Resolución 00662-2026

"II.- [...] No obstante, ningún impedimento existe para que una persona juzgadora distinta conforme ahora esta cámara, habida cuenta de que en la diligencia las partes reiteraron sus alegatos que constan por escrito y sus intervenciones se respaldaron en el respectivo registro audiovisual al que la jueza Ramírez Angulo tiene acceso. De modo que ningún derecho constitucional se lesiona, conforme lo ha entendido la

Sala Constitucional en antecedente que, por su importancia, se transcribe in extenso y según la cual:

"II. Sobre el fondo. La Constituci ón Política contiene una serie de valores de importancia suprema para una nación, los cuales interactúan entre sí, y muchas veces hacen difícil la labor del intérprete a la hora de resolver situaciones compuestas, es decir, aquellas en que interviene más de un valor a la vez. En este tipo de casos, es muy importante que el intérprete constitucional pondere y procure equilibrar -cuando sea posible por las circunstancias del caso-, los intereses en conflicto ... En el caso en estudio, están en juego dos intereses de igual rango: el debido proceso y el de justicia pronta y cumplida. El primero porque el principio de inmediación, según el cual la prueba debe ser recibida de una manera directa, inmediata y simultánea, es derivado de este derecho, y en el segundo, porque es evidente la relación que tiene el problema planteado con una respuesta celera de la administración de justicia. Estima este Tribunal que no es necesario sacrificar un principio por otro, siendo perfectamente posible-ante una situación como la presente- lograr una respuesta que satisfaga ambos intereses por igual. La solución que sugiere la Sala consultante cumple con ese balance, en la medida en que permite la intervención en la decisión de algunos jueces que no estuvieron presentes en la audiencia oral, sin afectar derechos constitucionales y evitar a la vez dilaciones innecesarias en la solución de los procesos sometidos a su conocimiento. Por supuesto que cualquier solución que se dé al caso, excluye los debates de la materia penal, y todas aquellas audiencias orales en las que se evacuen pruebas o se amplíe verbalmente alguno de los argumentos o fundamentos, esto porque sino se violaría el principio de inmediación, derivado del debido proceso que exige un acercamiento entre el juzgador y los asuntos sometidos a su conocimiento durante el debate. Según este principio y el de identidad física del juzgador, la sentencia debe ser dictada por los mismos que intervinieron en la audiencia. No obstante, sabemos que ello es así para que, principalmente ±pero no en forma excluyente-, en materia penal, se proteja especialmente en materia probatoria, los derechos del acusado. Este principio, base esencial del derecho penal moderno, no es a juicio de esta Sala de aplicación estricta y absoluta en asuntos de distinta naturaleza a la del debate penal, como se verá luego. Para esta Sala, si es posible -constitucionalmente hablando-, que en aquellas vistas en las que no se reciban elementos de prueba oral o, que las argumentaciones de las partes consten ya por escrito, sin que se aporte nada nuevo -como ocurre en la mayoría de los recursos de casación y algunos de los de revisión-, donde las partes van a la audiencia oral a sintetizar los fundamentos de cada uno de los motivos que ya han expuesto por escrito, puedan intervenir otros jueces, distintos a los que participaron en la vista, a la hora de tomar la decisión, si y sólo si, están en capacidad de hacerlo y existen razones justificadas (que deberán constar por escrito) que impidan que quienes estuvieron en la audiencia oral se reúnan en fecha próxima a estudiar y resolver el asunto. No se afecta el debido proceso, ni el principio de inmediación, con esta solución, en la medida en que en ningún caso en que se reciba prueba, o se aporte un elemento nuevo, se permitirá que jueces distintos a los que estuvieron en la audiencia resuelvan el asunto, y ésto sólo podrá hacerse cuando: a) existan razones justificadas, o, b) cuando lo que se da en audiencia oral es sólo una sintetización de los fundamentos de cada uno de los motivos que ya han expuesto o constan por escrito con anterioridad, sin aportar nada nuevo. Más bien en este tipo de situaciones, es de interés de la celeridad y justicia, que no se den dilaciones innecesarias que perjudiquen tanto los intereses de las partes, como los de la administraci ón de justicia. Hay que tomar en cuenta que cuando un caso se atrasa innecesariamente, con ello no sólo se afectan los intereses directos de la parte, sino de las otras personas que están esperando turno para obtener justicia ante un determinado Tribunal, así como los de los ciudadanos que aportan con sus impuestos el dinero que financia la administración de justicia, en el entendido de que ésta será, como lo dice la Constitución, pronta y cumplida ... es evidente que -como se indica en el antecedente de esta Sala citado en el considerando anterior- si se (sic) está de por medio la recepción de prueba por parte de los integrantes del Tribunal de casación, será jurídicamente necesario conservar esa integración al momento de tomar la decisión de fondo sobre el asunto, tal y como -dicho sea de paso- lo exige el artículo 449 bis del Código Procesal Penal. De la igual forma y también como lo había expuesto ya esta Sala en el antecedente mencionado, dicha integración debe mantenerse cuando las argumentaciones planteadas por las partes en la vista difieren de las alegadas en el momento de plantear o responder el recurso de casación, ello por las todavía válidas y convincentes razones dadas en la resolución 6681-1996 de repetida cita. Finalmente, no resulta obligado desde la perspectiva del derecho al debido proceso mantener en la decisión de fondo la integración del tribunal que asistió a la vista cuando no se de (sic) estas condiciones y más bien en éste último acto, solamente se limiten las partes a reiterar alegatos ya expuestos o a insistir con diferentes perspectivas en argumentos de hecho y de derecho ya planteados por escrito. Y la razón para ello sea así en este último caso, está en que la labor de revisión amplia que exigen los antecedentes jurisprudenciales citados por el recurrente, no tiene como presupuesto necesario para su realización el requerimiento de inmediación y de la oralidad, dado que ser perfectamente cumplida por el Tribunal a cabalidad sin acudir a ellos, al estarse como se indicó en una fase esencialmente revisora.