Resolución 00170-2021

Mediante sentencia N° 2020-168

, dictada a las diez horas treinta minutos del

veintiséis de mayo de dos mil veinte, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil

del Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió: “

Mediante resolución Nº 2020-00989, de las doce horas y catorce minutos del

siete de agosto del dos mil veinte, esta Sala admitió para su estudio de fondo, el primer

motivo del recurso de casación interpuesto por el licenciado Omar Jiménez Madrigal, en

su condición de Fiscal de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil de San José, contra la

resolución número 2020-168, de las diez horas y treinta minutos del veintiséis de mayo de

dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, Sección

Segunda, del Segundo Circuito Judicial de San José, que absolvió al menor encausado

de toda pena y responsabilidad por atipicidad de los hechos correspondientes a la causa

18-000004-1521-PJ, y decretó la ineficacia únicamente de la calificación jurídica de los

hechos probados correspondientes a la causa penal 18-000043-1521-PJ, así como la

sanción impuesta, ordenando el reenvío para una nueva sustanciación de la causa. Se

celebró audiencia oral el jueves 21 de enero de 2021, en el que no se ampliaron los

argumentos por las partes intervinientes; tampoco se evacuó prueba alguna. De seguido

se procede con el conocimiento de fondo del motivo admitido y se emite la decisión que

corresponde a derecho de acuerdo con los fundamentos de la presente resolución.

Primer motivo de casación. Reclama la aplicación errónea de un precepto

legal sustantivo, específicamente del artículo 314 del Código Penal, por cuanto refiere que

el Tribunal de Alzada declara atípica la conducta de marras sobre la base de la

incorporación de elementos que el tipo penal no presenta, y que el ad quem integra de

forma errónea, superando su competencia. Como agravio establece que la errónea

aplicación de la norma sustantiva obedece a que el Tribunal integró los derechos de

participación de la persona menor de edad como un elemento más dentro del tipo penal,

sin que en realidad ese elemento exista, desatendiendo el contexto en el que opera el tipo

penal y los bienes jurídicos protegidos; además, hace que se desmejore el fuero de

derechos de la víctima. El recurrente aclara que su impugnación se dirige únicamente

contra la causa penal acumulada número 18-000004-1521-PJ, en la que se absuelve al

menor endilgado de toda pena y responsabilidad por atipicidad de los hechos acusados.

Explica que la resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil impuso,

como requisito al tipo penal para su configuración, la obligación de que la persona menor

de edad imputada haya participado en la audiencia donde la Jueza de Violencia

Doméstica toma la decisión provisional de imponer una medida de salvaguarda a la

víctima de violencia intrafamiliar. Sin embargo, cuestiona que el tipo penal de

Desobediencia a la Autoridad atiende primordialmente a un bien jurídico tutelado que es la

debida probidad en respeto a la Autoridad Pública, de modo que cuando la autoridad

emite una orden a una persona física, esta se encuentra obligada a su cumplimiento. No

obstante, señala que el tipo penal se torna pluriofensivo en la medida en que puedan estar

de por medio otros bienes jurídicos. Cita un extracto de la resolución que impugna, el cual

establece que, según la certificación del proceso de violencia doméstica no consta que,

previo a decretar las medidas de protección provisionales, se le hubiera brindado a la

persona menor de edad imputada, la debida información y asesoría sobre el proceso de

violencia doméstica; tampoco la autoridad jurisdiccional se aseguró que la persona joven

comprendiera el contenido de lo resuelto, lo cual vulnera el numeral 12 de la Convención

de Derechos del Niño. Empero, el casacionista reprocha que, cuando el ad quem

exige

que debió gestarse una audiencia previa a la decisión de la Jueza para la imposición de

las medidas provisionales, está introduciendo un elemento más a la configuración típica

del delito de desobediencia, debido a que, entonces, deberíamos entender que la orden

emitida por la Juzgadora de Violencia Doméstica debe ser necesariamente intermediada

por una resolución oral participativa, o peor aún, por un proceso de prevención escrita

donde se le dé audiencia a la persona menor de edad encartada para que ejerza su

derecho de ser oída. Cita el artículo 314 del Código Penal, e indica que, a pesar de que el

derecho a participar y el derecho de audiencia son comunes tanto para personas adultas,

como para personas menores de edad, el tipo penal no señala en su redacción que deba

participarse a la persona a la que se dirige la orden de forma previa a la imposición de la

misma. Transcribe un fragmento del voto N° 2016-01192, de las 14:45 horas, del 17 de

noviembre de 2016, de la Sala de Casación Penal, el cual hace referencia a los elementos

del tipo penal de Desobediencia a la Autoridad. Menciona que la jurisprudencia de

referencia en ningún momento ha incluido que la participación del agente activo durante la

imposición de la orden sea un requisito. Plantea que la orden judicial debidamente

impuesta lo es porque nace de una autoridad en ejercicio de sus competencias y

obligaciones, y que, en el caso concreto, dentro de las competencias y obligaciones de la

Jueza de Violencia Doméstica, derivadas de la Ley de Violencia Doméstica y de la

Convención Belém do Pará, está la de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra

las mujeres. Por ello, el acto material de prevenir es impostergable, ya que de otra forma

no se trataría de una prevención, sino de actos de mera contención que no previenen ni

evitan la ejecución de actos de violencia en contra de las mujeres, según el ordinal 7 de la

Convención. Indica que la estructura del proceso de violencia doméstica presupone la

obligación para la persona juzgadora de que, sin dilación alguna, una vez que advierta por

medio de denuncia, o cualquier otro medio idóneo, la existencia de violencia en perjuicio

de una mujer, aunque sea en grado potencial, debe proceder a tomar todas las medidas

que la ley lo faculta para evitar la consecución de esta forma de violencia y ejecutar su

mandato contra el presunto agresor. Señala que la misma estructura de la norma

presupone que el presunto agresor tendrá un espacio para ejercer de manera plena y

abierta todos los actos propios del ejercicio de su defensa, así como de exponer sus

alegatos ante el juez competente, pero la norma no establece la obligación para la

persona juzgadora de postergar la protección a la víctima hasta el momento en que pueda

contar con la presencia en audiencia del presunto agresor, toda vez que la comparecencia

de éste puede ser futura o incierta, lo cual abriría la posibilidad de que se cometan nuevas

agresiones, de ahí lo apremiante de las normas relativas a violencia doméstica. Además,

refiere que la imposición provisional de las órdenes de protección constituye un proceso

sumarísimo, pero no es un acto final, sino una resolución interlocutoria, provisional, en la

que el juez debe ponderar la urgencia de emitir órdenes para impedir actos de violencia,

mitigar los efectos ya acaecidos y buscar que la víctima tenga un espacio para iniciar su

propio proceso de empoderamiento y ruptura del ciclo de violencia. En ese contexto,

menciona que la decisión de la persona juzgadora se torna crucial e impostergable, pero

provisional y precautoria, no definitiva. Sin embargo, en la resolución que recurre, es claro

que la postura del ad quem es radical, en cuanto a que la orden de la Jueza de Violencia

Doméstica no puede sustentar la tipicidad del delito de desobediencia si no se contó en el

momento de su imposición con la participación del presunto agresor, que en este caso es

una persona menor de edad, ya que este criterio jurídico parte de una visión sesgada y

errónea del procedimiento establecido en la norma de la Ley de Justicia Penal Juvenil,

debido que ante la convergencia implícita de dos bienes jurídicos, como lo son el derecho

de participación activa y el derecho a la vida e integridad física, la norma de la Ley de

Violencia Doméstica da prioridad a la integridad física y la vida de la víctima, facultando al

juez, o jueza, de violencia doméstica a imponer las órdenes que correspondan, y que las

mismas tengan plena validez aun cuando su carácter sea provisional, en función de que la

misma norma presupone la realización posterior de una audiencia donde el presunto

agresor bien podría ejercer todos los actos que su defensa requiera, ofrecer prueba,

plantear alegatos e incluso gestar cualquier función a través de su patrocinio letrado.

Arguye que no es cierto que por proceder conforme a la ley se incumpla el artículo 12 de la

Convención Americana de Derechos del Niño, en virtud de que, como se ha mencionado,

las limitaciones que se imponen son de carácter provisional y rinden una función procesal

específica, que es la tutela de los derechos fundamentales de las víctimas que no pueden

postergarse. Señala que las órdenes que emite el Juez de Violencia Doméstica no son

ejercicio punitivo, es decir, no son sanciones que se imponen al presunto agresor, sino

limitaciones a los derechos de éste en vindicación de los derechos en peligro, o

presuntamente vulnerados de la víctima, pues la resolución preliminar y precautoria no

corresponde a la decisión final del proceso. Además, sostiene que la afirmación del

Tribunal de Apelación de que las órdenes del Juez de Violencia Doméstica sólo son

válidas cuando el presunto agresor menor de edad participa de la audiencia inicial, donde

se escucha la solicitud de auxilio de la víctima y con base en esta se impone la orden de

manera provisional, desnaturaliza el proceso de violencia doméstica como está planteado

en la ley y en el corpus iuris internacional, al mismo tiempo que presupone aceptar como

posible no solo la materialización del riesgo que se pretende administrar y prevenir, sino

que maximiza la situación de riesgo de la víctima, toda vez que importaría al presunto

agresor de la gestión de auxilio de la víctima. Cita un extracto del voto salvado de la

resolución que impugna, el cual expone las razones de la jueza Flory Chávez Zárate para

plantear un criterio disidente. El casacionista considera que la posición mayoritaria del

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil constituye un franco abandono al fuero

de derechos de las personas víctimas de violencia doméstica, ya que el único presupuesto

que deja abierto el ad quem para la persecución penal de este tipo de causas se da

cuando además de la conducta sancionable como desobediencia, converjan otras cuya

calificación resulte autónoma o independiente, es decir, conductas que ya tengan una

tipificación penal previa y distinta a la de desobediencia. Considera que este fenómeno

resulta en una regresión de lo que necesariamente debería ser un derecho progresivo, en

la medida en que desmejora el fuero de protección de las víctimas de violencia

intrafamiliar, ya que como lo reconoce la Convención Belém do Pará,

no todas las

manifestaciones de violencia encuentran un encuadre en figuras penales, de modo que la

protección que se ejerce cuando el juez de violencia doméstica advierte el ciclo de

violencia y las acciones violatorias de estos derechos, aun en el estado de la imposición

provisional de las órdenes, implicaría para efectos prácticos en un abandono a la tutela del

Estado a las víctimas, lo cual es inaceptable. Que otro efecto directo de la decisión del

Tribunal de alzada es el grosero menoscabo a la autoridad judicial que emite la orden en

sede de violencia doméstica, debido a que los argumentos del ad quem permiten colegir

que el Tribunal se coloca a sí mismo en una posición de superior jerárquico del juez de

violencia doméstica, pese a que dichas funciones no le son otorgadas al Tribunal de

Apelación al calificar de violatorio al derecho de defensa del encartado menor de edad, el

ejercicio del procedimiento del juzgador de violencia doméstica. Indica que el elemento

conminatorio de la orden de violencia doméstica se materializa con la prevención de

incumplimiento, a partir de la cual el administrado puede ponderar que el apartarse de la

orden conlleva para sí la posibilidad de responder en sede penal por sus acciones,

elemento que según la tesitura del Tribunal de Alzada está ausente, lo cual conlleva a la

atipicidad de la conducta, de modo que todo el complejo de potestades y competencias

del juez de violencia doméstica se ve reducido a nada, por el intermedio de un tribunal que

no es su superior y que opera en función de una premisa errónea. Indica que el órgano

fiscal no puede aceptar un precedente de tal naturaleza, ya que implica una fractura al

sistema de derecho, en cuanto a la separación de competencias y materias. Explica que

la posición del Tribunal de Apelación al declarar la atipicidad de la conducta presenta

graves vicios de legalidad, de constitucionalidad y de coherencia porque sobre la base de

lo que el ad quem considera una prevalencia del principio de interés superior del niño y su

derecho de ser oído, se sacrifican los mismos derechos de la víctima, quien también es

una persona menor de edad, es objeto de tutela y opera sobre ella el mismo estándar de

interpretación, siendo necesaria en igual sentido, la consideración  a su derecho a

denunciar ante el juez de violencia doméstica las agresiones que sufrió. Fustiga que los

derechos de la víctima son postergados y abolidos por el Tribunal de alzada con el único

propósito de imponer una interpretación del tipo penal de desobediencia que no es

aquella que establece la norma y que procura de manera errada, la garantía de derechos

que no fueron nunca vulnerados y que atañen a la participación de la persona menor de

edad en el proceso de violencia doméstica. Como pretensión solicita se anule la

resolución que ordenó la absolutoria a favor de la persona menor de edad imputada, y se

ordene el reenvío al Tribunal de Apelación para que se conozcan nuevamente los

argumentos de las partes, con respecto a este extremo de la sentencia.

El reclamo se declara con lugar.

Examinado el reproche y el fallo que se

recurre, efectivamente lleva razón el impugnante al considerar que, en la presente causa,

el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San

José, incurrió en una errónea aplicación de la normativa procesal sustantiva invocada.

A)

Actuaciones procesales del caso concreto. Para tener claro el panorama a resolver,

conviene referir un resumen de las actuaciones procesales efectuadas en este asunto.

Mediante sentencia número 72-2020, de las trece horas treinta minutos del diecisiete de

marzo de dos mil veinte, el Juzgado Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial de la Zona

Atlántica, declaró a [Valor 003], autor responsable de tres delitos de Desobediencia a la

Autoridad, en daño de la Autoridad Pública, [Nombre 002] y

[Nombre 003], y en tal carácter

le impuso como sanción principal y única de seis meses de internamiento en

Centro Especializado. Asimismo, de

conformidad con el principio de in dubio pro reo, le absolvió de toda sanción y

responsabilidad por un delito de Resistencia Agravada, en perjuicio de La Autoridad

Pública (parte dispositiva de la sentencia, folio 424 frente y vuelto). La licenciada Loyda

Douglas Blandell, defensora pública del justiciable apeló el fallo, en el que reclama

violación de normas sustantivas, concretamente del artículo 131 de la Ley de Justicia

Penal Juvenil y quebranto del principio de legalidad. Básicamente, su queja se dirige a

cuestionar la sanción de internamiento fijada al menor de edad la cual, en su criterio, es

improcedente e ilegal, porque, como sanción directa, solo puede imponerse en aquellos

casos en que el delito acusado se encuentre sancionado con una pena superior a los seis

años de prisión, supuesto que no se da en este caso, porque el extremo mayor del delito

de desobediencia a la autoridad no supera los tres años de prisión (folios 427 a 432).

Mediante resolución Nº 2020-168, de las diez horas treinta minutos del veintiséis de mayo

del dos mil veinte, por mayoría, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil,

Sección Segunda, del Segundo Circuito Judicial de San José, acogió el único motivo del

recurso de apelación presentado por la defensa técnica del encartado menor de edad, y lo

absolvió de toda pena y responsabilidad por atipicidad de los hechos correspondientes a

la causa 18-000004-1521-PJ. Decretó también la ineficacia únicamente de la calificación

jurídica de los hechos probados correspondientes a la causa penal 18-000043-1521-PJ,

así como la sanción impuesta y ordenó el reenvío para una nueva sustanciación. La jueza

Flory Chaves Zárate salva el voto y declara con lugar el recurso de apelación, ordenando

el reenvío para la fijación de la sanción penal juvenil (parte dispositiva de la resolución,

folio 453 frente). El voto impugnado acepta que la Jueza Penal Juvenil se equivocó en

imponerle al menor de edad, la sanción de internamiento en centro especializado como

sanción directa de prioritario cumplimiento, al desconocer lo establecido en el artículo 131

de la Ley de Justicia Penal Juvenil, de que dicha sanción es excepcional y sólo aplicable

cuando se trata de delitos dolosos cuya pena de prisión sea superior a los seis años

(inciso a), supuesto que no se cumple en el presente asunto. No obstante, el mismo voto

señala que acoge el recurso de apelación por razones distintas a las alegadas por la

defensa técnica del justiciable. En concreto, es del criterio sobre la atipicidad del delito de

Desobediencia a la Autoridad desde el punto de vista del derecho penal juvenil por el tipo

de procedimiento seguido. De seguido, pasa a explicar ampliamente su posición sobre el

punto en cuestión. Al respecto, sostiene que es en el voto Nº 2018-299, que dicha Cámara

se pronunció sobre la necesidad de que, al conocer las personas juzgadoras de Violencia

Doméstica sobre las solicitudes de imposición de medidas de protección contra personas

menores de edad, ya sea en aplicación de la Ley Contra la Violencia Doméstica o la Ley

de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, “…se observara el numeral 12 de la

Convención de Derechos del Niño que establece el derecho fundamental de las

personas menores de edad a ser escuchados por las autoridades administrativas y

jurisdiccionales, de previo a la adopción de cualquier medida en su contra, o que pueda

afectarles o perjudicarles. Tal escucha previa de las personas menores de edad en todo

procedimiento administrativo o jurisdiccional debe estar rodeada de una serie de

condiciones y garantías, tal y como lo ha desarrollado el Comité de Derechos del Niño

de la Organización de las Naciones Unidas en las Observaciones Generales Número

12, para que el derecho a ser escuchado de las personas menores de edad sea efectivo

y no una mera formalidad despojada de contenido material.” (folio 442 frente y vuelto).

Las condiciones y garantías en favor del menor acusado a que se refiere el voto

mayoritario son: 1) brindarle información relacionada con la solicitud de la medida

cautelar; 2) el procedimiento a seguir y las posibles medidas a adoptar; 3) brindarle

asesoramiento y apoyo para la defensa de sus intereses y cómo hacerlo -personalmente o

a través de una persona de confianza-; 4) asegurarle un entorno en el que el menor de

edad se sienta seguro y respetado; 5) adoptada la decisión o medida, deberá explicarse

al joven su contenido, alcances y consecuencias del incumplimiento, así como explicarle

por qué sus manifestaciones no fueron atendidas o en qué aspectos fueron tomadas en

cuenta. Señala que el procedimiento seguido para imponer medidas cautelares en

materia de violencia doméstica o de violencia contra las mujeres, propone como solución

procesal lo que denominan como “contradictorio invertido”, en el sentido de que, basta con

la solicitud de imposición de medidas de protección para que las mismas se decreten y

se ejecuten, y es después que se realizaría una audiencia de evacuación de prueba, si la

parte afectada así lo solicita. El voto mayoritario considera que dicho proceder, en el caso

de menores de edad, vulnera frontalmente la Convención de Derechos del Niño,

principalmente de su derecho de ser escuchado, de previo a adoptar medidas que lo

afecten. Por lo anterior, la Convención de Derechos del Niño es de rango superior a la ley,

y supra constitucional según el Tribunal Constitucional costarricense, por ser un

instrumento internacional de derechos humanos. A manera de resumen, el voto impugnado

sostiene que la inobservancia del numeral 12 de la Convención de Derechos del Niño,

“…implica una vulneración de un derecho fundamental que torna en arbitraria e

ilegítima toda medida que se adopte y que como tal no solo no existe la obligación

jurídica de cumplirla, puesto que dicha obligación presupone la legitimidad de la orden,

sino que la resolución que la imponga no podría configurar el elemento típico de "orden

impartida por un órgano jurisdiccional" que establece el tipo penal de desobediencia a

la autoridad (art. 314 del Código Penal), consecuencia de lo cual las conductas

imputadas por desobediencia a una orden de tal naturaleza serían atípicas.” (folio 443

frente). Luego de citar un amplio fragmento del voto 2018-299 de ese Tribunal, en el que

expone las líneas magistrales de su posición sobre el derecho del menor de edad de ser

escuchado, previo a la imposición de medidas cautelares (cfr. folios 443 frente a 448

frente), el Tribunal ad quem examina el procedimiento seguido en el expediente

18-000037-0677-VD, en el cual el Juzgado de Violencia Doméstica del I Circuito Judicial

de la Zona Atlántica dictó el auto de las 17:44 horas, del 20 de enero de 2018, en el que

establece las medidas de protección provisionales por un año a favor de la ofendida. En

esa resolución, según el Tribunal de alzada, se le hace saber a la persona menor de edad

encausada, que contaba con el plazo de cinco días para solicitar una audiencia para

evacuar la prueba que pudiera llegar a ofrecer, y que en el caso de que no la solicitara, o

no se presentara a ella, se mantendrían las medidas de protección por el plazo de un año

por el que fueron provisionalmente decretadas, sin necesidad de que lo ordene una nueva

resolución. La resolución le fue notificada al menor de edad, a quien se le entregó una

copia. Al respecto, el voto impugnado señala que: “No consta en la certificación del

proceso de violencia doméstica que, de previo a decretar las medidas de protección

provisionales se hubiera brindado información, asesoría y posibilidades de defensa a la

persona menor de edad sobre el proceso de violencia doméstica, sobre las

posibilidades de aplicación de medidas de protección en su contra, sobre las

consecuencias legales de su incumplimiento, sobre las posibilidades con que contaba

de ser escuchado de previo a adoptar cualquier decisión en su contra, ya se (sic)

por sí

mismo o a través de una persona de su confianza, que se le hubiera dotado de asesoría

para ejercer su defensa: ofrecer pruebas, interrogar testigos, realizar alegatos o

conclusiones a su favor. Contrario a lo anterior, tanto las medidas de protección como la

notificación de las mismas sin haber escuchado previamente a la persona menor de

edad, quien no tuvo la posibilidad -previo al dictado de las medidas- de ser escuchado y

asesorado, ni tampoco, con posterioridad a las mismas, se aseguró la autoridad

jurisdiccional que las dictó se aseguró que la persona joven comprendió el contenido de

lo resuelto (exclusivamente sobre la base de lo manifestado por la parte afectada en la

solicitud de medidas de protección), sin que al menos se diera la posibilidad real de un

contradictorio invertido (que igualmente sería violatorio del art. 12 de la Convención de

Derechos del Niño, ya que nunca existió la posibilidad real de que se llegara a convocar

una audiencia para escuchar a todas las partes, puesto que notificarle a la persona

menor de edad que puede pedir una audiencia, es el cumplimiento de una mera

formalidad que desconoce la vulnerabilidad e imposibilidad de una persona menor de

edad de defenderse por sí misma, por la falta de recursos, medios, conocimiento,

experiencia, desarrollo emocional e intelectual, etc. Por todo lo anterior, la resolución

cuya desobediencia se le imputa a la persona menor de edad imputada, es

evidentemente ilegítima por haber sido adoptada con violación de sus derechos

fundamentales, y como tal, según se expuso supra, no puede constituir un elemento

válido de los tipos penales de desobediencia o incumplimiento de medidas de

protección, tornando imposible jurídicamente aplicar dicha calificación legal a los

hechos acusados y tenidos por demostrados.” (folios 448 vuelto y 449 frente).

B)

Resolución del caso. Posición de la Sala. Examinado el fallo mayoritario del Tribunal

de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, en relación a los argumentos que plantea el

representante del Ministerio Público en su libelo casacional, esta Cámara considera que

lleva razón el quejoso, en afirmar que el voto mayoritario vulneró la ley sustantiva aplicable.

Sobre el particular, en la causa acumulada Nº 18-000004-1521-PJ, sobre la cual versa el

recurso de casación del Ministerio Público, el Juzgado Penal Juvenil del I Circuito Judicial

de la Zona Atlántica acreditó los siguientes hechos: “En fecha 20-01-2018,

[Nombre 002],

se apersonó al Juzgado de Violencia Doméstica del I Circuito Judicial de La Zona

Atlántica, y solicitó en contra de ex pareja y aquí persona menor de

edad acusada [Valor 003], medidas de protección por violencia doméstica en razón de

ser víctima de múltiples agresiones verbales y

físicas por parte del mismo, solicitud que se tramitó en el expediente

18-000037-0677-VD. En razón de lo anterior, el juez de Violencia Domestica dictó, por

el plazo de un año, a favor de la (sic) [Nombre 002]

Y DE SU NUCLEO FAMILIAR

INCLUYENDO SU MADRE Y LA HERMANITA DE TRES AÑOS,

mediante resolución de las diecisiete horas cuarenta y cuatro minutos del veinte de

enero del 2018, medidas de protección en contra de la persona menor de edad acusada

[Valor 003], las cuales consistían en: Se le prohíbe a

[Valor 003] que agreda de

cualquier forma (física, psicológica, patrimonial), insulte, amenace o perturbe

personalmente o por

medio de terceras personas, telefónicamente, por mensajes de texto, correo electrónico,

redes sociales o cualquier otro medio a la persona agredida [Nombre 002] y a los

integrantes de su núcleo familiar, incluyendo por su puesto (sic)

a la madre de [Nombre

002] y a la hermanita de tres años. Se le prohíbe a

[Valor 003], acercarse o entrar al

domicilio, permanente o temporal y al lugar de trabajo o estudio de [Nombre 002]. Así

mismo se le prohíbe a [Valor 003], acercarse a dichos lugares

y personas a una distancia de DOSCIENTOS METROS. La anterior resolución le fue

notificada personalmente a la persona menor de edad acusada [Valor 003], mediante

acta de notificación, el día veinte de enero del dos mil dieciocho al ser las dieciocho

horas cincuenta minutos, por tanto, tenía pleno

conocimiento de las medidas dictadas. El día treinta de mayo del 2018, al ser

aproximadamente las 16:00 horas, la persona menor de edad acusada [Valor 003]

conocedor de las consecuencias en caso de no acatar lo ordenado por el Juez de

Violencia Doméstica y de que no puede acercarse a

una distancia de doscientos metros del lugar donde habita la joven [Nombre 002], su

madre de nombre [Nombre 003] y su hermanita de tres años, se dirigió hacia donde era

la antigua Escuela del Barrio El

Jardín de Batán, la cual no se encontraba en funcionamiento en ese momento y estaba

vacía y queda a una distancia de cien metros de la vivienda de la madre de la joven

[Nombre 002], ubicada en [...], siendo que [Valor 003] observó fijamente hacia la

mencionada vivienda y al ver a [Nombre 003] se burló, perturbando de esa manera la

tranquilidad de [Nombre 003] e incumpliendo la orden judicial. El día ocho de junio del

2018, al

ser aproximadamente las 09:30 horas, la persona menor de edad acusada [Valor 003]

conocedor de las consecuencias en caso de no acatar lo ordenado por el Juez de

Violencia Doméstica y de que no puede acercarse a

una distancia de doscientos metros del lugar donde habita la joven [Nombre 002], su

madre de nombre [Nombre 003] y su hermanita de tres años, se dirigió hacia donde era

la antigua Escuela del Barrio El

Jardín de Batán, la cual no se encontraba en funcionamiento en ese momento y estaba

vacía y queda a una distancia de cien metros de la vivienda de la madre de la joven

[Nombre 002], ubicada en [...], incumpliendo de esa manera la orden judicial. Para los

meses de

enero, mayo y junio del año 2018, la persona imputada era mayor de doce años y

menor de dieciocho años." (folios 410 vuelto a 411 vuelto). Es decir que el Juzgado Penal

Juvenil acreditó que la conducta delictiva consistió en que el menor justiciable se acercó a

la vivienda de la ofendida y su núcleo familiar, a una distancia menor a la que se le indicó

que no podía hacerlo en la resolución que le impuso las medidas de protección dentro de

un proceso de Violencia Doméstica. El artículo 314 del Código Penal, tipifica el delito de

Desobediencia a la Autoridad, el cual dispone: “Desobediencia: Se impondrá prisión de

seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la

orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio

de sus funciones, siempre que se haya comunicado personalmente, salvo si se trata de

la propia detención.” Según el ad quem,

los hechos atribuidos al menor de edad acusado

son atípicos, porque la “orden impartida por el órgano jurisdiccional” es ilegítima a

consecuencia de que no observó lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención de los

Derechos del Niño, de contar el acusado con el derecho a ser escuchado en una

audiencia, de previo a que se le impongan medidas cautelares, puesto que dicha

obligación, presupone la legitimidad de esa orden. Dicho numeral 12 dispone lo siguiente:

“1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un

juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que

afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de

la edad y madurez del niño.

Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de

ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya

sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en

consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.” Dentro de la

investigación en la presente causa, se tiene que la víctima denunció ante el Juzgado de

Violencia Doméstica a su ex novio, con el cual incluso manifestó haber vivido juntos como

un mes, y que se separó de él porque era “muy irresponsable”, porque la había

amenazado de muerte en varias ocasiones y la agredía de modo verbal y físicamente.

Incluso manifestó que “[Valor 003] venía gritándome que apenas lo dejaran libre me iba a

matar, a mí, a mi hermanita de tres años y a mi mamá que anda trabajando. Yo tengo

miedo porque [Valor 003] es muy agresivo y ahora va a estar peor porque pedía ayuda a

la policía” (cfr. denuncia de la ofendida de folios 193 y 194). Se advierte en consecuencia

de

la condición de la relación sentimental preexistente entre víctima y encausado, ambos

menores de edad para el momento en que se dieron los eventos acusados, en el marco

de un conflicto originado en patrones de violencia de género. Según los autos, nos

encontramos entonces ante un proceso penal juvenil por el delito de Desobediencia a la

Autoridad, contra un joven de 17 años de edad al momento de los hechos, al que se le

acusa de no acatar lo ordenado por la Jueza de Violencia Doméstica, sobre las medidas

de protección dictadas en favor de la ofendida. Además, se tiene en cuenta que la víctima

es también menor de edad (14 años de edad) cuando solicitó las medidas de protección

en su favor, y también en favor de su madre y de su hermana de tres años de edad. Es

decir, en el caso particular se conjuntan dos aspectos de interés: a) por un lado, se trata

de un caso específico de violencia intrafamiliar, en el que la víctima, persona menor de

edad, solicita protección en contra de su ex novio y conviviente por un corto periodo de

tiempo; b) el agresor es una persona menor de edad, de manera que confluyen también

los principios rectores de la materia penal juvenil, en la resolución del caso. En esa

tesitura, ciertamente, deben considerarse los principios esenciales que informan la

materia penal juvenil, dentro de los cuales resulta primordial el principio de justicia

especializada establecido en el artículo 12 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, en cuanto

encarga a órganos especializados, la administración de justicia en materia de personas

menores de edad, y los restantes principios rectores que aplican en esta materia

especializada. También se deben ponderar otras condiciones como el grado de

desarrollo, madurez y experiencias de vida de la persona menor de edad en conflicto con

la ley penal. Además, debe también armonizarse con los principios que resultan aplicables

en materia de violencia doméstica, en donde de manera primaria, se tutela a la agraviada

en su condición de mujer menor de edad y víctima de violencia doméstica, para procurarle

un ambiente de seguridad y tranquilidad, derechos que le son tutelados también a nivel del

ordenamiento jurídico internacional, como es la Convención Interamericana para Prevenir,

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o “Convención de Belém do Pará

”,

debidamente suscrita y ratificada por nuestro país, siendo dicha Convención norma de

mayor rango que protege en mayor medida los derechos y garantías de las mujeres

víctimas de violencia, considerando la relación afectiva que existía entre el acusado y la

ofendida. Las anteriores consideraciones permiten comprender el criterio interpretativo a

tomar en cuenta con relación al área de cobertura de una protección jurídica especial,

relativa a la protección de las mujeres contra diversas formas de violencia -por parte del

agresor- que han tenido lugar en el ámbito de una relación sentimental que ha cesado. En

el caso que nos ocupa, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil aplicó de

manera incorrecta la ley sustantiva. En primer lugar, yerra el voto mayoritario, toda vez que

el tipo penal no exige el “requisito” de que, tratándose de asuntos en los que se juzgue por

ese delito a una persona menor de edad, previo al dictado de las medidas cautelares de

protección, se deba tener forzosamente una audiencia oral con el menor acusado, para

escucharle y darle la oportunidad de que ejerza su defensa. La interpretación legal que

efectúa el voto mayoritario del ad quem excede la disposición normativa que estableció el

Legislador cuando creó el tipo penal de Desobediencia a la Autoridad, infringiendo así el

principio de legalidad. En segundo término, tampoco es correcto sostener que al menor

de edad no se le brindó información sobre la naturaleza del proceso incoado por la

ofendida, o que no se le diera oportunidad de explicarle las medidas de protección que se

dictaron en su contra. De acuerdo con los autos, existen una serie de elementos que

desacreditan el razonamiento utilizado en el voto mayoritario. Así, por ejemplo, según la

denuncia presentada por la ofendida menor de edad, se indica que ella y el acusado

fueron trasladados en una patrulla hasta el Juzgado de Violencia Doméstica del I Circuito

Judicial de la Zona Atlántica, siendo que el acusado venía en el cajón, profiriendo

amenazas contra la agraviada (folio 194 frente). A folios 195 a 197, existe la resolución de

las diecisiete horas cuarenta y cuatro minutos del veinte de enero de dos mil dieciocho,

del Juzgado de Violencia Doméstica, en el que la Jueza Ingrid Chacón Durán ordenó las

medidas de protección solicitadas por la menor afectada, en contra del menor agresor,

indicando al final de su escrito, que el menor de edad fue notificado por la Jueza en forma

personal, “toda vez que el obligado se encuentra en estos Tribunales.”

(folio 197). Sobre

la referida notificación personal, a folio 241, consta el acta de las 18:50 horas del 20 de

enero del 2018, en el que se notificó al menor [Valor 003], la resolución que dictó la Jueza

de Violencia Doméstica, sobre las medidas de protección a

favor de la ofendida y en contra del agresor. Nótese que existe un apartado en dicha

notificación denominada “Observaciones” en la cual se hizo constar lo siguiente: “

se le

explicó al obligado la importancia y cada una de las medidas de protección impuestas

en su contra, la esencia cautelar del proceso, la obligatoriedad en cuanto al

cumplimiento de las medidas de protección (no depende de las partes), las

consecuencias legales del incumplimiento y su derecho a pedir la comparecencia. Se le

explicó también lo referente a la LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL. El obligado

indica que comprende todo.” De seguido, aparece como firma del receptor el nombre

“[Valor 003]” y la firma de la Jueza de Violencia Doméstica (folio 241). Contrario entonces

al criterio del voto mayoritario, consta en la certificación del proceso de violencia

doméstica

que al menor de edad agresor se le brindó la información y asesoría sobre las medidas de

protección provisionales que se dictaron en su contra, las consecuencias legales de su

eventual incumplimiento, así como el derecho a pedir la comparecencia, sin que pueda

desprenderse de la actuación de la Juzgadora, agravio alguno al menor encausado, al

informarle de los pormenores de la petición de protección que solicitó la ofendida menor

de edad, y señalarle con detalle la información requerida en un caso por violencia

doméstica. Se desprende que el menor encartado siempre tuvo claro que existía la orden

de no acercarse a doscientos metros de la víctima y su familia, y que el incumplimiento

implicaba la apertura de un proceso penal. Además, se trata de una persona de 17 años

de edad, cuya comprensión y alcances cognitivos no han sido cuestionados ni puestos en

duda. La voluntad realizadora que impulsa la acción del menor de edad justiciable se

conforma con los aspectos cognitivo y volitivo referidos en el elemento del tipo objetivo

que, para el caso, es la existencia de la orden impartida por una Jueza de la República, y

el incumplimiento en que incurriría en caso de acercarse al ámbito familiar de la afectada.

El encartado siempre tuvo conocimiento que existía la orden y que su desatención

implicaba la apertura de un proceso penal por desobediencia a la autoridad que se le

notificó y puso en conocimiento de esa posibilidad, contando con la oportunidad de

solicitar la comparecencia que le explicó la Jueza, para discutir las medidas impuestas.

En esa tesitura, no puede verse afectado el principio de legalidad, agregándose

interpretaciones particulares de un Tribunal que desvirtúan su naturaleza, y sin efectuar el

adecuado análisis integral de los factores que se presentaron en este asunto. Tampoco se

menoscaba por ello el principio de Interés Superior del Niño, y su derecho de ser

escuchado, pues se le brindó por parte de la Jueza las explicaciones necesarias sobre las

medidas dictadas y su derecho de ser escuchado en una comparecencia. En tercer lugar,

se pondera que la Jueza dictó medidas provisionales a favor de una víctima que buscó

ayuda en un Despacho Judicial, ante las agresiones de que era objeto por parte de su ex

novio y con quien mantuvo una relación que le afectó en su integridad física y psicológica,

tanto en lo personal como a su familia; no se emitió un “acto final” o bien, una “sanción” en

contra del menor acusado, sino de medidas cautelares provisionales en resguardo de los

derechos de una mujer menor de edad, donde la Jueza debía resolver sin ningún tipo de

dilación el asunto puesto en su conocimiento, advirtiendo un riesgo de afectación. Aunque

el menor acusado cuenta con la posibilidad de solicitar una comparecencia para ser

escuchado, ello no es óbice para impedir que se dicte las medidas cautelares

provisionales indispensables en resguardo de la persona afectada, sin perjuicio como se

indica, que el obligado pueda comparecer a ejercer su derecho en contra de la resolución

dictada. La urgencia de resolver la situación, de manera provisional, no puede ser

supeditada a la previa concesión de una audiencia oral en favor del acusado, argumento

que no solo desnaturaliza el proceso de violencia doméstica, sino también, afectaría

directamente el derecho de una víctima, mujer y menor de edad, de que se le otorgue

protección ante las amenazas y agresiones que viene sufriendo de su pareja sentimental,

la cual exige que también se respete el principio de Interés Superior en razón de su

minoridad, siendo inadmisible que se sacrifiquen los mismos derechos como víctima. En

todo caso, tampoco se vería afectado el derecho del agresor de acudir luego a una

audiencia a exponer sus argumentos de defensa, en procura de revertir las medidas

dictadas en su contra, de modo que al tener conocimiento por parte de la Jueza de

Violencia Doméstica sobre la esencia cautelar del proceso y su obligación de acatar las

medidas de protección dictadas en su contra, se aprecia que el menor acusado tuvo pleno

conocimiento de todo lo sucedido en los estrados judiciales. En esa tesitura, el fallo

mayoritario no sopesó la naturaleza y alcances de la medida de protección en favor de la

joven y de su carácter preventivo. Sobre este último extremo, obvia el Tribunal de

Apelación de Sentencia Penal Juvenil lo señalado por el representante fiscal, de que la

estructura del proceso de violencia doméstica presupone la obligación de la persona

juzgadora de dictar sin dilación alguna la medida requerida por la víctima, ante la

existencia, aún potencial, de una posibilidad de violencia o ejercicio de violencia en su

perjuicio, -más aún, menor de edad como ocurre en este caso-, para evitar graves peligros

para la víctima, quien manifestó su preocupación de que la situación se agravaría en su

contra, “porque [Valor 003]

es muy agresivo y ahora va a estar peor porque pedí ayuda a

la policía.” lo que justificaba la urgencia de resolver el asunto de manera cautelar y

provisional, sin que se desprenda cuál agravio se ocasionó al no escucharse previamente

al menor, máxime si el mismo tuvo conocimiento de todo y de su derecho a solicitar la

comparecencia como se lo explicó la Jueza de Violencia Doméstica. Según lo refiere el

voto recurrido, la misma estructura de un proceso de violencia intrafamiliar permite que el

agresor pueda defenderse; pero la norma no establece la obligación para el juez de

postergar la protección a la víctima, hasta el momento en que pueda contar en audiencia

con la presencia del agente o presunto menor agresor, como parece entenderlo y exigirlo

el Tribunal ad quem, como si se tratase de un elemento adicional de tipicidad. Además,

como bien lo expone el recurrente, se trata de un proceso sumarísimo, en el que la

persona juzgadora emite una resolución interlocutoria provisional de las órdenes de

protección para una víctima quien es menor de edad, y que se ha visto agredida y

perjudicada por las acciones perpetradas por el menor encausado en su perjuicio. No

resulta en consecuencia exigible que, previo al dictado de la resolución provisional de las

medidas que se deben aplicar, se tenga que efectuar obligatoriamente, la audiencia para

escuchar al menor de edad sobre el que recaerán las medidas, pues no se debe soslayar

la urgencia de emitir esa orden, en atención a proteger a una mujer, menor de edad y

víctima, que acude a la autoridad jurisdiccional en petición clara de ayuda, ante la violencia

que se está ejerciendo en su contra, y con ello impedir la consecución de actos de

violencia, mitigar los efectos de los ya acaecidos y procurar que la víctima se empodere y

rompa el ciclo de violencia. Debe analizarse en todo momento que la decisión de la

persona juzgadora en materia de violencia doméstica es impostergable, pero provisional y

precautoria, según le explicó la Jueza de Violencia Doméstica en los tribunales al menor

[Valor 003]. En resumen, el artículo 314 del Código Penal no exige como requisito de

tipicidad la realización de una audiencia oral con el menor acusado, previo al

dictado de las medidas de protección en favor de la ofendida, pues exigir dicha audiencia,

conlleva vulnerar el principio de legalidad, y dar crédito a una interpretación de parte del

Tribunal de segunda instancia que le adiciona un elemento normativo que el tipo penal no

contempla ni exige para su configuración. Además, significaría dejar en desamparo y

desprotegida a la víctima, quien precisamente acude a los estrados judiciales para pedir

protección ante un agresor. No se desconoce la condición de minoridad del encausado,

los principios del proceso penal juvenil que resultan aplicables al caso, y la normativa

contenida en los instrumentos internacionales que resguardan sus derechos como menor

de edad. Pero, tampoco se puede desproteger a la víctima que acude a las instancias

judiciales -de violencia doméstica como ocurre en este asunto- para pedir ayuda y

protección a la que tiene derecho, no solo por indicación expresa de la ley, sino porque así

lo sostienen también los diversos instrumentos internacionales en materia de protección

de los derechos de las mujeres, por ser en este asunto, la parte más vulnerable y débil; lo

anterior, sin menoscabo del derecho del presunto agresor de pedir una comparecencia

posterior para ejercer su derecho de defensa. En razón de lo expuesto, se declara con

lugar el primer motivo del recurso de casación que formula el licenciado Omar Jiménez

Madrigal, representante del Ministerio Público. Se revoca la resolución 2020-168, de las

10:30 horas, del 26 de mayo de 2020, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia

Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, que revocó la sentencia 72-2020

del Juzgado Penal Juvenil del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, y absolvió al menor

de edad acusado de toda pena y responsabilidad por atipicidad de los delitos de

Desobediencia a la Autoridad, hechos correspondientes a la causa 18-00004-1521-PJ.

Se dispone que los hechos acreditados en la causa 18-00004-1521-PJ son típicos del

delito de Desobediencia a la Autoridad, por lo cual se ordena el reenvío del expediente

para que el mismo Tribunal, pero con diferente integración, conozca del recurso de

apelación formulado por la defensora pública del acusado, referido al punto de la sanción

impuesta al menor acusado, único extremo que reclama, a efecto de no causar un estado

de indefensión a la defensa, y en atención a que el Ministerio Público a folio 468,

expresamente solicitó el reenvío del expediente al Tribunal de alzada. Se mantiene

incólume la sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil en cuanto

decretó la ineficacia únicamente de la calificación jurídica de los hechos probados

correspondientes a la causa penal 18-000043-1521-PJ, así como la sanción impuesta y

ordenó el reenvío para una nueva sustanciación.