Resolución 00732-2008

1.

Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la parte

actora estableció demanda cuya cuantía se fijó en la suma de treinta y cinco

millones de colones, a fin de que en sentencia se declare: "1. Que la

hipoteca constituida mediante escritura otorgada ante el notario CARLOS MANUEL

ARROYO ROJAS, número trescientos cincuenta y nueve - cincuenta y uno de las

dieciséis horas treinta minutos del cinco de abril del dos mil dos visible al

folio ciento sesenta y cuatro frente del tomo cincuenta y uno del notario dicho

e inscrita en el Registro Público bajo las siguientes citas: 503-05042-01-

0001-001, es total y absolutamente nula, por lo que debe ordenarse su

cancelación y anulación del Registro respectivo.

Que en virtud de que dicha

hipoteca fue utilizada como base del proceso ejecutivo hipotecario tramitado ante

el Juzgado Civil de Mayor Cuantía de San Carlos, proceso que se está tramitando

bajo el expediente número cero dos - cien nueve dos cero - dos nueve siete -

CI, dicho proceso deviene en nulo y por ende solicitamos la anulación total de

todas las actuaciones y resoluciones de dicho proceso.

Que la cesión de

derechos hipotecarios hecha a favor de la demandada Patricia González

Altamirano es total y absolutamente nula por ser parte y actuación del proceso

ejecutivo hipotecario y además que dicha actuación fue hecha con evidente mala

fe.

Que en caso de que se logre la inscripción de la adjudicación de dicho

remate, solicitamos se restituya los bienes inmuebles inscritos en el Registro

Público, del Partido de Heredia, matrícula de folio real número Ciento (sic)

cincuenta y dos mil seiscientos doce - cero cero cero y Ciento (sic) cincuenta

y dos mil seiscientos trece - cero cero cero y se ordene la inscripción

original a nombre de mi representada.

Que los demandados deberán cancelar

las costas procesales y personales de la presente acción.

Que deberán pagar

los daños y perjuicios causados, daños y perjuicios que se originan por la

utilización de un documento nulo, sus efectos y la eventual pérdida registral

de las propiedades objeto del presente proceso y que se desglosan de la

siguiente manera, sumas que sin limitar nuestras pretensiones, son las

siguientes: a. Daño material: La suma de Veinte millones de colones,

consistentes en el valor de los inmuebles. b. Daño moral: La suma de Diez

millones de colones, consistentes en el agravio sufrido por los suscritos tanto

en condición familiar, personal y social. c. Perjuicios: La suma de Cinco

millones de colones consistentes en las limitaciones de disponibilidad del

inmueble así como las múltiples diligencias administrativas y judiciales

legales en procura y defensa de los inmuebles."

2.-

Las demandadas contestaron en la forma que lo exponen en sus memoriales de 181

y 189, y opusieron las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación

activa y pasiva, la expresión "genérica sine actione agit". Asimismo,

interpusieron las defensas previas de  litis pendencia, de falta de

competencia por razón del territorio, la excepción de litis consorcio pasivo

necesario, litis consorcio activo, excepción de indebida acumulación de

pretensiones, resueltas las cuatro primeras interlocutoriamente.

3.-

La señora Patricia González Altamirano, contrademandó al señor Gilberto Ramírez

Sánchez en su condición personal y como presidente de la sociedad Manufacturera

Alipe S.A., para que en sentencia se declare: "PRIMERO. Que si

en efecto se llegare a determinar que la hipoteca es nula por los motivos

apuntados por la sociedad actora, tal nulidad surtirá efectos únicamente entre

la sociedad MANUFACTURERA ALIPE S.A. y la señora MARIA (sic) TERESA GONZALEZ (sic) ALTAMIRANO.

Que por no figurar en el

Registro correspondiente restricción alguna o anotación para que la señora

Victoria González Altamirano como representante de María Teresa González

Altamirano, pudiera efectaur la Cesión de Derechos realizada dentro del Proceso

Ejecutivo Hipotecario Expediente 02-100920-297-CI, la referida CESION (sic) Y ULTERIOR ADJUDICACIÓN DE LOS INMUEBLES A NOMBRE

DE LA SUSCRITA ES ABSOLUTAMENTE VALIDA Y EFICAZ, por lo que los

INMUEBLES INSCRITOS A LOS FOLIOS REALES NUMEROS (sic) 152612- 000 152613-000 del Partido de Heredia,

me pertenecen en su totalidad y continuarán inscritos a mi nombre.

TERCERO.

Que se ordene la cancelación de la anotación emitida por este Despacho en el

expediente de referencia al margen de las fincas mencionadas.

CUARTO.

Que se condene a la demandada al pago de ambas costas de esta acción.

"

4.-

El señor Gilberto Ramírez Sánchez, en su doble carácter, contestó negativamente

e interpuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación pasiva,

la expresión "genérica sine actio agit" y la de litis

consorcio pasivo necesario, que se resolvió interlocutoriamente.

5.-

El Juez Ricardo Chacón Cuadra, en sentencia (f. 661) no. 347-R-2007 de

las 14 horas 30 minutos del 15 de noviembre de 2007, resolvió: "De

conformidad con lo expuesto, artículos 1, 3, 5, 9, 40, 99, 104, 113, 121, 123,

155, 222, 298, 308, 309, 317 y 423 del Código Procesal Civil, Así como artículo

456 del Código Civil se

Manufacturera Alipe

Sociedad Anónima incoó demanda ordinaria contra María Teresa y Patricia, ambas,

González Altamirano. Arguyó haber otorgado hipoteca sobre dos fincas de su propiedad,

a favor de la primera de ellas. Sin embargo, adujo, en el acto de constitución

compareció sólo el Presidente, cuando las facultades de apoderado generalísimo

debe ejercerlas en conjunto con el Tesorero. En ese litigio, sostuvo, la

acreedora hipotecaria, con mala fe, cedió sus derechos a Patricia González

Altamirano. Peticionó que se declare la nulidad de la hipoteca, así como del

proceso en que se ejecutó y de la cesión de derechos. De igual modo, que en

caso de adjudicarse las heredades en remate, debían serle restituidas.

Finalmente pidió el pago de los daños y perjuicios que estimó en

¢35.000.000,00, así como la condena en ambas costas. La apoderada generalísima

sin límite de suma de María Teresa González Altamirano invocó las excepciones

previas de falta de competencia por razón del territorio, litisconsorcio pasivo

necesario, “excepción de litis consorcio activo”, así como indebida

acumulación de pretensiones. Al contestar la demanda se opuso y arguyó la falta

de derecho, de legitimación activa y pasiva, litispendencia y litis consorcio

pasivo necesario. La demandada Patricia González Altamirano se opuso y arguyó

falta de derecho, de legitimación ad causam activa y pasiva y “sine actione

agit”. Las excepciones previas de litispendencia, falta de competencia

territorial, litis consorcio activo y pasivo necesario incompletos fueron

rechazadas, la primera por extemporánea y las demás por el fondo. No se observa

ningún pronunciamiento en torno a la indebida acumulación de pretensiones.

Patricia González Altamirano  contrademandó a Gilberto Ramírez Sánchez, a

título personal y como Presidente de Manufacturera Alipe S.A. Alegó que María

Teresa le prestó a la sociedad $16.285,00 y en garantía Gilberto Ramírez

Sánchez, en nombre de esa compañía, otorgó hipoteca de segundo grado sobre dos

propiedades. Ante la falta de pago, indicó, la acreedora luego de formular el

proceso ejecutivo hipotecario le cedió los derechos. Añadió que en ese proceso

se le adjudicaron los bienes. Adujo su buena fe, pues desconocía la supuesta

nulidad de la hipoteca. Solicitó se declare que de llegarse a determinar que la

garantía real es nula, ello afecta sólo a la sociedad ejecutada y a la cedente,

pero la cesión de derechos realizada en su favor es válida y eficaz, por lo

cual ha de condenarse a los reconvenidos al pago de ambas costas. Los

contrademandados se opusieron e invocaron las excepciones de falta de derecho,

falta de legitimación pasiva, “sine actio (sic) agit” y litis

consorcio pasivo necesario. Esta última, de carácter previo, fue denegada por

improcedente. Al resolver el fondo de la controversia, y en lo medular, el A

quo denegó las excepciones de falta de derecho, legitimación activa y pasiva y

“sine actione agit” interpuestas contra la nulidad de la hipoteca y de la demanda

hipotecaria. En consecuencia, declaró parcialmente con lugar la demanda de

Manufacturera Alipe S.A. Dispuso que la hipoteca y el ejecutivo eran nulos. Sin

embargo, respecto a la nulidad de la cesión, de la inscripción de la

adjudicación, restitución de los bienes e inscripción a nombre de la actora,

así como daños y perjuicios, acogió las excepciones de falta de derecho, de

legitimación activa y pasiva y “sine actione agit”. Por ello, acogió la

contrademanda, rechazó las excepciones  de falta de derecho, de

legitimación pasiva y “sine actione agit” invocadas y declaró que la

nulidad de la hipoteca no afectaba la adjudicación del inmueble a la

cesionaria, por lo que las fincas debían seguir a su nombre. La parte actora y

la contrademandante apelaron el fallo. El Ad quem revocó de manera parcial.

Respecto al tema de nulidad de la hipoteca y el ejecutivo acogió las

excepciones de falta de derecho, de legitimación activa y pasiva y “sine

actione agit” opuestas por las demandadas. En consecuencia, declaró sin lugar

la demanda. Señaló que era válida y eficaz la hipoteca que constituyó la

garantía, lo mismo que el proceso ejecutivo al que dio lugar. Además, condenó

en costas a  la actora. Los restantes extremos fueron confirmados.

Disconforme con lo decidido, la perdidosa formula recurso ante esta Sala.

Invoca razones adjetivas y sustantivas.

RECURSO POR RAZONES PROCESALES

II.-

El fallo es incongruente, dice, ya que contiene disposiciones contradictorias.

Reclama quebranto de los artículos 99, 155, y 290 inciso 2) del Código Procesal

Civil. El Tribunal, critica, otorgó pleno valor a la  hipoteca

constituida, que es nula. Esto provoca, continúa, una contradicción en su

análisis “pues ha quedado plenamente demostrado por medio de la

certificación registral aportada de la personería de la aquí actora, (sic) no

obstante el Tribunal resuelve en forma contraria a lo estipulado en esta, pues

omite pronunciarse con respecto a este extremo específico solicitado.”.

III.-

Si bien la recurrente invoca incongruencia, cita las normas que regulan la

admisibilidad de ese reclamo y arguye que se echa de menos pronunciamiento

alguno sobre el “extremo específico solicitado”;  no indica de

forma clara y precisa cuál es ese punto que fue pedido respecto del que se

omitió pronunciamiento. Ello genera que, a la luz de lo dispuesto por el

artículo 597 párrafo segundo del Código Procesal Civil, se imponga su

denegatoria. En todo caso, sus argumentos parecen evidenciar una disconformidad

con la valoración de la prueba realizada por el Ad quem, pues señala que la

certificación de su personería acredita una determinada circunstancia -que no

precisa- y tampoco menciona la incidencia que esto tuvo en el fallo atacado.

Así las cosas, todas estas razones generan que se desestime el agravio.

RECURSO POR RAZONES DE FONDO

Si bien enumera sus

disconformidades con base en los artículos que estima quebrantados, manifiesta

solamente una censura, por lo cual sus argumentos serán sintetizados de ese

modo. Único. Señala conculcados de manera indirecta los ordinales 36,

627, 835, 836, 837, 840, 1007, 1204, 1208 del Código Civil, así como 18 incisos

y 12), 182 y 425 del Código de Comercio. El Tribunal falló, indica, al

considerar la falta de capacidad de quienes suscribieron el contrato como un

supuesto de anulabilidad y no de nulidad. Al no existir capacidad, comenta,

debió declararse la invalidez del negocio, sin embargo se ha estimado válida la

hipoteca y el remate, desaplicando las dos primeras normas citadas. La

representación de la actora, expresa, según se demostró por las certificaciones

registrales aportadas, corresponde, de manera conjunta, al Presidente y al

Tesorero, sin embargo sólo uno de ellos intervino en ese contrato, traspasando

los límites del mandato de los socios, por lo que no tenía capacidad para

obligarse. Al estimar válido el negocio, señala, se vulneró el ordinal 370 del

Código Procesal Civil. El señor Gilberto Ramírez Sánchez, afirma, le informó al

notario público que registró el contrato, que la representación de la sociedad

era conjunta, lo cual fue obviado por el profesional, quien le manifestó que

había verificado la personería, constatando que el mismo señor Ramírez era el

único representante, haciéndole incurrir en error, aprovechándose de su propio

dolo y faltando a su deber de informar la situación de los poderes. Al no

existir capacidad para que contratara en solitario, continúa, pues la Asamblea

de Socios determinó que debía actuar en conjunto, la consecuencia es la nulidad

absoluta de esa garantía, según los cardinales 835 y 837 citados. Los elementos

esenciales para el contrato de hipoteca, critica, no se cumplieron,

quebrantando los artículos 627 y 1007 de ese cuerpo legal. Menciona

jurisprudencia de la Sala Tercera sobre el consentimiento y del Tribunal

Segundo Civil acerca de la accesoriedad de los derechos reales de garantía. El

Ad quem estimó que el Presidente tenía capacidad para obligarse. En las

sociedades anónimas, dice, según los numerales 1208 del Código Civil y 18

incisos 11) y 12), así como 182 y 425 del Código de Comercio, la Junta

Directiva dirigirá los negocios sociales. El objeto social marca el límite de

actuación del representante, expresa, y puede estar limitado por lo que la

Asamblea indique. El Tribunal, objeta, contraría esa normativa al considerar

innecesaria la presencia de los representantes de la sociedad actora. Cita un

extracto de doctrina y de un fallo de esta Sala relacionado con el mandato. El

Ad quem, recrimina, convalidó el vicio alegando que el Presidente es el órgano

representativo de la sociedad anónima y que, contrario a la voluntad de la

Asamblea de Socios, no era necesario firmar el contrato de hipoteca, con lo que

quebranta el numeral 182 del Código de Comercio. Afirma no compartir el

criterio de esta Sala, en torno a esa norma, porque conculca el cardinal 28 de

la Constitución Política que consagra el principio de autonomía de la voluntad

regulado, en lo que a la Asamblea corresponde, de los numerales 152 a 180 del Código

de Comercio, en tanto el órgano supremo de la sociedad decidió otorgar un poder

conjunto. Apunta doctrina en torno al tema de la voluntad negocial. El

legislador no limitó mediante el cardinal 182 citado, dice, las facultades de

la Asamblea de Socios, sino que le amplió las posibilidades de elegir, por lo

que si su deseo era nombrar otros consejeros además del Presidente, podía

hacerlo. Acusa inaplicado el precepto 152 del Código de Comercio. Transcribe el

canon 1253 del Código Civil y señala que no limita la representación a ese

órgano de la sociedad anónima. Al omitir valorar las certificaciones en las que

se acredita que debía actuar junto con el Tesorero, manifiesta, se incurre en

error de derecho, quebrantando los artículos 369 y 370 del Código Procesal

Civil. Luego agrega lesionado el derecho de defensa “con la comparecencia

(…) en calidad de testigo, del señor Rodolfo Blanco Muñoz, quien refiere que se

constituyó una hipoteca, en razón de la existencia de una deuda, por relaciones

comerciales anteriores de su parte para con señor (sic) William Calvin Stelle,

esposo de la señora Teresa González Altamirano; pero que nunca existió tal

deuda con la aquí demandada o sus hermanas, y dijo que además desconocía la

existencia de alguna deuda entre esta señora o sus hermanas. Manifiesta además,

que el representante de la empresa actora nunca recibió dinero alguno de la

señora González, puesto que la deuda lo era con el señor William Calvin

Stelle”. Con ello, aduce, se quebrantaron por falta de aplicación los numerales

155 inciso 3) apartado ch), 333, 335 y 337 del Código Procesal Civil. Rescata

una serie de puntos de ese mismo testimonio. En su dicho, de lo señalado por

ese testigo se extrae lo siguiente:

El señor Blanco acudió a Gilberto

Ramírez para que “le ayudara” con una garantía, y el último accedió a

rendir “fianza”.

Los acreedores, continúa, no entregaron dinero a la

demandada.

Don Gilberto le advirtió al notario que redactó la hipoteca del

cambio en la personería, pero el profesional le indicó que no constaba en el

Registro, por lo que podía suscribirse.

El deudor afirmó que siguió haciendo

los pagos en la cuenta del acreedor, empero el notario procedió a ejecutar la

garantía. Este testimonio, continúa, confirma la nulidad de ese gravamen, por

no reunir los requisitos formales y esenciales en su constitución. El fallo

atacado, critica, no indica si el testimonio merece credibilidad, o si debe

rechazarse. Aunque esa prueba tenga valor relativo, señala, no hay otra que la

desvirtúe, por lo que al no ponderarla se ha incurrido en quebranto de los

numerales 155 inciso 3), 333, 335 y 337 del Código Procesal Civil. Acusa error

al señalar buena fe de las accionadas en la cesión del derecho  y al

efecto cita los  artículos 330 y 338 del Código Procesal Civil. Al

contestar la demanda y reconvenir, dice,  esa parte aseguró haber actuado

de buena fe, porque de previo a que le cedieran los derechos revisó el

expediente judicial sin encontrar ninguna irregularidad, pero en su confesional

indicó que desconocía lo que es un proceso judicial. Esto no fue analizado por

los juzgadores, comenta.  Luego cita doctrina sobre la buena fe. En este

asunto, indica, el notario que constituyó la hipoteca es quien gestionó el

ejecutivo, pero solicitó que el primer remate se suspendiera al constatar la

irregularidad que existía en la escritura por la falta de representación de

quienes obligaban a la accionada, en virtud de lo cual renunció al patrocinio

legal. Es decir, expresa, ambas demandadas conocían de esa irregularidad, sin

embargo el nuevo letrado que asumió el asunto pidió el remate, fueron cedidos

los derechos de la ejecutante y la cesionaria se adjudicó las propiedades. La

reconventora, continúa, sostuvo que la acreedora original saldría del país y le

debía ¢5.000.000, deuda respaldada con un pagaré, por lo que se realizó la

cesión. La adquirente, objeta, nunca aportó copia del pagaré y en su

confesional niega que la deuda estuviera respaldada en algún documento, por lo

que el débito era inexistente, además que los derechos se transmitieron a

través de apoderado, cuando la cedente no estaba en el país, así que no existía

esa urgencia en que le cediera sus derechos. Esto pretendía crear, explica, la

apariencia de una tercera adquirente de buena fe, que no es tal, pues la

cesionaria conocía la nulidad de la hipoteca.

V.-

La recurrente reclama quebranto indirecto de las normas sustantivas que regulan

la representación de las sociedades anónimas y el contrato de mandato, porque

fueron valoradas de manera indebida: la certificación del Registro según la

cual sus apoderados son el Presidente y Tesorero de la sociedad, las

aclaraciones que le suministró Gilberto Ramírez Sánchez al notario que

constituyó la hipoteca, en el sentido de que debía actuar en conjunto, así como

el testimonio de Rodolfo Blanco Muñoz. Por otro lado, procura controvertir la

buena fe de la cesionaria arguyendo que conocía los elementos de nulidad de la

hipoteca, según se extrae de su contestación y de su confesión. Los agravios

que arguye el recurrente respecto de estos medios de prueba no procuran, en

realidad, que se modifique el cuadro fáctico sobre el cual se construyen los

hechos probados de las sentencias precedentes, como corresponde a los yerros

indirectos (error de hecho y de derecho) sino un cambio de la tesis que, en

cuanto a la representación de las sociedades anónimas, sostuvo el Ad quem, con

base en un precedente de esta Sala. Nótese que, en efecto, el primer hecho

probado de la sentencia del A quo, que fue prohijado por el Ad quem, señaló que

“Gilberto Ramírez Sánchez y Guillermo Cardoce Esquivel son Presidente y

Tesorero, con la representación judicial y extrajudicial de dicha sociedad, con

facultades conjuntas de apoderados generalísimos sin límite de suma”

presupuesto fáctico que tiene como base, justamente, la certificación que aduce

mal ponderada por los juzgadores de las instancias precedentes.  Así las

cosas, es claro que, al valorar ese documento, los jueces no incurrieron en

error alguno, pues tuvieron por demostrado lo que en su recurso alega la

actora. Lo determinante radica, según se verá, en los efectos de ese carácter

conjunto de apoderados del Presidente y el Tesorero.

El Presidente como

órgano de representación. El voto de esta Sala n° 489-f-05 de las 9 horas

30 minutos del 13 de julio del 2005, en lo que interesa, dispuso: “I. Para

una mejor comprensión de lo que se dirá, es menester transcribir el artículo

182 del Código de Comercio:  “La representación judicial y extrajudicial

de la sociedad corresponderá al Presidente del consejo de administración, así

como a los consejeros que se determinen en la escritura social, quienes tendrán

las facultades que allí se les asignen.”  Después de un nuevo análisis de

ese numeral, así como de la doctrina científico jurídica relacionada que lo

informa, esta Sala arriba a las siguientes conclusiones.  Desde una

perspectiva literal, contrario a lo afirmado por la recurrente, dicho canon

resulta ambiguo.  El uso por parte del legislador del signo de puntuación denominado

“coma” para separar las tres oraciones que contempla, así como del pronombre

“quienes”, permitirían, al menos, dos interpretaciones: 1) que las dos primeras

oraciones están íntimamente ligadas entre sí, por consiguiente, la última –“...

quienes tendrán las facultades que allí se les asignen.”- se refiere tanto al

Presidente, cuanto a los otros consejeros; y, 2) que el referido pronombre, al

estar en plural, únicamente alude a la segunda oración, es decir, a los

consejeros.  El legislador, en la primera oración, de manera clara y sin

limitación alguna, le otorga la representación judicial y extrajudicial de la

sociedad al Presidente del consejo de administración; ergo, no sería racional

que, en la última frase se desdijera, otorgándole a los socios la posibilidad

de limitársela.  La “ratio legis” del artículo en comentario, es que

siempre exista un representante de la sociedad anónima que actúe frente a

terceros con poderes ilimitados.  Evidentemente, esto va en beneficio de

ellos, no tener que acudir al Registro Público a verificar si tiene o no poder

para realizar determinado acto.  Basta con que sea el Presidente de la

empresa.  Lo correcto, por consiguiente, es la segunda tesis: interpretar

que la primera frase es independiente de las otras dos, y que, por ende, el

pronombre “quienes” únicamente se refiere a los consejeros.

Por

otro lado, el término “representación” utilizado en la primera frase, podría

hacer pensar que el legislador costarricense plasmó, en la norma en comentario,

la “teoría de la representación”, lo cual, según se analizará de seguido, es

equívoco.  No resulta de interés abarcar en esta resolución toda la

problemática que sobre el tema se ha dado, sobre todo a nivel doctrinal.

Sin embargo, sí es oportuno tener presente lo siguiente.  De conformidad

con la doctrina, la verdadera y propia representación es la denominada directa,

es decir, cuando una persona actúa en nombre y en el interés de otra,

manteniéndose dentro de límites del poder conferido (la representación

indirecta o interposición gestora, consiste en actuar sólo por cuenta de otro,

pero en nombre propio). De tal manera que los efectos del acto se producen

directa y exclusivamente en la esfera jurídica del representado.  Al

representante se le considera como una ayuda ocasional o temporal del

representado.  En consecuencia, éste puede actuar directamente sin aquél.

No se puede hablar de representación, según afirma la doctrina, si no es

posible identificar a los sujetos (ambos) de la relación.  Esto es

aplicable a las personas físicas, mas no a las jurídicas.  Éstas, como es

sabido, no pueden actuar por sí solas.  Diversas han sido las teorías

esbozadas para explicar su naturaleza y funcionamiento.  La doctrina ius

privatista contemporánea, casi de manera unánime, adopta la teoría del órgano,

recogida del Derecho Público.  De conformidad con esta posición, la

persona jurídica, está compuesta por órganos a través de los cuales actúa y se

expresa.  Se entienden por tales a las personas, o grupos de personas

físicas que, por disposición de la ley o del pacto social en ausencia de ésta,

están autorizados a manifestar su voluntad y desarrollar la actividad del ente

para la consecución de sus fines.  De tal manera que, en sus relaciones

externas, quien obra es la persona jurídica.

Como es sabido, el

Código de Comercio de Costa Rica, en lo que atañe a la materia de sociedades

anónimas, se fundamenta en las disposiciones del hondureño de 1951.  En lo

de interés, en la exposición de motivos de este cuerpo normativo, se indica lo siguiente:

“SECCIÓN QUINTA  De la Asamblea  Por ser la asamblea

general el órgano democrático de expresión de la voluntad social, era

necesario establecer un régimen completo que viniese a suplir las muchas

lagunas que se hallan en la regulación establecida por los artículos 347 y

siguientes del Código de Comercio de Honduras. Las principales innovaciones que

en esta materia se introducen podríamos enumerarlas en la forma siguiente: 1ª

.- La asamblea es el órgano supremo de la sociedad, lo que significa que

se encuentra en la cúspide de su organización jerárquica, pudiendo dar

órdenes e instrucciones a los demás órganos sin tener que recibirlas de

ninguno de ellos. ...  SECCIÓN SEXTA  Administración y

Representación  Los escasos preceptos sobre administradores de la

sociedad anónima han sido sustituidos por un conjunto orgánico, del que

enumeraré las siguientes características (..) 7ª .- Se establecen los

órganos secundarios de administración al regularse de un modo preciso la

figura de los gerentes; ... SECCIÓN SÉPTIMA De la Vigilancia  No

existía en el Código de Comercio un órgano de vigilancia adecuado.

... Los socios, individualmente considerados, son órganos de esta función,

ya que el derecho individual de cada accionista para pedir la convocatoria de

asamblea, el de denunciar las anomalías o irregularidades, el de examinar los

documentos y el balance y el de aprobación de éste, son todos típicos derechos

de vigilancia y control. ... La asamblea general de accionistas es, como

órgano colectivo, el principal órgano de vigilancia y control,

puesto que ante ella responden los administradores y comisarios que pueden ser

nombrados y revocados por la misma./ Pero además de esto, hacía falta un

órgano especializado de vigilancia, que permanentemente controlase la

gestión social con independencia de la actuación de los administradores, en

interés exclusivo de la sociedad.  Este órgano lo constituyen los

comisarios./  El Poder Ejecutivo ha tenido en cuenta la necesidad de

establecer las calidades para el desempeño del cargo, de manera que se

realce la absoluta independencia de los comisarios frente a los demás órganos

de la sociedad.  Ha precisado sus derechos y obligaciones y ha

establecido con detalle las normas para su nombramiento, y para que en ningún

caso falten personas que atiendan la función que la ley señala a este

órgano. ...”(Lo subrayado no es del original. “Código de Comercio de

1950”. República de Honduras.  Grupo Editorial GRAFICENTRO EDITORES.

Tegucigalpa, Honduras.  Julio del 2001).  De la anterior trascripción,

resulta evidente que el legislador hondureño, en lo que a las sociedades

anónimas se refiere, se fundamentó en la teoría orgánica.  Por su parte,

el Código de Comercio costarricense en el artículo 152 párrafo primero, señala:

“Las asambleas de accionistas legalmente convocadas son el órgano supremo de

la sociedad y expresan la voluntad colectiva en las materias de su

competencia. ...” (Lo subrayado es propio).  A la luz de la doctrina,

tanto en la legislación hondureña, cuanto en la costarricense, pueden

identificarse tres órganos sociales para las sociedades anónimas:  1) órgano

deliberativo (asamblea de accionistas, artículos 165 al 200 del Código de

Comercio de Honduras; 152 al 180 del Código de Comercio costarricense); 2) órgano

gestor (bajo la denominación “De la administración y de la representación

de la sociedad, artículos 201 al 230 del Código de Comercio de Honduras; 181 al

192, del costarricense; y 3) órgano contralor o de vigilancia (fiscal o

fiscales –o comisarios según la legislación hondureña- , artículos 231 al 239

del  Código de Comercio de Honduras; 193 a 200 del costarricense). No

obstante lo anterior, en materia de representación, como se indicó en el

Considerando I de este fallo, el artículo 182 del Código de Comercio de Costa

Rica dispone que “La representación judicial y extrajudicial de la sociedad

corresponderá al Presidente del consejo de administración ...”.  De

conformidad con su tenor literal, se concluye que el legislador invistió como

órgano representativo de la sociedad anónima al Presidente del consejo de

administración.  Consecuentemente, son cuatro, y no tres, los órganos

sociales, a saber: 1) órgano deliberativo (asamblea de accionistas), 2) órgano

gestor (consejo de administración o junta directiva), 3) órgano

representativo (el Presidente de la sociedad) y, 4) órgano contralor o

de vigilancia (fiscal o fiscales).  Cada uno tiene competencias

propias establecidas en la ley.  Ninguno puede realizar actividades

propias de otro, cuando sean legalmente estatuidos en la eventualidad de que la

ley no asigne determinada función, de conformidad con el artículo 152 párrafo

segundo ibídem, el competente para llevarla a cabo es la Asamblea de

Accionistas, como órgano supremo. Corolario de lo anterior es que el único

órgano que puede representar válidamente a la sociedad tanto judicial, cuanto

extrajudicialmente, es el Presidente de la Junta Directiva. Cuando la persona

física actúa en su carácter de Presidente, por lo tanto, debe entenderse que

quien lo hace es la sociedad.  Por ello, el tercero que contrata con él, o

el que lo llama a juicio, o solicita su confesión, no está obligado a, de

previo, verificar si se le han otorgado poderes suficientes para actuar.

El legislador costarricense le otorgó poderes amplísimos, omnímodos, por ello,

no es posible que los socios, en el pacto social, le limiten esas

facultades.    Entenderlo de esta forma conculca los principios

rectores del Derecho Mercantil de seguridad y celeridad en las transacciones

comerciales.  En conclusión: el legislador quiso que el órgano

representativo tuviera los suficientes poderes para hacer actuar a la persona

jurídica que representa.  Ergo, cualquier limitación establecida en el

pacto social debe tenerse por no puesta.  Ahora bien, el numeral 182 del

Código de Comercio, en su segunda oración, prevé la posibilidad de que los

socios designen en el pacto social, además del Presidente, a otros

representantes, a quienes sí se les puede imponer limitaciones.”

VII.-

Consecuencias de esta tesis. De lo expuesto se extrae que la representación judicial

y extrajudicial de la sociedad le corresponde, ex lege (de fuente legal) al

Presidente. Es presupuesto para que se ostente ese carácter, la voluntad

concurrente de la Asamblea de Accionistas y el designado, pero el contenido de

sus atribuciones le son fijadas de manera directa –e inmodificable- por

la  ley. La voluntad soberana del colectivo agrupado en la persona

jurídica se manifiesta a través de la escogencia de un sujeto apto para el

desempeño de tales funciones, pero no puede limitar –frente a terceros- su

estatus de órgano representativo. El interés de esta disposición tiene un doble

efecto. En primer lugar, contribuye al tráfico jurídico con estas –y entre

estas- personas jurídicas, de forma célere y expedita, pues quienes se vinculan

con ellas, tan solo deberán verificar  la vigencia del nombramiento del

Presidente. Esto está íntimamente ligado con el principio de buena fe (artículo

22 del Código Civil) que debe inspirar los negocios, amén de que proporciona

seguridad jurídica, en tanto existe certeza de haberse vinculado con la

sociedad, a través del órgano que reúne las condiciones para ello. En segundo

término, limita la posibilidad de que la sociedad evada su –eventual- responsabilidad

civil a través del mecanismo de nombrar Presidentes con poderes muy limitados o

escasos, arguyendo falta de capacidad de su representante. La sociedad debe

contar permanentemente con un sujeto que goce de las capacidades necesarias

para representarla en todos los ámbitos. Por ello, la voluntad social no puede

imponer condiciones o límites que afecten a terceros.

Eficacia interna de

las limitaciones establecidas al órgano de representación. La constitución

de una persona jurídica regulada por el Derecho Privado, tiene como condición

necesaria el  ejercicio legítimo de las garantías constitucionales de

autonomía de la voluntad y -su derivado- libertad de contratación. Ese poder de

autodeterminarse, se continúa manifestando, en la persona jurídica, a través de

la Asamblea de Accionistas, órgano supremo que define el destino societario.

Dentro de sus atribuciones está designar al órgano de representación (numerales

18 inciso 12) y  155 inciso c) del Código de Comercio), por lo que debe

rendirle cuentas. Así, el carácter de representante judicial y extrajudicial

del Presidente viene dado por el Ordenamiento, pero la eficacia material de ese

estatus tiene como presupuestos la designación y la aceptación del cargo. Por

ello, si es la Asamblea de Accionistas la que dicta el rumbo de la sociedad,

que se materializará a través del Presidente, sus lineamientos serán de

acatamiento obligatorio para él. Con todo, los límites que la Asamblea de

Accionistas imponga a su actuación, no son nulos, inválidos e ineficaces en

su relación interna con el conglomerado societario. Su eficacia será

relativa, aplicable a las relaciones inter- orgánicas, pero inoponible erga

omnes, a las relaciones externas. Si lo que existe entre el Presidente que ha

aceptado la designación y la Asamblea de accionistas que lo ha escogido es un

contrato con atribuciones predefinidas por el Ordenamiento (en tutela de

terceros), en virtud del principio de relatividad de los contratos (artículo

1022 del Código Civil), esos lineamientos sí tendrían validez intra societaria.

Por ello, si el designado actúa en contravención con lo indicado por la

Asamblea de Accionistas, podrá exigírsele su responsabilidad por las vías

correspondientes (el artículo 184 in fine del Código de Comercio indica: “Las

irregularidades en el funcionamiento del consejo, no perjudicarán a terceros de

buena fe, sin perjuicio de la responsabilidad de los consejeros ante la

sociedad”).  Lo dicho integra tres elementos; el carácter de

representante del Presidente mandado por el Ordenamiento que no puede ser

limitado en perjuicio de terceros (artículo 182 del Código de Comercio), la

garantía de responsabilidad –en este caso societaria- evitando el fraude de ley

a través de la limitación de las facultades del órgano de representación

(numerales 981 y 20 del Código Civil) y la voluntad soberana de la Asamblea de

Accionistas en establecer, a lo interno, la forma de gobierno –y en

consecuencia los controles y limitaciones- que desee dentro de las materias de

su competencia (cardinales 152, 154 y 156 del Código de Comercio). En síntesis,

la sociedad podrá imponer límites a la actuación del Presidente, sin embargo,

sólo tienen eficacia relativa (inter-partes) pero no surtirán ningún efecto

respecto de terceros, pues frente a ellos, el presidente ejerce la

representación judicial y extrajudicial de la sociedad anónima. Al amparo de lo

señalado, en un caso como el del presente debate, el Presidente estaba

capacitado y habilitado legalmente para comprometer a la sociedad, en virtud de

su estatus de órgano de representación. Así las cosas, por todas las razones

expresadas, no se observa el quebranto legal acusado.

Lo dicho en el acápite

precedente justifica, sin más, el rechazo del recurso, sin embargo, conviene

hacer recuento de lo señalado en torno al resto de las probanzas que refiere la

parte actora. Respecto al testimonio de Rodolfo Blanco Muñoz rescata una serie

de elementos que no están relacionados, directa o indirectamente, con el tema medular

de este debate. Además, tampoco son confrontados con la sentencia, en tanto no

indica cómo incidirían, de haberse valorado de manera debida, en el dispositivo

del fallo atacado. Lo rescatado corresponde, casi en su totalidad, a aspectos

periféricos –y novedosos- a lo debatido acá (motivo de la garantía, deudor

original, y eventual pago del crédito), que no inciden sobre las pretensiones

invocadas. Ahora bien, respecto de las afirmaciones de este testigo

relacionadas con el tema debatido,  se remite al recurrente a lo dicho en

el Considerando anterior.  Por otro lado, al confirmarse la validez de

la  hipoteca, no puede achacársele a la confesión de Patricia González

Altamirano el haber adquirido conociendo una serie de vicios cuya existencia ha

sido negada. Las circunstancias  de la cesión, es decir, si había una

deuda previa de la cesionaria con la cedente, su respaldo documental, la

renuncia y las actuaciones de los sucesivos profesionales que representaron a

la actora, la urgencia en la cesión y todos los demás elementos que invoca, no

alteran lo señalado en torno a la capacidad del Presidente de la actora para

otorgar la garantía real objeto de debate. En conclusión, por todos los motivos

señalados, el recurso formulado por Manufacturera Alipe debe desestimarse,

quien deberá correr con las costas generadas al ejercitarlo.