Cargando la resolución…
Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José
Cargando texto de la resolución…
Documento judicial
"IV. [...] La gestión se ampara en la Ley Indígena número 6172 y en el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual corresponde a la ley N° 7316. A modo de síntesis, estas normas plantean entre otros, el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, lo cual implica la posibilidad de que sus integrantes adopten formas propias de organización a lo interno de sus comunidades en los ámbitos político, social, económico, e incluso, se reconoce la posibilidad de resolver sus conflictos conforme al derecho consuetudinario mediante tribunales de derecho propio. Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas consagra también el derecho de estas comunidades para conservar y reforzar sus instituciones políticas, jurídicas, culturales, etc., todo ello en virtud del derecho a la libre determinación. Los artículos 3 al 5 de esa norma disponen: “Artículo 3: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. Artículo 4: “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.” Artículo 5: “Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.” (Amador, P. Los Tribunales de Derecho Propio y la Resolución de Conflictos Familiares en los Pueblos Indígenas como parte de su derecho a la Autodeterminación. Caso Bribris y Cabécares de Talamanca. Revista Judicial, Poder Judicial de Costa Rica, Nº 130, págs 100 - 114 ISSN 2215-2385 / Diciembre 2022). En apego a ello, el artículo 4 de la Ley Indígena establece que “...las reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la República que los rijan, bajo la coordinación y asesoría del CONAI...” y por último, el artículo 8 del Convenio 169 de la OIT señala: “...1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.
Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.
La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes...”.
Al revisar el expediente se aprecia que el juzgado de instancia hizo caso omiso a la gestión presentada por los incidentistas ya que no se observa ninguna decisión al respecto. Tanto la jurisdicción como la competencia son presupuestos de los cuales depende la validez del proceso y por ello ese tema debió resolverse con prioridad a cualquier otra gestión, el cual no puede ser ahora conocido por este tribunal pues ello equivaldría a un pronunciamiento en única instancia. Por lo anterior, se anulará el auto que admitió la alzada por devenir prematuro. En su lugar, deberá resolverse el punto antes señalado y según lo que se decida, se hará un nuevo pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto contra el auto que denegó la exclusión de bienes."