Resolución 01026-2012

Con base en los hechos

y disposiciones legales que citaron, los articulantes establecieron incidente,

a fin de que en sentencia se declare: ”I.

Que es nulo e ineficaz el contrato de honorarios suscrito entre B. y los

licenciados R., J. y R. U., para que asesoraran y representaran a dicho Banco

en la presente ejecución, en tanto de sus términos se pretendan inferir

honorarios legales por debajo del mínimo del arancel obligatorio, por nuestro

trabajo profesional.

Que conforme a la realidad de la absolutoria lograda a

favor de B. en la presente ejecución, dicho Banco adeuda por honorarios a los

aquí gestionantes la suma de quinientos un millones ciento treinta y cuatro mil

novecientos cuarenta y nueve colones con treinta céntimos (c/501.134.949,30),

importe que deberá imponerse una vez que el juzgador constate que las

operaciones se realizaron de conformidad con el arancel de honorarios de

abogados vigente al momento en que nuestros servicios fueron contratados, para

deducir del monto resultante la suma de doscientos mil dólares ya percibidos en

una tercera parte por cada uno de los abogados (sesenta y seis mil seiscientos

sesenta y seis dólares con sesenta y seis centavos - US $ 66.666,66), que deben

calcularse al tipo de cambio vigente en el momento en que se hicieron esos

pagos.

Que del total del importe resultante se girará a

cada abogado o a su representante en este incidente, la tercera parte,

sumas que se librarán en dinero efectivo.

Que sobre los honorarios

insolutos correrán intereses al tipo del

dos por ciento mensual (2%/mes), desde el momento en que debieron ser

cancelados - 21 de diciembre del

2006 -, hasta su efectivo pago. Partida que se liquida parcialmente, abarcando

solo el período comprendido hasta la fecha de presentación de este incidente en

la suma de setenta millones ochocientos cuarenta y cinco mil trescientos

setenta y nueve colones con trece céntimos ( c/

70.845.379,13).

Que se debe condenar al Banco Internacional de Costa Rica

S.A. al pago de las costas de este

incidente.”

La parte incidentada

contestó conforme a su escrito de folios 59 al 65 y opuso la excepción de falta

de derecho.

3.

La Jueza Vanessa Guillén Rodríguez, en sentencia no. 03-10 de las 8 horas

36 minutos del 18 de enero del 2010, resolvió: ”Se acoge la excepción de

falta de derecho interpuesta. Se declara SIN LUGAR el

incidente planteado. Son sus costas a cargo de la

parte que lo formuló.”

Los incidentistas

apelaron y el Tribunal Primero Civil de San José, integrado por los jueces Juan

Carlos Brenes Vargas, Abel Jiménez Obando y Jorge Olaso Álvarez, en sentencia

no. 123 de las 9 horas 30 minutos del 24 de mayo de 2011, dispuso: “Se

confirma la resolución recurrida.”

Los licenciados R. y R.

U. y la señora M. formulan recurso de casación indicando las razones en que se

apoyan para refutar la tesis del Tribunal de

instancia.

6.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado

las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado Solís Zelaya

La empresa Télesis

S.A. incoó proceso ordinario contra B. S.A., en el que se acogió la demanda de

la primera compañía y se determinó que la accionada había incumplido un

contrato suscrito con aquella, por lo que debía responder por los daños y

perjuicios causados, los que se determinarían en la etapa de ejecución. Luego

de que la victoriosa acudiera a esa fase ulterior, la ejecutada fue condenada a

pagar las siguientes sumas: ¢100.000.000,00, $5.798.982,00, $1.398.633,00,

$1.288.215,00, $2.278.486,00, ¢884.072,00, $1.999.161,00, y ¢241.800.000,00 por

diversos aspectos. En forma posterior B. interpuso incidente

de nulidad de actuaciones y resoluciones en memorial que fue autenticado por el

licenciado Víctor Manuel Garita. Dentro del trámite del incidente se

promovieron gestiones adicionales. La primera de ellas, del 12 de mayo de 2003, fue autenticada por

el licenciado R.. Además del licenciado R., B. estuvo

representada por los licenciados J., quien intervino a partir del escrito del

20 de junio de 2003, y R. U., quien se apersonó el 28 de julio siguiente. Ese incidente fue declarado sin lugar en primera instancia.

Mediando apelación, el superior revocó pues lo estimó procedente, ante lo que

decretó la nulidad del

acta de notificación del

proceso de ejecución y dispuso el reinicio de esa fase a partir de la

notificación a la ejecutada. Finalmente resolvió el incidente

sin especial condena en costas. En el nuevo proceso de ejecución, al

resolver una excepción de prescripción invocada, la segunda instancia estimó

procedente esa defensa, ante lo que dispuso prescrito el cobro, y resolvió el

asunto sin especial condena en costas. Al mediar recurso de

casación, la Sala Primera, por mayoría, rechazó el reclamo.  Los

tres profesionales mencionados se mantuvieron representando los intereses de B.

hasta que ese proceso culminó. En

forma posterior, formularon el presente incidente de cobro de honorarios contra

su ex patrocinada. Solicitan, en lo medular, se disponga la nulidad del contrato de honorarios

suscrito con su cliente, en tanto de sus términos se pretenda inferir que su

remuneración fue pactada por debajo del mínimo

del arancel.

Asimismo, que habiéndose obtenido la absolutoria a favor de su cliente, éste

les adeudaba ¢501.134.949,30 menos la deducción de los

honorarios que se les habían cancelado, más los intereses correspondientes, que

según sus cálculos ascienden, al momento en que se interpuso la demanda, a

¢70.845.379,13. La incidentada se opuso e invocó la falta de derecho. El Juzgado, al resolver el fondo de la controversia, acogió la

defensa alegada y denegó el pago, imponiendo sus costas a la parte que lo

formuló. Los perdidosos presentaron recurso vertical y

el Tribunal confirmó la resolución atacada. Disconformes con lo

decidido, acudieron a la Sala alegando quebrantos de naturaleza procesal y

sustantiva. El recurso fue admitido en el auto de las 9 horas 30 minutos del

3 de noviembre de 2011.

RECURSO POR RAZONES PROCESALES

Reclaman en el único

motivo de casación de naturaleza adjetiva, que el Tribunal soslayó los

agravios que expresaron, con el argumento de que la resolución que resuelve el

incidente es un simple auto, por lo que debieron manifestar sus

disconformidades en el propio recurso de apelación, y no en un estadio

posterior. El incidente de cobro de honorarios, explican, es un

proceso autónomo, que normalmente se acumula a otro, pero puede subsistir sin

él, por lo que el pronunciamiento final es un auto con carácter de sentencia

que resuelve el conflicto con autoridad de cosa juzgada. Aseguran aplicado de

modo indebido el artículo 559 del Código Procesal Civil y vulnerados “por

falta o indebida aplicación” los preceptos 578 y 574 ibídem, -en tanto la

resolución de primera instancia que les concedió plazo para expresar agravios

ante el superior, está ajustada a derecho-, y el 594 inciso 7) ibídem pues el

Tribunal “omitió o limitó” el plazo para expresar agravios, por lo que

debe casarse la sentencia y ordenar el reenvío. No obstante, refieren, por

economía procesal, podría resolverse el asunto por el fondo.

El primer aspecto que se ocupó en dilucidar el órgano

de la instancia precedente, fue si el pronunciamiento final dictado por el

Juzgado era un auto, una sentencia, o un auto con carácter de sentencia, toda

vez que conforme al artículo 559 del Código Procesal Civil, tratándose de

autos, el escrito en el que se formule el recurso de apelación, debe contener

necesariamente los motivos de disconformidad, sin que exista oportunidad

ulterior de ampliarlos. Consideró, al respecto, que conforme a la tipología de

resoluciones contenida en el numeral 153 ibídem, el pronunciamiento final del

incidente de cobro de honorarios corresponde un auto, pues los auto-sentencias

surgen de excepciones o pretensiones incidentales que pongan término al proceso

principal y las sentencias son aquellas que resuelven las pretensiones

planteadas en la demanda, de modo que por exclusión, según se dijo, corresponde

a un auto puro y simple.

De acuerdo a lo

dispuesto en el artículo 236 del Código Procesal Civil, los

abogados tienen a disposición dos diferentes vías para el cobro de los

emolumentos devengados en el ejercicio de su profesión. Por una parte está el

proceso declarativo, en el que, luego de plantearse una demanda con todas sus

formalidades, existir la posibilidad de contrademandar y reconvenir, celebrar

una fase demostrativa y emitirse conclusiones (en cada una de ellas con

considerables posibilidades recursivas), se dictará una sentencia con eficacia

de cosa juzgada (preceptos 153 inciso 3 y 162 del Código Procesal Civil). La

otra posibilidad consiste en el incidente privilegiado de cobro de honorarios,

que es una vía sumamente expedita, con menores formalidades a nivel del

escrito inicial, plazos céleres de trámite y evacuación de pruebas y ausencia

de etapa de conclusiones (artículo 483 y 236 ibídem). Esta, a diferencia de la

anterior, tiene muy reducidas las posibilidades de plantear recursos, en

procura de su carácter expedito y de la naturaleza del asunto

debatido. Además, posee características especiales que lo particularizan del

género incidental, pues supone la formalización de –tan sólo- dos tipos de

pretensiones autónomas e independientes del proceso principal con ocasión del

cual se ventilan, aunque derivadas o justificadas en aquél. Esas pretensiones

se orientan a la rendición de cuentas que le exige el cliente al abogado, o

bien, al cobro que este último le hace al primero por

su patrocinio letrado. Son pretensiones autónomas pues no es menester que el

cobro o la rendición de cuentas se ventile en la vía incidental, en tanto, como

se dijo, podría acudirse a la vía plenaria. También son pedimentos independientes

pues la suerte del

proceso principal –se acoja o se rechace la demanda- no mengua el derecho a

obtener remuneración por el trabajo profesional desplegado –aunque podría tener

impacto en su cantidad- , o a rendir cuentas de la actuación. Finalmente se

derivan del proceso principal en tanto es en él en el que se acredita la labor

abogadil desarrollada, que amerita, ante la falta de conformidad entre el

cliente y su abogado, del incidente de cobro, o de la rendición de cuentas.

Dado que el incidente privilegiado de cobro de honorarios supone entonces una

pretensión que requiere de un pronunciamiento  de

fondo que dirima el cobro o la rendición de cuentas, considera la Sala que lo

resuelto corresponde a una sentencia en los términos del

artículo 153 inciso 3) del

Código Procesal Civil. Esto se confirma, además, con la eficacia de cosa

juzgada con la que se reviste a esa decisión (numeral

236 referido), efecto que por regla general no se hace descansar en los autos

puros y simples. Luego, la resolución final del incidente, en

la que se resuelve en torno a la pretensión formulada en el escrito inicial,

tiene carácter de sentencia. Con base en ello, en criterio de esta Cámara, el

órgano de la instancia precedente no procedió conforme a derecho al

circunscribir su competencia funcional a las razones expresadas en el escrito

planteado a folios 232 a

235, en tanto debió considerar los argumentos abonados en el escrito de

expresión de agravios que fue presentado, con ocasión del emplazamiento

otorgado por el Juzgado. Así las cosas, constatándose el yerro referido en el

inciso 7) del artículo 594 del Código Procesal Civil, habrá de acogerse el

motivo por razones de forma, para anular el pronunciamiento recurrido y

disponer el reenvío del asunto para que el Tribunal valore los argumentos

explicitados por los incidentistas en su escrito de folio 239 a 254

y emita, de nuevo, pronunciamiento en cuanto al fondo, según ordena el

inciso 1) del numeral 610 del Código Procesal Civil.  Esta norma inhibe la posibilidad de dar trámite al requerimiento

de que la Sala aborde el fondo del

asunto, pues resulta indispensable que el yerro adjetivo sea corregido por el

órgano en cuya instancia se constató. Por la forma en que se resuelve este asunto, se omite pronunciamiento en torno a las

disconformidades sustanciales planteadas por los incidentistas, por así

disponerlo el artículo 610 inciso 1) ibídem.