Resolución 01520-2011

La apelante, entre

otros motivos de disconformidad, alegó que el proceso no puede continuarse

porque una de sus representadas –COOPEMEX- fue liquidada y la otra –Cooticomer-

está sometida a un convenio preventivo. En la resolución atacada el Tribunal se

considera competente pues, en su tesis, cuando se apersone el representante de

la cooperativa, deberá tomar el proceso en el estado en que se encuentre, y el

proceso preventivo de la sociedad demandada no genera la suspensión del proceso

arbitral.

Un documento aportado

por la recurrente y que en apariencia emana del Consejo Nacional de Supervisión

del Sistema Financiero, da cuenta de la finalización del proceso de

intervención de la cooperativa y la aparente atribución al Fideicomiso

COOPEMEX/BCR-2010 de la atención de los procesos judiciales o extrajudiciales

pendientes. Además, consta en autos una copia de un oficio, aportada también

por la apelante, que fue suscrito por el Supervisor Cooperativo del Instituto

Nacional de Fomento Cooperativo, conforme al cual el 28 de marzo de 2011 se

planteó la demanda de disolución de Coopemex ante el Juzgado de Trabajo del

Segundo Circuito Judicial de San José. Así las cosas, si bien al inicio del

proceso estaba claro el estatus de la capacidad procesal de la cooperativa, no

ocurre lo mismo en este momento. Este es un presupuesto elemental de validez

del proceso, de modo que, de previo a resolver lo que en derecho corresponda,

resulta indispensable tener claridad respecto de lo acontecido con COOPEMEX

luego de la intervención, así como el estado, atribuciones y obligaciones del

fideicomiso mencionado.

Por eso, aún cuando el

artículo 38 de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la

Paz Social dispone que la Sala debe resolver la apelación sin más trámite, a

fin de dar cumplimiento al mandato constitucional de tutela judicial efectiva,

de raigambre constitucional, con el objeto de resguardar la validez del

litigio, debe prevalecer lo dispuesto por el artículo 575 in fine del Código

Procesal Civil que faculta ordenar prueba de oficio al órgano de alzada. Luego,

resulta imprescindible requerir al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema

Financiero que informe el estado actual del Fideicomiso COOPEMEX/BCR-2010, su

finalidad, obligaciones a su cargo, fiduciario y período de su nombramiento,

así como la relación del fideicomiso con la Cooperativa. Asimismo, toda vez que

la apelante no indica el número del expediente en el que se ventila el proceso

liquidatorio del Servicio Nacional de Ahorro y Crédito de los Trabajadores

Costarricenses R.L. –por lo que, al carecer de los datos suficientes, la Sala

no puede solicitarlo solicitarse ad effectum videndi- deberá aportar copia

certificada de él. Tanto el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema

Financiero, como la apelante, habrán de aportar la información requerida

en el plazo de cinco días a partir de que reciban la comunicación respetiva.

En consecuencia, deberá

comunicarse lo decidido a las partes y habrá de procederse a emitir el oficio

correspondiente para el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero

en los términos señalados.