Resolución 00095-2017

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“IV. […] El reclamo es admisible. El numeral 467 del Código Procesal Penal, establece

respecto a la impugnabilidad objetiva del

recurso de

casación actual que éste procederá: “…Contra las resoluciones dictadas por

los tribunales de apelación de sentencia, que confirmen total o

parcialmente, o bien resuelvan en definitiva, la sentencia dictada por el

tribunal de juicio” (El suplido es nuestro).   Al mencionado

artículo, debe sumarse el hecho que esta Sala de Casación Penal, en fallos de

reciente data como el 2016-00626, de las nueve horas cuarenta y tres minutos,

del veinticuatro de junio del dos mil dieciséis; 2014-0753, de las catorce

horas, del veinticinco de abril de dos mil catorce y 2013-00042, de las diez

horas y cincuenta y cuatro minutos, del primero de febrero del dos mil trece,

entre otros, ha sostenido en cuanto a la impugnabilidad

objetiva contemplada en el numeral 467 citado, que:  “ no

puede aceptarse, como pretende el recurrente, que en todos los casos donde se

ordena un juicio de reenvío, se limite la admisión del recurso de casación, por

considerarse que no se resuelve de forma definitiva el asunto”(El

suplido es nuestro), sino que debe verse “ desde un punto de vista más

amplio, referido a situaciones que se consolidan cuando son resueltas por

el Tribunal de Apelación de Sentencia, y sobre las cuales la parte que

se sienta agraviada, no tiene otra forma de someterlo a la revisión de un

Tribunal superior” (En igual sentido, Sala Tercera de la Corte Suprema de

Justicia, voto 2014-0753, de las catorce horas, del veinticinco de abril de

dos mil catorce). Es decir, bajo ambas premisas: una normativa, -al amparo

del artículo 2 del Código Procesal Penal-, y la otra jurisprudencial, debe

reconocerse como se ha hecho en otras oportunidades, que este órgano

jurisdiccional al amparo de la competencia legalmente otorgada, posee la

potestad de conocer por el fondo  aquellos casos en los que a pesar que el

Ad quem ha dictado el reenvío de la causa a

primera instancia, por la forma en que ha sido resuelto el expediente, estaría

consolidándose una situación jurídica particular que afectaría o haría

nugatorios los intereses de una o varias partes procesales. La esencia de dicho

presupuesto además encuentra asidero en la conceptualización

misma del derecho a la doble instancia e impugnación, a través de la

promulgación de la Ley Nº

8837, denominada “Ley de Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, Otras

Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal”, publicada en La Gaceta Nº 111, Alcance

10-A, en vigencia desde el 9 de diciembre de 2011, en la que nuestro legislador

–atendiendo a los requerimientos derivados del fallo Ulloa Herrera vrs Costa Rica, de la Corte Interamericana

de Derechos Humanos-, dispuso la creación de una segunda instancia que

permitiera a las partes acceder al reexamen probatorio

integral, garantizándose con ello, el derecho de apelación y audiencia, de una

forma más transparente. Así también, en esa modificación de la ley adjetiva,

fue reestructurado el recurso de casación vigente, mismo que por la

organización penal asumida, paso a regirse por requisitos de carácter formal en

la admisibilidad de las impugnaciones, al conservar la competencia nomofiláctica  del recurso en la interpretación

jurisprudencial y asumir una posición de revisión formal de los

pronunciamientos dictados por los Tribunales de Apelación creados en las

diversas jurisdicciones del país. Con respecto al recurso de casación, que es

el tema que aquí interesa, debe señalarse que aunque las hipótesis de

admisibilidad se encuentran expresamente previstas en los numerales 467, 468 y

471 para adultos y 116  y 116 bis de la Ley de Justicia Penal Juvenil para menores, -al

amparo  de un interpretación extensiva a favor de las partes conforme al

artículo 2 del Código Procesal Penal-, existen casos en los que se reitera, -de

forma excepcionalísima-, el reenvío de la causa por el Tribunal de Alzada,

conlleva la consolidación de una situación jurídica, que de no intervenir esta

Sala Tercera en su dilucidación, conllevaría el fortalecimiento y

quebrantamiento de los derechos de las partes, desde el punto de vista

procesal. Ahora bien, en atención a los pormenores de la presente sumaria, esta

Cámara mediante un ejercicio de mera constatación, desprende que la decisión

del fallo recurrido 2016-0359, de las once horas treinta minutos, del veinte de

septiembre de dos mil dieciséis, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal

Juvenil corresponde a la existencia de

una situación jurídica consolidada sobre la que en apariencia no se habría

permitido el ejercicio pleno del derecho de defensa del menor imputado, pues se

habría dictado el internamiento como sanción, quedando únicamente para el

reenvío la imposición de los años de internamiento. En vista de lo anterior,

corresponde declarar admisible la protesta.”