Resolución 01301-2013

Mediante resolución no.

798-F-S1-2013 de las 8 horas 45 minutos del 25 de junio de 2013, este órgano

colegiado acogió el recurso de casación planteado por la representación estatal

y del órgano contralor contra el fallo del Tribunal en cuanto eximió a los

actores del pago de las costas respecto a tales co-demandados. En dicha

sentencia se resolvió: “POR TANTO. Se declaran con lugar ambos recursos. Se

anula la sentencia del Tribunal únicamente en cuanto exoneró a la parte actora

del pago de ambas costas respecto del Estado y la Contraloría General de la

República. Fallando por el fondo, se impone el pago de ese extremo tanto

respecto del Estado como de la Contraloría General de la República.”

La representación estatal

solicita se adicione el por tanto de la resolución dictada por esta Sala ya que

se omitió condenar al actor al pago de los intereses sobre las costas desde la

firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago.

En términos generales,

se puede afirmar que el pago de intereses tiene por finalidad compensar la no

tenencia del dinero. En el caso de los corrientes, estos constituyen el precio

o remuneración que el deudor paga a su acreedor por un financiamiento otorgado,

mientras que los moratorios procuran paliar, a este último, el costo de

oportunidad de no haber recibido la suma adeudada en tiempo. Otro elemento que

incide en su cálculo es si se trata de una obligación dineraria o de valor, ya

que en el caso de las primeras, los intereses se computan desde la fecha

pactada en que se debió realizar el pago, mientras que en las segundas, desde

la firmeza de la sentencia en que se reconozcan. Claro está, si la condena es

en abstracto, el cómputo iniciaría a partir del momento en que se cuantifican y

por ende, se convierten en líquidas y exigibles, ya que de lo contrario, se

podría dar el supuesto de que la parte a quien favorezca dicho rubro retrase

intencionalmente su determinación para así aumentar el monto a recibir, lo que

sin duda contraviene la buena fe procesal e implicaría un abuso del derecho.

Aplicando los anteriores conceptos a las costas, resulta claro que se trata de

una obligación de valor, reconocida en la sentencia del proceso de conocimiento

y cuya liquidación se da en la etapa de ejecución de sentencia. Asimismo, los

réditos solicitados deben ser entendidos, a partir de lo recién indicado, como

de naturaleza moratoria, en la medida en que procuran compensar el atraso en

que pueda incurrir la parte perdidosa en la realización del pago. Desde esta

perspectiva, entonces, y dado que al momento en que se dicta la condenatoria en

costas en el proceso principal aún se desconoce si existirá un incumplimiento o

no, el reconocimiento de eventuales intereses resulta prematuro, pudiéndose

realizar durante la etapa de ejecución de la sentencia. En apoyo de lo

anterior, puede citarse la resolución de esta Cámara no. 597-F-S1-2013 de las 8

horas 50 minutos del 15 de mayo de 2013 en la que se indicó: “Por principio,

todo aquél que incurra en mora en el pago de sus obligaciones (incluidas las

costas del proceso), debe resarcir los intereses correspondientes. Pero, es

hasta cuando se produzca el supuesto de hecho (la mora; generadora del derecho)

-y no antes-, en que en realidad la parte queda en posibilidad real de

ejercitarlo. El que medie o no pronunciamiento en sentencia, de oficio o a

gestión de parte, a fin de cuentas en nada condiciona o limita el derecho de

los interesados a que, en su momento oportuno, le sean reconocidos tales réditos,

se precisa, en caso de mora” (el subrayado es suplido). Como se logra

colegir de este precedente jurisprudencial, respecto de los eventuales

intereses legales que puedan proceder ante el atraso en el pago de las

obligaciones liquidadas y concedidas en la etapa de ejecución (lo que incluye

las costas), no se requiere que la sentencia que se ejecuta (y por tanto que,

en el supuesto que se plantea, se incumplió) contenga un pronunciamiento

expreso de los réditos que dicho incumplimiento pueda generar, ya que este se

puede realizar una vez que se genera la mora. No rige, por ende, respecto de

este pronunciamiento, el límite para el órgano jurisdiccional competente de

ejecutar más allá de lo dispuesto en el fallo del proceso principal. Así las

cosas, la supuesta omisión que se reclama por la representación estatal no se

produce, y por el contrario, el realizarlo resultaría prematuro en este

momento.