Resolución 00151-2012

1.

El juez Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, en resolución n.° 315-2010 de las 13

horas 30 minutos del 4 de febrero de 2010, resolvió: "Se declara

caduco y terminado el presente proceso. Firme esta resolución archívense las

actuaciones y devuélvase el expediente administrativo a su lugar de origen.”

La

actora apeló y, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera,

integrada por los jueces Ronaldo Hernández Hernández, Ricardo A. Madrigal

Jiménez y Carlos Espinoza Salas, en sentencia n.° 454-2010 de las 10 horas 30

minutos del 24 de agosto de 2010, dispuso: “Se confirma la resolución

apelada en lo que es objeto del recurso.”

3.

El Dr. Enrique Rojas Franco, en su expresado carácter, formula recurso de

casación indicando expresamente las razones en las que se apoya para refutar la

tesis del Tribunal de instancia.

En

los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Interviene en la decisión de este asunto la Magistrada Suplente

Silvia Consuelo Fernández Brenes.

Redacta

la Magistrada Escoto

Fernández

De

acuerdo a los hechos tenidos por demostrados en este proceso, en lo esencial se

comprobó que el 8 de marzo de 2005, la señora N. inició proceso contencioso

administrativo en contra del Estado. A las 15 horas 1 minuto del 15 de mayo de

2007, se confirió a la parte actora el plazo de 30 días para deducir la

demanda. Doña N., solicitó se suspendiera ese plazo, ya que el expediente

administrativo estaba incompleto. A las 14 horas 16 minutos del 28 de agosto de

ese año, el Juzgado lo suspendió, indicando que ya habían transcurrido siete

días. Posteriormente, en resolución de las 14 horas 38 minutos del 12 de mayo

de 2009, se tuvo por completado el expediente administrativo y se puso en

conocimiento a las partes, de lo cual se llevó a cabo la debida notificación.

El 25 de agosto siguiente, la señora P. B. solicitó se le confiriera plazo para

deducir la demanda, en virtud de que el emplazamiento fue interrumpido. El

Juzgado, a las 11 horas 31 minutos del 18 de setiembre de 2009, le concede a la accionante 23 días para que deduzca la demanda, decisión

notificada a las partes el día 23 de ese mismo mes y año. El 28 de setiembre

siguiente, el Estado interpone recurso de revocatoria con apelación en

subsidio, reclamando la caducidad del proceso. El 26 de setiembre de 2009, la

actora formalizó la demanda. En primera instancia se acogió la solicitud y se

dio por terminado el proceso. El Tribunal confirmó.

El

representante de la actora interpone recurso de casación. Por auto número 1548

de las 10 horas 48 minutos del 16 de octubre de 2010, solo se admitió el

agravio segundo, de tal manera que será este el único que se conocerá. Alega

error de derecho con violación del artículo 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa (en adelante LRJCA). Dice, el Juzgado le notificó la resolución

de las 14 horas 38 minutos del 12 de mayo de 2009, en donde se le informa que “se

ha presentado nuevamente expediente administrativo, y en ese mismo acto

confiere a las partes un plazo con el fin de que realicen sus alegaciones

alrededor del expediente remitido.”. Sin embargo, expresa, de dicha

resolución, no se desprende que el expediente estuviera completo, ni que el

lapso suspendido corriera de nuevo de manera automática. Es por ello, expone,

que solicitó se le concediera el restante para poder formalizar la demanda, lo

que le fue permitido por ese despacho el 18 de setiembre de 2009. Aún y cuando,

señala, dedujo la demanda en tiempo, el A quo decide acoger la caducidad

opuesta por la representación estatal, sin tomar en cuenta todas la

particularidades que rodearon la remisión del expediente al Juzgado. Todo lo

cual, apunta, es posteriormente confirmado por el Tribunal. Pero, menciona, el

Ad quem, no hizo pronunciamiento alguno sobre la suspensión del plazo que se

había dado y que de haberse tomado en cuenta, se habría tenido por bien

presentada la deducción. Refiere, no es válida la interpretación que se hace en

la resolución impugnada, de que con la resolución del 12 de mayo del 2009,

iniciaba automáticamente el período para deducir la demanda. Ello es, asevera,

una clara violación al principio de legalidad, pues el canon 46 de cita, impone

que es el juzgador quien de manera expresa tiene que conceder el plazo. Lo

anterior, advierte, también conculca el principio del paralelismo de las

formas, de manera tal, que si el período había sido suspendido, el juzgador

debió formalmente haberlo reanudado o en otras palabras, concedido el restante

para llevar a cabo la deducción de la demanda. Cita jurisprudencia de la Sala Constitucional.

En este caso, afirma, durante todo el proceso estuvo realizando actos

procesales para impulsarlo, de tal manera que no se le puede imputar algún tipo

de incumplimiento injustificado, que es lo que pretende sancionar el precepto

46 LRJCA. Aclara, el expediente administrativo es la base fundamental para la

construcción de la demanda, posibilidad que ha obstaculizado la Procuraduría General

de la República

de manera dolosa, pues ha incurrido en dilaciones indebidas.

Tal

y como se evidencia del expediente, en la resolución del 15 de mayo de 2007, la

jueza confirió a la parte actora 30 días para que dedujera la demanda. Con

posterioridad, el 28 de agosto de ese mismo año, dado que el expediente

administrativo no estaba completo, a solicitud de la interesada, la juzgadora

con fundamento en el artículo 49.3 LRJCA, suspendió aquel plazo; pero aclara,

ya habían transcurrido siete días. No es, sino hasta el 12 de mayo de 2009

mediante resolución de las 14 horas 38 minutos, en donde se indica: “con lo

cual se completa el expediente administrativo del presente proceso”. El 26

de junio de ese año, la representación estatal solicita se declare caduco el

proceso, pues el período para formalizar la demanda había fenecido el 23 de

junio de 2009. El 25 de agosto siguiente, la parte actora solicita al Juzgado,

se le otorgue expresamente el plazo restante para deducir la demanda, a lo que

el juez de primera instancia, en resolución del 18 de setiembre de 2009, le

concede 23 días más para que lo haga. Coincide esta Sala con lo dispuesto por

el Tribunal, respecto de este caso en particular cuando señala: “se generó

una suspensión supeditada a un presupuesto fáctico para la reanudación del

cómputo del remanente del plazo (veintitrés días) al ingreso del expediente

administrativo lo que es prevenido a las partes en fecha doce de agosto de dos

mil nueve […] Si bien la recurrente se aferra a la supuesta necesidad de

que la suspensión se levantará (sic), a criterio de esta Cámara ese

requerimiento no era necesario, en virtud de que ya se había ordenado la deducción,

se había otorgado el plazo necesario, y se había suspendido este último

supeditando a un hecho futuro e incierto, que la final de cuentas se cumplió,

lo que determinaba de manera automática y sin necesidad de resolución que así

lo señalara (sic) la parte debía proceder a cumplir con la carga

impuesta.”. Para este Órgano decisor, las actitudes tomadas por la actora

son evidentemente dilatorias, es decir, lo único que pretendía era retrasar el

proceso. El artículo 40 inciso 1) de la LRJCA, establece que recibido el expediente

administrativo o vencido el plazo previsto por ese mismo canon, el Tribunal

deberá acordar que se deduzca la demanda en 30 días. En este sentido y lo que

al caso interesa, ha de señalarse que en ningún momento el ordenamiento jurídico

está relevando a la parte accionante a cumplir con su obligación de activar el

curso normal del proceso en lo que le corresponde, y mucho menos aceptable,

como es la tesis del aquí recurrente, que ese deber recaiga en el juez.

En ese sentido puede consultarse de esta Sala, la resolución número 603 de las

9 horas 40 minutos del 26 de setiembre de 2003. Resulta evidente, que la

gestión llevada a cabo el 25 de agosto de 2009 es abiertamente improcedente,

pues tal y como los sostuvieron los juzgadores de ambas instancias, no es

necesaria en este tipo de casos, una habilitación expresa para reiniciar el

conteo del plazo y que el proceso siga su curso; pues la norma 40 de recién

cita, es clara en estipular como requerimiento, que el expediente esté completo.

Además, ha de tomarse en cuenta que para cuando el representante de doña N.

hace el requerimiento de que se le otorgue nuevo plazo para formalizar la

demanda, el de los 23 días que restaban, ya habían sido superados; es decir,

pasaron casi dos meses antes de que la actora, se manifestara al respecto. La

resolución emitida el 18 de setiembre de 2009, en donde se le da a la parte

actora 23 días para que deduzca la demanda, es un error judicial del que no

puede generarse derecho alguno, pues este plazo no puede ser concedido por el

juzgador en contradicción con el ordenamiento jurídico y específicamente en

contraposición con las reglas de la caducidad. Es una competencia que no tiene.

Los fallos tanto del A quo como del Ad quem, se ajustan a derecho y no

conculcan las normas que el casacionista alega violadas, ya que, por el

contrario, se dirigen a enmendar el error y corregir el procedimiento con el

fin de evitar una posible nulidad. En virtud de lo expuesto, el agravio deberá

denegarse.

Según

lo analizado, se deberá declarar sin lugar el recurso de casación interpuesto.

Son las costas de este a cargo de la parte perdidosa. (Artículo 611 del Código

Procesa Civil).