Resolución 01000-2026

"III- [...] El reclamo es atendible. [...]  Así las cosas, resulta importante hacer ver que la aplicación de la condición de vulnerabilidad para efectos de la posible reducción de la pena, no solo no procede en todos los casos, sino que debe tratarse de una imputada mujer, o de un varón, siempre que se esté en una condición de discapacidad y esta condición haya incidido en la comisión del hecho. Si bien se reconocen los efectos que la pobreza puede tener en las personas y que en forma efectiva representa una condición de vulnerabilidad que impone barreras en muchas oportunidades para acceder a bienes, servicios y derechos o su efectiva defensa, sin embargo, el que una persona pueda ser considerada en condición de pobreza no la condiciona para llevar a cabo un estilo de vida antisocial (salvedad, huelga decir, del llamado en doctrina hurto famélico o por necesidad, previsto en el numeral 210 del CP), pero en el caso concreto tampoco se da esa incidencia, pues la persona imputada contaba con un oficio (técnico en refrigeración) que es una herramienta para insertarse laboralmente, pero además contaba con el apoyo financiero de su familia quien lo ayudó con el pago de alimentos y alquiler, le dio contención y afecto, así como satisfacción de necesidades básicas según se desprende de la prueba evacuada en el contradictorio y del informe emitido por el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial. El hecho de que hubiera perdido su empleo y que sea una persona en consumo activo y problemático de drogas, sin duda alguna representó limitaciones relevantes para el acceso a bienes y servicios; sin embargo, tal cual lo expone la recurrente, no son condiciones previstas por las normas citadas, que faculten a una reducción de la sanción, por cuanto el imputado para la fecha de los hechos no se encontraba bajo una condición de discapacidad que no le permitiera satisfacer sus necesidades básicas y su decisión de delinquir no estuvo vinculada a no tener empleo o a consumir drogas. [...]"