Resolución 01660-2012

I.-

Hacen manifiesta su inconformidad con

lo resuelto ya que según la información que consta en el Registro Público de la

Propiedad Inmueble las fincas de la actora A.S.A  ya no le pertenecen,

pues, las propiedades números 5.122-000 y 6.586-000 se reunieron conformando la

no. 194.174-000; además, el señor Eduardo Ruiz Elizondo es actualmente el dueño

de las heredades números 8.523-000 y 21.035-000. En su opinión, esto significa

que A.S.A. no es propietaria de ninguno de los fundos objeto del litigio.

Apuntan, entre los presupuestos procesales de fondo que inciden en la validez y

eficacia de un proceso, están la legitimidad y el interés para accionar.

Agregan, la legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de

conformidad con la ley sustancial, puede formular o contradecir las

pretensiones contenidas en la demanda, al ser el sujeto activo o pasivo de la

relación jurídica. Afirman, esta Cámara participa de la tesis de que tanto la

legitimación como el interés deben mantenerse durante todo el proceso; en su

apoyo, transcriben un extracto de la sentencia no. 604 de las 10 horas del 17

de agosto de 2007. Hacen hincapié en lo dispuesto en cuanto a que “…cuando

alguna de las partes no tiene esa legitimación el juzgador no puede adoptar una

decisión de fondo, encontrándose inhibido para ello”. Expresan, son

sabedores de que este Órgano Colegiado desconocía de dichos traspasos, pero,

ahora que están enterados deben revocar o anular el fallo, recaído en el

proceso.

II.-

Sobre el recurso de revocatoria con nulidad concomitante formulado por los

apoderados especiales judiciales de la demandada, ha de señalarse que resulta

inadmisible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 618 del Código

Procesal Civil que en lo que interesa, estipula: “Contra las sentencias

dictadas por la sala de casación no habrá lugar a recurso alguno…”. De ahí,

en razón de que contra lo fallado por esta Cámara no cabe ninguna impugnación,

lo pertinente es su rechazo de plano. Por otro lado, si no admiten recurso,

tampoco es procedente la nulidad que se reclama, pues, de todos modos, no

existe causal alguna que la justifique. Lo anterior también de consuno con lo

estipulado en el párrafo segundo del canon 199 ibídem, que en cuanto a la

nulidad, establece: “La de resoluciones deberá alegarse al interponerse el

recurso que quepa contra ellas”, por lo que si no cabe impugnación alguna,

tampoco la nulidad al ser concomitante.

No obstante lo expuesto, a mayor abundamiento de

razones, ha de expresarse que en todo caso la parte recurrente no lleva razón

en sus aseveraciones.

Véase, el artículo 113 del Código Procesal Civil, en lo que interesa,

dispone: “… La enajenación de la cosa o del derecho litigioso, a título

particular, por acto entre vivos, permite al adquirente o cesionario

sustituir al enajenante o cedente, siempre que la parte contraria no se oponga

justificadamente dentro del plazo de cinco días…” (la negrita es suplida).

De lo transcrito se desprende en primer término que, ha de estarse ante la

enajenación de una cosa o derecho litigioso, y en segundo lugar, que “permite”,

sea, no obliga al adquirente o cesionario a sustituir al anterior propietario,

al punto de que la contraria puede oponerse de modo justificado a dicha

sustitución. Por ende, en el presupuesto de bienes o derechos litigiosos, la

sucesión procesal no es obligatoria. Obsérvese, en el subexamine el objeto

litigioso son las servidumbres que pesan sobre los citados inmuebles, asimismo

lo pretendido es, se eliminen aquellas, se liberen los predios de dichos

gravámenes y se le paguen daños y perjuicios, en razón del detrimento sufrido

por la actora en su patrimonio; el litigio en ningún momento versa en cuanto

aspectos relativos a la propiedad, titularidad o posesión atinentes a tales

propiedades. De ahí, no son de recibo los reproches esgrimidos, pues no se está

ante la previsión del ordinal 113 del Código Procesal Civil, de modo que no

cabe la sucesión procesal. De la sentencia reproducida en la impugnación se

desprende que, la legitimación es la aptitud para ser parte en un proceso

concreto, puede ser activa o pasiva, lo cual dependerá de las condiciones que

para tal efecto establezca la ley en cuanto la pretensión procesal. Así, la

legitimación ad causam activa, que interesa en el caso en estudio, es la

capacidad para demandar, carácter que nace de la posición en que se halle el

sujeto, respecto a la pretensión procesal promovida. En suma, es la identidad

necesaria que debe darse entre el actor y el derecho que pretenda en juicio.

Por ende, una vez más yerra el casacionista, ya que en el asunto de examen esta

viene dada por el carácter de propietario que ostentaba la demandante al

momento de imponerse las servidumbres y el menoscabo económico que ello le

produjo. Lo anterior, porque experimentó un impedimento para disponer

libremente de la totalidad de sus heredades, así como por los daños y

perjuicios sufridos producto de los trabajos efectuados en virtud de las obras

realizadas al construir los tendidos eléctricos. Nótese, la desmejora la

soportó en su patrimonio, por ende, no tiene incidencia quien sea en la

actualidad el propietario de los fundos, y tampoco que el dominio se traspasara

estando pendiente la litis. Nótese, aunque se discute sobre la constitución de

servidumbre de tendido eléctrico, no se trata de la enajenación de bienes

litigiosos, pues, no se discute sobre su titularidad o dominio.