Resolución 01298-2016

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“IV. Dada la relación existente entre los motivos primero

y segundo del libelo impugnaticio, por el principio

de economía procesal, ambos se resuelven de manera conjunta, y se

declaran con lugar por las razones que a continuación se exponen. La

correcta interpretación de las normas que regulan los institutos de la rebeldía

y la suspensión del proceso a prueba, en específico, los alcances de la

declaratoria de la primera sobre el plazo de la suspensión del proceso a

prueba, cuando éste se encuentra aún vigente, constituye el tema central de los

cuestionamientos efectuados por el ente fiscal, por lo que antes de realizar el

examen de la jurisprudencia citada por el abogado Jiménez Madrigal como

representante del órgano acusador, corresponde exponer los principales alegatos

señalados por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil en el

particular, para luego proceder a examinar las sentencias que el recurrente

tilda de contradictorias así como la posición de esta Sala de Casación Penal ha

asumido respecto al tema: i) Fallo 2016-0017, de las nueve horas

cuarenta minutos, del veintiséis de enero de dos mil dieciséis, dictado en el

sub examine. Señala el Ad

quem, que el instituto de la suspensión del

proceso a prueba en materia Penal Juvenil, presenta los mismos alcances que en

materia penal de adultos, es decir, que con independencia del cumplimiento de

las condiciones pactadas, una vez acaecido el plazo pactado, la acción penal se

extingue. Por otra parte, en el supuesto de una declaratoria de rebeldía dictada

durante el plazo de la suspensión del proceso a prueba, aunque ese Tribunal de

Apelación acepta conocer los antecedentes jurisprudenciales de esta Sala

Tercera, en especial, el voto 2015-00661, de las ocho horas y cincuenta y tres

minutos, del veintisiete de mayo de dos mil quince, que mantiene una posición

totalmente disímil, opta por resolver que la rebeldía no produce ningún efecto

sobre ese plazo, de tal manera, que si éste acaece aún cuando el menor

infractor hay sido declarado rebelde, corresponde el dictado del respectivo

sobreseimiento definitivo. Bajo ese análisis, se limitan los Juzgadores a

transcribir, el voto 2015-483, de las dieciséis horas quince minutos, del diez

de diciembre de dos mil quince, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal

Juvenil, para luego afirmar que: “…El sistema procesal penal en general y el

penal juvenil en particular es un sistema de medios y no de fines. El proceso

penal no pretende lograr ningún fin material, sino poner a disposición medios

democráticos para la realización del derecho sustantivo, de ahí que no tiene

cabida el principio antidemocrático y autoritario de que "el fin justifica

los medios", mediante el que, se pretende alcanzar los fines dejando de

lado principios básicos de un sistema de juzgamiento democrático como lo son el

de legalidad, a partir del cual es posible afirmar con toda seguridad, que los

jueces no tienen facultades legislativas para llenar lagunas normativas que el

legislador no previó, desaplicando las reglas de interpretación que contiene la

misma legislación procesal penal, solamente porque la solución a la que se

llega a partir de su aplicación, no es de su agrado, o no es lo que desde una

perspectiva de política criminal conviene. Tampoco podríamos estar de

acuerdo en equiparar conceptualmente plazo de prescripción y plazo de

suspensión del proceso a prueba, como parece desprenderse de la posición de la Sala Tercera,

puesto que la única razón técnica que justifica suspender el curso del plazo de

la suspensión del proceso a prueba en caso de declaratoria de rebeldía de la

persona menor acusado, lo es que ésta suspende el curso del plazo de

prescripción, razonamiento que implica equiparar ambas causales de extinción de

la acción penal que tienen presupuestos fácticos y jurídicos totalmente

diferenciados, lo cual se obvia, para otorgarles un trato idéntico, como si se

trataran ambas del mismo fenómeno jurídico, empleando para ello argumentos

propio de política criminal, pero obviando toda consideración técnica,

principalmente los límites que al juzgador le impone el principio de legalidad

ya analizados…”(Cf.f.129 frt

del expediente). ii) Voto 2015-0019, de

las catorce horas cuarenta y cinco minutos, del dieciséis de enero de dos mil

quince, emitido por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil de San

José (Juezas Corrales Pampillo, Jiménez Bolaños y

Ulloa Ramírez). De la lectura exhaustiva del voto 2015-0019

citado, es posible colegir, que el criterio sostenido por las Juzgadoras que lo

suscriben, en estricta aplicación de los numerales 32 de la Ley de Justicia Penal Juvenil

en relación con el artículo 30 de la

Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, señaló

que en materia de personas menores de edad, la declaración de rebeldía

representaba tanto un efecto suspensivo en los procedimientos como una

incidencia directa sobre la prescripción de la acción penal, en el tanto la

suspendía hasta por el término de un año. Además, que dado que el dictado de la

rebeldía, impide al Juzgador Penal Juvenil verificar el incumplimiento de las

condiciones a las que la persona menor de edad acusada se sometió como parte de

la medida de la suspensión del proceso a prueba, los plazos y procedimientos,

con la declaratoria de rebeldía se suspenden hasta tanto ésta no haya sido

levantada. En lo que interesa, el citado voto determinó: “Es importante

hacer ver, que la rebeldía se dicta en contra del imputado por su no sujeción

al proceso, y esa es la razón por la cual esta condición tiene efectos sobre

los plazos de extinción de la acción penal. El desconocer la existencia de la

declaración de rebeldía de un imputado, que debe estar sujeto al proceso y que

está en el transcurso del cumplimiento de una medida alterna, resulta un

contrasentido a los efectos mismos de dicha figura, regulada como se indicó por

la Ley de

Justicia Penal Juvenil y la Ley

de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles y legitimaría el ejercicio

abusivo del derecho por parte del imputado, en el tanto se estaría permitiendo

que un joven, pueda no cumplir las condiciones del plan reparador que da

sustento a la aplicación de la suspensión del proceso a prueba aprobado

jurisdiccionalmente, no asistir a la audiencia de verificación debidamente

señalada y citada, y ante la declaración de rebeldía en su contra, esperar a

que el plazo por el cual se ordenó la suspensión se cumpla, y así lograr la

extinción de la acción penal, puesto que la rebeldía no incide en modo alguno

en el plazo de la salida alterna aplicada a su favor, dejando absolutamente sin

sentido las finalidades que llevaron a acordar la salida alterna dentro del

proceso penal juvenil…” (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil de

San José, voto 2015-0019, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos, del

dieciséis de enero de dos mil quince). iii)

Resolución 2015-66(sic), de las ocho horas cincuenta y tres minutos, del

veintisiete de mayo de 2015, de la Sala Tercera.

Esta Sala de Casación Penal, a través del análisis de fondo de sendos

fallos contradictorios dictados por diversas integraciones del Tribunal de Apelación

de Sentencia Penal Juvenil, estableció en el fallo 2015-661, la linea jurisprudencial que se ha mantenido hasta el momento

con relación al tema propuesto en el particular, al establecer que conforme a

los principios de protección integral e interés superior de la persona menor de

edad, la rebeldía suspende el vencimiento del período a prueba, lo que produce

como efecto directo la imposibilidad del dictado de un sobreseimiento

definitivo, por cumplimiento del plazo de la suspensión del proceso a prueba.

Así el voto 2015-661 citado, acota en lo que interesa que: “…Ahora bien,

dentro del proceso penal juvenil, en general, se encuentran contempladas muchas

otras obligaciones que se imponen a la persona menor de edad imputada, y entre

ellas se incorpora la exigencia de acudir al llamado judicial en cuanto le sea

requerido, y mantener una ubicación, de modo que la autoridad jurisdiccional

tenga posibilidad efectiva de hacerlo comparecer, en caso de que así lo

requiera, conforme lo ordena el numeral 32 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Este mandato

mantiene vigencia mientras el menor encartado se encuentre sujeto al proceso, y

con mayor intensidad cuando se ha sometido a una medida alterna como la

suspensión del procedimiento a prueba, en la que usualmente se incorpora una

serie de condiciones que la persona menor de edad debe cumplir fielmente, y que

están sujetas a control y verificación. Así las cosas, frente al incumplimiento

de esa obligación que compete al menor encartado, se dispone como sanción procesal

la declaratoria de rebeldía, cuyos efectos suspensivos de la prescripción de la

acción penal se encuentran asociados a lo normado en el artículo 30 de la Ley de Ejecución de las

Sanciones Penales Juveniles, que establece: “El dictado de la sentencia, aunque

no esté firme, interrumpe la prescripción de la acción penal. En los delitos de

acción pública y de acción pública a instancia privada, la declaratoria de

rebeldía suspende el plazo de prescripción de la acción penal por un período

que en ningún caso será superior a un año. Vencido ese período, la prescripción

seguirá corriendo, aunque el estado de rebeldía se mantenga”. De lo

dicho, puede concluirse entonces que la rebeldía es una consecuencia jurídica

derivada de una actitud evasiva e inconsecuente de la persona menor de edad en

relación con las exigencias que conlleva el proceso penal, y en el caso

particular, por el incumplimiento de la obligación de acudir al llamado

judicial, luego de ser citado personalmente, como evidencia indiscutible del escaso

o nulo compromiso frente al proceso penal. La suspensión del plazo de

prescripción como efecto necesario derivado del dictado de la rebeldía, permite

dar coherencia al sistema procesal penal juvenil, pues resultaría un absurdo

que la persona menor de edad, sujeta al proceso pueda valerse de su propia

negligencia o desidia para lograr que transcurra el tiempo de prescripción y

procurarse fácilmente su impunidad (…) Corolario de lo anterior, puede

afirmarse que la introducción del efecto suspensivo de la prescripción de la

acción penal con ocasión del dictado de la rebeldía mediante dicha normativa,

se verifica bajo la consigna de que la persona menor de edad asumiera una

posición responsable, y por ende, formativa, frente al proceso, de modo que no

pudiere valerse de su renuencia para lograr la prescripción de la acción, sino

por un término razonable, que la ley dispone por un plazo máximo de un año.

Inclusive, es indispensable rescatar que la rebeldía tiene origen en la

garantía constitucional y legal de que ninguna persona –sea mayor o menor de

edad- pueda ser juzgada en ausencia, atendiendo al derecho de defensa que

ostenta. Así lo señala en sus normas generales, la Ley de Justicia Penal Juvenil,

en su artículo 23: “Los menores de edad tendrán el derecho de presentar las

pruebas y los argumentos necesarios para su defensa y de rebatir cuanto les sea

contrario. En ningún caso podrá juzgárseles en ausencia”. Entonces,

indudablemente, la rebeldía y el efecto suspensivo de la prescripción de la

acción penal resulta ser un mecanismo garantista más,

para salvaguardar los fines del proceso. Por eso, el hecho de que existan

preceptos que dispongan sanciones procesales frente a la negligencia o

resistencia de la persona menor de edad de someterse al proceso, no lleva

implícito un quebranto ni desmejora en sus derechos, si se considera que su

apego al proceso forma parte de las responsabilidades que le incumben. La instrumentalidad de la rebeldía adquiere relevancia a

partir de la comprensión de que la prescripción se concibe como un límite a la

potestad punitiva del Estado, en aras de la seguridad jurídica, y con el afán

de garantizarle al ciudadano que la persecución penal no será perpetua, sobre

todo cuando el transcurso del tiempo viene acompañado de una inercia institucional.

Sumado a ello, conviene recordar que el régimen de prescripción de la acción

penal en materia penal juvenil tiene una regulación especial, que contempla

causales de suspensión e interrupción propias y que lleva implícita la

protección del interés superior del menor. De ahí que la propia Sala

Constitucional haya esclarecido que la persona menor de edad no ostenta un

derecho a que la causa prescriba, sino que su derecho se refiere al acceso a

una justicia célere, atendiendo a las especiales condiciones de la persona

menor de edad (ver resolución número 2003-4666, de las 14:41 horas, del 28 de

mayo de 2003. Sala Constitucional)…” (Sala Tercera de la Corte Suprema de

Justicia, voto 2015-00661, de las ocho horas y cincuenta y tres minutos,

del veintisiete de mayo del dos mil quince. El suplido es nuestro). Finalmente,

desde el análisis de los institutos de la suspensión del procedimiento a prueba

como medida alterna al proceso y de la rebeldía como la consecuencia directa de

la sustracción de la persona menor de edad del proceso penal juvenil, esta Sala

en el mencionado voto, terminó concluyendo, que: “…No existe ninguna razón

de orden legal ni constitucional para que el juez desaplique -como ocurrió en

la especie- las reglas especiales atinentes a la suspensión de la prescripción

de la acción penal frente a la declaratoria de rebeldía, en tanto no existe

conculcación alguna de los derechos de la persona menor imputada y, se han

considerado ya en dicha normativa el principio de especialidad y el interés

superior del menor. Tampoco se verifica la existencia de ninguna norma

–especial o general- que autorice dejar sin efecto la validez de las

disposiciones relativas a la rebeldía y los efectos que tiene en la prosecución

de la acción penal…” (Sala Tercera de la Corte Suprema de

Justicia, voto 2015-00661, de las ocho horas y cincuenta y tres minutos,

del veintisiete de mayo del dos mil quince). Criterio reafirmado, también

por esta Sala de Casación Penal, en el voto de reciente data 2016-00988, de las

nueve horas y cincuenta y tres minutos, del veintitrés de setiembre

del dos mil dieciséis, que reiteró que no existen razones válidas para sostener

que, una vez transcurrido el plazo del instituto de la suspensión del proceso a

prueba, deba el Juzgador a cargo automáticamente dictar una sentencia de

sobreseimiento definitivo, aun cuando con anterioridad haya sido decretada la

rebeldía de la persona menor de edad, porque dicho instituto como figura

procesal, constituye un acto de suspensión de la acción penal, que no permite

arribar a la segunda consecuencia. Al respecto, conforme al voto 2016-00988, supra citado, debe señalarse que a pesar que la

normativa no contempla explícitamente esa consecuencia sobre la suspensión del

proceso a prueba, existen razones de orden interpretativo que permiten arribar

a esa conclusión, conforme a la remisión supletoria del artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil,

al Código Procesal Penal, en especial, a los numerales 34 inciso f) y 90 de ese

cuerpo normativo. El primero, que dispone que la prescripción se suspende por

la declaratoria de rebeldía del imputado, por lo que con ello también la

suspensión de la acción penal, mientras que el segundo, establece como parte de

las secuelas de la declaración de rebeldía, la paralización del trámite en

cuanto al imputado y su inmediata captura, lo cual no deja margen de discusión

sobre las consecuencias derivadas de la rebeldía para la suspensión del proceso

a prueba también en materia penal juvenil. En síntesis, el criterio antes esbozado

ha mantenido vigencia, en tres supuestos fácticos similares analizados con

posterioridad al dictado de la sentencia 2015-00661, pues esta Sala de Casación

Penal sostuvo la misma posición en las resoluciones 2015-01050, de las diez

horas y cincuenta minutos, del siete de agosto de dos mil quince; 2015-01136,

de las nueve horas y seis minutos, del cuatro de setiembre

de dos mil quince y 2016-00988, de las nueve horas y cincuenta y tres minutos,

del veintitrés de setiembre del dos mil dieciséis,

por lo que con base en lo expuesto, dado que en este caso no se agrega ningún

argumento nuevo susceptible de reconsiderar o revalorar la posición asumida en

los votos antes mencionados y no existiendo ninguna razón legal para variar el

criterio, se unifican una vez más los precedentes jurisprudenciales que

sostienen que el plazo de la suspensión del proceso a prueba se afecta cuando

es decretada la rebeldía de la persona menor de edad en un proceso penal

juvenil, además de las consecuencias de la declaratoria de rebeldía, la

presentación y la captura, como son las del decreto de captura de la persona

menor justiciable y remisión al sitio de detención más cercano, conforme al

numeral 32 de la Ley

de Justicia Penal Juvenil, que reza:

“Artículo