaca

además, que al ser el Ministerio Público el titular de la acción penal en

delitos perseguibles de oficio, tiene la potestad de decidir cuándo cataloga a

una persona como imputada, resguardándole sus derechos y garantías procesales

para, luego, formular contra ella una acusación, o cuándo opta por considerar a

alguien como testigo de un hecho delictivo. Sin embargo, se aclara que dicha

elección no debe ser arbitraria ni caprichosa, sino estar guiada y condicionada

por los elementos que deriven de la investigación propia de la etapa

preparatoria, de manera que lo que se decida posea seriedad, objetividad,

fundamento y sea consecuencia lógica de las diligencias pertinentes y útiles

que se hayan practicado. Por su parte, en la resolución 2013-692 supra citada, se reitera lo consignado en el voto

anterior y se adiciona el tema referente a que el Ministerio Público puede

utilizar la estrategia que guste en el caso, en el tanto no limite el ejercicio

de los derechos de la defensa, evidenciando que s i

algún testigo -a raíz de su declaración- se le atribuye responsabilidad penal,

el legitimado a reprochar alguna anomalía procesal sería el propio afectado, en

caso de que esa omisión pueda acarrearle alguna consecuencia jurídica. Si bien

los precedentes referidos por el gestionante

mantienen plena vigencia en la actualidad, en el tanto se tiene claro que es el

Ministerio Público quien tiene la potestad de decidir cuándo cataloga a una

persona como imputada o como testigo en la etapa preparatoria, lo cual debe de

hacer con base en criterios objetivos que deriven de la propia investigación,

puesto que tal facultad no es irrestricta; lo cierto es que ella tampoco es

exclusiva del ente acusador –tal y como parece entenderlo el casacionista en el planteamiento del recurso como en la

vista oral realizada para la exposición de éste– sino

que también el propio juez que conozca la causa, como aconteció en el caso que

nos ocupa (cfr . folio

444), tiene el deber de advertirle al testigo cuyo dicho le puede comprometer

penalmente, las consecuencias de que declare y el derecho que le asiste a

guardar silencio y de contar con un defensor que lo asesore al efecto, sin que

ello soslaye el rol del ente acusador, por cuanto es una competencia que deriva

de la aplicación del artículo 204 del Código Procesal Penal, aspecto que ha

sido desarrollado por nuestro Tribunal Constitucional en el voto N° 5630-94, de 16:06 horas, del 25 de setiembre

de 1994, cuando se dijo que: “...Para la Sala la aplicación directa de la

garantía contenida en el artículo 36 de la Constitución Política no permite más

que afirmar, que ni al testigo sospechoso, ni al imputado, podrían obligárseles

a declarar contra sí mismos (…). En efecto, este tipo de testigo podrá ser

citado para que declare y deberá comparecer al llamado judicial sin que el juez

pueda coaccionarlo, por ningún medio, para que rinda la declaración; y es que,

en aplicación de la máxima "nemo turpidinem suan revelare tenetur", este tipo de testigo no puede ser colocado

en una situación peor que aquella que tendría como imputado (...)  el

testigo sospechoso podrá abstenerse de indicar todo aquello que pueda

implicarle responsabilidad penal y el juez de la causa deberá valorar esta

circunstancia en el caso concreto y advertirle  las consecuencias de su

dicho y que le asiste el derecho al silencio. La declaración recibida en

contravención con lo anterior, no podrá surtir efectos y será absolutamente

nula por violación a los principios que integran el debido proceso (…)” (la

negrita es propia). En este mismo sentido, esta Cámara de Casación ha

señalado que: “Debe precisarse que este caso difiere sustancialmente de

aquellos en los que el deponente no ha sido acusado formalmente, sino que

ostenta la condición procesal de testigo y que por su eventual participación en

los hechos puede considerársele como “sospechoso”, pues en este último caso,

por no existir una imputación formal, bastará, a efecto de resguardar el

derecho de defensa, con que el Tribunal prevenga al testigo acerca de su

derecho de abstenerse de declarar, pues ésta es la única vía idónea para hacer

efectivo lo preceptuado en el numeral 204 del Código Procesal Penal, en cuya

virtud el testigo no estará obligado a declarar en cuanto a los hechos que

puedan ocasionarle alguna responsabilidad penal. Podría incluso permitirse

la asistencia de su defensor particular o nombrarle uno público, al efecto….”

(lo destacado no corresponde al original) (Sala

Tercera, resolución N°188-99, de las 9:10 horas, del

19 de febrero de 1999). Una vez que ha quedado dilucidado el primer aspecto

cuestionado, referente a la competencia del juez de garantías de declarar a un

testigo como sospechoso, en el caso de que exista fundamento para prever que su

declaración podría comprometerlo penalmente, aunque exista oposición de la

fiscalía; cabe abocarnos al estudio de s i era procedente darle esta

calificación al testigo [Nombre 004], según las particularidades que presentaba

el caso. Para esta Sala Tercera, al igual y como lo consideró en su momento el

Tribunal de Apelaciones de Sentencia Penal Juvenil, sí procedía el declarar al

testigo [Nombre 004] como sospechoso, por cuanto desde el inicio de la

investigación existían elementos de prueba que lo ligaban con el hecho

delictivo investigado […].”