Resolución 00295-2025

"III. [...] Este órgano decisor no comparte este criterio. Si bien es cierto, el artículo 6 de la Ley 9691 “Ley marco del contrato de factoreo”, le concede la condición de título ejecutivo a las certificaciones del monto adeudado de una factura, cuando sean expedidas por un CPA, a partir de la veracidad de la existencia del contrato o acto jurídico; esta norma no puede ser valorada de forma aislada, sino en conjunto con los restantes mandatos que componen este cuerpo normativo. Contrario a lo indicado por la apelante, cuando se indica que esta certificación debe estar relacionada con un contrato o acto jurídico, estos están limitados a la materia regulada por la citada Ley 9691. En esta inteligencia, según el artículo 1 ibidem: “Esta ley regula la actividad del factoreo en el territorio nacional, lo que implica todo contrato de factoreo de naturaleza mercantil, así como cualquier transferencia de derechos de crédito y cobro presentes y/o futuros a un factor.”. El artículo 2 ejusdem, define el contrato de factoreo como aquel: “…de gestión mercantil mediante el cual una persona física o jurídica que desarrolla una actividad lucrativa, llamada cliente, transmite a la empresa de factoreo, llamado factor, sus derechos de crédito y cobro presentes y/o futuros de terceros deudores, sea mediante facturas o cualquier otro efecto comercial, a cambio de una remuneración previamente estipulada./ Este contrato puede comprender también otros tipos de cláusulas relacionadas con la gestión financiera, administrativa y contable de derechos de crédito y cobro presentes y/o futuros, la administración de las cuentas, la evaluación e investigación de los clientes y la cobranza de los créditos, así como la inclusión de una cláusula de garantía para el factor, en caso de incumplimiento de los terceros deudores.”. Ergo, para que la certificación de CPA sea título ejecutivo, en los términos del artículo 6 de la Ley de cita, debe estar relacionada a la actividad del factoreo, según lo determinan los artículos 1 y 2 ibidem antes citados. Por lo tanto, partiendo que la misma actora reconoce que en el presente caso no existe un contrato de factoreo, se concluye, lo resuelto en primera instancia es correcto y amerita su confirmación. Al respecto, este Tribunal ha indicado lo siguiente: “…V.- La certificación contable aportada como documento base, no constituye un documento con la fuerza ejecutiva, tal y como pretende el accionante, ello por la especialidad de la norma 9691, la cual regula lo concerniente a la actividad del factoreo en el territorio nacional (artículo 1 ibídem), definiendo a este contrato como de gestión mercantil mediante el cual una persona física o jurídica, que desarrolla una actividad lucrativa, llamada cliente, transmite a la empresa de factoreo, llamado factor, sus derechos de crédito y cobro presentes y/o futuros de terceros deudores, sea mediante facturas o cualquier otro efecto comercial, a cambio de una remuneración previamente estipulada (numeral 2 inciso b ejúsdem). Lo anterior implica que la certificación que promulga su artículo 6, únicamente tiene el carácter ejecutivo cuando se certifiquen facturas que han pasado por el tamiz del contrato de descuento o factoring, todo conforme lo ordena el numeral 7 de dicha ley. Esta negociación previa no se aprecia en la especie, ya que es evidente que las facturas que originan el adeudo certificado contablemente, corresponden a adeudos que el actor desea reclamar en su condición de prestatario de las obligaciones ahí consignadas y que no han sido transmitidas a un “factor” para su recuperación. Ergo, solo tiene fuerza ejecutiva, la certificación de facturas mediante un contador público autorizado, cuando las mismas están sometidas al factoraje y cuyas obligaciones primigénias fueron verificadas una vez estando en vigencia la Ley Marco del Contrato de  Factoreo…” (ver voto 1042-2C-2022, de las 14:18 horas del 18 de agosto de 2022, Tribunal Primero de Apelación Civil de San José). [...]"