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Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Guanacaste Sede Liberia Materia Laboral
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Documento judicial
"VI.- DECISIÓN DEL
TRIBUNAL:[...] Analizado el agravio, considera el Tribunal, que el mismo debe acogerse parcialmente como se explica de seguido. El Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado vigente al inicio del proceso, que en el caso concreto, corresponde al decreto ejecutivo número 41930-JP, regula el pago de honorarios que debe hacer el cliente al abogado. Esa es norma especial sobre ese tipo de contratación, que en el artículo 3 dispone: “Artículo 3°- Pago de honorarios y deber de información. Los honorarios de los Abogados (as) deben ser cancelados en las oportunidades que corresponda, conforme a la naturaleza de los servicios profesionales brindados y en los términos que señale este Arancel. Es deber del profesional advertir e informar al cliente sobre el monto de sus honorarios, desde el inicio de la contratación de sus servicios. El cliente está en la obligación de cancelar los honorarios correspondientes a favor del profesional cuyos servicios contrató, independientemente del resultado final. Lo anterior, con excepción de aquéllos asuntos en que se demuestre, disciplinaria o judicialmente, que en el ejercicio de su profesión el Abogado(a) ha perjudicado a su cliente culposa o dolosamente.” Al tratarse de norma especial que regula el mínimo de honorarios que deben devengar los profesionales en derecho por sus labores, sea como abogados o notarios, considera este Tribunal que es la que debió fijarse, por cuanto el objeto del Incidente de cobro de honorarios, es precisamente que se obligue a un cliente a satisfacer los honorarios mínimos vigentes al inicio de la contratación, al abogado que contrató para que lo represente. La fijación prudencial en los porcentajes establecidos por el Código de Trabajo, corresponde en los casos no regulados en la norma especial, que en este caso es el Arancel de Honorarios Profesionales. Al no tratarse en este caso de ninguna relación profesional, o supuesto no contemplado en el citado decreto, no resulta posible establecer el monto de los honorarios con base en la regulación de costas personales que tiene el Código de Trabajo. En el caso concreto, (proceso terminado mediante conciliación), el artículo 17 del citado decreto ejecutivo regula: “Artículo
Terminación anticipada del proceso por conciliación, mediación, deserción o transacción. En caso de conciliación, mediación, deserción o transacción, los honorarios serán el cincuenta por ciento (50%) de la Tarifa General. Está disposición se aplicará a todo tipo de proceso. En caso de que el proceso termine por deserción imputable al Abogado(a), éste no tendrá derecho al cobro de honorarios, excepto los casos contemplados en el presente Arancel. En el caso del abogado(a) de la parte demandada, al declararse la deserción, le corresponderán los honorarios de acuerdo a la etapa procesal en que se encuentre el caso.” Ahora bien, en este caso, además de lo indicado, dada la escasa participación del abogado, ese pago se hará según dispone el artículo 18 de ese mismo decreto ejecutivo, que regula en lo que interesa: “ Artículo
Forma de pago. Salvo convenio escrito, los honorarios a que se refiere el artículo anterior se pagarán de la siguiente manera: a) Una tercera parte prudencialmente estimada al presentarse la demanda o contestación…” En este caso, es un hecho probado que el proceso principal finalizó por una conciliación en un monto de ocho millones de colones; por lo que, para calcular los honorarios del incidentista, se debe aplicar la mitad de la tarifa general regulada en el artículo 16 del citado decreto ejecutivo, que dispone: “ Artículo
Tarifa General: Los procesos ordinarios, abreviados, arbitrales, interdictales o sumarios, en materia civil, civil de hacienda, comercial, agraria, contencioso administrativa o tributaria, cuyo contenido económico sea determinable, devengará los siguientes porcentajes mínimos: a) Hasta dieciséis millones quinientos mil colones, veinte por ciento (20%)…” de manera que por honorarios de abogado le corresponde la suma de ¢266.666,66 (doscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis colones con sesenta y seis céntimos), el cual se obtiene de multiplicar el monto de la conciliación (¢ 8.000.000,00) por 10% (mitad tarifa general) y el resultado dividirlo por 3, para obtener el monto a pagar por la etapa laborada por el incidentista. A ese monto se le debe agregar el 13% del Impuesto del Valor Agregado, que corresponde a la suma de ¢ 34.666,66 (treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis colones con sesenta y seis céntimos). Ahora bien, sobre la condena al pago de intereses e indexación, se aclara que la resolución recurrida condenó al pago de intereses por lo que no hay reproche que hacerle. Respecto al reclamo sobre indexación, el citado decreto dispone en el numeral 112 que: " Artículo 112.- Indexación. Los honorarios fijados en el presente Arancel se aumentarán cada dos años, conforme los índices de inflación señalados en el Índice de Precio al Consumidor (IPC) vigente a ese período, pero el aumento no podrá ser superior al diez por ciento (10%). Cada primero de febrero, cuando corresponda, la Dirección Financiera del Colegio de Abogados (as) informará a la Junta Directiva el monto del porcentaje actualizado en que se aumenta el Arancel para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta y su divulgación a los agremiados en el medio que estime conveniente." En atención a esa norma, la cual es especial y específica para los asuntos relativos a honorarios profesionales como el que nos ocupa, la indexación de los honorarios profesionales se realiza cada dos años, y no de la manera que regula el Código de Trabajo, para las sentencias laborales. Por ende, no procede la solicitud del incidentista de ordenar la indexación del monto que le corresponde por honorarios profesionales, dado que la indexación solicitada ya está contemplada en el monto definido en ese Decreto Ejecutivo, para cada actividad."