Resolución 00016-2012

El

gestionante requiere se adicione y aclare la sentencia no. 0001381-F-S1-2011,

dictada por esta Cámara a las 8 horas 40 minutos del 10 de noviembre de 2011,

porque a su juicio no se emitieron las razones, circunstancias o fundamentos

legales para desechar los exámenes de grafoscopía. En su criterio, con ellos se

comprueba que no se determinó si la firma cuestionada en su protocolo era

falsa; antes bien, a su juicio, acreditan que no existe la presunta falsedad.

Además, solicita se indique cuáles fueron los medios científicos que se

consideraron para desvirtuar esa prueba técnica.

Conviene

indicar, el Código Procesal Civil, en el canon 158, prevé un remedio para que

los juzgadores aclaren y adicionen sus sentencias, cuando la parte dispositiva

es oscura u omisa. La resolución que se objeta no presenta ninguno de esos

defectos, pues lo que hace es declarar sin lugar el recurso interpuesto ante

esta Sala de Casación y rebajar, en beneficio del gestionante, la condenatoria

que el Tribunal de Notariado le impuso por concepto de perjuicio o lucro

cesante. En consecuencia, ese pronunciamiento de rechazo de la impugnación es

claro, preciso y completo. Además, la modificación del referido monto

indemnizatorio más bien le favorece al petente. Estos aspectos constituyen

motivos suficientes para desestimar la solicitud en examen.

No

obstante lo dicho, respecto a las alegaciones planteadas, es importante

formular las siguientes manifestaciones. Esta Cámara conoció del presente

asunto disciplinario notarial, por impugnación que el denunciado y demandado

civil formuló contra lo resuelto por el Tribunal de Notariado. En esa virtud, analizó

las censuras del recurrente, entre las cuales se incluyó la referencia a los

exámenes de grafoscopía que menciona, en orden al referido pronunciamiento.

Detectó cinco aspectos puntales que el Ad quem valoró como base de su decisión,

según se detalló en el Considerando IV del fallo que ahora es objeto de

cuestionamiento. De inmediato, en el Considerando V, consignó: “El recurso,

en su extensión y redundancia, no ataca con efectividad esas consideraciones

del órgano sentenciador, lo que implica que la Sala debe dejarlas incólumes”.

En todo caso, aunando en fundamentos para el rechazo de la impugnación, a

partir de allí entró al examen de las diferentes censuras que la conformaron,

incluyendo los agravios atinentes a los informes periciales, con la evidente

imposibilidad de modificar el criterio del Tribunal en lo que no fue objeto de

reproche. Así, este Colegio enfatizó cómo aquel Despacho destacó que de la

propia contestación del profesional se llegó a determinar no solo que fue omiso

en los cuidados necesarios para la debida identificación del compareciente,

sino también en contradicciones detectadas en virtud del cambio de versiones,

lo cual asimismo se confrontó con otra declaración recabada en el proceso.

Además, con referencia a prueba testimonial y a información suministrada por el

propio licenciado Barahona, concluyó y fundamentó el Tribunal, lo cual esta

Sala igualmente resaltó, que el referido profesional expresó haber constatado

que quien llegó su oficina y firmó la escritura, era un sujeto de nombre

Randall Vinicio Luna Durán, portando la cédula del señor Rodríguez Sánchez.

Incluso, agregó que esas personas no se parecen entre sí. También de las

declaraciones del denunciado y demandado civil, resultó patente que el

verdadero propietario del inmueble gravado no compareció a firmar la escritura.

Estas consideraciones del Ad quem tampoco fueron combatidas en el recurso, a lo

que se debe agregar que, como corolario de ellas, se estableció en el fallo

cuya adición y aclaración ahora se solicita: “…las propias manifestaciones

del profesional dan cuenta del reconocimiento expreso que hizo, de que el

compareciente no era el señor Rodríguez Sánchez, pues hasta lo identificó con

el nombre de Randall Vinicio Luna Durán. Por eso, no es admisible su argumento tendiente

a establecer que el Tribunal se basó en apreciaciones subjetivas, ni que dejó

de lado la prueba científica y pericial…”. En síntesis, frente a esas

probanzas, se valoró también las expresiones del propio notario y la

circunstancia de que no combatió las contradicciones que evidenció el Ad quem,

ni las implicaciones que de ellas derivó.

IV.-

Igualmente, en el Considerando VI la Sala retomó el tema de la prueba técnica,

justificando la improcedencia de argumentar que con esa base no cabía la condenatoria

impuesta, si el recurrente no llegó a indicar, con claridad y precisión, en

orden a lo establecido en los preceptos 557 del Código de Trabajo en relación

con el 158 del Código Notarial, los motivos por los que el Tribunal pudo haber

errado al justificar la interpretación que hizo del canon 39 Ibidem, y la

exigencia de que el notario procurase contar con un documento o información

complementaria a la cédula de identidad, para corroborar sin lugar a dudas

quienes eran los comparecientes. A ello agregó esta Cámara: “Tampoco tiene

la virtud de contrariar este criterio, las continuas objeciones a cómo se

dejaron de lado los informes periciales, pues estos agravios no tienden a

evidenciar un error interpretativo o de aplicación del Tribunal respecto al

canon 39 de comentario. Lo que buscan esas inconformidades es determinar que no

hubo prueba fehaciente de posibles falsificaciones de firmas, pero eso se

solventa al tomarse en cuenta que el propio notario ha sido enfático al

manifestar que la persona quien llegó a firmar como compareciente no era en

realidad el señor Jorge Antonio Rodríguez Sánchez, incluso identificando… como

Randall Vinicio Luna Durán, lo cual ha sido base suficiente para que el

Superior considere que incurrió en falta y, como se ha indicado, eso no se ha

combatido de modo contundente en el recurso”.

Es

claro, por lo consiguiente, que la parte dispositiva del fallo objeto de

examen, no contiene omisiones ni ambigüedades que amerite se adicione o aclare.

Por lo demás, no lleva razón el gestionante, pues la Sala sí analizó la

temática referente a los exámenes de grafoscopía. Además, se consideraron otros

elementos de convicción, lo mismo que los razonamientos que apoyaron el

pronunciamiento del Ad quem, como base para confirmar esa sentencia en punto a

la condenatoria disciplinaria impuesta al profesional. En lo que al monto

indemnizatorio concierne, es lo cierto que la modificación que esta Cámara hizo

del fallo recurrido, más bien favoreció al gestionante.

Por lo expuesto, se debe rechazar la petición que promueve el

denunciado y demandado civil.