Resolución 00357-2012

Con

base en el Contrato General de Comisión n.° 13526, suscrito por el J.  y

Popular Valores Puesto de Bolsa S.A. el 20 de setiembre de 2004, en el cual

expresamente se estableció que dicho contrato era sólo para la compra y venta

de bonos y se anularon las opciones de cualquier otro tipo de inversión; acude

el actor ante el Tribunal Arbitral, a fin de que en laudo:“

Que se acoja en su totalidad la presente demanda ordinaria;

2.

La Nulidad Absoluta de la Cláusula 6.1 del "Contrato general

de comisión para la realización de operaciones bursátiles a través de Popular

Valores Puesto de Bolsa, S.A.", que he suscrito con Popular Valores Puesto

de Bolsa S.A., que es el número […], de 20 de setiembre del (sic) 2004;

La Nulidad Absoluta del Párrafo Segundo de la Cláusula 4.3 del

Contrato General de Comisión que he suscrito con Popular Valores Puesto de

Bolsa, S.A., que es Número […], de 20 de setiembre del (sic) 2004, por

cuanto no es claro ni preciso sobre el momento en que debe iniciar el proceso

para que el cliente firme las boletas de transacción conrelación al plazo de

los 5 días hábiles que establece la cláusula.

La Nulidad Absoluta de

la carta fechada 22 de febrero de 2008 firmada por mi persona, por cuanto no

cumple con las formalidad (sic) estipuladas en el contrato principal,

sea el Contrato General de Comisión, que he suscrito con Popular Valores Puesto

de Bolsa, S.A., que es el Número […], de 20 de setiembre del (sic) 2004;

La Nulidad Absoluta del "Plan de Negocios" firmado

entre el Agente de Bolsa y el Gerente General de Popular Valores Puesto de

Bolsa S.A. y mi persona, por cuanto no se ajusta a los límites establecidos en

el Contrato General de Comisión de marras, ni a las formalidades exigidas en dicho

contrato y en la normativa de la Bolsa Nacional de Valores;

Responsable por

su accionar conrario a lo establecido por el ordenamiento jurídico que rige la

materia bursátil y la culpabilidad del co-demandado Popular Valores

Puesto de Bolsa, S.A., por incumplimiento del Contrato General de Comisión, Número

[…], suscrito con mi persona el día 20 de setiembre de 2004;

Por haber sido

efectuadas contrarias a derecho, la nulidad de todas las transacciones de

venta de dólares Boletas Números: […], realizadas por Popular Valores

Puesto de Bolsa, S.A., las que en su valor de liquidación suman un monto global

de $ 228.831.04, (doscientos veintiocho mil ochocientos treinta y un dólares,

cuatro centavos de dólar), moneda de curso legal de los Estados Unidos de

América y además, sean declarados como actos viciados de nulidad absoluta y se

ordene su inaplicabilidad, dejando los mismos sin ningún efecto o valor legal, responsabilizando

por tales actos a Popular Valores Puesto de Bolsa S.A., así como a su

Agente de Bolsa, el señor V.. Ante la eventualidad de que materialmente esto

fuere imposible, entonces deberán restituirse con valores de la misma especie y

calidad. Ello comprende además, que Popular Valores Puesto de Bolsa, S.A. y su

Agente de Bolsa, el señor V., deban asumir solidariamente y en mi favor, el

pago de los intereses que correspondan desde el día 28 de febrero del (sic)

2008, a

la fecha en que efectivamente, sean restituidas las cosas a su estado original;

Por su accionar apartado del ordenamiento jurídico que rige la materia

bursátil y sean declarados responsables todos los co-demandados,

sea V., Popular Valores Puesto de Bolsa S.A., Superintendencia General de

Valores y Bolsa Nacional de Valores, S.A., y  se les condene de

forma solidaria, al pago de los daños y perjuicios que me han causado,

de forma tal que por daño material y perjuicios asuman

solidariamente la totalidad de las operaciones d compra de bonos en colones y

operaciones de apalancamiento, o sea recompras en colones, que se realizaron

desde el 28 de febrero del (sic) 2008 hasta la fecha; sean las

operaciones de compra de Bonos del Gobierno y del Banco Central en colones, por

Valor de Costo por un monto de ¢ 1,124,117,575.80, (un mil ciento veinticuatro

millones ciento diecisiete mil quinientos setenta y cinco colones con ochenta

céntimos),  conforme a las Boletas de Operación Números […]; y

consecuentemente todas las recompras en posición de VENTA A PLAZO en colones

que se generaron a partir del 28 de febrero del (sic) 2008 y que aun

continúan renovándose, junto con la totalidad de las pérdidas que arrastran,

además, que sean declarados como actos viciados de nulidad absoluta y se ordene

su inaplicabilidad, dejando los mismos sin ningún efecto o valor legal, de

forma tal que las operaciones en colones de compra y recompra sean eliminadas

de mi cuenta cliente número […] con Populares Valores Puesto de Bolsa S.A. y

así ya no tenga ninguna operación de recompras en posición de venta a plazo en

colones, a mi nombre y por daño moral: deben ser condenados

solidariamente a pagarme la suma de $ 412.000.00 (cuatrocientos doce mil

dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), que

corresponde al valor de las inversiones que yo mantenía en Popular Valores

Puesto de Bolsa, S.A., al 28 de febrero del (sic) 2008, y que ha estado

en riesgo de liquidarse en su totalidad, siendo su equivalente en colones al

tipo de cambio de hoy, sea  ¢ 522,00 por cada dólar, la suma de ¢ 217.152.100,00

(Doscientos diecisiete millones ciento cincuenta y dos mil ciento colones);

Responsables por su accionar apartado del ordenamiento

jurídico que rige la materia bursátil y sean condenados

disciplinariamente todos los co-demandados,  como corresponda,

conforme lo establecen las disposiciones de la Ley Reguladora del Mercado de

Valores y los Reglamentos correspondientes, además de la Ley 7337 de 5 de mayo

de 1993:

Responsables  de sus actuaciones divorciadas de

lo que al respecto establecen las normas que regulan la actividad bursátil a

todos los co-demandados y que  se les condene solidariamente al pago

de las costas procesales y personales  de la presente demanda

ordinaria."

La

codemandada Bolsa Nacional de Valores S.A. contestó negativamente e interpuso

la defensa previa de falta de competencia y las excepciones de falta de

legitimación pasiva y falta de derecho, así como la expresión genérica de "sine

actione agit."

El

Banco Central de Costa Rica contestó negativamente e interpuso las excepciones

de falta de derecho y falta de legitimación pasiva; así como la expresión

genérica de "sine actione agit."

4.

El codemandado V. contestó

negativamente y opuso las excepciones de falta de competencia, falta de derecho

y contrato no cumplido.

5.

Popular Valores Puesto de Bolsa

S.A. contestó negativamente e interpuso las excepciones de falta de competencia

en razón de la materia y falta de derecho.

La

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en resolución n.°

000146-C-S1-2009 de las 15 horas 10 minutos del 12 de febrero de 2009, dispuso:

"Se declara que el conocimiento del presente proceso será del Tribunal

Arbitral correspondiente."

Mediante

resolución n.° 3 de las 8 horas del 14 de julio de 2010, el Tribunal

Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa

Rica, requirió a las partes hacer el depósito de los montos correspondientes

por concepto de honorarios del Tribunal Arbitral, costos administrativos del

Centro de Conciliación y Arbitraje y, gastos de grabación y transcripción de

audiencias orales. Posteriormente, ante el incumplimiento de la parte actora,

en resolución n.° 5 previno a Popular Valores Puesto de Bolsa S.A. completar el

faltante de dinero, a lo que la sociedad codemandada contestó no iba a

realizarlo ya que no tenía interés en el proceso.

El

Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de

Comercio de Costa Rica, integrado por los árbitros Gino Capella M., Xinia

Alfaro Mena y Anayansy Rojas Chan, en resolución n.° 6 de las 9 horas del 24 de

agosto de 2010, resolvió: "III. [...] de conformidad con el

artículo 38 inciso 4° del Reglamento de Arbitraje del CCA, se da por terminado

el presente proceso arbitral [...]"

El

actor interpone recurso de nulidad indicando expresamente las razones en que se

apoya para refutar la tesis del Tribunal Arbitral.

10.

En los procedimientos ante esta

Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la magistrada Escoto Fernández

El

Tribunal Arbitral emitió la resolución número 6 de las 9 horas del 24 de agosto

de 2010, en donde dio por terminado el proceso. Consideró que el 14 de julio de

2010 se le había requerido a las partes, cubrieran los montos relativos a

honorarios del Tribunal Arbitral, costos administrativos del Centro de

Conciliación y Arbitraje (por sus siglas CCA) y gastos de grabación y

trascripción de audiencias orales. Solo la codemandada: Popular Valores Puesto

de Bolsa S.A., cumplió con lo pedido. Dado lo anterior, el 18 de agosto

siguiente del mismo año, se le previno a esa empresa que ante el incumplimiento

de las demás partes, en el plazo de 10 días completara el dinero restante. El

19 de agosto de 2010 contestó que no iba a realizar el depósito, dado que no

tenía interés en el asunto. En virtud de lo anterior, el Tribunal, de

conformidad con el artículo 38 inciso 4) del Reglamento de Arbitraje del CCA,

dio por terminado el proceso.

II.

Dicha decisión la combate la parte actora, J.; quien pretende su nulidad. De

manera sucinta dice que se incurre en varias irregularidades, entre otras, que

se omitiera pronunciamiento sobre asuntos sometidos al arbitraje; se haya

violentado el principio del debido proceso; se resolviera en contra de normas

imperativas de orden público; que la controversia no era susceptible de

arbitraje y que el Tribunal carecía de competencia para conocerlo.

En

otras ocasiones esta Sala ha expresado: “El proceso arbitral es una

alternativa a la justicia ordinaria. Su justificación más relevante es la de

permitir una vía mas expedita, menos formal y más certera para la solución del

conflicto. Supone, por consiguiente, un proceso de mayor ajuste a la naturaleza

de la controversia y al interés de las partes, quienes lógicamente buscan una

solución oportuna y real a su diferencia. Por eso normalmente se elige como

juzgadores a personas con experiencia específica en la materia del debate, cuya

designación, directa o indirectamente, la hacen las mismas partes. Al ser por

definición un proceso alternativo, es consustancial a su naturaleza que las

autoridades del orden judicial tengan en él la menor injerencia posible. Nuestra

legislación, gradualmente, ha ido enfatizando su autonomía. Actualmente no es

el arbitraje, como lo fue hasta un pasado reciente, un

procedimiento especial más dentro del proceso civil, con reiteradas

participaciones de los tribunales ordinarios en sus diferentes estadios. En la

Ley Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, No

7727 de 9 de diciembre de 1997, aquella injerencia fue reducida a su mínima

expresión. Hoy, en ejercicio de la autonomía de la voluntad pueden las partes

determinar el contenido del procedimiento, sin otra restricción que respetar

los principios del debido proceso, el derecho de defensa y el de contradicción.

(Art. 39 de aquella ley). La desvinculación con la justicia ordinaria, se ha

tratado de ahondar prohibiendo incluso que las autoridades judiciales puedan

siquiera ser investidas como árbitros (Art. 25 in fine). De este modo la

intervención judicial se reduce en la legislación vigente a las siguientes

conductas: Designación de árbitros frente a inercia de las partes, designación

en órganos colegiados del tercer miembro cuando no hubiere acuerdo entre los

otros dos, resolución definitiva en conflictos de competencia como

última instancia y, la más importante, el examen del laudo por vicios

de nulidad. Jurisprudencialmente, frente a omisiones manifiestas de la ley, se

ha ampliado esa intervención a la recusación del órgano unipersonal, y

también del colegiado, cuando la causal alcanza simultáneamente a todos sus miembros …” (Consúltese al respecto la resolución no.

748-F-02 de las 16 horas del 2 de octubre del 2002). Además, en forma

reiterada, ha señalado que el recurso de nulidad contra los laudos se ha

concebido para garantizar la correcta tramitación del proceso arbitral. Se

pretende satisfacer el debido proceso y la seguridad jurídica a través de la

recta aplicación del procedimiento establecido, por lo que la Ley de Resolución

Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social (Ley RAC), en su artículo

67, preceptúa causales taxativas de nulidad procedentes contra la sentencia

arbitral, que se circunscriben a los siguientes motivos: a) cuando su dictado

sobrepase el plazo acordado por las partes para ese fallo, b) si

el laudo no abarca todos los puntos sometidos al arbitraje necesarios

para su eficacia y validez, c) cuando resuelva puntos no sometidos a arbitraje,

d) si versare sobre un tema no susceptible de arbitraje, e) violare el

principio del debido proceso, f) fuere pronunciado contrariando normas

imperativas o de orden público, y, g) si el tribunal arbitral encargado de

resolver la controversia no fuere competente. En todos los casos el recurrente

debe plantear técnica y ordenadamente las causales, estando obligado a explicar

las razones claras y precisas en las cuales funda su reclamo. Como se observa,

con las excepciones específicas de los incisos d) y f), únicamente es posible

aducir infracciones de índole procesal que atenten contra la validez del fallo

arbitral.”. Fallo de las 11 horas 40 minutos del 17 de junio de 2004,

correspondiente al voto número 504; así como la de las 12 horas del 11 de

diciembre de 2006, que responde al voto número 964. En el caso particular,

estima esta Sala que la resolución del Tribunal arbitral que pretende anular el

señor J. no se encuentra dentro de los supuestos antes descritos; en virtud de

ello, esta Sala no tienen competencia para conocer su reclamo. En esta línea de

pensamiento, lo que corresponde es rechazar el recurso interpuesto por

improcedente.