Resolución 00809-2012

Con base en los hechos

que expusieron y disposiciones legales que citaron, los actores establecieron

demanda ordinaria, a fin de que en sentencia se declare: “... con lugar en

todos sus extremos la presente demanda.

Se condene a la demandada a pagarnos

lo correspondiente a daños y perjuicios, anteriormente indicados.

Se condene

a la demandada al pago de ambas costas de esta acción en caso de oposición.

4-

Con fundamento en el artículo 33 de la

Ley de Jurisdicción Agraria solicitamos se decrete embargo

preventivo y se anote la presente demanda al margen de los siguientes bienes de

propiedad de la demanda esto con el fin de no hacer irrisorio nuestro derecho

en caso de haber una sentencia a mi favor y de poder hacerme pago de los

extremos que solicitamos, finca del partido de Alajuela folio real número […] y

finca del partido de Alajuela folio real número […].

Solicitamos se decrete

embargo preventivo en las cuentas corrientes, de ahorro, certificados,

depósitos, cajas de seguridad que posea la demandada en Banco Nacional de Costa

Rica y en el Banco de Costa Rica, así como en la Mutual Alajuela

todos sucursales de S.”

2.

La

parte demandada interpuso la defensa de incompetencia en razón de la materia

que se resolvió y contestó la demanda conforme a su escrito de folios 73 al 76

oponiendo las excepciones de falta de derecho, de legitimación tanto activa

como pasiva y litis consorcio pasivo necesario, resuelta está última

interlocutoriamente.

3.

El

Juez Carlos González Mora, en sentencia no. 69-2009 de las 8 horas  del

1° de setiembre de 2009, resolvió: “Se declaran sin lugar las excepciones de

falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva. En consecuencia, se

declara parcialmente con lugar la demanda planteada por M y O contra el Centro

Agrícola Cantonal de S, entendiéndose rechazada en aquellos extremos

expresamente no conferidos. En consecuencia, se condena al

referido Centro Agrícola Cantonal al pago de los daños y perjuicios

ocasionados, en las sumas que se dirán. Por concepto de DAÑOS

MATERIALES se fija la suma de DOSCIENTOS MIL COLONES, sea la inversión

realizada. Por concepto de PERJUICIOS se fija la suma de UN MILLÓN

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS COLONES CINCUENTA

CÉNTIMOS por lo dejado de percibir al no poder utilizar el terreno. por concepto de DAÑO MORAL se fija en la suma de DOS MILLONES DE

COLONES. De tal forma, se condena al Centro Agrícola Cantonal de Sarchí a

pagarle a los actores la suma total de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y

SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS COLONES. Asimismo se condena al Centro

Agrícola al pago de las costas procesales y personales de este

proceso ordinario.”

4.

Ambas

partes apelaron y el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José,

integrado por las Juezas Damaris Vargas Vásquez, Alexandra Alvarado Paniagua y

María Rosa Castro García, en voto no. 0676-F-11 de las 11 horas 6 minutos del

30 de junio de 2011, dispuso: “Se revoca la sentencia únicamente al imponer

a la parte demandada el pago de las costas procesales. En su

lugar, se resuelve sin especial condenatoria en costas procesales. En lo

demás, objeto de apelación, se confirma la sentencia.“

5.

El representante del

S formula recurso de casación indicando las razones en que se apoya para  refutar la tesis del Tribunal de instancia.

6.

En los

procedimientos ante esta Sala se han observado las

prescripciones de ley.

Redacta el magistrado Solís Zelaya

La señora M es

la dueña de la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, Partido de

Alajuela, matrícula de folio real no. […], sita en San Pedro

de Valverde Vega.  Su naturaleza es la agricultura

y tiene una cabida de 21.888,40 metros cuadrados.

Doña M y su esposo, O, destinaron ese terreno para la

siembra de tomate y, en parte, de café. Aproximadamente en el mes de octubre de

2006, el señor O le solicitó al administrador del S (en lo

sucesivo, Centro Agrícola o el Centro) le vendiera la semilla de tomate de la

variedad denominada “DANSON 112”;

quien, a pesar de que no es distribuida por el Centro, se comprometió a

conseguirla.  El día 30 de ese mes y año, el Centro Agrícola adquirió, de

la empresa Semillas y Agroespecialidades MR S.A., cinco paquetes de 1000

semillas la unidad, cuyo costo fue de ¢203.575,00 –cada paquete tuvo un valor

de ¢40.715,00-.  El 7 de noviembre del

mismo año, el Centro

Agrícola le facturó a don Olivier tres a ¢45.600,00

cada uno, para un total de ¢132.696,00 (descuento e impuestos incluidos). El

señor O los llevó al vivero de su hermano, H, situado a unos dos kilómetros de

la propiedad antes indicada.  Ahí se mantuvieron las

semillas hasta que germinaron.  Aproximadamente

dos meses y medio después de que se efectuó la siembra en la propiedad de la

actora, las plantas de tomate empezaron a mostrar marchitamiento de hojas y

tallos.  El 2 de marzo de 2007, a solicitud de doña M y don O se

apersonaron a la finca funcionarios del Ministerio de

Agricultura y Ganadería (MAG), tomando algunas muestras, las cuales enviaron al

laboratorio. Los resultados determinaron que las plantas estaban contaminadas

con la bacteria “Clavibacter michiganensis”.  Nuevamente, el día 12 de ese mes y año, se presentaron funcionarios de la Oficina Regional

del MAG y destruyeron 150 plantas de tomate, las cuales mostraban signos

anormales.  Una vez obtenidos los resultados de laboratorio, la Jefa del Servicio

Fitosanitario del Estado, en resolución DVCP-02-07 del 20 de marzo de 2007,

ordenó la destrucción total del cultivo y la inhabilitación del terreno por

cinco años para la siembra de tomate y otros cultivos hospederos, tales como

chile.  El día 22 siguiente, funcionarios del MAG procedieron a la destrucción del cultivo, labor que

duró varios días, ya que primero secaron las plantas y, luego, las enterraron

en huecos.  La indicada variedad de semilla no era conocida ni se encontraba registrada en el país ante la Oficina Nacional

de Semillas, por lo que carece de permiso de comercialización.  El Centro

Agrícola cuenta con la supervisión de regentes.

II.

El

28 de marzo de 2007, doña M y don O formularon demanda ordinaria agraria en

contra del

Centro Agrícola.  Pretenden en sentencia se le condene al pago de los

daños y perjuicios ocasionados, los cuales estimaron, prudencialmente en: 1)

daño material, ¢ 55.400.000,00; 2) daño moral ¢

20.000.000,00; 3) perjuicios, ¢ 55.000.000,00.  También solicitan se le

impusieran las costas del proceso.  El

representante del Centro aceptó unos hechos y rechazó

otros. Alegó las defensas de litis consorcio necesario incompleto –denegada

interlocutoriamente-; falta de:  derecho, legitimación activa y

pasiva.  El Juzgado las rechazó y acogió la demanda.

Condenó al Centro al reconocimiento de los daños y perjuicios infligidos a los

actores de la siguiente manera: 1) daños materiales: ¢200.000,00;

perjuicios: a) ¢1.896.562,50, en concepto de lo dejado de percibir por la

venta del

tomate; y b) ¢500.000,00 la ganancia perdida al no poderse utilizar el terreno;

y  3) daño moral: ¢2.000.000,00.  La suma total impuesta asciende a

¢4.596.562,00.  De igual manera, lo condenó al

reconocimiento de las costas del proceso.  El Tribunal

revocó solo en cuanto a este último pronunciamiento,

para resolver sin especial condenatoria en costas procesales.  En lo demás, confirmó. Inconforme, el representante del Centro formula recurso de casación ante esta Sala.

III.

En

el primer motivo de disconformidad, alega el casacionista que la

sentencia cuestionada infringe el artículo 155 inciso 4) punto ch) del Código Procesal Civil, así como

el principio del

debido proceso, al no haberse llamado al proceso a la empresa Semillas y

Agroespecialidades MR S.A.  Aunque este punto

pudiera resultar una etapa procesal precluida, indica, pues la excepción fue

interlocutoriamente resuelta, por seguridad procesal y debido proceso, debe ser

objeto de revisión.  El Tribunal se equivoca, apunta, al considerar que

solo a su representada, como

comerciante, debía llamársele a juicio, ya que, para este caso no actuó como tal, lo que implica

la liberación de cualquier responsabilidad.  Se demostró, señala, que fue

ajeno al daño, por lo que, quien debía ser llamada a juicio era la empresa A S.A., conforme se determina de la factura

extendida por ella y de la declaración del señor AP.  En

aplicación del voto 1441 de las 15 horas 45 minutos del 2 de junio de 1992 de la Sala Constitucional,

y por la prueba que consta en el expediente, la adquisición del producto por

parte de los actores no era para consumo, al ser ellos miembros de la cadena

formada por la producción, distribución y comercialización de los bienes.

Es decir, afirma, los demandantes no eran consumidores, pues para ellos, las

semillas tenían como

fin percibir ganancias económicas, por lo que asumen también la condición de

comerciantes y, consecuentemente, el riesgo.  Además, señala, el

cumplimiento de todos los requisitos para la legalización o comercialización de

la semilla no le compete al Centro Agrícola, sino a la compañía SA MR S.A.,

compañía que la distribuye o comercializa.

IV.

El

meollo de lo alegado por el casacionista estriba en que, a su entender, debió

traerse a juicio a la empresa SA MR, S.A., al ser ella quien le vendió a su

representada la semilla de tomate de la variedad “DANSON 112”. Esta Sala, luego de un análisis cuidadoso, llega a la misma conclusión que los

juzgadores de segunda instancia:  a la luz de las pretensiones esgrimidas

y de la normativa aplicable, no resultaba necesario integrar la litis con dicha

compañía, por dos razones que se exponen de seguido.  En primer lugar,

conforme se apuntó en el apartado segundo de este fallo, los actores formularon

este proceso en contra del Centro Agrícola a fin de que en sentencia se le condenara,

fundamentalmente, al pago de los daños y perjuicios infligidos debido a que las

semillas que les vendieron, de la variedad “DANSON 112” no resultaron idóneas

para la producción de tomate. es evidente que no

existe razón alguna, pues no le afecta ese ruego, para traer al proceso a la

sociedad anónima Semillas y Agroespecialidades MR.

En segundo término, y

quizá el más relevante, esta Cámara concuerda tanto con el A quo como con el Ad

quem, en el sentido de que a este proceso le es aplicable la normativa

contenida en la Ley

no. 7472 del 25 de enero de 1996, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa

Efectiva del Consumidor (en adelante Ley de Defensa del Consumidor), conforme

lo dispone el numeral 31 de ese cuerpo normativo, ya que los coactores ostentan

la condición de consumidores y el demandado de comerciante.  En torno a

los primeros, la Ley

no. 6289 del 4 de diciembre de 1978, Ley de la Oficina Nacional

de Semillas, crea ese órgano, adscrito al MAG, para la promoción, protección,

mejoramiento, control y uso de semillas de calidad superior, a efectos de

fomentar su uso.  Su finalidad específica es la promoción y organización

de la producción y uso de semillas de calidad

superior.  De conformidad con el artículo 16 de esa normativa, está regida

por una Junta Directiva compuesta por cinco miembros de un nivel técnico

especializado; la cual, de acuerdo con el numeral 20 inciso b), tiene

competencia para “Dictar normas técnicas para promover, mejorar y proteger

la producción de semillas, y para fomentar el uso de las de mejor calidad, de

conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero de esta Ley.”

Dentro de ese marco competencial, en sesión no. 546, celebrada el 24 de enero

de 2005, acuerdo 2, artículo 4, emitió el denominado “Reglamento para la importación,

exportación y comercialización de semillas”, el cual, en el artículo segundo,

precisa el concepto de consumidor de semillas, al indicar: “Para los efectos

de este Reglamento se entenderá por: […] Consumidor o Usuario de

semillas:  Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, que como

destinatario final adquiere o utiliza semillas como insumos para integrarlos en

los procesos de producción, transformación o comercialización de vegetales.”

Esta normativa, que es especial en materia de semillas, es elocuente al

considerar, a quien adquiera o utilice semillas como insumos para integrarlos en los procesos de

producción, transformación o comercialización de vegetales, como destinatario final de ese producto

terminado. Por ende, también es complementaria de las disposiciones previstas

en la Ley de

Protección al Consumidor, específicamente, en lo que debe entenderse como

consumidor.   Esto por cuanto, se insiste, quien adquiera o utilice

semillas como insumos para integrarlos al proceso de producción, transformación

o comercialización de vegetales, es considerado como destinatario final del

bien; característica que, a la luz de lo dispuesto en el numeral segundo de la Ley no. 7472, es la que

determina la condición de consumidor, al indicarse que lo es “Toda persona

física o entidad de hecho o de derecho, que, como destinatario final, adquiere,

disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe información o

propuestas para ello.”  Corolario, los actores, al haber adquirido la

semilla de la especie de tomate “DANSON 112” del Centro Agrícola Cantonal, como insumo

para integrarlo en el proceso de producción, transformación y comercialización

de ese vegetal –no para su distribución-, tienen la condición de destinatarios

finales (ya que se trata de un acto de producción y tanto el Derecho del

Consumidor como el Derecho Agrario tienen un fin compartido: proteger o tutelar

a la parte débil de las relaciones contractuales), y por lo tanto, de

consumidores de ese bien terminado:  la semilla de la especie de tomate

“DANSON 112”.

Por su parte, el Centro

Agrícola reúne las características necesarias para ser considerado como comerciante, a pesar

de que no distribuía ordinariamente la variedad de semilla “DANSON 112”.  Al respecto, el

señalado artículo segundo de la

Ley de Protección al Consumidor indica que comerciante o

proveedor es “Toda persona física, entidad de hecho o de derecho, privada o

pública que, en nombre propio o por cuenta ajena, se dedica en forma habitual a

ofrecer, distribuir, vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de bienes

o a prestar servicios, sin que necesariamente esta sea su actividad principal. /

Para los efectos de esta Ley, el productor, como proveedor de

bienes, también está obligado con el consumidor, a respetarle sus derechos e

intereses legítimos.”  Asimismo, el artículo 10 inciso d) de la Ley no. 4521, reformada por la

no. 7932 del 28 de octubre de 1999, Ley de Creación de los Centros Agrícolas

Cantonales, dispone que “El patrimonio de los centros agrícolas estará compuesto

por los siguientes recursos: / […] d) Los fondos por las ventas de sus

bienes y las retribuciones de sus servicios.” De acuerdo

con el documento visible a folio tres, se determina que el demandado se dedica,

entre otras cosas, a la distribución o venta de bienes agropecuarios;

comercializando las semillas para la producción de tomates.  Ahora

bien, aunque, como se

indicó, la variedad “DANSON 112”

no era distribuida de manera ordinaria por el Centro, lo cierto es que, como fue debidamente

acreditado, se la proveyó o vendió a los co-actores.  En este sentido, en

los hechos probados marcados con los números 3, 4 y 5, compartidos por el

Tribunal y no cuestionados por el casacionista, se indica:  “3) Sin

precisar la fecha, pero aproximadamente en octubre del año 2006, el actor O

solicitó [sic] al administrador del Centro Agrícola de Valverde Vega le

consiguiera la semilla de tomate de la variedad DANSON 112.  Dicha

variedad no es distribuida por el referido Centro Agrícola, pero su

Administrador se comprometió a conseguirla. […]

En

fecha 30 de octubre del 2006, el Centro Agrícola adquirió de la empresa SA MR,

S.A., cinco paquetes de la referida variedad de semilla, cada paquete con mil

semillas.  Cada paquete se facturó en la suma de 40.715 colones, para un total de 203.575 colones. […]

En

fecha 7 de noviembre, el Centro Agrícola facturó al actor O tres paquetes de

mil semillas cada una, de la referida variedad DANSON 112, los cuales vendió en

la suma de 45.600 colones; restado el descuento y sumado el impuesto de ventas

da una total de 132.696 colones. […]” (Lo subrayado

es suplido). Los otros dos paquetes de la semilla “DANSON 112” el Centro se los vendió

al señor W quien, en su declaración a folio 359, en lo de interés

manifestó:  “[…] Yo cultivé una plantación de tomate de la especie

DANSON 112. Yo compré la semilla en el Centro Agrícola de Sarchí, allí me

dijeron que les habían quedados [sic] unos sobres de DANSON 112 y que no

salían caros, por lo cual yo los compré.  El señor que me lo [sic] vendió

se llama A, no sé el apellido. Compré dos sobres, cada uno de mil semillas. […]

La semilla DANSON 112 la compré empezando el año 2007 y a los días la sembré,

coseché tomate den el 2007. […]”  De acuerdo

a lo anterior, no existe duda de que el Centro, al dedicarse en forma habitual

a ofrecer, distribuir y vender, entre otros bienes, semillas, tiene la

categoría de comerciante, aunque la variedad “DANSON 112” no la distribuyera

ordinariamente.  En este sentido, se insiste, lo

cierto es que la consiguió y vendió, no solo a los co-actores, sino también al

señor W.  Dentro de esta línea de pensamiento, al ser aplicable a este

proceso la Ley de

Protección al Consumidor, es actuable la disposición contenida en su artículo

35, el cual dispone:  “Régimen de responsabilidad. / El

productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e

independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta

perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o

insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. / Sólo se libera

quien demuestre que ha sido ajeno al daño. / Los representantes legales de los

establecimientos mercantiles o, en su caso, los encargados del negocio son

responsables por los actos o los hechos propios o por los de sus dependientes o

auxiliares. Los técnicos, los encargados de la elaboración y el control

responden solidariamente, cuando así corresponda, por las violaciones a esta Ley en perjuicio del consumidor.” (Lo

subrayado es suplido).  Como bien lo señaló el Tribunal, de esa

norma se determina que, ante el consumidor, responden de manera concurrente o

solidaria, e independientemente de la existencia de culpa, cualquiera de los

sujetos intervinientes en la cadena de producción del bien o servicio

(productor, proveedor y comerciante).  Consecuentemente, a los actores les

bastaba con traer a juicio al Centro, como comerciante.  No había

necesidad, por lo tanto, de demandar a otra persona

–física o jurídica-.  Ergo, no existe un litis

consorcio pasivo necesario con la sociedad Semillas y Agroespecialidades MR;

motivo por el cual se impone el rechazo del

agravio en estudio.

VI.

En

el segundo cargo, arguye el recurrente que los testigos L y B–prueba

ofrecida por los actores- señalaron que no conocían la variedad de tomate

“DANSON 112”.

Asimismo, que el contenido de las actas se elaboró con la información brindada

por don O.  Entonces, afirma, no se puede determinar que

la semilla de los paquetes que constan en el expediente, y que se supone fueron

los vendidos por su representada, es la que se sembró y que contenía la

bacteria Clavibacter michiganensis.  Esto porque,

anota, en ningún momento quedó demostrado que las matas destruidas fueran de la

variedad “DANSON 112”.

Si se toma en consideración que los paquetes aportados como prueba, agrega,

indican que cada uno contiene 1000 semillas, pero se demostró, según el

testimonio del fitopatólogo José Luis Villalobos, que el poder de germinación

es de aproximadamente 80%, más la pérdida por el transplante y el porcentaje

que no logra cosechar, se tiene una conclusión determinante:  la siembra

afectada no pudo haber sido de 3000 mil matas, lo que conlleva a determinar

que, en el tomatal de los actores existieron, inexorablemente, semillas o matas

de otra variedad o de otros sobres.  Por ende, indica, no es posible que

se destruyeran, según las actas del MAG, 3000 matas, ni obtenerlas

de los tres paquetes de semillas cuestionadas, que se supone fueron las

compradas a su poderdante.  Por otro lado, afirma, el testigo J, también

propuesto por los actores, indicó que la semilla germinó en el vivero de H,

donde no mediaba división con otras semillas que ahí estaban y, luego, las

transportaron como

dos kilómetros, antes de sembrarlas a cielo abierto.  Entonces, se

pregunta ¿cómo se determinó que era la semilla la que contenía la bacteria, ya

que no se descartó que fuese por contaminación en el agua utilizada para el

riego, tampoco que fuese en el vivero donde las germinaron, por el traslado, o

por los otros tomatales?, todo lo cual sustrae a su

mandante de la culpa imputada.

En atención a la

forma cómo se plantea el presente motivo de disconformidad, es menester señalar

que esta Sala, en la sentencia no. 505 de las 8 horas 45 minutos del 14 de

abril de 2011, citando otros precedentes, señaló:  “[…] dentro

de las características del recurso de casación en materia agraria está la de

que debe ordenarse técnicamente.  Se han de

enumerar y estructurar los reproches a la sentencia y fundamentar su falta de

juridicidad.  El recurrente tiene el deber de explicar, de manera clara y precisa, las razones en las cuales sustenta su

gestión.  Ha de combatir, de modo sistemático, los fundamentos jurídicos

de la sentencia recurrida.  Sólo se le exime de señalar, en forma

expresa, las normas jurídicas violadas, o el tipo de

infracción cometida. En relación, véase, entre muchas otras, la sentencia

número 892 de las 9 horas del

25 de noviembre del

2005.”  (Voto 596-f-06 de las 14 horas 55 minutos del 30 de agosto del 2006).  Entonces, pese a que el

recurso en materia agraria se rige por el Código de Trabajo, y se ha

considerado como tercera instancia rogada, ello no exime a la parte

recurrente del deber de expresar de manera clara y precisa los aspectos de la

sentencia de segunda instancia que combate, explicando en todo caso en qué

consisten los yerros alegados”. No. 300 de 10

horas del 25

de abril de 2008.” (Lo subrayado es suplido). Acorde a lo expuesto, aunque en el recurso de casación agrario no

se exigen formalidades especiales, no significa que sea por completo informal,

ya que los reparos al fallo deben estructurarse de modo técnico. Así, habrá de

exponerse, con claridad y precisión, las objeciones a los fundamentos jurídicos

de la sentencia recurrida; lo único de lo que está exento es de señalar las

disposiciones del

ordenamiento jurídico conculcadas o el tipo de infracción cometida.

El agravio planteado

por el casacionista alude a tres aspectos:  1) no se puede determinar que

la semilla vendida a los actores es la que se sembró, 2) en la plantación no

pudieron existir 3000 plantas de la especie “DANSON 112” y 3) no se determinó, con

exactitud, que la semilla adquirida por los demandantes contuviera la bacteria

Clavibacter michiganensis, pues no se descartó que la plantación se contaminara

por el agua utilizada para el riego, en el vivero donde las germinaron, por el

traslado o por los otros tomatales.  En los tres puntos el recurrente se

limita a reproducir, en esencia, lo aducido en el recurso de apelación, sin

combatir los fundamentos de la sentencia del Ad

quem.  Al respecto, el Tribunal avaló el elenco de hechos probados de la

sentencia del Juzgado.  En los marcados con los

números 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 se indica: “5) En fecha

7 de noviembre, el Centro Agrícola facturó al actor O tres paquetes de mil semillas

cada una, de la referida variedad DANSON 112, los cuales vendió en la suma de

45.600 colones; restado descuento y sumado el impuesto de ventas da un total de

132.696 colones (factura de contado de folio 3).

O llevó

dichas semillas al vivero de su hermano H, situado a unos dos kilómetros de la

finca de la actora.  En dicho vivero, se sembraron las

semillas, hasta que germinaron y fueron llevadas las plántulas a la finca unos

25 días después (declaración de O a folio 318, testimonial de L folio 326 y

Jeris Martínez a folio 361).

Las plantas de tomate

germinadas de las 3000 semillas de la variedad DANSON 112, se sembraron en un

área de la finca de la actora de 2500 metros cuadrados,

sea 0.25 hectárea.

En el resto de la finca, se mantuvo el café (confesional

de O a folio 318, confesional de M a folio 319, testimonial de B a folio 326).

Aproximadamente dos meses y medio después de sembradas las plantas de

tomate en la finca de la actora, empiezan a mostrar marchitamiento de hojas y

tallos (testimonial de B a folio 325,

L a folio 326, fotografías digitales).

A

solicitud de los actores, funcionarios del M.A.G. se apersonaron a la finca en

fecha 2 de marzo de 2007 y tomaron algunas muestras, las cuales envían al

laboratorio.  Los resultados muestran que las plantas

están contaminadas con la bacteria Cliavibacter

[sic] michiganensis (actas a folios 9, 10 y 14, reportes de laboratorio

a folios 6 y 7, testimonial de J a folio 357).

Días después,

en fecha 12 de marzo del 2007, nuevamente se presentaron funcionarios de la

oficina regional del M.A.G. y destruyeron 150 plantas de tomate, las cuales

mostraban signos anormales (testimonial de U a folio 323, L a folio 326 y B a

folio 325, acta de destrucción a folio 9).

Una vez obtenidos

los resultados de laboratorio, la

Jefa del Servicio Fitosanitario del Estado ordenó mediante

resolución administrativa DVCP-02-07 de 20 de marzo del 2007, la destrucción

total del cultivo y la inhabilitación del terreno por cinco años para la

siembra de tomate y otros cultivos hospederos, tales como chile (documental a

folios 17-19, testimonial de E a folio 354).

En fecha 22 de marzo

del 2007, funcionarios del M.A.G. se presentaron a la finca de los actores y

procedieron al a destrucción del cultivo, labor en la cual requieren varios

días, ya que primero secaron las plantas cy [sic] luego procedieron a

enterrar en huecos toda la plantación (actas de destrucción a folio 14,

testimonial de U a folio 323, B a folio 325 y L a folio 326).

Según el dictamen de laboratorio, la

bacteria que afectó el tomatal de los actores, único caso conocido en el país,

se originó en la semilla DANSON 112 (reporte de laboratorio a folios 6 y

7).” (Lo subrayado es suplido).

Tocante al primer alegato, de que no puede determinarse que la semilla vendida

a los actores fue la que se sembró en la propiedad de la actora, tal situación

quedó debidamente acreditada de la relación de los hechos demostrados 5, 6 y

7.

Empero, el casacionista no los cuestiona debidamente, en especial el último,

cuyo sustento fáctico son las declaraciones de los actores y del testigo B.

El recurrente alude solo al testigo, pero sin alegar una

indebida valoración de su testimonio.  Omite toda referencia a si

de las deposiciones de don O y doña M puede desprenderse esa situación, o el

porqué no debieron merecerle fe a los

juzgadores.  Esa falencia conlleva a que esta Sala esté

vedada para analizar lo ahí consignado.  Respecto al argumento de

que no se determinó que la semilla adquirida por los actores estuviera

contaminada con la bacteria, distinto a lo argumentado, y como se anotó, en el

hecho demostrado antecedido con el número 13, de manera expresa se alude a esa

situación, siendo su sustento fáctico el reporte de laboratorio de folios 6 y

No obstante, el casacionista no lo cuestionó, tampoco la probanza en que se

fundamenta.  Consecuentemente, esta Cámara no puede referirse a él.  En cuanto al otro aspecto recriminado: que en la

plantación no pudieron existir 3000 plantas de la especie “DANSON 112”.  El Ad quem, con

sustento en el cuadro fáctico antes reseñado, en el considerando VI de la

sentencia cuestionada, le restó importancia a ese dato, es decir, al número de

plantas sembradas o destruidas de la especie “DANSON 112”, pues lo que interesa, al

amparo de la Ley

de Protección al Consumidor, es que se acreditó que los actores, como

consumidores, resultaron afectados por el bien o servicio adquirido.  En este sentido señaló:  “VI. A fin de

justificar exonerar de responsabilidad al S, su representante, el ahora

recurrente, argumenta que no medió en este caso ningún tipo de relación

comercial, pues conforme lo señaló el testigo A, "fue solo un favor que se

le realizó a los actores, suficiente para que sea excluida mi representada de

la demanda." (folio 401). Lo cierto es que,

independientemente de la forma de negociación utilizada por la demandada, al

proceder el Centro Agrícola Cantonal a "ofrecer" y

"distribuir" esa semilla, conforme lo establece el artículo 2 citado,

al describir quien es el "comerciante o proveedor", asumió la

responsabilidad de los daños que con ello generara, sin que pueda excusarse

bajo el argumento de que lo que hizo fue un favor, pues es un deber constitutivo

la asistencia a las personas productoras agrarias. De igual forma, tampoco se

considera es una eximente de responsabilidad en este

caso la pretendida ausencia de prueba en este proceso que establezca la culpa

de su representada. En primer orden, el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa

Efectiva del Consumidor dispone expresamente […] Con tal normativa se

regula un nuevo supuesto de responsabilidad objetiva, la cual existe

simplemente por el riesgo creado, no por la culpa o el dolo del agente dañoso,

siendo éste el que tiene la carga de la prueba para acreditar su ausencia de

responsabilidad. Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de

Justicia en voto 646 de las 16 horas 45 minutos del 22 de agosto de 2001,

señaló […] De ahí, con relación al régimen de responsabilidad objetiva

citado, tanto la persona productora como la proveedora y la comerciante son

responsables concurrente e independientemente de la existencia de la culpa,

liberándose sólo su [sic] demuestra que es o ha sido ajeno al hecho, es

decir, se genera en este caso una inversión de la carga de la prueba. Por ende,

carecen de relevancia los argumentos del

recurrente conforme a los cuales trata de acreditar que su representada no

actuó con culpa al momento de la venta del

producto. […] El recurrente hace una relación de la cantidad de plantas

que se indican fueron dañadas -3000- para arribar a la conclusión de que es

imposible que correspondiera a esa totalidad debido a que, aunque la venta

hubiera sido de tres paquetes se semilla danson 112 con 1000 unidades cada uno,

lo esperado es que germine aproximadamente el 80% más la pérdida por el

transporte y el porcentaje que no logra cosechar, sugiriendo que posiblemente

se introdujeron otras semillas.  Lo cierto, es que, independientemente

de la suma total de plantas de tomate, se logró acreditar que la parte

demandante adquirió de la demandada la semilla de tomate especializada danson

112 para la siembra, y que este proceso de cultivo se materializó, resultando

afectadas las plantas con la bacteria Clavibacter Michiganensis (folio 256),

conocida popularmente como “chancro bacteriano” o “cáncer bacteriano”, generadora

de cuarentena del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según el Informe

Pericial (folio 259).” (Lo subrayado es suplido).

Empero, como se indicó, el casacionista, en el presente agravio, solo reproduce

el recurso horizontal, sin reparar en lo afirmado por el Tribunal.  No

acredita la existencia de alguna de las causales de justificación que

enervarían la responsabilidad de su representado, acorde con lo señalado en el

párrafo segundo del

artículo 35 de la Ley

del Consumidor al preceptuar que “Sólo se libera quien demuestre que ha sido

ajeno al daño”.

En todo caso,

debe indicarse que el Ad quem, en el considerando indicado de su sentencia,

esgrimió otro motivo para establecer la responsabilidad del Centro Agrícola:

“[…] Nótese que por el contrario, la responsabilidad de la demandada es aún

mayor si se toma en cuenta que de acuerdo al Informe Pericial: "En

base al informe de la oficina (sic) nacional (sic) de semillas (sic) oficio ONS

080-2007 DE donde se certifica que en sus registros no se presenta ninguna

variedad denominada Danson 112 y que a la fecha 16-3-2007 y hasta dos años

posteriores 2005 no se presentan importaciones de esta variedad. Por lo cual en

no apareciendo dicha variedad en los registros oficiales y siendo la ONS la encargada de el (sic)

tramite (sic) de semillas según la ley (sic) de semillas (sic) 6289 se da por

un hecho que las autoridades nacionales no conocen la forma como llego (sic)

dicha semilla al centro (sic) agrícola (sic) Cantonal de Sarchi (sic) y de hay

(sic) a las (sic) finca y plantación refernciada (sic)." (folio 260). El Centro Agrícola debe responder por esta

ausencia de permisos de distribución de esa semilla y además, por la

responsabilidad generada a las personas que adquieran tales semillas. La

demandada no puede trasladar al adquirente de semillas, la inobservancia suya

en el cumplimiento de la normativa que le exige los permisos de distribución de

éstas y con ellos, los controles de calidad de las semillas. Al

respecto, el representante del Centro Agrícola al contestar

la demanda indicó expresamente "Es cierto que se le facturó la

compra de esa semilla, con la aclaración que mi representada, no distribuye esa

variedad de semilla, se consiguió específicamente por solicitud de don O."

(folio 73), aceptando no sólo el suministro de la semilla a la parte demandada,

sino también, no tener permisos para distribución de tales semillas, lo cual no

fue limitante para disponer su distribución sin permisos, por parte de los

representantes del Centro Agrícola demandado, obviando el debido control de

calidad de las semillas que la Ley

6289 de la Oficina

Nacional de Semillas exige a la Oficina Nacional

de Semillas, conforme lo dispone el artículo 8 inciso e) de esa normativa, así

como el numeral 11 del Reglamento para la Importación,

Exportación y Comercialización de Semillas.-“ (Lo subrayado es

suplido).  Sin embargo, el casacionista no impugna esa otra causa de

responsabilidad de su poderdante, por lo que, al mantenerse incólume, se

configura un supuesto de casación inútil.  En

mérito de las razones expuestas, se impone el rechazo del presente motivo

de disconformidad.

En el tercer

agravio, afirma el casacionista que las sentencias quebrantaron el dictamen

C-180-200 del 9 de agosto de 2000 de la Procuraduría General

de la República,

el cual transcribe en lo de su interés.  Para los efectos de poder aplicar

la Ley de Promoción

de la Competencia

y Defensa Efectiva del Consumidor, argumenta, ese dictamen es de acatamiento

obligatorio, según lo expuesto en el artículo 2 de la Ley no. 6815, Ley Orgánica de la Procuraduría General

de la República,

el cual reproduce. De conformidad con la prueba existente, los actores no

ostentan el carácter de consumidores, al no estarse en la condición de

industrial o artesano, ni utilizar la semilla “DANSON 112” para consumo privado

final, ya que fueron claros en que el producto de la semilla era para percibir

ganancias económicas.  Por lo tanto, indica, ellos asumen también la

condición de comerciantes, conjuntamente con su representada, no de

consumidores, porque según los argumentos de la tesis expuesta en la sentencia,

si los demandantes son consumidores, igual lo sería su poderdante, lo que

conlleva la exclusión de la responsabilidad que se le pretende atribuir.

En primer lugar,

es menester indicar, como bien lo señalaron los juzgadores de segunda instancia

en el apartado V de la sentencia impugnada, y distinto a lo afirmado por el

casacionista, los dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General

de la República

configuran jurisprudencia administrativa de acatamiento obligatorio únicamente

para la

Administración Pública, no para los órganos jurisdiccionales,

según lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley no. 6815 del 27 de setiembre de 1982, Ley

Orgánica de la

Procuraduría General de la República.  En

segundo lugar, de nuevo, el recurrente se limita a reproducir los argumentos

esbozados en el recurso de apelación, sin engarzar su dicho a

lo resuelto por el Tribunal.  En este sentido, a folio 444,

señala:  “[…] Así las cosas, según la prueba existente, tenemos que los

actores no ostentan el carácter de consumidores, al no estarse en la condición

de industrial o artesano, ni utilizar la semilla Danson 112, para consumo

privado final, ya que son claros los actores que el producto semilla Danson

112, era para percibir ganancias económicas, consecuentemente ellos asumen

también la condición de comerciantes conjuntamente con mi representada, no de

consumidores.”  Sin embargo, el Tribunal, para determinar la condición

de consumidores de los demandantes, en el indicado considerando, en lo de

interés, señaló: “Al adquirir semillas para la siembra, la persona que se

dedica a la actividad productiva agraria se convierte en consumidora de ese

producto, por ende, ostenta legitimación activa para reclamar responsabilidad,

al tratarse de un producto terminado o un insumo esencial para integrarlo

finalmente en el proceso de producción agraria. Si bien esta actividad tiene

como fin generar nuevos productos, inicia con la adquisición de la semilla, la

cual es a su vez un producto terminado en otra cadena productiva. De ahí, no

comparte el Tribunal el criterio restringido expuesto por el recurrente para

justificar la ausencia de legitimación activa en este caso.-“ Empero, se insiste, el casacionista no cuestiona lo

indicado por el Ad quem, el fundamento jurídico de la sentencia, razón por la

cual se está ante un supuesto de casación inútil, imponiéndose, por ende, el

rechazo del reparo de mérito. Sin perjuicio de lo anterior, precisa insistir en

que, de acuerdo con lo apuntado en el considerando V de esta sentencia, esta

Sala concuerda con el criterio del Tribunal, en el

sentido de que los actores, en su relación con el Centro Agrícola, son

consumidores. Además, el casacionista no combatió el argumento del Ad quem, en cuanto a que la responsabilidad de su

poderdante también se configura por la imposibilidad legal que tenía para

distribuir la semilla “DANSON 112”,

lo cual, como

se apuntó, configura un supuesto de casación inútil.

En la cuarta

censura, señala el recurrente que la pretensión de los actores, para el

resarcimiento de los daños y perjuicios, no puede ser dirigida contra su

representado, al no dedicarse a la producción de semillas, lo que se comprueba

con el sobre que las contenía.  Fueron traídas al

establecimiento de su poderdante por solicitud de los actores.

Entonces, afirma, la responsabilidad podía surgir solo en el caso que se

hubiere determinado que las semillas eran las que portaban la bacteria.

En consecuencia, estima, la sentencia cuestionada, al preterir la prueba del

informe pericial del MAG, así como de los testimonios de los señores Y, O y A,

ambos G, en cuanto a que la contaminación de las plantas con la bacteria

Clavibacter michiganensis, pudiese provenir del agua, viento, actividad humana,

manipulación en viveros, transporte e interrelación con otros cultivos, con

base en el argumento que no es un hecho controvertido, ocasiona un

desequilibrio procesal en contra de su representada, al ser esta situación la

génesis del asunto.  Esto, agrega, en relación con el testimonio de W,

quien categóricamente, en forma espontánea y sincera dijo que él había

cultivado semillas de las mismas que sembraron los

demandantes y su producción no resultó afectada.  En ese sentido, anota,

véase la testimonial, donde se indica que los actores regaban el tomatal con

agua del río, a través de una manguera y, el único control de contaminación en

el agua era una sábana para que no pasara la tierra y que habían más tomatales

cerca, lo que implica que, asumir en esas condiciones que la semilla era exclusivamente

fuente de contaminación, resulta contrario a las citadas reglas.

XIII.

Como se indicó

en el considerando V de esta sentencia, el Centro Agrícola Cantonal tiene la

condición de comerciante, según lo dispone el artículo 2 de la Ley no. 7472.  También se

indicó en ese apartado que a este proceso le resulta

aplicable esa legislación, según lo señala el numeral 31, ya que los actores

revisten la cualidad de consumidores.  Por ende, es actuable lo

preceptuado en el numeral 35 ibídem, donde se indica que todos los

participantes de la cadena de producción (productor, proveedor y comerciante)

responden ante el consumidor de manera concurrente o solidaria e

independientemente de la existencia de culpa, si resulta perjudicado por razón

del bien o del servicio.  Ergo, el demandado está

legitimado pasivamente para responder de los daños y perjuicios reclamados en

esta lite.  Solo se le eximiría de esa responsabilidad si demuestra

que ha sido ajeno al daño, lo cual no hizo.  Por otro lado, debe

indicarse, en primer lugar, acorde con lo señalado por las juzgadoras de

segunda instancia en el apartado VI de la sentencia impugnada, lo que

constituye un hecho incontrovertido es el daño en las

plantas, no lo que señala el casacionista en su recurso.  En segundo

término, como se indicó en el considerando VIII de este fallo, distinto a lo

alegado por el recurrente, los juzgadores de ambas instancias, en el hecho

probado antecedido con el número 13, acreditaron, con base en los reportes de

laboratorio, la bacteria que afectó el sembradío de tomate de los actores se

originó en la semilla “DANSON 112”,

la cual les fue distribuida por el demandado.  Empero, tal

circunstancia no fue combatida por el recurrente, razón por la cual, al estarse

ante un supuesto de casación inútil, se impone el rechazo del agravio en estudio.  En todo caso,

debe señalarse que el Tribunal, en el considerando VI de la sentencia

cuestionada, estimó que la parte demandada no demostró que fuese ajena al daño,

a fin de exonerarse de responsabilidad, pues “Los argumentos expuestos

acerca de otras posibles causas de contaminación mencionadas por los testigos O,

Y y A –agua, viento, actividad humana, manipulación en viveros, transporte e

interrelación con otros cultivos- no  permiten presumir que una de las

causas de responsabilidad no lo sea la presencia de la bacteria en la semilla,

pues se trata de agentes que siempre están presentes en los proceso productivos

agrarios.”, lo cual tampoco fue cuestionado por el casacionista.

XIV.

Indica el casacionista en el quinto motivo de disconformidad, que el fallo

recurrido presenta una fundamentación contradictoria e inadecuada valoración de

la prueba.  En lo que interesa, asevera, en su deposición, la señora M,

dueña del terreno donde se sembró el tomate, al contestar la pregunta referida

al monto de pérdida por el tomatal destruido, señaló que eran ¢100.000,00 y, desde su demanda, se tiene que la inversión fue por

partes iguales con su esposo; esto, estima, implica que la pérdida total del

tomatal sería de ¢200.000,00.  Lo anterior, anota, permite concluir que,

en cuanto al daño moral, no es cualquier sufrimiento el que permite una

indemnización, porque los seres humanos reaccionan de forma diferente, aunque

el estímulo sea el mismo.  De esta manera, arguye, un acontecimiento, que

puede resultar baladí para un individuo, para otro es muy lesivo, razón por la

que, aquel quien cobra daño moral debe aportar datos y evidencia, que permitan

hacer una fijación.  No basta, manifiesta, el dicho que lo

sufrieron.  La naturaleza interior del daño, comenta, torna

inapropiado hacer lineamientos generales, lo que implica que deben hacerse en

forma particular y concreta.  Aunque es cierto lo de la pérdida del

tomatal, asevera, no se probó que los actores sufrieran algún trastorno en su

vida cotidiana.  Tampoco se demostró la realidad o magnitud de la

afectación, de manera que, en atención a los datos que constan en el proceso,

sea la pérdida de ¢200.000,00 de la inversión, no

tiene la capacidad o fortaleza

de originar la existencia de un daño moral y la posibilidad de cobrarlo.

La limitación al terreno de doña M, comenta, fue para sembrar tomate,

existiendo la posibilidad de otros cultivos alternos, lo que conlleva a determinar

que las sentencias incurrieron en errores de fundametnación y equivocada

valoración del

elenco probatorio en perjuicio de su mandante.

XV.

El

casacionista, en el agravio de mérito, cuestiona la existencia del daño moral.

Sin embargo, tal argumento no fue alegado en el

recurso de apelación.  Por ende, acorde a lo dispuesto en el artículo 608 del

Código Procesal Civil, al no haber sido oportunamente propuesto y debatido ese

alegato, esta Sala se encuentra impedida para verter pronunciamiento al respecto,

razón por la cual se impone su rechazo.  En torno a la aplicabilidad de

dicho numeral del Código de rito civil a la materia agraria, puede consultarse,

mutatis mutandis, y entre otras, la sentencia de esta Cámara no. 158 de las 16

horas 15 minutos del 12 de febrero de 2009.

XVI.

En el último agravio,

señala el recurrente quebranto al artículo 222 del Código Procesal Civil.  De la

prueba recibida, manifiesta, se desprende, con claridad, que su poderdante

litigó con evidente buena fe, al haber realizado un

favor a uno de los coactores.  Con doña M no hubo relación alguna.  Su representada es una institución sin fines de lucro y la demanda

tenía pretensiones exageradas.  El fallo solo acogió parte de los

ruegos, lo que hace que a su poderdante deba exonerársele del pago de las

costas.

En torno a lo

alegado por el recurrente, debe indicarse, en primer término, según se indicó

en el considerando II de esta sentencia, el Tribunal solo le impuso a la parte

demandada el reconocimiento de las costas personales, por lo que es a este

extremo a lo que se concreta el reparo.  En segundo lugar, en reiteradas

ocasiones, la mayoría de los integrantes de esta Sala ha señalado que la

condena al vencido del

pago de las costas tiene su origen en una norma imperativa.  En materia

agraria, La Ley

no. 6734, Ley de la

Jurisdicción Agraria, en el precepto 55, en lo de interés,

señala:  “Las sentencias, así como las resoluciones que pongan fin al

proceso, contendrán pronunciamiento sobre costas.”  En igual sentido,

el párrafo primero del precepto 221 del Código Procesal Civil, “en las

resoluciones previstas en los incisos 3) y 4) del artículo 153 se condenará al

vencido al pago de las costas personales y procesales.” Asimismo, la Ley de la Jurisdicción Agraria,

en la indicada norma, prevé la posibilidad de que el juzgador exonere de ese

pago: “[…]  La parte vencida

podrá ser exonerada del pago de las costas personales, y aún de las

procesales, cuando sea evidente que ha litigado de buena fe, por existir, a

juicio del tribunal, motivo suficiente para litigar, o porque las pretensiones

de la parte vencedora, en definitiva, resultaron desproporcionadas.” (Lo subrayado es suplido). De la misma manera, el numeral

222 del

Código Procesal Civil  señala:  “Exención.

/ No obstante lo dicho en el artículo que antecede, el juez podrá

eximir al vencido del pago de las costas personales, y aún de las procesales,

cuando haya litigado con evidente buena fe, cuando la demanda o contrademanda

comprendan pretensiones exageradas, cuando el fallo acoja solamente parte de

las peticiones fundamentales de la demanda o reconvención, cuando el fallo

admita defensas de importancia invocadas por el vencido, o cuando haya

vencimiento recíproco./ Podrá eximirlo también del pago de aquellas costas procesales

que se hubieren causado con peticiones o en diligencias de la contraria que, a

juicio del juez, deban ser calificadas de ociosas o innecesarias. / Si no hubiere especial condenatoria en costas, cada parte deberá

pagar las que hubiere causado, y ambas partes aquéllas que fueren comunes.” (Lo suplido no es del

original). De esta forma, la condenatoria en costas al vencido procede por el

hecho de serlo; en tanto que la exoneración, es una facultad del juzgador. En ese sentido, solo cuando hace uso de esta potestad, podría

incurrirse en una infracción sustantiva por indebida aplicación, errónea

interpretación o falta de actuación del

precepto. Distinto ocurre cuando el juez las impone al perdidoso, pues se

limita a emplear la regla general contemplada en la

normativa. De esta manera, no puede infringirse la

disposición si no se aplica la excepción a la regla; es decir, no puede

violentarse si no ejerce la facultad de exonerar de las costas al vencido.

Por este motivo, se estima que el reproche resulta inatendible

y deberá desestimarse.

En mérito de las

razones expuestas, débese rechazar el recurso formulado y confirmar el fallo

impugnado.