Resolución 00269-2012

1.

Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, el actor

estableció demanda ordinaria cuya cuantía se fijó en la suma de diez millones

de colones, a fin de que en sentencia se declare: "1) Que adquirí el

Inmueble (sic) del Partido de [...] Folio Real [...] por escritura

otorgada a mi favor de la poseción (sic) y mejoras.

Se ordene al

Albacea del proceso Susesorio (sic) a otrogar (sic) a mi favor el

traspaso de ese Inmueble (sic), tal y como se comprometió el causante en

la citada escritura.

El suscrito ha poseído por más de 10 años en forma

quieta-pública y pacífica, en calidad de propietario adquiriendo el derecho de

propiedad por las condiciones y el plazo indicado.

He introducido

millonarias mejoras de buena fé  (sic) en caso de no reconocer mi

derecho de propiedad, las mismas me deben ser canceladas fijando su monto en

ejecución de sentencia, sin que se me pueda desalojar sin hacer efectivo ese

pago.

Se recozca (sic) mi derecho de permanencia en ese lugar.

Condénese

a los demandados al pago de amboas (sic) costas.

En caso de no

declararse mi derecho de propiedad además del pago de las mejoras ordenesé (sic)

a mi favor la devolución del dinero pagado por la propiedad y los intereses

privados desde esa fecha el (sic) efectivo pago. Los mismos se

liquidaran (sic) en ejecución de sentencia."

2.

Los accionados contestaron negativamente e interpusieron las defensas previas

de indebida acumulación de pretensiones, litis consorcio necesario incompleto,

prescripción y caducidad, todas resueltas interlocutoriamente; y las

excepciones de falta de derecho y falta de interés actual; así como la

expresión genérica de "sine actione agit."

3.

El juez Marvin Arce Portuguez, en sentencia  n.° 191-08 de las 8 horas del

14 de octubre de 2008, resolvió: "Se acoge la excepción de falta de

legitimación pasiva opuesta por la demandada E. F. y respecto a ella se declara

sin lugar la demanda. Se rechazan las excepciones de falta de derecho, falta de

interés y sine actione agit opuestas por la sucesión demandada. Se declara con

lugar parcialmente la demanda, entendiéndose denegada en lo que expresamente no

se diga, así:

Que don E. adquirió el inmueble del Partido de [...], folio

real […], por escritura otorgada a su favor de la posesión y mejoras.

Se

ordena al albacea del proceso sucesorio a otorgar en su favor el traspaso de

ese inmueble, tal y como se comprometió el causante en la citada escritura. Son

las costas personales y procesales de este proceso a cargo de la sucesión

demandada.”

4.

La sucesión demandada apeló y, el Tribunal de Cartago, integrado por los jueces

Edgar Alvarado Luna, Fabrizio Garro Vargas y Arnoldo Álvarez Desanti, en

sentencia n.° 162-10 de las 7 horas 45 minutos del 17 de agosto de 2010,

dispuso:"Se confirma la resolución apelada."

5.

El albacea de la sucesión demandada formula recurso de casación indicando

expresamente las razones en las que se apoya para refutar  la tesis del

Tribunal de instancia.

6.

En los procedimientos ante la Sala se han observado las prescripciones de

ley. Interviene en la decisión de este asunto la Magistrada Suplente Silvia

Consuelo Fernández Brenes.

Redacta la Magistrada Escoto

Fernández

I.

En la demanda origen de este proceso, E., indicó, por escritura otorgada ante

la notaria A., el 25 de mayo de 1993, adquirió de los señores R. y E., el

derecho de posesión y las mejoras sobre un inmueble ubicado en […]. Agregó, en

esa escritura se hizo constar que se canceló el precio, asimismo se advirtió

que existía un trámite ante el Banhvi, por haberse recibido un bono de

vivienda. Señaló, como el inmueble no se encontraba aún inscrito, en dicho

documento los vendedores se obligaron a traspasarlo una vez vencidas las

limitaciones que por ley correspondían. Aseveró, desde esa fecha ha poseído ese

bien de buena fe, en forma quieta, pública y pacífica, introduciéndole mejoras.

Aclaró que, aquella propiedad la había adquirido el señor R. en noviembre de

1989, de la empresa […], sobre la cual constituyó patrimonio familiar a favor

de su esposa E. F., quedando el bien inscrito el 6 de diciembre de 2000,

matrícula no. […] de la Provincia de […]. Expresó, don R. falleció el 10 de

octubre de 2000, por lo que sus herederos abrieron proceso sucesorio. Explicó,

el 8 de octubre de 2001, interpuso una tercería de dominio, no obstante, el

juez consideró que tal proceso no era apto para discutir sobre un derecho de

propiedad. En sentencia solicita, se declare que: a) Adquirió el inmueble

matrícula [...] del Partido de [...], por escritura otorgada a su favor, la

cual incluyó posesión y mejoras; b) Se ordene al albacea del proceso sucesorio,

otorgar a su favor el traspaso de dicha finca; c) Ha poseído por mas de 10 años

en forma quieta, pública y pacífica en calidad de propietario dicho bien,

adquiriendo por ello el derecho de propiedad; d) En caso de no reconocer su

derecho, se ordene cancelarle las mejoras que ha introducido al inmueble; e

impedir su desalojo hasta tanto le sea realizado el pago; e) Se reconozca su

derecho de permanencia en ese lugar; f) Se condene a los demandados al pago de

ambas costas. Subsidiariamente, en caso de no declararse su derecho de

propiedad, pide que, además del pago de las mejoras solicitado, se ordene a los

coaccionados devolver la suma cancelada por la propiedad, así como los

intereses desde esa fecha y hasta su efectivo pago, a liquidar en ejecución de

sentencia. Los codemandados contestaron negativamente. Opusieron las defensas

de falta de: derecho y legitimación; indebida acumulación de pretensiones,

litis consorcio pasivo necesario incompleto, prescripción, caducidad y la

expresión genérica de sine actione agit. El Juzgado Civil de Cartago acogió la

de falta de legitimación pasiva opuesta por E., respecto de quien declaró sin

lugar la demanda. Rechazó las demás defensas. Declaró parcialmente con lugar la

demanda. Determinó que don E. adquirió el inmueble en disputa, por escritura

otorgada a su favor de la posesión y mejoras. Ordenó al albacea del sucesorio,

otorgar el traspaso a favor del accionante, con costas a cargo de la sucesión.

El Tribunal confirmó la sentencia. Inconforme la sucesión del señor R. acude en

casación.

II.

El recurrente plantea un único reclamo. Asevera, en el caso concreto, el

Tribunal incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba, al tener

por demostrado que la venta realizada ante la notaria A., corresponde a un

inmueble sin inscribir en el Registro Público, en tanto mas adelante se indica

que se trata de la finca del Partido de [...], matrícula [...], por lo que la

compraventa es válida. Así, sostiene, la sentencia recurrida erróneamente

confiere validez a un contrato nulo. Agrega, en la certificación que se aporta,

consta que el causante R. adquirió la finca [...] por documento 376-329, en el

cual se constituye hipoteca y se imponen limitaciones  desde el 16 de

noviembre de 1989, mientras que la escritura de la Licda. A., es del 25 de mayo

de 1993, cuatro años después de que R. había adquirido el inmueble. Lo

anterior, afirma, constituye un error material de ambas pruebas documentales,

pues, refieren lo contrario a lo dispuesto en tales documentos. En efecto,

dice, al realizarse la escritura ante la notaria A., ya la finca estaba

inscrita, y poseía limitaciones que impedían la realización de un traspaso sin

autorización. Reclama, dicho contrato carece de valor, en tanto fue realizado

sobre una finca con limitaciones. Lo anterior, asegura, violenta los cánones

18, 20 y 835 inciso 2), del Código Civil, así como el numeral 169 de la Ley del

Sistema Financiero de la Vivienda (en adelante Ley 7052), toda vez que no

pueden gravarse ni enajenarse bienes sujetos a limitaciones sin que medie

autorización escrita, la cual debía ser consignada en el acto por la notaria.

Añade, el convenio realizado constituye fraude de ley, es nulo, toda vez que

las partes pretendieron realizarlo en contra de la disposición 169 de cita.

Concluye, al indicar el Tribunal que la venta se hizo sin que el inmueble

estuviera inscrito, se infringe el precepto 369 del Código Procesal Civil (en

adelante CPC), pues se trataba de un acto nulo de pleno derecho.

III.

En su único reproche, el representante de la sucesión codemandada, reclama que

el Tribunal incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba, al tener

por demostrado que la venta realizada ante la notaria A., corresponde a un

inmueble sin inscribir en el Registro Público. Posteriormente, indica, se trata

de la finca del Partido de [...], matrícula [...]. Por lo anterior, afirma, la

sentencia recurrida erróneamente confiere validez a un contrato nulo. El

Tribunal estimó, el 25 de mayo de 1993, R. y E., vendieron al actor, E., por la

suma de ¢450.000,00, una finca ubicada en […]. Agregó, en ese momento la finca

no se encontraba inscrita, empero, fue registrada mas tarde con la matrícula

[...] del Partido de [...], a nombre de don R.. En el acto de la venta, afirman

los juzgadores, se expresó que sobre la propiedad pesaban limitaciones del

Banco Hipotecario de la Vivienda (en adelante Banhvi), y que una vez que

desaparecieran, se otorgaría la escritura respectiva. Apuntan los jueces, el

contrato de compraventa celebrado es perfecto entre los otorgantes, porque hubo

acuerdo entre cosa y precio, y que los demandados pretenden sacar provecho

injusto, ya que por un lado reconocen la venta y por otro, alegan su nulidad.

En ese sentido, sostiene el Tribunal, la nulidad no se produce, todos los

comparecientes, conocedores del marco jurídico que rodeaba la propiedad,

estuvieron de acuerdo en realizar la transacción, por lo que el contrato es

perfecto y eficaz. En el elenco de hechos probados de la sentencia emitida por

el Juzgado Civil de Cartago, la cual fue confirmado por el Tribunal, se tuvo

como hecho demostrado: “Que mediante escritura pública número sesenta y siete,

otorgada ante la notaria A. a las 16 horas del 25 de mayo de 1993, don R. y E.,

le vendieron a don E., la posesión y mejoras de un inmueble, situado en el

antiguo […], sobre un Lote identificado como E-UNO, en la suma de cuatrocientos

cincuenta mil colones (…)” Asimismo, en los que se enlistan como 2 y 3, se

indicó, que la referida venta se hizo sin que el inmueble estuviera registrado

y que dicha finca, corresponde hoy a la inscrita en el Registro Público,

Partido de [...], matrícula [...]. En efecto, consta a folios 4, 5, 6 y 48 a 51 que en la escritura

otorgada el 25 de mayo de 1993, se traspasó la posesión y mejoras del bien que

en ese momento no estaba inscrito y  que dicho bien posteriormente pasó a

ser la finca de [...] matrícula no. […]. Tal afirmación del Juzgado se

encuentra sustentada en la prueba, de ahí que no exista el vicio apuntado. De

lo anterior, no se observa el vicio apuntado de error en la apreciación de la

prueba, al tener el Tribunal por demostrado que la venta realizada ante la notaria

A., correspondió a un inmueble sin inscribir en el Registro Público, que

posteriormente, pasó a ser la finca del Partido de […], matrícula [...], pues

tales hechos resultan incuestionables conforme a la prueba recibida (prueba

visible a folios 4,5, 6 y 48 a

51). Tampoco en cuanto a que los juzgadores hayan otorgado validez a un

contrato nulo, por haberse realizado a pesar de tener  limitaciones al

bien. En este sentido, el precepto 169 de la Ley 7052, establece que: “Artículo

169.—Los bienes inmuebles declarados de interés social, que hayan sido

financiados y adquiridos mediante el subsidio o bono familiar de la vivienda

establecido en esta Ley, no podrán ser enajenados, gravados ni arrendados, bajo

ningún título, gratuito ni oneroso, durante un plazo de diez años contados a

partir de la fecha en que se formalice en escritura pública el otorgamiento del

subsidio respectivo; lo anterior, con la salvedad de que se cuente con la

debida autorización  del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANVHI). (…) En

la vía ejecutiva, podrá exigirse el reintegro del subsidio del bono familiar de

vivienda más los respectivos intereses, a la tasa de interés legal desde la

fecha de su otorgamiento hasta la fecha del efectivo reintegro, cuando

administrativamente se determine, previa audiencia al beneficiario y mediante

el procedimiento ordinario, lo siguiente: (…) c) Que el inmueble se ha

dispuesto en contra de lo estipulado en el primer párrafo de este artículo.

“  La norma dispone que para casos en los cuales se infrinja el

párrafo primero del mandato, a saber, que se enajene, grave o arriende el bien,

antes del vencimiento del plazo de 10 años que como limitación se impone a ese

fin, el Banhvi, podrá exigir el reintegro del subsidio en la vía ejecutiva. De

lo anterior queda claro, que no son nulos los contratos otorgados en contra de

la letra de dicha disposición, respecto de los cuales, se ha reservado al

Banhvi, la potestad de recurrir a la vía ejecutiva, a fin de reclamar el

reintegro del subsidio otorgado, lo que en ningún caso implica la nulidad del

acto. Adicionalmente, si bien en la certificación que se aporta (folio 5),

consta que el causante R. adquirió la finca [...] por documento presentado al

Tomo […], Asiento […] del Diario del Registro Público, en la cual adicionalmente

se constituye hipoteca y se imponen limitaciones al inmueble desde el 16 de

noviembre de 1989, consta asimismo en el contrato firmado por las partes

(certificación visible a folio 4 del expediente), que los propietarios

advirtieron al adquirente, que debería esperar “… el plazo que falta, para

que venzan las limitaciones del banbi (sic) que luego de ese plazo se le

extenderá la escritura respectiva, para ser inscrita a su nombre en el Registro

por lo que el adquirente deberá buscar a los vendedores, para que extiendan esa

escritura”. De tal forma, de lo alegado no resulta el vicio que se invoca,

por lo que procede rechazar el reproche.

IV.

En mérito de lo expuesto, procederá denegar el recurso, y

establecer sus costas a cargo del recurrente conforme al canon 611 del Código

Procesal Civil.

POR

TANTO

Se

declara sin lugar el recurso. Son sus costas a cargo de quien lo interpuso.

Anabelle

León Feoli

Luis Guillermo Rivas

Loáiciga

Óscar Eduardo González Camacho

Carmenmaría Escoto

Fernández

Silvia Consuelo Fernández Brenes

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