Resolución 00801-2013

Esta Sala mediante resolución

no . 000183-C-S1-2011 de las 11 horas 30 minutos del 9 de febrero de 2012,

dispuso que el competente para conocer de todas las pretensiones del actor, lo

es el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito

Judicial de San José; sin embargo, el apoderado general judicial de la

parte demandada al revisar lo resuelto por la Sala, solicita se aclare la parte

dispositiva; por cuanto, la petición no. 5 del actor que señala: “Se

investiguen las gestiones realizadas, en la administración de la póliza en

cuestión al Banco POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNUAL, AL INSTITUTO NACIONAL DE

SEGUROS, a DINÁMICA SEGUROS S.A. y a POPULAR SEGUROS S.A.”; y la no.9 que

literalmente indica: “Que se tenga como parte a la SUPERINTENDENCIA DE

SEGUROS sobre la investigación correspondiente”. Sobre las cuales indica el

gestionante, el Juez de Trabajo no tiene competencia para verter

pronunciamiento.

Sobre la adición

y aclaración que plantea el apoderado general judicial del Instituto Nacional

de Seguros, específicamente en cuanto a las pretensiones del actor en relación

con el Instituto Nacional de Seguros, (pretensión E y K) del libelo de demanda,

las cuales no pueden conocerse por la J urisdicción L aboral, por ser temas

ajenos a su competencia; en el tanto se peticiona: E): “Que se investiguen

las gestiones realizadas, en la administración de la Póliza en cuestión al

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, al INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, a

DINÁMICA DE SEGUROS S.A. y a POPULAR SEGUROS S.A.”, y k): “Que se participe a

la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS sobre la investigación correspondiente”.

Sobre el particular, una vez analizado el punto, considera esta Cámara que

estos pedimentos efectivamente escapan a la esfera competencial de la J

urisdicción L aboral y que en el caso del Instituto Nacional de Seguros que no

figura en este proceso como patrono del demandado, todas las pretensiones de

esta demanda en relación con el codemandado Instituto Nacional de Seguros,

deben dilucidarse en la J urisdicción C ontenciosa- A dministrativa, al estar

intrínsicamente relacionadas con la validez de los actos administrativos que

efectuó el INS, en relación con la administración de la Póliza Colectiva de

Vida de los empleados del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, identificada

con el código 01-18-VIC 234

00.

Producto

de la adición y aclaración opuesta por el representante del Instituto Nacional

de Seguros, está Cámara ha decidido  revisar de nuevo los aspectos

competenciales que utilizó en la resolución de este asunto, plasmados en el

voto no. 0 00183-C-S1-2012 de las 11 horas 30 minutos del 9 de febrero de 2012,

en que se dispuso que el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de

San José e ra competente para conocerlo.  Estableciéndose que el elemento

esencial de esa decisión fue la existencia de la convención colectiva que

ampara al actor en su relación laboral con el codemandado Banco Popular.

Es importante señalar, que en múltiples casos anteriores y en el presente esta

Sala se ha inclinado por la definición competencial del empleo en el sistema

bancario nacional, sobre la existencia  de una convención colectiva, que

en principio dice de una relación laboral común. No obstante, luego de un

replantamiento del problema. Encontramos que el Banco estatal como tal, es

siempre un ente autónomo y tan solo regido en su actividad externa (sobre todo

para con el cliente) por el derecho común o derecho privado. Empero, la

relación de empleo público que crea y mantiene con sus funcionarios no es, por

mayoría de razón estricta gestión externa; antes bien, se trata de la esfera

interna de su funcionamiento, a título de presupuesto esencial para el

despliegue de su actividad. En esta línea, es verdad que el núcleo central de

la relación viene regulado por una convención colectiva. Sin embargo,

encontramos que tales convenciones, en su contenido y regulación interna,

remiten o utilizan una amplia gama de las normas propias del Derecho

Administrativo en combinación con las de orden laboral. Asimismo, en lo

atinente a las lagunas o vacíos, se remite en mucho a las reglas propias del

Derecho Administrativo, por la misma naturaleza de la institución a la que

pertenece. De hecho, en algunos supuestos, la normativa aplicable depende del

tipo de funcionario o, más aun, del tipo de falta cometida, pues en algunos

supuestos (contratación, uso de fondos públicos, v.gr) se acude a las reglas

jurídico públicas; mientras que en otros (tardías, faltas comunes de los

cajeros, v.gr) se rigen por el derecho laboral. Es claro entonces, que aun

dentro de la misma convención hay un régimen dual que descansa sobre el tipo de

falta atribuida y con normativa igualmente ambivalente. Esto nos permite

concluir que la convención colectiva no es un instrumento exclusivo del derecho

laboral, ni por sí mismo define la naturaleza de la relación jurídica

sustancial. La convención colectiva es por ende, un instrumento jurídico neutro

y como tal, puede integrar, y de hecho integra en múltiples casos el subsistema

jurídico administrativo. De ello se deriva, que el ámbito competencial para el

desarrollo del proceso o conflicto creado alrededor de régimen bancario, no

puede definirse por la sola existencia de la convención, para atribuirle

automáticamente la naturaleza de laboral. Antes bien, por tratarse de un

instrumento neutro, de cabida y aceptación plena por el derecho administrativo

es claro que, el régimen disciplinario que alrededor de ella se ejercite tiene

rasgos profundamente marcados por el Derecho Administrativos, que obligan en

consecuencia, a definir el conflicto en la Jurisdicción Contenciosa

Administrativa, tal y como ahora se dispone a la luz de las pretensiones

esbozadas en este específico proceso.

En

consecuencia, se anula lo dispuesto en el voto n. 000183-C-S1-2012 de las 11

horas 30 minutos del 9 de febrero de 2012 dictada por esta Sala, en su lugar se

dispone que este asunto es de conocimiento de la Jurisdicción Contenciosa

Administrativa y Civil de Hacienda, específicamente del Tribunal Procesal

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de

San José.