Resolución 00691-2012

Con base en los hechos

que expuso y disposiciones legales que citó, la actora planteó demanda

ordinaria, cuya cuantía se fijó en la suma de diez millones de colones, para en

sentencia se declare: “1. Con lugar la presente acción reivindicatoria.

2.

Se condene a los demandados a restituirme los terrenos que están poseyendo

ilegítimamente, terrenos ubicados en el distrito […], Matrículas (sic) […].

Se condene a los demandados a daños y perjuicios causados. Tales daños se estiman en CUATRO MILLONES

DE COLONES…Como perjuicios causados a mi persona se

estiman en SEIS MILLONES DE COLONES…

Por no tener

la posesión inmediata de mis fincas solicito se me concedan todos los extremos

pedidos en esta demanda. De manera que se me reconozca todos aquellos

gastos en que incurrí que fueron mencionados en el cuerpo de este

documento, así como

el interés fluctuante a la hora en que se dicte sentencia.

5.

Solicito se condene en ambas costas a los aquí demandados.”

Los demandados G. y J.

contestaron negativamente e interpusieron las excepciones de falta de derecho,

falta de legitimación y la expresión genérica de “sine actione agit”. El demandado I. no contestó por lo

que se le declaró rebelde y por contestados afirmativamente los hechos de la

demanda.

A la audiencia de

conciliación señalada a las 9 horas del

12 de setiembre de 2003, no asistieron las partes.

La Jueza Rebeca Salazar

Alcócer, en sentencia 91-10 de las 14 horas del 15 de octubre de 2010,

resolvió: “…se declara sin lugar en todos sus extremos el presente ordinario

de acción reivindicatoria opuesto por S. en contra de G.; I. y J., por no

cumplirse con unos de los prespuesto (sic) de validez (sic) necesario

(sic) en procesos como este. Son las costas a cargo de

la vencida.”

La actora apeló, y el Tribunal

Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, integrado por los Jueces

Carlos Picado Vargas, Enrique Ulate Chacón y Antonio Darcia Carranza, en voto

no. 0784-F-11 de las 9 horas del 27 de julio de 2011, dispuso: “En lo

apelado, se confirma la resolución recurrida.”

La parte actora formula recurso de

casación indicando las razones en que se apoya para  refutar la tesis del

Tribunal.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las

prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado González Camacho

I.-

En su demanda contra G., I. y J. (quien falleció en el curso de este proceso),

la señora S. señala, es propietaria de las fincas del partido de […],

matrículas […], las que adquirió por sucesión del señor R., quien fuera su

padre. Pese a ello, explica, no ejerce la posesión y

goce de los predios, en razón de que los demandados se niegan a abandonarlos. Puntualiza, el último (señor J.) poseyó por tolerancia de su padre

el inmueble […], luego lo hizo quien fuera su conviviente. Agrega, los

señores G. y I. se apoderaron de los terrenos, y alegan que un

tercero supuestamente se los vendió mientras se tramitó el sucesorio de su padre.

Sin embargo, sostiene, tal negocio no existió, tampoco

hubo un traspaso en el Registro Público. Añade, los tres predios son extensos y

contienen sembradíos de café, plátano, banano, naranja, limón dulce, limón

agrio, caña, entre otros, los cuales han aprovechado

los tres demandados, quienes no le han retribuido por ello, y además se han

negado a comprarle los fundos. En virtud de lo anterior, demandó para que en

sentencia se les condene a: a) restituir las fincas […] que poseen

ilegítimamente; b) pagar los daños en la suma de ¢4.000.000,00

al obstruir su posesión y por lesión psicológica, así como los perjuicios, por

el monto de ¢6.000.000,00 por impedírsele alquilar el inmueble […] y disfrutar

de las fincas y sus frutos; c) cancelar ambas costas del proceso. Para efecto

de un mejor entendimiento, y ante la falta de mención clara de la parte actora

desde su demanda, conviene indicar que de la lectura del expediente se extrae que reclama la

heredad […] a J., la […] a G. y la […] a I.. Tanto el

señor G. como el señor J.

se opusieron y formularon las excepciones de falta de: legitimación y derecho,

así como la

expresión genérica sine actione agit. El codemandado

no contestó

la demanda, por lo que fue declarado rebelde (folio 71). El Juzgado omitió pronunciamiento sobre las excepciones por

innecesario, declaró sin lugar la demanda y condenó a la parte actora al pago

de las costas. El Tribunal confirmó la sentencia del

Juzgado. Inconforme, S. establece recurso ante esta Sala.

II.-

La

parte actora, en el desarrollo de su impugnación inserta dos solicitudes. En la

primera, manifiesta aportar como prueba para mejor proveer “varias

solicitudes de usurpación contra dicho señor [G.], que fueron declaradas

sin lugar por varias autoridades judiciales, pero que solicito a esta honorable

Sala, sean consideradas para interrumpir la prescripción, ya que demuestran que

la suscrita siempre ha luchado por adquirir los terrenos que le corresponden

por ley y por herencia”. Se advierte en primer término

que no adjunta la documental que menciona. Al margen de lo anterior,

conforme a los preceptos 61 de la Ley de la Jurisdicción Agraria y 561 del

Código de Trabajo, la solicitud se rechazará. No considera esta Sala que tal probanza sea indispensable para la decisión de este

asunto. De más está decir que los demandados no opusieron la defensa de

prescripción, y por lo tanto, los fallos del Juzgado y del Tribunal no la

decretaron. En la segunda, solicita la recurrente se suspenda el conocimiento

de este asunto en razón de estar pendiente el dictado

de la sentencia en un proceso de nulidad del

título de propiedad contra G. (expediente 08-000509-0185-CI), donde pidió la

acumulación con este asunto, pero le fue rechazada por la juzgadora. Habrá de rechazarse la gestión. El canon 202 del

Código Procesal Civil (CPC) prevé el supuesto de prejudicialidad con relación a

procesos penales cuya decisión influya necesariamente en la que ha de adoptarse

en la jurisdicción civil (inciso 2). Además contempla la

suspensión cuando las partes lo soliciten de común acuerdo (inciso 3), o bien,

para el caso en que se decrete la acumulación (inciso 1 en concordancia con las

disposiciones 130 y 131 ibídem). En el sub júdice, no

se presenta ninguna de las hipótesis. En particular, se advierte que,

contrario a lo afirmado por la recurrente, no se observa haya peticionado

solicitud de acumulación –tal y como apuntó el Tribunal-; y en todo caso, de

haber sido planteada en el expediente 08-000509-0185-CI, informa la propia

recurrente, fue denegada, sin que sea este el cauce ni remedio para objetar esa

decisión.

III.-

La

recurrente acusa errónea apreciación de la prueba documental y testimonial. La

demanda, expresa, la estableció contra G., I.

y la sucesión de J., pero cada uno de ellos ocupa un

terreno distinto, los que ni siquiera son colindantes. No obstante, observa, el

Juzgado y el Tribual no refieren por separado a los demandados ni a los predios. Puntualiza, “no individualizan los tres

demandados y las tres fincas, y siempre omiten pronunciamiento sobre el

demandado I., este es uno de los yerros por el fondo y por la forma que

arrastra incluso primera instancia, ya que no analizan reitero toda la prueba

dada en el expediente” Agrega, en el caso de I. “es un demandado rebelde,

que incluso no se desprende del expediente que lo sea, ni lo aclara nunca ni

primera ni segunda instancia, ni menos ofreció prueba de descargo, por lo que

no es cierto que sobre dicho demandado exista un legítimo título que lo

acredite a ser dueño del terreno que este ocupa actualmente”. Respecto a la

finca n.° 1-152625-000, detalla que es ocupada por el

señor G., lo cual se constató con la indicación del señor B. (no identifica

cuáles son sus apellidos) durante la inspección judicial. Además, específica,

el perito R. A. determinó que entre su terreno y el que ocupa ese demandado hay traslape. Lo que, dice, se observa también

en los planos, pues aún cuando la información sobre el distrito o cantón

difiere, hay identidad de objeto. Explicita, en 1986 el señor G. adquirió el

bien de forma ilegítima mediante información posesoria, pues fue ella en 1997 quien lo recibió en herencia sin conocer que ya

aquél tenía el ilegítimo título. En ese orden,

manifiesta, antes de 1997 no podía defenderlo; en todo caso, planteó diversos

procesos en su contra por usurpación, que interrumpieron la prescripción. En

defecto de la suspensión por prejudicialidad (ver considerando II), peticiona,

se declare sin lugar la prescripción, ya que además de lo dicho (es decir, que

planteó diversas acciones “para no perder mis terrenos”), no estableció

antes este proceso por mala asesoría jurídica, y al ser de escasos recursos fue

hasta “hace poco tiempo” que pudo obtener los planos y constatar el

traslape. En lo relativo al predio [...], detalla, es ocupado por I.. Asevera, ese codemandado es

rebelde; sin embargo tal circunstancia no consta en el expediente y no se

analizó el interrogatorio que entregó en sobre cerrado. Continúa, ese terreno le pertenece, tal y como

se demuestra con los planos y certificación del Registro aportados; también, se

acreditó que el señor I. lo ha poseído y que

ha establecido en su contra interdictos de amparo de posesión, lo cual consta

en el expediente. Asimismo, detalla, ese accionado le

ha amenazado de muerte y destruye lo que siembra allí. Todo

esto se puede observar en el expediente 07-000077-699-AG. Agrega, como

se comprobó con la inspección, esa finca está abandonada. Prosigue, I. nunca

demostró tener posesión legítima, por la prueba confesional debió darse por

ciertos los hechos de la demanda, sin embargo, esto los juzgadores no lo

analizaron “e incluso omiten su nombre en el considerando tanto del fallo de primera instancia como del

fallo de segunda instancia”. La pericial, denuncia, no fue valorada. En cuanto al fundo […], narra, fue habitado por J. y actualmente

por su esposa. Esa heredad, aclara, le fue vendida a J. y “no es solo

su casa de habitación sino la totalidad del

inmueble y como lo menciona el perito (…)

existe traslape sobre este terreno, lo que demuestra que este demandado no es

dueño de la totalidad del

terreno que pretende la actora se le ponga en posesión”. Añade, tampoco

demostró que él fuera el dueño de la totalidad del terreno ni “que dicha

finca haya sido segregada”, de manera que es sobre “el resto de la

propiedad que debe declararse con lugar la demanda” y dársele la posesión.

Por último, menciona la acción reivindicatoria está subordinada a la “acción

personal de nulidad, ya que ambos (…) el 08-509-185-CI” y este se tramitan en mismo Juzgado y derivan del mismo hecho.

De la anterior reseña

se observa que la recurrente, pese a no identificar puntualmente los vicios que

encuentra en el fallo, en su desarrollo expone dos disconformidades. La

primera, relativa a una incongruencia. La segunda, sobre la indebida valoración

de las probanzas. En estos términos, se conocerá el recurso.

Respecto de la primera (incongruencia), alega que el Tribunal y el Juzgado no

individualizan a los tres demandados y los tres terrenos, a lo que añade; ambos

órganos omiten pronunciamiento sobre el demandado I.,

quien además de ser rebelde y no presentar prueba de descargo, no detenta un título legítimo sobre el predio que ocupa. La

recriminación ha de denegarse por las siguientes razones. En materia agraria,

conforme al precepto 61 de la Ley de la Jurisdicción Agraria, el recurso ante

esta Sala se rige por el Capítulo V del Título VII del Código de Trabajo. De

esta manera, únicamente procede por motivos sustantivos, salvo que se trate de un vicio que opere directamente en la sentencia impugnada;

en ese tanto, ha de estarse a la regulación del CPC, en concreto a las causales

contenidas el canon 594, entre ellas, la incongruencia (inciso 3) ibídem). En

este sentido la sentencia n.° 971-F-SI-2011 de las 8 horas 20 minutos del 23 de

agosto de 2011 de esta Cámara. Así las cosas, en tanto lo recriminado recae en este caso sobre el fallo, procede conocer el cargo. No

obstante, esta Sala discrepa con la actora, en cuanto asevera que el Juzgado no

se pronunció sobre el demandado I.. En este aspecto no lleva razón. En el considerando XI de ese fallo se explicitan los motivos por los cuales estimó

que la demanda debía rechazarse contra ese demandado. Ahora bien, en cuanto a

la sentencia del Tribunal, si bien esta Sala ha señalado que el vicio de

incongruencia también procede respecto de los fallos dictados a raíz de los

recursos de apelación (ver en este sentido la resolución n.°

793-F-SI-2009 de las 16 horas 5 minutos del 30 de julio de 2009), el reclamo se

debe apegar a las mismas normas de que regulan el recurso de casación en el

CPC. Esto es, ante una incongruencia por infrapetita

necesariamente ha de haber peticionado la parte interesada la rectificación del vicio mediante la solicitud de adición (párrafo

segundo del inciso 3) del

precepto 594 del

CPC). En el sub lite, en efecto, se extraña en el fallo del

Tribunal referencia a la situación del

demandado I., en concreto sobre si él ejerce

posesión, y por lo tanto, no se le califica. Se limitaron los juzgadores a

referir los actos posesorios de los señores G. y J..

De esta manera, excluyeron del

análisis en lo relativo a aquel sujeto y del

inmueble [...]. Ello a pesar de que en el recurso de apelación, la parte actora

reclamó que se demostró su titularidad así como la posesión ilegítima que

ejerce I., lo que a su juicio se deducía del reconocimiento judicial, los

planos catastrados, la certificación del Registro Público, las fotocopias de

los interdictos de amparo de posesión, la pericial y de su rebeldía, y destacó

además era a I. a quien correspondía la carga de la prueba. Así las cosas, aún

cuando el Juzgado sí manifestó las razones por las que la demanda contra I. no

era –en su parecer- procedente, el Tribunal no se pronunció sobre ellas, y

rechazó el recurso sin conocer ni emitir criterio sobre los alegatos de la

apelante. Por este motivo se llama la atención del

Tribunal. A pesar de ello, como

ya se adelantó, en tanto la parte actora no planteó la corrección oportuna del yerro, tal y como

exige el precepto 594 inciso 3) del

CPC, el cargo deberá desestimarse.

En lo tocante a la

segunda disconformidad relativa a sobre la indebida valoración de las

probanzas, conviene referir de previo los hechos que el Juzgado tuvo por

demostrados: 1) la señora S. es propietaria registral de las fincas [...], las

que adquirió por herencia; 2) el señor G. es dueño en el Registro Público del

predio […]; 3) el inmueble […] estuvo inscrito a nombre de J. y actualmente

pertenece a E.; 4) los planos n.° […] de la finca […], y el […] del fundo […]

se traslapan; 5) el plano n.° […] del inmueble […] se sobrepone al plano n.° […]

de la heredad […]; 6) la señora S. estableció proceso penal por el delito de

usurpación contra los demandados, donde se discutieron las mismas fincas y se

dictó un sobreseimiento definitivo por no enmarcarse lo denunciado en el tipo,

pues los denunciados presentaron pruebas de su titularidad sobre los bienes

supuestamente usurpados “y además se desprende los autos que ellos tenían

mucho tiempo de poseer”. Dispuso la juzgadora que había

una falta de legitimación pasiva de los tres demandados. Señaló, en

estos casos el sujeto demandado ha de haber ejercicio

actos posesorios ilegítimos, y se demostró que el señor G. y quien en vida

fuera J. ejercen posesión efectiva de los inmuebles al amparo de títulos de

propiedad debidamente inscritos. En cuanto al señor I., estimó que, pese a que

se le declaró rebelde, no hay prueba de que sea un poseedor ilegítimo, ya que

la actora no aportó elementos sobre sus afirmaciones, y consta además que el

Juzgado Penal de Cartago le sobreseyó en forma definitiva de la causa por

usurpación que en su contra planteó la actora. Por esa falta de legitimación

omitió pronunciamiento de las excepciones establecidas, declaró sin lugar la

demanda, y condenó en costas a la parte demandante. El Tribunal prohíjo los

hechos probados del Juzgado. Sobre el primer reclamo

de la apelante, indicó, de la lectura del expediente no existió

solicitud de acumulación de los procesos, además de que al haberse dictado

sentencia en el otro proceso no procede la acumulación, la que precluyó. En

cuanto al segundo agravio, señaló primero que al no haberse peticionado la

invalidez de la información posesoria que creó el título del demandado (a lo

que esta Sala anota sin identificar cuál de ellos), no puede conocerse el cargo

sobre dicha nulidad. Añadió, si bien la actora demostró ser propietaria

registral de los predios que pretende reivindicar y el traslape de las fincas

poseídas, no se puede tener por poseedores ilegítimos a los señores G. y J., ya

que ostentan la titularidad registral de los inmuebles […] respectivamente, y

no se pretendió en este asunto la nulidad de dichas fincas.

En primer término,

reclama la señora S. que respecto a la finca ocupada por el señor G. y la que

fue habitada por el señor J. se demostró la posesión y el traslape de los

planos con las suyas. En el sub lite, el Juzgado (en los hechos probados) y el

Tribunal determinaron que si bien el perito afirmó la existencia del traslape

entre los predios que pretende reivindicar la actora […], y las fincas […] de G.

y J. respectivamente, la posesión que ejercen dichos sujetos se encuentra

amparada en los títulos de propiedad inscritos en el Registro Público. De esta manera, ambos órganos arribaron a la conclusión que

precisamente la recurrente desprende de esa prueba (cual es la existencia de la

sobreposición de los inmuebles). Así, el vicio que

acusa en cuanto a la valoración de la prueba no se verifica. Ahora bien, la disconformidad que plantea la recurrente es que pese

al traslape y la posesión de los demandados, su pretensión no haya sido

acogida. Sin embargo, y producto del

enfoque que por error en la apreciación de las probazas desarrolla, omite

atacar el motivo que esgrimió el Tribunal (así como el Juzgado) para denegar su demanda,

cual es la existencia de los títulos. De esta suerte, al no combatir el

argumento del

fallo impugnado, el cargo deberá rechazarse en lo que respecta a los demandados

J. y G.. En todo caso, note la parte actora que sus

pretensiones  en cuanto a estas personas fueron

denegadas al no demostrarse la ilegitimidad de la posesión que ejercen, ya que

ostentan títulos de propiedad debidamente inscritos en el Registro Público. En

materia de reivindicaciones, esta Sala ha reiterado que para el acogimiento de

la demanda se requieren tres presupuestos: la legitimación activa, la pasiva y

la identidad del

bien. La primera implica que la parte actora ostente la titularidad de la cosa.

La legitimación pasiva, que el sujeto demandado sea el poseedor en carácter

ilegítimo. Y por último, la identidad refiere a que el bien

reclamado coincida con el poseído por el demandado. La falta de uno de

estos presupuestos implica la denegatoria (puede consultarse en este sentido la

sentencia n.° 886-F-2006 de las 9 horas 40 minutos del 10 de noviembre de

2006). En lo que a este asunto interesa, y siempre a

mayor abundamiento de razones, ha de insistirse que en cuanto al segundo

presupuesto (la legitimación pasiva) se requiere el ejercicio de la posesión,

la que ha de ser ilegítima, esto es, sin título o derecho que la habilite. De

esta manera, si sobre el terreno en litigio el sujeto demandado posee un título, como

lo es el derecho de propiedad (debidamente inscrito en el Registro Público), su

posesión no puede calificarse de ilegítima. En ese

entendido, al no haberse peticionado la nulidad en este proceso de los derechos

de los señores G. y J.  –tal y como señaló el Tribunal-, la acción

reivindicatoria no puede prosperar contra ellos, pues la posesión no reúne la

condición de ilegítima.

Por otra parte, en

cuanto al señor I. manifiesta la recurrente que: a) de los planos y

certificación de Registro aportados se desprende que el bien le pertenece; b)

se acreditó la posesión de ese demandado sobre su terreno con los interdictos

de amparo que aquél presentó en su contra; y c) fue además declarado rebelde

sin que demostrara que su posesión era legítima. Al respecto –se reitera- el

Juzgado consideró que no obstante la rebeldía, la actora no allegó probanzas

sobre la ilegitimidad de la posesión, a lo que se suma

el sobreseimiento definitivo que el Juzgado Penal de Cartago dictó a favor de I. por el delito de usurpación. El Tribunal –como

se apuntó en el considerando IV y se observa en el V- no hizo mención alguna a

la propiedad [...] de la actora ni a este demandado. La parte interesada, como se indicó, no gestionó

adición del

fallo del Tribunal. Y por ello el cargo en lo que a este

demandado respecta también deberá desestimarse. Al margen de lo anterior, cabe

advertir que conforme al numeral 317 del CPC, la carga de la prueba sobre las

afirmaciones de los hechos constitutivos de su supuesto derecho corresponde a

quien formule la pretensión (parte actora o contrademandante); por otro lado,

incumbe a quien se opone a una pretensión demostrar sus afirmaciones sobre

hechos impeditivos, modificativos o extintivos del derecho de la parte actora.

En este entendido, corresponde a la parte demandante

demostrar su titularidad sobre el bien que pretende reivindicar, la posesión del demandado sobre ese

mismo inmueble (la identidad material entre su predio y el que posee el

demandado), y aportar todo aquel elemento que permita considerarla ilegítima.

Así, deberá demostrar que es la propietaria, aportando por ejemplo la

certificación emitida por el Registro Público donde conste ese

hecho. De seguido, debe demostrar que el terreno que posee la parte contraria

coincide con el que está inscrito a su nombre en el Registro Público. Esta

circunstancia determina que la posesión sea ilegítima, salvo que el demandado,

cumpliendo con su deber probatorio, acredite sus afirmaciones sobre los hechos

impeditivos, modificativos o extintivos del derecho de la demandante (así

por ejemplo, acreditando la existencia de un título). La posesión del demandado

puede acreditarla la parte actora con distintas probanzas, sin embargo, para

establecer que es en efecto sobre el bien que pretende reivindicar, resulta

necesario que aporte un elemento indiscutible sobre la identidad del bien

inscrito con el poseído. Para ello es insuficiente la prueba testimonial, pues el deponente

(ofrecido en esa condición) no tiene el conocimiento técnico para determinar

esa circunstancia, únicamente podrá referir lo que ha percibido sobre los

hechos de la demanda. Ahora bien, en algunas hipótesis, otras probanzas

podrán resultar por sí mismas suficientes (siempre que

necesariamente se extraiga esa conclusión), así por ejemplo, la confesional

rendida, o bien una documental, sin embargo ello dependerá de cada caso

particular. La prueba idónea para establecer la identidad del bien es la

pericial, pues es la que determina puntualmente si hay coincidencia entre el

terreno poseído y el registrado a nombre de la parte demandante. En este caso, el Juzgado (lo que prohijó el Tribunal) tuvo por

demostrado que la señora S. es, según el Registro Público, la propietaria de la

finca [...]. Además señaló ese órgano, “no hay

prueba (…) que sea un poseedor ilegítimo, pues lo único que consta en

autos es lo dicho por la actora en su escrito de demanda sin ofrecer prueba al

respecto, siendo que así le corresponde”. De esta suerte, se tiene por

probado que la parte demandante es dueña del predio [...]. Asimismo, que el

señor I. posee un bien, pues interpuso interdicto de amparo de posesión contra

la señora S., por la finca que identificó en esa oportunidad como inscrita a su

nombre, número […], derechos 001 y 002 (folio 670 que corresponde a una

certificación aportada por la parte demandante). Cabe anotar que en ese proceso (a saber el 07-000077-0699-AG), la señora S.

contestó la demanda, indicó ser dueña de la finca [...] sobre la que realizó

trabajos de limpieza, y negó haber efectuado esas labores en la propiedad del señor I. (folio

687). Por consiguiente, para noviembre de 2007 (fecha en que estableció el

interdicto) el señor

ejercía la posesión de un

predio, que la señora S. identificaba como

suyo: el [...], el cual es el mismo que ahora la última reclama en el sub lite.

No obstante lo anterior, ello no demuestra de manera irrefutable que la finca [...]

de la actora coincide materialmente con el predio que ocupaba el señor I. (y sobre el que en ese

momento él alegó tener derecho de propiedad). Si bien no hay en el expediente

alguna probanza donde conste el título a que se hace referencia en ese

interdicto, como se verá de seguido, tampoco se observan elementos que permitan

concluir que el terreno que I. poseía, es el mismo que está titulado a favor de

la actora. El testigo F., ofrecido por la demandante, se limitó a señalar: “Saber

si son ahora del

señor J., don G. y de don I., quien creo que

se lo dio a un hijo, no se (sic) si los adquirieron o cual (sic) es

la razón por la que ellos tiene esos terrenos”. Añadió, “Los terrenos

están como

de ellos, me refiero a los demandados. Ellos tendrían unos veinticinco años de

ocupar cada uno de esos terrenos, quizás a partir de la muerte del señor R.,

aunque desconozco si ellos los compraron o porque razón pasaron a ocuparlos.

Aunque la actora me ha dicho que son de ella”.

Ante las preguntas del

representante de J., expresó “Yo sería mentirle si he visto los planos de

los terrenos, o que los haya medido. He indicado la medida aproximada de los

terrenos, porque (sic) la actora tiene los planos y ella me había dicho

cuanto medían.,(sic)

y yo conozco los terrenos” (folios 526 a 527). Este elemento de convicción no

resulta determinante en cuanto a la coincidencia del inmueble. Como testigo –según se mencionó- solo manifiesta lo que

conoce a través de sus sentidos, no emite opiniones con base en conocimientos

técnicos ni su experticia; y en todo caso, si así lo

hiciese, tales manifestaciones no podrían tener ese peso, precisamente por no

ser y no haber sido ofrecido como

experto en el campo. Igual ocurre, con el deponente A. M. (de

la parte demandada), quien además únicamente comentó sobre la finca que ocupa

el señor G. (folios 450 a

451). Así, demás está decir que la testimonial evacuada no permite

concluir la identidad del bien, en primer término,

porque no refirió aspecto alguno en ese sentido, pero más importante, por

cuanto no es la adecuada para ello. Por otra parte, tampoco son concluyentes el

informe rendido por el ingeniero civil, R. A., ni su

aclaración y ampliación (folios 806

a 824 y 837

a 840). Si bien la prueba técnica es –como se dijo- la

idónea para efecto de determinar el tercer presupuesto en una acción

reivindicatoria, la que se rindió en este asunto es insuficiente. De ambos

(informe y ampliación y aclaración) se observa que sobre el inmueble [...] el

perito únicamente menciona “le pertenece por herencia a la actora (…)

el área indicada en este documento es de 14.000,00 M2, además del informe registral, este terreno cuenta con un plano catastrado N° […] a

nombre de la actora y el área indicada es de A=13.545.16 M2”. No refiere si

hay o no un traslape como ocurre con los predios […] de la actora

y la inscrita a nombre de G. (que es la 1-332245, folio 27). En el caso del

fundo […], de lo determinado por el profesional se deduce que el plano de dicho

inmueble coincide parcialmente con la porción de terreno que identifica el

plano […] y que corresponde a la finca […] (que pertenece registralmente a E.,

quien fuera la esposa del demandado J.); sin embargo, no hay análisis en

similar sentido respecto del predio […]. De esta forma, el perito se limitó a

reiterar lo que se lee del

informe registral y del plano catastrado (que adjunta), pero no

emitió su criterio sobre un traslape de planos, la coincidencia parcial de

planos, o bien que haya encontrado identidad entre un terreno que visitó y el […]

de la actora. La parte interesada, señora S., no solicitó, conforme al precepto

407 del CPC, se ampliara el informe en ese sentido, su petición se dirigió

sobre otros aspectos (folios 825 y 826), y de la respuesta no se desprende tal

determinación. Por consiguiente, y como bien dispuso

el Juzgado, no hay probanzas que acrediten la posesión del demandado I. sobre

la finca […] de la actora. Ergo, respecto a este

último tampoco se produciría el yerro que endilga la recurrente al fallo.

Por otro lado, se hace

ver a la parte actora que los efectos de la rebeldía del

demandado no la relevan de la carga probatoria que le corresponde al tenor de

la norma 317 del

CPC. No obstante el precepto 310 del mismo cuerpo normativo dispone que ante la

no contestación del demandado dentro del emplazamiento, se le declarará rebelde

y se tendrán por contestados afirmativamente los hechos, el órgano juzgador

está llamado a decidir la controversia en atención a tres presupuestos de orden

sustantivo: el interés actual, la legitimación y el derecho, de ahí su examen

oficioso (puede consultarse la resolución n.° 1023-F-SI-2009 de las 14 horas 50

minutos del primero de octubre de 2009). Esto significa que ha de emitir su

pronunciamiento conforme a las pruebas que rolen en el expediente y tomando en

consideración el deber probatorio que pesa sobre las partes; en este particular

caso, el de la demandante, a quien correspondía –como se anotó en el

considerando VII- acreditar sus afirmaciones sobre las circunstancias

constitutivas del derecho que alegaba. A más de lo anterior,

la confesión ficta no tiene el valor de plena prueba. En este sentido,

esta Sala ha manifestado que ese efecto se atribuye cuando la parte declara

sobre hechos que le perjudican, no así cuando no comparece, pues en ese

entendido, esa probanza deberá valorarse junto con el resto de elementos

(sentencia n.° 801-F-2002 de las 11 horas 10 minutos

del 18 de octubre de 2002, reiterada en la n.° 1256-F-SI-2009 de las 10 horas

10 minutos del 10 de diciembre de 2009).

En virtud de lo

expuesto, al no hallarse los dos vicios que alega en su recurso la parte

actora, se desestimará dicha impugnación y se confirmará la sentencia.