Resolución 00076-2026

Se declara resuelto el contrato "Promesa Reciproca de Compra Venta", suscrito por (…) el día 16 de julio del 2007 en virtud del incumplimiento de la demanda.

Como consecuencia de la resolución contractual del contrato indicado en el punto anterior, se declara inaplicable el Contrato de Fideicomiso denominado: (…), de 16 de julio de 2007, por lo que se instruye al (...), proceder a devolver a las empresas (…), las fincas matrículas (...) y (...), a sus respectivos Fideicomitentes, en un plazo no mayor a treinta días calendario, una vez firme el presente laudo. Se condena a la Demandada a pagar los gastos registrales, honorarios de Notario Publico, gastos del Fiduciario, y cualquier otro emolumento que sea necesario, para la devolución e inscripción registral de los bienes indicados.

Se condena a la demandada (…) a pagar los gastos registrales, los honorarios del Notario Público, gastos del fiduciario y cualquier otro emolumento que sea necesario, para la devolución e inscripción registral de los bienes indicados.

Se ordena a la demandada que deberá desalojar los inmuebles objeto del convenio resuelto en un plazo no mayor a diez días contados a partir de la firmeza del laudo. En caso de negativa de desalojo y firme el laudo podrá la parte actora acudir a la Fuerza Publica para ejecutar lo que corresponda.

Se le ordena a las sociedades actoras, con carácter de obligación solidaria, que en un plazo no mayor a diez días calendario, devuelvan los dineros recibidos de (…). como pagos del precio de la compraventa de los inmuebles, pagos que se efectuaron a la luz de la suscripción del contrato resuelto en este laudo.

Se condena a la parte Demandada a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a las sociedades actoras por su incumplimiento, los cuales se determinaran en ejecución del laudo.

Se condena a (…) al pago de las costas procesales y personales del presente proceso arbitral, y a los gastos administrativos y procesales del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, los cuales se detallan de la siguiente manera: a) Honorarios del Tribunal: La suma de setenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho dólares. b) Gastos del Centro de Arbitraje: Por concepto de gastos administrativos la suma de veintiún mil treinta dolares, y por gastos de transcripciones la suma de un mil trescientos cincuenta dólares...". (Sic). Ahora bien, para efectos del proceso que nos ocupa y en lo de interés para la apelación que aquí se conoce, se tiene que la finalidad de la presente ejecución, incluyendo el proceso de ejecución acumulado por parte del juzgado de instancia, se orienta en un doble sentido. Por una parte, en virtud de la inaplicabilidad del contrato de fideicomiso recién mencionado decretado por el Tribunal Arbitral citado, el entonces fiduciario (...), en la actualidad (...) debe devolver a las empresas (…)., los inmuebles del partido de Guanacaste, matriculas numeros (…). Por otro lado, las empresas (…), tienen la obligación de reintegrar los dineros recibidos a (…)., en la actualidad a favor de los cesionarios (…), como pago del precio de la compraventa de los inmuebles en mención. De esta forma, en el auto apelado el juzgado de instancia decide anular la resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y siete minutos del diecinueve de junio de dos mil diecinueve, la que en su oportunidad nombraba perito para valorar lo embargado a folio 98 (expediente físico primer tomo). De este modo, con una redacción poco clara y confusa, e incluso realizando aseveraciones que no se ajustan a la veracidad de los autos, el a quo como fundamento para decretar la invalidez de la citada resolución, indica que los citados derechos no pueden ser objeto de remate por las siguientes razones:

No consta que el embargo sobre los citados derechos se haya practicado; 2. la aprobación de la cesión de derechos realizada en el proceso de ejecución acumulado al presente asunto, sea el tramitado en su oportunidad bajo el número de expediente (…), ante el Juzgado Sexto Civil de San José, en el cual mediante resolución de ocho horas cincuenta minutos del diecinueve de setiembre de dos mil diecisiete, se aprueba la cesión de derechos efectuada por (…). a favor de (…) relativo al derecho de las primeras de recibir las fincas fideicomitidas, sean las inscritas en la provincia de Guanacaste, matrícula de folio real (…) y; 3. en razón de que rematar los citados derechos en mención supondría contrariar la cosa juzgada del laudo arbitral, resoluciones del juzgado de instancia y la resolución que tuvo por aprobada la cesión de derechos derivada del laudo. Al tratarse el proceso interpuesto por los actores (…), de una ejecución con sumas líquidas y exigibles, el trámite se circunscribe al embargo del patrimonio de los obligados y venta forzosa, conforme a la normativa 153 del Código Procesal Civil (Ley 9342 y artículo 66 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social), previo avalúo según sea o no necesario. De este modo, con lo resuelto el a quo pretende reabrir etapas ya fenecidas, lo que resulta improcedente, toda vez que lo relativo al decreto del embargo fue ordenado mediante resolución de las ocho horas con treinta minutos del treinta de noviembre del dos mil diecinueve (folio 98 del expediente físico, Tomo I), lo que llevó a la práctica material del mismo, al menos en cuanto al derecho de devolución a favor de los demandados de los inmuebles fideicomitidos en su oportunidad, según se aprecia del acuse de recibo por parte del entonces fiduciario (...), del oficio de fecha 30 de noviembre del 2009, expedido en su oportunidad por el entonces Juzgado Sexto Civil de Mayor Cuantía de San José (folio 1078 del expediente físico, tomo II), el que es ratificado por (...), en sus manifestaciones de folio 1079 del expediente físico, tomo II, lo que permite concluir a esta Cámara de Alzada que lo resuelto por el Juzgado de Instancia transgrede el principio de preclusión procesal, retomando etapas ya fenecidas relativas al embargo ordenado en autos. Nótese que tanto el nombramiento de perito, como el remate de bienes, giran en torno a la órbita de la práctica efectiva del embargo, por lo que lo resuelto por el a quo debe revocarse. Incluso, las confusas razones esgrimidas por el a quo pareciera que se enrumban hacia la improcedencia de embargar los mencionados derechos, todo lo cual resulta contradictorio con lo que ya se había resuelto e inatacado, en razón de que ya se había concedido a favor de los demandantes la medida asegurativa de embargo solicitada en el escrito de demanda, según lo dispuso el Juzgado Sexto Civil de Mayor Cuantía de San José en resolución anteriormente indicada…” (sic).

Los derechos que pueda tener una persona a participar en las resultas de la ejecución de un fideicomiso pueden ser objeto de disposición patrimonial conforme lo regula el cardinal 1101 del Código Civil y 478 del Código de Comercio. Incluso, pueden ser objeto de garantía en los términos que regula la Ley de Garantías Mobiliarias. Con ello en mente, forman parte del activo de aquella -artículo 981 ibídem-, sin que exista norma que limite o prohíba a un acreedor perseguirlos a través de la vía de apremio patrimonial con fines a un posterior remate judicial. [...]"