Resolución 00906-2012

1.-

Con

fundamento en los hechos en que mostraron acuerdo y desacuerdo,

respectivamente, acude la sociedad actora ante el Tribunal Arbitral, a fin de

que en laudo se declare: “1. Que T y S suscribieron un contrato, que fue

modificado conforme adendum primeroy adendum segudno, para realizar un

concierto musical.

Que la participación de T y S en el resultado económico

de la actividad musical, era de cincuenta y cinco por ciento (55%) para T y un

cuarenta y cinco por ciento (45%) para S, tanto en el caso de utilidades como

en caso de pérdidas del evento musical.

Que S debe cumplir con el pago del

porcentaje de participación en las PERDIDAS (sic) Sufridas al llevarse a

cabo el evento musical, finalmente denominado V “10, que asciende a la suma de

ciento cincuenta y tres mil ochenta y siete dólares con cuarenta y dos centavos

($153.087.42).

Que sobre la suma indicada en la pretensión anterior, la

demandada debe pagar intereses de ley conforme la tasa PRIME RATE vigente,

desde la fecha de terminación del evento musical y hasta su efectivo pago.

5.

Que la DEMANDADA

debe pagar las costas personales y procesales de este proceso arbitral,

incluyendo los honorarios  del Tribunal Arbitral,

gastos del Centro Arbitral, gastos de transcripciones, pagos de peritos y

expertos que eventualmente deban participar en el proceso.”

El apoderado de la

demandada contestó negativamente e interpusieron las excepciones de falta de

competencia (la que fue resuelta interlocutoriamente), contrato no cumplido,

falta de derecho, falta de interés, falta de legitimación activa y pasiva y

litisconsorcio pasivo necesario.

El árbitro Gino Capella

Molina del Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa

Rica, en laudo dictado a las 8 horas 30 minutos del 2 de mayo de 2011, dispuso:

“…I. Se declara parcialmente con lugar, conforme se dirá, la

demanda de S, S.A. contra S S.A.

En lo que

se acoja de la demanda, se rechazan las excepciones de de (sic) contrato no cumplido, falta de

derecho, falta de interés actual, falta de legitimación activa y pasiva.

Estas excepciones se acogen en lo que se rechace  de

la demanda.

De las pretensiones deducidas

en la demanda, se deniega la partida de mil quinientos dólares estadounidenses

que corresponden a los honorarios profesionales del contador público

autorizado, Lic. Felipe Díaz Rodríguez.

DE (sic) las

pretensiones  deducidas en la demanda, se acoge y

se declara lo siguiente.

Que TV

y SR suscribieron un contrato, que fue modificado

conforme adendum primero y adendum segundo, para realizar un concierto musical.

Que la participación de TV y de

SR en el resultado económico de la actividad musical era de 55% para TV y de

45% para SR, tanto en le (sic) caso de utilidades como en caso de

pérdidas del evento musical.

Tercero.

Que SR debe cumplir con el pago del porcentaje  de paripación (sic) en

las pérdidas sufridas al llevarse a cabo el evento musical, finalmente

denominado V 10, que el Tribunal, en el ejercicio de las potestades que se

prevén en el artículo 38 inciso g) de la

Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, desglosa

así:

Se condena a la demandada al pago, a favor de la actora,

de la suma líquida de ciento diez mil dólares, en concepto de recuperación del

capital de trabajo. Esta suma devengará intereses calculados a la tasa legal

del artículo 4987 del Código de Comercio para obligaciones contraídas en

dólares (tasa prime rate), generados desde el día doce de abril del dos mil

diez y correrán por todo el tiempo en que el capital dicho se mantenga

insoluto.

Se condena a la demandada al pago, a favor de la

actora, de una suma que corresponda al cuarenta y cinco por ciento del monto

que resulte de establecer las perdidas arrojadas del Concierto conocido como […]

Esa suma será tasada mediante resolución judicial firme en la vía de la

ejecución de sentencia. Los intereses, que se calcularán bajo la misma tasa

dicha, correrán desde que quede firme esa resolución judicial y por todo el

tiempo en que el capital se mantenga insoluto.

Cuarto.

Se condena a la parte demandada al pago de las costas propias de este proceso,

costas que cubrirán  los extremos que se indican en los artículos 226 del

Código Procesal Civil y 37 del Reglamento de Arbitraje del Centro de

Conciliación y Arbitraje de la

Cámara de Comercio.

Quinto.

Se fijan las costas y se dispone sobre las de la siguiente

forma. A. … B. … C.

… D. Resto de las costas. Serán

liquidadas y tasadas en la vía de ejecución de sentencia.

V.

Se deniega (sic) todos aquellos extremos sobre los cuales no se emita pronunciamiento

expreso en la parte dispositiva de este laudo. …”

El licenciado Núñez Ramírez, en su

expresado carácter, interpuso recurso de nulidad contra el laudo arbitral.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las

prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado González Camacho

Producciones T S.A. (en lo sucesivo abreviado como PTV) y  S S.A.

suscribieron un contrato a efectos de realizar un concierto. Dentro de lo

acordado, y en lo que fue el principal objeto del arbitraje, se

dispuso que los co-contratantes participarían, sea en caso de pérdidas o de

utilidades, según los porcentajes fijados en el convenio. Así, PTV presentó

requerimiento arbitral y al momento de formalizar su demanda solicitó, en lo

medular, se condene a su contraparte al pago de la suma porcentual que le

corresponda respecto de las pérdidas que generó el evento realizado, más

intereses calculados con base en la tasa “prime rate” y desde la fecha del

concierto hasta su efectivo pago más las costas personales y procesales. La

demandada se opuso y alegó las excepciones de falta de derecho, interés actual,

legitimación (tanto activa y pasiva), contrato no cumplido, incompetencia y

litisconsorcio pasivo necesario. El Tribunal Arbitral

unipersonal rechazó en forma interlocutoria las dos últimas y las restantes, en

el laudo, pero únicamente respecto de las pretensiones que fueron acogidas.

Declaró parcialmente con lugar la demanda y dispuso que S debía cumplir con el

pago del porcentaje de participación en las pérdidas sufridas al llevarse a

cabo el evento musical, a saber, $110.000,00 por concepto de recuperación de

capital de trabajo así como el monto que resulte del porcentaje de las pérdidas

según se determine en etapa de ejecución. Además, otorgó los intereses sobre

dichos extremos concedidos más las costas del proceso. Inconforme, S presenta recurso de nulidad.

En su primer

reparo, recrimina una infracción al debido proceso y una falta de motivación del laudo. Divide este motivo en dos grandes apartados. Uno versa sobre la

inconformidad en cuanto al uso de la certificación de

contador público autorizado ofrecida y pagada por PTV. Explica que en ningún

momento se ofreció prueba pericial para que determinara los aspectos contables,

económicos de costos, ventas, ingresos, utilidades o pérdidas del evento. Afirma, tampoco se aportaron los documentos, cheques y comprobantes

que demuestren tales rubros. Narra, desde que se contestó la demanda,

objetó esa certificación y cuestiona que con base en dicha prueba se tuvieran

por acreditados los hechos enumerados como tercero y

Reclama que

en el laudo, por un lado se descalifica la

certificación y por el otro se le da valor, en particular en cuanto determina

el total de gastos. En su criterio, esta contradicción vició, no solo la

motivación, sino que además, por ser prueba ilícita, vulnera normas

y la garantía del

debido proceso. En este sentido, agrega, el artículo

316 del

Código Procesal Civil ordena rechazar prueba que sea ilegal. Este tipo de

prueba, expone, se ha definido como aquella que “se ha obtenido o valorado

con vulneración de derechos constitucionales e implican un perjuicio real y

efectivo para alguna de las partes del proceso, o bien, cuando el modo de

adquisición, su ofrecimiento o su producción y efectos en la sentencia traspasa

el límite que el ordenamiento jurídico o el conocimiento científico han fijado.”

En el caso concreto, identifica la disconformidad del elemento

probatorio con las normas atinentes en que dicha certificación fue encargada y

pagada por la parte que la aportó. Critica que al no solicitar la actora una

pericia para verificar el contenido de la certificación, la demandada no pudo

participar en un interrogatorio, solicitar aclaración

o adición del

informe o incluso recusar al profesional. Afirma, no se le dio traslado del elemento probatorio, lo que

constituye un quebranto del

debido proceso. Arguye, al no haber sido sometido a un

contradictorio, los dictámenes privados no tienen validez en el sistema

procesal costarricense y cita un voto de este órgano que entiende así lo ha

sostenido. Además, sostiene que por lo actuado, ha quedado en entredicho el

principio procesal de autoproducción de prueba, ya que se pretende sustituir la

probanza pericial con un documento preparado por la

parte interesada. Recrimina, dado que los datos provienen de la contabilidad de

la actora, esta no prueba en beneficio del

comerciante (numeral 267 del Código de Comercio y 385 del Código Procesal Civil). En el segundo

acápite del cargo,

aduce una falta de motivación del laudo como consecuencia de la

supresión de la prueba contable. Explica, al eliminarse dicha probanza como

consecuencia de su ilicitud, entonces los hechos tercero y quinto pierden el

soporte fáctico, y por ende, el laudo devendría en inmotivado, ya que su

fundamentación gira en torno a este punto. Endilga, además, no se analizaron ni aplicaron normas jurídicas ni la subsunción en estas del cuadro fáctico. Por

tratarse de un arbitraje de derecho, apunta, debía

fundarse en estas, y no podía resolver en equidad. En su

opinión, esto produce la nulidad aducida. Distingue entre motivación y

fundamentación como

requisitos de los laudos. Expone un segundo

reparo, en el cual alega violación de normas de orden público. Cita los

artículos 19, 39, 58 y 67 inciso f) de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Paz

Social por cuanto no se motivó la decisión y no se aplicó el contradictorio en

la certificación del contador público autorizado.

En lo medular, el

recurrente aduce dos inconformidades. La primera, se refiere a un quebranto del debido

proceso como

consecuencia de que el laudo se basó, en su criterio, en prueba ilegal,

concretamente, la certificación de contador público autorizado presentada con

la demanda. El objeto de esta fue “determinar el monto

invertido en el concierto “V 2010”

para lo cual detalla los desembolsos realizados. El argumento central

gira en torno a que no se dio un contradictorio en

cuanto a dicha probanza, ya que fue pagada por la parte actora. Empero, la

supuesta indefensión no se dio, tal y como se procede a explicar. En primer

término, debe observarse que se trata de un documento expedido por un contado

público autorizado, al cual el ordenamiento jurídico le otorga la condición de

documento público respecto a la constatación de la existencia de los registros

analizados por el contador público y a los actos o hechos realizados o

ejecutados por él. En este sentido, pueden consultarse las sentencias 421-2005

de las 9 horas 40 minutos del 20 de junio de 2005, 532-2007 de las 10 horas 10

minutos del 27 de julio de 2007 y más reciente, 795-2009 de las 16 horas 15

minutos del 30 de julio de 2009, todas de esta Sala. Adicionalmente, aún y

cuando cierta información no se encuentra cubierta por la fe

pública concedida por la Ley

del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, por tratarse de un

profesional especialista en la materia, dichos contenidos pueden ser utilizados

como un insumo

al momento de fundamentar un laudo. Es decir, en ambos supuestos debe ser

considerada como

prueba, variando únicamente su valor. Las anteriores consideraciones, si bien

son de particular importancia para la labor intelectiva de valoración del acervo probatorio, ponen en

evidencia la admisibilidad de este tipo de documento como

medio de prueba, sujeto, en todo caso, a un análisis conforme a la sana crítica en cuanto a

su credibilidad. Afirmar lo contrario supondría desvirtuar la validez de las

certificaciones de contador público autorizado, lo cual contraviene los

artículos 7 y 8 de la Ley

del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, así como el aporte que

una opinión técnica pueda arrojar al proceso. Por ende, no es admisible la

reducción aducida en el recurso de este tipo de

elementos de convicción a meras alegaciones. Por otro lado, pretender la

participación de las partes al momento de su elaboración resulta un contrasentido, toda vez que no supone un informe sino una

certificación, es decir, se da fe sobre la existencia de ciertos datos o

registros. Aunado a lo anterior, en cuanto a la alegada ausencia de

contradictorio, es preciso señalar que, a diferencia de un peritaje ordenado

durante la tramitación del arbitraje, el elemento probatorio en cuestión fue

aportado junto con la demanda, lo que implica que la contraparte tuvo

conocimiento de su existencia desde la notificación de dicho acto procesal,

momento a partir del cual se encontraba en posibilidades plenas de combatir su

contenido, alegar lo que considerara oportuno e incluso aportar prueba en

contrario. Todo lo anterior permite concluir que no se

produjo quebranto alguno al debido proceso. En este sentido, en cuanto

al voto de esta Sala transcrito parcialmente por el recurrente, debe señalarse

que lo analizado en dicha oportunidad (voto 727-F-2005 de las 9 horas 40

minutos del 29 de setiembre de 2005) difiere sustancialmente de los alegatos

esbozados en este recurso. En aquel asunto, la indefensión declarada obedece a

un supuesto de hecho radicalmente distinto, ya que el Tribunal Arbitral omitió

dar audiencia a las partes sobre un informe rendido por los peritos, luego de

que estos habían presentado su pericia y evacuado las ampliaciones y adiciones,

y que fue solicitado en forma expresa por los árbitros designados, siendo que a

la postre constituyó el fundamento del laudo. En ese

escenario, resultó clara la vulneración al debido proceso, al carecer las

partes del

espacio necesario para conocer, analizar y argüir a favor o en contra de las

nuevas conclusiones aportadas al proceso. Se trató de prueba que solamente

conocieron los árbitros, situación diferente a la que se valora en este arbitraje según se explicó en las líneas anteriores.

En lo que atañe a la

falta de motivación como

segunda línea argumentativa, es preciso indicar que este motivo se divide en

dos reproches. El primero, según el cual, siendo que la certificación de

contador público autorizado era ilegal, su contenido debía suprimirse, por lo

que no subsiste la motivación del laudo. Sobre este particular, en virtud de lo indicado en el considerando

anterior referente a la validez de la prueba, resulta innecesario pronunciarse

sobre este punto. La segunda vertiente se basa en que existe una ausencia de

citas normativas, las cuales plantea como requisito en un arbitraje de

derecho. Ciertamente se echa de menos una enunciación de

artículos o disposiciones legales, mas no por ello puede afirmarse que no

exista una adecuada motivación o fundamentación jurídica. De una lectura detenida de la resolución impugnada, se advierte con

claridad que expone las razones que justifican la decisión que adoptó el

árbitro. En esta línea, realiza un desarrollo

de las obligaciones pactadas por ambas partes, las cuales aplica al cuadro

fáctico que tuvo por demostrado de acuerdo a la prueba analizada durante el

arbitraje, y de esta manera concluye la solución esbozada en el laudo. Nótese

que el objeto definido desde el inicio con el requerimiento arbitral gira en

torno a presuntos incumplimientos de las obligaciones derivadas de los acuerdos

suscritos, es decir, se trata de subsumir lo acontecido en las estipulaciones

contractuales a efectos de establecer las consecuencias que deben soportar las

partes. En este escenario, además de este análisis, no

se aprecia en qué radica la ausencia de fundamentación que se aduce. Aún más,

se colige claramente que el laudo, si bien no hace una cita de normas, aplica directamente conceptos doctrinales y

normativos, los cuales se ven plasmados en la interpretación que realizó del contrato. Tal es el

caso de la distinción entre el contrato de cambio y el de asociación a efectos

de clasificar dentro de esta última categoría el convenio objeto de esta

discusión, de lo que derivó una serie de conclusiones en cuanto a los términos

de la contratación (tanto original como sus addendums) así como las

valoraciones en torno a las distintas obligaciones asumidas por los

contratantes, las cuales, en última instancia, suponen la aplicación directa de

normas como el artículo 1023 del Código Civil. El eventual uso

de citas normativas no aportaría elementos adicionales relevantes distintos a

los desarrollados en la parte considerativa del laudo, máxime que no se ha pretendido la

nulidad de alguna de las cláusulas.

Por último, en

relación con el segundo agravio, debe señalarse que si bien aduce quebranto de

normas de orden público, la argumentación detallada en este se circunscribe a

los motivos de nulidad expuestos en el primer cargo, es decir, la falta de

motivación y la supuesta incorporación de prueba ilegal. En este

sentido, siendo que se trata de una mera reiteración de los anteriores reparos,

resulta innecesario ingresar a su análisis, en la medida en que dichos puntos

ya fueron resueltos con ocasión del

primer cargo. De igual forma resulta innecesario pronunciarse sobre las normas

citadas en cuanto a que la contabilidad prueba en contra del comerciante, no a

su favor, ya que este argumento resulta subsidiario al tema de la presunta

ilegalidad de la prueba, o bien, respecto a la valoración probatoria, aspecto

sobre el cual esta Sala esta impedida a ponderar en el caso de los laudos.

Según lo expuesto en los considerandos precedentes,

ninguno de los extremos del

recurso de nulidad pueden ser acogidos, motivo por el cual se debe declarar sin

lugar.