Resolución 00284-2024

"El segundo motivo que invalida la resolución objeto de escrutinio en alzada es la valoración de medios de prueba que no fueron ofrecidos por la parte ni incorporados legalmente al proceso -inteligencia del articulo 41.3 CPC-, esto por cuanto, por regla general le esta vedado a las persona juzgadoras admitir prueba que no fue ofrecida por las partes, la excepción sería en que en la audiencia respectiva el juez considere necesario proponer a las partes incorporar otros medios de prueba o incluso ordenarlas de oficio, sin embargo en el caso en concreto el proceso feneció en su albores sin avanzar hasta la audiencia única del numeral 103.3 del CPC por lo que no es posible aplicar la excepción, los que nos lleva a entender que al haberse valorado prueba documental –ver hechos probados 1 al 3- que no consta en el expediente que nos ocupa y que fue traída -por referencia- al proceso debido al conocimiento personal que el juez de primera instancia tiene del expediente  N° 22-000001-0422-CI  correspondiente a proceso sucesorio que se tramita en el Juzgado Civil es contrario al  “Principio de la necesidad de la prueba y de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos.” Que el maestro Hernando Devis Echandía en su libro  “Teoría General del a Prueba Judicial Tomo I”- páginas 114 y 115- define como “Se refiere este principio a la necesidad de que los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial, estén demostrados con pruebas aportadas al proceso por cualquiera de los interesados o por el juez, si éste tiene facultades, sin que dicho funcionario pueda suplirlas con el conocimiento personal o privado que tenga sobre ellos, porque sería desconocer la publicidad y la contradicción indispensable para la validez de todo medio probatorio. (…)Este principio representa una inapreciable garantía para la libertad y los derechos del individuo, que de otra manera estarían en manos de jueces parciales y a merced de decisiones que no podrían ser revisadas por el superior…” (resaltado no es del original). Esta forma de actuar al valorar prueba que no fue ofrecida ni admitida de previo y que tampoco consta incorporada al expediente es propia de un activismo procesal que las personas juzgadoras deben evitar so pena de conculcar las garantías que conforman el principio del debido proceso, lo que inevitablemente desemboca en la nulidad del fallo venido en alzada. "