Resolución 01270-2012

Con base en el

Contrato de Servicio Profesionales, suscrito entre Consorcio Nacional de

Empresas Eléctricas de Costa Rica R. L. y Ecogeneración Eléctrica S.A.  el

1° de junio de 2006, cuyo objeto era: " [...]  1.2

Proveer servicios técnicos en: la dirección, la supervisión, la coordinación y

la comunicación directa entre las empresas relacionadas con la construcción; la

fabricación y montaje electromecánico; el diseño, dirección técnica y la

inspección del proyecto.[...] " ; las

partes acordaron en su cláusula novena, inciso cuarto: “9. ARBITRAJE [...] 9.4 [...]  el

asunto será sometido a un arbitraje de equidad, de conformidad con las

estipulaciones de la Ley alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz

Social."

Con

fundamento en los hechos en que mostraron acuerdo y desacuerdo,

respectivamente, acude la sociedad actora ante el Tribunal Arbitral, a fin de

que en laudo se declare:“PRIMERO:  Que la demandada incumplió el

contrato denominado "Contrato de Servicios Profesionales", de fecha

primero de junio de 2006, al haberlo dado por terminado en forma anticipada e

injustificada y al haber imposibilitado su ejecución por el plazo pactado.

SEGUNDO:

Resuelto el "Contrato de Servicios Profesionales", por incumplimiento

grave de la demandada.

Que la demandada debe indemnizar

integralmente a la actora los daños y perjuicios irrogados.

Que

la demandada debe pagar a la actora, a título de indemnización de lucro cesante

correspondiente al período comprendido entre el 1 de abril del (sic) 2009

y el 16 de febrero de 2010, la suma de US$56,028.57 (CINCUENTA Y SEIS MIL

VEINTIOCHO DOLARES (sic) ESTADOUNIDENSES CON CINCUENTA Y SIETE

CENTAVOS) .

Que la demandada debe

indemnizar a la actora el lucro cesante correspondiente al período comprendido

entre el 16 de febrero de 2010 y la fecha de puesta en marcha comercial de los

Proyectos Hidroeléctricos Pocosol y Agua Gata; indemnización que se calculará a

razón de $5,300 (CINCO MIL TRESCIENTOS DOLARES (sic) ESTADOUNIDENSES)

mensuales. Pedimos fijar en el laudo la suma líquida correspondiente a esta

partida de lucro cesante o, en su defecto, dejar establecidas las bases para su

posterior liquidación en fase de ejecución de sentencia.

Que la

demandada debe indemnizar a la actora, el lucro cesante complementario,

consistente en los réditos acumulativos que la actora hubiera podido percibir

de la reinversión continua de las sumas que le eran debidas, de haber tenido en

su poder el capital.

Que la demandada debe pagar a la

actora, por concepto de indemnización del lucro cesante complementario

correspondiente al período comprendido entre el 30 de abril del (sic)

2009 y el 16 de febrero de 2010, la suma de US$4.666,19 ( cuatro mil

seiscientos sesenta y seis dólares con diecinueve centavos de dólar, moneda de

Estados Unidos de América).

Que la demandada debe indemnizar a la

actora el lucro cesante complementario correspondiente al período comprendido

entre el 16 de febrero del 2010, y el pago efectivo del monto total de lucro

cesante principal, a una tasa de rendimiento del 18% anual, compuesto (o, en su

defecto, a la tasa que fije el tribunal); rubro, éste, que se liquidará en fase

de ejecución de sentencia.

Que la demandada debe pagar a la

actora, a título de indemnización de daño moral, la suma que se servirá fijar

en Tribunal en equidad y Justicia.

Que la demandada debe pagar

intereses a la actora, sobre cada una de las partidas reconocidas en el laudo,

a una tasa que fijará el Tribunal en equidad, durante el período comprendido

entre la firmeza de la resolución que fija cada partida, y la fecha de efectivo

pago.

Que la demandada debe pagar la totalidad de las

costas procesales y personales de este arbitraje. Pedimos: a) Se condene

a la demandada a pagar a la actora una suma equivalente a los montos pagados

por ésta, en el curso del proceso, por concepto de gastos administrativos y

honorarios de los árbitros. b) Se fije, en el laudo, el monto líquido

que la demandada debe pagar a la actora por concepto de honorarios de los

árbitros y gastos del proceso. c)  Se condene a la demandada a

pagar intereses a la actora sobre las partidas de honorarios de los árbitros y

gastos del proceso, al tipo legal compuesto (o, subsidiariamente, corriente),

durante el período comprendido entre la fecha en que se realizó cada pago y la

fecha del efectivo pago de la obligación. En el supuesto de falta de

cumplimiento involuntario por parte de la demandada, tales intereses se

liquidarán en ejecución de sentencia (pedimos dejarlo así establecido en el

laudo). d) Se declare que las sumas pagada o adelantadas durante el

curso del proceso por la demandada, por concepto de honorarios de los árbitros

y gastos del proceso, se repuntan preclusivamente, a cargo de la demanda. e)

Se fije la suma líquida que la demandada debe pagar por concepto de

honorarios de abogado. f) Se condene a la demandada a pagar a la actora

intereses compuestos (o, subsidiariamente, corrientes) sobre la partida de

honorarios de abogado fijada en el laudo, al tipo del 2% mensual (o,

subsidiariamente, al tipo legal), a partir de la fecha del dictado del laudo (o

subsidiariamente a partir de su firmeza) y hasta la efectiva cancelación de la

obligación. En el supuesto de falta de cumplimiento voluntario por parte de la

demandada, tales intereses se liquidarán en ejecución de sentencia (pedimos

dejarlo así decretado en el laudo).  g) Se reserve par la

fase de ejecución de sentencia la fijación de los honorarios de abogado

correspondientes a extremos cuya liquidación el laudo reserve para ejecución de

sentencia. h) Se condene a la demandada a pagar a la actora

intereses retroactivos al tipo del 2% mensual (o subsidiariamente, al tipo

legal) sobre las partidas de honorarios de abogados aprobadas en ejecución de

de sentencia, tomando como punto de partida la fecha del dictado del laudo (o

subsidiariamente la fecha de su firmeza; o, en segundo plano de subsidiariedad,

a partir de la fecha de firmeza de la resolución que fija la respectiva partida

líquida ) (sic) y hasta la efectiva cancelación de la obligación. i)

Se reserven, para su liquidación en fase de ejecución de sentencia,

cualesquiera otras partidas de costas personales y procesales que no hubieran

sido fijadas pecuniariamente en el laudo. j) Se condene a la demandada a

reconocer intereses compuesto (o, subsidiariamente, corrientes), al tipo legal,

sobre las partidas de costas personales y procesales adicionales a las

indicadas en los anteriores extremos personales y procesales adicionales a las

indicadas en los anteriores extremos petitorios, que no hubieran sido fijadas

pecuniariamente en el laudo, tomando como punto de partida la fecha del dictado

del laudo (o subsidiariamente la fecha de su firmeza; o, en segundo plano de

subsidiariedad, a partir de la fecha de firmeza de la resolución que fija la

respectiva partida líquida) y hasta la efectiva cancelación de la obligación. PRETENSIONES

SUBSIDIARIAS Subsidiariamente, pedimos que en el laudo se declare:

PRIMERO:

Se condene a la demandada a pagar a la actora las indemnizaciones que el

Honorable Tribunal considere equitativas y procedentes en Justicia. Pedimos

fijar en el laudo las sumas líquidas correspondientes, o en su defecto, dejar

sentadas las bases para su posterior liquidación en fase de ejecución de

sentencia.

Se condene a la demandada a pagar a la actora los

intereses sobre las sumas debidas, por los períodos y a las tasas, que el

Tribunal considere equitativos y procedentes en Justicia. Pedimos fijar en el

laudo las sumas líquidas correspondientes, o en su defecto, dejar sentadas las

bases para su posterior liquidación en fase de ejecución de sentencia.

TERCERO:

Que son a cargo de la demandada las costas personales, procesales, honorarios y

costos administrativos de este arbitraje. Pedimos fijar en el laudo las sumas

líquidas correspondientes, o en su defecto, dejar sentadas las bases para su

posterior liquidación en fase de ejecución de sentencia."

La demanda contestó

conforme a folios 176 a 189 e interpuso las excepciones de falta de derecho,

falta de legitimación activa y pasiva; así como la expresión genérica de "sine

actione agit."

El Tribunal Arbitral

del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica,

integrado por los árbitros Carlos Miguel Chacón Sartoresi, Luis Llach Cordero y

Arturo Fournier Facio, en laudo n.° 16 de las 16 horas 19 minutos del 9 de

marzo de 2011, resolvió: "Analizados los antecedentes y las probanzas

hechas llegar al expediente, del listado de pretensiones de la actora, el

Tribunal Arbitral considera que parcialmente lleva razón Ecogeneración, por lo

que se declara parcialmente-en la forma en que se dirá-, la demanda promovida

por Ecogeneración Eléctrica S.A., contra Consorcio Nacional de Empresas de

Electrificación de Costa Rica R. L., y en consecuencia se

I.

La empresa Econogeneración Eléctrica S.A. (en lo sucesivo Econogeneración),

demandó en febrero de 2010 en la vía arbitral a Consorcio Nacional de Empresas

de Electrificación de Costa Rica R.L., (en adelante Coneléctricas). Dijo, el 26

de junio de 2006, suscribió un contrato a efecto de proveer servicios técnicos

a la demandada, en la construcción de dos proyectos hidroeléctricos denominados

“Pocosol” y “Agua Gata”. Indicó, el acuerdo se firmó por la duración total del

proyecto, obligándose Coneléctricas a pagarle la suma de $5.300,00 mensuales.

Agregó, el 11 de marzo de 2009, Coneléctricas le comunicó por escrito su

decisión de dar por terminada unilateralmente la relación contractual,

arguyendo como único motivo, el vencimiento del plazo, no obstante, a esa

fecha, los proyectos hidroeléctricos señalados se encontraban aún en fase de

construcción. Afirmó, a esa data el plazo se encontraba vigente, toda vez que

había sido firmado por la duración del proyecto. Especificó, el 13 de marzo de

2009, mediante nota, hizo ver a la demandada su desacuerdo con la terminación

contractual, así como respecto de la interpretación del vencimiento del plazo

(cláusula 5.1 del contrato), que estima incorrecta. Adicionalmente, dijo, la

demandanda mantuvo su posición en cuanto a que el contrato había finalizado, en

consecuencia, impidió su ejecución, incumpliendo las obligaciones asumidas.

Pide se le indemnicen los daños y perjuicios por haber incumplido la demandada

el contrato e imposibilitado su ejecución. La demandada opuso las excepciones

de falta de derecho y de legitimación en su doble modalidad y la expresión

genérica de sine actione agit. El colegio arbitral rechazó las excepciones

opuestas y declaró parcialmente con lugar la demanda. Condenó a Coneléctricas a

pagar a Ecogeneración, el precio de los servicios según el monto pactado, desde

el 9 de abril de 2009 y hasta diciembre de ese año, mas los intereses de ley,

con las costas procesales a cargo de la parte perdidosa.

En el recurso de

nulidad las recurrentes solicitan la admisión de varios documentos, como prueba

para mejor resolver, a saber, los escritos originales de interposición de la

demanda arbitral y su contestación. En cuanto a la prueba ofrecida, es

necesario enfatizar que, la Ley RAC, en el canon 64, estipula: “…El recurso

de nulidad se aplicará según los artículos 65, siguientes y concordantes de la

presente ley. El recurso de revisión se aplicará de acuerdo con el Código

Procesal Civil”. Por su parte el cardinal 66 ibídem, en lo de interés,

dispone:”Una vez recibido el expediente, la Sala procederá a resolverlo en

cuanto a su admisibilidad y al fondo, sin dilación ni trámite alguno. …”.

De lo transcrito se puede derivar que presentado el recurso, sin trámite

alguno, si este órgano estima que es admisible, debe entrar al examen de los

agravios formulados, caso contrario, lo rechazará de plano.  Además, la Ley sobre la Resolución Alterna de Conflictos y Promoción

de la Paz Social (en adelante Ley RAC), no establece una etapa de

admisibilidad de tal medio de impugnación, donde la Sala esté facultada a

pronunciarse sobre la pertinencia o no de prueba que se hubiere ofrecido para

mejor resolver, ni de hacerlo en cuanto a la que se aporte con posterioridad a

la presentación del recurso de nulidad. Así, de acuerdo con el precepto 64 de

la Ley RAC, en lo que al recurso de nulidad se refiere, ha de estarse a lo

normado en dicha ley, solo para el caso del recurso de revisión se prevé la

aplicación del CPC. Tampoco las reglas del recurso de casación resultan

aplicables al recurso de nulidad en los procesos arbitrales de conformidad con

lo dispuesto en el canon de cita. Sin embargo, esta Sala estima que, podría

admitirse prueba surgida, que haya sido propuesta para fundamentar alguna de

las causales taxativas del recurso de nulidad, siempre y cuando su análisis no

conlleve entrar al fondo del asunto lo que le está vedado a esta Cámara. Lo

anterior sobre la base del respeto efectivo del debido proceso y derecho de

defensa que es propio en todos los procesos jurisdiccionales y también en los

de orden voluntario. (Resolución no. 488-S1-2012, de las 8 horas 30 minutos del

19 de abril de 2012) Adicionalmente, en la especie, es claro, la solicitud de

los elementos de convicción ofrecidos no es de recibo, por cuanto en efecto

están contenidos en los tomos remitidos por el Centro de Conciliación y

Arbitraje. Del mismo modo, es menester advertir que, conforme a la Ley RAC, en

asuntos como el presente no está previsto el trámite de vista, por lo cual

deberá denegarse.

III.

El representante de la parte demandada formula recurso de nulidad contra el

laudo. Acusa una única causal. Reclama violación directa de ley por

aplicación indebida del párrafo segundo del precepto 20, así como falta de

aplicación de los numerales 58 incisos c) y f), y 67; todos de la Ley sobre la

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social (en adelante Ley

RAC). En lo medular, alega, el laudo contiene vicios de nulidad por incongruencia.

Recrimina, en el resultando número 8, los árbitros confiesan que les ha

resultado difícil conocer el fondo del asunto, aduciendo para ello, la falta de

elementos de juicio. Lo anterior, considera, demuestra que no entendieron el

objeto de lo debatido, no se ciñeron a examinar las pretensiones planteadas por

las partes, sino que resolvieron aspectos no solicitados. Expresa, es por esa

razón que requirieron prueba adicional, la cual resultaba innecesaria, por lo

que su análisis no se centró en las pretensiones. De tal forma, refiere, lo

resuelto es nulo, en tanto decide sobre un tema que no fue reclamado por las

partes. Dice, le causa desconcierto que el laudo haya consignado un hecho como

demostrado “en apariencia”, (hecho número 7), y que para sustentar esa tesis,

el cuerpo colegiado argumente que, “presumiblemente”, el proyecto se terminó en

diciembre del año 2009, lo que rechaza. Manifiesta, en lo de interés, el

arbitraje versaba sobre la interpretación que se debía dar a la cláusula quinta

del contrato, en la que se regulaba el plazo. Sin embargo, reclama, nada dicen

los árbitros en el laudo al respecto, por el contrario, sin que se les

solicitara, deciden arbitrariamente que su representada debió proponer una

prórroga a la actora por un plazo de nueve meses adicionales a los 25 que el

Tribunal Arbitral aceptó, constituían el plazo de la contratación. En su

criterio, no se le puede imponer una decisión de ese tipo sin violentar sus

derechos fundamentales. Asevera, el caso de examen no tiene relación con

supuestos incumplimientos de la contratista, los cuales no son relevantes para

la decisión del asunto. Adicionalmente, en cuanto a las excepciones, indica, no

es cierto, como lo establece el laudo, que hubiese interpuesto una única

excepción. En efecto, señala, opuso las de falta de derecho, de legitimación en

su doble modalidad, y la expresión genérica de sine actione agit, las cuales no

fueron resueltas, incurriendo el Tribunal en un grave vicio de

nulidad.

En primer término ha

de señalarse, circunstancia que reconoce la recurrente, acorde a sus alegatos

iniciales, que se está en presencia de un arbitraje de equidad. Ello implica,

según el precepto 20 de la Ley RAC, que en este tipo de procesos, el tribunal

deberá resolver en conciencia, de acuerdo a los conocimientos sobre la materia

y con sentido de justicia y equidad; para lo cual

resultan esenciales la experiencia y el conocimiento.

En su

único agravio, si bien compuesto de varias argumentaciones, el recurrente se refiere a la incongruencia.

En ocasiones anteriores este órgano decisor respecto a un laudo, ha manifestado

sobre este vicio: “Por tal debe comprenderse un fallo omiso, o al contrario

tener los vicios de ultra petita o plus petitium. En efecto el vicio de

incongruencia puede subdividirse en 3 causales. La primera, si la sentencia

contiene más de lo pedido se incurre en incongruencia positiva, la segunda, sea

la incongruencia mixta, cuando el fallo contiene algo distinto a las

pretensiones de las partes y, la tercera, también negativa, si la sentencia no

resuelve algún punto litigioso objeto de debate o por omisión de

pronunciamiento. Entre las causales de nulidad del laudo, consagradas en el

artículo 67 de la Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de

la Paz Social N° 7727, se consagran las siguientes “... b) se haya omitido

pronunciamiento sobre asuntos sometidos al arbitraje, sin cuya resolución

resulte imposible la eficacia y validez de lo resuelto, c) se haya resuelto

sobre asuntos no sometidos a arbitraje; la nulidad se decretará en cuanto a los

puntos resueltos que no habían sido sometidos al arbitraje, y se preservará lo

resuelto, si fuere posible...”. Los árbitros deben pronunciarse sobre todos y

sólo sobre los asuntos sometidos al arbitraje, debiendo existir coincidencia

entre la controversia y lo laudado. Para acreditar la extralimitación de los

árbitros se debe llevar a cabo un proceso comparativo entre los términos del

compromiso y los pronunciamientos de la parte dispositiva del laudo,

aceptándose generalmente, una interpretación amplia de las cláusulas de

compromiso arbitral. Por regla general, la incongruencia arbitral ha de ser

alegada por la parte, porque no opera la anulación oficiosa. La extralimitación

en la resolución no produce necesariamente la nulidad de todo el laudo,

pudiendo declararse parcialmente nulo si los puntos no sometidos a la decisión

arbitral tienen sustantividad propia y no están ligados indisolublemente al

asunto principal, de lo contrario, si estuvieran intrínsecamente ligados a la

cuestión principal, el laudo sería totalmente nulo. También opera la nulidad de

todo el laudo si la relación entre los asuntos decididos y los no sometidos a

arbitraje hacen imposible la conservación del laudo. En cuanto a la nulidad de

las cuestiones accesorias, procede cuando la nulidad sea declarada respecto de

lo principal. Si, por el contrario, los puntos no sometidos vician aspectos

secundarios, se puede declarar la nulidad parcial.”  (Resolución no.

99 de las 16 horas 8 minutos del 29 de enero de 2009).

En lo medular, la

sociedad demandada reclama que el Tribunal Arbitral dejó de observar la esencia

de lo debatido, a saber, que no se pronunció sobre la pretensión en cuanto a

establecer la fecha de vencimiento del plazo contractual, para centrarse por el

contrario en determinar, si el acuerdo había sido incumplido. Estima, lo

anterior constituye un vicio de incongruencia, por cuanto este último punto no

fue pedido por las partes. Al respecto, aprecia este órgano decisor, no lleva

razón la recurrente en su argumentación por lo que de seguido se dirá. A folio

112 del expediente consta la petitoria de la actora, en la cual, pide se

declare: “…PRIMERO: Que la demandada incumplió el contrato denominado

“Contrato de Servicios Profesionales”, de fecha primero de junio de 2006, al

haberlo dado por terminado en forma anticipada e injustificada y al haber

imposibilitado su ejecución por el plazo pactado”. De tal forma, como

primer elemento de importancia en cuanto a lo alegado, resulta evidente, la cámara

arbitral si estaba obligada a referirse al supuesto incumplimiento del convenio

firmado entre las partes, toda vez que de esa primera pretensión, se deduce con

claridad, el requerimiento expreso de la demandante a efecto de que fuera

establecida la infracción contractual. Expuesto lo anterior, corresponde

analizar si lo concedido en la parte dispositiva del laudo, excede los

requerimientos esbozados en las pretensiones, que en lo de interés, en el punto

2.) dispuso: “Se rechazan y no se acogen las pretensiones de la actora

numeradas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 , así como ninguna de las tres pretensiones

subsidiarias”. Asimismo, para fundamentar ese rechazo indicó: “El

contrato entre Coneléctricas y Bel Ingeniería S.A., suscrito el 3 de marzo del

2006, preveía un plazo de 25 meses hasta la puesta en marcha, idealmente para

comenzar la operación el 3 de abril del 2008, plazo que inicialmente se

consideró como el de la duración total del proyecto. El Ing. Kühlman y por ende

su representada han manifestado ser conocedores de dicha contratación, para el

momento de la firma de su respectivo contrato con Coneléctricas, el 1° de junio

del 2006. El contrato de la demandada con la Constructora Sánchez Carvajal S.A.

(COSACA) previó un plazo de 19 meses para la terminación de las obras, las

cuales debían empezar el 2 de enero de 2007, y finalizar el 2 de agosto del

2008. El proyecto tuvo  problemas de diversa naturaleza incluyendo

afectaciones por causas naturales, todo esto provocando atrasos en las obras y

consecuentemente en la fecha estimada para el inicio y terminación de las

operaciones, algunas de ellas no atribuibles directamente a ninguna de las

partes. Visto lo anterior, y que transcurrió el tiempo en perjuicio del

proyecto, no podemos aceptar los postulados de las pretensiones 1ª y 2ª de la

demanda, puesto que no pareciera haber habido un incumplimiento en los términos

graves y en la manera que lo formula la actora en su demanda, ni una

terminación anticipada e injustificada del plazo pactado entre las partes, a causa

de una acción deliberada e injustificada, ni de mala fe, de la demandada para

impedir su ejecución por el plazo inicialmente estimado por todos para la

terminación del proyecto, plazo el cual en términos ideales, es decir, si no se

hubieran dado los atrasos, sí habría transcurrido al momento en que

Coneléctricas comunicó a Ecogeneración la decisión de terminar el contrato, por

lo que el mismo sí podría haber sido resuelto sin incumplimiento grave por

parte de la demandada. Considera el Tribunal que para aceptar esas pretensiones

tal y como están formuladas, debía haber mediado, y haberse probado- fuera de

toda duda razonable- que Coneléctricas actuó de mala fe y conciente de la

gravedad de su actuación, pero no hay elementos de juicio en el expediente que

le atribuyan tal proceder. Ahora bien, quedó en evidencia que el proyecto

sufrió muchos atrasos de distinta naturaleza, los cuales, según la prueba que

se nos hizo llegar, se deben a diferentes circunstancias o factores, aún de

fuerzas de la naturaleza, que tomados en conjunto provocaron atrasos que

afectaron seriamente la cronología del proyecto y por ende las fechas estimadas

para la terminación de las obras. No podemos afirmar que la responsabilidad de

tales atrasos se deba fundamentalmente a acciones u omisiones de Ecogeneración

(a pesar de lo afirmado por algunos de los testigos de la parte demandada)

razón por la cual, con casi todas las otras empresas (por ejemplo Bel y Cosaca)

se negociaron prórrogas y modificaciones contractuales, que no eran de ninguna

manera obligatorias para la parte demandada, por lo que no se podía obligar a

Coneléctricas a que se le prorrogara el contrato a la actora. Sin embargo la

decisión de prorrogar dichos contratos con las otras empresas, evidencia la

disposición de Coneléctricas de recurrir a la opción de prórroga prevista en el

punto 5 del contrato entre las partes), cosa que no hizo en relación a

Ecogeneración. A pesar de lo anterior, si la responsabilidad no se achacó en

forma exclusiva a la empresa actora; si la terminación del contrato fue por

vencimiento del plazo ideal, cuando en realidad el proyecto no terminó sino

hasta nueve meses después, presumiblemente en diciembre del año 2009, es justo

y equitativo considerar que si no centráramos exclusivamente en los plazos

convenidos, Coneléctricas debió haber propuesto una prórroga a Econgeneración,

para que continuara ejerciendo sus funciones hasta dicho mes y año, razón por

la cual consideramos justo concederle parcialmente la quinta petición,

únicamente en cuanto al pago de los honorarios por los servicios pactados entre

la fecha de terminación del contrato (31 de marzo del 2009) y hasta la aparente

puesta en funcionamiento del proyecto Procosol, esto es del 1° de abril hasta

el 31 de diciembre del 2009, durante nueve meses”. De lo anterior, es

evidente, sin entrar al análisis del fondo del asunto, los árbitros se

manifestaron dentro del marco de la petitoria de la demanda sin que se observe

extralimitación de su parte, ni que haya omitido alguno de los aspectos pretendidos.

En efecto, establecen que el contrato preveía un plazo de 25 meses hasta la

puesta en marcha. También refieren en su laudo, que el proyecto tuvo

problemas de diversa naturaleza incluyendo afectaciones por causas naturales,

que provocaron atrasos en las obras, variando en consecuencia la fecha estimada

para el inicio y terminación de las operaciones. Para los árbitros,

indiscutiblemente, los atrasos afectaron seriamente la cronología del proyecto,

sin que en su criterio, tal dilación pudiera ser imputable a Coneléctricas. El

órgano colegiado estimó asimismo, que la decisión de prorrogar los contratos

con otras empresas participantes, evidencia que las obras para las cuales fue

contratada la actora, no habían sido concluídas dentro del plazo originalmente

estimado, por lo que recurrió a la opción de prórroga prevista en el punto 5

del contrato entre las partes, sin incluir a Ecogeneración. De tal forma,

consideran, sin que resulte posible achacar la responsabilidad del retardo a la

actora y en vista de que el proyecto terminó nueve meses después, es justo y

equitativo establecer, que tal prórroga debió extenderse también a la actora

para que continuara con sus labores hasta la finalización del proyecto.

Expuesto lo anterior, no se evidencia que hayan incurrido en incongruencia

alguna, motivo por el cual no puede acogerse el vicio alegado. De lo esbozado,

no son de recibo las argumentaciones de la demandada en cuanto a que el cuerpo

de árbitros se apartó del foco principal del proceso, pues es innegable que

conforme a la petitoria, debía referirse a los elementos que la recurrente

considera, no guardan relación con la petitoria de examen. Finalmente, en

cuanto alega que a pesar de haber presentado las excepciones de falta de

derecho y legitimación y la expresión genérica sine actione agit, el colegio

arbitral solo se refirió a la de falta de competencia, la cual había sido

resuelta con anterioridad, estima esta Sala, en la especie, el Tribunal

Arbitral si analizó los presupuestos esenciales de legitimación y derecho a

efecto de resolver la disputa planteada en esa instancia. Evidentemente, se

está ante un arbitraje de equidad, en el cual inobjetablemente, el cuerpo

arbitral debe resolver las controversias a conciencia, según  los

conocimientos  que posea sobre  la  materia  objeto

del  arbitraje  y conforme al  sentido de la equidad y la

justicia de sus integrantes. Así, de la lectura de los resultandos y

considerandos, que abordan cada uno de estos aspectos y de la forma en que fue

resuelto, se extrae, que el laudo tácitamente rechazó las defensas opuestas.

Adicionalmente, si bien la actora formuló adición y aclaración, tal gestión no

fue planteada por la demandada recurrente, de ahí que, conforme al cardinal 56

de la Ley RAC, su alegato no sea de recibo en esta instancia, por cuanto

renunció al derecho de objetar. Según lo razonado, el alegato resulta

improcedente para anular el laudo.