Resolución 00736-2026

"II.v.- Se declara con lugar el motivo. Al examinar los fundamentos expuestos en la sentencia, para la fijación de la pena máxima que puede llegar a imponerse a una persona por la comisión de un delito de ‘Homicidio simple’ en nuestro país, conforme la escala punitiva establecida en el artículo 111 del Código Penal, advierte esta cámara un marcado sesgo en el análisis, que afectó la objetividad que debe mantener el órgano jurisdiccional, creó un desbalance en la construcción del juicio y en la determinación de los criterios de selección de la dosis punitiva, generándose la reclamada inobservancia de la normativa, en relación con la comprensión teleológica de la pena. Lo primero que llama la atención, es que el delito de ‘Homicidio’ es un delito de resultado, es decir, aun en su forma básica de comisión, al establecerse en la etapa de criminalización primaria su reprochabilidad en abstracto, se contempla no solo el peligro, sino la lesión efectiva que puede producirse al bien jurídico regulado en su ámbito de aplicación. En el presente caso, sin embargo, al no haberse alcanzado en el iter criminis la consumación del ilícito, se determinó la comisión del delito conforme el tipo de la tentativa (artículo 24 del Código Penal) lo que incide en los parámetros del desvalor que deben aplicarse. Aun aceptando con un sector mayoritario de la doctrina moderna que la punibilidad para el delito tentado se asienta en "...un criterio fundamentalmente objetivo, es decir, en su proximidad a la lesión de un bien jurídico protegido, ya que, desde el punto de vista subjetivo, tanto en la consumación como en la tentativa o en la frustración, la voluntad del sujeto no sufre modificaciones" (Muñoz Conde, Francisco. Teoría General del Delito, Temis, segunda edición, 2004, p.142) no debe obviarse que también se ha sostenido por los defensores de esta postura que "...en la medida que el desvalor del resultado añada un componente adicional a la gravedad del injusto cometido es evidente que la pena del delito consumado sobre todo en los delitos de resultado (homicidio, daños, incendios, etc.) debe ser más grave que la del delito intentado o frustrado" (Muñoz Conde, Francisco. Op. cit. p.143). Esta primera consideración que al margen de la equiparación punitiva trazada legalmente por el artículo 73 del Código Penal, se comparte por razones de dosimetría (derivadas de la aplicación de los principios de igualdad y proporcionalidad) permitiría establecer un límite superior a la punibilidad de la acción tentada, en la previsión mínima abstracta del tipo penal que ya contempla la forma consumada de injusto y por ende, ha agregado en la reprochabilidad del hecho el desvalor del resultado de lesión al bien jurídico, no solo el mero peligro creado al realizarse el atentado. Al tenerse en cuenta lo anterior, la equiparación trazada por vía legislativa a la punición de las acciones consumadas y tentadas impresiona rigorista, pues es cuando menos llamativo el problema dosimétrico derivado de la posibilidad de que, en un caso se imponga la pena mínima de doce años de prisión a quien dio muerte a su víctima, pero en otro pueda imponerse quince años de prisión a quien, sin alcanzar a lesionar el bien jurídico, lo puso en peligro. Evidentemente cada caso debe analizarse de forma particular, en sus circunstancias específicas y conforme las posibilidades que da legislación aplicable; pero lo que es ineludible es que, si se va a optar por aplicar a un delito en estado de tentativa, la misma pena que tendría el hecho si se hubiera alcanzado el resultado propuesto por su autor, esa determinación debe sustentarse con extrema rigurosidad, exponiendo razones fundadas para la equiparación de la sanción; y mucho más aun, si lo que se pretende es tender hacia la parte alta de la escala punitiva. No se diga ya, si lo que se pretende es imponer la pena máxima prevista en abstracto, ejercicio reservado al reproche de conductas que integran todos los elementos posibles de desvalor, requisito que no concurre en las acciones tentadas, carentes de un resultado consumado, por ende, de la lesión efectiva al bien jurídico. [...]"