Resolución 09856-2022

En anteriores

notas (véanse las sentencias 2014-004630, 2015-016070, 2015-019582,

2016-018351, 2020-013316) he hecho algunas consideraciones en relación con el

ejercicio del control de constitucionalidad y los instrumentos internacionales

como parámetro de valoración. Al respecto, en lo conducente y en resumen,

indiqué lo siguiente:

“La función de

controlar la conformidad de las leyes y disposiciones generales con los

tratados y convenios no está expresamente prevista en el texto constitucional

sino sólo en el art. 73.d) LJC, pero no es contraria a aquél, pues permite

garantizar la eficacia del art. 7 CP. Esa función de controlar dicha

conformidad es una función distinta de la que ejerce la

Sala en razón del art.

10 CP –el control de constitucionalidad– y de la establecida en el art. 48 CP

–garantizar jurisdiccionalmente los derechos constitucionales y los de carácter

fundamental establecidos en instrumentos internacionales sobre derechos

humanos–.

Cuando esta Sala

ejerce su función de control de constitucionalidad, no corresponde que eche

mano de tratados y los utilice de hecho como si integraran el parámetro de constitucionalidad.

Tales instrumentos, y sólo si están debidamente ratificados, pueden erigirse en

parámetro de conformidad de las normas legales e infralegales con ellos mismos,

en razón de lo establecido en el art. 7 CP y 73.d) LJC. Esto es conteste con una

interpretación sistemática de la Constitución y la LJC y con el respeto a la

separación de poderes, principio basilar de todo Estado democrático de

Derecho”. (Lo resaltado no corresponde a los votos originales).

En el caso concreto, no estamos frente a un

asunto de control de constitucionalidad, sin embargo, estimo necesario dejar

consignando que las referencias al caso Tristán Donoso vs. Panamá de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, el caso Gillberg versus Suecia, aplicación

41723/06 del 03 de abril del 2012 de la Corte Europea de Derechos Humanos y la

sentencia dictada en el caso Bédat contra Suiza (caso n.°56925/08, sentencia de

la Gran Sala del 29 de marzo de 2016) del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

se realiza únicamente para efectos ilustrativos y no porque tengan un carácter

vinculante como tal.

Considero

importante precisar que resulta improcedente asimilar este caso con el resuelto

en el expediente n.°18-017597-0007-CO, sentencia n.°2018-019985, toda vez que

en dicho caso se estaba requiriendo el acceso a un informe de una fiscal del

Ministerio Público, el cual, según el informe rendido en dicho expediente,

constaba de una enumeración de “las diligencias efectuadas en el proceso penal

06-000564-0059-PE, lo relacionado con la evidencia decomisada, e incluso, la

teoría del caso del proceso penal 18-002260-0369-PE, que contiene apreciaciones

subjetivas de la prueba incorporada al libelo y anotaciones sobre el cuadro

fáctico”. Ese marco fáctico es absolutamente diverso al que se examina en el

sub lite , en el que no se solicitó el acceso a piezas de la investigación

penal, sino a datos genéricos tales como la recepción de la denuncia por parte

de la Fiscalía de la Ética Pública y la apertura o no de la investigación. En

el antecedente sí resulta válida la denegatoria por el material al que se

pretende tener acceso. En el caso concreto, conforme se consignó, no se

justificó la denegatoria de información que bien podía ser revelada por parte

del Ministerio Público.

Anamari Garro

Magistrada

VCG06/2022