Resolución 01295-2011

Aduce el gestionante

que el fallo no es claro en su parte dispositiva. Señala que se omitió

pronunciamiento acerca del daño material y los perjuicios, respecto de lo que

solicita adición y aclaración.

Al amparo de lo

estatuido en el artículo 158 del Código Procesal Civil, la adición y aclaración

sólo faculta subsanar contradicciones, oscuridades u omisiones observadas en el

Por Tanto de la sentencia. El considerando VIII del fallo que se solicita

adicionar, hace pronunciamiento expreso en torno a los perjuicios, acápite en

el cual fueron explicitadas las razones por las que no procedía otorgarlos y

así se reflejó en su parte dispositiva. Respecto al daño material lleva razón

sobre la omisión de abordar sus razones en la parte considerativa, no así en la

dispositiva, según se verá.

En su demanda los actores

reclamaron por daño material: “Los gastos por concepto de curaciones,

tratamientos, gastos por transportes, alquiler de equipo, permiso sin goce de

salario que tuvo que sacar la suscrita para cuidar al menor, los cuales taso en

la suma prudencial de un millón de colones.”  Ese extremo fue otorgado

por el Juzgado que lo fijó en ¢410.017,50. En su pronunciamiento señaló al

peritaje como sustento probatorio de ese importe. Al examinar el rubro, el

perito matemático estimó: “Daño material (daño físico temporal) o sea el

valor de la incapacidad temporal, expresada en el documento emitido por el

doctor (…), por un periodo de 10 semanas a partir de la fecha de los hechos.

Este daño está representado por todos los gastos necesarios para trasladarse,

procurarse medicamentos, costos de atención por las rehabilitaciones, tiempos

de hospitalización y demás, que han sido necesarios para recuperarse

físicamente un nivel apropiado de desempeño cotidiano. Este valor se fija en la

suma de ¢410.017,50.”  Más adelante, al justificarlo, indicó que el

menor debía ubicarse en la categoría de “trabajador no calificado genérico” que

conforme al decreto de salarios mínimos aplicable, devengaba un salario

mensual, el cual, aplicado al tiempo en que estuvo incapacitado, arrojaba un resultado

de ¢410.017,50, lo que en su criterio correspondía por incapacidad física

temporal. El Tribunal, por su parte, al referirse al extremo de daño

material refirió: “No se demostró que el menor David Gutiérrez incurriera en

gastos para lograr sus curaciones, algunas de éstas se cubrieron con una póliza

de accidentes suscrita por la demandada, y refiriéndonos a permiso laboral que

presuntamente gestionó la madre del menor, ésta no demandó, el hecho no se

comprobó y en nada afecta el posible patrimonio del actor, conforme a la prueba

que obra en autos.”. Por otra parte, en su recurso de casación, los actores

reclamaron que debía otorgárseles esa pretensión, y como sustento

adujeron  que el alquiler de la silla se deriva del testimonio de Armando

Gutiérrez y los otros aspectos del peritaje. Ahora bien, cabe recordar, según

se dijo, que los extremos liquidados en la demanda como daño material fueron

los siguientes: 1. gastos por curaciones, 2. tratamientos. 3. transportes. 4.

alquiler de equipo. 5. permiso sin goce de la madre para cuidar al menor. Según

se indicó en el Considerando VIII del fallo de esta Sala, la demanda fue

planteada por los padres del menor en su condición de tales, no así a título

personal, y los hechos de la demanda no refieren ningún presupuesto fáctico

conforme al cual se derive que el accidente haya afectado, y en qué manera, al

señor Gutiérrez Herrera y la señora Fallas Quirós. Por ello, el reconocimiento

de aspectos a favor de ambos, en este litigio, violentaría la congruencia del fallo

y supondría un quebranto del derecho de defensa del responsable civil de los

daños. Es claro que todos los gastos anunciados en este aspecto, de ser reales,

fueron asumidos por los padres del menor, por lo que, se reitera, no podían ser

concedidos en este proceso, dada la forma en que plantearon y sustentaron su

demanda. A ello cabe añadir, también, que en todo caso el peritaje no sirve de

sustento para ninguno de los extremos reclamados, pues el perito, en el rubro

en análisis, se constriñó a estimar incapacidad del menor, lo cual dista de

extremos tales como gastos por curaciones, tratamientos, transportes, alquiler

de equipo o permiso sin goce de salario. Dicho de otro modo, lo solicitado no

coincide con lo calculado por el experto. Esto supone, entonces, que aún

obviando el primer reparo señalado respecto a que tales pedimentos no derivan

de potenciales daños experimentados por el menor, habría que agregar que

carecen de sustento probatorio pues el perito, por el concepto señalado,

realizó una serie de cálculos y estimaciones no peticionados, de ahí que sus

ponderaciones resultan ajenas a las pretensiones debatidas. Con todo, por las

razones señaladas, el reparo en torno al cual se omitió análisis también debía

denegarse. Así las cosas, si bien era necesario adicionar estas

consideraciones, no debe hacerse lo mismo en la parte dispositiva del

pronunciamiento que se solicita revisar, pues el reparo no modifica el fallo

recurrido, de modo tal que no existe ningún fundamento para adicionar o aclarar

el por tanto contra el que se alega omisión u oscuridad, que es lo que en

última instancia pretende el ejercicio del reclamo.

Finalmente,

percatándose, de oficio, de la existencia de un error material en la fecha de

la sentencia que se solicitó adicionar, se corrige su data indicándose que ese

pronunciamiento corresponde al fallo n.° 1153-F-S1 de las 9 horas 35 minutos

del 13 de septiembre de 2011 y no del 3 de septiembre como por error se

consignó.